AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz. Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

En los últimos meses, son muchas las ocasiones en las que la Guardia Civil ha sufrido el zarpazo del Gobierno sanchista. Pérdida de competencias por la cesión del Ejecutivo a las ansias de sus socios independentistas (Junts, EH Bildu, ERC…); abandono del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlasca ante la falta de medios para afrontar la lucha contra el tráfico de estupefacientes o la grave crisis inmigratoria que asola distintas regiones como Canarias, Murcia y Baleares; control político de los altos cargos de la Dirección General; deplorable gestión ahora en la invasión africana de Ceuta y Melilla. Y así un sinfín de golpes que provocan la indignación y el malestar de los agentes y españoles de buena fe.

Cada vez son más los casos en los que la Guardia Civil pierde funciones esenciales: seguridad en eventos, tráfico, fiscal y fronteras, protección de la naturaleza ( Seprona )… ¿Es una casualidad o una estrategia política?». Esta es la pregunta que, a través de la red social X, ha lanzado el secretario nacional de comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Pedro Carmona. Una reflexión en la que enumera alguna de las cuestiones claves que le hacen llegar a esa conclusión.

Polémica es también la pérdida de las competencias de Tráfico en Navarra que han pasado a la Policía Foral desde el pasado 1 de julio o de Puertos y Aeropuertos en el País Vasco, en este último caso en favor de la Policía Autonómica desde el 3 de febrero de 2.025. Hay que recordar que en pleno puente de diciembre de 2.025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponía su rúbrica al servicio de EH Bildu y ratificaba a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), la expulsión de los guardias civiles de Tráfico de Navarra en favor de la Policía Foral. Por no hablar del último intento del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) de crear su propia policía gallega y echar de Galicia a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El caso de Cataluña, señala el secretario de comunicación de AUGC, es diferente. Y es que «la expulsión de la Guardia Civil lleva años en marcha» con la «reducción de efectivos» o su exclusión en áreas clave como la fiscal, puertos, aeropuertos, seguridad marítima y medio ambiente. Desde esta asociación han denunciado reiteradamente esta «deriva política basada en cesiones injustificadas» y han exigido una rectificación inmediata y el cese de este «desmantelamiento encubierto» de las competencias de la Guardia Civil en Cataluña...

La situación es «crítica y asfixiante». Así definen los guardias civiles de Cataluña el «expolio» de competencias que sufren y las 1.100 vacantes sin cubrir en toda la Comunidad. Y es que la carencia de personal y el traspaso de competencias exclusivas a la Policía Autonómica catalana obedece, a juicio de la asociación profesional Jucil, a un estudiado desmantelamiento por goteo.

Las competencias de Fronteras y el Servicio Marítimo son exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Benemérita y Policía Nacional) por lo que «no permitiremos un demantelamiento por la puerta de atrás» asegura el secretario general de la asociación, Ángel Lezcano. En este sentido, denuncian un intento de «traspaso ilegal» a los Mossos y alerta de nuevas amenazas como el posible cierre del GEDEX ( Grupo de Desactivación de Explosivos ) en Tarragona. Además, hay que recordar que la Guardia Civil continúa excluida del servicio de emergencias 112 pese al acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad regional de diciembre de 2024.

Y a ese intento de llevar a la Benémerita a la «irrelevancia institucional» más absoluta en Cataluña, hay que sumarle el déficit de agentes en las plantillas. Desde la asociación apuntan que sin complementos económicos y sociales que incentiven la permanencia, esta Comunidad Autónoma seguirá siendo un «destino de paso» por lo que es necesario declarar Cataluña como Zona de Especial Singularidad como ya se hizo con el País Vasco en 1.983 cuando el Ministerio del Interior implantó el conocido como PLAN ZEN ( Zona Especial Norte ).

Por no hablar de la «falta de medios y la precariedad de los mismos» que no solo pone en riesgo la vida de los agentes sino la seguridad de los ciudadanos, destacan desde Jucil. Porque los gestos políticos no sirven si no vienen acompañados de presupuesto real», concluyen.

La desigualdad con los Mossos d’Esquadra es otra piedra en el camino. Durante décadas los agentes han denunciado la brecha salarial con la Policía Autonómica ante la desidia y el ninguneo de los distintos ministros del Interior inccluido en este caso, Fernando Grande-Marlasca. La reciente subida salarial de 4.000 euros brutos anuales a los Mossos, el aumento de vacaciones y la reducción de su jornada laboral han agravado aún más esa desigualdad.

Finalmente, ponen de relieve el hecho de que Grande-Marlasca se niegue a considerar a la Guardia Civil como profesión de riesgo mientras otras policías autonómicas y locales sí están reconocidas. Tachan de «humillación» que los guardias civiles carezcan de este amparo legal del que tampoco gozan los policías nacionales y recuerdan que el Consejo de Europa ya ha admitido a trámite su petición para que los guardias civiles vean reconocidos sus derechos de sindicación y huelga. El Gobierno debía de haberse pronunciado a este respecto en las pasadas semanas.

Números y solamente números. Para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, los agentes son meramente números que figuran en expedientes tal y como él mismo declaró en sede parlamentaria. Quizá, por ello, no haya que extrañarse de su permisibilidad con ciertas «maniobras» como el desguarnizamiento encubierto de la Guardia Civil en Cataluña.

«El Gobierno central y el regional continúan ejecutando un plan perfectamente orquestado para abandonarlar, pieza a pieza, las competencias y la presencia de la Benemérita en el territorio catalán», denuncian desde la asociación Jucil, que ha tenido accso al plan diseñado por la Dirección General y la Unidad de Actividades Subacuáticas (UAS) de Madrid. Un proyecto, cuya única finalidad es «acabar definitivamente» con la presencia de la Guardia Civil en L’Estartit (Girona). La propuesta formal consiste en hacer desaparecer esta base histórica de la Costa Brava y unificar los efectivos restantes en Barcelona y Madrid.

Sin embargo, desde esta asociación denuncian que bajo la falsa premisa de una «reorganización operativa», la realidad esconde «un tijeretazo salvaje a la plantilla». Y es que el plan de la Dirección General (impuesto de manera unilateral y sin consultar a la Jefatura de la Zona) pretende dejar la plantilla combinada en tan solo 11 personas. Teniendo en cuenta que Estartit debería ser de 16 efectivo, la eliminación de estas plazas supone perder prácticamente un tercio de la plantilla en Cataluña de golpe.

Pero esta estrategia de desguace va más allá. Los agentes alertan también de la pérdida de más unidades técnicas en Cataluña. Un goteo incesante que afecta de lleno al cese del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) en la Comandancia de Tarragona. Según explican desde la asociación, al igual que ocurre con otras especialidades, este desmontamiento disimulado bajo el pretexto de un «proceso estatal de unificación» dejará al territorio sin un servicio crítico de intervención rápida frente a artefactos explosivos, obligando a los agentes adscritos a cambiar de destino o de unidad y mermando todavía más el potencial operativo de la Guardia Civil en la provincia.

A esto, hay que sumarle la situación de la unidad del Seprona en Puigcerdà que lleva meses completamente cerrada sin que la Dirección General haya anunciado vacantes, ni comisiones de servicio para cubrir los puestos vacantes. «Esta inacción resulta especialmente sangrante si se recuerda que la Comarca de la Cerdanya lleva tiempo exigiendo el refuerzo de este Puesto debido a las necesidades medioambientales de la zona», señalan. En este sentido, recuerdan que el verano pasado se aprobó una moción presentada por Jucil que contó con el voto a favor de todos los partidos del arco parlamentario, incluidos los independentistas, quienes manifestaron explícitamente que no querían que el Seprona desapareciese de la comarca.

El Ministerio del Interior ignora deliberadamente a las instituciones locales con tal de cumplir su agenda de repliegue y todo ello. Un abandono institucional que obedece al pago de los peajes políticos del Gobierno catalán. «Salvador Illa, careciendo por completo de competencias para decidir sobre el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha pactado con Izquierda Republicana ( ERC ) la cesión de la seguridad de puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra como moneda de cambio para sacar adelante los presupuestos autonómicos«, aseguran. Como ocurrió el pasado 2 de julio en el Parlamento catalán.

En el documento en respuesta al análisis del Ejecutivo se tacha de «irresponsabilidad» el cierre de las patrullas del Seprona frente a los devastadores incendios en la región. En los dos últimos años han ardido más de 4.500 hectáreas. Actualmente, la Benemérita lucha en el territorio contra los incendios con la mitad de la plantilla y arrastra 48 Puestos vacíos en un contexto de «extrema vulnerabilidad». En el Cuerpo se apunta al bloqueo de Interior. Con el apoyo de varios políticos comarcales señalan que los cierres demuestran «un absoluto desconocimiento de la realidad del campo».

En este sentido, un total de 17 ayuntamientos catalanes, los que conforman el Consell de la Cerdanya, presentaron una moción para evitar la expulsión de los agentes. Fuera de colores políticos, el consenso se produjo con diez ayuntamientos de Junts en la lista. Una posición contraria a la defendida por la dirección en Barcelona y Madrid. La medida también contó con el favor de varios representantes de ERC en dos consistorios.

Frente a la operación del Gobierno, las estadísticas son certeras y desoladoras para los miembros de la Benemérita. Los datos reconocidos por Interior, que datan del pasado mes de abril, presentan un 28% de vacantes en todo el territorio. De las más de 4.000 plazas, 1.157 no tienen dueño. Desgranadas por provincias, Tarragona es la más perjudicada con cerca de un 40%.

La presión de los socios nacionalistas sobre el Gobierno central ha provocado el liderazgo de los Mossos d’Esquadra en Cataluña. Los acuerdos del PSOE con Junts y ERC han elevado el número de la plantilla policial por encima de los 25.000; es decir, seis veces más que la Benemérita.

La cesión de competencias en materia de inmigración y de control de fronteras implica también una preocupación por el futuro de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en territorio catalán. La edad de los agentes también es un hándicap. En torno al 30% de la plantilla supera los 50 años. El abismo que asoma es el del País Vasco donde la Benemérita cuenta con tareas residuales.

Ya en 2024, Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) apuntó a la «convivencia política» para liquidar a la Guardia Civil. Era el inicio de la distopía. El «ataque frontal» a los pilares del Estado de Derecho y la cesión de los «delitos supracomunitarios» marcaron la denuncia. Ensalzando la importancia y el legado del Cuerpo, se colocó a los agentes como «piezas esenciales en el engranaje» de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.

Ahora, dos años más tarde, Interior arrincona a la Guardia Civil y fuerza la ‘emigración’ de los agentes a otras comunidades. En bastantes casos, se encontraran obligados a alejarse de sus familiares.

AUTOR; Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

La invasión de Ceuta desde Marruecos por inmigrantes africanos, ha hecho aflorar un problema que llevaba tiempo creciendo bajo la superficie del Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska mantiene formalmente todas sus competencias pero tiene seriamente dañada su autoridad a los ojos de sus compañeros de gabinete y del partido socialista, lo que preocupa seriamente en el entorno del presidente del Gobierno.

Hay alarma en ese reducido núcleo «sanchista» en el que se apoya a diario por las consecuencias que esta supuesta falta de «autoridad» puede tener en el «control» de las investigaciones judiciales que les afectan de aquí a que acabe la Legislatura. Nadie apuesta por un relevo en Interior porque «la suerte de Sánchez está atada a la de su ministro del Interior,

«Hay desconfianza». Es el diagnóstico que se repite entre el búnker presidencial respecto al clima que existe en los Cuerpos de Seguridad del Estado que dependen del ministro. Hablan de prevención hacia determinados niveles políticos de Interior, de una «cacería interna» y de miedo a «purgas» o a consecuencias profesionales cuando una investigación afecta a asuntos especialmente sensibles para el Gobierno.

«Marlaska no controla nada, y esto tiene un coste grandísimo». De fondo hay un clima en el que, por ejemplo, determinados investigadores consideran necesario extremar las garantías alrededor de su trabajo, documentar bien sus decisiones y protegerse profesionalmente ante la posibilidad de acabar señalados y castigados por el resultado de sus pesquisas si no son del agrado presidencial.

El informe policial remitido a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva e ilegal al territorio español de los días 30 y 31 del pasado julio de un río de personas africanas, ha sido la mecha que ha hecho explotar la «bomba». Marlaska dice que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de que agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras dependiente de la Dirección General de la Policía, habían entregado a la magistrada María Tardón un documento que consideraba planificada la entrada, analizaba la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y recogía imágenes en las que algunos de sus miembros aparentemente orientaban a quienes intentaban cruzar.

El ministro reaccionó de madrugada reclamando explicaciones por escrito al director de la Policía, Francisco Pardo. En su carta recordaba que ejerce el «mando superior» en materia de seguridad interior y reclamaba saber desde cuándo disponía la Policía de una información que consideraba «absolutamente esencial» para que el Gobierno pudiera tomar decisiones. La respuesta posterior aclaró un elemento determinante: el director tampoco conocía el informe, lo que dejó al ministro sin margen para ejecutar el cese del máximo responsable de la Policía.

El episodio resulta relevante porque el equipo presidencial que asesora P.S. ha llegado a expresar dudas sobre la lealtad de determinados sectores policiales y sobre el grado de control que Interior mantiene sobre sus estructuras. Pero también hay una lectura inversa: la desconfianza se ha instalado también desde abajo hacia arriba.

El término que emplean algunos de estos ayudantes es «blindarse»: no hablan de retener información que deba conocer un superior ni de incumplir obligaciones legales sino que se refieren a extremar los procedimientos cuando trabajan sobre asuntos políticamente sensibles. En la Guardia Civil, esa prevención no puede separarse de lo ocurrido durante los últimos meses alrededor de la Unidad Central Operativa ( UCO ). La Unidad, como es sabido, participa en algunas de las investigaciones judiciales más delicadas para el PSOE y para el entorno del Gobierno.

El caso Leire Díez ( fontanera del PSOE que dirigía una presunta red de tráfico de influencias ) añadió un elemento especialmente importante al situar bajo investigación actuaciones desarrolladas dentro de la propia estructura del instituto armado. Las indagaciones han alcanzado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, ( DAO ) Manuel Llamas.

La Fiscalía Anticorrupción apreció motivos para investigar determinadas actuaciones internas ante la posibilidad de que hubieran buscado generar un «efecto de desaliento» sobre los investigadores. Ahora mismo, las responsabilidades están sometidas al procedimiento judicial y no cabe anticipar ninguna conclusión sobre ellas, pero el impacto dentro del Cuerpo va mucho más allá del desenlace.

Al mismo tiempo, en sectores del Gobierno sanchista existe la impresión de que determinados miembros de la Policía y de la Guardia Civil mantienen una actitud hostil hacia el Ejecutivo. Desde los dos Cuerpos, el mensaje que lanzan es que determinados indagadores perciben a la estructura política como un posible foco de presión cuando su trabajo afecta a intereses especialmente delicados.

La situación en Interior contrasta con la relación que Margarita Robles mantiene con los mandos militares y los Servicios de Inteligencia. La ministra de Defensa ha respaldado públicamente al Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) durante el asalto a Ceuta, incluso cuando la información proporcionada por el Centro complicaba la versión mantenida desde otros departamentos sobre los avisos previos al 30 de julio.

Robles defendió en el Congreso que el CNI había realizado el trabajo que le correspondía y que la información disponible había sido compartida. Reivindicó además públicamente la profesionalidad de los miembros del Centro, también del otro Centro de Inteligencia de la Fuerzas Armadas ( CIFAS ) y de los Servicios de Información de la Policía y de la Guardia Civil.

Su posición introdujo una discrepancia evidente con Interior. Marlaska mantuvo desde el primer día del ataque fronterizo que ninguna alerta permitió anticipar una entrada en Ceuta de la magnitud que finalmente se produjo, mientras que Robles optó desde el principio por respaldar a los profesionales bajo su responsabilidad y mantuvo esa actitud pese a las incomodidades que generó dentro del Gobierno de coalición con los comunistas. 

En ámbitos militares y de Inteligencia se destaca precisamente las consecuencias de esta diferente reacción. La ministra sí conserva interlocución y reconocimiento entre los mandos y ha evitado trasladar sobre ellos la responsabilidad política de lo ocurrido en Ceuta. Marlaska está más solo que nunca y él solo se lo ha buscado.

El ministro del Interior, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que le transmite su «preocupación» por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional (María Tardón) de prohibir al equipo policial que investiga la incursión inmigratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores jerárquicos sobre sus pesquisas.

Según ha informado el propio Ministerio, en el texto de la carta Marlaska asegura que, en su doble condición de ministro del Interior y de magistrado, respeta «escrupulosamente» la independencia judicial, el deber de prestar colaboración a los órganos judiciales y la dependencia exclusiva de la policía judicial de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, ante una crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional bajo el amparo de la Ley 36/2015 -de Seguridad Nacional-, el titular de Interior defiende que «no debería ser incompatible» atender con diligencia los requerimientos de los órganos judiciales con informar a los responsables políticos de las circunstancias que resulten relevantes para la gestión de una situación de tal magnitud.

En este sentido, el ministro argumenta que la información en manos de la Policía Nacional resulta «de gran interés» para que el poder Ejecutivo pueda ejercer correctamente sus funciones de dirección de la política interior y exterior y de defensa del Estado.

Por todo ello, Marlaska concluye que, ante situaciones de extrema gravedad como la irrupción en Ceuta de decenas de miles de extranjeros, debe ser compatible con que la policía judicial informe a los jueces a la vez que facilita al Gobierno central a información necesaria para adoptar las decisiones oportunas en defensa de la seguridad nacional y pública, «sin que se resienta la independencia judicial».

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha remitido otra carta al ministro del Interior en respuesta a la enviada por este en relación con la actuación de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón en el caso en que investiga la invasión de Ceuta por más de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos que tuvo lugar el 30 y 31 de julio.

En su escrito, Isabel Perelló señala al ministro que los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevé expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También le recuerda que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos (artículo 118) y especial para la policía judicial (artículo 126); y que los artículos 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 1 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, establecen que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.

«En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales por las que todos debemos mostrar el máximo respeto», concluye la carta.

El departamento de Grande-Marlaska ya vivió una crisis relacionada con la ausencia de información desde las unidades policiales hacia arriba. Tuvo lugar con motivo de la investigación de un juzgado de Madrid acerca de la supuesta responsabilidad del Gobierno de la Nación en la expansión de la gripe china ( también llamada Covid-19 ) en la Comunidad Autónoma madrileña por autorizar una marcha feminista por el centro de la ciudad.

El ministro destituyó al coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, cuando conoció el contenido del informe de sus subordinados que responsabilizaba al delegado del Gobierno en esa región policial y señalaba a otros miembros del Ejecutivo central. Pérez de los Cobos siempre defendió que no conoció el contenido del informe porque la jueza del caso pidió a los investigadores informarla a ella en exclusiva debido a las presuntas implicaciones de altos miembros de la Administración Central. Los tribunales terminaron declarando nulo el cese de Pérez de los Cobos y ordenaron reintegrarlo en su puesto.

Así lo establece el artículo 126 de la Constitución, que sitúa a la Policía Judicial bajo la dependencia de jueces, tribunales y fiscales cuando investiga delitos. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Real Decreto que regula la Policía Judicial desarrollan ese principio. Además, no es necesario pertenecer a una unidad denominada formalmente Policía Judicial para ejercer esta función. Cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede actuar como tal cuando es requerido por una autoridad judicial dentro de sus competencias.

La obligación de reserva aparece en el artículo 15 del Real Decreto 769/1987. La norma exige a los integrantes de las unidades de Policía Judicial guardar una «rigurosa reserva» sobre la evolución y el resultado de las investigaciones que les hayan sido encomendadas. La información puede circular internamente dentro de la propia unidad para coordinar el trabajo pero únicamente cuando el juez o el fiscal no lo hayan prohibido expresamente. En este caso, según las explicaciones ofrecidas por el Director General de la Policía, Francisco Pardo, Tardón ordenó que no se facilitara a los superiores información sobre la elaboración ni sobre el contenido del informe.

Si la orden se produjo en esos términos, como parece, los investigadores no tenían margen para trasladar el documento a la cúpula policial o política. Hacerlo habría supuesto incumplir las instrucciones de la magistrada y vulnerar el deber legal de reserva en una manifiesta y grave desobediencia judicial.

El ministro del Interior, ordenó a Policía y a la Guardia Civil que «nunca» informaran a sus superiores cuando investigaba el chivatazo del caso Faisán como titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Dicha orden consta en el auto que redactó para abrir una pieza separada e investigar un delito de revelación de secretos y/o colaboración terrorista.

El caso Faisán fue una investigación judicial sobre un aviso policial -chivatazo- dado a la red de extorsión de la banda terrorista ETA, el 4 de mayo de 2.006 para no entorpecer o romper el proceso de negociación que estaban llevando entre el Gobierno socialista de Zapatero y el grupo criminal.

Por último hay que destacar que, en virtud del informe policial confeccionado y para defender la competencia de la Audiencia Nacional que recibió la denuncia interpuesta por el grupo civil Iustitia Europa, el Ministerio Público también plantea una primera aproximación a los posibles delitos objeto de investigación aunque recalca que su calificación jurídica podría modificarse conforme avance la instrucción.

En esta fase inicial, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular del artículo 318 bis del Código Penal que podría estar agravado por su posible comisión en el seno de una organización y por haber puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. A este delito podrían sumarse homicidios y lesiones por imprudencia grave, contemplados en los artículos 142 y 152 del Código Penal así como un posible delito de organización criminal.

La instrucción deberá determinar también si los acontecimientos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva, entre ellos «la paz o independencia del Estado».

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

UNO.– El episodio aquel en que un barco llamado Hondius llegó a las costas de Tenerife el pasado mes de mayo con un brote infeccioso a bordo y una pregunta por delante. Que un crucero polar regresara al Atlántico con tres muertos y catorce españoles asintomáticos no constituía, en sí mismo, una crisis sanitaria de gran escala; no al menos, después de la experiencia de la gripe china ( cuyas autoridades han logrado que su nombre se quede en covid, sin más ). Suponía, sin embargo, otra ocasión más, quizá ésta especialmente expresiva, para comprobar cómo el Gobierno socialcomunista se dirigía a una sociedad que había dejado de creerle; que tenía todavía en la memoria el acumulado de tantas mentiras y medias verdades. El Gabinete sanchista descubría así, con cada nueva crisis técnica, que el coste real de haber gestionado la palabra como activo táctico durante años, se cobraba entonces en forma de descrédito anticipado.

La incredulidad procedía del registro en el que se daban los hechos antes que de los hechos mismos. Durante meses, en 2020 y 2021, los españoles aprendieron que las certezas oficiales venían a comparecer cada noche para envejecer cada mañana. Entendieron también que la palabra experta funcionaba en aquellas comparecencias como cortafuegos antes que como referencia y que detrás de cada explicación técnica había un cálculo político que los expertos cobijaban con su prestigio. Esa cosecha quedó en la memoria pública española.

Sanidad hizo los deberes formales del Hondius con aparente diligencia. Los catorce españoles afectados fueron trasladados al hospital militar de Madrid, al Gómez Ulla. Se conovocaron siete reuniones interministeriales.. El fondeo en el puerto de Granadilla, en el sur de la isla, fue el elegido al ser especializado en el transporte marítimo industrial y comercial y no de pasajeros. Y el operativo, en general, parecía sobre el papel algo razonable. Pero el problema no estaba en el papel sino en la realidad, ese «problema» con el que este Gobierno populista que disfrutamos, se topa una y otra vez.

El problema estaba en que las seis comunidades autónomas de procedencia de los pasajeros se enteraron del operativo sanitario por la prensa. Estaba en que el Gobierno canario recibió el aviso del traslado del barco cuando los detalles ya circulaban en los teletipos de los medios de comunicación social. Estaba en que su Presidente, Clavijo, lo llamó deslealtad y nadie le ha contestado todavía con un argumento que no sea retórico. La coordinación que el Gobierno que presume de progresista proclamaba, operaba, en realidad, como notificación tardía a quienes debían asumir las consecuencias de decisiones tomadas sin ellos. Las administraciones públicas afectadas, figuraban en el dispositivo como destinatarias de un relato, no como partes de la decisión.

La información gubernamental se administra como activo personal del Presidente Sánchez, repartida según convenga a la frase del día, retenida cuando incomoda, liberada cuando conviene. Esa flexibilidad funciona razonablemente bien en las Cortes Generales, donde casi todo puede cambiar de nombre durante una tarde, donde los pactos se renombran y los compromisos electorales admiten reinterpretación generosa.

El precio se paga, en cambio, cuando el asunto no admite versión múltiple y exige claridad. La cuarentena del Hondius fue buen ejemplo. El ministerio de Defensa la presentó como voluntaria. Sanidad la sostuvo como obligatoria amparada en el marco legal vigente. Política Terrorial la dejó en obligatoria sólo cuando las autoridades sanitarias así lo determinen. Tres ministros, tres versiones y ninguna decisión cerrada al cuarto día desde el anuncio del dispositivo. Las administraciones autonómicas afectadas, los catorce españoles a bordo, los profesionales sanitarios que debían aplicar el protocolo, esperaban inquietos saber con exactitud qué se decía y por qué.

La incertidumbre, prolongada durante varios días, permitió que el Hondius se convirtiera en metáfora involuntaria del estilo del Gobierno sanchista que el Presidente ha consolidado durante esta legislatura, donde cada decisión nace provisional, cada palabra admite enmienda y cada decisión depende de la conveniencia política del minuto siguiente. Lo que el Hondius mostraba, en su escala justa, es que el sistema institucional español ha perdido durante estos años la capacidad de hablar con autoridad sobre cuestiones que no admiten la mediación táctica. La palabra del Gobierno sanchista funciona cuando los asuntos se prestan a interpretación y falla cuando exigen aplicación literal y por supuesto, sinceridad. Y como los asuntos públicos se reparten cada vez más entre los primeros y menos entre los segundos, la quiebra pasa desapercibida. Hacía falta un crucero polar para que reapareciera el recordatorio incómodo de que gobernar no consiste sólo en relatar.

Sánchez seguía creyendo que el ciclo informativo absorbería el episodio del Hondius como ha ocupado tantos otros. Naturalmente que acertó. La sentencia técnica se conoció cuando convino, los catorce españoles hicieron lo que se les dijo, las comunidades autónomas asumieron su queja sin más coste y la opinión pública pasó a otra cosa. La maquinaria narrativa funciona y seguirá funcionando mientras no aparezca un asunto cuya escala desborde su capacidad de absorción. El día que aparezca, sin embargo, los españoles recordarán que llevaban años recibiendo, en cuestiones menores como esta, la confirmación silenciosa de que el Gobierno central gobernaba con palabras que valían lo que el almanaque decidiera.

Y esa memoria acumulada, paciente, hecha de episodios reiterados escribe lentamente una sentencia política que tarde o temprano pedirá ser aplicada. Su escritura ya está en marcha; lo está desde hace mucho tiempo. El Hondius añadió su línea, frente a las costas de Tenerife, al archivo de un poder que ha confundido durante demasiado tiempo el oficio de gobernar con las banderías de relatar.

DOS.- Si nos referimos a otro episodio, el Gobierno de zurdos que subsiste a base de los estertores independentistas, sabe mejor que nadie que los Presupuestos Generales del Estado de 2027 no contarán con el respaldo del Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, el proyecto decaerá con lo que engarzará el enésimo hito negativo de estos ocho años de mandado sanchista con una legislatura al completo sin cuentas públicas y por consiguiente sin dar cumplimiento al mandato constitucional.

El nuevo ministro del ramo, Arcadi España, que ya nos ha regalado las explicaciones sobre el techo de gasto récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más, el mayor de la serie histórica y de un plan «ambicioso en lo social y responsable en lo fiscal», sabía que su notoria narración era una mera interpretación al servicio de una puesta en escena con intereses y propósitos que en nada guardaban relación con un horizonte presupuestario real y ni siquiera veraz.

Pese a todo, Arcadi España se ajustó al relato dramatizado sobre el extraordinario compromiso con las banderas habituales del gasto en políticas de vivienda, sanidad, infraestructuras, entre otras. El Consejo de Ministros aprobó también la senda de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) del periodo 2027-2029 para la que, como ha sido la tónica, no ha contado con los votos suficientes en la Cámara Baja y la desaprobó. No quiero perder de vista, ni minimizar, la desagradable sensación de burla a los españoles, ni el énfasis grotesco de este paripé en torno a la ley más importante del año convertida en una trapacería que retrata por enésima ocasión la talla moral e institucional de todos los que sostienen y se sirven de este régimen político.

Nada es una sorpresa que inquiete a Sánchez en esta coyuntura, en la que daba por descontado e imprescindible que las Comunidades Autónomas del Partido Popular ( PP ) se desmarcaran del objetivo de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que aprovechó para enredar en la discordia, el agravio y la asimetría con el convencimiento de que el divide y vencerás le sería propicio para sus intereses. Por tanto, estos trucos de salón más propios de un tahúr que de un mandatario serio y recto, persiguen ese doble fin de nutrir el espacio público de un debate que el Gobierno pueda explotar como filón propagandístico y de paso arrumbar y amortiguar en lo posible los estragos de las novedades casi diarias sobre los escándalos de corrupción que le asolan.

También, claro, los Presupuestos de mentira servirán a Sánchez como una herramienta electoral que galvanizará todas las ocurrencias de esa agenda social que será frustrada por la malvada derecha en el marco de una dosificada narrativa demagógica y victimista. El trampantojo sanchista, marca de la casa, persigue un milagro y un atajo a ninguna parte convencido de que los españoles ni ven, ni escuchan lo que sucede a su alrededor y que al fin aparecerán como gobernantes íntegros y honorables. Pero Sánchez ha engañado a demasiados durante demasiado tiempo como para que la gente no reconozca al peor presidente de la democracia.

Y TRES.- Según los sondeos de opinión realizados hasta el momento, la inmensa mayoría de los españoles, incluidos un tercio de quienes se reconocen como votantes socialistas, no se cree una palabra de las explicaciones gubernamentales sobre lo sucedido en Ceuta y, además, considera que el Gobierno aliado de los comunistas, se halla supeditado a la voluntad de Marruecos por razones que nadie acierta a explicar.

Lamentablemente, una vez más, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha tratado de hacer luz de gas a la opinión pública, presentando una realidad alternativa a lo que estaban contemplado los españoles, como si el discurso ministerial de exculpación de Marruecos fuera una verdad revelada y no un patético intento de hacer de la necesidad virtud. Y con un agravante que no ha podido pasar inadvertido como es la falta de unidad y coherencia de los distintos portavoces del Gobierno, incapaces de mantener una única versión, sin duda, porque la consigna general no ha sido la de decir la verdad sobre lo sucedido, sino lo que más convenía al poder, según los casos.

De ahí, la contradicción flagrante entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en relación al papel del CNI y a los preavisos recibidos por los servicios policiales sobre la invasión masiva de inmigrantes que se preparaba sobre Ceuta. Por supuesto, el máximo responsable en la materia, que es el titular de Interior, ha hecho lo que mejor sabe hacer que no es otra cosa que negar cualquier responsabilidad, incluso, al precio de dejar por mentirosa a su compañera de Gabinete.

Desafortunadamente para Marlasca, si hay un ministro que ha perdido toda credibilidad es él por más que otros batallen por empatarle. Que, a la postre, tenga que ser el poder judicial, en este caso la Audiencia Nacional, el que determine quién miente en el Ejecutivo, no es más que la tónica habitual en esta legislatura, cuyo agónico final abre demasiadas brechas a quienes operan en contra del interés de los españoles. Aún así, la opinión pública, como demuestran los sondeos que se han publicado, tiene claro cuáles son los problemas que nos enfrentan al vecino del sur, qué instrumentos emplea el reino alauí para defender sus posiciones geopolíticas y qué medidas debería adoptar España para defender sus fronteras y proteger su soberanía.

Que el inquilino del Palacio de La Moncloa, de asueto en Canarias, considerara que lo único que cabía hacer con la política inmigratoria, además de las legalizaciones extraordinarias que tanto preocupan a la Unión Europea ( UE ), era ganar tiempo hasta que llegue el final de la legislatura es grave pero es mucho peor que mantenga contra viento y marea a un ministro como Grande-Marlasca, que no sólo se niega a aceptar la más mínima responsabilidad sino que considera que un ataque masivo a la frontera española no es más que otro accidente natural del que nadie tiene la menor culpa, al menos, hasta que se pronuncie la justicia.

Una sospecha acompañó el anuncio de comparecencias en el Congreso a petición propia de varios ministros con competencias relacionadas con la crisis de Ceuta. Se trataba de esquivar la bala del Senado dando la cara en la otra Cámara, sí. Pero, sobre todo, se trataba de hacerlo cuando el asunto hubiera bajado muchas posiciones en la lista de las prioridades informativas. Aunque no consiguieron que no se hiciera en fase todavía muy candente.

Es un ejemplo más de que, al menos esta vez, la inmensa factoría del relato que habita en el Palacio de la Moncloa no ha conseguido dar con la tecla todavía. Los acontecimientos han ido sistemáticamente por delante de ellos y el habitual desparpajo con el que se defiende una postura, por peregrina que sea, ha brillado por su ausencia. Por una vez, «dejar pudrir» un problema va a tener la consecuencia más lógica: terminar rodeado de podredumbre.

El Gobierno no ha estado fino valorando tiempos ni magnitudes. Y mira que presume de haber sabido gestionar lo extraordinario. Te entran (vamos a dejarlo en) 72.000 individuos y, si consigues el retorno relativamente rápido de la inmensa mayoría, te felicitas porque solamente tienes unos pocos miles en las calles de la ciudad. ¿Los 9.000 que se deducen de los kits de comida que se reparten a diario? ¿Los 15.000 de los que habla la prensa marroquí? No se rinden cuentas por las responsabilidades, nos van a dar algo parecido a un dato con el que poder hacernos una idea de la situación.

El caso es que sacas al ministro tuitero a decir que estamos ante otra crisis resuelta por Pedro Sánchez y echas la persiana del negocio. «Cerrado por vacaciones» y ya volveremos en septiembre con las mismas energías renovadas del año pasado. Igualito que cuando el drama de Gaza sirvió para agitar la Vuelta Ciclista a España y el Festival de Eurovisión como grandes prioridades de la agenda nacional.

Pero esta vez no ha sido así. Los testimonios que los medios -esecialmente los televisivos- recaban a diario no ofrecen fisura. El aspecto sanitario de la invasión es solo una de sus patas. Da igual que hables con una enfermera sindicada, con un policía o con un caballa que sólo aspiraba a pasar unos días de verano con sus nietas. Todos te cuentan que viven confinados por la vía de los hechos.

Las noticias de los últimos días hablan por sí solas. Un mes después, desalojo de la playa del Trampolín, habilitación exprés de nuevos espacios para cobijarlos y emergencia por la situación de quinientas menores. Ni el más esforzado de los juglares del oficialismo puede ahora cantar que era un caso resuelto. Y todo sin el relato alternativo que tantas veces les había dado un asidero antes.

Los antecedentes hacían temer un «no hagan caso a los ceutís; es que son todos fachas». En el momento de escribir estas líneas, no ha llegado a producirse. Sí un señalamiento claro hacia el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Ha servido, al menos, para algo: comprobar quién opina a golpe de silbato. La súbita agresividad gubernamental contra el dirigente regional luce como lo que es: un intento desesperado de resituarse en el tablero cuando se da la partida por muerta.

Se podrá discutir si tiene razón no. Pero Vivas dijo desde el minuto uno de la entrada masiva que consideraba sus competencias completamente desbordadas y que necesitaba un mando único coordinado por el Ejecutivo central. Fue el Palacio de la Moncloa quien minimizó y consideró que lo oportuno era dejarlo correr. Ahora, Elma Saiz, la ministra de inmigración, se instala allí tras el fracaso del desfile ministerial, con su nuevo jefe el coordinador u ministro de Política Terriorial Ángel Víctor Torres; y del que sólo Margarita Robles ha conseguido rascar algo. El nerviosismo del Gobierno siempre es directamente proporcional al número cotidiano de contribuyentes diarios a los que insulta Óscar Puente.

En medio de todo este panorama, resulta un detalle poco importante. Pero cómo se ha notado desde el principio que Ceuta supone solamente un único escaño en el Congreso que el PSOE sabe que tiene perdido. Queda por ver cómo afecte a los 349 restantes.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Díaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

Si Pedro Sánchez estaba esperando que se produjese un repunte en la intención de voto para convocar elecciones generales, se ha equivocado bastante porque la situación política española ha empeorado considerablemente con respecto a antes del verano. Los incendios que han arrasado varios millones de hectáreas en toda la geografía nacional y la invasión de inmigrantes en Ceuta y Melilla, dan la puntilla a una legislatura aciaga y estéril en la que al estado de ingobernabilidad se le suman graves errores en la gestión de los problemas.

La avalancha de más de 100,000 marroquíes y subsaharianos en territorio español aunque solo se reconozcan 70.000 ( la Policía llegó a contabilizar 72.500 salidas voluntarias ) y la muerte de más de 150 de ellos ( en el lado de Ceuta se han recogido 82 cadáveres y 42 se admiten en el otro lado por el momento ) han dejado a 10.000 de ellos solo en Ceuta ( de Melilla no hay datos ) de los cuales la mitad son menores de edad de ambos sexos. De los fallecidos tres han sido identificados y en la frontera marroquí para su repatriación le han puesto una tarifa aduanera de 2.500 euros por cadáver que los familiares no pueden pagar.

Este ataque a la integridad española ha tenido dos consecuencias inmediatas. La primera tiene que ver con la capacidad para defender el territorio nacional del Gobierno sanchista que ha ridiculizado a nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos policiales que no lo han podido impedir. Debería aclararse -cosa que no va a ocurrir- si existía o no información acerca de lo que se estuvo fraguando las semanas y días previos en tierras marroquíes.porque una concentración de personas de esta magnitud no se puede disimular, ni ocultar porque hacen mucho ruido.

En caso de haberla, Sánchez tendría que explicar por qué no se tomaron medidas para evitarla y, en caso de no existir, el problema tendría una envergadura mayor porque no estaría garantizada la seguridad nacional, ni la necesidaad de tener a los diversos servicios de información del Estado que hay. Por eso, todo aparenta ser un teatrillo para evitar responsabilidades.

La guerra entre los ministerios de Interior y Defensa apenas se disimula, el Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) especialmente, ha sido puesto en cuestión por diversas fuentes gubernamentales ( algo inédito ) y Margarita Robles -que es de quién depende- ha deslizado que el órgano de seguridad alertó en su momento de lo que podría ocurrir, apuntando a Interior de pasividad.

La segunda consecuencia de la crisis inmigratoria tiene que ver con la pérdida de prestigio internacional de España. Si era poca la tensión que se arrastra desde hace más de un año con Estados Unidos y con Israel y la disputa sobre el gasto militar español, esta vez son además los socios comunitarios los que empiezan a ver a España como un país poco fiable.

Las fronteras de Ceuta y Melilla son unas demarcaciones jurídicas de alcance europeo y tienen reconocimiento internacional, no son solo españolas y, en medio del debate inmigratorio y con la derecha creciendo en todos los países, la ¿ extraña ? gestión que hace Sánchez de las relaciones con Marruecos han dado gasolina a los discursos más duros respecto a la inmigración.

De momento, es Italia la que vuelve a arremeter, después de reclamar la suspensión de la pertenencia de España al espacio Schengen ( acuerdo de los países europeos para eliminar las fronteras interiores y potenciar las exteriores ) en esta ocasión, pidiendo que sea la capital comunitaria, Bruselas, la que se encargue directamente de asegurar la frontera europea en Ceuta y Melilla.

Su iniciativa contó con el apoyo de 22 de los 27 países que integran la Unión Europea ( UE ). La Presidente del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni trataba así, por un lado, de fortalecer su discurso antiimigratorio base de su programa electoral y, por otro, dibujar un Gobierno español incapaz de asumir la tarea de defender su territorio nacional que es también comunitario.

Sin olvidar que las posiciones más aperturistas en materia inmigratoria de nuestra izquierda, en general, han recibido un duro golpe con la entrada por la fuerza de decenas de miles de personas de origen africano de toda clase y condición en ambas poblaciones españolas que han puesto de relieve la gravedad y el peligro de los desplazamientos masivos y descontrolados de la inmigración.

Como las dudas calaron también en el seno de la UE, otros países se han sumado a las peticiones italianas como ha sido el caso de Dinamarca, Suecia y Finlandia.. Con Sánchez parece que terminaremos volviendo a aquel tiempo en el que en los aeropuertos europeos había un pasillo para españoles como ha hecho ya Italia.. Francia y Portugal reforzaron también sus fronteras terrestres con España para evitar la entrada de los inmigrantes que se pudieran colar procedentes de las invadidas ciudades españolas..

Después de tres semanas del ataque fronterizo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas que lo es también del Partido Popular ( PP ) de las ciudad, denunció que aún permanecían en la localidad autónoma 11.000 extranjeros, marroquíes en su mayoría y que había una nueva convocatoria en las redes sociales para que el 15 de agosto volvieran a atacar la frontera irregularmente otras miles de personas -hecho felizmente evitado por la Policía marroquí-, cuando todavía seguían y siguen sin esclarecerse la información de que disponía el Gobierno sanchista previamente a la crisis.

En Ceuta, preocupan los datos delictivos que se van conociendo, particularmente las agresiones sexuales a las niñas marroquíes ( la Guardia Civil ha recibido 15 denuncias ), peleas entre menores y mayores por un poco de alimento en las que aparecen armas blancas ( navajas,cuchillos… ) situaciones que vulneran los más elementales derechos humanos; robos, hurtos y ocupación de viviendas cerradas; insalubridad contagiosa ( hay 22 ingresados hospitalarios -uno en la UCI- de enfermedades infecciosas del tipo sarna y tuberculosis ) que también están afectando a militares y policías que participan en los dispositivos de control de masas y un número muy insuficiente de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las personas cuidadoras de las colonias de animales callejeros denuncian la desaparición de numerosos gatos, palomas y gaviotas, según ha llegado a publicar un medio escrito. Hay guerra del hambre con peleas por comida, aseos y chabolas.

Después de 23 dias de la invasión, el miedo se ha apoderado de la población local que ha tenido que restringir mucho su movilidad social al estar ocupados todos los espacios públicos por extranjeros desconocidos y no tener garantizada su seguridad. Lo que el Gobierno denomina situación de normalidad es calificado como emergencia por los ciudadanos y autoridades locales.

Sánchez lo calcula todo en términos electorales y en Ceuta y Melilla no se juega su deseo de próximo mandato gubernamental porque se trata de pocos votantes pero se equivoca despachando el asunto con tanta ligereza. Es inaceptable que el Presidente del Gobierno no haya modificado sus vacaciones canarias porque la situación requiere -cuando menos- un gabinete de crisis y un mando unificado para resolver la tragedia de estas miles de personas que se niegan a abandonar nuestro país aunque el pasado viernes decidió centralizar la coordinación política de la crisis de Ceuta -Melilla no cuenta- en la persona del ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, cuyo nombramiento oficial se esspera en los próximos dias. Como sí se había hecho con algo tan importamte y peligroso para la población como es el pasado eclipse solar desplegando a miles de policías y guardias civiles para asegurar la convivencia ciudadana.

Mientras tanto, el rey de Marruecos, Mohamed VI, navega con su yate frente a la costa de Ceuta desde el pasado día 14 de agosto, escoltado por dos patrulleras de la Marina Real y varias motos acuáticas. Está disfrutando de sus vacaciones veraniegas desde el pequeño puerto pesquero de Castillejos colindante con Ceuta, además de festejar la conmemoración nacional del aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo del día 20 y la Fiesta de la Juventud del día 21 ambos de agosto. Como viene siendo habitual en este tipo de actos, ha indultado a 935 reclusos que cumplían condena por diversos delitos por la primera de las festividades y 667 por la segunda.

La visita que hizo Sánchez solo a Ceuta -Melilla no figuraba en su agenda- y que también fue invadida aunque en menor cantidad- fue tan fugaz -apenas duró unas horas- que tenía un único objetivo que era el que hubiese una fotografía de su presencia en la ciudad para los medios de comunicación, mientras que ahora la máxima preocupación del gabinete de agitación y propaganda de la Presidencia del Gobierno se centra en ocultar las chanclas de playa y el bañador que llevaba Sánchez en el retrato en que posaba en su mesa de despacho en la que ha convertido su residencia oficial de verano en la isla de Lanzarote, intentando transmitir la imagen de un presidente ocupado, trabajando, velando por la tranquilidad y el bienestar de los españoles.

Pero la situación no debe estar tan controlada desde el momento en que se obliga a las visitas de amigos y familiares en las instalaciones de verano, perteneciente al Patrimonio Nacional, de La Mareta a dejar sus teléfonos móviles antes de poder reunirse con Sánchez con el objetivo de eliminar cualquier posibilidad de grabación y difusión. Esto apunta al temor a otro asunto Pegasus y, por tanto, a que las relaciones con Marruecos están deterioradas y que siguen sin hacerse públicas las causas del colapso inmigratorio más grave que han sufrido nuestras fronteras en los últimos tiempos. Sánchez ha cedido siempre a las pretensiones de Marruecos, ocultando las razones. España no puede construir su seguridad fronteriza sobre la certeza de que Marruecos siempre la utilizará como instrumento de presión y de chantaje.

Una democracia seria tiene -entre otras- dos obligaciones simultáneas: por un lado, proteger al débil, al vulnerable y, por otro, controlar la frontera. Cuando renuncia a cualquiera de las dos, deja de ser un país democrático.. El Estado social y de derecho necesita un Gobierno capaz y riguroso. Sin dominio territorial, capacidad administrativa y autoridad, tampoco puede garantizar la vida en común.

Por si fuera poco, la utilización política de esta -en el fondo- tragedia humana está siendo descarada. A Pedro Sánchez le interesa confrontar con la derecha más radical para movilizar a su electorado y Meloni es la mejor coprotagonista que podía encontrar. A la primera ministra italiana también le ha venido -como anillo al dedo- la negligencia del Gobierno sanchista porque le da motivos para volver a agarrarse a la inmigración ilegal como bandera electoral a tan solo un año de las elecciones en Italia y, como consecuencia, la Unión Europea sufre una fractura interna de carácter histórico.

Desde la UE, se señala que el Estado español es quién debe asegurar el espacio Schengen europeo, al mismo tiempo que se mira con recelo la deficiente gestión de esta importante crisis, la increíble incapacidad del Gobierno para anticiparse al problema y a un Presidente que prioriza sus vacaciones veraniegas cuando en España se han vivido problemas de la importancia de los numerosos incendios que han quemado millones de hectáreas de terreno y las inútiles fronteras con Marruecos que se vieron desbordadas ante la transgresión de una muchedumbre extranjera que huía de la pobreza y de la miseria.

La derecha radical española se equivoca cuando convierte al inmigrante en enemigo. La extrema izquierda se equivoca cuando convierte la frontera en un mero e incómodo trámite burocrático. La democracia que tenemos debería de ser capaz de proteger ambas cosas, tanto la dignidad de las personas inmigrantes como la autoridad administrativa del Estado. Una frontera sin control no es progresista porque España no se puede convertir en la guardería de África y en un almacén de indocumentados a la espera de la siguiente legalización..

La izquierda española cometió un error cuando regaló a la derecha el concepto de frontera. Una línea divisoria no es un muro contra los pobres, es el lugar donde el Estado decide quién entra, cómo tiene que comportarse dentro y los derechos y deberes de los ciudadanos que hay que respetar y donde garantiza que ningún país extranjero pueda convertir seres humanos en instrumentos de presión.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

La organización de apoyo a los presos de ETA, SARE ( RED, en eusquera ), celebró a primeros del pasado mes de junio que el 61% de los antiguos miembros de ETA ingresados en prisión habían obtenido el grado de semilibertad desde la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, el uno de octubre de 2021. Así se revelaba de los números presentados por este organismo separatista que apuntaban que 73 de los 118 presos ya han obtenido beneficios carcelarios de esta índole.

En este sentido, el portavoz de SARE Joseba Azkárraga señaló que desde que modificó su criterio el Gobierno autonómico vasco, la situación ha cambiado para «transformar un escenario que durante años parecía inamovible». Desde la organización que defiende a los presos se apunta que se «cerrará un capítulo trágico de nuestra historia reciente».

Azkárraga explicó que hace 12 años, había 465 etarras repartidos en más de 50 cárceles en España y Francia, 140 de ellos en el país vecino. Hoy en día existen aproximadamente 120 de los que más del 60% han obtenido o el tercer grado ( salir de la prisión para realizar actividades ) o el segundo grado para salir de la cárcel para recibir apoyo para rehabilitarse ( la aplicación del artículo 100.2 penitenciario) también conocido como el tercer grado encubierto. A su juicio, el «cambio profundo de escenario» exigía adaptar las dinámicas de SARE, por lo que «el periodo 2026-2027 debía de ser un tiempo de transición.»

«Nuestro objetivo: que el último preso, exiliado y deportado vasco, regrese a casa», se ha decidido ante las diversas cesiones políticas realizadas en los últimos años. En este sentido, la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, ( fundamentalmente familiares y amigos ) espera que la protesta que se hará el próximo 9 de enero de 2027 sea la «última manifestación» y suponga la culminación de su trayectoria.

Por otro lado, confía en que la situación de los 40 presos de la banda que no han accedido a mejoras de grado «pueda modificarse en el transcurso del año por la aplicación del denominado ‘modelo penitenciario vasco’. «Ahora tenemos que manifestar, con la voluntad firme de que el 9 de enero, demos el paso definitivo para que palabras como convivencia y resolución, se hagan realidad.», ha concluido. Como se puede apreciar solo ve el camino de liberar a todos los exmilitantes de ETA sin excusas, ni pretextos.

Un total de 225 antiguos miembros de ETA han obtenido beneficios penales desde 2018. Así se desprende del último informe actualizado sobre la Política Penitenciaría editado por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). En este sentido, los datos se encuentran actualizados hasta el pasado 30 de abril e incluyen el segundo tercer grado concedido al terrorista, Ignacio Bilbao Beascoechea, alias Gadafi.

En el citado documento, los beneficios carcelarios de los presos terroristas se dividen en tres: libertades condicionales, terceros grados y las semilibertades por el artículo 100.2 ( la creada vía vasca ). Los dirigentes de esta banda criminal, María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto y Miguel Aspiazu Rubina, alias Txeroki se han beneficiado de esta vertiente. Estas modificaciones se iniciaron como pago al apoyo parlamentario para la llegada a la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez en un pacto político con BILDU que no se ha hecho publico hasta ahora para ocultar las vergüenzas socialistas ( votos por presos ).

Con una pequeña división entre los tres campos mencionados, se han producido un total de 147 terceros grados, ya sean acordados por el Gobierno vasco o antes de la cesión de competencias; 61 libertades condicionales, que en algunos casos han sido revocadas por la Fiscalía ante las demandas de las asociaciones de víctimas del terrorismo y un poco menos de 20 semilibertades gracias a la flexibilización del artículo 100.2 .forzada intencionadamente por la Consejería de Justicia y Derechos Humanos que está en las manos socialistas de María Jesús Carmen San José López de acuerdo con el reparto de competencias en el gobierno de coalición con los nacionalistas del PNV desde 2.024.

Entre las personas beneficiadas se encuentran jefes de la banda terrorista como Anboto, Txeroki, Gadafi, Karaka ( el asesino del profesor de Tomás y Valiente, Juan Bienzobas Arreche ) o el condenado a casi 5.000 años de prisión por 82 asesinatos, el militante francés experto en la la colocación de coches bomba ante cuarteles de la Guardia Civil, Henri Perot.

También ha entrado en esta lista el asesino de Miguel Ángel Blanco, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote a través de un atajo legal creado especificamente por los socialistas vascos ante los impedimentos judiciales y espera serlo también el dirigente de la organización terrorista, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera que se encuentra todavía pendiente de resolver un recurso ante la Justicia francesa.

Sin obtener la libertad o en su defecto pequeños permisos para salir entre semana de prisión, también se han registrado 382 acercamientos de presos a las cárceles del País Vasco.desde que se acordó el apoyo a Sánchez en el Congreso de los Diputados. Este es uno de los elementos que también denuncia el Colectivo de Víctima del Terrorismo ( COVITE ) debido a la glorificación de la izquierda radical vasca con los denominados actos de bienvenida ( ongi entorris de los presos de regreso a sus pueblos de origen ). Salvando las distancias en el impacto de los responsables de los GRAPO solamente se han producido cuatro desde la instauración de la reforma.

De cara al regreso de presos desde Francia para la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) «no existen refugiados ni deportados son terroristas que al tener cuentas pendientes con la justicia optan por no regresar a España». En diversas ocasiones se ha tachado de «demoledores» los actos permitidos por los autores que solamente tienen el objetivo de «pisotear y denigrar a las víctimas».También se indica que un total de 41 miembros, han abandonado las prisiones por finalizar su cumplimiento de condena. Aunque hayan sido condenados a muchos años en España no se pueden superar los 35 años entre rejas.

Llegados a este punto, es necesario hacer un poco de historia a modo de recordatorio para entender el favoritismo carcelario a estos terroristas. Corría el año 2021 y los Presupuestos Generales del Estado -cuando se presentaban ante el Congreso de los Diputados- se encontraban en la picota por falta de mayoría parlamentaria. Un Pedro Sánchez con mascarilla negociaba para sacar las cuentas financieras con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional.

En el mes de diciembre con los efectos económicos y sanitarios de la gripe china ( Covid-19 ) en su esplendor, aumentó la ayuda necesaria. Entre los grupos políticos que se sumaron, se encontraban los representantes de EH Bildu, coordinados por el antiguo miembro ETA, Arnaldo Otegi.

Dos meses antes, Otegi había mostrado su «corto» pesar por las víctimas de ETA. «Sentimos su dolor. Nunca debería haberse producido», aseguró en una declaración conjunta junto al representante de SORTU ( NACER, en eusquera ) partido político independentista heredero de Herri Batasuna e integrado en la federación de partidos separatistas vascos EH BILDU ( REUNIR en euskera, todo el País Vasco español y francés ). Siete horas le duró el lamento.

El dirigente de EH Bildu, justificó su apoyo al jefe de los socialistas para excarcelar a los presos de ETA. «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos. Así de alto y de claro os lo digo…Votaremos los presupuestos sin ningún problema. Y lo haremos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque eso (lo de sacar a los presos de la cárcel) lo tenemos aquí, en el frontispicio», sentenció con el típico tono duro que le caracteriza.

No le faltó espacio para aumentar sus deseos de proclamar la independencia -una vez más- del territorio vasco. En el mismo discurso pronunciado en Éibar (Guipúzcoa) ante sus fieles, valoró la necesidad de avanzar en el reconocimiento nacional para «decidir su futuro, en su cohesión territorial y en su poder competencial». La gravedad de la situación llegó hasta el Congreso de los Diputados.

En una tensa sesión en la Cámara Baja, el por entonces presidente del Partido Popular ( PP ), Pablo Casado, de manera concisa y directa preguntó a Pedro Sánchez «¿Va a sacar a 200 terroristas para que Otegi le apoye los Presupuestos?… No les debemos nada y sí a las víctimas del terrorismo. Memoria y justicia», sentenció el presidente popular con contundencia. «Rotundamente no. El PSOE no ha utilizado nunca el terrorismo cuando ETA mataba y no va a hacerlo ahora que no existe ETA diez años después», sentenció el responsable de los socialistas, negando lo acordado y oculto hasta ahora.

Es cierto que no se ha podido probar -de momento- que se diera una orden directa del Presidente del Gobierno para que se produjera la salida de presos de ETA, sin embargo, desde que consiguió el Gobierno casi 150 de ellos se han visto beneficiados por los cambios en la política penitenciaria. Ya sea por la concesión de la semilibertad o al amparo del tercer grado o su cumplimiento de condena, muchos han salido de prisión varias veces por semana.¿ Casualidad…, coincidencia…?.

Txeroki, ( que apretó el gatillo en el asesinato de Miguel Angel Blanco ) Goñi, Anboto, Gadafi o Kantauri, son algunos ejemplos. Con los números registrados por AVT desde el final de ETA, el reclamo de Otegi se encuentra cercano a cumplirse. Por el momento, varios de los asesinos no han recibido beneficios penitenciarios relacionados con su libertad por la vía judicial que se resiste a saltarse la legalidad. La premonición del portavoz de Bildu ha seguido su curso desde entonces.

La AVT recibió la notificación el pasado mes de julio de la concesión de otras dos flexibilizaciones ( eufemismo socialista ) del segundo grado a los presos de ETA Alberto López de la Calle, «Mobutu», y Juan Ramón Carasatorre, asesino de Gregorio Ordóñez. Caarasatorre obtuvo esta medida después de que la Audiencia Nacional revocara una decisión anterior al considerar que no reunía los requisitos necesarios.

Con estas dos nuevas decisiones, ya son 122 los progresos al tercer grado y 25 las flexibilizaciones de grado concedidas desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias de las cárceles. Como consecuencia de esta política, de los aproximadamente 120 presos de ETA que permanecen en prisión, solo 36 continúan en régimen ordinario sin salir de ellas.

La AVT lleva años denunciando una política penitenciaria impulsada por el Gobierno Vasco que, a su juicio, persigue vaciar las cárceles de presos de ETA antes de que cumplan íntegramente sus condenas. Los datos confirman, una vez más, los peores pronósticos de la asociación: si se mantiene este ritmo, en dos o tres años, apenas quedarán presos de ETA en las cárceles.

A esta situación, se suma una decisión que consideran especialmente grave y es que la AVT dejará de recibir estas resoluciones -desde julio- con la antelación suficiente para poder informar personalmente, a través de su equipo de psicólogos, a las víctimas directamente afectadas antes de que conozcan estas decisiones por los medios de comunicación.

Esta medida está impidiendo que puedan seguir garantizando una atención adecuada a las víctimas y está aumentando el riesgo de revictimización que supone enterarse por la prensa de decisiones que afectan directamente a los responsables de los atentados que sufrieron. Resulta particularmente llamativo que esta decisión coincidiera con el reciente cambio en la presidencia de la AVT en el pasado mes de mayo y con el endurecimiento de las críticas y acciones de protesta que la asociación viene manteniendo frente a la política carcelaria del Gobierno Vasco».

«Consideran inaceptable que se dificulte la labor de acompañamiento e información que la AVT presta a las víctimas precisamente cuando más la necesitan, tras decisiones como estas, que vuelven a generarles dolor y un evidente sentimiento de revictimización. Esto confirma que el Gobierno Vasco está más preocupado por los presos de ETA que por las víctimas del terrorismo, situando a los terroristas en el centro de sus políticas y anteponiéndolos a quienes sufrieron sus crímenes. Con decisiones como esta demuestran que les importa poco impulsar un régimen sancionador que evite la humillación a las víctimas del terrorismo, cuando son ellos los primeros que nos humillan», añade la AVT.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

Aunque el porcentaje de emigrantes respecto a la población mundial es muy inferior al que cabe suponer por el impacto que está produciendo en todos los ámbitos ( económico, social y político ), su número no deja de crecer y seguirá aumentando debido al desigual desarrollo de los países, la tendencia universal a la movilidad social y la facilidad en el transporte y las comunicaciones que son constantes de la sociedad global.

Por todo ello, los emigrantes eligen destino de su aventura en los países donde esperan encontrar mejores oportunidades. España, por un conjunto de diversas razones, es de los que ha tenido una mayor afluencia de inmigrantes en las últimas décadas. De no haber tenido lugar esta llegada de millones de extranjeros, nuestro país estaría hoy sufriendo una notable pérdida de habitantes al carecer de una política de protección de la natalidad y potenciarse el aborto aún en menores que habitan y dependen de sus padres.

Sucede que el recibimiento en Europa de personas procedentes de otros lugares, cercanos o lejanos, no siempre ha sido pacífico. El temor al extraño, las diferencias de culturas y estilos de vida y la sensación de riesgo para el bienestar propio por no hablar de la posible amenaza a la seguridad pública, han sido con frecuencia origen de tensiones y conflictos. Muchos europeos han sentido su estabilidad y su confort perturbados por la presencia inquietante de los recién llegados del mundo subdesarrollado.

De ese estado de ánimo han surgido movimientos políticos que han hecho bandera del rechazo a la inmigración. La sociedad europea está dividida al respecto pero lo cierto es que las actitudes contrarias y el apoyo electoral a los partidos populistas de la derecha conservadora han ido progresando hasta el punto de que son mayoritarios en algunos países y los gobiernos, del signo que sean, se ven obligados a definir una política inmigratoria en medio del desacuerdo de los ciudadanos.

Es lo que está ocurriendo en España con algún retraso. Y como es habitual entre nosotros, estamos abordando el problema con un planteamiento inicial desenfocado y un enredo adicional de segundas intenciones. España ha sido un país de emigración y ahora lo es, sobre todo, de inmigración. Los barómetros del denostado Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ) constatan que los inmigrantes, procedentes la mayoría de Hispanoamérica, norte de África y Europa del este, están cada vez más presentes en nuestra sociedad y que el porcentaje de españoles que consideran esto como uno de los principales problemas del país va en aumento. Así las cosas, teniendo en cuenta la experiencia europea y el potencial polarizador que manifiesta este asunto, se hace necesaria una actualización de la entrada, la estancia y en su caso la integración de los inmigrantes.

Pero hemos empezado mal la tarea. Dado el carácter tan polémico de la cuestión, antes de redactar normas y tomar decisiones es conveniente un debate público bien informado que no se ha querido tener. Ni siquiera ha habido el propósito de abrirlo. Por el contrario, lo que se ha hecho -intencionadamente- fue introducir el problema de lleno en la pelea política. El Gobierno sanchista, vencido en esta ocasión hacia el costado extremo izquierdo, proclama una retórica de puertas abiertas sin calibrar la suficiencia de los recursos disponibles y las consecuencias previsibles.

En el lado opuesto, la derecha radical, alineada en perfecta sintonía con el populismo europeo, eleva el tono en la cuestión inmigratoria y pone como condición para firmar pactos la adopción de medidas muy restrictivas, en particular contra la inmigración ilegal, sin disimular de paso su rechazo selectivo a la entrada masiva de inmigrantes musulmanes

El Partido Popular ( PP ) ha acercado su postura a la de Vox, y en Extremadura, Aragón, Castilla y Leóny Andalucía se ha comprometido a aplicar una política sobre todo disciplinaria y de control con los inmigrantes indocumentados. ¿Es esta la política inmigratoria que propone el PP o el peaje que debe pagar para gobernar? Lo que es seguro es que los pactos autonómicos en esta materia servirán de munición en la campaña de las próximas elecciones generales, lo mismo, en sentido contrario, que la política del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Mientras el problema que suscita la inmigración no será tratado en unos términos consensuados, ni equilibrados.

Es un fenómeno de mayor o menor magnitud según la coyuntura, relevante e irreversible. La inmigración no cesará y la integración no siempre será natural y espontánea. Requerirá contención de las emociones, una política bien pensada, cuidadosa, si es posible acordada, que no debiera diseñarse por imposición de un gobierno o partido sin conocer las actitudes y la opinión de los ciudadanos. España carece de tal política. Pero la necesita si queremos reducir el problema y favorecer la convivencia.

El pasado 16 de abril dio comienzo el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que, de forma unilateral y sin consultas con la oposición, puso en marcha el Gobierno de coalición sanchista y que terminó el 30 de junio. Pese a que los criterios para acceder a esa legalización eran haber residido en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar al menos cinco meses de estancia continuada, la falta de concreción ante determinados trámites, la documentación que se debía de aportar y la escasez de funcionarios para asumir la avalancha de solicitudes ha ocasionado numerosas imágenes de larguísimas colas de personas esperando a la intemperie, días incluso, el acceso a una cita para formalizar los procedimientos.

Las críticas ante este caos generado por este Gobierno escorado a la extrema izquierda, no han venido solo del lado de los partidos contrarios, llegaban también desde los sectores implicados, unos por la falta de formación de los funcionarios receptores ya que se ha habilitado a Organizaciones No Gubernamentales ( ONG ) para dichos procedimientos o incluso desde los sindicatos de la Policía que alertaban de la falta de rigor e imposibilidad de verificación de la documentación que se debía de aportar.

Pero, ¿ cómo ha llegado España a este proceso de regularización ? ¿ Estaba el país preparado para asumir una cantidad de legalizaciones que ni el propio Gobierno quería concretar -aunque lo sabía- para no alarmar a la población ?. La situación humanitaria en España empieza a ser inquietante: 10.004.581 personas que residen en España no han nacido en nuestro país. Frente a 39.566.144 nacionales. Es decir, que el 20,2% de los habitantes ha nacido fuera de España. Uno de cada cinco. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 31 de diciembre de 2025. Los especialistas en inmigración estiman que una sociedad que tenga más del 10% de su población de origen extranjero empieza a estar tensionada.

Recientemente, conocíamos el Balance del Mercado Laboral de 2025, del sindicato Unión Sindical Obrera ( USO ), en el que demostraba que el paro en España alcanzaba el 15,5%, sumando 3.854.911 personas. Las cifras de la Seguridad Social en el primer trimestre de 2026, indicaban que el número de extranjeros de alta en el sistema era de 3.210.000. Este dato ya denunciaba la falta de control inmigratorio y demostraba que están llenando España de personas que no son necesarias para nuestra economía además con perfiles mayoritarios de escasa o nula cualificación.

Por lo que generalmente son una carga económica para la nación (sanidad, educación, servicios sociales, subsidios, ayudas, etc, y ya empiezan a pesar entre los pensionistas), así como el principal agente presionador de precios de la vivienda y, según fuentes policiales, superan en cuatro veces la media española en cuanto a delincuencia. Mientras Europa se blinda e incluso aprueba el reenvío de inmigrantes a terceros países, en España sucede todo lo contrario y vota en contra de esa resolución.

Nuestro país, pese a carecer de una política inmigratoria clara, tiene la gran fortuna de que el 75% de la inmigración recibida es afín a nuestra cultura: el 48% procede de Hispanoamérica y el 27% de Europa, lo que modula el rechazo que hay al inmigrante en otros países de nuestro entorno en donde su origen mayoritario es africano, tanto magrebí como subsahariano como ocurre en Francia o Italia, por ejemplo. En España, la inmigración procedente del continente africano es moderada, solo del 17% del total. Pero las altas tasas de paro de magrebíes y subsaharianos que alcanzan el 25%, así como de la segunda generación de inmigrantes, con un 17%, representan un fracaso en la integración y conllevan un riesgo para la cohesión social y un coste impagable para el estado de bienestar.

Además, las cotizaciones de los trabajadores extranjeros están muy por debajo de las de los nacionales españoles. La media de un español es de 2.275 euros. Le sigue la de los inmigrantes europeos con 1.850 euros. Mientras que la cotización media de los hispanoamericanos es de 1.585 euros. La de procedentes de África es de 1.554 euros y la de asiáticos de 1.499 euros. Ya está pasando que la Seguridad Social no puede atender el pago de todas las pensiones con unos ingresos tan bajos por lo que se está viendo obligada a recurrir a la ingeniería financiera para no recortar las retribuciones a los jubilados, empezando por los españoles nacionales..

La inmigración regulada no solo protege de abusos al inmigrante sino que beneficia a la nación al importar mano de obra cualificada para determinados sectores económicos que no cubren sus demandas con la población laboral nacional. Pero ese no es el criterio del actual Gobierno populista de Pedro Sánchez ya que este acoge a todos los que lleguen, con independencia de su preparación y el consiguiente problema económico y social que genera.

El Ministerio del Interior, al mando de Fernando Grande-Marlasca, ha decretado como «secreta o reservada» toda la información sobre la regularización masiva que reclamó el Partido Popular en el Congreso. Así consta en una respuesta remitida al citado grupo parlamentario que previamente había registrado varias peticiones para acceder a los informes técnicos.

«Por lo que se refiere al ámbito de competencias del Ministerio del Interior, se informa de que lo solicitado se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales, en concreto, por la Ley 9/1968, de 5 de abril, y los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, y de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, por los que se clasificaban determinados asuntos y materias con arreglo a la citada Ley.»

De este modo y mediante estos Acuerdos, se otorgaron con carácter genérico, la clasificación de SECRETO O RESERVADO: «según corresponda, todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdoso convenios. Entre ellos, una copia de los informes, notas técnicas, evaluaciones de riesgo o documentos internos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Unidades Policiales de ella dependientes, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales ( UCRIF ) o el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ( CENIF ) sobre la regularización masiva» y sobre los que el Gobierno se niega a facilitar los datos requeridos.

Ana Vázquez, diputada y portavoz de Interior del PP, ha sacado a la luz la resolución en la red social X (antiguo Twitter) y ha arremetido duramente contra el Gobierno de Sánchez. «Interior no envió ningún informe al Ministerio de Inclusión. Nos ocultan el número, los antecedentes penales y policiales hasta dentro de 35 años. Son una mafia!!», ha advertido. El Gobierno sanchista no sólo se escuda en el secreto oficial, sino que asegura que «no le consta la existencia de dichos informes» solicitados .