Llevamos ya varios años en los que la Unión Europea, se está enfrentando a la entrada en su territorio de inmigrantes ilegales promovida, de manera más o menos velada, por Marruecos, Turquía y Bielorrusia; con el objetivo de obtener réditos políticos y económicos. El uso de los flujos inmigratorios con tales fines, está viviendo ahora un momento particularmente intenso. Refugiados e inmigrantes, se han convertido en moneda de cambio, lo que deriva en el excesivo peso que la Unión Europea otorga a estados vecinos en la gestión de las fronteras. Esa dependencia tan estrecha para frenar la inmigración, se ha convertido en un arma de doble filo que agita a todo el club comunitario.

Un año después de presentar el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que es la hoja de ruta que debe de guiar la política inmigratoria de la Unión Europea, sigue preocupando la instrumentalización de la inmigración para desestabilizar la Unión y sus Estados miembros. Siguen fracasando, todos los intentos, de acercar posturas, sobre los numerosos asuntos de la agenda migratoria que están pendientes, ahora que se ha conocido que durante el pasado mes de octubre, el resultado de una investigación periodística alemana que revelaba las expulsiones en caliente hacia Bosnia, por parte de Croacia y Bosnia, extremos que han negado ambos países.

La realidad está indicando que, se está dejando en manos de países que no son homologables, democráticamente hablando, porque no respetan los derechos humanos, el cumplimiento del Derecho Internacional de protección de los refugiados y además Europa, pierde capacidad de ser críticos con ellos porque son aliados fundamentales para reducir la llegada de personas irregulares.

Marruecos y Turquía saben que, cuentan con un as bajo la manga. Así ha quedado patente en varias ocasiones, la última de ellas ocurrió en el mes de mayo del pasado año de 2.021, cuando más de 10.000 inmigrantes entraron a la fuerza en Ceuta, muchos de ellos a nado, a través de los espigones fronterizos. La acción marroquí alentando el cruce, se produjo como parte de la campaña de malestar por haber permitido la entrada y permanencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, afectado por la gripe china. Todo ello, en el marco permanente de la guerra diplomática con toda la Unión Europea para imponer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Español.

De igual manera, Turquía hace lo mismo para que cesen las críticas a los ataques armados que hace a las milicias kurdas en Siria; para acallar las voces que le acusan también de un creciente autoritarismo o para reclamar más dinero del que se le abona a cambio de acoger en su territorio a cerca ya de cuatro millones de refugiados sirios

En el caso de Bielorrusia, ya se le advirtió de manera oficial en el mes de junio de 2.021, de organizar el tráfico ilicito de inmigrantes hacia la Unión Europea. Primero a Lituania, después a Polonia y por último, a Letonia. El propósito era presionar para que se levantaran las sanciones impuestas por este motivo, que se habían sumado a las impuestas por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Aunque se trata de un caso distinto a Marruecos y Turquía porque no ha sido utilizado como un país en transito, sino organizado para personas de Oriente Medio, las autoridades de este país han aprendido que podían utilizar la inmigración como una arma politica.

La inmigración irregular es una de las cuestiones que más asusta en el seno de la Unión Europea aunque las entradas ilegales ya no son tan abultadas como en el pasado, si comparamos sobre las 100.000 llegadas en el año 2.019, con las de 2.015, cuando casi dos millones de personas accedieron a territorio europeo. El inevitable parón, debido principalmente, a la pandemia china, ha vuelto a exponer la crisis económica derivada de la misma, su repercusión en el estado de bienestar y la preocupación por el cambio climático. Pero las cifras comienzan a remontar tras la crisis sanitaria. En los nueve primeros meses de 2.021, el número de inmigrantes que han logrado cruzar las fronteras de la Unión Europea, asciende a 120.000, lo que supone 43.000 personas más que en mismo período del años pasado y casi 30.000 más que en el año 2.019.

Las llegadas a España, en igual período de tiempo, han crecido con fuerza como lo demuestra las 25.852 personas que han logrado entrar, un 54% más que en mismo espacio de tiempo del año anterior. Este incremento, lo ha provocado -en gran medida- las llegadas a la Islas Canarias, que se han duplicado.

Sobre la inmigración, España tendría mucho que decir pero carece de la capacidad politica necesaria para que sus demandas puedan ser atendidas. Desde hace años, la posición española ha sido pretender más solidaridad, no solo en el aporte de más recursos sino sobre todo en el reparto en la acogida de las personas que llegan. La idea es la misma que plantea Italia ya que, estar situados en el mar Mediterráneo, no nos hace los únicos responsables de acoger a los inmigrantes. Ambos países no son más que dos Fronteras Exteriores del espacio Schengen, como hay otras tantas.

Como se está viendo, la politica actual europea parece como si fuera una externalización de la politica migratoria que pone a la Unión Europea en una posición de debilidad frente a las estrategias de presión. La alternativa a todo ello sería abrir vías de tránsito, seguras y legales, de forma que la lucha contra los flujos irregulares resulte más legítima y creíble. Hay varios mecanismos para ello que ya existen, como la concesión de visados de trabajo y residencia desde el país de origen; la concesión de visados humanitarios para los refugiados y la apertura de corredores de protección internacional. No habría que innovar en términos políticos sino aplicar herramientas que, lamentablemente, los estados no quieren utilizar.

La solución también pasaría por profundizar las relaciones diplomáticas; fomentar la colaboración institucional y policial y establecer acuerdos económicos para el desarrollo de esos países. Sin olvidar que, el país que no permite solicitudes de asilo, falta al Derecho Europeo e Internacional.

Se trata de la legalidad… o no, de la exhibición de símbolos franquistas en espacios públicos. Especialmente, de la bandera del águila, como muchos se refieren a ella.

Desde mi punto de vista, mostrar esta bandera  o cualquier otro símbolo de este tipo, no es ilegal. Todos sabemos que no es la bandera oficial española, que es la bandera de otra época, de cuando gobernaba Franco. Pero exhibirla no es ilegal. Ningún símbolo pre-constitucional lo es por sí mismo. Ni lo son los utilizados durante el Régimen de Franco ni los anteriores, ya sean pseudodemocráticos ( como los de la II República ) o no. Esto, habría que enmarcarlo, dentro del derecho a la libertad de expresión que tanto utiliza nuestra extrema izquierda para justificar sus barbaridades ordinarias.

He encontrado una excepción en la Ley de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en año 2.007, que penaliza la presencia símbolos franquistas en espacios dependientes de las distintas Administraciones Públicas.

Por ejemplo, un alcalde no podría poner la bandera del águila en el balcón del Ayuntamiento, alegando libertad de expresión porque iría en detrimento de los símbolos constitucionales y se podría acusar al alcalde de prevaricación. Nadie se puede apropiar de los espacios públicos porque son de todos y se exige neutralidad política. Ni tampoco en cualquier acto oficial de las distintas administraciones públicas, sea central, autonómica o local.

En cambio, no es ilegal en los actos privados. El ¡ Viva Franco ! de los nostálgicos, difícilmente se puede considerar delito de odio. Tampoco, mostrar la bandera que todos llaman pre-constitucional, en los espectáculos públicos, sea campo de fútbol, plaza de toros y similares. Ni que se cuelgue en un bar o en el balcón de una casa.

Nuestro Código Penal no castiga la utilización de símbolos asociados al Régimen de Francisco Franco. En octubre de 2.013, cuando el Partido Popular ( PP ) tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, los catalanes de la entonces Convergencia y Unión ( CyU ),  lo propusieron para que se tipificara como delito de la apología y el enaltecimiento del franquismo. El texto que había sido consensuado con el resto de formaciones políticas del arco parlamentario ( Partido Socialista Obrero Español -PSOE- ; Izquierda Unida -IU-; Unión, Progreso y Democracia -UPyD; y Unión del Pueblo Navarro -UPN- ) fue rechazado por la mayoría del PP.

La apología del franquismo, podría entrar en los tipos generales de los delitos de odio que contemplan la violencia, discriminación, hostilidad, humillación, menosprecio y descrédito, contra la libertad y la igualdad. Siempre que la bandera se usara para provocar el odio, por ejemplo, en un discurso reivindicando o proponiendo actos violentos, si se podría haber cometido un delito de odio previsto con penas de multa y prisión de hasta cuatro años.

Para impedir que esto pudiera continuar así, el Partido Socialista que dirige Pedro Sánchez registró en el Congreso de los Diputados en enero de 2019, una Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática que estaba aparcada desde la legislatura anterior. Se pretendía así , desterrar el franquismo de la sociedad española y todo lo que representó en su momento.

En el citado texto que aún se encuentra en el trámite parlamentario, aparece como sanción grave, con multa de 10.000 a 100.000 euros, las convocatorias de actos de exaltación del franquismo, su organización y desarrollo. Y el cierre temporal, de 6 meses a dos años, de los locales o establecimientos públicos donde se realicen actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1.936; de las infracciones de los derechos humanos durante el tiempo que duró la Guerra Civil; de lo que ellos llaman, dictadura franquista o del dictador Francisco Franco; y el comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya perpetrado o ejecutado la infracción.

Esta misma semana, los dos partidos que constituyen el Gobierno social-comunista que dirige nuestros destinos, han comunicado con gran algarabía mediática, su pacto para que la ley que se tramita, permita investigar los crímenes del franquismo para que todas las victimas tengan derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado, entre otros objetivos menores. Se trata de un paso más para desencallar la tramitación de la misma, cuyo desenlace está en el aire ya que los restantes partidos políticos que se aliaron para la investidura de Pedro Sánchez y por distintas razones, no están por la labor porque no les conviene, especialmente Ezquerra Republicana que tiene mucho que ocultar por los crímenes cometidos en la retaguardia catalana.

El obstáculo principal que impedía este propósito, hasta ahora, era la Ley de Amnistía, promulgada en 1.977 y por eso se pretende modificarla. La mayor parte de la comunidad jurídica considera que esta pretendida reforma no tendrá consecuencias y esos supuestos delitos no podrán ser enjuiciados. Y si todavía queda alguna duda y pese al empeño gubernamental, el Tribunal Constitucional cerró el pasado septiembre, esta vía para investigar al franquismo que intenta abrir ahora el Gobierno. Fue a través de un Auto, en el que inadmitía a trámite un Recurso de Amparo, presentado por el antiguo Secretario General del Partido Comunista Español ( PCE ), Gerardo Iglesias, por las detenciones y supuestas torturas que sufrió entre 1.964 y 1.974. Esta denuncia, presentada en el año 2.018, ya había sido archivada sucesivamente por un Juzgado de Oviedo y por la Audiencia Provincial de Asturias.

A pesar de todas las hostilidades desplegadas por la coalición socialcomunista y muy contrariados por lo que supone la ruptura de sus planes para erradicar el franquismo de la historia y las mentes de los españoles, ayer sábado, día 20 de noviembre y como recordatorio del fallecimiento de quien fue Caudillo de España durante 40 años, estaba previsto la celebración de diez misas, en todo el territorio nacional, en sufragio por el alma de Francisco Franco y todos los caídos por Dios y por España. Estas ceremonias religiosas, estaban organizadas por las respectivas delegaciones territoriales de la Fundación Francisco Franco.

La primera de ellas, debía de haberse celebrado el jueves, día 18 de noviembre, en Alicante, que tuvo que ser suspendida, ante las amenazas de la Comunidad Autónoma Valenciana, de que sancionaría su celebración porque este tipo de homenajes iba contra la vigente Ley de Memoria Histórica, según su criterio. Las restantes, no han recibido avisos de ninguna clase en sus respectivos demarcaciones y se celebrarían en Sevilla, en la iglesia de El Salvador, uno de los templos católicos más queridos y admirados de la capital andaluza. Seguida por la de Badajoz, en el Convento de Las Descalzas; Santa Cruz de Tenerife, en la Iglesia de San José, que dispondrá de protección policial ante la posibilidad de ataques de grupos que se denominan antifascistas, como ya hicieron en el año 2.019; en la Capilla del Sagrario de la Catedral de Granada; en la Parroquia Nuestra Señora del Valle, en Ceuta; en la Iglesia de Santiago El Mayor, en Zaragoza; en la Iglesia de San Torcuato, en Zamora; y la última de este día, en la Parroquia de San Vicente de Paúl, en Albacete. En Madrid, será en la Parroquia de los Doce Apóstoles, pero ya el lunes día 22; y en la Parroquia de Stella Maris, en Málaga, el martes día 23 de noviembre.

Si se aprueba esta Ley que ahora se está debatiendo y en los términos descritos, los social-comunistas habrán conseguido imponer su versión de los hechos, distorsionándolos hasta el extremo de que los perdedores figuren como vencedores.