El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de octubre la toma en consideración de una Reforma del Código Penal que librara del castigo penal los delitos de ultraje a España y sus símbolos; el enaltecimiento del terrorismo ; las injurias a la Corona, al Gobierno, los Tribunales de Justicia o a los Cuerpos de Seguridad; y las ofensas contra los sentimientos religiosos.
La iniciativa había llegado al hemiciclo de la mano de Podemos, en forma de proposición de ley contando con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), de acuerdo con el compromiso del Gobierno durante la negociación de los entonces Presupuestos Generales del Estado que, posteriormente, resultaron fallidos. También la apoyaban el resto de socios del Gobierno : Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) ; Izquierda Republicana Catalana ( ERC ) Partido Demócrata Europeo Catalán ( PDECat ) y Reunir el País Vasco ( EH – Bildu ).
El principal argumento de Podemos para impulsar la Reforma era que el castigo penal de los citados delitos chocaban frontalmente con el derecho de la libertad de expresión, al que amordazaba y reprimía. Y ello por dos motivos : de un lado, la introducción de tipos totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución e impropios de una democracia desarrollada. Y de otro, la aplicación de un tipo, nada definido, como el enaltecimiento del terrorismo, junto con conceptos abiertos e indeterminados, en torno a los llamados delitos de odio.
La exposición de motivos de la citada ley continuaba : que la ambigüedad de su definición, había permitido su aplicación de forma errática y con variadas tendencias doctrinales, sin que los propios órganos de justicia se hubieran puesto de acuerdo para unificar criterios.
Tenia un difícil encaje en un sistema democrático la criminalización de conductas, como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar ” rap “, utilizar la imagen de Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante un espectáculo -a modo de procesión- reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol, en presencia de los Reyes de España.
En el caso de injurias contra la Corona, Podemos defendía que en un sistema democrático, cuánto más poder tiene una institución, mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. Y recordaba que, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ( ONU ), defiende que todas las figuras públicas , incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto de legítima críticas y oposición política y que las leyes no deben de establecer penas más severas, según sea la persona criticada.
Esta Propuesta de Ley, subrayaba también, la posición del Tribunal de Derechos Humanos en el mismo sentido y aseguraba que, la despenalización de las injurias a la Corona, no solo asentaría el derecho a la libertad de expresión en España, sino también, la seguridad jurídica y la respetabilidad de nuestro país en lo concerniente a los indicadores europeos sobre la libertad de expresión.
Respecto al castigo penal del delito de ultraje a España o sus símbolos, el texto de Podemos, aseguraba que ataca a la libertad de expresión, al reprimir la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional. Ponerse de acuerdo cientos de personas en un estadio, previo reparto de silbatos a la entrada de un partido de fútbol de la Copa del Rey y en el marco de una protesta ciudadana, no es delito. Silenciar el himno nacional, no entraña ataque contra la Patria, sino una legítima expresión de la libertad de expresión, recalcaba.
La Propuesta de Ley continuaba defendiendo la despenalización del delito de enaltecimiento del terrorismo, argumentando que surgió en un momento de extrema violencia perpetrada por la banda terrorista ETA pero que no ha sido hasta el 2.011 cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando comenzaron a perseguirse estos delitos.
Defendía en esta línea que el ordenamiento jurídico español dispone de otras figuras como la apología del delito del terrorismo, que castiga la provocación directa para la comisión de delitos terroristas o el castigo ante la amenaza pública de acciones violentas que permiten encauzar los casos excepcionales de apología de terrorismo yihadista.
Esta iniciativa que empezó así su trámite parlamentario que como mínimo requería entre seis o nueve meses de debate, -suponiendo que no se atascara en el proceso de enmiendas-, pero dado que la legislatura llegó a su fin de manera anticipada con la disolución de las Cortes el pasado cinco de marzo y la convocatoria de elecciones generales para el mes de abril, la Reforma citada no ha podido completar su tramitación, decayendo y quedando sin efecto todo lo propuesto.
Con la actual composición de las Cámaras representativas, si se mantiene el interés y los números de diputados y senadores lo permiten, se deberá de comenzar de nuevo, empezando su recorrido desde el principio.
