En el año 2.013, el edificio de la Comisaría de Policía del Distrito de Gracia,. sito en la barcelonesa calle de Nil i Fabra, números 17 y 19; fue abandonado -por traslado- por el Cuerpo Nacional de Policía y su propiedad pasó al Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. La idea inicial era que cuando quedara vacío pasara a estar destinado a actividades del barrio aunque nunca se concretaron las mismas.

En noviembre de 2.015 y ya con Ada Colau al frente de la Alcaldía, el Casal Popular ( Casa de Campo Popular, en catalán ) Tres Lliris ( Tres Lirios ) , la ocupó, tras haber sido desalojados meses antes de otra finca, en el mismo barrio, por la Policía Autonómica Catalana. Ni el asalto a un céntrico edificio público de tres plantas, ni las numerosas quejas vecinales por sus actividades molestas; frenaron el acomodo de los antisistema ante una clara pasividad municipal.

Meses más tarde, Tres Lirios empezó a luchar para hacerse formalmente con el local y consiguió abrir negociaciones con el equipo de Colau. Este período duró más de un año, durante el que se llegó a escuchar al partido de la Alcalde ( Cataluña En Común – de ideología de izquierda radical no separatista ) alabar la acción del colectivo en favor del barrio.

En abril de 2.017, se cedió el edificio a la Asociación Joves (Jóvenes) de Gracia, para el desarrollo de sus actividades. El acuerdo -para sorpresa de todos- fue anunciado antes por Tres Lirios que por el gobierno municipal. El grupo beneficiario se había constituido -específicamente- para este proyecto, de la noche a la mañana, como entidad legal que justificara su apropiación -ahora legítima- de las instalaciones de la antigua Comisaría de Distrito.

Esta operación inmobiliaria que se diseñó y salió redonda, satisfizo a ambas partes y el propio concejal que la defendió ( Eloy Baldía ) consideró el acuerdo como una buena noticia. Lo cierto es que no se realizó ningún concurso, ni se consultó a los vecinos, ni se hizo campaña publicitaria alguna, para que otras asociaciones juveniles pudieran optar a este espacio.

El Ayuntamiento justificó la adjudicación en una nota de prensa en la que indicaba que se había acordado la cesión tras un año y medio de diálogo, tras la reivindicación histórica de los grupos juveniles del Barrio de Gracia. Además, el edificio necesitaba acondicionarse y el Ayuntamiento barcelonés – sin ningún recato- costeó las obras a base de contratos parciales que importaron casi 100.000 euros ( 94.623,95 euros exactamente ).

No obstante, las cesiones de la señora Colau a este clan de contrapoder, no acaban aquí. El año pasado ( 2019) los responsables municipales reconocieron que los arrendatarios nunca habían pagado el importe anual acordado por la cesión del edificio, correspondiente a los años 2018 y 2.019; pese a lo irrisorio de la cantidad asignada ( 665,50 euros ); con lo que se descubría un nuevo favor de la señora Colau a sus amigos antisistema.

Las actividades que se realizan dentro del local, son otras de las controversias abiertas, sobre todo con sus vecinos que han denunciado en varias ocasiones las molestias que provocan. Este grupo ya fue objeto de multitud de quejas y enfados cuando ocupaban ilegalmente las instalaciones y con su nueva denominación siguen dando dolores de cabeza a sus convecinos.

Así nos encontramos que, de casa ocupada pendiente de desalojo; a local juvenil regularizado y costeado por las arcas municipales; tolerándose los impagos en la cuota casi simbólica que debían de pagar sus inquilinos; en una operación inmobiliaria que tiene todos los ingredientes habituales de los casos de amiguismo del Ayuntamiento que preside Ada Colau.

En el año 2.015, había 3.341 menores extranjeros no acompañados ( conocidos como MENAS en el lenguaje oficial ) acogidos en España, en los correspondientes Centros de Menores, dependientes de las Comunidades Autónomas que son quienes tienen la competencia en esta materia. En el 2.016, ascendían a 3.397. En 2.017, fueron 6.414, con un aumento del 60,4 % . En 2.018, llegaron a los 13.796, con un crecimiento del 215%.. A 29 de agosto de 2.019 -última estadística publicada- eran 14.000.

En estas cifras, solo están los menores ingresados en los Centros específicos, los que no entran o escapan de ellos, no aparecen reflejados. Es muy difícil cuantificarlos teniendo en cuenta las dos vías principales de entrada en territorio español : en patera ( principalmente ) o en los bajos de camiones y autobuses.

Las cifras anteriores demuestran un aumento espectacular de la llegada de estos niños que básicamente son magrebíes ( marroquíes y argelinos, con  mayoría de los primeros en un 60 % – 70 % ) y el resto subsaharianos y de otros países. Los sistemas de protección españoles se han visto desbordados y los niños que no se quedan y siguen el viaje, ( en torno a un tercio ) es fácil encontrarlos en las calles de las principales capitales europeas, desde París a Estocolmo.

Son niños sin papeles y desprotegidos ; muchos sin familiares próximos y en riesgo de ser explotados por todos los desalmados que pululan por ahí. Afortunadamente, son una minoría dentro de los miles que cada año son recogidos. Lo que ocurre es que, al verse tan necesitados es fácil abocarse al mundo de la delincuencia, creando así una justificada alarma social.

Si nos centramos en los menores marroquíes, tenemos un ejemplo en los » niños de la calle » de Tánger. Donde es fácil verlos, cerca del centro de la ciudad, en la conocida por todos los españoles como la « calle de los populares » ; merodeando por los restaurantes baratos de comida típica marroquí. Casi siempre hay algún comensal que los invita a un plato de » cuscús» ; una » baisa » ( puré de habas ) o tajín, en sus distintas variedades ( de  pollo , de cordero,  de atún, de sardinas, de verduras ; etc ). Algunas veces, los camareros les sacan un plato para aliviar el hambre que arrastran, después de pasarse el día, esnifando disolvente de pintura.

Son críos que llegan a Tánger desde zonas muy pobres del interior de Marruecos, con la única idea de colarse en los bajos de los camiones y autobuses que cruzan en barco hasta España. Año tras año, llegan a centenares por esta vía.( el Ministerio de Interior no proporciona datos ). Me estoy refiriendo a críos de 12 – 13 – 14 años, que no suelen conseguirlo a la primera y hay quien ha fracasado hasta en cinco ocasiones.

Pero no desisten por ello, aunque se lleven, de vez en cuando, la sorpresa de que cuando se meten en los bajos de un autobús, haya ya alguien dentro. Y para que nadie les quite el sitio, se introducen cuando el vehículo entra en el puerto, con el inconveniente de que les puede llevar una semana recorriendo Marruecos y los pillan cuando el autobús o el camión va a embarcar. Si logran pasar desapercibidos por el escáner, los huelen los perros.

Están dispuestos incluso, a morir. Como así ha ocurrido en los meses de febrero y abril del pasado año 2.018, cuando fallecieron dos menores en la zona de embarque del Puerto de Ceuta, al ser atropellados por los movimientos de los camiones y a pesar de ser una zona de acceso restringido pero que decenas de niños frecuentan para intentar colarse.

Desde principios de 2.018, además de las medidas policiales, se puso en marcha un Proyecto de Prevención de la Delincuencia de Menores Extranjeros Solos en las Calles de Ceuta ( PREMEDECE ) que permite a un grupo de psicólogos y trabajadores sociales, relacionarse a diario con los menores que viven en la zona portuaria.

Su objetivo es prevenir la delincuencia y la victimización de los mismos, a través de atención personal y especializada, sobre los jóvenes que rechazan las medidas asistenciales que ofrece la ciudad ; la inadaptación al internado de los Centros de Menores ; los atractivos de la calle…..

Este verano, la atención informativa -especialmente las televisiones- han puesto su punto de mira en la ocupación de viviendas. La consecuencia ha sido la esperada : gran alarma social. Hay dos vías para comprobar estas informaciones y son : los datos y el análisis de los expertos. Ambas indican que los temores no están del todo fundados.

Las cifras del Ministerio de Interior muestran un repunte reciente en las denuncias de las ocupaciones de inmuebles. Así, en los primeros seis meses de este año 2.020, hubo 7.500 denuncias, frente a las 7.093 del año pasado, en igual período de tiempo. Y si en todo el año 2.019 fueron 14.621, en 2.018 fueron 12.214. A la vista de estos datos, la sensación de alarma es infundada. Los expertos indican que, estas cifras hay que aceptarlas como normales en situaciones de crisis como la que estamos viviendo.

Las viviendas que utilizamos en nuestra vida normal, tales como el domicilio habitual, la casa de la playa o de la sierra o del pueblo y que por lo tanto están a nuestra disposición, constituyen domicilio y cualquier extraño que entre en ellas -por la vía que fuere- con la intención de permanecer en su interior, está cometiendo un delito de allanamiento de morada, penado con prisión y puede ser desalojado por su legítimo propietario o por la Policía, sin que sea necesario autorización judicial alguna porque está perpetrando un delito flagrante ( entra y se queda ).

No hay que guardar ningún plazo de tiempo y se puede hacer -si fuera necesario- empleando la fuerza mínima indispensable. Si lo hace el propietario, podría estar incurriendo en un delito leve de la realización arbitraria del propio derecho -sancionado con multa- que podría considerarse justificado por la legítima defensa o en estado de necesidad, circunstancias ambas eximentes en el vigente Código Penal.. También el desalojo lo puede hacer la Policía porque no existe plazo alguno marcado por Ley. Además se llevarían detenidos a los ocupantes, que pasarían a disposición judicial.

Otra cosa es cuando se ocupa una casa que lleva tiempo deshabitada -incluso años, sin que aparezca nadie por allí- en la que no viviera nadie de forma permanente, ni por temporadas, ni por vacaciones. O en pisos en construcción o terminados y no entregados aún a sus propietarios. En este caso, el ocupante habría incurrido en un delito de usurpación, que no tiene pena de prisión sino de multa.

Aquí la actuación policial es más cautelosa porque lo que está en juego no es el domicilio de nadie, sino la propiedad de un inmueble vacío. Por eso, quién la acredite debe de acudir a la vía judicial para dirimir su derecho. Lo normal es que el juez dé la razón al propietario pero tras un proceso que puede incluir la intervención de los servicios sociales para analizar la situación familiar de los ocupantes, especialmente si tienen hijos menores. La mayoría de las ocupaciones denunciadas son como esta última y las víctimas suelen ser entidades bancarias o financieras y entonces no estarían ocupando una vivienda sino un inmueble. Lo que no entra en el concepto de ocupación son los inquilinos morosos, los que por una razón u otra dejan de pagar el alquiler o los gastos de mantenimiento ( agua, luz, gas,…).

Los conceptos jurídicos mencionados hasta ahora, son todos ellos bienes amparados por nuestra legislación ya que vivimos en un Estado de Derecho. Los delitos de allanamiento de morada y usurpación siempre han estado recogidos en nuestro Código Penal y los derechos de propiedad y posesión están protegidos en el Código Civil; pero entonces : ¿ que es lo que está pasando ?. Pues que nuestro sistema jurídico es tan garantista que no toma decisiones drásticas cuando pueda existir un derecho, por mínimo que sea.

Por eso, todos los Cuerpos Policiales consideran esencial disponer de normas establecidas -a ser posible- por la Fiscalía General del Estado ( que con su titular actual es más del Gobierno, cada día que pasa ) para que sean comunes en toda España y así poder garantizar sus operaciones en este campo. Una unificación de criterios para hacer frente a este fenómeno que cada vez preocupa más a la ciudadanía y no tener que responder por ello -encima- ante los tribunales de justicia. Hasta ahora, se carecía de instrucciones comunes tanto para los fiscales territoriales, como para los protocolos policiales.

Las numerosas quejas de la población y de los Policías, unido a una creciente demanda social que se ha traducido en un aumento de denuncias y en la aparición de patrullas vecinales y empresas privadas que ejercen labores cuasi policiales; han forzado que la Fiscalía General del Estado dictara una Instrucción para que todos los Fiscales del territorio nacional trataran con el mismo criterio el fenómeno de la ocupación, sin abordar ningún cambio legislativo. Ordenando que se inste al juez la medida cautelar de desalojo, – bien por allanamiento de morada, bien por usurpación-; siempre que se cumpla una batería de medidas, entre las que destaca la denuncia previa y la acreditación de la propiedad. Esta posibilidad no afecta a las viviendas de entidades bancarias o financieras, salvo que concurran otras circunstancias excepcionales.

Tras esta nueva Instrucción, el Ministerio de Interior puso en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de ocupantes de inmuebles. La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas ( que se utiliza en la jurisdicción civil ) para proceder a la expulsión de los usurpadores, sin establecer ningún otro para que el propietario recupere lo que es suyo.

Si se trata de un delito flagrante de allanamiento de morada, se podrá desalojar a los intrusos y proceder a su detención, sin tener que pedir autorización judicial. Si se trata de un delito de usurpación y no es flagrante, habrá que solicitar el desalojo al juez. También menciona un refuerzo en la investigación de las mafias de la ocupación o los delitos conexos que, -aparecen en ocasiones-, como la defraudación del fluido eléctrico o las coacciones al resto de vecinos.

Esta disposición policial está firmada por el Secretario de Estado de Seguridad y se denomina Actuación de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles. Se trata de una Instrucción de obligado cumplimiento, fechada el pasado 17 de septiembre, un día después de la de la Fiscalía General del Estado.

Ambas Instrucciones han decepcionado -profundamente- a los profesionales policiales y las han cuestionado por ineficaces porque no solucionan el problema existente. El sindicato JUPOL, ( Justicia Policial ) del Cuerpo Nacional de Policía, ha calificado de venta de humo las dos Instrucciones y que no aportan nada a la operativa policial, pretendiendo con ello maquillar la inacción del Gobierno de la Nación. Desde otro sindicato policial, el SUP, ( Sindicato Unificado de la Policía ), se pide endurecer las normas actuales, especialmente las relativas a la usurpación, coincidiendo con las propuestas formuladas en el Congreso de los Diputados, por los grupos políticos PP, Ciudadanos y Vox, todas ellas rechazadas por la mayoría parlamentaria actual y que propició la formación de este Gobierno central. Y el sindicato de la Guardia Civil AUGC ( Asociación Unificada de Guardias Civiles ), lamenta que no se aclaran las dudas con las que se encuentran los agentes en estas actuaciones operativas.

Compartirán conmigo que engañar al seguro -o al menos intentarlo- es casi un deporte nacional. Estoy hablando de España, el país que inventó la picaresca, con tal éxito, que la exportó a esos mundos de Dios. Al fin y al cabo surgió en los años de la transición entre el Barroco y el Renacimiento, durante el llamado Siglo de Oro de las letras españolas, en plena España Imperial.

Siguiendo a la información que proporciona el ICEA ( Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras ) que es una asociación española, sin ánimo de lucro, de compañías aseguradoras y con sede en Madrid; esto pasaba antes, en la década de los años 80 del pasado siglo, -y digo yo que en la actualidad también, aunque no lo reconozcan- a empresas que prometían indemnizar por un siniestro porque tenían unos códigos operativos muy diferentes a los implantados ahora, en el siglo XXI.

Aunque esta organización no facilita estadísticas por razones obvias y que entre otros motivos es porque serviría para animar a ese depredador que casi todos llevamos dentro; sí en cambio, proporciona historias personales a las que se han tenido que enfrentar. Detallaré algunas :

Un cirujano plástico, a 15 años de jubilarse, en trámites de divorcio, con clínica privada abierta e incompatible con su cargo en la sanidad pública ; concertó numerosas pólizas de accidentes e indemnización por incapacidad temporal, de vida y por cese de actividad. Es decir, por todo lo que le pudiera pasar y por eso contrató sumas millonarias.

A los pocos meses, se amputó un dedo de la mano derecha y declaró en el hospital que se lo había pillado en una puerta del quirófano. Logró jubilarse anticipadamente y las indemnizaciones fueron millonarias, claro. Ante las dudas de la compañía aseguradora, se contrató a un detective privado, que lo sorprendió trabajando en una clínica de un colega y pudo demostrar que su lesión no fue producto de un accidente sino que se trataba de una autoamputación.

Una de las aseguradoras no llegó a pagarle nada por el lucro cesante ( pérdida de sus ganancias ) que reclamaba por su depresión tras el falso accidente laboral y además se había olvidado de declarar fiscalmente sus operaciones privadas.

Otra historia:  la centran en unos empresarios que movieron millones de euros en mercancías y aprovechando una época de bajos precios, alquilaron una nave en un polígono industrial. Semanas después, un incendio había acabado con todo y el seguro contratado cubría el material almacenado. El fiasco se descubrió por los errores que cometió un empleado de confianza de la empresa, horas antes de iniciarse el fuego.

Entre los accidentados de tráfico, existe una gran picaresca para exagerar lesiones o dolores y dramatizar las consultas que hacen que médicos y detectives se especialicen en patologías difíciles de refutar.

Igual ocurre con los Partes Amistosos en los accidentes de circulación que, en muchas ocasiones, no son fieles a la realidad de los hechos. En este aspecto, se encuentran con bastantes expertos y hasta profesionales en lograr reparaciones gratis, pintura nueva y cobrar lo que sea menester bajo el guion del engaño. Aquí son muy frecuentes las reclamaciones desproporcionadas y suponen casi la mitad de los fraudes que atienden.

Los tramitadores de las aseguradoras, con la ayuda de peritos y detectives, también se ocupan de los siniestros simulados ( los que no han ocurrido ) y los de ocultación de lesiones o daños preexistentes.

En el tema de fraude al seguro también hay que tener en cuenta que, tenemos que buscar un equilibrio entre la posible picaresca que pueda tener el asegurado con las técnicas que siguen las aseguradoras para no pagar en caso de siniestro, lo que prometen bajo contrato.

El catálogo de obstáculos para obtener una rápida y justa indemnización, es infinito para quien tiene derecho a ello. Si bien en pequeñas sumas no suele registrarse problema alguno, cuando se trata de miles de euros, las aseguradoras empiezan a discutirlo todo desde el primer momento.

Aunque no se puede afirmar de que haya interés y falta de información para combatir el mismo fraude, falta muy poco. Por estas circunstancias conviene que las pólizas sean concertadas por el cliente a través de alguna correduría de seguros autorizada y que haga de intermediaria.

De otro lado, no se debe de descartar que, el fraude es un fenómeno que llegó para quedarse y sigue existiendo pese a que lo oculten. Los más desvergonzados juegan con que las aseguradoras, raramente, denuncian penalmente las estafas que sufren ya que la gestión del siniestro está sujeta a plazos ( 40 dias ), para aprobar o rechazar pagos, de acuerdo con la normativa vigente,

El pasado mes de junio, el Instituto Nacional de Estadística ( INE ), publicó las cifras de población española correspondientes al año 2.019, donde, por primera vez en la Historia, se superaban los 47 millones de habitantes ( 47.329.981 exactamente ).

Este anuncio, se produce en mitad de una gran crisis demográfica, con una población cada vez más envejecida ( siendo la edad media de 44 años, frente a los 30 de 1.975 ) y con una natalidad en mínimos desconocidos hasta ahora. Por si había alguna duda, habría que añadir una mortalidad al alza. La población española se redujo en 2.247 personas.

La llegada de extranjeros, está paliando la pérdida de población nacional que lleva estancada en los 46 millones desde 2.012 y ha sacado a España de tres años de caídas totales de habitantes, durante los años 2.014, 2.015 y 2.016. Por primera vez, desde 2.013, se vuelven a superar los cinco millones de extranjeros.

Si unimos la crisis económica y el envejecimiento, nos encontraremos con los motivos de retroceso del número de habitantes desde 2.012 – 2.016, sobre todo porque dejó de venir inmigración y muchos de los que ya eran residentes aquí retornaron a sus países de origen o se marcharon a otros lugares en busca de nuevas oportunidades. En siete años, de 2.009 a 2.016, la población extranjera disminuyó en 1,1 millones de personas.

Con la recuperación económica, la dinámica ha cambiado totalmente, habiendo crecido en 2.019 un 7,9% ( 451.391 ). Sin embargo, el flujo inmigratorio no está siendo homogéneo en todo el territorio nacional. Los mayores incrementos se dieron en las Comunidades Autónomas de Islas Baleares ( 1,90%), Madrid ( 1,59% ) y Canarias ( 1,38%). Y los descensos más acusados en Extremadura y Principado de Asturias ( ambas con un -O,34%) y Castilla y León ( -0,27% ). Curiosamente, también son las más castigadas por la despoblación nacional.

En otras provincias de la España vaciada, como Zamora, Teruel, Burgos, Soria, Palencia, Cáceres, Badajoz, Asturias, Ávila, Lugo y Orense ; la situación no llega a sufrir una disminución de su población extranjera pero no logra taponar la pérdida de habitantes nacionales.

En concreto, el número de extranjeros residentes en España durante el año pasado, ascendió a 5.235.375,( 395.168, un 8,2% más ) todavía lejos de los 5.648.671 ( un 12% del total ) que se produjo en 2.009. Siendo la población venezolana la que más creció, con un 39,8% ( 53.288 ); seguida de la colombiana con un 31,3% ( 62.355) y la hondureña, con un 29,4% ( 24.928). La población marroquí sigue siendo la más numerosa : 761.122 ( 47.346 más, un 6,6% ) ; seguida de la rumana con  666.936 (3.25O menos, un -O,5%).