AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Díaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

Si Pedro Sánchez estaba esperando que se produjese un repunte en la intención de voto para convocar elecciones generales, se ha equivocado bastante porque la situación política española ha empeorado considerablemente con respecto a antes del verano. Los incendios que han arrasado varios millones de hectáreas en toda la geografía nacional y la invasión de inmigrantes en Ceuta y Melilla, dan la puntilla a una legislatura aciaga y estéril en la que al estado de ingobernabilidad se le suman graves errores en la gestión de los problemas.

La avalancha de más de 100,000 marroquíes y subsaharianos en territorio español aunque solo se reconozcan 70.000 ( la Policía llegó a contabilizar 72.500 salidas voluntarias ) y la muerte de más de 150 de ellos ( en el lado de Ceuta se han recogido 82 cadáveres y 42 se admiten en el otro lado por el momento ) han dejado a 10.000 de ellos solo en Ceuta ( de Melilla no hay datos ) de los cuales la mitad son menores de edad de ambos sexos. De los fallecidos tres han sido identificados y en la frontera marroquí para su repatriación le han puesto una tarifa aduanera de 2.500 euros por cadáver que los familiares no pueden pagar.

Este ataque a la integridad española ha tenido dos consecuencias inmediatas. La primera tiene que ver con la capacidad para defender el territorio nacional del Gobierno sanchista que ha ridiculizado a nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos policiales que no lo han podido impedir. Debería aclararse -cosa que no va a ocurrir- si existía o no información acerca de lo que se estuvo fraguando las semanas y días previos en tierras marroquíes.porque una concentración de personas de esta magnitud no se puede disimular, ni ocultar porque hacen mucho ruido.

En caso de haberla, Sánchez tendría que explicar por qué no se tomaron medidas para evitarla y, en caso de no existir, el problema tendría una envergadura mayor porque no estaría garantizada la seguridad nacional, ni la necesidaad de tener a los diversos servicios de información del Estado que hay. Por eso, todo aparenta ser un teatrillo para evitar responsabilidades.

La guerra entre los ministerios de Interior y Defensa apenas se disimula, el Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) especialmente, ha sido puesto en cuestión por diversas fuentes gubernamentales ( algo inédito ) y Margarita Robles -que es de quién depende- ha deslizado que el órgano de seguridad alertó en su momento de lo que podría ocurrir, apuntando a Interior de pasividad.

La segunda consecuencia de la crisis inmigratoria tiene que ver con la pérdida de prestigio internacional de España. Si era poca la tensión que se arrastra desde hace más de un año con Estados Unidos y con Israel y la disputa sobre el gasto militar español, esta vez son además los socios comunitarios los que empiezan a ver a España como un país poco fiable.

Las fronteras de Ceuta y Melilla son unas demarcaciones jurídicas de alcance europeo y tienen reconocimiento internacional, no son solo españolas y, en medio del debate inmigratorio y con la derecha creciendo en todos los países, la ¿ extraña ? gestión que hace Sánchez de las relaciones con Marruecos han dado gasolina a los discursos más duros respecto a la inmigración.

De momento, es Italia la que vuelve a arremeter, después de reclamar la suspensión de la pertenencia de España al espacio Schengen ( acuerdo de los países europeos para eliminar las fronteras interiores y potenciar las exteriores ) en esta ocasión, pidiendo que sea la capital comunitaria, Bruselas, la que se encargue directamente de asegurar la frontera europea en Ceuta y Melilla.

Su iniciativa contó con el apoyo de 22 de los 27 países que integran la Unión Europea ( UE ). La Presidente del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni trataba así, por un lado, de fortalecer su discurso antiimigratorio base de su programa electoral y, por otro, dibujar un Gobierno español incapaz de asumir la tarea de defender su territorio nacional que es también comunitario.

Sin olvidar que las posiciones más aperturistas en materia inmigratoria de nuestra izquierda, en general, han recibido un duro golpe con la entrada por la fuerza de decenas de miles de personas de origen africano de toda clase y condición en ambas poblaciones españolas que han puesto de relieve la gravedad y el peligro de los desplazamientos masivos y descontrolados de la inmigración.

Como las dudas calaron también en el seno de la UE, otros países se han sumado a las peticiones italianas como ha sido el caso de Dinamarca, Suecia y Finlandia.. Con Sánchez parece que terminaremos volviendo a aquel tiempo en el que en los aeropuertos europeos había un pasillo para españoles como ha hecho ya Italia.. Francia y Portugal reforzaron también sus fronteras terrestres con España para evitar la entrada de los inmigrantes que se pudieran colar procedentes de las invadidas ciudades españolas..

Después de tres semanas del ataque fronterizo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas que lo es también del Partido Popular ( PP ) de las ciudad, denunció que aún permanecían en la localidad autónoma 11.000 extranjeros, marroquíes en su mayoría y que había una nueva convocatoria en las redes sociales para que el 15 de agosto volvieran a atacar la frontera irregularmente otras miles de personas -hecho felizmente evitado por la Policía marroquí-, cuando todavía seguían y siguen sin esclarecerse la información de que disponía el Gobierno sanchista previamente a la crisis.

En Ceuta, preocupan los datos delictivos que se van conociendo, particularmente las agresiones sexuales a las niñas marroquíes ( la Guardia Civil ha recibido 15 denuncias ), peleas entre menores y mayores por un poco de alimento en las que aparecen armas blancas ( navajas,cuchillos… ) situaciones que vulneran los más elementales derechos humanos; robos, hurtos y ocupación de viviendas cerradas; insalubridad contagiosa ( hay 22 ingresados hospitalarios -uno en la UCI- de enfermedades infecciosas del tipo sarna y tuberculosis ) que también están afectando a militares y policías que participan en los dispositivos de control de masas y un número muy insuficiente de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las personas cuidadoras de las colonias de animales callejeros denuncian la desaparición de numerosos gatos, palomas y gaviotas, según ha llegado a publicar un medio escrito. Hay guerra del hambre con peleas por comida, aseos y chabolas.

Después de 23 dias de la invasión, el miedo se ha apoderado de la población local que ha tenido que restringir mucho su movilidad social al estar ocupados todos los espacios públicos por extranjeros desconocidos y no tener garantizada su seguridad. Lo que el Gobierno denomina situación de normalidad es calificado como emergencia por los ciudadanos y autoridades locales.

Sánchez lo calcula todo en términos electorales y en Ceuta y Melilla no se juega su deseo de próximo mandato gubernamental porque se trata de pocos votantes pero se equivoca despachando el asunto con tanta ligereza. Es inaceptable que el Presidente del Gobierno no haya modificado sus vacaciones canarias porque la situación requiere -cuando menos- un gabinete de crisis y un mando unificado para resolver la tragedia de estas miles de personas que se niegan a abandonar nuestro país aunque el pasado viernes decidió centralizar la coordinación política de la crisis de Ceuta -Melilla no cuenta- en la persona del ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, cuyo nombramiento oficial se esspera en los próximos dias. Como sí se había hecho con algo tan importamte y peligroso para la población como es el pasado eclipse solar desplegando a miles de policías y guardias civiles para asegurar la convivencia ciudadana.

Mientras tanto, el rey de Marruecos, Mohamed VI, navega con su yate frente a la costa de Ceuta desde el pasado día 14 de agosto, escoltado por dos patrulleras de la Marina Real y varias motos acuáticas. Está disfrutando de sus vacaciones veraniegas desde el pequeño puerto pesquero de Castillejos colindante con Ceuta, además de festejar la conmemoración nacional del aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo del día 20 y la Fiesta de la Juventud del día 21 ambos de agosto. Como viene siendo habitual en este tipo de actos, ha indultado a 935 reclusos que cumplían condena por diversos delitos por la primera de las festividades y 667 por la segunda.

La visita que hizo Sánchez solo a Ceuta -Melilla no figuraba en su agenda- y que también fue invadida aunque en menor cantidad- fue tan fugaz -apenas duró unas horas- que tenía un único objetivo que era el que hubiese una fotografía de su presencia en la ciudad para los medios de comunicación, mientras que ahora la máxima preocupación del gabinete de agitación y propaganda de la Presidencia del Gobierno se centra en ocultar las chanclas de playa y el bañador que llevaba Sánchez en el retrato en que posaba en su mesa de despacho en la que ha convertido su residencia oficial de verano en la isla de Lanzarote, intentando transmitir la imagen de un presidente ocupado, trabajando, velando por la tranquilidad y el bienestar de los españoles.

Pero la situación no debe estar tan controlada desde el momento en que se obliga a las visitas de amigos y familiares en las instalaciones de verano, perteneciente al Patrimonio Nacional, de La Mareta a dejar sus teléfonos móviles antes de poder reunirse con Sánchez con el objetivo de eliminar cualquier posibilidad de grabación y difusión. Esto apunta al temor a otro asunto Pegasus y, por tanto, a que las relaciones con Marruecos están deterioradas y que siguen sin hacerse públicas las causas del colapso inmigratorio más grave que han sufrido nuestras fronteras en los últimos tiempos. Sánchez ha cedido siempre a las pretensiones de Marruecos, ocultando las razones. España no puede construir su seguridad fronteriza sobre la certeza de que Marruecos siempre la utilizará como instrumento de presión y de chantaje.

Una democracia seria tiene -entre otras- dos obligaciones simultáneas: por un lado, proteger al débil, al vulnerable y, por otro, controlar la frontera. Cuando renuncia a cualquiera de las dos, deja de ser un país democrático.. El Estado social y de derecho necesita un Gobierno capaz y riguroso. Sin dominio territorial, capacidad administrativa y autoridad, tampoco puede garantizar la vida en común.

Por si fuera poco, la utilización política de esta -en el fondo- tragedia humana está siendo descarada. A Pedro Sánchez le interesa confrontar con la derecha más radical para movilizar a su electorado y Meloni es la mejor coprotagonista que podía encontrar. A la primera ministra italiana también le ha venido -como anillo al dedo- la negligencia del Gobierno sanchista porque le da motivos para volver a agarrarse a la inmigración ilegal como bandera electoral a tan solo un año de las elecciones en Italia y, como consecuencia, la Unión Europea sufre una fractura interna de carácter histórico.

Desde la UE, se señala que el Estado español es quién debe asegurar el espacio Schengen europeo, al mismo tiempo que se mira con recelo la deficiente gestión de esta importante crisis, la increíble incapacidad del Gobierno para anticiparse al problema y a un Presidente que prioriza sus vacaciones veraniegas cuando en España se han vivido problemas de la importancia de los numerosos incendios que han quemado millones de hectáreas de terreno y las inútiles fronteras con Marruecos que se vieron desbordadas ante la transgresión de una muchedumbre extranjera que huía de la pobreza y de la miseria.

La derecha radical española se equivoca cuando convierte al inmigrante en enemigo. La extrema izquierda se equivoca cuando convierte la frontera en un mero e incómodo trámite burocrático. La democracia que tenemos debería de ser capaz de proteger ambas cosas, tanto la dignidad de las personas inmigrantes como la autoridad administrativa del Estado. Una frontera sin control no es progresista porque España no se puede convertir en la guardería de África y en un almacén de indocumentados a la espera de la siguiente legalización..

La izquierda española cometió un error cuando regaló a la derecha el concepto de frontera. Una línea divisoria no es un muro contra los pobres, es el lugar donde el Estado decide quién entra, cómo tiene que comportarse dentro y los derechos y deberes de los ciudadanos que hay que respetar y donde garantiza que ningún país extranjero pueda convertir seres humanos en instrumentos de presión.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

La organización de apoyo a los presos de ETA, SARE ( RED, en eusquera ), celebró a primeros del pasado mes de junio que el 61% de los antiguos miembros de ETA ingresados en prisión habían obtenido el grado de semilibertad desde la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, el uno de octubre de 2021. Así se revelaba de los números presentados por este organismo separatista que apuntaban que 73 de los 118 presos ya han obtenido beneficios carcelarios de esta índole.

En este sentido, el portavoz de SARE Joseba Azkárraga señaló que desde que modificó su criterio el Gobierno autonómico vasco, la situación ha cambiado para «transformar un escenario que durante años parecía inamovible». Desde la organización que defiende a los presos se apunta que se «cerrará un capítulo trágico de nuestra historia reciente».

Azkárraga explicó que hace 12 años, había 465 etarras repartidos en más de 50 cárceles en España y Francia, 140 de ellos en el país vecino. Hoy en día existen aproximadamente 120 de los que más del 60% han obtenido o el tercer grado ( salir de la prisión para realizar actividades ) o el segundo grado para salir de la cárcel para recibir apoyo para rehabilitarse ( la aplicación del artículo 100.2 penitenciario) también conocido como el tercer grado encubierto. A su juicio, el «cambio profundo de escenario» exigía adaptar las dinámicas de SARE, por lo que «el periodo 2026-2027 debía de ser un tiempo de transición.»

«Nuestro objetivo: que el último preso, exiliado y deportado vasco, regrese a casa», se ha decidido ante las diversas cesiones políticas realizadas en los últimos años. En este sentido, la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, ( fundamentalmente familiares y amigos ) espera que la protesta que se hará el próximo 9 de enero de 2027 sea la «última manifestación» y suponga la culminación de su trayectoria.

Por otro lado, confía en que la situación de los 40 presos de la banda que no han accedido a mejoras de grado «pueda modificarse en el transcurso del año por la aplicación del denominado ‘modelo penitenciario vasco’. «Ahora tenemos que manifestar, con la voluntad firme de que el 9 de enero, demos el paso definitivo para que palabras como convivencia y resolución, se hagan realidad.», ha concluido. Como se puede apreciar solo ve el camino de liberar a todos los exmilitantes de ETA sin excusas, ni pretextos.

Un total de 225 antiguos miembros de ETA han obtenido beneficios penales desde 2018. Así se desprende del último informe actualizado sobre la Política Penitenciaría editado por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). En este sentido, los datos se encuentran actualizados hasta el pasado 30 de abril e incluyen el segundo tercer grado concedido al terrorista, Ignacio Bilbao Beascoechea, alias Gadafi.

En el citado documento, los beneficios carcelarios de los presos terroristas se dividen en tres: libertades condicionales, terceros grados y las semilibertades por el artículo 100.2 ( la creada vía vasca ). Los dirigentes de esta banda criminal, María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto y Miguel Aspiazu Rubina, alias Txeroki se han beneficiado de esta vertiente. Estas modificaciones se iniciaron como pago al apoyo parlamentario para la llegada a la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez en un pacto político con BILDU que no se ha hecho publico hasta ahora para ocultar las vergüenzas socialistas ( votos por presos ).

Con una pequeña división entre los tres campos mencionados, se han producido un total de 147 terceros grados, ya sean acordados por el Gobierno vasco o antes de la cesión de competencias; 61 libertades condicionales, que en algunos casos han sido revocadas por la Fiscalía ante las demandas de las asociaciones de víctimas del terrorismo y un poco menos de 20 semilibertades gracias a la flexibilización del artículo 100.2 .forzada intencionadamente por la Consejería de Justicia y Derechos Humanos que está en las manos socialistas de María Jesús Carmen San José López de acuerdo con el reparto de competencias en el gobierno de coalición con los nacionalistas del PNV desde 2.024.

Entre las personas beneficiadas se encuentran jefes de la banda terrorista como Anboto, Txeroki, Gadafi, Karaka ( el asesino del profesor de Tomás y Valiente, Juan Bienzobas Arreche ) o el condenado a casi 5.000 años de prisión por 82 asesinatos, el militante francés experto en la la colocación de coches bomba ante cuarteles de la Guardia Civil, Henri Perot.

También ha entrado en esta lista el asesino de Miguel Ángel Blanco, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote a través de un atajo legal creado especificamente por los socialistas vascos ante los impedimentos judiciales y espera serlo también el dirigente de la organización terrorista, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera que se encuentra todavía pendiente de resolver un recurso ante la Justicia francesa.

Sin obtener la libertad o en su defecto pequeños permisos para salir entre semana de prisión, también se han registrado 382 acercamientos de presos a las cárceles del País Vasco.desde que se acordó el apoyo a Sánchez en el Congreso de los Diputados. Este es uno de los elementos que también denuncia el Colectivo de Víctima del Terrorismo ( COVITE ) debido a la glorificación de la izquierda radical vasca con los denominados actos de bienvenida ( ongi entorris de los presos de regreso a sus pueblos de origen ). Salvando las distancias en el impacto de los responsables de los GRAPO solamente se han producido cuatro desde la instauración de la reforma.

De cara al regreso de presos desde Francia para la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) «no existen refugiados ni deportados son terroristas que al tener cuentas pendientes con la justicia optan por no regresar a España». En diversas ocasiones se ha tachado de «demoledores» los actos permitidos por los autores que solamente tienen el objetivo de «pisotear y denigrar a las víctimas».También se indica que un total de 41 miembros, han abandonado las prisiones por finalizar su cumplimiento de condena. Aunque hayan sido condenados a muchos años en España no se pueden superar los 35 años entre rejas.

Llegados a este punto, es necesario hacer un poco de historia a modo de recordatorio para entender el favoritismo carcelario a estos terroristas. Corría el año 2021 y los Presupuestos Generales del Estado -cuando se presentaban ante el Congreso de los Diputados- se encontraban en la picota por falta de mayoría parlamentaria. Un Pedro Sánchez con mascarilla negociaba para sacar las cuentas financieras con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional.

En el mes de diciembre con los efectos económicos y sanitarios de la gripe china ( Covid-19 ) en su esplendor, aumentó la ayuda necesaria. Entre los grupos políticos que se sumaron, se encontraban los representantes de EH Bildu, coordinados por el antiguo miembro ETA, Arnaldo Otegi.

Dos meses antes, Otegi había mostrado su «corto» pesar por las víctimas de ETA. «Sentimos su dolor. Nunca debería haberse producido», aseguró en una declaración conjunta junto al representante de SORTU ( NACER, en eusquera ) partido político independentista heredero de Herri Batasuna e integrado en la federación de partidos separatistas vascos EH BILDU ( REUNIR en euskera, todo el País Vasco español y francés ). Siete horas le duró el lamento.

El dirigente de EH Bildu, justificó su apoyo al jefe de los socialistas para excarcelar a los presos de ETA. «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos. Así de alto y de claro os lo digo…Votaremos los presupuestos sin ningún problema. Y lo haremos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque eso (lo de sacar a los presos de la cárcel) lo tenemos aquí, en el frontispicio», sentenció con el típico tono duro que le caracteriza.

No le faltó espacio para aumentar sus deseos de proclamar la independencia -una vez más- del territorio vasco. En el mismo discurso pronunciado en Éibar (Guipúzcoa) ante sus fieles, valoró la necesidad de avanzar en el reconocimiento nacional para «decidir su futuro, en su cohesión territorial y en su poder competencial». La gravedad de la situación llegó hasta el Congreso de los Diputados.

En una tensa sesión en la Cámara Baja, el por entonces presidente del Partido Popular ( PP ), Pablo Casado, de manera concisa y directa preguntó a Pedro Sánchez «¿Va a sacar a 200 terroristas para que Otegi le apoye los Presupuestos?… No les debemos nada y sí a las víctimas del terrorismo. Memoria y justicia», sentenció el presidente popular con contundencia. «Rotundamente no. El PSOE no ha utilizado nunca el terrorismo cuando ETA mataba y no va a hacerlo ahora que no existe ETA diez años después», sentenció el responsable de los socialistas, negando lo acordado y oculto hasta ahora.

Es cierto que no se ha podido probar -de momento- que se diera una orden directa del Presidente del Gobierno para que se produjera la salida de presos de ETA, sin embargo, desde que consiguió el Gobierno casi 150 de ellos se han visto beneficiados por los cambios en la política penitenciaria. Ya sea por la concesión de la semilibertad o al amparo del tercer grado o su cumplimiento de condena, muchos han salido de prisión varias veces por semana.¿ Casualidad…, coincidencia…?.

Txeroki, ( que apretó el gatillo en el asesinato de Miguel Angel Blanco ) Goñi, Anboto, Gadafi o Kantauri, son algunos ejemplos. Con los números registrados por AVT desde el final de ETA, el reclamo de Otegi se encuentra cercano a cumplirse. Por el momento, varios de los asesinos no han recibido beneficios penitenciarios relacionados con su libertad por la vía judicial que se resiste a saltarse la legalidad. La premonición del portavoz de Bildu ha seguido su curso desde entonces.

La AVT recibió la notificación el pasado mes de julio de la concesión de otras dos flexibilizaciones ( eufemismo socialista ) del segundo grado a los presos de ETA Alberto López de la Calle, «Mobutu», y Juan Ramón Carasatorre, asesino de Gregorio Ordóñez. Caarasatorre obtuvo esta medida después de que la Audiencia Nacional revocara una decisión anterior al considerar que no reunía los requisitos necesarios.

Con estas dos nuevas decisiones, ya son 122 los progresos al tercer grado y 25 las flexibilizaciones de grado concedidas desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias de las cárceles. Como consecuencia de esta política, de los aproximadamente 120 presos de ETA que permanecen en prisión, solo 36 continúan en régimen ordinario sin salir de ellas.

La AVT lleva años denunciando una política penitenciaria impulsada por el Gobierno Vasco que, a su juicio, persigue vaciar las cárceles de presos de ETA antes de que cumplan íntegramente sus condenas. Los datos confirman, una vez más, los peores pronósticos de la asociación: si se mantiene este ritmo, en dos o tres años, apenas quedarán presos de ETA en las cárceles.

A esta situación, se suma una decisión que consideran especialmente grave y es que la AVT dejará de recibir estas resoluciones -desde julio- con la antelación suficiente para poder informar personalmente, a través de su equipo de psicólogos, a las víctimas directamente afectadas antes de que conozcan estas decisiones por los medios de comunicación.

Esta medida está impidiendo que puedan seguir garantizando una atención adecuada a las víctimas y está aumentando el riesgo de revictimización que supone enterarse por la prensa de decisiones que afectan directamente a los responsables de los atentados que sufrieron. Resulta particularmente llamativo que esta decisión coincidiera con el reciente cambio en la presidencia de la AVT en el pasado mes de mayo y con el endurecimiento de las críticas y acciones de protesta que la asociación viene manteniendo frente a la política carcelaria del Gobierno Vasco».

«Consideran inaceptable que se dificulte la labor de acompañamiento e información que la AVT presta a las víctimas precisamente cuando más la necesitan, tras decisiones como estas, que vuelven a generarles dolor y un evidente sentimiento de revictimización. Esto confirma que el Gobierno Vasco está más preocupado por los presos de ETA que por las víctimas del terrorismo, situando a los terroristas en el centro de sus políticas y anteponiéndolos a quienes sufrieron sus crímenes. Con decisiones como esta demuestran que les importa poco impulsar un régimen sancionador que evite la humillación a las víctimas del terrorismo, cuando son ellos los primeros que nos humillan», añade la AVT.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

Aunque el porcentaje de emigrantes respecto a la población mundial es muy inferior al que cabe suponer por el impacto que está produciendo en todos los ámbitos ( económico, social y político ), su número no deja de crecer y seguirá aumentando debido al desigual desarrollo de los países, la tendencia universal a la movilidad social y la facilidad en el transporte y las comunicaciones que son constantes de la sociedad global.

Por todo ello, los emigrantes eligen destino de su aventura en los países donde esperan encontrar mejores oportunidades. España, por un conjunto de diversas razones, es de los que ha tenido una mayor afluencia de inmigrantes en las últimas décadas. De no haber tenido lugar esta llegada de millones de extranjeros, nuestro país estaría hoy sufriendo una notable pérdida de habitantes al carecer de una política de protección de la natalidad y potenciarse el aborto aún en menores que habitan y dependen de sus padres.

Sucede que el recibimiento en Europa de personas procedentes de otros lugares, cercanos o lejanos, no siempre ha sido pacífico. El temor al extraño, las diferencias de culturas y estilos de vida y la sensación de riesgo para el bienestar propio por no hablar de la posible amenaza a la seguridad pública, han sido con frecuencia origen de tensiones y conflictos. Muchos europeos han sentido su estabilidad y su confort perturbados por la presencia inquietante de los recién llegados del mundo subdesarrollado.

De ese estado de ánimo han surgido movimientos políticos que han hecho bandera del rechazo a la inmigración. La sociedad europea está dividida al respecto pero lo cierto es que las actitudes contrarias y el apoyo electoral a los partidos populistas de la derecha conservadora han ido progresando hasta el punto de que son mayoritarios en algunos países y los gobiernos, del signo que sean, se ven obligados a definir una política inmigratoria en medio del desacuerdo de los ciudadanos.

Es lo que está ocurriendo en España con algún retraso. Y como es habitual entre nosotros, estamos abordando el problema con un planteamiento inicial desenfocado y un enredo adicional de segundas intenciones. España ha sido un país de emigración y ahora lo es, sobre todo, de inmigración. Los barómetros del denostado Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ) constatan que los inmigrantes, procedentes la mayoría de Hispanoamérica, norte de África y Europa del este, están cada vez más presentes en nuestra sociedad y que el porcentaje de españoles que consideran esto como uno de los principales problemas del país va en aumento. Así las cosas, teniendo en cuenta la experiencia europea y el potencial polarizador que manifiesta este asunto, se hace necesaria una actualización de la entrada, la estancia y en su caso la integración de los inmigrantes.

Pero hemos empezado mal la tarea. Dado el carácter tan polémico de la cuestión, antes de redactar normas y tomar decisiones es conveniente un debate público bien informado que no se ha querido tener. Ni siquiera ha habido el propósito de abrirlo. Por el contrario, lo que se ha hecho -intencionadamente- fue introducir el problema de lleno en la pelea política. El Gobierno sanchista, vencido en esta ocasión hacia el costado extremo izquierdo, proclama una retórica de puertas abiertas sin calibrar la suficiencia de los recursos disponibles y las consecuencias previsibles.

En el lado opuesto, la derecha radical, alineada en perfecta sintonía con el populismo europeo, eleva el tono en la cuestión inmigratoria y pone como condición para firmar pactos la adopción de medidas muy restrictivas, en particular contra la inmigración ilegal, sin disimular de paso su rechazo selectivo a la entrada masiva de inmigrantes musulmanes

El Partido Popular ( PP ) ha acercado su postura a la de Vox, y en Extremadura, Aragón, Castilla y Leóny Andalucía se ha comprometido a aplicar una política sobre todo disciplinaria y de control con los inmigrantes indocumentados. ¿Es esta la política inmigratoria que propone el PP o el peaje que debe pagar para gobernar? Lo que es seguro es que los pactos autonómicos en esta materia servirán de munición en la campaña de las próximas elecciones generales, lo mismo, en sentido contrario, que la política del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Mientras el problema que suscita la inmigración no será tratado en unos términos consensuados, ni equilibrados.

Es un fenómeno de mayor o menor magnitud según la coyuntura, relevante e irreversible. La inmigración no cesará y la integración no siempre será natural y espontánea. Requerirá contención de las emociones, una política bien pensada, cuidadosa, si es posible acordada, que no debiera diseñarse por imposición de un gobierno o partido sin conocer las actitudes y la opinión de los ciudadanos. España carece de tal política. Pero la necesita si queremos reducir el problema y favorecer la convivencia.

El pasado 16 de abril dio comienzo el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que, de forma unilateral y sin consultas con la oposición, puso en marcha el Gobierno de coalición sanchista y que terminó el 30 de junio. Pese a que los criterios para acceder a esa legalización eran haber residido en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar al menos cinco meses de estancia continuada, la falta de concreción ante determinados trámites, la documentación que se debía de aportar y la escasez de funcionarios para asumir la avalancha de solicitudes ha ocasionado numerosas imágenes de larguísimas colas de personas esperando a la intemperie, días incluso, el acceso a una cita para formalizar los procedimientos.

Las críticas ante este caos generado por este Gobierno escorado a la extrema izquierda, no han venido solo del lado de los partidos contrarios, llegaban también desde los sectores implicados, unos por la falta de formación de los funcionarios receptores ya que se ha habilitado a Organizaciones No Gubernamentales ( ONG ) para dichos procedimientos o incluso desde los sindicatos de la Policía que alertaban de la falta de rigor e imposibilidad de verificación de la documentación que se debía de aportar.

Pero, ¿ cómo ha llegado España a este proceso de regularización ? ¿ Estaba el país preparado para asumir una cantidad de legalizaciones que ni el propio Gobierno quería concretar -aunque lo sabía- para no alarmar a la población ?. La situación humanitaria en España empieza a ser inquietante: 10.004.581 personas que residen en España no han nacido en nuestro país. Frente a 39.566.144 nacionales. Es decir, que el 20,2% de los habitantes ha nacido fuera de España. Uno de cada cinco. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 31 de diciembre de 2025. Los especialistas en inmigración estiman que una sociedad que tenga más del 10% de su población de origen extranjero empieza a estar tensionada.

Recientemente, conocíamos el Balance del Mercado Laboral de 2025, del sindicato Unión Sindical Obrera ( USO ), en el que demostraba que el paro en España alcanzaba el 15,5%, sumando 3.854.911 personas. Las cifras de la Seguridad Social en el primer trimestre de 2026, indicaban que el número de extranjeros de alta en el sistema era de 3.210.000. Este dato ya denunciaba la falta de control inmigratorio y demostraba que están llenando España de personas que no son necesarias para nuestra economía además con perfiles mayoritarios de escasa o nula cualificación.

Por lo que generalmente son una carga económica para la nación (sanidad, educación, servicios sociales, subsidios, ayudas, etc, y ya empiezan a pesar entre los pensionistas), así como el principal agente presionador de precios de la vivienda y, según fuentes policiales, superan en cuatro veces la media española en cuanto a delincuencia. Mientras Europa se blinda e incluso aprueba el reenvío de inmigrantes a terceros países, en España sucede todo lo contrario y vota en contra de esa resolución.

Nuestro país, pese a carecer de una política inmigratoria clara, tiene la gran fortuna de que el 75% de la inmigración recibida es afín a nuestra cultura: el 48% procede de Hispanoamérica y el 27% de Europa, lo que modula el rechazo que hay al inmigrante en otros países de nuestro entorno en donde su origen mayoritario es africano, tanto magrebí como subsahariano como ocurre en Francia o Italia, por ejemplo. En España, la inmigración procedente del continente africano es moderada, solo del 17% del total. Pero las altas tasas de paro de magrebíes y subsaharianos que alcanzan el 25%, así como de la segunda generación de inmigrantes, con un 17%, representan un fracaso en la integración y conllevan un riesgo para la cohesión social y un coste impagable para el estado de bienestar.

Además, las cotizaciones de los trabajadores extranjeros están muy por debajo de las de los nacionales españoles. La media de un español es de 2.275 euros. Le sigue la de los inmigrantes europeos con 1.850 euros. Mientras que la cotización media de los hispanoamericanos es de 1.585 euros. La de procedentes de África es de 1.554 euros y la de asiáticos de 1.499 euros. Ya está pasando que la Seguridad Social no puede atender el pago de todas las pensiones con unos ingresos tan bajos por lo que se está viendo obligada a recurrir a la ingeniería financiera para no recortar las retribuciones a los jubilados, empezando por los españoles nacionales..

La inmigración regulada no solo protege de abusos al inmigrante sino que beneficia a la nación al importar mano de obra cualificada para determinados sectores económicos que no cubren sus demandas con la población laboral nacional. Pero ese no es el criterio del actual Gobierno populista de Pedro Sánchez ya que este acoge a todos los que lleguen, con independencia de su preparación y el consiguiente problema económico y social que genera.

El Ministerio del Interior, al mando de Fernando Grande-Marlasca, ha decretado como «secreta o reservada» toda la información sobre la regularización masiva que reclamó el Partido Popular en el Congreso. Así consta en una respuesta remitida al citado grupo parlamentario que previamente había registrado varias peticiones para acceder a los informes técnicos.

«Por lo que se refiere al ámbito de competencias del Ministerio del Interior, se informa de que lo solicitado se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales, en concreto, por la Ley 9/1968, de 5 de abril, y los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, y de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, por los que se clasificaban determinados asuntos y materias con arreglo a la citada Ley.»

De este modo y mediante estos Acuerdos, se otorgaron con carácter genérico, la clasificación de SECRETO O RESERVADO: «según corresponda, todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdoso convenios. Entre ellos, una copia de los informes, notas técnicas, evaluaciones de riesgo o documentos internos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Unidades Policiales de ella dependientes, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales ( UCRIF ) o el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ( CENIF ) sobre la regularización masiva» y sobre los que el Gobierno se niega a facilitar los datos requeridos.

Ana Vázquez, diputada y portavoz de Interior del PP, ha sacado a la luz la resolución en la red social X (antiguo Twitter) y ha arremetido duramente contra el Gobierno de Sánchez. «Interior no envió ningún informe al Ministerio de Inclusión. Nos ocultan el número, los antecedentes penales y policiales hasta dentro de 35 años. Son una mafia!!», ha advertido. El Gobierno sanchista no sólo se escuda en el secreto oficial, sino que asegura que «no le consta la existencia de dichos informes» solicitados .

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacionl.

AUTOR: JUAN FRANCISCO ALCARAZ DIAZ, COMISARIO PRINCIPAL ( JUBILADO ) DE LA POLICÍA NACIONAL.

El repudio de la instituciones vascas a la Selección dura más de medio siglo. Hay que remontarse a 1967 para tener referencia de un encuentro del combinado nacional en aquelllas provincias y desde entonces el agravio ha sido constante. El último, se materializó el pasado mes de mayo por boca de la vicepresidente de la Comunidad y Consejera de Cultura y Política Lingüista, la nacionalista Ibone Bengoetxea que aseguraba que el Gobierno Vasco no iba a impulsar políticamente la celebración de ningún partido de la selección española porque, ni es su competencia, «ni responde a una demanda mayoritaria de la población vasca».

Esta política independentista respondía así en el Parlamento Vasco a una pregunta de Vox sobre si había medidas para proponer la celebración en el territorio de la Comunidad de un partido de la selección española de fútbol. Bengoetxea ha recordado que es a la Real Federación Española de Fútbol a la que le corresponde la actividad de la selección, «y este Gobierno no tutela a la federación, ni a la de fútbol ni a de cualquier deporte».

«¿Dónde está el clamor por que la selección española juegue en un estadio vasco? Otra cosa es que sean capaces de disfrutar viendo a esa Selección», ha opinado la lugarteniente del Gobierno regional que también ha subrayado que lo que sí existe «es una aspiración social respecto al reconocimiento oficial de nuestras selecciones deportivas, y es por ello por lo que trabajamos».Por último, retó a Vox asegurando que, «si tanto quieren que juegue España en el País Vasco, ¿le valdría que impulsáramos un partido de la selección vasca con España como visitante? Ahí nos podríamos encontrar»

La última vez que la selección española jugó en Bilbao fue el 31 de mayo de 1967, frente a Turquía, en un partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa que se iba a celebrar en Italia, al año siguienete, en 1968. La Roja se impuso por 2-0, con goles de los madridistas Grosso y Gento. Aquel fue el último de los seis partidos que España ha disputado en la capital vizcaína y, pese a la victoria, no le sirvió para llegar a la fase final de la Eurocopa, entonces restringida a cuatro equipos.

A lo largo de su historia, el equipo nacional ha jugado en 39 ciudades españolas, siendo Madrid (64) y Sevilla (45) las que han albergado más partidos. Les siguen Valencia (33), Barcelona (18) y Gijón (10). Además de Bilbao, San Sebastián es la única ciudad del territorio vasco que ha albergado un partido de la selección. Fue una vez, en 1923, en un amistoso contra Francia.

A partir de entonces, el veto se ha mantenido a lo largo de los años. Es conocido que la Selección no es bien acogida en amplios sectores institucionales y sociales del País Vasco que están bajo el dominio de nacionalistas y radicales . No en vano, la izquierda separatista vasca se ha encargado de realizar durísimas campañas contra lo que consideraban una herramienta para el adoctrinamiento político con el único fin de “españolizar Euskal Herria» ( la Tierra de los Vascos ).en una expresión de máximo cinismo que pretende ocultar su totalitarismo real.

La última prueba la tuvimos en la brutal respuesta de las juventudes de los radicales independentistas a la posibilidad de que la capital vizcaína fuera la sede de la selección española en la Eurocopa de 2024 e incluso llegaron a inundar el centro de Bilbao con carteles con la imagen del entonces capitán de la selección, Sergio Ramos, pisoteada por el jugador francés, Eric Cantona. Al fondo, también se observaba el escudo de España. Sobre ella, una multitud con banderas vascas y el lema (¡No a esta Eurocopa! Con Euskal Herria no se juega).

Sin embargo, el rechazo oficial hacia ‘la Roja’ no se ha mantenido siempre en esta etapa democrática. En 2009, la iniciativa del Parlamento vasco ( apoyada por PSE, PP y UPyD ) para que por aquella región española volviera a pasar la Vuelta Ciclista y la Selección disputara allí algún partido no se hicieron esperar. Así, otro partido separatista Eusko Alkartasuna (EA), consideró que la propuesta aprobada por el Parlamento vasco en favor del paso de la Vuelta y del regreso de la Selección no contribuiría a “acrecentar el sentimiento español en Euskal Herria”.

Y añadió: “PSE y PP han demostrado una vez más que su primer y gran objetivo de la legislatura es españolizar Euskal Herria. Primero, fue el mapa del tiempo de la televisión regional, ( para que se adaptara a los límites de las Autonomías ) luego el currículum educativo, la participación del Gobierno vasco en la fiesta de la Hispanidad, la celebración del Estatuto… y ahora ha llegado la hora de utilizar el deporte como instrumento para el adoctrinamiento político”.

Durante la final del mundial de Sudáfrica de 2010, que supuso la conquista de la copa del mundo para la selección española, la euforia que llevó a la calle a cientos de miles de personas en Bilbao y las otras capitales vascas también se dejó sentir aunque tampoco los organismos públicos lo promovieron. El Ayuntamiento de la capital vizcaína, como el de San Sebastián, se negó a sacar pantallas a la calle. En Baracaldo ( Vizcaya ), las que se instalaron fueron saboteadas.

En 2017, PNV, EH Bildu y Podemos uníeron sus votos en las Juntas Generales de Vizcaya para impedir que el combinado nacional jugase en el campo de fútbol de Atlético de Bilbao en calidad de anfitrión pero apoyaban su presencia en el césped como equipo foráneo. De hecho, el PNV fue más allá y mostró su respaldo a que la selección sólo pisase el estadio de San Mamés para enfrentarse a la selección vasca en un partido, además, con carácter oficial. Las razones esgrimidas para no acoger a la selección nacional de fútbol iban desde una supuesta colonización española a algunas tan insólitas como la “testosterona” ( hormona sexual masculina ).

Si se celebra, lo único que se va a generar son problemas, es lo que sucede cuando la testosterona campa a sus anchas”, sentenció la representante nacionalista. Por su parte, el representante de EH Bildu, Asier González, no se anduvo por las ramas: “España gana y Euskal Herria como nación pierde”.

El aplazamiento de la Eurocopa en 2.019 por la gripe china en la que Bilbao iba a ser una de las sedes, dio alas a la izquierda violenta para continuar con la campaña que llevase al “borrado” de Bilbao como sede de la Eurocopa.en 2.020. Por ello, EH Bildu y Podemos, solicitaron en una comisión celebrada en el Ayuntamiento de Bilbao retirar la candidatura de la capital vizcaína. ¿La razón?: para Podemos, la testosterona. Aunque resulte sorprendente, los representantes comunistas alegaron que se trataba de “un evento masculinizado” y que el fútbol es un deporte que “discrimina a las mujeres”. A eso habría que llamarle visión de futuro.

La respuesta ahora de la también Consejera de Cultura aleja una vez más el regreso de la selección al País Vasco. Y mientras tanto, el objetivo sigue siendo lograr la oficialidad de la selección regional para lograr el sueño de “jugar contra España”

Esto no ocurre, que se sepa, en ningún otro país del mundo. Desde 1978, con la entrada en vigor de la actual Constitución Española, la tolerancia de los distintos Gobiernos nacionales ante el separatismo, combinada con la impunidad política de los independentistas, ha propiciado que se sientan dueños del espacio público en el País Vasco y también en Cataluña.

El problema es que no llevan bien la creciente oleada de patriotismo popular y les irrita la alegría que provocan los éxitos de la Selección masculina de fútbol. Por eso se han registrado insultos, agresiones, intimidaciones y boicots, estos últimos hasta dentro de los propios Ayuntamientos, ante la iniciativa de instalar pantallas gigantes en las plazas públicas en los partidos que enfrentaban a España en el recién acabado Campeonato del Mundo.

Ahora, en la otra región también independentista, Silvia Orriols, dirigente de Aliança Catalana, está aprovechando el clima de crispación para cargar contra los separatistas ortodoxos que no muestran abierta hostilidad frente al equipo nacional: « A diferencia de Gobiernos de Junts o Esquerra, no he puesto ninguna pantalla en la calle para seguir a la Selección española…», presume.

En Gerona, otro feudo independentista, los grupos antiespañoles propusieron celebrar nuestra segura eliminación juntándose a exhibir banderas separatistas para reclamar la independencia. El éxito de los jugadores de Luis de la Fuente ha impedido que se diese este acontecimiento. Por el contrario, localidades como Sabadell y Mataró, ambas de la provincia de Barcelona, se han volcado con las celebraciones del equipo.

La ciudad con mayor intensidad de choque ha sido Pamplona, caldeada la capital navarra por el ambiente de los Sanfermines. Un grupo de separatistas llevó a la plaza de toros de la ciudad una enorme pancarta con la leyenda «Puta España, puta Selección», causando un fuerte rechazo en la mayoría de asistentes que contestaron cantando «Yo soy español, español, español» y portando banderas rojigualdas al coso en jornadas posteriores. El Partido Popular ( PP ) de Pamplona, denunció públicamente insultos y agresiones hacia jóvenes que portaban banderas de España durante las celebraciones de la semifinal deportiva, exigiendo al consistorio municipal medidas de seguridad estrictas para la gran final del campeonato el pasado domingo en Nueva York.

Joseba Arison, es el actual alcalde de Pamplona. Pertence a Bildu y gobierna con apoyo del PSOE. Prohibió las pantallas gigantes en su municipio, argumentando que así se evitaban incidentes. El regidor de Tudela, Alejandro Toquero, del partido de la derecha Unión del Pueblo Navarro ( UPN ), contestó calificando de «excusa barata» esta censura a una actividad que disfrutan muchos pamplonicas y visitantes. Toquero aseguraba que la Plaza del Castillo de Pamplona contaba con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad y defendía el derecho de los navarros a sentirse orgullosos de su condición de españoles.

También denunciaba que durante años se ha intentado amedrentar a la mayoría patriota. «Los que vivimos aquí, en Navarra, estamos acostumbrados a que sacar la bandera de España esté mal visto y yo creo que ya nos hemos cansado», declaró en el programa «Espejo Público» de Antena 3. La presión popular obligó al alcalde pamplonica a instalar cuatro pantallas para la finalísima contra Argentina. Lo que demuestra que no rendirse, ni dejarse avasallar, es una estrategia que funciona.

Miembros de Ernai, las juventudes de la formación independentista Sortu (integrada en EH Bildu), robaron camisetas de la selección española de fútbol en centros comerciales de Bilbao, Vitoria y Pamplona para impedir su venta y que no se pudieran ver por los pueblos y ciudades vascas. Los asaltantes se grabaron cometiendo las sustracciones disfrazados con barbas postizas y gorros para difundir la acción y no ser identificados que tenía como objetivo reivindicar la oficialidad de la selección vasca. Sus vídeos no consiguieron el efecto multiplicador que perseguían. 

Las camisetas de la Selección, tanto la roja como la blanca, han seguido muy visibles en el País Vasco, a pesar de los riesgos que conllevaba su utilización. En este contexto hay que destacar el coraje de Maider Etxebarría, la alcalde socialista de Vitoria que ofreció una rueda de prensa con la camiseta de la Selección española para dejar claro su posicionamiento, exigiendo respeto a los radicales separatistas..

Muchas veces las agresiones resultan difíciles de probar. Estos días se ha absuelto por falta de pruebas a cinco personas del delito de coacción física y verbal a varios seguidores de la selección que acudieron a un España–Estados Unidos femenino en el estadio de Osasuna en Pamplona. Ocurrió el día 11 de octubre de 2022 y el fiscal ha explicado que les llamaron «fascistas», «vasallos del Estado español», «españoles hijos de puta» y el habitual «puta España, puta Selección».

En ocasiones similares sí hubo condena: en el distrito de San Andreu (Barcelona), tres jóvenes voluntarios –dos chicas y un chico– de la plataforma vecinal «Barcelona con la Selección» fueron insultados, pateados y arrastrados por el suelo en 2016 por grupos separatistas violentos. El motivo del ataque fue que ellos se encontraban en una carpa informativa intentando recabar apoyos para instalar pantallas gigantes en la calle y seguir los partidos de España durante la Eurocopa de 2.024. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a los agresores a nueve meses de prisión y hasta 1.620 euros de multa.

Durante los días de desarrollo del campeonato mundial, se notó muy tenso al presidente vasco, Imanol Pradales (PNV) en una entrevista con Xavier Fortes para TVE. Se negó a dar cualquier palabra de aliento a la Selección española a pesar de la nutrida representación de jugadores vascos y navarros, con un protagonismo tan destacado como el de Unai Simón, Mikel Oyarzábal, Mikel Merino.y Nico Williams Pradales rehuyó cualquier elogio a quienes anima cuando juegan en el Athletic de Bilbao o la Real Sociedad.

Seguramente se encontraba molesto porque las audiencias televisivas de los partidos en el País Vasco y Cataluña han estado por encima de la media nacional. El partido ante Bélgica, por ejemplo, alcanzó el 72,5 % de cuota de pantalla, superando la media estatal del 67,7 %, lo que confirma el interés de los vascos por la selección. El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, se negó a instalar pantallas en la ciudad alegando que no existía una «necesidad social», ni «demanda generalizada». Todos sabemos que esta postura tiene que ver con el rechazo a destacar que en el País Vasco existe un creciente apoyo –sobre todo, juvenil– a la unidad de España.

Como era previsible hubo altercados en Bilbao que se produjeron antes del partido España-Argentina cuando algunos participantes de la marcha convocada por la tarde por Zazpi Baietz ( plataforma radical ) en apoyo al reconocimiento oficial de la selección vasca de fútbol, irrumpieron por detrás de la pantalla gigante que el PP había colocado en el Parque de Doña Casilda y empezaron a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar objetos como botellas. Arrancaron unos cables y cortaron la emisión del partido, que luego se pudo reanudar, todo ello en medio de una amplia presencia policial por parte de la Policía Autonómica..

En el caso de Navarra, la agresión se perpetró por un grupo de encapuchados contra otro de militares que seguían el partido en la terraza de un bar de la localidad de Berriozar, distante cuatro kilómetros de Pamplona y sede del Regimiento de Infantería, América 66. Algunos encapuchados portaban barras y otros objetos para cometer la agresión y, tras unos segundos en los que atacaron a los aficionados, se retiraron del lugar, dejando varios heridos. La Guardia Civil y la Policía Foral están investigando de forma conjunta los hechos.

Puede parecer anecdótico pero algo cambió -a mejor- en España al conseguir la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y una Liga de Naciones de la UEFA en 2.023 como se ha visto ahora en este Campeonato Mundial de Seleciones Nacionales de Fútbol. de 2.026. Desde entonces, la mayoría de los niños españoles crecieron enfundados en la camiseta del equipo nacional dejando atrás la amargura guerracivilista de muchos de sus mayores, sobre todo, los de la izquierda y los comunistas. Al conseguir de nuevo este campeonato mundial, España ha ganado la batalla cultural iniciada hace década y media. Demos gracias al equipo y celebrémoslo como merece.

La victoria sobre Argentina, agónica en los últimos compases del encuentro, se tradujo en una sacudida general, en un terremoto de sentimientos y alegría desbordados que recorrió España de punta a punta y que fue el espejo donde se reflejó la España real, la de los afectos compartidos, la solidaridad y una hermosa manera de convivir que tiene mucho que ver con el ideal de la vida en paz y libertad de sus ciudadanos.

Pero el pasado domingo por la noche, con el pitido final, sucedió algo que a las viejas generaciones puede parecerles extraordinario pero que no es más que la muestra de una realidad, la de unos jóvenes que se han deshecho de complejos; que se reconocen como miembros de una patria común; que exhiben los símbolos de la Nación desde la euforia y el orgullo del triunfo y que no van contra nadie porque en su concepción de la vida y del mundo nadie es su enemigo.

Esos cientos de miles de jóvenes, muchos casi adolescentes; vestidos con la camiseta de la Selección; envueltos en la bandera nacional y cantando a gritos su satisfacción de sentirse españoles; españoles, además, que estaban viviendo apasionadamente el que, posiblemente, sea el triunfo deportivo mundial más importante, nos habla de una sociedad sana y unida, muy diferente de ese espectro roto y enfrentado que agitan algunos políticos gubernamentales sectarios desde un populismo pedestre.

Esa España de la división existe, pero no representa más que a unas minorías resentidas, incapaces de entender que el triunfo del combinado nacional se ha debido, precisamente, a las características de un equipo cuya potencia arrolladora es el resultado de su propia diversidad, de ese concepto del compañerismo y el sacrificio por una causa común que siempre ha hecho grande a la sociedad española.

Porque quienes estos días se han lanzado a las calles y plazas con el grito de ¡España, España! no lo han hecho contra nada, ni contra nadie, lo han hecho porque, consciente o inconscientemente, sienten que hay algo por encima de todos nosotros que nos une y que es la pertenencia a un pueblo, a una sociedad, en suma, a una Nación, que, como tal, acababa de conseguir algo extraordinario y muy difícil pero que nos situaba por un breve tiempo en el centro del mundo.

De ahí que resulten extrañas, casi irreales, obscenas esas imágenes procedentes del País Vasco y Navarra de gentes encapuchadas, violentas, llenas de odio, incapaces no solo de mostrar la menor empatía con quienes estaban viviendo momentos de euforia, de ilusión colectiva; gentes que en muchos casos eran sus propios vecinos, compañeros de trabajo o de estudios pero a quienes no consideraban que fueran acreedores del menor respeto.

Hay, ciertamente, un problema de violencia e intolerancia en esos lugares de España donde operó con fuerza el crimen, la extorsión política y la ideología excluyente del nacionalismo pero que es preciso relativizar y situar en su propio contexto, el de unas minorías autoexcluidas del concierto social, automarginadas en el seno del pueblo español, sin más referencias que su mundo pequeño y artificial que no pueden soportar la alegría de una Nación unida por un éxito común. Esa España sin complejos que tomó las calles y plazas de sus pueblos y ciudades para celebrar un hecho extraordinario: coronarse Campeona del Mundo de Selecciones de Fútbol masculino.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Díaz, Comisario Principal ( Jubilado ) del Cuerpo Nacional de Policía.

«Hemos venido aquí porque estamos desolados y nos sentimos airados«, arrancaba el discurso que la destacada periodista Victoria Prego, leyó el 14 de julio de 1997 como colofón de una manifestación masiva e inédita hasta la fecha en España, cuando una riada humana de más de un millón y medio de personas se lanzó a las calles de Madrid capital – y de otras ciudades- para clamar su rabia y su dolor por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Un padecimiento colectivo, supurante, que era por el joven concejal del PP de Ermúa ( Vizcaya ) recién matado cobarde y miserablemente por la espalda, de dos tiros en la nuca en mitad de un bosque, cumpliendo así el método habitual de ejecución terrorista pero también por las 815 víctimas que vinieron antes de él, como bien recordaba la periodista en su alocución, y las 41 que, sin saberlo aunque intuyéndolo, todavía estaban por llegar antes de la disolución definitiva de la banda terrorista vasca ETA.

«Sin embargo, a pesar del estupor, de la ira y de la pena, creo que todos nosotros, los madrileños que estamos juntos y unidos ahora mismo en la Puerta del Sol y el resto de los españoles […], a pesar de esa angustia y de esa certeza intolerable de que unos pocos han pretendido humillar y someter a todo un pueblo, creo que percibimos también que éste puede ser un día enorme, un gran día para la historia de España«, continuaba la disertación de Prego, titulada con un grito de rabia, una declaración de intenciones y un llamamiento: ‘¡A por ellos!‘.

Y, sin duda, lo fue. Los madrileños, como el resto de españoles, no salieron aquel día solo a manifestarse por esta muerte. Salieron a decir que ya no podían más; que ya estaba bien; que el terror acumulado durante 20 años, la amargura contenida por cada atentado y el pesar por cada víctima que engrosaba la lista tenía que convertirse en una única voz que, por primera vez, dijese con firmeza, sin miedo y sin vuelta atrás: » Basta ya»

El pasado lunes, 13 dejulio, se cumplieron 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, edil del Partido Popular ( PP ) en Ermua, un pequeño municipio de Vizcaya en la comunidad autónoma vasca.. Tenía entonces los mismos años que han pasado desde aquella fatídica fecha.. Era diplomado en Ciencias Empresariales ( su equivalente actual más directo sería el grado en Dirección y Administración de Empresas, ADE ), trabajaba en una asesoría de la próxima a su domicilio localidad de Eibar ( Guipúzcoa ) y llevaba apenas dos años como concejal en su pueblo. Hasta aquel jueves 10 de julio de 1997, su nombre era el de un joven edil de un pequeño municipio vizcaíno marcado, como tantos otros, por la presión del terrorismo separatista. En solo 48 horas, la organización criminal ETA convirtió su rostro en el símbolo de una España que se negó a volver mirar hacia otro lado.

El secuestro se produjo el 10 de julio, cuando Miguel Ángel Blanco no llegó a su lugar de trabajo. Poco después, una llamada en nombre de ETA comunicó el ultimátum: si el Gobierno no anunciaba en 48 horas el acercamiento de todos los presos de la banda al País Vasco, sería asesinado. La amenaza vencía el sábado 12 de julio a las cuatro de la tarde. Eran los días posteriores a la liberación de José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que había pasado 532 días encerrado en una celda subterránea construida bajo el suelo de una nave industrial en Mondragón ( Guipúzcoa ). España conocía ya hasta dónde podía llegar la crueldad de los bandidos de ETA, pero aquella cuenta atrás introdujo una forma nueva de angustia colectiva: el final de una vida retransmitido minuto a minuto como si fuera un serial de radio..

Durante esas 48 horas, las plazas y calles de toda España empezaron a llenarse de ciudadanos anónimos. En Ermua, en Bilbao, en San Sebastián, en Madrid y en tantas otras ciudades, el pueblo al completo salió primero a pedir su liberación. Había pancartas, manos blancas, lazos azules, silencios espesos y consignas emocionadas. “Miguel Ángel no está solo”, se oyó en la Puerta del Sol. Pero los criminales no escucharon y la banda mafiosa cumplió su amenaza. El sábado por la tarde, Miguel Ángel Blanco apareció en una pista forestal próxima a Lasarte ( Guipúzcoa ) con dos disparos en la cabeza del calibre 22 pero seguía con vida. Fue trasladado al hospital Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, donde falleció de madrugada, varias horas después, el domingo 13 de julio.

La noticia, lejos de apagar los ánimos, los prendió para siempre. Madrid, que durante dos días había seguido el secuestro con una mezcla de esperanza y desasosiego, se convirtió el lunes 14 en una ciudad tomada por la indignación popular Más de un millón y medio de personas ocuparon el Paseo de la Castellana, la calle Alcalá y la Puerta del Sol en la que fue descrita entonces como la mayor manifestación de la democracia. La marcha, convocada para las ocho de la tarde, quedó desbordada desde el inicio. No hubo una cabecera oficial reconocible porque la población ocupó el espacio antes que las instituciones. Desde la plaza de Colón hasta la de Sol, las arterias del centro de la capital se llenaron de madrileños que avanzaban lentamente, algunos durante horas, entre aplausos, silencios y gritos contra los asesinos de ETA.

Aquella imagen reunió a dirigentes de todos los partidos políticos democráticos, representantes sindicales, responsables autonómicos y hasta antiguos Presidentes del Gobierno. Pero el protagonismo no fue suyo. La fuerza de aquella tarde estuvo en la multitud ciudadana: familias enteras, trabajadores, empleados recién salidos de las oficinas, jóvenes, mayores, vecinos que no necesitaban conocerse para compartir una misma certeza:  la organización terrorista vasca ETA debía desaparecer de una vez por todas.

La muerte de Miguel Ángel Blanco no fue el primer crimen del grupo de bárbaros vascos de ETA ni, desgraciadamente, sería el último. La banda terrorista había dejado ya una larga lista de víctimas y seguiría matando después. Pero aquellos días marcaron un punto de inflexión porque rompieron algo que hasta entonces pesaba en demasiadas calles: el silencio impuesto por el terror asesino. De esa reacción nació lo que se llamó el “Espíritu de Ermua”, una expresión que resumía la rebelión democrática de la sociedad española contra la barbarie de ETA y contra el entorno que justificaba, amparaba o relativizaba su violencia exterminadora.

Ahora, veintinueve años después y con la banda organizada convertida en pasado, Madrid y muchas ciudades más siguen recordando. La capital de España, golpeada durante décadas por la crueldad terrorista, guarda en sus calles la memoria viva de la lucha contra la atrocidad y la sinrazón. Madrid salió entonces en masa con la esperanza de que podía salvar a Miguel Ángel Blanco, además de entender que seguir callando habría sido otra forma de derrota. Y, aquel día, Madrid y España entera explotó, de ira, de dolor y de rabia..

Ese espíritu se volvió a reivindicar, esta semana, en los jardines de Miguel Ángel Blanco, en el distrito madrileño de Chamartín. Bajo el lema ‘Tu legado nos compromete’, representantes del PP, familiares de víctimas del terrorismo y ciudadanos en general, se concentraron en un acto dedicado a defender la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo.

Veintinueve años de vida, 29 años de ausencia» empezó resumiendo Marimar la «simetría cruel» de este aniversario, en el que su hermano llevaba el mismo tiempo muerto que el que vivió. «No era un héroe de leyenda. Era simplemente un chico de Ermua», ha recordado sobre aquel joven orgulloso de sus orígenes gallegos y de sentirse vasco y español, que entró en política para mejorar su pueblo y defender la libertad.

Marimar Blanco evocó también las manos blancas levantadas durante las movilizaciones de julio de 1997. Un clamor que no consiguió salvar a su hermano, pero que sí logró preservar «la dignidad de todo un país que se negó a vivir de rodillas». Aquella rebelión cívica, bautizada como espíritu de Ermua, fue la «derrota» de ETA y continúa siendo, 29 años después, «nuestra bandera» subrayó..

«Primero nos arrebataron a los nuestros; ahora nos están arrebatando la justicia«, ha proclamado Marimar Blanco, que ha rechazado que se pida a las víctimas discreción o comprensión ante esos pactos secretos firmados con Bildu por Pedro Sánchez para mantenerse en el poder: «Ni discreción ni comprensión con la injusticia, ni silencio. Jamás, nunca más silencio», lanzó..

Los autores de este execrable crimen fueron los integrantes del denominado Comando Donosti de la organización terrorista : Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Jefe del comando, fue el autor material del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el que apretó el gatillo de la pistola. Cumple condena en la actualidad por este y otros crímenes, como los del concejal del Partido Popular ( PP ) en el Ayuntamiento de San Sebastián ( Donosti, en vasco ) Gregorio Ordóñez y del histórico dirigente del socialismo guipuzcoano, Fernando Múgica, hermano del que fue Ministro de Justicia con Felipe González, Enrique Múgica.

Irantzu Gallastegui Sodupe, alias Amaya. Pareja sentimental de Txapote. Fue quién abordó y secuestró a Miguel Ángel Blanco en la estación de tren de Ermua cuando se dirigía a su trabajo, en Eibar. Vigilaba la zona con el coche del comando y aseguraba así la vía de la huída mientras se ejecutaba a Miguel Ángel. Cumple también condena de prisión junto con su amado. Ambos forman parte de la línea dura de la ya disuelta banda mafiosa y nunca han mostrado arrepentimiento alguno.

Y José Luis Geresta Mújica, alias Totto. También participó en el asesinato de Fernando Múgica. Se suicidió el 20 de marzo de 1.999, dos años después del crimen de Miguel Ángel, en un descampado de la localidad de Rentería ( Gupúzcoa ), con un disparo en la sien hecho con una pistola de la marca Astra del calibre 6,35. Fue el que sujetaba de rodillas al maniatado asesinado mientras Txapote le descenrrajaba dos tiros en la nuca. Se quitó la vida al comprobar que dos jóvenes policías municiapales que él había captado para ETA, eran colaboradores de la Policía autonómica vasca ( Ertzaintza ). No pudo superar esa metedura de pata que ponía en peligro la seguridad de la banda criminal, y el riesgo de ser acusado de traidor por la organización y por tanto, ejecutado, como le había ocurrido a otros.

ETA, calificó el hecho como asesinato en un nuevo episodio de guerra sucia del Estado español. Como le faltaban dos muelas en la boca, argumentaron que se las habían arrancado para que no se pudiera demostrar la implantación de un chip de localización por parte de la Policía.española en una acción de guerra psicológica con vistas a generar miedo entre los que estuvieran relacionados con el fallecido ( sic ). En su localidad de nacimiento en Cizúrquil ( Guipúzcoa ), la entonces formación política de ETA, Herri Batasuna, abusando de su mayoría decidió poner su nombre a una plaza del pueblo, acción municipal que fue revertida por la autoridad judicial y la propia organizaciónt terrorista denominó como Totto a uno de sus comandos operativos a modo de homenaje.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz. Comisario Principal ( Jubilado ) del Cuerpo Nacional de Policía.

El sindicato mayoritario de la función pública, el CSIF, ( Central Sindical Independiente de Funcionarios ) ha descrito el caos que está suponiendo la tramitación de los documentos requeridos en el proceso de regularización de inmigrantes que resumen en falta de personal, deficiencias y lentitud del programa informático «Mercurio», falta de preparación de muchos de los trabajadores llamados a afrontar unos procedimientos poco claros, contrataciones de interinos por vía de urgencia que no fueron efectivas hasta finales de mayo; colapso de los servicios de la Seguridad Social y absoluta falta de planificación a la hora de establecer las citas.

O dicho de otro modo, sobre los hombros de los trabajadores públicos y sobre la angustia de los inmigrantes recaen las consecuencias de una decisión política tomada desde el cálculo electoral y la prepotencia de sus impulsores que han hecho saltar las costuras de la Administración del Estado ante una carga de la actividad imposible de atender con los medios disponibles. Pero, con todo, lo más grave es que el colapso y la ausencia de unos procedimientos de control dignos de ese nombre, muchos asignados a organizaciones humanitarias y sindicales sin mayores explicaciones y sin la garantía de la intervención de técnicos en la materia, pueden convertir en un coladero el proceso de regularización, acentuando el temido efecto llamada y con el riesgo subsiguiente de que la Unión Europea, que no ve con buenos ojos la decisión española, active medidas fronterizas restrictivas para evitar la dispersión en otros territorios de los «legalizados» por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.

Hablamos, claro, de un proceso que ni sus propios promotores han sido capaces de cuantificar la cifra de potenciales beneficiarios que varían desde los 500.000 a cerca de un millón de extranjeros irregulares que va en la dirección contraria a las directices de la Comisión Europea en materia de inmigración. Una decisión política, además, sostenida en un real decreto por parte de un Gobierno izquierdista en minoría parlamentaria, procedimiento legislativo que esquiva su estudio, discusión y, en su caso, enmienda por parte de los representantes de la soberanía popular pese a su enorme trascendencia para los intereses de los ciudadanos.

No es de recibo que el Gobierno de la Nación actúe por la vía de la improvisación, sin hacer prácticamente caso a los servicios consultivos del Estado, y lo haga, además, desde la negligencia y las prisas. No pensó el legislador que la figura del real decreto se utilizaría sin escrúpulos para eludir la acción parlamentaria en asuntos de tanta importancia social, económica y de seguridad como el que estamos tratando. Pero, tampoco podían esperar los electores que un candidato de la izquierda pudiera hacer exactamente lo contrario de a lo que se había comprometido en las urnas, como es el caso de Pedro Sánchez, y que estuviera dispuesto a mantenerse en el Gobierno toda una legislatura sin poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado como exige la Constitución Española. Anomalías democráticas que deberían examinarse en una hipotética reforma del ordenamiento jurídico vigente y que nada tienen que ver con la bondad o no de una regularización de inmigrantes sino con las garantías legales del procedimiento propias de un Estado de Derecho.

Un total de 900.000 inmigrantes habían presentado ya la solicitud a fecha 15 junio, al proceso extraordinario de legalización que arrancó el pasado 16 de abril y que se cerrará dentro de dos días, el próximo martes día 30 de junio, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que filtraron a la prensa. Además, avanzaron que se habíann emitido 300.000 admisiones al trámite. «La concesión de la comunicación inicial no es automática, sino que se realiza un previo chequeo de la comprobación del cumplimiento de los requisitos esenciales para su concesión», que informaron de las cifras que hasta ahora no se conocían para defender que el procedimiento tiene una serie de requisitos que hay que cumplir y analizar. Pura propaganda.

La estimación inicial del citado Ministerio era que se beneficiaran de esta medida unos 500.000 inmigrantes (aproximadamente 250.000 solicitantes de protección internacional y otros 250.000 extranjeros que se encuentran en la actualidad en situación ilegal). Ocultando que otros tantos se quedarán fuera del sistema a la espera de la siguiente regularización. No obstante, apuntaban a que el número de expedientes a trámitar sería mucho mayor, y aseguraban que estaban preparados para hacerle frente. Decían esto para curarse en salud por lo que pudiera pasar.

En la segunda quincena del pasado mes de mayo, la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, señalaba en el Congreso de los Diputados que el procedimiento de legalización se estaba desarrollando «con normalidad«. «Es verdad que en las primeras semanas hubo una afluencia mucho mayor, era normal, se contaba con ello, pero creemos que tenemos capacidad para responder con los recursos, con la información, con la actualización constante», recalcó sin especificar el volumen de solicitudes ya registradas para no asustar a los señores diputados.

Por otro lado y a nivel internacional, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que hacer frente a las críticas de varios líderes de la Unión Europea por la regularización extraordinaria de inmigrantes en España y su posible impacto en el resto de socios durante una discusión a puerta cerrada, celebrada el pasado 18 de junio en el Consejo Europeo en Bruselas, después de que éste expresara su rechazo a la reforma acordada por el bloque para endurecer la política de asilo y consolidar la externalización de los centros de deportación en terceros países.

Entre tres y cuatro jefes de Estado y de Gobierno europeos tomaron la palabra, según ha trascendido por fuentes oficiales, para responder a Sánchez con reproches por haber puesto en marcha una regularización de ese calado sin haber consultado previamente con el resto de Estados miembros. Entre los críticos, estaban la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el belga Bart de Wever, pero también la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen.

La política sobre regularización es una cuestión de competencia nacional pero en línea con lo expresado en los últimos meses por el Comisario Europeo de Interior, Magnus Brunner, la medida extraordinaria tomada por el Gobierno español preocupa a varios socios en la medida en que pueda tener un impacto por movimientos secundarios de las personas legalizadas hacia otros países de la Unión.

El Presidente del Gobierno, no obstante, defendió entre sus argumentos que una gran parte de las personas que se han acogido a la regularización extraordinaria son de origen hispanoamericano, con arraigo por el idioma, entre otras razones, por lo que no era esperable que buscasen trasladarse a otros países de la Unión.

El Gobierno español ha vuelto a sufrir un nuevo revés judicial en Estados Unidos por el contencioso de las energías renovables. El último varapalo ha llegado por el Tribunal del Distrito Columbia, que ha dictado una nueva resolución ejecutoria del laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ( CIADI ) interpuesto contra España, en relación con los recortes retroactivos a las energías renovables y vinculado de manera específica con el «caso Watkins» ( empresa inversionista ). Este procedimiento se encuentra en fase de ejecución tras la sentencia de septiembre de 2025, que reconoció el laudo internacional y condenó al Gobierno español al pago de 93 millones de euros -los 77 millones de la condena original más los intereses de demora, condenas en costas y otras obligaciones adicionales-, dando la razón a los acreedores.

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, ha intentado suspender la ejecución de la sentencia y anular los requerimientos de información y las notificaciones judiciales remitidas por los acreedores a entidades y organismos que mantienen relaciones económicas con el Estado español. Sin embargo, el tribunal ha concluido que ha transcurrido un plazo razonable desde la condena sin que España haya procedido al pago, ni haya aportado garantías, lo que habilita a los acreedores a iniciar medidas de embargo sobre activos del Estado español en territorio estadounidense. Asimismo, la resolución autoriza a los demandantes a registrar la sentencia en cualquier distrito judicial de Estados Unidos, permitiendo ampliar la ejecución a nivel nacional y facilitando la identificación de activos en múltiples jurisdicciones.

Gracias a esta sentencia, las empresas afectadas anuncian ya que van a activar un procedimiento de rastreo de bienes que afectan a la operativa de la selección española de fútbol en el Mundial de 2026 que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. Las transacciones mantenidas con las compañías patrocinadoras Adidas, Hilton, Baylor School o la FIFA ( Federación Internacional de Fútbol Asociado ) están ahora en el punto de mira de los reclamantes que pueden proceder a solicitar el embargo de dichas operaciones de pago o de cobro, «bloqueando así la capacidad del Estado español de seguir actuando sin consecuencias tras un largo número de incumplimientos e impagos», según fuentes judiciales.

El tribunal respalda expresamente el uso de mecanismos de localización de activos, incluyendo la emisión de notificaciones judiciales a entidades financieras, empresas y terceros con relaciones económicas con España, en línea con el amplio alcance del proceso de descubrimiento de activos e intereses en el derecho procesal estadounidense.

En su resolución, el órgano judicial norteamericano rechaza los argumentos del Gobierno español basados en la supuesta imposibilidad de pago derivada del derecho de la Unión Europea, así como la existencia de recursos pendientes, señalando que «ninguno de estos factores justifica la paralización de la ejecución«. Esta decisión supone un paso determinante en la fase de la materialización internacional de los laudos de las renovables, al permitir a los acreedores avanzar desde la identificación de activos hacia su eventual embargo y realización efectiva para el cobro de las indemnizaciones reconocidas judicialmente.

Además, se deniega a España «la posibilidad de frenar los requerimientos de información y las notificaciones judiciales remitidas a terceros con los que mantiene relaciones económicas». En la misma línea, se autorizan «nuevos procedimientos similares, que están orientados al rastreo de bienes para acometer su embargo y resarcir a los acreedores». Asimismo, el tribunal ha decretado que España seguirá siendo considerado «un país deudor, denegando los alegatos de inmunidad soberana y recalcando que ha pasado tiempo suficiente para cumplir con las obligaciones pendientes de pago». Por último, se extiende el perímetro de estas posibles medidas a todo el territorio de EE UU.

España afronta ya una factura de 2.300 millones de euros derivada del conflicto internacional por los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década. Una deuda millonaria que no deja de crecer por intereses, costas judiciales y nuevas condenas en tribunales extranjeros, y que amenaza con traducirse en embargos de activos públicos en distintos países.

El comienzo del Mundial de Fútbol fue el pasado día 11 de junio. La Selección Española debutó el lunes 15 de junio de 2026, a las 18:30 ( horario español ) en el Estadio de Atlanta ( Estado de Georgia ) ante Cabo Verde con un resultado de empate a cero goles. Los meses previos para un Mundial siempre fueron tensos, especialmente para el seleccionador. Luis de la Fuente que miraba con preocupación la recuperación de piezas clave como Fabián o Merino mientras que esperaba que otros buques insignias como Nico Williams o Lamine Yamal recobraran su mejor nivel.

Estos problemas son habituales en cualquier selección, más todavía con un calendario tan cargado y sin apenas descanso para los jugadores. Tampoco eran novedad los debates deportivos como el de la portería. La irrupción de Joan García ( Barcelona ) y el nivel de David Raya ( Arsenal ) cuestionan la titularidad de Unai Simón ( Bilbao ), que parecía fijo. Todo parece normal para una selección de las grandes favoritas al título pero una sentencia de la justicia de Estados Unidos puede romper por completo los planes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

España, acumula una suma de siete casos judiciales por asuntos relacionados con las energías renovables en los que las empresas demandantes han obtenido resoluciones favorables en Estados Unidos: 9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones), NextEra (290,6 millones). A esto se suma que el Tribunal del Distrito Columbia, que dictó el pasado mes de mayo una nueva resolución ejecutoria del laudo arbitral Ciadi interpuesto contra el país español, que se suma a la sentencia de septiembre de 2025, que reconoció el veredicto internacional y condenó al Gobierno sanchista al pago de 93 millones de euros.

Puede resultar extraño, pero esto afecta directamente a la Selección Española al disputarse el Mundial en Estados Unidos. La sentencia obliga al Gobierno a divulgar información de sus activos, además de calificar a España como «un país deudor». Esto provoca que los acreedores puedan identificar embargables y ejecutar el cobro de las indemnizaciones reconocidas judicialmente, algo que podría darse durante la disputa de la Copa del Mundo.

«Cualquier tipo de operación que realice España en el marco de su participación en el Mundial será seguida y susceptible de posible embargo», han indicado las compañías litigantes. No es un asunto menor: Estamos vigilando al centímetro toda la operativa (en el Mundial) porque son ya siete sentencias pendientes de pago». Un Mundial tiene un gran gasto operativo y estas sentencias pueden afectar directamente a la convivencia.

Las transacciones que más están en el punto de mira y que más preocupan a la Selección son aquellas con las empresas patrocinadoras Adidas, Hilton, Baylor School o la FIFA. Adidas se encarga de todo el equipamiento de La Roja y cualquier embargo podría tener repercusiones deportivas. La FIFA es el organismo deportivo que regula la competición y la que entrega los premios a las selecciones participantes en la gran cita futbolística.

La FIFA entrega 10,5 millones de euros a cada país participante y el campeón se llevará un premio de 50 millones de euros. No es el único premio ya que el subcampeón recibirá 33 millones, el tercero 29 y el cuarto 27. Del quinto al octavo se repartirán 19 millones y del noveno al decimosexto, 15 millones, del 17 al 32, 11 millones y del 33 al 48, nueve millones. Todos estos premios serían susceptibles de embargo si se realizan los pagos sobre suelo estadounidense.

La situación es tan clara como grave: los acreedores pueden proceder a reclamar el embargo de dichas operaciones de pago o de cobro, «bloqueando así la capacidad del Estado español de seguir actuando sin consecuencias tras un largo número de incumplimientos e impagos», indican las instancias judiciales. Permanecer casi un mes de competición en suelo estadounidense, a excepción de los partidos que se disputan en México, España juega allí el último de la fase de grupos, y Canadá sin poder realizar operaciones resulta bastante complicado.

Pese a ello, ni la RFEF ( Federación Española de Fútbol ), ni la FIFA dudan sobre la permanencia de España en el Mundial pese a los problemas judiciales del Gobierno sanchista. Los fondos norteamericanos intentarán bloquear los pagos a la Selección debido a estas sentencias, pero resulta muy improbable que tenga consecuencias directas a nivel deportivo durante el Mundial. España tendrá en Baylor School de Chattanooga ( Estado de Tennessee ) su base para la concentración pese a todos los posibles embargos.