El Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de indicar el coste de una plaza de alojamiento de un inmigrante en los centros de acogida ante los requerimientos del Parlamento Europeo. Así lo recoge el informe final de la misión de la Comisión de Peticiones a Canarias, realizado tras su visita en septiembre de 2025. Aunque la Eurocámara asegura que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicó datos globales de los gastos y la financiación, el representante de Sánchez en la visita ni siquiera explicó el coste individual por inmigrante.

Tal y como señala la documentaciòn, el funcionamiento del centro de acogida «Las Raíces», ubicado en La Laguna (Tenerife), cuesta alrededor de 20 millones de euros anuales, financiados a través de una «compleja concertación basada en acciones y gestionados por la empresa pública Tragsa». No obstante, las renovaciones del albergue se financian a través de fondos europeos con un préstamo de 24 millones de euros.

Pero la Eurocámara advierte de que de los 560 millones de euros que Bruselas otorgó a España el año pasado, Canarias no ha recibido ninguno de esos fondos e incluso, tuvieron que asignar 192 millones de su propio presupuesto regional para gestionar la situación, lo que a su juicio, es una falta de apoyo del Gobierno central.

El objetivo de la misión era «comprender la situación sobre el terreno (Canarias) y encontrar formas de hacer que los sistemas de asilo y emigración de los Estados miembros de la Unión sean justos, eficientes y que, además, estén bien preparados».

Así, la delegación europea constató, en primer plano, cómo funcionaban algunas de estas instalaciones en Canarias, considerada, además como uno de los principales puntos de entrada de la inmigración irregular a la Unión Europea (UE), cuya ruta se ha convertido en «una de las más peligrosas del mundo». De hecho, El Hierro es la isla más alejada del continente africano y en la que se registra el mayor número de llegadas ilegales..

El informe subraya que en Canarias hay 6.500 plazas de alojamiento para inmigrantes (de un total de 54.000 en toda España), sumando las plazas de protección humanitaria e internacional. Y que, en concreto, el centro «Las Raíces» tiene capacidad para 4.032 personas y que ha llegado a estar ocupado en su totalidad.

La instalación funciona como punto de acogida temporal para emigrantes recién llegados antes de su traslado a la península. Ahora bien, aquel inmigrante que se encuentre en una situación humanitaria y no solicite protección internacional debe abandonar el sistema de acogida en el plazo de seis meses.

La falta de transparencia del Gobierno español sobre los costes se produce en un contexto de elevada presión inmigratoria en Canarias en los últimos años. Según la Eurocámara, el archipiélago se enfrenta a un «número desproporcionado de llegadas de inmigrantes irregulares».

De hecho, el 65% de los menores no acompañados que llegan a España/Europa desembarcan en Canarias. Sólo hasta el 31 de agosto del año pasado llegaron a la región 201 embarcaciones. De ellas, 55 procedían de Marruecos, 124 de Mauritania, 12 de Senegal, 3 de Gambia, 1 de Costa de Marfil, 2 de Conakri y otra de Mali. Durante 2.025, llegaron al archipiélago casi 17.000 inmigrantes, un 60% menos que hace un año y de los que se estima que 424 perdieron la vida.

Hasta el 15 del pasado mes de mayo y según un comunicado emitido por el Ministerio del Interior, se registró la llegada a Canarias, en pateras de 3.018 personas durante el tiempo que llevamos de 2.026. Lo que supone una reducción del 72.1% con respecto al mismo período del año anterior y un alivio para las costas del archipiélago de la prisión inmigratoria.

Con todos los datos, la Eurocámara advierte de que la situación sigue siendo “compleja” y exige una respuesta coordinada, no unilateral como ya ejecutó el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de enero con el anuncio de la regularización masiva de extranjeros. que comenzó el pasado mes de abril.

En este sentido, el informe afirma que la inmigración ilegal no puede abordarse como un problema exclusivo de España, sino que constituye un «desafío» para toda la Unión Europea (UE) porque puede «generar tensión y erosionar la cohesión social».por lo que considera que las medidas unilaterales no solo son ineficaces sino que afectan al resto de países de la Unión Europea ( UE )..

El Parlamento Europeo también critica que la regularización masiva actual española es una medida que impulsa un «efecto llamada, fomentado por decisiones políticas que da lugar a inseguridad en las calles».

Así, recuerda, que las políticas de inmigración que cada Estado miembro adopte deben respetar el Pacto sobre Migración y Asilo europeo para no causar efectos «negativos» en todo el espacio Shchengen. «Deben respetar los principios de cooperación leal y confianza mutua», expone a la par que propone establecer un mecanismo de supervisión para evaluar su aplicación.

El informe asegura también que hay que «controlar la afluencia» de llegadas porque no existe «un control claro de la circulación de inmigrantes» y reforzar la protección de las fronteras para «salvar vidas». Según explica, por un lado, no hay estadísticas fiables de cuántas personas llegan a destino y cuántas mueren durante el viaje y, por otro lado, se han intensificado las redes ilícitas de trata de seres humanos..

En este sentido, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) asegura que los controles de seguridad son «fundamentales» y que, aunque la emigración es «importante», es «esencial» intentar desmantelar las organizaciones delictivas que están detrás de la nmigración irregular. La Agencia se ha comprometido, de hecho, a que está «dispuesta» a ampliar su apoyo, si así se solicita, incluso a proporcionar recursos, pero que el Gobierno español no ha solicitado ningún activo adicional, pese a que «Frontex los ha ofrecido».

De la misma manera, la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) asegura que está prestando apoyo a los ministerios que han solicitado ayuda, pero que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando-Grande Marlaska, «no ha solicitado el apoyo de la AAUE».

Entre otros asuntos manifestados por la Eurocámara, el informe explica que es «preocupante» el caso de los menores no acompañados porque resulta «difícil» identificarlos entre las llegadas. Según dice, las evaluaciones iniciales de la policía son, a menudo, inexactas, y esto provoca que a algunos se les asigne erróneamente a centros equivocados antes de que se confirme su edad. De aproximadamente 1.500 menores, cuya edad no estaba clara y que fueron sometidos a procedimientos de evaluación de la edad, alrededor de la mitad de ellos fueron finalmente considerados adultos», apunta.

Por último, concluye que, al margen de reforzar los mecanismos para detectar fraude documental en la edad, sería recomendable elaborar «estadísticas sobre delincuencia en relación con el origen de los sospechosos». Se trata de medidas, explican, para garantizar la seguridad en todo el espacio Schengen.

Hay que reconocerle un mérito indiscutible a la línea editorial de Televisión Española: su incombustible fe en la magia de la física y el ilusionismo verbal. Solo en el asombroso laboratorio de su programación matinal y de tertulias es posible ver cómo un bumerán judicial que impacta de lleno en la línea de flotación del socialismo termina, por arte de guion, descalabrando contra la oposición.

La cobertura del caso de corrupción política en la empresa Plus Ultra en la televisión de todos los españoles es un ejercicio de funambulismo deontológico fascinante. El escándalo mayúsculo empezó desde el minuto uno. Antes de que la Presidencia del Gobierno redactara su argumentario oficial, en La Hora de la 1 y Mañaneros 360 ya se soltaba con soltura la idea de la guerra judicial y la persecución de la ultraderecha.

Los telediarios del fin de semana se convirtieron en una experiencia casi mística. Mientras el resto de cadenas abrían desgranando el demoledor informe de la unidad policial contra la corrupción ( UDEF ), el Telediario 1 despachaba la imputación histórica del expresidente diciendo, muy por encima, que los nuevos datos «no cambiaban la opinión ni del Partido Popular ( PP ), ni del Partido Socialisra Obrero Español ( PSOE ) «.

Para no asustar al espectador, se ocultaron sistemáticamente los delitos reales -Organización Criminal y Falsedad Documental- para dejarlo todo en un descafeinado «tráfico de influencias», escondiendo los mensajes directos de la caja fuerte con joyas de alto valor y mostrando solo la foto de la comida de las ostras, como si aquello fuera un canal de cocina.

Silvia Intxaurrondo sentenciaba con naturalidad que «que haya mucho dinero no tiene por qué ser ilegal» y que el juez, simplemente, «compra y coloca» el informe policial. Claro que sí, un mero corta y pega judicial. Por los pasillos de Televisión Española en Torrespaña se respiraba bochorno y los redactores denunciaban una nueva manipulación, pero en los platós de debate la consigna era blindar el búnker del PSOE.

En Directo al Grano, programa televisivo que se emite en la sobremesa y copresentan Marta Flich y Gonzaló Miró, la presunción de inocencia se convirtió en el leitmotiv nombrándola en catorce ocasiones. Allí, José Luis Rodríguez Zapatero dejó de ser un imputado por la Audiencia Nacional para convertirse, según los tertulianos, en un «faro moral», un «referente político que no se ha hecho multimillonario» y «el presidente del fin de ETA».…

Faltó pedir en directo la beatificaciónde Gertrudis, la secretaria de Zapatero. De la misteriosa empresa de publicidad de sus hijas o de las cuentas comunes con su mujer, ni una palabra. Cero reportajes, cero gráficos explicativos. Para contextualizar ya estaba el telediario de Pepa Bueno, que rauda y veloz rescató el caso Kitchen y la Gürtel ( ambos del PP ) para equilibrar la balanza.

La guinda del pastel del blanqueamiento la puso Malas Lenguas, elevando el «y tú más» a la categoría de alta escuela periodística. ¿Que la UDEF encuentra oro, cuentas en Dubái y una estructura societaria sospechosa? No pasa nada, se debate si estamos ante un sofisticado ejercicio de grupo de presión o consultoría internacional. Y si la cosa se pone fea, se activa el ventilador histórico: se saca a colación al Rey Emérito, los GAL o a Aznar -retorciendo su frase «quien pueda hacer que haga» para sugerir que ordenó fabricar pruebas falsas-.

El Gobierno socialcomunista que disfrutamos crea el relato de la conspiración y TVE le da rienda suelta, desviando astutamente la atención hacia los «poderes adivinatorios» de Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular ( PP ) sugiriendo que si la oposición sabía que lo iban a imputar es porque controlan a los jueces.

Al final, la maquinaria de lavado y centrifugado funciona con tanta precisión que el espectador termina perfectamente reeducado. La culpa de que Zapatero protagonice el mayor escándalo de corrupción de la democracia ya no es de Zapatero.

La culpa de que Pedro Sánchez mantenga su respiración artificial en el Palacio de la Moncloa y le pillen todos los marrones de viaje en el extranjero tampoco es de Sánchez. La culpa de todo este colapso institucional es de Alberto Núñez Feijóo por no presentar una moción de censura. Y tiempo al tiempo, porque al ritmo que avanza la verdad oficial en los pasillos de RTVE, las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero se las dejó allí olvidadas Ayuso.

Hace meses ya que el Consejo de Informativos de Televisión Española abrió una investigación interna para analizar los espacios de actualidad Mañaneros 360 y Malas lenguas, buques insignia de la programación de mañana y tarde, respectivamente. Ambos espacios, de coproducción externa, combinan la presencia de tertulianos en un plató con conexiones en directo en diversos puntos de información.

El órgano de control interno de TVE decidió iniciar las pesquisas sobre ambos formatos “tras recibir más de 100 quejas y actuando también de oficio”. Entre las conclusiones de un informe de 144 páginas difundido, el Consejo de Informativos acusa de “sesgo” tanto a los formatos como a quienes los presentan. Y concluye que “estos programas incumplen, de forma habitual y reiterada, las normas fundamentales para la elaboración de información en RTVE”.

También ocurre con La hora de la 1, programa que presenta Silvia Inchaurrondo que es objeto de numerosas quejas, polémicas y denuncias en el plano político por las acusaciones de parcialidad y cruce de declaraciones con partidos políticos.

A pesar de todos estos apaños denunciados públicamente y recogidos ampliamente por los medios libres e independientes, resulta que sí, que «El Uno» era Pedro Sánchez, según se explica en el auto del juez Santiago Pedraz en el caso Leyre. Lo mismo que «El Zorro» era José Luis Rodríguez Zapatero en el sumario del juez José Luis Calama. Resulta que Santos Cerdán recibía órdenes de «El Uno para crear el comando PSOE para desacreditar y frenar el trabajo de jueces, fiscales y agentes. Resulta que un empresario llamado Julio Martínez era el presunto testaferro del expresidente Zapatero al que recordaremos, inevitablemente, por las joyas imposibles de multimillonario que guardaba en su despacho. Esas piedras preciosas, me temo, le han hundido ya para siempre.

Deseaba nuestro actual presidente del Gobierno pasar a la Historia, y así será. Por muchísimos motivos: por tener de mentor a Zapatero, por tener imputados a sus familiares, porque no parece importarle su partido político, al que ha convertido prácticamente en algo parecido a una secta, en donde las voces disidentes no se permiten y a donde entra la Guardia Civil a registrar. Porque durante muchos años se recordará este aciago periodo suyo, al frente del PSOE, de acumulación de casos de presunta corrupción. Unos y otros procesos le acorralan mientras él, ajeno a todo, se refugia en su agenda internacional y «no le consta» la trama Leyre de fontaneros y cloacas.

Visto lo visto, no solo habría que señalar a Pedro Sánchez. Sería injusto detenernos en él sin tener en cuenta a la ristra de imputados que le rodean, a ese entorno suyo que repite día a día el argumentario de la Presidencia del Gobierno y, a pesar de las evidencias judiciales, denuncia persecución judicial. Deberían reflexionar también todos esos periodistas que, durante años, han estado señalando, displicentes, a ciertos compañeros suyos que sí han investigado y publicado informaciones exclusivas sobre las barbaridades que se urdían en los despachos del partido socialista en su sede nacional de la madrileña calle Ferraz y que años después, sí, se han confirmado.

Hemos perdido ya la cuenta de los escándalos y decepciones políticas en estos ocho años de Gobierno sanchista. Uno puede llegar a comprender ciertos errores de nuestros gobernantes, pero jamás esta montaña de hechos propios de delincuentes. Es muy triste que cada día los españoles tengamos que asistir a esta realidad con impotencia. Gobernantes que resisten sin plantearse dimitir o convocar elecciones anticipadas. Socios de Gobierno que son cómplices, por no apoyar una moción de censura. El poso de este café es la desconfianza total, la desafección absoluta de todo lo que huela a política. De ahí, de ese terreno, nacen iluminados sumamente peligrosos para las democracias.

¿Cuántas balas judiciales tendrá que esquivar en adelante Pedro Sánchez? ¿Hasta qué punto la propaganda, la mentira y los bulos gubernamentales mitigarán tantos escándalos? Este circo, ¿hasta cuándo?

El terremoto judicial que ha desencadenado la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha liberado las válvulas de presión que sostenían las oficinas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, encargada de la investigación.

Desde que en diciembre pasado se realizasen las primeras detenciones del caso, y se conociese que estaba involucrado el empresario Julio Martínez Martínez, amigo íntimo y compañero de caminata del líder socialista, los agentes han tenido que convivir con el rumor incesante de supuestas filtraciones a los investigados o de paralizar las pesquisas sobre el exlíder del Ejecutivo. Los policías encontraron en los registros de finales de 2025 que varios imputados habían eliminado comunicaciones personales y de correo electrónico. Eso impulsó la sospechas de que se había producido un «chivatazo». El runrún llegó hasta la Fiscalía Anticorrupción, que ordenó que todos los avances se transmitiesen directamente al jefe del organismo, Alejandro Luzón. «De aquí no ha salido nada», afirmaba rotundo un mando de la unidad policial.

Ese blindaje del Ministerio Fiscal, unido a los cambios que el jefe de la Unidad, el comisario, hizo en los equipos investigadores, convirtió a la Policía Judicial de la Policía Nacional en un «búnker». Este martes, la cúpula del Ministerio del Interior no se enteró de los registros, ni de la imputación del ídolo socialista hasta poco antes de ponerse en marcha el operativo. Prueba de ello, es que el PSOE utilizó la figura de Zapatero en la campaña de las elecciones andaluzas, lejos de sospechar los indicios que la Audiencia Nacional tenía sobre el líder socialista

La «satisfacción» en la Policía Nacional es «total». El pasado martes, cuando terminaron los registros en el despacho del expresidente, la empresa de sus hijas, Alba y Laura y de otras tres compañías, los mensajes de felicitación corrieron de móvil a móvil. «Ha vuelto la UDEF», comentó un destacado mando de la lucha contra la corrupción. En los últimos dos años, la presencia del cuerpo policial en las investigaciones más sensibles para el Gobierno socialcomunista ha sido «nula». «Todos los focos se los ha llevado la Guardia Civil, los jueces nos tenían defenestrados», comenta otro alto cargo policial.

La Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Benemérita lleva sobre sí el «caso Koldo», el asunto sobre Begoña Gómez o la del hermano del jefe del Palacio de la Moncloa, David Sánchez. Los tradicionales roces internos en Interior para capitanear investigaciones llevó a un periódico digital a publicar de fuentes del Instituto Armado que había una «explosión controlada» en las indagaciones para blindar a Zapatero. «A los hechos nos remitimos», resume otro comisario, dejando claro que no ha habido injerencias políticas en el caso.

El «aislamiento» de la UDEF en los últimos años vino provocado por las actuaciones de algunos mandos de la Policía ya jubilados, como el comisario José Manuel Villarejo, y por el uso «partidista» que se hizo de algunas causas e informes. Por eso, los actuales integrantes de la unidad anticorrupción tenían claro que estaban ante un «voto de confianza» para recuperar la credibilidad de jueces y fiscales. «Objetivo conseguido», resume otro mando consultado sobre el presunto blanqueo en la aerolínea Plus Ultra.

Las pesquisas sobre Zapatero se han llevado con mucha cautela. La Policía tenía «pruebas suficientes» desde, al menos, hacía dos meses, sobre mediados de marzo más o menos, y los informes estaban «casi finiquitados», a la espera de que a final de este mes de mayo se levantase el secreto de sumario. Pero la decisión, el día 23 del pasado mes de marzo del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de adelantar las elecciones autonómicas, trastocaron los planes previstos.

El juez José Luis Calama llevaba instruyendo la causa pocas semanas, y no quería que la imputación del expresidente se pudiese ver como una suerte de interferencia en los comicios andaluces, y una oportunidad para acusar a todos los implicados de una falsa guerra judicial contra los socialistas. Pero el auto del magistrado no deja lugar a dudas, al menos por el momento. Considera a Zapatero el «líder» de una red de tráfico de influencias por las que cobró, presuntamente, comisiones ilegales.

Llegado hasta aquí, no puedo dejar de mencionar en esta ocasión aquella frase de ¿ Qué coño es esto de la UDEF ? que era la respuesta que en el año 2.013 el patriarca catalán Jordi Pujol dijo así ante un informe de esta unidad policial que lo vinculaba con tramas de corrupción que precisamente durante algunas semanas se ha estado juzgando en la Audiencia Nacional y acabó el pasado 14 de mayo, estando ahora pendiente de sentencia.

Yo me encuentro un poco indefenso porque claro todo esto de la UDEF…¿ Y qué coño es esto de la UDEF ?. Es la frase completa que utilizó Jordi Pujol cuando era entrevistado en el conocido programa matinal Espejo Público de la cadena televisiva Antena 3, en medio del lío que desembocó después de que se hiciera público un dictamen de la referida unidad policial en el que se establecía de manera abierta la corrupción política en el seno de la familia Pujol, diciendo que contaban con cuentas bancarias en el extranjero en las que se habrían ocultado una fortuna proveniente de la trama del 3% que era la comisión por obra pública conseguida.

Esta unidad policial nació en el año 2.005 como un organismo para la investigación de los delitos económicos y fiscales. Esto incluye la lucha contra el blanqueo de dinero en un sentido amplio, abarcando desde el beneficio del tráfico de drogas hasta los delitos contra la hacienda pública. Con anterioridad, la UDEF ya se había encargado del caso Malaya ( trama de corrupción política descubierta en el ayuntamiento de Marbella, en 2006 ), la trama Gürtel ( sobornos que afectaban al Gobierno del PP durate los años 2007-2009 ) y los cursos de formación de la Junta de Andalucía en 2.015 ( fraude y malversación de fondos públicos ).

El Documento Nacional de Identididad ( DNI ), en formato digital no podrá utilizarse para votar en las elecciones al Parlamento andaluz que se celebran hoy, domingo, 17 de mayo. Así lo ha confirmado la Junta Electoral Central ( JEC ), que considera que este sistema aún no ofrece las garantías necesarias para verificar de forma segura la identidad de los ciudadanos.

La decisión, formalizada en un acuerdo fechado el pasado 23 de abril, responde a una consulta de la Junta Electoral de Andalucía ( JEA ) sobre las consecuencias de suspender el uso de aplicaciones como ‘MiDGT’ y ‘MiDNI’ en los procesos electorales. Con esta resolución, el organismo electoral zanja el debate: el documento digital queda fuera de estos comicios.

El veto al DNI digital no es una decisión tomada de repente. Con fecha 26 de marzo, la JEC había paralizado la validez de resoluciones anteriores que permitían su uso en elecciones, una posibilidad que se había abierto meses antes, en septiembre de 2.025.

Esta suspensión se produjo tras una propuesta del Partido Popular, ( PP ) que planteó la necesidad de revisar el sistema hasta garantizar plenamente su seguridad. Desde entonces, el uso del DNI digital en procesos electorales quedó en el aire, y ahora se confirma su exclusión definitiva para las elecciones andaluzas.

Detrás de esta decisión hay una cuestión clave, la falta de medios técnicos para comprobar la autenticidad del DNI digital en tiempo real. Según las autoridades, actualmente no existen herramientas suficientemente fiables para verificar los códigos QR dinámicos que genera la aplicación ‘MiDNI’.

Entre los principales problemas destacan:

• La ausencia de dispositivos en las mesas electorales para validar documentos digitales
• La imposibilidad de comprobar los códigos QR de forma segura
• La falta de sistemas oficiales plenamente operativos y accesibles
• El riesgo de fallos en la verificación de identidad

Más allá de los problemas técnicos, también existe un impedimento legal. La normativa vigente es clara: el artículo 85.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que los votantes deben identificarse con documentos físicos que incluyan fotografía, como el DNI o el pasaporte. Esto deja fuera, al menos por ahora, cualquier formato digital, que no cumple con los requisitos exigidos por la legislación electoral.

La Junta de Andalucía ha sido especialmente contundente al advertir de los posibles riesgos que implicaría permitir el uso del DNI digital en estas condiciones, entre ellos:

• Posibles fallos de conexión o falta de cobertura en los colegios electorales
• Dificultades para verificar la identidad de los votantes en tiempo real
• Inseguridad jurídica ante posibles incidencias
• Diferencias de criterio entre mesas electorales

Todo ello podría comprometer la transparencia y la igualdad del proceso, dos pilares básicos en cualquier sistema democrático.

Aunque su uso ha sido descartado en estas elecciones, el DNI digital no queda fuera para siempre. Su implementación en procesos electorales dependerá de que se desarrollen sistemas que permitan una verificación segura, rápida y accesible en todos los colegios electorales. Hasta entonces, los votantes deberán seguir utilizando los métodos físicos de indentificación de toda la vida.

Ahora resulta que la dictadura comunista china está “en el lado correcto de la historia”. Xi Jinping, el Presidente de la República Popular asiática, se ha permitido decir ante Pedro Sánchez que “China y España son países de principios que actúan con rectitud moral, y ambos están dispuestos a situarse del lado correcto de la historia” e invitar al presidente español a “rechazar el retorno del mundo a la ley de la selva” y “defender conjuntamente un verdadero multilateralismo y salvaguardar la paz y el desarrollo en el mundo”. A estas palabras del tirano chino, Sánchez contestó: “Encontremos juntos formas de reforzar el sistema multilateral y el derecho internacional, que se está viendo socavado de manera recurrente y muy peligrosa cuando son más necesarios que nunca”.

En su euforia prodictadura china, el Presidente de Gobierno español, dijo que “está en el interés de España y Europa estrechar lazos con China” en “una relación abierta desde el respeto” para “contribuir de forma activa a la creación de un nuevo orden global que traiga la paz definitivamente” a un mundo afectado por “la grave situación en Irán, Gaza, Líbano y Ucrania”. Animando al déspota oriental a “continuar contribuyendo a reformar el sistema de gobernanza multilateral”. Se lo decía a quien hace menos de un año presidió en la Plaza de Tiananmén de Pekín, la capital del país, vistiendo el uniforme del partido comunista maoísta, una gigantesca exhibición de su ejército flanqueado por Putin, Kim Jong-un y representantes de Vietnam, Cuba o Irán.Todas ellas ejemplares democracias como ejemplo a seguir.

Que el dinero no huele ya lo dijo el emperador romano,Vespasiano. Que los negocios son los negocios, lo escribió el autor francés Octave Mirbeau en una famosa comedia de igual nombre. Que no se puede ignorar el poder de los gigantes económicos y militares, por muy deleznables que sean sus gobiernos, es sabido. Pero de ahí a alinearnos con ellos en el lado correcto de la historia y llamarlos defensores del derecho internacional y la paz va un abismo que solo la falta de ética puede salvar.

El mismo día en que Pedro Sánchez se situaba en el lado correcto de la historia junto al autócrata chino, el pasado 14 de abril, el Gobierno sanchista enviaba a la justicia española el expediente para pedir el cierre de la Fundación Francisco Franco porque, dijo el ministro de Cultura, el comunista, Ernesto Urtasun, que “en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura”. Pero por lo visto sí lo hay para blanquear y alabar la peor dictadura, todavía viva, del siglo XX que es la china.

Sigo con el chinoviaje. Una cosa es la necesidad de hacer negocios con China, casi segura primera potencia mundial, y otra, blanquear el peor totalitarismo del siglo XX, que subsiste, tragándose Sánchez que nos sitúe con él en el lado correcto de la historia y lo llame defensor del derecho internacional y la paz. La dictadura china es la más larga y mortífera de la historia contemporánea: 77 años y 70 millones de muertos. Ahí está para acreditarla, la trilogía de Frank Dikötter La Tragedia de la Liberación: 1945–1957, La Gran Hambruna de Mao: 1958–1962 y La Revolución Cultural: 1962-1976 (Acantilado).

Y si a alguién le parece poco lo anterior y quiere documentarse aún más, puede acudir a las obras pioneras de Simon Leys Sombras chinescas (Acantilado) y El traje nuevo del emperador Mao (Ediciones el Salmón) que le costaron ser linchado intelectualmente por la cínica progresía europea que, no pudiendo seguir siendo estalinista al descubrirse los crímenes del carnicero ruso en los años sesenta, se hizo maoísta que era peor pero no lo sabían y tampoco se molestaron en comprobarlo, como Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Michel Foucault o María Antonieta Macciocci en cabeza. Recomendable también la biografía El paraguas de Simon Leys de Pierre Boncennes (Acantilado).

En la lista de las dictaduras más largas ganan la china y la coreana con 77 y 78 años, seguidas por la soviética con 73 (más la autocracia o dictadura de Putin desde el 2000), la cubana con 67, la fascista con 23 y la nazi con 12. Se ve que las comunistas tienen mayor fortaleza que las nazi-fascistas y que, de entre ellas, las orientales son las más longevas. Porque tanto la coreana como la china siguen ahí, vivas. Todas ellas y no debemos de olvidar, ramas de un mismo árbol llamado socialismo.

Es cierto que en China se persigue hoy a los disidentes con un poco más de disimulo tras abrazar el capitalismo con ardor pero sigue siendo lo que fue: la aliada de Corea, Irán y Rusia o la dictadura purgante que, en 2022, ante el mundo y los 23.000 delegados del XX Congreso del Partido Comunista, quitó de en medio en directo al ex presidente Hu Jintao, dándole un toquecito en el hombro y sacándolo escoltado o detenido de la mesa presidencial.

Por cierto, este caballero purgado, fue imputado en España por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como presunto responsable del genocidio comunista en el Tíbet durante los años 80 y 90. Culpas, por lo visto, extinguidas pese a que el régimen sea el mismo. Pelillos tibetanos a la mar. Lacayos del imperialismo llamaba la izquierda a los pro estadounidenses. Aplíquese.

El jaleíllo de bragas entre José Luis Ábalos y Jéssica Rodríguez tiene mucho de lo de siempre. Ayer «nueva ilusión», hoy que si era una prostituta. Ayer la «querindonga» y la «sobrina» y hoy el cuidado extremo con las palabras, no vaya a ser que alguien diga lo que no conviene o, peor aún, lo que sí conviene pero en un tribunal. España, que tiene un diccionario entero para estos menesteres –me acuerdo de Francisco de Quevedo definiendo al dómine Cabra en «El Buscón»–, aquí se queda calladita, sin sinónimos.

La relación, que hemos seguido a capítulos, como un serial televisivo turco actual -antes fueron los venezolanos- no desentonaba de tantas otras. Mensajes a deshora, viajes de tortolitos, una «casita de novios» en Madrid y ese ir tirando tan nuestro, sin demasiadas preguntas. Ella elige el piso «porque me gustaba ese y ya está». Él resuelve. Y la vida, más o menos, se va colocando sola, con ese orden despeinado que tienen las cosas cuando funcionan mientras nadie las mira demasiado. Un acuerdo tácito, de esos que no se firman pero se entienden… y que aquí y en Lima suelen acabar mal.

Hasta que alguien mira. Y apunta. Y entonces aparece el fiscal, que es como la vecina viuda que oye la discusión a través del tabique y luego la cuenta con pelos y señales en la frutería. Lo que era historia privada, pagada con dinero público, pasa a ser interrogatorio. Y en ese tránsito se pierde el tono. Ya no hay matices, sólo preguntas. Entre ellas, la que deja el aire como raro: si Jéssica se dedicó a la prostitución. Ella, odontóloga colegiada, lo niega. Pero la pregunta ya ha hecho su trabajo, que es quedarse flotando, como esas frases que luego se repiten en bucle y acaban impresas en tazas y camisetas.

Lo curioso no es tanto el qué, sino el cómo. El rodeo. El titubeo. El decir sin decir. Ahí es donde uno se acuerda del torero mexicano Rodolfo Rodríguez, «El Pana», que en un brindis del toro que iba a matar, tiró de repertorio sin complejos dedicándoselo: «a todas las daifas, meselinas, meretrices, prostitutas, suripantas, buñis y demás putas». Aquí, en cambio, en la sede judicial, se camina de puntillas. Habiendo mil palabras, se escoge no usar ninguna, como si la censura fuera una forma elegante de salir del paso y no una elección de meapilas o «cagapoquitos».

Mientras tanto, los detalles domésticos –el alquiler de 2.700 euros, el enchufe en puestos «fantasma», el gato operado de la «pierna» como un centrocampista de mi Atlético del alma, dibujan una escena que casi enternece, si no fuera porque la pagamos nosotros. Una vida a medias, hecha de favores, continuidades y pequeñas certezas, muy de andar por casa. Como tantas. Solo que aquí la casa tenía más llaves que el conserje de los macroburdeles del Paseo de las Delicias, en Madrid..

Y en mitad de todo, uno no puede evitar pensar que, si esto lo filmara Santiago Segura, nos parecería exagerado. Pero no: esto es la versión real de «Torrente, presidente», donde el guión no lo escribe un cineasta con afán taquillero, sino la realidad con la leche que le dieron. Al final, queda lo de siempre: la distancia entre lo que se dijo y lo que se dice. Entre la ilusión y la explicación. Entre el recuerdo y la incomodidad, que suele ser lo último que queda cuando baja la marea.

Hace dos semanas, con el comienzo del juicio al exministro Ábalos y a su ayudante, Koldo, saltó a los medios de comunicación el tema de las señoras mantenidas por su pareja, y, por mantenida, quiero expresar que el antiguo ministro que está siendo juzgado actualmente, se encargaba económicamente de la manutención, la vivienda, el veterinario del gato, los gastos generales de estas mujeres, e incluso de conseguir un trabajo de broma a alguna de ellas, donde le pagaban pero no había que trabajar, siendo lo máximo que se les exigía era leer libros de trenes en la biblioteca pública y que aunque es un oficio que suele estar muy mal pagado pero que es este caso daba para mucho.

No obstante y como es natural, los periodistas han tratado de ser lo más correctos posible a la hora de contar los intríngulis de estas relaciones del entonces ministro con las señoras, alguno se ha permitido la libertad de llamarlas ‘amantes’, claro está que por ser él casado no las podían llamar ‘novias’. Pero lo cierto es que creo que la expresión ‘amante’ no refleja bien la relación que este señor mantenía con ellas.

Un o una amante es una persona comprometida en una relación con un hombre o mujer casados, pero no tiene por qué haber además una aportación económica por parte del señor. A este tipo de relación en el que un hombre casado se lía con una mujer y le paga los gastos, se le ha llamado siempre «tener una querida», aunque la expresión está en desuso, y también se utilizaba en masculino, para decir, por ejemplo, «doña Pepita, como tiene mucho dinero, se ha echado un querido más joven que su marido».

Los jóvenes de ahora quizá no lo sepan, pero los de mi generación vivimos una época en la que el oficio de querida estaba bastante extendido. Siendo yo todavía un muchacho, me fuí a Madrid, a casa de unos tíos para preparar las oposiciones a la Policía y en el primer piso de mi edificio vivía una querida. Se llamaba Marí Carmen, era muy guapa y muy buena persona. Como es natural, vivía sola, y a veces le decía a mi tía que si, podía bajar a jugar a su casa un rato y así le hacía compañía. La mayoría de las veces iba acompañado por algún otro joven como yo vecino de la misma escalera por aquello del qué diran. A cambio nos daba de merendar y eso que se ahorraba mi tía, que no estaban los tiempos para despreciar meriendas gratis, aunque estuviesen pagadas con el dinero del pecado.

Cuando venía el querido –un hombre de casi sesenta años, casado por supuesto, que se llamaba don José y era médico-, mi tía me encerraba en su casa no vaya a ser que se me ocurriera llamar a la casa de Marí Carmen e importunara alguna cosa. En la misma calle, vivía otra querida que se llamaba Isabel, y todos los vecinos lo sabían. Ellas no salían nunca a la puerta de las casas a hablar con las vecinas en las tardes de verano pero la gente las trataba con normalidad porque era época de mucha pobreza y aquello era una especie de oficio socialmente reconocido

Hasta un cura que pasaba a menudo por la calle, si se cruzaba con Marí Carmen o con Isabel , las saludaba con gesto algo adusto pero comprensivo, y les dirigía alguna frase de este tipo: «A ver, hija mía cuando te veo por el confesionario». Ellas le sonreían y decían: «Alguna vez será, don Pedro», y se metían enseguida en sus casas a encerrarse de nuevo muy sonrosadas.

Pero si algún lector de este blog, al ver las sesiones del juicio de Ábalos, -todavía quedan unas cuántas- se le ocurre la idea de echarse una querida, debe tener en cuenta que es muy distinto hacerlo siendo ministro que dedicándose a cualquier otra profesión. Por lo que estamos viendo en el juicio, es un tema caro. Y, si se trata de una querida que no tiene trabajo y pone como condición para el sexo extraconyugal que le busque un empleo donde le paguen un sueldo sin trabajar, la cosa se complica mucho más. 

En cualquier caso, no hay que envidiar al ministro. Para mantener a las queridas, ha tenido que hacer, presuntamente, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos, falsedad documental, etc. Es decir, estar todo el día liado o mandando a alguien a ocuparse del tema. Es el problema de los políticos puteros. Qué pereza. No creo que merezca la pena.

Es muy acertado el término utilizado por el jefe de la oposición política española, Alberto Núñez Feijo, para definir esta disparatada regularización masiva de inmigrantes por motivos estrictamente partidistas y propagandistas. El fenómeno migratorio es uno de los temas más importantes e inquietantes que afectan a la Unión Europea. Una opción es afrontarlo de forma rigurosa, responsable y ordenada. La otra es el desbarajuste que ha organizado el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que le gustan los escenarios caóticos y conflictivos. Uno de los aspectos más característicos de su personalidad es que estamos ante un aventurero que asume el riesgo como algo consustancial a su falta de ética y moral.

Por eso, Sánchez, adopta decisiones que ningún otro Presidente hubiera considerado razonables. Una regularización de estas características debería haberse presentado como un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, como sucedió en otras ocasiones, pero Sánchez no quiere negociar nada con la oposición. La razón es evidente, ya que no le apoyarían. Al final, todo se reduce a que la separación de poderes le importa poco y, por ello, ha optado por una deriva autoritaria. No quiero imaginar que hubiera sucedido si en lugar de Sánchez estuviera Feijóo en La Moncloa adoptando decisiones como un auténtico déspota.

Por supuesto que si el también líder del PSOE no dependiera de los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA, los comunistas, los golpistas y los antisistema no haría esta regularización. Es un auténtico camaleón. Es bueno recordar cuando quería meter en la cárcel a Puigdemont y era un fervoroso adalid de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esto explica que esté tan contento de tener al expresidente catalán en Waterloo ( Bélgica ) porque así es su rehén. Nada que nos tenga que sorprender.

Con la legalización de extranjeros consigue un efecto llamada para atraer a las mafias. En lugar de organizar un proceso regulatorio basado en la legalidad, el orden, la formación de los que vengan a trabajar y comprobar que no tengan antecedentes penales y policiales, hemos regresado al disparatado lema de «papeles para todos» de etapas anteriores. La medida, como es habitual en el sanchismo, está llena de mentiras sobre los beneficios de esta operación propagandística. No sabemos la cifra real de inmigrantes irregulares que se van a ver beneficiados por la iniciativa. Estamos ante el gobierno más chapucero de la Historia de España. No hay más que ver la gestión de Óscar Puente.

Una intensa reacción política ha provocado la aprobación por parte del Gobierno del nuevo Reglamento de Extranjería mediante un Real Decreto para legalizar como mínimo a medio millón de inmigrantes. Y que puede llegar a ser el doble. Una respuesta lógica ante una grave decisión, que se le sustrae al Congreso su conformidad, teniendo un impacto muy importante sobre nuestra sociedad y la misma identidad nacional española. Puede parecer excesiva esta afirmación, pero no es ninguna exageración respecto a sus previsibles consecuencias.

Basta tener presente el dato que han expresado tanto el presidente de la patronal catalana como la ministra portavoz del Gobierno. Sánchez-Llibre ha dicho que “necesitamos inmigrantes como el agua”. Elma Saiz, por su parte, dijo que, “como ejemplo”, sin los inmigrantes “90.000 bares tendrían que cerrar”. Asimismo se considera que un 45% de los contratos de trabajo suscritos desde la reforma laboral se han efectuado con inmigrantes. Por su parte, Sánchez dijo desde China que “la economía crece gracias a ellos”.

Frente a estas posiciones, Feijóo ha manifestado su rotunda oposición a dicha medida por considerarla “inhumana, injusta, insostenible e insegura”. Y el dirigente de VOX, Santiago Abascal se dirige a Sánchez avisándole que “esa regularización el pueblo no la perdonará, y tendrás que pagarlo”. No es preciso un exhaustivo análisis de la situación para llegar a la conclusión de que el futuro de España y los españoles está en manos de inmigrantes ilegales de otros países, en especial procedentes de África y América, además de algunos europeos.

Los africanos, mayoritariamente musulmanes, e hispanos los americanos. Estos últimos, al menos comparten nuestra lengua, cultura y valores, fruto de las comunes raíces cristianas llevadas allí por España, y su integración social no es problemática, siempre que se establezcan los controles de seguridad previos a su ordenación. En cuanto a los musulmanes, una auténtica integración social se ha demostrado literalmente imposible. Como de esto se seguirá hablando en los próximos meses y puede que hasta años , es evidente que si España quiere mantener su identidad nacional e histórica, no puede sustentar una política que la convierte en una nación y una sociedad condenadas a desaparecer por depender de ciudadanos extranjeros.

Una consecuencia que va a provocar esta masiva regularización va a ser un masivo “efecto llamada”. Con las mafias criminales a las que esta decisión les asegura un gran negocio futuro. La tasa de natalidad de la población inmigrante es muy superior a la española, que se encuentra bajo mínimos, y es la causa fundamental de este problema existencial. Una política de promoción y ayuda a la natalidad es esencial para corregir este gravísimo problema y se está haciendo todo lo contrario. Mediante políticas que promueven el aborto y la ideología de género, por ejemplo.

La formalización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez tramitó por un real decreto extraordinario el pasado mes de enero y que hace poco más de una semana aprobó –aunque, con matices– el Consejo de Ministros, se ejecutó al margen del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Según fuentes policiales y jurídicas consultadas, la medida fue impulsada principalmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que califican como una cartera muy «politizada», y sin tener en cuenta los criterios «técnicos y operativos» de los mandos policiales. Estas mismas fuentes critican la falta de información del Gobierno y advierten de que la ausencia de estadísticas y documentos sobre el terreno podría tener consecuencias directas en la gestión migratoria diaria.

Hay que tener en cuenta que, la Policía Nacional es la competente en materia de fronteras e inmigración a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En su organigrama se enmarcan la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que investiga las actividades ilícitas relacionas con la trata de seres humanos y los flujos migratorios ilegales, entre otros, y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que actúa como oficina central para normativas europeas e internacionales.

Este último organismo es una suerte de «inteligencia» migratoria, entre cuyas labores destaca, precisamente, la elaboración de informes especializados en la materia que les piden organismos nacionales e internacionales. Se trata de una cuestión que el Gobierno de Sánchez no ha tenido en cuenta en este proceso regulatorio y no le ha consultado para nada, probablemente porque no le gustara la respuesta que iba a recibir.

El problema de que el Presidente del Gobierno no haya tenido en cuenta el criterio de los especialistas en esta materia e, incluso, de la propia cartera de Interior, se refleja en la obligación que tuvo que acometer el Consejo de Ministros respecto a la aprobación de que los migrantes no tengan antecedentes penales. En un primer momento, la regularización exigía sólo una «declaración responsable» para probar la ausencia de los mismos, siempre y cuando, el país de origen no contestara en un mes la solicitud del emigrante.

Ahora y, tras las advertencias de sindicatos policiales y del propio Consejo de Estado, que consideró «inadecuada» la fórmula inicial, el Gobierno ha tenido que modificar una medida que guarda, según estas mismas fuentes, una «clave política». Así, los migrantes tendrán, en primer lugar, un mes para conseguir el certificado y, en caso de no lograrlo, el Gobierno lo gestionará por vía diplomática en tres meses. Si esta vía tampoco funcionase, se abriría un proceso de 15 días como último intento antes del cierre de puertas.

La regularización es, en cualquier caso, una variable que el Jefe del Gobierno está utilizando para hacer campaña de cara a las próximas elecciones andaluzas que arrancan el 17 de mayo. Así, Sánchez hizo uso este martes de su apuesta tradicional para ganarse el apoyo de la población; el de una misiva cargada de argumentos simbólicos y emocionales para defender la medida –probablemente– más controvertida de la legislatura.

En ella, el presidente socialista restó el matiz político de la regularización para justificar que tiene una necesidad «económica» y un fin de «prosperidad» clave para España. Además, puso el acento en la transversalidad del apoyo, destacando que ha contado con el respaldo «de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios» en un intento de presentar la regularización como un «acto de «normalización» y de «justicia» social –en alusión a nuestros antepasados que emigraron en busca de «una vida mejor» Aunque el argumento más contundente, posiblemente en la tentativa de tapar las críticas, fue el económico, al advertir de que «España envejece» y que, sin nuevas personas trabajando y cotizando, «nuestra prosperidad se frena» y «nuestros servicios públicos sufren».

La oposición, por su parte, sigue alegando que la medida trae consigo un «efecto llamada» innegable y consecuencias «negativas» para la integridad del espacio Schengen. A su juicio, la regularización es contraria a los principios de la política migratoria común de la Unión Europea (UE), fundamentada –principalmente– en la responsabilidad compartida entre los países para un «control efectivo» de las fronteras y un sistema de retornos creíble. Los populares consideran que la medida se planteó de forma «unilateral» y que su respuesta se orquestará a través de una ofensiva judicial, en las Cámaras e, incluso, si es necesario ante Bruselas para oponerse a la iniciativa que Sánchez ha logrado tramitar con Podemos a la cabeza.

El Presidente del Gobierno no parece dispuesto a cambiar en absoluto el fundamento de lo que ha sido hasta el presente su acción política, la pulsión divisiva que procura el cierre de filas necesario para mantener, aunque sea al mínimo, su base electoral. No es posible explicar de otra forma el temerario planteamiento de la nueva legalización extraordinaria de extranjeros, que no sólo se hace por la vía del decreto-ley, es decir, sin la convalidación del Parlamento pese a tratarse de un asunto con profundas consecuencias, sino que ignora cualquier razonamiento de autoridad, como el del Consejo de Estado, sustituido por el habitual coro gubernamental de insultantes, con los epítetos de racismo, xenofobia y clasismo como su argumentario.

Se hace evidente que el debate sobre una medida que toca de lleno ámbitos tan sensibles como la seguridad pública, los servicios sociales, la evolución del mercado laboral, la educación y, sobre todo, las condiciones de vida de los supuestos beneficiados por la norma, carece de la menor importancia ante los presuntos beneficios políticos y electorales que el Gobierno atribuye al fomento del enfrentamiento ideológico y al mantenimiento de un estado de tensión entre la población.

Así, cualquier advertencia por ponderada que sea, como la que ha hecho Núñez Feijóo; cualquier llamamiento a una mínima prudencia ante una decisión que va a condicionar los flujos migratorios en buena parte de Europa, como la de la Unión Europea, es despachada displicentemente, en una muestra de arrogancia y temeridad política con pocos precedentes en las democracias occidentales. No se trata de rechazar per se una regularización que, en ciertos casos, se antoja no sólo necesaria, sino conveniente, porque el problema es la falta de estudio y concreción de esos casos, sustituida por un cajón de sastre normativo que involucra a distintos ministerios y administraciones, pero sin la menor colaboración ni adecuación de los medios precisos para gestionar el procedimiento.

Las normas tasadas y fundamentadas que garantizan la eficacia, la equidad y el respeto a los derechos fundamentales brillan por su ausencia en la improvisación del real decreto. Por no haber, ni siquiera se ha dignado el Gobierno en preparar una memoria económica de lo que puede suponer la incorporación de casi un millón de extranjeros, sin contar los que lleguen próximamente tras las previsibles demandas de reagrupación familiar, sobre el nivel de los salarios más bajos; el coste en ayudas sociales a unos trabajadores que, por sus características, no tienen ingresos suficientes para afrontar las necesidades básicas, especialmente, la vivienda; la sobredemanda de servicios esenciales, como la sanidad, y, todo hay que decirlo, la potenciación de medidas de integración que reduzcan al mínimo los problemas inherentes a la inadaptación social y cultural. Política temeraria que no se blanquea esparciendo estigmas de racismo.

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El pasado día 11 de noviembre, se conoció que Europa había aprobado un informe demoledor contra el Gobierno de Sánchez ante la iniciativa del sindicato de la Policía Nacional, Confederación Española de Policía ( CEP ). En él se acusa al ministro de Interior español, Grande Marlasca de ocultar pruebas claves sobre los asesinatos de Barbate (la zodiac en la que mataron a dos guardias civiles el 9 de febrero de 2.024) y habla de “grave obstrucción” a la delegación parlamentaria que se desplazó a España a investigar los hechos. Además,.exige reinstaurar OCON-Sur, la unidad antidroga de la Guardia Civil que Interior desmanteló antes de la tragedia.

La Confederación Española de Policía exigió la dimisión inmediata del ministro del Interior tras el informe aprobado por el Parlamento Europeo que respaldaba las reivindicaciones de la CEP y denunciaba la falta de protección institucional a los agentes policiales.

A consecuencias de este dictamen, la Comisión de Peticiones de la Unión Europea ( UE ) ha formulado, entre otras, las siguientes conclusiones:

–Subrayar la urgente necesidad de reforzar la protección legal y laboral de las fuerzas de seguridad en toda la Unión Europea, incluyendo su seguridad física, condiciones de trabajo y garantías jurídicas. Instar a mayores inversiones en personal, equipamiento y apoyo psicológico, asegurando que los agentes puedan desempeñar sus funciones con dignidad.

–Pedir a la Comisión Europea que proponga una Directiva que clasifique a todos los cuerpos policiales de los Estados miembros como “profesiones de alto riesgo”, con todas las protecciones legales, económicas y laborales correspondientes (jubilación anticipada, protocolos específicos de salud y seguridad, y escalas salariales diferenciadas).

-Instar a los Estados miembros a reconocer a los integrantes de sus organizaciones de seguridad pública como profesionales de alto riesgo, otorgándoles las mismas garantías legales, económicas y laborales, incluyendo jubilaciones anticipadas, medidas de seguridad adaptadas y retribuciones diferenciadas.

–Reclamar que los actos violentos contra agentes no queden impunes y que se consideren “eurodelitos”, con penas agravadas. Solicitar al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a impulsar una propuesta para incluir estos delitos en la lista de eurodelitos.

–Recomendar un enfoque integral que aborde las causas estructurales del tráfico de drogas, como el desempleo, la exclusión social y la falta de oportunidades laborales.

—Exhortar a la Comisión y al Consejo a elaborar un informe conjunto con estadísticas armonizadas sobre agresiones y suicidios que evalúe las medidas de protección en el empleo y jurídicas existentes en los Estados miembros.

–Tomar nota de que el Gobierno español, en contra de la voluntad de las familias de las víctimas, ascendió en agosto de 2025 a los responsables de la operación policial en la que murieron los dos guardias civiles en Barbate.

-Urgir a los Estados miembros a garantizar la plena protección jurídica de los agentes que utilicen fuerza legítima, incluyendo armas de fuego, en el ejercicio de sus funciones, eliminando la inseguridad jurídica que impide a los agentes defenderse o proteger a terceros,

-Apremiar la reinstauración o creación de unidades especializadas antidroga, como la desmantelada OCON-Sur en España, dotadas de financiación suficiente, personal estable y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo.

–Condenar la decisión del Gobierno socialista español de retirar pruebas claves antes de la visita de la delegación europea, en concreto, la embarcación patrullera implicada en el asesinato de Barbate, lo que constituyó una grave obstrucción a la transparencia y a la finalidad investigadora de la misión.

–Apoyar la designación del Campo de Gibraltar como “Zona Especial de Seguridad”, debido a la persistente presencia del crimen organizado y el elevado riesgo para los agentes. Recomienda financiación estructural y refuerzo de recursos humanos para estas zonas.

La publicación de este informe coincidió con un nuevo ataque a la Policía Nacional de los traficantes de drogas en Andalucía en el que se disparó con un subfusil Kalashnikov, que es un arma de guerra, en el momento en que se iba a intervenir en un almacén de hachís y uno de los agentes resultó gravemente herido y tuvo que ser operado inmediatamente para salvar la vida.

La CEP juzga también como incomprensible y vergonzoso que el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) votara en contra de todas las propuestas aprobadas en Bruselas para tipificar la profesión policial como de alto riesgo, los ataques y agresiones a los agentes como eurodelito y celebra el mayor espaldo histórico de Europa a la protección policial.

En el primer semestre de 2025 el número de agresiones a miembros de ambos Cuerpos de seguridad estatales ( Policía Nacional y Guardia Civil ) ha superado las 8.000 y de mantenerse esa tendencia, los resultados de ese año serán similares a los del anterior ejercicio, de tal forma que la mayor violencia en la calle contra los agentes se ha consolidado, «erosionando así el principio de autoridad y, lo que es peor, poniendo en riesgo a quienes se juegan la vida por proteger la de los demás»

La violencia contra los agentes no es un fenómeno puntual sino un problema estructural que se mantiene en el tiempo. Esta es la conclusión que se obtiene después de conocer.los datos oficiales disponibles hasta el tercer trimestre del año pasado y que muestran que en el caso de la Guardia Civil, el número de agresiones supera el millar o lo que es lo mismo, cada día se producen cinco ataques a sus miembros que generan el 47% de absentismo labotal. Lo que evidencia el alto nivel de riesgo al que se enfrentan los agentes y la insuficiencia de las medidas de protección y de respaldo institucional.

También se debe reformar el Código Penal para que las consecuencias de agredir a un agente no sigan siendo prácticamente testimoniales, pese a haberse alcanzado en 2024 la mayor cifra de agresiones, con una media de 1.406 al mes», subraya el sindicato.

El Parlamento Europeo, a través de un acuerdo alcanzado el pasado dos de diciembre por los portavoces de los principales grupos políticos de la Comisión de Peticiones, para que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. compareciera el pasado 28 de enero e informara sobre las razones por las que no se declara profesión de riesgo a los agentes de las Fuerzas de Seguridad y sobre el aumento de las agresiones a los mismos.

Marlasca decidió no acudir a Bruselas, evitando así dar explicaciones en persona pese a que estaba citado formalmente . En su lugar, remitió una carta al presidente de la Comisión de Peticiones en la que defendió la actuación de su ministerio en este asunto. También enumeró en la misma, los planes y refuerzos en la zona referida y eludió responder a las dudas sobre la retirada de pruebas y la gestión política del caso abierto tras la tragedia. Tras este incidente, el Parlamento Europea deberá decidir si acepta las explicaciones dadas o insiste en la comparecencia del ministro..

Con este comportamiento, el ministro del Interior ha demostrado una falta de respeto a los familiares de las víctimas y una descortesía hacia las instituciones europeas además de una deslealtad absoluta con los cuerpos policiales del Estado dado lo inconcedible e insensible de su actitud.