LA POLITICA PENITENCIARIA ESPAÑOLA.

Aunque la población reclusa española ha descendido notablemente tras la reforma del Código Penal del año 2010, cuando redujo las condenas a los pequeños traficantes de drogas e introdujo la sustitución de la pena ( impuesta o prevista ) de los delincuentes extranjeros por la expulsión a su país; todavía hay 60.000 presos ( 59.400 exactamente, en el momento de escribir éste artículo ), de los cuales, 4.400 son mujeres y 16.600 son extranjeros.

Según el último Informe de la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario, se trata de una cantidad elevada. Nuestra población penitenciaria es un 32 % superior al promedio europeo pese a que la criminalidad está un 27 % por debajo. La explicación que dan es que las condenas son aquí más largas que en el resto del continente. La estancia en prisión es la tercera más elevada después de Turquía y Rumanía. La duración media es de unos 18 meses, cuando en el conjunto de Europa es de 7. Según los autores del estudio, si la tasa de encarcelamiento se acomodara a la realidad, la mitad de los presos deberían estar libres.

Si ésta conclusión la llevamos al terreno económico, supondría un ahorro de unos 630 millones de euros, porque cada preso le cuesta al Gobierno 62,5 euros diarios ; unos 1.800 euros al mes y en torno a 21.600 millones de euros al año ; si se tienen en cuenta todos los gastos que conlleva una prisión, según los cálculos efectuados por las Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Si queremos una referencia de lo que esto supone, se trata de que el Estado gasta más en el mantenimiento de un preso que en la prestación  por desempleo de un padre con un hijo, cuyo baremo máximo está en 1.242 euros mensuales.

A la hora de abordar la gestión de la población reclusa, los costes no son el aspecto más relevante porque el objetivo que debe de guiar la política penitenciaria es la reinserción de los presos y aquí los resultados de nuestro sistema son mixtos. Hay quien aprovechando una larga condena se ha sacado un título universitario y también están los reincidentes en su ” especialidad “. La mayor parte de los criminólogos coinciden en que los autores de los delitos comunes ( robos, hurtos, tirones…. ) pueden rehabilitarse con el paso del tiempo, pero los asesinos y pervertidos, nunca.

La alarma que causan algunos de éstos hechos, llevó al Gobierno del Partido Popular ( PP ), a implantar la Prisión Permanente Revisable ( PPR ) en el año 2015 . A pesar de que, según numerosas encuestas, la imposición de ésta pena es defendida por 8 de cada 10 españoles, este respaldo popular no se ve reflejado en los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. PP y Ciudadanos quieren ampliar su ámbito de aplicación pero sus enmiendas han sido rechazadas por el resto de grupos políticos. Por el contrario, se ha aprobado una propuesta formulada por el Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) apoyada por el Partido Socialista Español ( PSOE ) y Unidos-Podemos hacia la derogación de ésta medida.

Aunque la criminalidad repuntó -levemente- en España, en 2017 ( pasando de 43,2 infracciones por cada mil habitantes, a 43,8 ) ; es dudoso que se introduzcan cambios radicales en la política penitenciaria. Ni siquiera la posible derogación de la Prisión Permanente Revisable supondría un acortamiento sensible de la duración de las condenas.

¡ NO HAY QUIÉN LOS PARE !

Quien pensara que después del verano disminuirían las salidas de pateras desde Marruecos, se equivocaba. Tan solo en octubre, llegaron a España 11.788 inmigrantes, la mayoría por vía marítima.

El último informe del Ministerio de Interior dice que, 53.382 personas en situación irregular han llegado a nuestro país hasta el 31 de octubre, de los cuales 47.684 lo han hecho en pateras. En su totalidad, suponen  un 153 % más que el año pasado, de 2.017.

Parece que estamos viendo la mayor crisis inmigratoria de nuestra historia y que España se ha convertido en la principal ruta del Mediterráneo para llegar a Europa. Un drama que ha dejado estos meses de 2.018, 564 fallecidos entre el Estrecho y el Mar de Alborán.

De acuerdo con lo que se va sabiendo, en el lado marroquí hay una gran actividad para el transporte ilegal de inmigrantes que el mal tiempo de otoño, ni su correspondiente mar agitado, impedirán que sigan saliendo pateras. Están tan desesperados que prefieren jugarse la vida en el mar que quedarse en Marruecos. Este estado de ánimo afecta tanto a los jóvenes subsaharianos como a los marroquíes, que están como locos por salir al mar.

El pasado lunes, día  5, una patera de madera naufragó a unos 200 metros de la playa de Caños de Meca, en la gaditana localidad de Barbate, al encallar en una zona de arrecifes. Se estima que en la embarcación ibas 45 personas, todas ellas de nacionalidad marroquí y de las que solo 22 de ellas -las que llevaban chaleco salvavidas- consiguieron llegar a la costa. Del resto ya han aparecido 12 cadáveres hasta hoy.

En la patera iban también varios menores. Su viaje lo había organizado un grupo de ultras del fútbol del equipo Moghreb Athletic, de Tetuán, que llevan meses desafiando a su Gobierno alzando banderas españolas y silbando al himno nacional de Marruecos durante los partidos.

Toda su rabia estalló, después de que la Marina Real Marroquí disparase -en septiembre pasado- contra una patera en la que murió una joven estudiante. Entonces empezaron las protestas en las calles y algunos ultras, acostumbrados a financiarse con el dinero del hachís, cambiaron el negocio de las drogas ( aún no está disponible la cosecha de éste año ) por el de las pateras.

De entre los supervivientes, han sido identificados el que hacía las funciones de timonel y su ayudante, aunque trataron en todo momento de hacerse pasar por simples pasajeros. Los dos han sido puestos a disposición judicial e ingresados en prisión.

BUSCANDO EL TALENTO POLICIAL

A los afortunados que han logrado superar la oposición a la Policía de éste año, aún les queda otro gran paso: aprobar un curso intensivo en la mayor Escuela Policial de Europa, que es la del Cuerpo Nacional de Policía; que está en Ävila y a la que se acaban de incorporar.

Allí, además de formar a los alumnos, se les va a llevar al límite para que sean capaces de superar cualquier situación crítica en la que pueda peligrar su vida o la de los ciudadanos a quienes protegen.

Prima por ello la formación en valores : la honradez, la honestidad, la lealtad, el  compañerismo, el trabajo en equipo … Creo que es un punto de partida esencial y que nos hace ser muy valorados por la sociedad.

Después, se enseña el conocimiento para enfrentarse a las necesidades actuales y las que se prevé que pudieran llegar. El gran reto de la Policía hoy son las nuevas tecnologías y los delitos que con  ellas se cometen.

Lo que más sorprende a los alumnos es la enseñanza jurídica que está establecida en los Planes de Estudio por Departamentos para que su futura actuación policial vaya siempre acompañada del máximo rigor. Aunque toda la formación teórica se complementa con toda clase de prácticas: de tiro, de defensa personal, de conducción arriesgada, etc ; cada vez tiene más peso la formación jurídica.

El gran desafío presente y futuro de la Escuela de Ávila está en la internacionalización. En la actualidad, se imparten Cursos para Policías de muchos Cuerpos y países. También para Organizaciones Policiales tales como Interpol, Frontex, etc. Se trata de casi una treintena de Estados.. El gran objetivo es crear – junto con nuestros socios europeos-   un ” Erasmus Policial ”  basado en el ” Espíritu de Bolonia “.

Mientras se trabaja en la pretensión anterior, nos podemos sentir orgullosos de que desde el año 2015, sea la sede de la Secretaría Permanente de la Escuela Iberoamericana de Policía de la Comunidad de Policías de América ( AMERIPOL). Donde se ofrece formación -tanto presencial como a distancia- para Cuerpos Policiales Iberoamericanos y donde cada país pueda, además, publicar sus cursos y ser aprovechados por los restantes para formar a sus agentes, convirtiéndose así en la Escuela ( Virtual ) más grande del mundo.

LA GRAVE INSEGURIDAD CIUDADANA EN BRASIL.

Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, 175 personas son asesinadas cada día en el país. Sólo en Rio de Janeiro, muere una persona cada hora. El año pasado, 2.017, hubo 63.000 homicidios, un 2,9 % más que el año anterior de 2.016. Los tiroteos se cuentan por decenas y los enfrentamientos entre la Policía y las bandas criminales son diarios.

Lo habitual es que cada año se intervengan más de tres mil armas largas ( fusiles de asalto y subfusiles ) , pistolas y granadas de mano. Los asaltantes actúan con un absoluto desprecio por la vida humana. Brasil tiene la relación más alta de mundo en víctimas mortales por arma de fuego, con una tasa del 30,8 % por ciento por cada cien mil habitantes, que en las regiones del norte puede llegar al 68 %. A modo de referencia, ese mismo índice en España es del 1,01 %.

Los traficantes de drogas son los dueños de barrios enteros, en los que han implantado una suerte de poder paralelo, frente al que poco puede hacer la Policía. El pasado año de 2.017, 367 policías fueron asesinados en diferentes operaciones ; un 8,4 % más que el año anterior de 2016. El último fue un cabo que recibió 50 impactos de fusil de asalto.

En la metrópolis de Río de Janeiro, con más de doce millones de habitantes, diez mil agentes uniformados patrullan sus calles y es la Policía que más delincuentes mata del mundo. El índice de muertes en Brasil debido a la criminalidad violenta, supera ya al de las guerras de Siria, con 300.000 muertos o Irak con 280.000. Son casi 800.000 ( 786.870 exactamente ) equivalente a más del total de la población de ciudades españolas como Valencia, Sevilla o Zaragoza.

En los suburbios de Sao Paulo, territorio metropolitano que supera los veinte millones de habitantes, hay barrios enteros cerrados y controlados por bandas criminales que tienen sus propias escuelas, tiendas y servicios de todo tipo. Vivir en el centro de la ciudad es relativamente tranquilo pero si te desplazas a la periferia, lo normal son los robos y saqueos a bares, comercios y viviendas.

Brasil es el país donde hay más coches blindados. La mayor parte de directivos y ejecutivos de las grandes empresas, se desplazan en helicóptero para evitar secuestros o asaltos. Los espacios informativos de las cadenas de televisión con más audiencia, no abren con noticias de política nacional o internacional, sino con sucesos. Uno tras otro durante minutos y minutos. Tiroteos, robos, asaltos a hoteles, cafeterías, restaurantes y hasta en iglesias.

Si nos vamos a las cárceles, son auténticas escuelas de delincuentes, en las que no faltan motines y hasta decapitaciones. Los grupos criminales reclutan a los chavales en las puertas de los colegios en los barios marginales ( favelas ) porque son inimputables por la edad. Los atrapan con dinero rápido y abundante de la droga y los convierten en jóvenes delincuentes que son encarcelados cuando alcanzan la mayoría de edad penal. De la prisión ya salen convertidos en delincuentes profesionales.

Hoy se celebran en Brasil las elecciones a Presidente de la República para las que hay dos finalistas, según el sistema mayoritario que impera en el país. Los dos llevan en su Programa Electoral reducir la delincuencia hasta límites tolerables aunque ninguno de ellos explica con detalle cómo lo va a lograr. Por el bien de sus conciudadanos y gane quién gane, espero que acierte porque los datos que dan sus estadísticas criminales son de verdadero pavor e impensables a éste lado del Atlántico.

LA FRACASADA VENGANZA DEL GOBIERNO NAVARRO.

El pasado mes de julio, nuestro Tribunal Constitucional anuló la ley navarra de reconocimiento de víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha, aprobada por el cuatripartito de los grupos políticos Sí Al Futuro ( Geroa Bai, en euskera ) ; Reunión de Tierras Vascas ( E.H. Bildu, también en euskera ) ; Podemos e Izquierda ( Ezkerra, seguimos en euskera ) ; mas el apoyo del Partido Socialista de Navarra ( PSN ) ; que había sido suspendida -cautelarmente-  como consecuencia del Recurso presentado por el Gobierno del Partido Popular ( PP ).

La Sentencia estima el Recurso preparado por la Abogacía del Estado de Navarra ante el riesgo de conculcar derechos fundamentales de todos cuantos pudieran verse sometidos o expuestos al escrutinio de la Comisión de Valoración de las denuncias, un órgano político que nombraría el Ejecutivo navarro y que no tiene carácter judicial.

Esta ley pretendía establecer presuntos comportamientos delictivos provocados por actuaciones policiales o parapoliciales, desde 1950 hasta hoy. El texto anulado omitía -intencionadamente- que la única instancia que tiene potestad para ello es la justicia.

Ésta Comisión sería el órgano encargado de decidir si se ha producido un caso de malos tratos o torturas por parte de la Policía Foral Navarra, Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil , aunque no haya sentencia judicial. En caso de reconocimiento, daría derecho a la víctima a solicitar una indemnización al Gobierno Navarro por el daño producido.

El principal argumento jurídico contra ésta Comisión es que vulnera el artículo 17 de la Constitución Española, al atribuirse las funciones de investigación y resolución sobre presuntos delitos cometidos contra los denunciantes, vulnerándose así el derecho al honor y al de presunción de inocencia de los funcionarios policiales.

El varapalo de los jueces, es un zarandeo constitucional al actual Gobierno de Pedro Sánchez, poniéndolo en un aprieto y obligándole a retirar otro Recurso similar a la ley vasca de abusos policiales, muy parecida a la navarra. Se trata de uno de los precios que nuestro actual Gobierno de la Nación debe de pagar al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) uno de los socios parlamentarios que le permitieron ganar la moción de censura al anterior Presidente, Mariano Rajoy.

Éste acuerdo de los Gobiernos de Madrid y Vitoria, para retirar el Recurso mencionado, ha despertado el enfado de la mayoría de los sindicatos policiales y de las asociaciones de víctimas del terrorismo etarra. Algunas de ellas, están preparando su personación en la causa abierta en el Tribunal Constitucional, con la intención de frenar la retirada del Recurso.

LA LUCHA MARROQUI CONTRA LAS PATERAS.

Muchas veces me he preguntado que, en el marco de la lucha contra la inmigración irregular que nos llegar desde las costas marroquíes, cuál era la colaboración de la Policía de éste país. Nuestras autoridades no cesan de alabar ésta cooperación en cuantas oportunidades tienen pero que a mí no me bastaba esa explicación, quería saber más, conocer detalles.

Realizadas las correspondientes indagaciones, el resultado ha sido positivo pero con altibajos. En ésta materia, como en otras, Marruecos conoce nuestras debilidades y astutamente saca partido de ellas, bien en renta política, social y…. hasta económica ( hace nada que ha conseguido cuarenta millones de euros de la Unión Europea, a petición nuestra ).

Bien, dicho lo anterior, vayamos a lo nuestro que no es más que el aspecto policial de esa colaboración en materia de inmigración, porque en terrorismo me afirman que es excelente y los resultados hablan por sí solos. Nula en el tráfico de estupefacientes, pese a las kilométricas extensiones de cultivo de hachís que nuestras colegas ” no ven ” .

Fruto del endurecimiento de los controles fronterizos en el sur de  Europa, Marruecos se ha convertido no ya solo en un país en tránsito sino en un destino forzoso, aumentando así la vulnerabilidad de los emigrantes. Las redadas son muy frecuentes en las inmediaciones de Ceuta y Melilla y su traslado es a la frontera con Argelia, lugar donde suelen provenir. Son varios miles cada año y en condiciones difíciles de asumir. No hay discriminación alguna, entran todos por igual: hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos, cuando al final y después de varios intentos consiguen llegar a España, cuentan que tenían el mismo miedo de morirse en el agua que de hacerlo en Marruecos.

Las zonas desde donde parten las pateras, están alejadas de los grandes núcleos urbanos y territorialmente, su actuación corresponde a la Gendarmería Real Marroquí. En estos lugares se puede apreciar un aumento incesante del número de asentamientos de inmigrantes subsaharianos que han salido huyendo de la presión policial tras los últimos asaltos a las vallas de las dos Ciudades Autónomas.

La Marina Real marroquí también ha comenzado a desarrollar operaciones en sus costas y en los principales puntos de salida de emigrantes. Tímidamente, a impulsos y coyunturas, pero ya empiezan a interceptar pateras. Antes no hacían nada.

Además, se están desarrollando investigaciones conjuntas para perseguir a las mafias de la inmigración irregular. Desde lo alto de los barrios de Mesnana y Boukhadef en Tánger -última parada de los subsaharianos que esperan su oportunidad de saltar el Estrecho- se vislumbra el Puerto de Tarifa, en Cádiz ; a donde desean llegar.

Periódicamente, las Fuerzas Auxiliares Marroquíes hacen redadas para tenerlos controlados y evitar que se lancen al mar. Les confiscan los materiales : barcas de plástico, remos y chalecos salvavidas para evitar su salida.

A todos los organismos marroquíes comprometidos contra la inmigración irregular trabajo no les va a faltar. Las últimas estimaciones de diversas onegés que operan en su ayuda sobre el terreno, estiman en unos cuarenta mil los subsaharianos esperando dar el salto. Cantidad que irá subiendo con el tiempo al cerrarse la vía italiana que pasaba por Libia.

LA REFERENCIA EUROPEA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA.

Observo, gratamente sorprendido, las Conclusiones del Cuadro de Indicadores de la Justicia en  la Unión Europea para éste año de 2018 ; hasta el extremo de que no me puedo sustraer a la tentación de traerlas a este espacio para conocimiento general y traslado de la satisfacción que yo he sentido.

Pero vayamos al grano. La edición de éste año, mejora la nota de España en el conjunto de indicadores sobre la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de la Unión Europea ( UE ) y la coloca en la media de los Estados miembros.

En el estudio destaca la accesibilidad del sistema de justicia y por la calidad de la asistencia jurídica gratuita, garantizada para todos los ciudadanos que se situen un 40 por ciento por encima del umbral de la pobreza, marcado por Eurostat ( Oficina Europea de Estadística ) ; un nivel sólo alcanzado por Dinamarca.

En el estudio, se debate un año más, sobre la homologación de lo que se consideran jueces puesto que en nuestro caso, no incluye a los Letrados de la Administración de Justicia, ( los Secretarios de los Juzgados ), cuyas competencias las realizan jueces en otros países, así como el caso de las sustituciones por jueces no profesionales.

En materia de eficiencia jurídica, el informe de Bruselas es muy positivo para España en cuanto a la tasa de resolución de asuntos civiles, mercantiles y administrativos y la sitúa en términos generales en quinta posición, por delante de sus principales socios europeos. Así, con un porcentaje del 104,6 , los juzgados españoles resuelven un 4,6 por ciento más de lo que ingresan. Respecto a 2017, se reduce el tiempo de respuesta de los asuntos judiciales en Primera Instancia, que en el caso de España es de 227 dias, mejorando los indicadores de Francia, Italia y Alemania.

En materia de gasto realizado por las administraciones públicas en el conjunto del sistema judicial, España aparece por encima de los 75 euros por habitante, a la par que Dinamarca y Finlandia que registran valores semejantes.

En general, el nivel del gasto en el sistema judicial se ha mantenido estable en la mayoría de los Estados miembros, pero existen grandes diferencias entre los pasíses. Desde 2007, 16 Estados miembros, han utilizado Fondos Estructurales y de Inversión Europeos ( ESI ) para mejorar la eficacia de sus sistemas de justicia. Entre 2007 y 2023, éstos Estados miembros habrán gastado más de 900 millones de euros para aumentar la eficacia y mejorar la calidad de sus sistemas de justicia. La mayoría utilizó los fondos ESI en una serie de actividades, mientras otros pocos se centraron en una solo objetivo.

De ésta forma, España y Portugal, asignaron los fondos exclusivamente a la digitalización y a las nuevas tecnologías de la información ( TIC ) ; mientras que Croacia y Malta, a la formación y a la sensibilización. Muchos de los Estados miembros que han empleado una parte significativa de sus Fondos para TIC y digitalización, están entre los que las emplean para intercambiar información entre tribunales y abogados.

Imagen relacionada

Por otra parte,  el informe explica que la percepción de la independencia del Poder Judicial por parte de la empresas ha mejorado o se ha mantenido estable en, aproximadamente, dos tercios de los Estados miembros, con respecto al año anterior  aunque también ha empeorado en algunos países.

Este sería el caso de España que, según los datos de percepción negativa de los ciudadanos recogida en el Eurobarómetro ( encuesta donde los ciudadanos europeos expresan sus prioridades y deseos ) ocupa la sexta posición tras, Croacia, Eslovaquia, Bulgaria, Italia y Eslovenia.

Tanto los ciudadanos como las empresas consideran las presiones o injerencias por parte del Gobierno y los políticos, como la causa principal de la falta de independencia de los organos jurisdiccionales y los jueces.

Además y por segundo año consecutivo, España aparece junto con Francia, como únicos países en los que el consumidor no tiene que abonar una tasa para iniciar un procedimiento judicial.

También en el capítulo de accesibilidad, España obtiene buena nota en implementación y disponibilidad de medios electrónicos al servicio de la Justicia y se sitúa en la octava posición, por delante de países como Alemania, Dinamarca, Francia, Bégica o Italia.