El precio de la vivienda en venta y alquiler en España está desbocado desde hace años debido a la nefasta gestión de este Gobierno social-comunista. La falta de oferta, el aumento de la población a costa de la inmigración, la inseguridad jurídica, la insuficiente construcción de nuevas unidades y de vivienda social, así como las medidas regulatorias poco eficaces, son las principales causas del aumento de precios, opinan los expertos. El valor de la vivienda en venta en España creció un 9,8% entre enero de 2024 y enero de 2025, mientras que el alquiler aumentó un 11,8%, tal y como revela el informe de precios de la plataforma idealista.

Según los últimos datos del INE ( Instituto Nacional de Estadísdica ), la población de España aumentó en 115.612 personas durante el cuarto trimestre de 2025, hasta situarse en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, de los cuales 10.004.581 son extrranjeros, el 20,03%.. Las principales nacionalidades de este grupo son la venezolana, la colombiana, y la marroquí. La lógica es simple: con más personas, se necesitan más casas.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aseguró en una sesión en el Senado en 2024 que España necesita entre 200.000 y 250.000 inmigrantes anuales para mantener el sistema de bienestar y las pensiones, aunque otras fuentes apuntan que no será suficiente. España necesita inmigración, pero los emigrantes necesitan casas donde vivir. Con las condiciones actuales del mercado, la inmigración tiene un impacto significativo en el importe de la vivienda, ya que la falta de oferta hace que españoles y extranjeros compitan por una casa.

“La inmigración juega un papel fundamental en la dinámica del mercado de la vivienda en España. A día de hoy, el crecimiento de la población en el país está impulsado principalmente por la llegada de emigrantes, ya que la población nacional española está en declive debido a la baja tasa de natalidad”,.“La mayoría de los inmigrantes que llegan a España no cuentan con redes familiares o económicas que les faciliten el acceso a una vivienda propia, por lo que dependen, en gran medida, del mercado de alquiler. Como consecuencia, los precios han aumentado, especialmente en las grandes ciudades”,

Las dificultades para encontrar un hueco en el mercado de la vivienda condiciona la vida de miles de emigrantes. Los datos hablan por sí solos. Según un estudio reciente de la organización Provivienda, el 47% de las personas extranjeras interesadas por un alquiler son rechazadas, frente al 32% de los nacionales. Además, cuando se les cierra la puerta a un alquiler, los foráneos reciben dos alternativas habitacionales frente a las cuatro que ofrecen los nacionales. El informe publicado en 2025, recoge que el racismo inmobiliario se aplica casi sin excepción: el 99% de las agencias aceptan ‘cláusulas racistas’ por parte de los propietarios que quieren utilizarlas para ofrecer su piso en alquiler.

Basta con echar un vistazo a las cifras para observar cuánta vivienda compran, dónde y de qué tipo. Solo el 13% de los compradores de casa en España tienen nacionalidad extranjera, según datos del Colegio Oficial de Registradores. Además, su presencia se concentra en mercados muy concretos y, en muchos casos, en segmentos de precio medio-alto o alto. De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que más de un tercio de los extranjeros (36,6%) que llegaron a España en 2024 residen fuera de las comunidades autónomas de mayor tensión (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias).

El sector de la construcción, clave para movilizar vivienda en un contexto de déficit de oferta, lleva meses pidiendo regularizaciones de emigrantes y flexibilización de requisitos de entrada para paliar una falta de mano de obra en el mundo inmobiliario. Desde el Ministerio de la Vivienda afirman que la industria constructora reclama la necesidad de apertura de nuestro país. Los emigrantes son el 20% de los trabajadores de la edificación y obra pública. Las proyecciones realizadas hasta la hecha indican que hasta 2.028, España espera ganar 3,5 millones de personas debido al fenómeno inmigratorio y arrastra un déficit acumulado de 700.000 viviendas en la última década, según informa el Banco de España. Una cifra que como no se corrige, sigue creciendo y encareciendo los precios de compra-venta ya en máximos como ha ocurrido en los últimos 14 años.

Los especialistas en esta materia indican que los inmigrantes han contribuido a la subida de precios de la vivienda en un contexto en donde la oferta residencial no ha respondido lo suficiente. Desde 2.019, los niveles de extranjeros con residencia permanente han aumentado un 50% hasta un nuevo máximo mientras que las casas disponibles apenas han crecido. Desde 2.016 hasta 2.024, la llegada de inmigrantes ha sumado presión al valor de los inmuebles, en 2.024 llegó al seis. Un valor que entre 2.010 y 2.015 era casi nulo, con su punto más bajo en 2.012, cerca de 1.

Estos resultados, sugieren que la emigración no estaba presionando los precios al alza o que otros factores económicos como las secuelas de la crisis financiera de 2.008 tenían un peso mayor. Sin embargo, en el mismo período la creación de vivienda no se motivó por el aumento de residentes extranjeros. A partir de 2.018, hay un ligero incremento pero apenas supera el 0,5 del índice. Los precios han respondido mucho más rápido que lo que ha hecho la construcción.

La entrada de inmigrantes supone también un aumento de la fuerza laboral para el mundo de la construcción de vivienda. La Seguridad Social sitúa en más de 84.000 autónomos extranjeros en este sector industrial a cierre de 2.025. Pero en el caso de España, el défict es especialmente importante donde los inmigrantes se han ido concentrando y donde no se ha expandido el sector de la construcción de manera suficiente. Para esto, antes de la explosión inmigratoria en los inicios del 2.000, el mercado inmobiliario era más homogéneo, con una mayor proporción de propietarios y distribuidos por todo el territorio nacional.

Hoy en día, el perfil de quién busca casa es diferente al optar por el alquiler y en las grandes ciudades aunque sea más caro como Madrid y Barcelona. Lo que se traduce en una presencia muy desproporcionada que genera nuevas necesidades que no se están resolviendo con la carencia de política de vivienda de este Gobierno social-comunista que no hace más que tensionar la oferta sin aportar nuevos desarrollos urbanos. Los promotores urbanísticos llevan varios años advirtiendo de la necesidad de construir pisos por lo que ahora es necesario recuperar del orden de 250.000 unidades al año para cubrit el déficit acumulado. Además de duplicar la producción anual, incluso con capital internacional si es necesario.

Las actividades inmobiliarias sufrieron una caída récord de empleo en la recta final de 2025. Según la última Encuesta de Población Activa del INE, el mundo de la vivienda perdió más de 20.000 ocupados en el cuarto trimestre del año pasado, hasta quedarse con menos de 167.000, lejos del récord que alcanzó en verano. Estos resultados, que contrastan con el momento de ebullición de la construccción, son una señal de la falta de oferta que arrastra el mercado residencial y del cambio de modelo productivo que está en ciernes, marcado por un mayor peso de los autónomos, la digitalización, la profesionalización y la eficiencia. Según los técnicos, el sector se encamina hacia una mayor concentración.

El impacto de las políticas de vivienda de los distintios Gobiernos de Pedro Sánchez desde 2.018 y más desde 2.023 cuando se aprobó la Ley de Vivienda ha generado una reducción de la oferta de alquiler residencial de larga temporada. Existen distintas cifras según la fuente, centrándose la mayoría en la pérdida de casas tras la nueva ley. Según el Observatorio del Alquiler, más de 120.000 inmuebles hasta mayo de 2.025 y más de 240.000 según otras. Sea una u otra estas cifras constituyen una sangría en la oferta tradicional.

Las causas de la retirada del mercado han sido porque los propietarios han trasladado sus viviendas al alquiler de temporada o de habitaciones, o directamente a la venta, debido a las limitaciones de precios en las zonas tensionadas, la mayor duración de los contratos y la falta de seguridad frente a la ocupación, factores todos ellos potenciados por la referida Ley de Vivienda.

Y ya para complicar los eternos tiempos de espera para la tramitación y resolución de los expedientes de residencia y trabajo de los inmigrantes, la base de datos policial que se encarga de estos asuntos sufre una incidencia grave ( colapso ) desde el pasado mes de diciembre y tiene paralizados o retrasados todos los documentos necesarios. Se habla de más de 200.000 expedientes. Para paliar en lo posible este estancamiento, los funcionarios están resolviendo la situación de manera manual, uno a uno y no dan abasto lógicamente. La sobrecarga del sistema no augura su total recuperación en un breve espacio de tiempo ya que a estas alturas de año aún no está resuelto.

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Desde que llegan a España los inmigrantes ilegales, se ven atrapados en un laberinto burocrático que es el Reglamento de Extranjería, del que esperan salir mediante la regularización extraordinaria anunciada por nuestro generoso Gobierno social-comunista, a principios de año. Centenares de miles de personas están a la expectativa de lograr un permiso de trabajo y residencia. El proceso nace de la recuperación por Podemos de una Iniciativa Legislativa Popular ( ILP ) -aunque no lo reconozcan- impulsada por entidades sociales, agrupadas en la plataforma ‘RegularizaciónYa’ y que dormía el sueño de los justos en algun cajón del Congreso de los Diputados

Cuando plantearon la medida los cachorros comunistas, sus cálculos -intencionadamente a la baja- eran que unos 500.000 emigrantes podrían lograr papeles; hoy, entidades como Funcas -fundación independiente- han actualizado la cifra y la elevan hasta 840.000 inmigrantes potencialmente beneficiados. Para proyectar el dato, desde esta entidad han cogido la lista de personas empadronadas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística ( INE ) –que pueden tener permiso de residencia o no- y se resta de las personas que tienen permiso de residencia, de estudios o por asilo. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de gestionar el proceso, afirman carecer de información al respecto en una nueva mentira piadosa. ¡ Dejarán de saberlo !. El portavoz del grupo de extrema izquierda Podemos en una entrevista realizada en Radio Nacional de España también afirmó que, en realidad, serían 800.000 o más los extranjeros afectados.

¿Quiénes son, dónde viven y de dónde vienen?, El perfil mayoritario es el de una persona originaria de Hispanoamérica, que ya está viviendo aquí y que tiene una red social, de familiares y/o amigos, que lo apoya, según explica la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar. “Los más numerosos nacieron en Colombia, Perú y Honduras. Son jóvenes, en edades laborales activas, mayoritariamente ya están ocupados en la economía informal, en empleos poco remunerados y de baja cualificación”, detalla. Si reproducen el patrón de los emigrantes que hoy sí tienen papeles, la mayoría viven en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.

Actualmente, España es una de las economías que más crece de todo el Viejo Continente y gran parte de esa bonanza se explica por la intensa incorporación de personas nacidas en el extranjero. En los últimos cinco años, se han creado en España 2,4 millones de empleos en la economía formal, de los cuales el 39% los han ocupado emigrantes. Los nacidos fuera de España pero que cotizan en España ya superan los tres millones de personas y la regularización anunciada por el Gobierno promete disparar la cifra.

“La gran mayoría de emigrantes en situación irregular entran en España a través del aeropuerto de Madrid- Barajas. Desde prácticamente toda la América hispana pueden acceder a España sin visados, como turistas. Aquí, encuentran un mercado laboral que demanda gente y gran parte de los que vienen ya tienen un familiar o un amigo que les recibe. El recorrido inmigratorio lo tienen hecho”, explica la investigadora de Fedea y profesora de la UCM Claudia Finotelli.

Esta especialista en gestión de extranjería señala la evidente mejora que experimentarán las vidas de aquellos que acaben acogiéndose a la regularización, ya que obtener un permiso de trabajo les permite –que no garantiza- conseguir un empleo con unos mínimos y una vez legalizados “la evidencia empírica señala que la gran mayoría ya no vuelven a la irregularidad”. No obstante, también señala las contradicciones que le supone al Estado tener que recurrir a una medida extraordinaria como esta.

Lo cierto es que durante años, el modelo de extranjería ha perdido eficacia. El arraigo social exigía -tradicionalmente tres años de invisibilidad- y dos desde el año pasado; el arraigo laboral era casi inaccesible; la contratación en origen se había convertido en una ficción administrativa. Las Oficinas de Extranjería acumulaban retrasos increíbles y la irregularidad sobrevenida se multiplicaba. Cuando cientos de miles de personas viven en la ilegalidad durante años, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural: es el síntoma de un sistema que ya no puede gobernar la realidad que debe regular».

“Sánchez ha aprendido la lección de Zapatero y ha dado más tiempo a presentar papeles y no requiere contrato de trabajo previo, lo que dejaba la regularización en manos de los empresarios. Desde la izquierda se piensa en que no nos podemos permitir una economía sumergida ante el reto demográfico que tenemos por delante”,

“Es un parche para resolver un modelo de captación de mano de obra extranjera que es muy deficitario y que alimenta una economía que depende de sectores muy volátiles y precarios y necesita incorporar a mucha gente que cobre bajos salarios”, afirma la investigadora de Fedea. «No le veo sentido al debate entre regularización sí o no, deberíamos reflexionar sobre qué tipo de modelo productivo queremos», añade.

Mayoritariamente, los informes coinciden en señalar que la regularización supondrá una mejora para las condiciones de vida de los potenciales beneficiados, aunque no está claro que todas las personas que tengan derecho a legalizarse acaben aflorando a la economía formal y una parte seguirá en la economía sumergida.

Las empresas ven con buenos ojos la medida, especialmente las de la construcción, el campo, el transporte, la hostelería o el cuidado de personas, sectores donde la población emigrante legal ya está hoy sobrerrepresentada. La legalización les habilitará de más mano de obra en un contexto en el que, pese a las todavía altas tasas de paro, lamentan falta de personal en distintas profesiones, habitualmente las peor remuneradas.

No obstante, economistas y sindicatos advierten de que no todas las empresas o particulares que hoy dan empleo informal querrán asumir los costes derivados de contratar a esas personas, como pagar cotizaciones sociales o reconocerles derechos básicos como bajas por enfermedad, vacaciones o prevención de riesgos laborales, entre muchos otros.

Los sindicatos ya están preparando campañas para tratar de organizarlos y que esta oportunidad suponga una mejora de sus condiciones y les permita consolidar una carrera profesional a medio y largo plazo en España. La legalización de estas personas no supondrá un tapón o una mayor competencia para la población nacida aquí a la hora de encontrar un trabajo, “ya que gran parte de las profesiones que hoy copan los emigrantes son profesiones a las que los autóctonos no quieren acceder y para las que están sobrecualificados”, explica la directora de Estudios Sociales de Funcas.

La Seguridad Social arrancó 2026 con 3.038.158 afiliados extranjeros en la serie original, tras sumar 195.129 cotizantes en el último año. Detrás de esa cifra hay un protagonista claro: los trabajadores venezolanos, que se han convertido en el colectivo que más crece en términos absolutos y relativos. Los afiliados procedentes de Venezuela aumentaron en 34.651 personas respecto a enero del año anterior, un 19,7% más, hasta alcanzar los 210.984 cotizantes. El avance coincide con el nuevo escenario político abierto tras la caída del tirano Nicolás Maduro. Parte del colectivo ya residía en España, pero el contexto reciente ha acelerado procesos de regularización e integración en el mercado de trabajo.

El liderazgo venezolano se asienta después de que el mes pasado adelantaran a sus vecinos colombianos, que eran los que más nuevos empleos de origen foráneo aportaban a la Seguridad Social. El flujo de llegadas de trabajadores venezolanos a España se ha intensificado de manera sostenida en la última década y ha marcado una progresión sin precedentes en los registros disponibles. Este patrón refleja la magnitud del éxodo venezolano: se estima que en la última década han salido del país más de ocho millones de personas, impulsadas tanto por la crisis económica como por la prolongada dictadura política que ha caracterizado al régimen chavista y su impacto en la economía local.

Su crecimiento no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en una transformación estructural del mercado laboral español que está actuando como palanca del ciclo expansivo. Desde 2022, la economía acumula 8,9 puntos de crecimiento del PIB. De ellos, 4,2 puntos -el 47% del total- se explican por la aportación de los trabajadores extranjeros, según el estudio ‘La inmigración en España: retos, impacto y políticas’, publicado por Funcas. Desde 2019, la población activa ha crecido un 7,8%, lo que equivale a 1,8 millones de nuevos trabajadores, prácticamente todos de origen extranjero. España cuenta hoy con 22,4 millones de ocupados, la cifra más alta de su historia. De ellos, 3,57 millones son extranjeros y 4,79 millones si se incluyen quienes tienen doble nacionalidad.

Sin esa aportación, el empleo estaría prácticamente estancado en un contexto de envejecimiento acelerado de la población nacional. El fenómeno ha supuesto, en términos económicos, una auténtica conmoción de oferta: más trabajadores disponibles han permitido elevar la producción sin trasladar toda la presión de la demanda a los precios Los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de afiliados a la Seguridad Social. Su peso es especialmente elevado en construcción, hostelería, agricultura y servicios personales. En construcción superan una cuarta parte del empleo; en agricultura rebasan el 27%; y en el trabajo doméstico se aproximan a la mitad.

Según el análisis de Funcas, la inmigración ha facilitado el desplazamiento de la fuerza laboral nacional hacia ocupaciones de mayor productividad y mejor remuneradas. En el último lustro, el crecimiento del empleo entre españoles se ha concentrado en categorías como directivos y profesionales cualificados, mientras que las ocupaciones más básicas dependen en mayor medida de mano de obra extranjera. Sin ese flujo migratorio, la economía habría respondido al tirón del turismo o a la demanda de vivienda vía precios, más que vía producción. Es decir, el crecimiento habría sido menor y la inflación, mayor.

En paralelo, el emprendimiento emigrante gana peso. Los autónomos extranjeros alcanzan los 496.330, un 6,2% más que hace un año, con presencia creciente en actividades tecnológicas y de servicios avanzados. El dinamismo del colectivo venezolano simboliza ese giro estructural. España no solo incorpora mano de obra para cubrir vacantes: amplía su capacidad productiva en un momento en que la mayoría de economías europeas enfrentan contracción demográfica. Hoy, uno de cada cinco residentes en el país ha nacido en el extranjero. Sin embargo, los expertos advierten de que la inmigración no resuelve por sí sola los desequilibrios de fondo. La fotografía, en todo caso, es nítida. El crecimiento económico reciente no se entiende sin la inmigración.

Por otro lado, el pasado mes de enero se cerró con 918.756 personas en paro fuera de la estadística. Es el mayor registro desde que se aprobó la reforma laboral impulsada por la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para transformar la contratación temporal en indefinida, donde se encuentran los fijos discontinuos. Este tipo de contrato permite a la empresa suspender al trabajador en los periodos de menos actividad. Y aunque el empleado tiene la garantía de mantener el contrato con la empresa y volver a ser llamado, queda desempleado, sin actividad ni sueldo, durante ese periodo. Sin embargo, no se incluye en el paro registrado como el resto.

Esta categoría creció con fuerza en la fiebre china ( pandemia ), cuando numerosas empresas suspendieron su actividad y los ERTE ( Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ) se convirtieron en una figura clave para suspender trabajos temporalmente; pero con la desescalada y la recuperación de la normalidad, volvió a sus niveles habituales en 2022, justo antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. Ante la polémica desatada, el Ministerio de Trabajo se comprometió hace ya tres años, en enero de 2023, a informar del número exacto de fijos discontinuos inactivos. En definitiva, a separar la cifra de ese total de demandantes de empleo con relación laboral. Sin embargo, a día de hoy sigue sin hacer público ese dato.

El 2025 ya se cerró con casi 900.000 demandantes de empleo con relación laboral, alrededor de un 200% más que en 2019, lo que anticipaba que se podía superar esa cota en los próximos meses. En este enero este tipo de desempleados crecieron en 25.823 personas, casi lo mismo que subió el paro registrado que oficialmente comunica el Gobierno sanchista .En el mes pasado, se perdieron 270.782 empleos y el Ministerio de Trabajo informó de que el paro registrado aumentó sólo en 30.392 personas, una brecha que si bien depende de otros factores (jubilaciones o personas que pierden su trabajo y no se inscriben en el SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal- por falta de incentivos), podría explicarse en gran medida con los fijos discontinuos inactivos.

La suma del paro registrado y el paro oculto da como resultado el paro «efectivo», un término acuñado por Fedea. Con los últimos datos, se situaría en los 3,36 millones de personas. En enero de 2019 esos parados totales, según los datos del SEPE, eran 3,57 millones, lo que indica que se ha producido una bajada del 6%, frente al descenso del 26% que ha registrado el paro sin este colectivo. En definitiva, el peso de los fijos discontinuos en el mercado laboral y su desempleo en meses como enero, por la fuerte estacionalidad que mantienen los trabajos, aleja las cifras oficiales de paro de la realidad. Tal y como se ha publicado, uno de cada cuatro parados inscritos en las oficinas del SEPE ( Srvicio Público de Empleo Estatal ) está oculto en la estadística.

Nos hemos acostumbrado a que el Gobierno social-comunista dedique buena parte de sus esfuerzos al desarrollo de cortinas de humo para encubrir el escenario crítico que lo envuelve y que habría acabado ya con la legislatura y con cualquier administración en las democracias de nuestro entorno. Es una pulsión y una estrategia que Pedro Sánchez maneja con un virtuosismo indiscutible. Pero hay señuelos y señuelos. Y, sin duda, ni es menor, ni inocuo el Real Decreto ( no Real-Decreto-Ley ) para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que dicen se encuentran en España sin mencionar la menor explicación numérica, ( ¿ de dónde sale esa estimación ? ) tras un pacto entre PSOE y Podemos, que no tendrá que pasar por el Parlamento porque lo harán modificando el Reglamento de Extranjería, ténica jurídica muy custionable porque va a cambiar aspectos de la ley de Extranjería que además tiene carácter de orgánica.

Como el sanchismo cuenta con una trayectoria y un bagaje consolidados de engaños y mentiras, parece difícil explicar en razones de humanidad, derecho, dignidad y justicia este proceso masivo y en la práctica con muy buenas condiciones para esos cientos de miles de personas y sus familias. De haber sido así, podría haber facilitado en su momento la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2024 por todos los grupos menos Vox y que el PSOE ha bloqueado desde entonces. Obviamente, el oportunismo político ha activado la espoleta de una situación potencialmente muy explosiva que solo desde la irresponsabilidad y la malicia se puede relativizar.

Por no hablar del procedimiento escogido para eludir el Congreso en una alcaldada impropia de un Estado de Derecho, pero que retrata una degeneración personalista. El argumentario, los artificios y el confeti del oficialismo no se sostendrán frente a una decisión que presionará unos servicios públicos ya al límite, activará un efecto llamada masivo, embestirá contra las unidades y los funcionarios de extranjería con un volumen millonario de trámites y cotejos imposibles, deslegitimará las normas migratorias, tensionará la sociedad y la seguridad ciudadana, cuestionará y debilitará las políticas imperantes en Europa de protección y control de las fronteras por el libre tránsito en la Unión e impactará en el mercado de la vivienda con más demanda, entre otras.

No hay remedios mágicos para la inmigración ilegal, pero estoy convencido de que la demagogia, el populismo y la cancelación de la Ley y parte de los trámites administrativos, arman una bomba de relojería para todos y no forman parte de la ayuda eficaz y real para las personas que demandan de las autoridades, honestidad y atención, sin que se las manipule como piezas de los cambalaches del Gobierno sanchista, el partido Podemos y la transferencia inmigratoria para Cataluña. Mucho me temo que, como es norma en el sanchismo, pronto se olvidarán de ellos, y tendrán que buscarse la vida entre una burocracia sobrepasada, mientras Moncloa preparará otra cortina de humo. Por lo pronto, esta última no puede ni debe condicionar las consecuencias políticas, y veremos si penales, de la calamitosa gestión ferroviaria. Hay que abrir las puertas, sí, pero a la justicia.

.Los sindicatos policiales han salido rápidamente a expresar su radical oposición a esta medida, que va a significar un claro “efecto llamada”, y destacando la carencia de efectivos en los servicios de extranjería, entre otros, para atender a esta población que agrava situaciones ya críticas que provocan un colapso imposible de gestionar. Señalando además que carecer de antecedentes “penales” no es lo mismo que carecer de antecedentes “policiales”, lo que es un dato muy significativo en cuanto a la situación que puede crear en la seguridad pública y la convivencia ciudadanas tan enorme cantidad de inmigrantes legalizados. Una medida más de desguazar el Estado para satisfacer a Pedro Sánchez su deseo de continuar en la Moncloa

Esta concesión a Podemos -hasta ahora muy crítico con el gobierno por su enfrentamiento político con Yolanda Díaz- se ha efectuado a su vez mediante una cesión que claramente beneficia a los de Juntos por Cataluña ( Junts ) e Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), además del socialista Salvador Illa, que no olvidemos está al frente del gobierno regional catalán con el apoyo de Oriol Junqueras, de ERC. El precio pagado por los de Iglesias ha sido levantar el veto a que se transfiera a la administración catalana la gestión de la política inmigratoria que consideran “xenófoba”.

La consecuencia de tal cantidad de inmigrantes legalizados -debido a que, no se olvide, habían llegado a España ilegalmente- es un “efecto llamada” indiscutible. Y totalmente en contra de la política inmigratoria de los países de la Unión Europea ( UE ) que están reforzando los controles y facilitando expulsiones de inmigrantes irregulares. Así sube la población activa y ocupada y sube el Producto Interior Bruto ( PIB ). Pero, como señala el Consejo General de Economistas en su barómetro económico, la Macro y la Micro (economía) no coinciden y no se perciben mejoras en los hogares, empresas y ciudadanos.

Es un error pensar que Pedro Sánchez se mueve por cualquier otro interés que no sea el estrictamente personal. Ahora ha decidido imponer una regularización masiva para alterar el censo electoral y complacer a sus socios de la izquierda radical y antisistema de Podemos y Sumar. No hay que sorprenderse, porque es coherente con una estrategia característica de la izquierda castrista, sandinista o chavista. Las instituciones tienen que estar al servicio del líder y el Poder Ejecutivo tiene que someter al resto de los poderes del Estado.

Por supuesto que el objetivo fundamental es alterar el censo en las próximas elecciones municipales – mayo de 2.027 ( pueden votar no solo los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España sino también aquellos nacionales legales con los que España tenga acuerdos de reciprocidad y que son: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago ) mientras hace lo mismo con nacionalizaciones masivas, más de 250.000 cada año, así como por la aplicación de las antiespañolas leyes de la Memoria Histórica que solo buscan la división. Desde que llegó al poder, el sanchismo ha conseguido incrementar la población en más de tres millones por medio de una inmigración que espera también le resulte útil en las elecciones generales. No le importa que sea un auténtico disparate y que tenga un coste multimillonario a la vez que tensiona todos los servicios públicos, mientras le pueda dar votos.

Es cierto que no se sabe qué van a votar, pero la euforia del sanchismo político y mediático es un claro indicador de la estrategia que subyace en esta inquietante iniciativa populista. Se hace sin buscar ningún tipo de consenso y orillando, por supuesto, a las Cortes. Nada le puede gustar más que gobernar a golpe de decreto mientras sus palmeros critican a presidente norteamericano Trump por utilizar las órdenes ejecutivas, aunque respetando, como no hace él, al Congreso y al Senado en las materias que constitucionalmente le corresponden. En cambio, no ha presentado aún el proyecto de Presupuestos Generales para este año y la prórroga proviene de un texto de la pasada legislatura.

Los regularizados procedentes de Filipinas, Guinea Ecuatorial, Andorra y los países hispanoamericanos podrán solicitar la nacionalidad tras solo dos años y entonces ya sí podrán votar con carácter masivo.. El resto no tiene que preocuparse, porque el sanchismo buscará la fórmula que lo permita. Hemos pasado del clientelismo de la Restauración ( período post-napoleónico ) a uno nuevo que es a golpe de Boletín Oficial de Estado ( BOE ), como muy bien señalaba el Partido Popular ( PP ). El Gobierno no quiere organizar el fenómeno emigratorio y buscar que tenga un importante valor añadido. Ni siquiera le importa que haya delincuentes que se beneficien de la norma.

El Movimiento ‘Regularización Ya’, afincado en la órbita de Podemos, ha aproximado hasta casi el millón de inmigrantes que se verán beneficiados por la regulación masiva acordada entre Podemos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como primera medida legislativa tras el accidente ferroviario de Adamuz que dejó 46 muertos, en la provincia de Córdoba. Hay que recordar que esta propuesta lleva desde marzo del año pasado en fase de negociación de ambas formaciones políticas. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha entrado, vía telefónica, en los estudios de RNE de Prado del Rey para someterse a una entrevista ante los micrófonos del programa ‘Las mañanas de RNE’, en una conversación conducida por su presentador y periodista Josep Cuní., ha querido matizar que el PSOE debe sacar adelante una cuestión que para ellos es «ineludible»: la regularización extraordinaria de casi un millón de inmigrantes en situación irregular si quiere obtener algún tipo de apoyo político del que tan necesitado está Pedro Sánchez.

Con su particular celebración en sus redes sociales, la organización política Podemos, cifra en cerca de 700.000 los emigrantes que habitan en el territorio nacional de manera irregular y se podrán acoger a la medida presentada que, a la espera de conocer las especificaciones – lo que se ha filtrado es la parte correspondiente al Ministerio de Interior y falta la del Ministerio de Trabajo- una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), eliminará los «procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos». La formación, que cuenta con el apoyo del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tachado de «logro histórico» la nueva cesión del Gobierno sanchista tras más de cinco años de reclamos.

Este partido comunista señala que todos los extranjeros que «carezcan de antecedentes penales relevantes» se podrán acoger al procedimiento antes del 30 de junio de 2026. Desde Moncloa se apunta que la intención es comenzar la regulación extraordinaria en el mes de abril y cada permiso no se extenderá por encima de los 15 días.

Debido a que los datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ) no marcan una tendencia certera, como respuesta a la decisión del Gobierno, el centro de análisis Funcas- expertos en los movimientos migratorios en España- publicó el pasado 26 de enero un informe sobre el impacto de la inmigración irregular en España. Con los datos facilitados hasta el 1 de enero de 2025, los ilegales que provienen de países no comunitarios representan un 17,2% de los ciudadanos ajenos a la Unión Europea. Exceptuando el periodo entre el 2021 y el 2022, cuando se cerraron las fronteras a nivel global por el impacto de la gripe china ( covid-19 ), en todos los años registrados la tónica es ascendente con el conocido «efecto llamada« denunciado por los principales sindicatos policiales y grupos de la oposición política.

A efectos numéricos -añaden- un total de 840.000 personas no han superado los trámites administrativos para regularizar su situación durante los últimos años y que ahora podrán intentarlo de nuevo.. «Esta nueva estimación apunta a un crecimiento considerablemente sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017, cuando la cifra apenas superaba los 100.000, (4,2%)», reza el documento publicado.

Salvo que se produzca una nueva anomalía democrática bajo el mandato del líder de los socialistas, cosa nada descartable, el Reglamento de Extranjería señala que las personas que puedan acogerse al fundamento del arraigo podrán reclamar la nacionalidad en dos años, lo que dejaría, por los plazos, sin opciones a los ciudadanos que llevan cinco meses en España. Ahora bien, en el caso de que haya una repetición electoral el escenario cambiaría..

Con mucho gusto, publico el relato que, bajo el título «El aprendizaje», me ha remitido, mi buen amigo y compañero el Comisario Pral. Mario Sánchez Santos, al «I Concurso de Relatos en la Actividad Policial», convocado por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Policía Nacional de las Islas Baleares,

El día 1 de julio de 1978 un grupo de jóvenes Inspectores del Cuerpo General de Policía, procedentes de la Escuela General de Policía. Llegaban a la Comisaria de Vitoria eran recibidos por el Comisario jefe y el Comisario 2º jefe que nos da los destinos y los atributos del cargo Placa, Carnet profesional y las armas reglamentarias, 1 revolver Astra 250 calibre 38 y 1 pistola Star 9 mm corto.

Seis de este Grupo son destinados a la Brigada de Información donde pueden ver una mala situación en instalaciones 2 viejos despachos, 2 viejos vehículos K ( 1 Seat 1500 amarrillo y 1 Seat 124 rojo), personal escaso solo 4 compañeros eran más antiguos que serían nuestros maestros.

En Plan Delincuencial era una ciudad tranquila en delincuencia común y en terrorismo el 5 de marzo 1978 ETA asesina a tres policías armados .

La ciudad está en tensión ante el segundo aniversario de los Sucesos del 3 de marzo de 1976 que produjesen incidentes en las fiestas del 25 Julio o en las Fiestas de la virgen Blanca del 4 al 8 de agosto.

Por ello el jefe de la Brigada nos asignó un servicio de captación de información en la calle, dividida por zonas y en parejas, Nuestra labor era todos los dias ir a nuestra zona e informar al jefe telefónicamente, sin ir en ningún momento por Comisaria, esto nos sirvió para conocer la ciudad y alguna persona.

Todo transcurría con normalidad hasta el 7-7-1978 se producen graves incidentes en la plaza de toros de Pamplona por ello se convocan manifestaciones en todas las provincias vascas.

En Vitoria 8-7-78 se producen muchas manifestaciones que terminan con graves incidentes con agresiones a la Policia, roturas de lunas en establecimientos, lanzamiento de cocteles molotov. En la puerta de Comisaria queman un z con cocteles. Esta situación dura muchos dias y nuestra labor consiste en controlar, infiltrarnos , interrogar detenidos y hacer diligencias.

Asi empieza nuestro solitario APRENDIZAJE ANTITERRORISTA sujetos a la escasez de personal, medios materiales y sobre todo una falta de información y preparación para poder combatir el terrorismo.

En este momento en Vitoria y provincia actuaban las organizaciones terroristas: ETA-MILITAR ,ETA-POLITICO-MILITAR, COMANDOS AUTONOMOS ANTICAPITALISTAS, GRAPO, IRAULTZA, CNT, Y EXTREMA DERECHA, de los cuales teníamos que aprender sus modus operandi.

Para su solución teníamos grandes factores a nuestro favor : Juventud, Capacidad de Sacrificio y muchas ganas de aprender e investigar. Por ello dedicábamos casi todas las horas del dia al trabajo, intentando captar información conociendo gente, poder hacer detenidos, por falta de medios poníamos nuestros vehículos particulares y alguna ocasión nos apoyaban nuestras mujeres en las vigilancias. Tuvimos que comprar armas, pues los etarras tenían de 15 tiros y nosotros solo de 7, hacíamos prácticas de tiro en el CIR 11, Policia Armada nos dejaban Cetmes.

Iniciamos para captar informaciones reuniones con Oficiales de Policia Armada, Guardia Civil en los cuarteles de los pueblos, Miñones, Policia Municipal y Cesid, posteriormente con partidos politicos y en pueblos Dificil era la captación de colaboradores .

Los compañeros de la Brigadas de Información de Bilbao, San Sebastián, Pamplona, donde más incidencia tenía el terrorismo fueron nuestro gran apoyo facilitando informaciones ,fotos, modus operandi de los terroristas

Toda la actividad terrorista fue en aumento con rapidez y nosotros tuvimos que responder a cada ACCION una REACCION que produjese detenidos y captación de información lo que se fue logrando con grandes éxitos. Y creando Medidas de Autoprotección para nuestros compañeros, militares, familiares y nosotros lo que dio buenos resultados mediante charlas.

Iniciamos el aprendizaje y uso de escuchas telefónicas, manejos de cámaras fotográficas y de video llegando a comprar una cámara con nuestro dinero y posterior un ordenador .

Creo que un buen Investigador debe tener unas cualidades tales como: Constancia, Corazonada Policial o Intuición y la Suerte. Hasta aquí ha sido toda la teoría y la preparación para poder atacar al terrorismo, pero todavía no habíamos sido espectadores directos de ningún acto terrorista.

Y el primero fue el 18.7.1978 artefacto explosivo contra un Land Rover de Guardia Civil con heridos y daños.

Pero el 23-9-78 una trampa explosiva mediante la colocación de una cadena, a las afueras de Vitoria, en la que un Policia Armada resulta muerto y heridos un Capitán e Inspector Brigada de Información, Este hecho fue muy impactante para la Brigada porque podíamos haber sido más víctimas de la Brigada, nos salvamos 3 porque estábamos agregados en Pamplona. Este atentado nos sirvió de Autocritica para la actuación de llamadas anónimas de explosivos, siempre rodear la zona y actuación siempre de los Tedax. De esta forma se evitaron muchos muertos y heridos.

Tal vez el atentado que más nos impactó a los compañeros antiguos y a nosotros, fue el 23.3.1979 el asesinato del Inspector del Cuerpo Superior de Policia Antonio Recio Claver cuando estaba en el local de su suegra, sito en una céntrica calle de Vitoria, entraron 3 miembros de ETA le dispararon produciendo su muerte.

Se nos quedo grabado la declaración de los testigos ,todos decían uno de los autores llevaba un abrigo de príncipe de gales que nos sirvió para la investigación. Entre varios compañeros llevamos el féretro desde la iglesia hasta el cementerio, donde aguantamos insultos.

Esto no nos mermo el ánimo, al revés nos, produjo mayor reacción para investigar para lograr la identificación y detención de sus autores, `por primera el Cesid nos aporta datos.

10-1-1980 Asesinato del jefe de Miñones Jesus Velasco nos dejo impactado, pues 2 dias antes estuvimos con el pidiendo datos de lugares por el secuestro de Rupérez. En la sociedad produjo un gran rechazo por su puesto y forma de actuar ante sus hijas y alumnos de varios colegios que fueron testigos que colaboraron con nosotros en identificación de los autores.

Siempre se que quedo grabado la imagen de una de sus hijas, en su casa, cogiendo mi Placa “ TIENES QUE COGER A LOS QUE HAN MATADO A MI PAPA”

Podría seguir describiendo durante muchas páginas todos los atentados mortales, lesiones, amenazas por impuesto revolucionario y los daños que producían los artefactos explosivos y el ambiente de tensión que se captaba entre nuestro Cuerpo y en los ciudadanos, todo el dia estaba en alerta total , ante cualquier llamada de Comisaria,

Fuimos testigos de los asesinatos . POLICIA 12, GUARDIA CIVIL 10, EJERCITO 3, ERTZAINTZA 2 , MIÑONES 1, POLICIA MUNICIPAL 1, POLITICOS 1 Y CIVILES 13. Asi como 2 Secuestros y 350 artefactos explosivos.

Como podéis ver el tributo que pagamos fue muy grande.

Pero la parte positiva es que aquellos inspectores jóvenes aprendieron mucho y se enfrentaron a ETA con todos los conocimientos adquiridos dio como resultado . 400 detenciones, 45 comandos desarticulados, incautación de información que sirvió para evitar más atentados, incautación de armas, explosivos, vehículos y dinero. Grandes éxitos que fueron compensados por nuestros jefes y de reconocimiento por una parte de la sociedad.

No puedo olvidar uno de los servicios policiales del cual estamos más orgullosos. Fue la localización de un coche robado en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria, donde iba a jugar Alaves y Lerida.

En el maletero del vehículo localizamos un artefacto explosivo con 50 kgs. de explosivo, metralleta con tornillos de las vías de trenes todo en interior bomba de butano. Fue desactivado por los Tedax. Se evito la muerte de 20 Policias y numero indeterminado de espectadores, por ser el último partido había muchos niños. Actualmente se está juzgando a una de sus autores María Soledad Iparraguirre.

Para finalizar tengo que rendir un homenaje a mis compañeros y resto de víctimas. Agradecer a quienes confiaron en nuestro trabajo y a nuestras familias que sufrieron mucho por nuestras vidas

Siempre estaré orgullo haber trabajado por y para la Policia, portando la Placa y en los últimos años en el uniforme. He tenido el mejor trabajo del mundo y encima me han pagado por ello.

Cuando veamos un uniforme de Policia Nacional pensad que son los HOMBRES DE LA PAZ que con su sangre y sacrificio lograron la disolución de ETA y otras organizaciones terroristas. ESTA ES UNA VERDADERA MEMORIA QUE NO DEBEMOS OLVIDAR NUNCA. Y nuestro Cuerpo debe ser garante de ello.

Ante el «incumplimiento generalizado, prolongado y estructural de las obligaciones legales de protección en materia de seguridad y salud laboral que afectan al conjunto de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía», el sindicato JUPOL mantiene viva su denuncia en la Audiencia Nacional contra la Dirección General de la Policía (DGP) y el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Una demanda que, según explican desde este sindicato policial, ha sido reformulada con una mayor contundencia técnica, haciendo uso de la herramienta jurídica conocida como «reserva de acciones» que mantiene viva la reclamación, preserva el conflicto jurídico y permite continuar el procedimiento por la vía más eficaz.

Hay que recordar que en la tramitación de la demanda anterior, la Audiencia Nacional no entró a valorar el fondo del asunto ni la abundante prueba documental aportada, sino que instó a JUPOL a «reformular el escrito para detallar de manera aún más explícita los incumplimientos atribuibles a la DGP y al Ministerio del Interior». Un hecho que no implica que la demanda haya sido desestimada o que exista desestimiento por parte del sindicato.

Según consta en la demanda, «la DGP mantiene un sistema preventivo meramente formal y burocrático, sin eficacia real, que incumple de manera habitual la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa específica para la Policía Nacional». A juicio de este sindicato, este modelo se limita a reproducir documentos, procedimientos y declaraciones, pero sin evaluación real de riesgos, sin planificación eficaz y sin control alguno mediante auditorías, lo que deja a los agentes expuestos a riesgos graves, ciertos y perfectamente conocidos.

Este incumplimiento coincide, tal y como apuntan desde JUPOL, con un aumento preocupante de las agresiones a policías, que alcanzaron su máximo histórico reciente en 2024 con 16.878 ataques, según datos oficiales del propio Gobierno. Pese a ello, la DGP no ha reforzado la protección del personal ni adaptado su sistema preventivo a esta realidad.

La demanda detalla graves deficiencias estructurales en dependencias policiales, carencia de equipos de protección individual adecuados, incluidos chalecos antibalas caducados o no adaptados a la morfología del agente, falta de armeros homologados, ausencia de simulacros de emergencia, deterioro higiénico de instalaciones y condiciones ergonómicas inaceptables.

Por no hablar de la negativa de la DGP a evaluar los riesgos psicosociales, incluso en unidades especialmente expuestas como las Unidades de Intervención Policial ( UIPs – antidisturbios ). Pese a las solicitudes formales de este sindicato policial, el Consejo de Policía ha rechazado reiteradamente la realización de evaluaciones psicosociales, ignorando datos de bajas psicológicas, incidentes operativos y la elevada carga emocional de estas unidades.

En definitiva, la Administración vulnera el derecho fundamental del artículo 28.1 de la Constitución ( derecho a la sindicación libre y a la libertad de afiliación ). Y por ello, este sindicato policial reclama que Interior y la DGP cumplan la ley y garanticen la protección eficaz que corresponde por derecho a los policías nacionales.

Y es que el objetivo de su demanda es conseguir que que la Audiencia Nacional declare la existencia de un incumplimiento sistemático y generalizado del deber de protección, la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad física, moral y a la libertad sindical y la obligación de la Administración de adoptar las medidas preventivas necesarias, evaluando de forma real y actualizada los riesgos y desplegando un sistema de prevención eficaz.

En este sentido, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, afirma que «esta demanda era ineludible. La Policía Nacional vive desde hace años en un estado de abandono preventivo que pone en riesgo la vida, la salud física y psicológica de miles de agentes. La Administración está obligada a proteger a quienes protegen a la sociedad, y sin embargo ha optado por mirar hacia otro lado. Exigimos que la ley se cumpla y que se garantice la seguridad de todos los policías nacionales».

Con la llegada de las fiestas de la Navidad, la gente llena las tiendas y los supermercados para hacer sus compras navideñas. Por eso aumentan los personajes con la mano muy larga. Esta época del año se consolida como la preferida para cometer los robos en los comercios ya que los meses invernales concentran el 29% de los hurtos que se cometen en los establecimientos.

Desde la optica policial y ante estos supuestos, se distingue claramente entre robo y hurto aunque la población en general emplea ambos términos indistintamente y solo lo diferencia cuando se lo explican en la Comisaría de Policía más próxima cuando va a realizar la correspondiente denuncia.

La característica clave es que el hurto es tomar algo sin permiso, sin violencia ni fuerza, como por ejemplo esconder un producto y salir del comercio. Mientras que el robo implica usar violencia, fuerza ( romper una vitrina ) o intimidar a um empleado para llevarse algo. El robo es un delito más grave sancionado con penas mayores.

Las sustracciones en comercios se producen por diferentes motivos, desde dificultades económicas hasta factores psicológicos y emocionales, afectando a diario no solo a grandes superficies de distribución sino también a pequeños negocios. Esta conducta delictiva tiene un impacto económico significativo para todos estos establecimientos: la pérdida desconocida supuso pérdidas de 2.817 millones de euros a los comercios españoles en 2024, un 1,1% del total de su facturación. Así lo muestran los datos del último Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, recopilados por NIQ con la colaboración de Aecoc y el patrocinio de Checkpoint Systems.

El impacto de los hurtos se ha incrementado con respecto a los datos de 2023, cuando la pérdida ignorada supuso un impacto de 1.800 millones de euros, es decir, del 0,74% del total en la facturación anual.

Los hurtos representan el 77% de la pérdida oculta en 2024, de estos, casi seis de cada diez se tratan de externos (un 59% frente al 57% del ejercicio previo), mientras que el 18% corresponde al hurto interno de los trabajadores. Los errores administrativos y el fraude a los proveedores también contribuyen a esta pérdida desconocida, pero en mucha menor medida: en un 15% y un 9%, respectivamente.

Este crecimiento de los saqueos externos va en línea con lo que las empresas perciben: el 65% de ellas consideran que estos han aumentado respecto al ejercicio previo. Este tipo de hurtos se concentra en su mayoría en la propia sala de venta (78%) y el segundo «punto caliente» son los probadores, donde más robos de este tipo se producen (9%), incluso por encima de las cajas de salida (4%). La cantidad media sustraída por acto se sitúa en 195,58 euros, sin embargo, ocho de cada diez de los hurtos no superan los 150 euros.

«Es un impacto grande en el que algunas empresas se ven muy condicionadas. Es necesario tener recursos para poder minimizarlo«, asegura Alejandro López, responsable de prevención de pérdida de Aecoc.

Además, se está observando un «cambio de tendencia» en la persona que comete el hurto, tal y como explica Carlos Cruz, director de ventas de Checkpoint Systems España. El 65% de estos robos se producen por clientes esporádicos que no son profesionales, mientras que el 35% de los hurtos son acometidos por bandas organizadas.

Con respecto al perfil más habitual, el barómetro muestra que casi la mitad son actores multirreincidentes; es decir, que realizan tres hurtos o más al año en los establecimientos. Además, tres de cada cuatro hurtos externos son realizados por individuos entre 18 y 50 años y los que más cometen estos robos (48%) tienen menos de 30 años.

El aceite de oliva ocupa la primera posición en la categoría de alimentación y bebidas debido al incremento de precios en los últimos años. El 81% de las compañías indica que es el más hurtado, a la par que las conservas y ahumados, seguidos de embutidos y quesos (ambos con 69%) y los vinos y licores (56% ).

En la categoría de cuidado personal y belleza resaltan las colonias y fragancias como el «producto estrella». Un escalón por debajo se encuentran las protecciones solares y las cuchillas de afeitar. El maquillaje desciende al cuarto puesto del ranking.

En cuanto a productos electrónicos, el 67% de las compañías indica que los auriculares y los cascos son los productos de electrónica que más les hurtan. El segundo puesto lo ocupan los smartphones (56%) ( teléfonos móviles que funcionan como ordenadores de bolsillo ), seguidos de los ordenadores portátiles (44%), los cargadores (33%) y los videojuegos (33%). Irrumpe con fuerza el hurto de smartwatches, ( relojes de pulsera conectados a tu smartphones ) casi al mismo nivel que la telefonía móvil.

En las sustracciones en el sector del bricolaje, las bombillas siguen ocupando la primera posición (100%). Los segundos productos más deseados son las pilas y las baterías (80%) y los terceros artículos son las herramientas, tanto manuales como eléctricas (60%). En cuanto a la industria de productos destinados al hogar, los cubiertos y el menaje de mesa (platos, cuencos, etc.) son los productos del hogar más rapiñados

El sector moda es uno de los más codiciados por los ladrones. El presente barómetro revela que la ropa interior y lencería, el calzado y los abrigos, cazadoras y chaquetas son los artículos más robados. En la cúpula de los más sustraídos también destacan las camisetas, las camisas y las blusas, junto a los bolsos, que se cuelan entre los diez productos más vulnerables.

Seis de cada diez empresas advierten que cada vez es más difícil encontrar personal de seguridad, en gran medida porque la agresividad verbal y física de los infractores hacia el personal de la tienda se ha incrementado «mucho». «Precisamente por esa falta de personal, las top-3 medidas van ligadas con tecnología», explica David López, Strategic Analytics & Insights de NIQ.

La totalidad de los expertos encuestados dispone de cámaras de vigilancia en sus tiendas. El 96% de los establecimientos tienen antenas antihurto y el 83% están protegidas por vigilantes de seguridad físicos en la tienda. Además, un 74% de los comercios cuenta con arañas (alarmas rígidas), collarines y cajas de policarbonato para asegurar individualmente los productos; y cerca de la mitad (un 48%) aprovecha la tecnología RFID ( sistema que usa ondas de radio para rastrear objetos de forma inmediata ) con una función antihurto.

Cuatro de cada diez establecimientos disponen de cajas de autopago, por tanto, el 79% de los encuestados cree que deberían incluirse más medidas disuasorias en las cajas de autopago. El 22% invierte recursos extras en estos puntos para prevenir hurtos.

Según el estudio, las soluciones para expositores y mecanismos de acción retardada están presentes en el 35% de los establecimientos y las herramientas de análisis de datos recopilados por las antenas antihurto en el 43%. También destaca que un 48% de los comercios ya implanta medidas específicas para luchar contra el crimen organizado en sus establecimientos.

A estas alturas, todavía no se han terminado de completar todas las piezas del puzle del encuentro de marras entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegui. Si algo ha resultado chocante hasta ahora ha sido el tono del desmentido por los dos afectados… La noticia de la reunión podía resultar más o menos escandalosa en según qué capas de la sociedad española. Pero su trasfondo político se diría amortizado. Nadie en la órbita del PSOE siente ya el menor asomo de vergüenza por ir en el mismo barco que EH Bildu.

Entiendo que la actualidad pone difícil detenerse en los asuntos colaterales con la que está cayendo. Pero sí hay un «cómo hemos llegado hasta aquí» que merece un cierto estudio.

Suele decirse que las bases del sanchismo se establecieron durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero. El aserto es cierto en lo que tiene que ver con Bildu. Esa etapa marca una ruptura con la idea, asimilada de manera más o menos tácita, de que, por lejanos que fueran sus planteamientos a los del PP, habría un marco de cuestiones fundamentales en los que siempre estaría más cerca de este partido que de las fuerzas periféricas disolventes.

Que este planteamiento llegase hasta el entorno político de ETA era imposible de presentar en aquel entonces. Pero ya se empezó a trabajar en su viabilidad futura. El relato se empieza a cambiar al plantear la negociación con la banda terrorista para conseguir el final de su actividad. Los defensores de la idea suelen insistir en que había estado encima de la mesa de todos los gobiernos anteriores. Y es verdad.

Pero falta decir que, a raíz de la ruptura de la tregua de 1998, se empezó a vislumbrar la posibilidad de acabar con los pistoleros sin concederles el estatus de interlocutores políticos. Zapatero, que había impulsado desde la oposición un pacto antiterrorista muy imbuido de ese espíritu, cambia, ya desde el poder, esa dinámica. Antes de eso, quedará para el recuerdo la intervención parlamentaria de Jesús Caldera defendiendo la Ley de Partidos cuando formaba parte del primer Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

Es entonces (2006) cuando se destaca que Otegi hace «un discurso por la paz». Son los mismos años en los que la Transición Política empieza a ser discutida severamente. Uno de los argumentos más repetidos es que era un pacto vergonzante con los verdugos. Era difícil no tener la sensación de que ese mismo acuerdo era lo que se estaba propugnando para acabar con la lacra terrorista.

Son, también, los años en los que se empieza a hablar con insistencia de la Memoria Histórica. En lo que tiene ver con ETA, ésta terminaría siendo bastante selectiva.

Otro de los mantras más repetidos era que, cesada la actividad criminal de la banda, su entorno político debería moverse con normalidad por las instituciones. Esto era algo más o menos asumido. Pero desde una óptica de «ellos por su lado y nosotros por el nuestro»

Poco después del final de ETA, la izquierda independentista empieza a ser vista con un aura casi beatífica por parte de cierto periodismo muy enraizado en Madrid. Los más extremos de los ochenta votaban en sus pueblos a Herri Batasuna aprovechando el distrito electoral único de las europeas.

Décadas después, empezó a estar bien visto decir que ojalá se pudiese optar por Bildu en cualquier provincia. Los cantos de sirena de la hipotética candidatura confederal de Rufián se mueven en ese eje de coordenadas.

Cuando triunfó la moción de censura de 2018 todavía quedaba algo de pudor. Por eso se insistía en que los votos favorables de los separatistas no fueron decisivos para la aritmética. En estos siete años y medio, el prestigio de este entorno político no ha dejado de crecer en ciertas esferas de la creación de opinión pro-gubernamental. Han conseguido que una mezcla entre el rubor y la pereza cohíba antes de recordar algunos episodios de nuestra Historia reciente. «¡Ya están otra vez con la matraca de ETA!».

De modo que muy pocas cosas que se descubran sobre los entresijos de la relación entre el PSOE y Bildu moverán a un auténtico escándalo. Son décadas trabajándose el marco: el auténtico enemigo es la derecha democrática por lo que cualquier aliado vale contra ella.

Y Arnaldo Otegi es un señor.

Como última muestra de todo lo anterior, el Gobierno sanchista anunció el pasado lunes, día 22 de diciembre, un acuerdo con EH Bildu para ampliar en 2026 varias de las medidas incluidas en el escudo social que fueron aprobadas durante la pandemia, como la prohibición de desahuciar por impago del alquiler a familias vulnerables o de cortarles los suministros básicos del hogar como el agua o la luz. La prórroga debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y recibir el respaldo del Congreso de los Diputados. El sector inmobiliario ya se estaba preparando para la prórroga e insiste en que provoca inseguridad jurídica, fomenta la inquiocupación y perjudica a los pequeños propietarios, al obligarlos a asumir una función social que corresponde al Estado.

El camino emprendido por Pedro Sánchez es lograr convertir a Bildu en una organización no gubernamental ( ong ) que capitalice las medidas sociales que adopte el Gobierno en clara competencia con sus amigos de la ultraizquierda, como Podemos y Sumar.

La memoria terrorista, es una batalla que se mantendrá en la Comunidad Autónoma Vasca durante mucho tiempo. Una memoria, ajustada a la realidad de lo sucedido es muy necesaria para la convivencia actual y futura. Es evidente de que no hay que pasar página como desea una parte de la sociedad, pero yo añadiría que antes hay que leerlas bien y sobre todo no hay que olvidar que quedan casi 400 atentados sin resolver con más de mil víctimas que piden justicia.

En la tarea de facilitar la convivencia, Bildu ( Reunirse, en eusquera ) que no es más que la representación política de ETA, tiene mucha responsabilidad. Desde el cese del terrorismo, la sociedad vasca y los partidos que la representan -salvo Bildu- han dado un salto muy importante en el reconocimiento de las víctimas y la memoria crítica del terrorismo, situándolas en el centro del debate.

La petición de perdón por parte del ex-Presidente vasco Urkullu a las víctimas hace cinco años, en nombre de las instituciones vascas, por no haber estado a la altura en los años de plomo, le dio un importante impulso que mantuvo en el tiempo.

La dinámica de la política vasca, ha empujado a Bildu, a dar algunos pasos como su presencia en algunos homenajes a víctimas de ETA, como por ejemplo en Ermua ( Vizcaya ) al concejal del PP, Miguel Angel Blanco y en Mondragón ( Guipúzcoa ) al concejal del PSE, Isaías Carrasco; impensables hasta hace muy poco y que avanzará más en la dirección de reconocer el daño injusto ocasionado por el terrorismo.

Los seguidores de la organización terrorista, están convencidos de que su reconocimiento al daño ocasionado a las víctimas y sus familiares, va a facilitar la decisión de los jueces en favor de una aplicación más flexible de la legislación penitenciaria a los presos de ETA.

La herencia de ETA, que Bildu ha recogido en las cárceles, era de 230 presos en España y 57 en Francia. La mayor parte de los encarcelados en España estaban en primer grado ( peligrosidad extrema ) y aunque la mitad de ellos habían solicitado el cambio de calificación, se les denegaba sistemáticamente, con el argumento de que ETA no había desaparecido.

La banda armada, decidió disolverse cuando comprendió que su existencia era un obstáculo para mejorar la situación de sus presos. El Gobierno del Partido Popular ( PP ), había condicionado el cambio de su política penitenciaria a su desaparición. Esta es la respuesta que el entonces Presidente Rajoy le daba al Presidente vasco, Urkullu, a sus reiteradas peticiones desde 2.011 que fue cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad.

Entonces, tras el cambio de Gobierno del PP por otro socialcomunista, Urkullu consiguió que el apoyo prestado por sus cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), en el Congreso al Presidente Sánchez, haya pasado por el acercamiento de los presos a las cárceles vascas y la aplicación de la política penitenciaria de un modo más flexible ( cambios de grados, beneficios sociales, etc ) sin necesidad de cambiar la legislación.

Ahora, se ha sabido gracias a los informes de la Guardia Civil sobre la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicación de obras públicas mediante el pago de comisiones ilícitas ( mordidas en el argot policial ) y posible financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que el que fue secretario de organización socialista, Santos Cerdán, realizó una labor de intermediación clave para que el PSOE se asegurase el apoyo de Bildu en el Congreso de los Diputados que tanto necesitaba para poder gobernar.

El propio Arnaldo Otegui admitió ante sus militantes en octubre de 2021 que la llave para apoyar a Sánchez era la de las cárceles y textualmente dijo: Si para sacar a 200 presos hay que votar los Pesupuestos Generales del Estado, se vota. Cuatro años después, las palabras de Otegui suenan a profecía cumplida.

Desde el verano de 2020, los traslados de los presos terroristas se aceleraron y se convirtieron e una práctica constante cada viernes. En público, no se ha reconocido ningún pacto entre el Gobierno central y Bildu sobre la política penitenciaria a seguir con los presos de ETA. En noviembre de 2020, el ministro del Interior, Grande Marlasca negaba que fuera un canje de presos por apoyo político aunque la realidad de los datos fuera otra: solo en 2020 se trasladaron a cárceles vascas más etarras que los dos años anteriores juntos. Hasta el propio PNV llegó a llamar a ese calendario, acuerdo cinco a la semana.

El proceso iniciado en la era Sánchez en 2020, culminó en marzo de 2023 cuando el ministerio de Interior dio por terminada la política de dispersión de presos etarras impulsada en 1989 por el Goberno de Felipe González, al haber acercado a todos los presos al País Vasco y Navarra. En total 175 internos fueron reubicados, bastantes de ellos con un historial policial repleto de delitos de sangre.

De esta manera, concluía la primera fase del acuerdo socialista-bilduetarra y se iniciaba otra, la segunda fase en la que todavía nos encontramos, la de los terceros grados ( régimen penitenciario de semilibertad en el que un recluso puede salir de prisión durante el día para estudiar o trabajar y debe de regresar a dormir ). Desde 2021 en el que Sánchez cediera la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco que es una reivindicación histórica del nacionalismo-independentismo, ambos partido ( PNV y PSOE) que gobiernan en coalición en aquella Comunidad Autónoma, han concedido 48 terceros grados y 20 libertades condicionales del total de 125 presos que había en ese momento.

En paralelo, la relación política entre PSOE y Bildu se ha ido consolidando. Después de las elecciones de julio de 2023 y a nivel público -meses después- se escenificó la primera reunión entre Sánchez, Cerdán y los dirigentes del separatismo, Merche Aizpurúa y Gorka Elejabarrieta, un viernes 13 de octubre. Era la primera vez que un Presidente del Gobierno se reunía a la vista de todos con los herederos de ETA. La foto del momento confirmaba que Bildu era ya un socio plenamente asumido por el PSOE. Ahora sabemos que no era su primera reunión entre los representantes parlamentarios de ambas formaciones políticas sino que habían empezado en 2.019 con Adriana Lastra y Rafael Simancas.

La banda armada volvió a pasar por alto otros tres avisos más que la historia le dio en la década de los años 80, señalándoles que matar no servía para nada. El primero de ellos ya se ha visto en el capítulo anterior ( Ley de Amnistía de 1.977 ). El segundo fue cuando el final del santuario francés -donde se escondían tras atacar en España- durante la Presidencia de Françoise Mitterrand ( 1981-1995) que iniciaba así el fin de las complicidades europeas.

El tercer aviso fue cuando se consiguió el Pacto de Ajuria – Enea ( nombre en eusquera de la residencia del Presidente del Gobierno Vasco, en Vitoria y que traducido significa, la Casa de los Ajuria ) en 1.988, cuyo nombre oficial fue Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, en el que los partidos vascos se conjuraron para negar representatividad alguna a ETA -que en sus comunicados reivindicatorios siempre decía hablar en nombre del pueblo vasco-  y combatirla policial y socialmente.

El cuarto aviso fueron las negociaciones y tregua de Argel -celebradas en el primer trimestre de 1.989 y cuya ruptura no valoró- y siguió pensando que podía derrotar al Estado español.

Durante esos años, el respaldo popular a ETA se centró en una Coalición Electoral llamada Unidad Popular, más conocida por traducción al vasco como Herri Batasuna y sobre todo por sus siglas: HB . Llegando a tener representación en el Parlamento Vasco y gobernar numerosos Ayuntamientos. En el año 2.003, HB fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos, al considerarla parte de ETA.

Pero antes, ETA había añadido a su listado de objetivos, al adversario político elegido en las urnas, como fue el asesinato del concejal del Partido Popular ( PP ) en el Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, el 24 de enero de 1.995. Extendiéndose así el crimen a quienes pensaban diferente mientras se envalentonaba el vandalismo callejero ( logrando que toda España supiese decirlo en eusquera, la kale borroka-lucha callejera ) y sus juventudes ( jarraitxus-jóvenes en eusquera ) implantaban sus ley urbana en las calles de las principales ciudades vascas.

Entonces, el paisaje de la región se llenó de escoltas para políticos, periodistas, empresarios o jueces y fiscales ; de más gente viviendo con miedo a la muerte de un balazo o a la explosión  de un coche bomba.

Una socialización del terror que tuvo su cénit, con el secuestro y asesinato, el 13 de julio de 1.997, del joven y desconocido concejal del Partido Popular ( PP ) en la localidad de Ermua ( Vizcaya ), Miguel Ángel Blanco, cuando la sociedad vasca se rebeló masiva e irreversiblemente contra los asesinos, a los gritos de : ¡ basta ya ! y ¡ no son vascos, son asesinos !.

A partir de ahí, los ciudadanos vascuences mostraron su hartazgo hasta el extremo que la izquierda nacionalista empezó a cuestionar a sus mentores de las pistolas. Este cambio progresivo de la percepción social del terrorismo, corrió en paralelo al acorralamiento de ETA en todos los frentes : policial, judicial e internacional. Especialmente, hay que destacar a la velocidad que los Cuerpos Policiales desmantelaban la cúspide terrorista y los comandos operativos más sangrientos.

La banda armada aún obvió otro aviso : el de la tregua que mantuvo en el año 2.006, con  el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que rompió en diciembre de ese mismo año con el atentado de la Terminal Cuatro ( T- 4 ) del Aeropuerto Madrid-Barajas, donde usó el coche-bomba más potente de toda su historia, con el resultado de 2 muertos y 19 heridos de diversa consideración.

Se quebraba así una negociación que se pensaba definitiva. Hubo que esperar a que el 20 de octubre de 2.011, tres encapuchados de la organización terrorista anunciaran que la banda criminal no volvería a matar. Habían pasado 43 años de dolor y de rabia.

Ahora la pregunta que tiene que resolver el paso del tiempo es : ¿ cuál es el legado de ETA ?. Yo creo que es, sin duda, el dolor causado durante décadas de sufrimiento que al final no han servido para casi nada. Pero ahora ya hay una gran batalla por el relato, por contar su historia. Ya se han detectado intentos de blanquear la crónica negra de ETA y se tiene que recordar que fue derrotada por la democracia y lo único que consiguió fue matar.

Antes de que la conciencia colectiva archive el terror hay que ganar también la batalla del relato porque el olvido ya ha comenzado. A los jóvenes vascos y a los restantes del territorio nacional, ETA les suena a antediluviano y deben de estar vacunados contra el odio mediante el conocimiento de la Historia. ETA quiso imponer mdiante el asesinato un proyecto político totalitario.

La historia de Euskadi Ta Askatasuna , nombre en vasco de la organización terrorista  Patria Vasca y Libertad, más conocida por sus siglas ETA, terminó oficialmente con un comunicado sobre su disolución que fue publicado el 3 de mayo de 2.018. Toca ahora contar 60 años de sufrimiento desmedido y averigüar que dirá la historia sobre unos hechos que no debieron de ocurrir jamás. Un recorrido criminal que se cobró 853 muertes y que para muchos no ha servido para nada.

ETA no quiere pasar a la posteridad como la banda asesina que ensangrentó la democracia española y que no supo leer tantos avisos que la Historia le dio para desaparecer. Quiere ser recordada como aquel movimiento de liberación nacional que surgió de la escisión de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco ( PNV), el grupo EGI-EKIN, unas docenas de jóvenes radicales germinados en la Escuela de Ingenieros de Bilbao en el curso 1.958-1.959, según habían afirmado sus fundadores de los que ya no queda ninguno. En septiembre de 2022 murió el último de ellos, Iñaki Larramendi a los 93 años.

La banda armada fue vista en sus primeros años como la personificación de la lucha contra Franco. Esta visión casi romántica, empezó a cambiar el día que la organización terrorista perpetró su primer atentado, el 7 de junio de 1968, cuando el terrorista Txabi Etxebarrieta mató al agente de la Guardia Civil José Pardines, al darle el alto en un control de carretera en Aduna ( Guipúzcoa ), considerándose el primer asesinado por la organización terrorista. Poco después, pereció Etxebarrieta en un enfrentamiento con la Guardia Civil pasando también a ser el primer etarra muerto.

Este doble bautismo de sangre dividió mucho a la sociedad vasca. A partir de entonces, la de ETA es solo una historia de asesinatos, miedos y complicidades. La respuesta policial de aquel tiempo, llevó al conocido como Proceso de Burgos, el 3 de diciembre de 1.970 a 16 de sus militantes de los que seis fueron condenados a muerte aunque las penas fueron conmutadas poco después por 30 años de prisión, fortaleciendo así -políticamente- a los terroristas como unos héroes de la lucha antifranquista.

Un perfil que se acentuó con el asesinato del entonces Presidente del Gobierno, el Almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1.973, en Madrid. Y a poco que nos descuidemos, eso es lo que quedará de ella : que se enfrentó a Franco y que mató a Carrero.

Con la llegada de la democracia, ETA se consagró como una máquina de matar y dejó de ver los avisos de que estaba fuera de tiempo. Perdieron todas las oportunidades para dejar de asesinar y todo para casi nada porque no han conseguido su objetivo principal que era la independencia. A pesar de tantos muertos, su fracaso en esa línea es de proporciones inmensas.

La primera oportunidad fue la Ley de Amnistía. En octubre de 1.977 y cuando se promulgó, fueron amnistiados 60 asesinatos y se le perdonaron todos los demás crímenes. Pero ETA siguió matando como si no hubiese pasado nada. Ahí, ETA perdió esa coyuntura. A partir de 1.978 comienza su etapa más letal : 244 personas asesinadas entre ese año y 1.980. En 1.980, llegó a matar a casi 100 personas ( 97 exactamente ), una cada tres días.

La organización terrorista no supo valorar ni el Estatuto de Autonomía Vasco, ni la Constitución Española. Ni tampoco supo interpretar la disolución de ETA Politico-Militar ( ETA P-M ) el 30 de septiembre de 1.982 para poderse incorporar a la vida política vasca a través de un partido creado para tal fin, el Partido para la Revolución Vasca ( Euskal Iraultzarako Alderdia , en eusquera ) aunque fue más conocido por sus siglas EIA y cuyos presos fueron puestos en libertad y premiados los demás militantes -caso a caso- en medio de una amnistía encubierta. Como paradoja, se puede añadir que algunos de ellos fueron amenazados por sus hermanos de ETA MILITAR.

Durante ese período realizaron los atentados más salvajes demostrando que cualquiera podía ser definido como objetivo de la organización terrorista. Como así ocurrió el 19 de junio de 1.987, con la matanza de Hipercor, un popular supermercado de El Corte Inglés, en Barcelona, donde una coche-bomba estacionado en el garaje del centro comercial mató a 21 personas y dejó heridas a otras 45.

Son años también en los que aparece el terrorismo de Estado a través de los Grupos de Liberación Nacional ( conocidos por sus siglas, GAL ) que causaron 27 muertes, dando así razones a la propia ETA para justificarse y generar más dolor.

Soy de la opinión de que tras la disolución de ETA, lo más importante y que ya se está viendo ahora, va a ser el relato que se va legar a las futuras generaciones en el que debe de quedar claro que el terrorismo de ETA, no tuvo justificación alguna y que sus victimas lo fueron injustamente.

La prueba de la importancia de la narración está en el comportamiento de ETA que, en el comunicado de su disolución, el 4 de mayo de 2.018, otorgó especial relevancia a la justificación de su trayectoria terrorista, desde sus inicios en 1.960 hasta su cese definitivo de la actividad armada el 20 de octubre de 2.011, cuando en España se disfrutaba de casi cuatro décadas de democracia.

Con su tesis de conflicto civil, cuyo origen sitúa en el bombardeo de Guernica por la aviación alemana en plena Guerra Civil, pretende justificar sus 853 asesinatos, cometidos -mayoritariamente- durante la transición política y la democracia aunque ahora culpe a Franco de todos sus males.

ETA, no tuvo justificación alguna y la historia debe de condenarla sin remisión porque es fundamental que las generaciones de jóvenes conozcan esa verdad y la historia no se repita.

Por eso, tras la disolución de la banda terrorista, la batalla por contar lo que pasó en realidad es una cuestión clave, no solo para el País Vasco sino que también lo es para el resto de los españoles. Primero, porque son muchas las personas que quieren olvidar, que quieren pasar página y segundo, porque existe mucho desconocimiento entre los jóvenes vascos y españoles de lo ocurrido en aquellos años de plomo.

Aunque el rechazo a ETA es abrumador y se considera que las víctimas del terrorismo merecen reconocimiento público y memoria. Se trata de un tema que hace tiempo que no se aborda en las aulas, ni en las tertulias familiares, ni en los debates públicos.

El País Vasco, con dos centros dedicados a la memoria de reciente creación : el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, dedicado a la memoria de la Guerra Civil, la represión franquista, el terrorismo de ETA y la guerra sucia del Estado español. Promovido por el Gobierno Vasco y con sede en Bilbao. Y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, impulsado por el Gobierno de la Nación y con sede en Vitoria.

Ambos centros, parten del planteamiento común de que el terrorismo etarra no tuvo excusa alguna pese al autoritarismo franquista y a la guerra sucia y están obligados a entenderse en aras a una explicación democrática.

Frente a ellos, está el relato de la propia banda criminal -ya anunciado en su comunicado de disolución- y ampliado por sus seguidores, en el sentido de que ETA fue una respuesta armada al Estado español por la invasión del territorio vasco. Así se pretende justificar en parte, los crímenes de ETA, que cuenta con el apoyo de toda una industria que está detrás, gracias a un entramado de asociaciones que a pesar de su escasa calidad y descarado partidismo, tiene una notable influencia y difusión en las redes sociales y medios de comunicación de aquella región española.

La invención de la Ley de Memoria Democrática del autócrata Pedro Sánchez ha puesto de moda la olvidada figura de Franco. Lo hizo primero exhumando sus restos de El Valle de los Caídos y trasladándolos en helicóptero para que el No-Do de TVE lo retransmitiera en directo. Con este gesto de raíz totalitaria se imponía el nuevo relato de la resurrección del Generalísimo Franco, y se «ponía en valor» El Valle de los Caídos, ignorado desde los años 70. Las monas de repetición de la prensa del fango gritaban: «Hay que liberar el Valle de la simbología fascista, empezando por profanar los restos de Franco» y luego volar esa cruz y desacralizar la basílica erigidas como un monumento al facherío.

Las burlas a esta maquinación para enfrentar a los españoles mediante la invención desde el poder de un «relato» parahistórico tuvo respuesta en el «francomodín». Como explica el izquierdista George Lakoff en «No pienses en un elefante» (2004) los «marcos mentales» en política conforman nuestro modo de ver el mundo. Son movilizadores de representaciones para activar valores, principios y directrices políticas. En definitiva, se trata de marcar la agenda política creando un atmósfera conceptual, un lenguaje emocional que defina unas realidades morales que los medios impondrán mediante la repetición.

La forma de contrarrestar estos relatos creados por la izquierda desde el poder es la batalla cultural. Pero ha costado entender qué ocultaba la estrategia de estos historias imaginarias. La derecha caía en la celada, se ponía a la defensiva, mientras el dictadorzuelo Sánchez fingía ser un demócrata y construía en la trastienda del poder una dictadura de la manipulación.

Con la derecha en Babia, la reacción voluntarista de la disidencia fue la burla. Así nació el «francomodín», como un emblema contra totalitarismo de Sánchez. No obstante, siendo una palabra con gran poder evocador y que dio en el blanco, era insuficiente para oponerse al marco mental impuesto desde el poder y replicado a tutiplén por el Equipo Nacional de Opinión Sincronizado del bulo: quienes no están contra Franco son fascistas. Toda esa retórica del «muro». El rollo con la resignificación mágica de lugares de memoria. Sacar en procesión a Franco y amenazar con cerrar su Fundación, no era más que cuento: imponer un relato que generase rechazo y acusar a la derecha y ultraderecha de fascista por no sumarse a la celebración del cincuentenario de la muerte en la cama del General Franco.

Pero a Sánchez y su banda de corruptos les importaba un higo Franco, la Guerra Civil y la República comunista que Franco humilló hasta que éstos huyeron de España como ratas. Gracias a la prensa libre y la digital se ha desvelado el secreto de Polichinela: pura magia Borrás que ocultaba la corrupción galopante de este Gobierno de ladrones.

Semánticamente, el «francomodín» ha tenido la virtud de ser un poderoso disolvente del estado de corrupción de la banda de Sánchez. Parecía que no tenía espesor para denunciar las tropelías de la mujer de Sánchez, del hermano de Sánchez, de los vicepresidentes pillados con las dos manos en las carnes de la prostitución y a saco en el Presupuesto Nacional de Sánchez. Pero los emblemas poseen un gran poder simbólico. Vean el puño en alto o el saludo fascista.

Pese a la casuística de las mentiras de Sánchez, que todos conocían pero callaban, fue al descubrirse el tráfico de fulanas de sus gerifaltes y la evidencia de que al Presidente más feminista de España, le ayudó el padre de Begoña a okupar la Moncloa con los dineros ganados con sus saunas de prostitución que las mentiras de Sánchez adquirieron sentido: eran francomodines ideados para ocultar el Estado de latrocinio de su Gobierno al completo, pues quienes no han participado activamente han callado.

Los numerosos cuentos ideados por el ingente equipo de asesores que tapaban una tropelía con otra, eran espejos deformantes de la realidad que impedían a los españoles ver la degradación de España ardiendo mientras la expoliaba un grupo de cuatreros. En este sentido, el francomodín es el último emblema heroico de la españolidad, porque desvela lo que con señuelos tan toscos como la invocación a Franco y el insulto de fascista ocultaron durante siete años que estaban en «ésto» por dinero, título del disco de Frank Zappa. Todos por la pasta.

El año comenzó con esperanza respecto a los repetidos casos de okupación con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Uno de ellas suponía que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se pasaran a tramitar bajo el procedimiento de juicios rápidos, es decir, los casos de okupación delictiva se incorporaron a la lista de delitos menos graves que pueden ser tramitados por la vía rápida en unos 15 días.

Entró en vigor a principios de abril y fue visto como algo positivo por algunos abogados  «Se puede acudir a la comisaría de Policía más cercana o al juzgado de guardia directamente a formular esa denuncia y se abre la tramitación de este procedimiento que debería dar lugar a un juicio en muy pocos días«. Sin embargo, otros pronto dieron la voz de alarma: «Esta reforma no sirve para absolutamente nada y os están engañando, tanto los políticos como los pseudo abogados que comentan sobre este tema y no son penalistas o bien no han pisado un juzgado en su vida».

Tras varios meses en vigor y con más casos reales en los que se ha podido comprobar su efecto, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro valoró la reforma procesal de la Ley Orgánica 1/2025 basándose en la Circular 1/2025 de la Fiscalía General del Estado (FGE) de finales de agosto. Su valoración muestra la difícil situación que se atraviesa con los casos de ocupación ilegal, es decir, las viviendas con okupas.

El autor del libro ‘Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble’ no deja lugar a dudas con su valoración: «La realidad es que La Ley Orgánica 1/2025 es ineficaz contra las okupaciones». El gran problema se muestra en la Circular de la Fiscalía. Esta explica que solo se podrá utilizar la vía rápida si hay atestado policial y detenido o citado, en relación al artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).

Sin embargo, lo que suele ocurrir es que se interponga una denuncia o querella, pero sin darse la detención al momento y en esos casos, como ocurría anteriormente, todo se resuelve mediante el Tribunal del Jurado. También y de manera más clara en los que no haya violencia por medio. Por tanto, Vicente Magro sentencia: «No es cierto que se resuelvan los casos de ocupaciones ilegales con esta reforma, porque no va a ser así».

El magistrado pide actuar con rapidez y eficacia: «Los ciudadanos cuyas casas están siendo ocupadas ilegalmente se quedan a la espera de que se les devuelva su posesión… y deben esperar años. Eso es inaudito en la UE e inaceptable en un Estado de derecho«. Es su propiedad y, salvo en los mencionados casos con detenido o citado, los casos de allanamiento y usurpación tardan demasiado en resolverse. Mas aún los de inquiokupación, que no es un delito de ocupación ilegal al uso.

Vicente Magro propone dos grandes vías para acabar con los okupas: desalojos en 24 horas y acabar con la paralización de desahucios de okupas debido a la vulnerabilidad. Esto se podría llevar a cabo aplicando el artículo 13 de la LECrim para acordar de forma general la expulsión inmediata en 24 horas de los okupas e implementando un nuevo artículo 544 sexies de la LECRIM, que no permita otra alternativa al juez de instrucción que ordenar el desalojo sin que pueda alegarse situación de vulnerabilidad por ningún motivo.

El experto en okupas es muy contundente: «Sin una medida cautelar de desalojo automático, la reforma es estéril». Finaliza con un resumen de la situación con las medidas implementadas actualmente en España: «Se quedan a medio camino».

Razones por las que los juicios rápidos no funcionan en la práctica

• Solo afectan a casos concretos: No se aplica a la mayoría de las ocupaciones, que suelen ser usurpaciones o en casos de inquilinos que no pagan el alquiler (inquocupación).
• El plazo de 15 días es para el juicio, no para el desalojo: El desalojo no es inmediato, ya que el proceso legal puede alargarse mucho después de que se celebre el juicio.
• Obstáculos legales y de procedimiento:
• La ley solo agiliza un juicio penal rápido: Si el ocupante no se declara culpable, el juicio se suspende y se remite al procedimiento ordinario, alargando el proceso.
• El plazo de 15 días comienza a contar desde la primera comparecencia del ocupante en el juzgado, no desde que se produce la ocupación.
• La Fiscalía ha limitado el alcance de la ley, excluyendo el allanamiento de morada por conflicto con la Ley del Jurado.
• Los ocupantes pueden interponer recursos para dilatar el proceso.
• La efectividad de la ley depende de la disponibilidad de recursos en los juzgados, que a menudo están saturados.

• Conclusiones
• A pesar de las expectativas generadas, los juicios rápidos no han resultado ser la solución rápida para desalojar a los okupas.
• La efectividad de la ley depende de la aplicación de otros factores, como la saturación de los juzgados, que podría anular la agilidad que se buscaba. 

En la Memoria Anual de 2.024 que la Fiscalía General del Estado presentó el pasado día 5 de septiembre, se advierte un fenómeno preocupante sobre la violencia juvenil dado su signiicativo repunte. El informe dado a conocer durante la ceremonia de apertura del año judicial, muestra un incremento del 18,8% en los delitos de homicidio y asesinato cometido por menores, con 120 casos incoados y un crecimiento del 10% en las denuncias de violencia de género. Por su parte, los delitos de lesiones también registraron un aumento del 1,36% con respecto a 2.023, consolidando un incremento del 8% si se comparan los datos con el año 2.022.

La Fiscalía, insiste en la necesidad de reflexionar sobre la banalización de la violencia y reclama programas educativos preventivos que permitan a los jóvenes infractores alcanzar una mayor madurez personal y alejarse de entornos marginales. La Memoria también pone de relieve la preocupación por la violencia intrafamiliar y el acoso escolar que se ven potenciados por el uso de las nuevas tecnologías. En 2.024, se detectaron 1.196 casos, siendo muchos de ellos con componente digital.

La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo. Aún no han alcanzado la mayoría de edad pero ya tienen que enfrentarse con la justicia, acusados de presuntos tocamientos o agresiones. La subida de la violencia sexual entre los más jóvenes parece no tocar techo. Hasta 3.283 menores de edad se las vieron el pasado año ante un tribunal acusados de delitos sexuales.

Este número supone un aumento del 3% respecto a las cifras recabadas solo un año antes cuando ya se registró un importante aumento de este tipo de delincuencia pero es que prácticamente se ha duplicado en los últimos años, advirtiéndose que están llegando casos a los juzgados de víctimas menores de 14 años y de agresores que al no haber superado esa edad son inimputables y no se les puede exigir responsabilidad alguna. Se está tratando de un problema social del que habrá que hacer un profundo análisis de las causas.

Para la Fiscalía, la carencia de una relación afectivo-sexual, el consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes, unido al fácil y pronto acceso a la pornografía, son algunas de las razones que explican este incremento. Este libre paso sin una adecuada educación sexual y en valores, conduce a la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales consentidas, así como la acreditada banalización de los actos sexuales y de la intimidad.

Un peligro muy importante es que internet se convierte en docente y consultorio de la sexualidad para la infancia y la juventud. La falta de capacidad de la adolescencia para ser crítica con la pornografía y para comprender que lo que se ve es ficción está directamente relacionado con la necesidad de que los jóvenes tengan herramientas para interpretar los contenidos ya que acceden a los mismos sin haber terminado su período de madurez. Esto genera prácticas sexuales distorsionadas causadas por el dominio y la sumisión.

Este fenómeno, prolifera mucho a través de las redes sociales aumentando así como mecanismo de acción. Siendo también cada vez más habitual que los menores graben las agresiones o vejaciones en general y las difundan en sus grupos de guasaps o similares. La fuerte irrupción de estos delitos está vinculada con el uso de los teléfonos móviles, redes sociales y nuevas tecnologías que cada vez arranca a edades más tempranas. La mayor parte de los menores presentan graves adicciones a estos medios. Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en un instrumento cada vez más utilizado por los menores para la comisión de delitos.

En cuanto a los delitos llamados de violencia de género cometidos por menores, el pasado año se realizó la cifra más alta de los últimos cuatro anteriores por maltrato en el ámbito de la pareja y ex-pareja: 888, un 10% más que en 2.023. Lo que pone en cuestión todo lo que se está haciendo en políticas de igualdad y que parece que no está calando entre los jóvenes.

En otro orden de cosas y a título de señalamiento, en la Memoria también se indica que en materia de inmigración, la llegada de niñas menores aumentaron en un 165%, pasando de 238 en 2.023 a 651, triplicando su número. Solo por vía marítima, entraron en España 5.922 menores mientras que en 2.023 lo hicieron 4.865 y 2.375 en el año 2022. Por países, Marruecos se lleva la palma, seguido de Malí, Argelia y Senegal. Lo más interesante es que se desvela en este apartado el número total de menores no acompañados a cargo de las administraciones: 16.041, de los cuales 13.438 son niños y 2.603 niñas. Cuyo coste medio de atención y acogida supera los 4.000 euros por plaza que sufragan las Comunidades Autónomas.

La Fiscalía concluye que aunque la criminalidad juvenil global desciende un 6%, la naturaleza de los delitos cambia hacia formas más violentas y complejas que requieren una respuesta coordinada entre instituciones, familias y centros educativos.

EL Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lleva meses viviendo horas dramáticas ante los casos de corrupción política que aparecen periódicamente y que sacuden a su Gobierno y a su partido, el PSOE ( Partido Socialista Obrero Español ). Los asuntos que ya están canalizados judicialmente sobre su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz; su ex-ministro de Fomento y después de Transportes, José Luis Ábalos que también era el número dos del partido socialista como Secretario de Organización y de Santos Cerdán como sucesor de este último en el partido; están dejando a la sociedad española sorprendida y asqueada. Media docena de jueces han comenzado a actuar y ya han situado tras las rejas a uno de ellos, de momento: Santos Cerdán.

Aunque Pedro Sánchez no ha dado explicación alguna sobre estos sucesos ni la dará, se ha dedicado siempre que se le ha preguntado a desmentirlos y a echar balones fuera, sabe que está contra las cuerdas. Sus mandatos serán recordados como los más oscuros de nuestra ya madura democracia. Él que tan preocupado está por saber cómo pasará a la Historia.

La corrupción que aparece tan arraigada desde su acceso al poder en 2.018 y que lo alcanzó bajo el lema de la necesaria regeneración democrática, está emergiendo a un ritmo escandaloso. Estupefactos e indignados, los españoles han comprobado que a la sombra del poder proliferan todo tipo de abusos y dentelladas -más o menos profundas- que debilitan la credibilidad de las instituciones. La democracia española aparece vampirizada y los escándalos publicados hasta ahora, marcarán un hito en nuestra Historia política.

Es insólito que a estas alturas, la clase dirigente socialista confunda la autoridad con el poder y a este con sus intereses personales. Que cuando se sientan en los sillones del mando político y económico, miran a su alrededor y deciden que hasta donde les alcanza la vista, les pertenece. Ojos descreídos, ojos de avaricia, ojos de sangre ajena, ojos de vampiro.

Cada escándalo penetra como un afilado colmillo en la fina piel que los españoles votamos en 1.977, dentro de las primeras elecciones democráticas y llega hasta la profunda y vital vena carótida de nuestra Constitución. Cada corruptela es un libar en la esperanza, anhelo y futuro de todo un pueblo que aún resiste de pie y no cae en el arrullo de las justificaciones postreras, en los lamentos del descubierto y depredador murciélago que intenta salvarse así de la estaca de la Justicia,

La seducción del poder es poderosa y la pasión que despierta entre aquellos que lo poseen y gozan de él, hace que su apetito no conozca límites. Junto al becerro de oro y a los adoradores del dios Mammón, habitan en esta España nuestra, los servidores del lado oscuro, de la cara más negra de la democracia, aquellos que andan por las cloacas del Estado y que en vez de desatascar de inmundicia esos corredores, contribuyen de tal manera a producirla que rebosa por los desagües y se pasea por mesas de Consejo de Ministros, Consejos de Administración y otros organismos oficiales de los que apenas se dispone de información.

Los más jóvenes tienen que conocer que no es la primera vez que esto ocurre gobernando el PSOE. En los años noventa del siglo pasado, con Felipe González en el poder, los escándalos financieros que se publicaron con la prensa a la vanguardia -como siempre- fueron un hito en la entonces joven democracia española.

La década comenzó en mayo de 1.990, cuando Mario Conde, a la sazón presidente del Banco Español de Crédito ( BANESTO ), pagó 600 millones de las entonces pesetas a la empresa suiza Argentia-Trust diriga por Antonio Navarro, gran amigo del dirigente socialista Txiki Benegas para que este mediara ante el Gobierno de su partido para obtener exenciones fiscales a la Corporación Industrial del Banesto. Quedaba así inaugurada la lista negra de la corrupción socialista.

También ese año ( 1.990 ), se conoció el caso OSAKIDETZA en el que el Partido Socialista de Euskadi ( PSE ), aparecía implicado por fraude en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud. Como resultado de ello, el juez decretó el ingreso en prisión de cuatro militantes socialistas y supuso la dimisión del número dos del partido, Marcos Merino, obligándole a abandonar su puesto.

En 1.991, siguió con el conocido como caso FILESA por la financiación ilegal del PSOE. Las declaraciones judiciales afectaron a los primeros espadas de la banca de entonces ( Sánchez Asiaín e Ybarra, por el de Bilbao; Escámez por el Central y Escúnaga por el Popular) y por primera vez, a un miembro de la ejecutiva -dirección- del PSOE, Guillermo Galeote. Como máximo responsable de las finanzas del partido asumió toda la responsabilidad, exculpando a sus superiores de cualquier participación en la trama.

El 10 de mayo de 1.994, la directora de la Cruz Roja Española, Carmen Mestre, ( consiguió ese cargo por su militancia en el PSOE ), se vió obligada a dimitir tras hacerse públicas las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas por la permuta de la sede central de la institución por un precio muy inferior al precio tasado, transferido en 1.500 millones de pesetas menos.

Continuó con la directora del Boletín Oficial del Estado ( BOE ), Carmen Salanueva y otros diez inculpados más fueron enviados a prisión por la gestión fraudulenta en la compra de papel prensa. Luis Rodán, director general de la Guardia Civil, cayó en la trampa de la cultura del pelotazo. Se dejó llevar por la atracción que ejercían las grandes empresas constructoras de las obras de los cuarteles y picó el anzuelo de las comisiones.

Tambien se le acusó de haberse enriquecido con el dinero de los fondos reservados destinados a combatir el terrorismo de ETA, poniendo al descubierto el sistema de sobresueldos que imperaba en el Ministerio de Interior que dirigía José Barrionuevo. En diciembre de 1.993, se fugó de España. Dejó la caja fuerte vacía y se llevó un montón de carpetas que contenían secretos de estado que preocuparon a medio Gobierno de Felipe González.

El 3 de noviembre de 1.994, se conoció que el cuñado de Felipe González ( Palomino ) vendió una empresa en quiebra técnica ( Talleres Palomino, S.A. ) a un grupo empresarial ( Control y Aplicaciones, S.A.) que a continuación multiplicó sus contratos con la Administración, como por ejemplo la electrificación del búnker antinuclear de la Moncloa.

He querido dejar para el final el más escandaloso de los casos conocidos hasta ahora, el de los ERE en Andalucía ( 1.980-2.018 ). Consistió en el desvío de, al menos 679 millones de euros de dinero público de la Comunidad Autónoma andaluza -entonces gobernada por el PSOE- desviado para beneficiar a empresas, trabajadores y sindicatos afines al PSOE. Por la cuantía defraudada, por el número de implicados y por la alta responsabilidad política de los mismos, está considerado el mayor caso de corrupción política de España.

No queda más remedio que recordar el terrible diagnóstico del conocido dirigente del Partido Comunista de España ( PCE ) y de la coalición Izquierda Unida, ya fallecido, Julio Anguita: Aquí, o robas o eres gilipollas. Poniendo de manifiesto así, la forma más directa de cargarse el crédito de los dirigentes políticos de la izquierda que se pasan todo el día añadiendo el adjetivo calificativo de progresista en todas sus conversaciones; la forma más directa de cargarse la moral del trabajo y del mérito personal; la forma más directa de cargarse el país.

APIS, significa abeja en latín. La elección de este nombre da idea de la similitud del trabajo concienzudo y abnegado de sus agentes con el que realizan las abejas. La red estuvo operativa desde 1.937 en plena guerra civil española, intensificó su trabajo durante toda la segunda guerra mundial y perduró hasta mediados la década de los sesenta, facilitando información sobre la masonería.

Los informes solían estar encabezados con la frase: Por el mejor servicio a la Patria, lema que se le atribuye al propio Franco que era el receptor último de los mismos y eran sellados al pie con un anagrama compuesto por la imagen de una abeja con la leyenda A.P.I.S. A veces también se finalizaba con la frase : Quién como Dios, ( Q.C.D. ), divisa del arcángel San Miguel.

La elección de este último lema, mostraba las profundas creencias católicas de los integrantes de la red de espionaje, así como su objetivo antimasónico. No en vano, para los cristianos, San Miguel capitanea los ejércitos celestiales y es vencedor de Satanás. San Miguel había sido elegido patrón del Congreso Antimasónico Internacional que se celebró en Trento ( Italia ) en 1.896. También fue emblema de la Liga Antimasónica Belga fundada en 1.910 y del Tribunal para la Represión del Comunismo y la Masonería, jurisdicción especial durante el franquismo desde 1.940 hasta 1.964.

La responsable máxima de A.P.I.S. que actuaba oficialmente como su secretaria general era, María Dolores de Naverán y Saénz de Tejada, monja teresiana, profesora de la Escuela Normal de Vizcaya, catedrática de instituto de francés y vocal del Consejo Superior de Protección de Menores.. En 1952, fue nombrada Inspectora Extraordinaria Permanente de Enseñanza Primaria del Ministerio de Educación Nacional. También fue profesora particular de Carmencita Franco Polo, la única hija habida del matrimonio Francisco Franco y Carmen Polo. Era hija del maestro y poeta vasco Onofre de Naverán, nacido en Guernica ( Vizcaya ), autor del Albúm poético-infantil de escuelas ( 1.930 ) que le transmitió su gusto por la enseñanza y sus ideales carlistas. Falleció en Madrid el 13 de febrero de 1.967.

María Dolores, recibía, gestionaba y transmitía los informes que le llegaban de sus agentes que parece que eran todas mujeres. La más activa, se identificaba como A de Anita o A. de S., nacida en Cuba pero de nacionalidad española, remitiendo las informaciones desde lugares tan distintos como Cascais y Lisboa en Portugal; París en Francia; Ginebra en Suiza; Tánger en Marruecos, cuando era ciudad internacional durante la segunda guerra mundial y capital de los servicios de inteligencia internacionales; Estoril en Portugal que por su cercanía con España y que también estaba plagado de espías de todas las potencias beligerantes aprovechando la neutralidad del país, cosa que también acontecía en Madrid, la capital española.

La razón de todos estos desplazamientos se debía a que A era esposa de R, miembro de la Asociación Masónica Internacional ( AMI ), radicada en Lisboa durante una parte de la segunda guerra mundial, lo que le permitia tener acceso a documentos relacionados con la masonería y a confidencias captadas en los ambientes sociales en los que se movía. La AMI había sido fundada en Ginebra en 1.921, coincidiendo con el nacimiento de la Sociedad de Naciones ( antecedente inmediato de la actual ONU ) que también se asentaba en la capital suiza, estando ambas organizaciones íntimamente relacionadas ya que perenecían a la AMI los líderes más importantes que impulsaron la Sociedad de Naciones.

Entre 1.942 y 1,945, la AMI trasladó su sede a Lisboa, dónde al finalizar la contienda mundial careció prácticamente de actividad tal vez porque había conseguido sus objetivos y sus miembros más importantes ejercían el poder político en occidente a nivel mundial, imponiendo la supremacía anglosajona, y desapareciendo en 1.950.

María Dolores, transmitía las informaciones que conseguía al almirante Carrero Blanco que era quién se las hacía llegar a Franco. Compartía con su jefe no solo la ideología sino el amplio sentido cristiano de la vida. Esta afinidad fue la que también le permitió llegar a la familia de Franco y educar a su hija. Carrero, era por entonces la mano derecha de Franco. Ocupaba el cargo oficial de Subsecretario de la Presidencia del Gobierno que ocupaba el propio Franco desde 1.941. Diez años más tarde, en 1.951, se le nombró ministro de la Presidencia y pasó a ser vicepresidente del Gobierno en 1.967 hasta 1.973 en que dada la avanzada edad del general fue nombrado Presidente del Gobierno hasta el 20 de noviembre de 1.973, año en que fue asesinado por la banda terrorista ETA en un atentado en Madrid.

Carrero Blanco, militar y fervoroso católico tradicional, mantenía una gran influencia en Franco y fue uno de los pilares del franquismo del que se puede considerar -en parte- como uno de los inspiradores de las Leyes Fundamentales del Estado de aquel régimen que actuaban a modo de Constitución Española. Ambos eran antimasónicos y anticomunistas que consideraban a la masonería como instrumento de Gran Bretaña para condenar a España y colaboradora del comunismo en su pretensión de destruir a la iglesia católica de la que se consideraban fieles y leales hijos; y diluir la civilización occidental en costumbres e ideologías amorales y libertinas.

La información que recibía la Jefatura del Estado, siempre estuvo bajo el control del almirante y es en ese contexto donde se sitúa la red A.P.I.S., constituyéndose en una vía más de las que utilizaba para informarse y general inteligencia bajo su criterio. Carrero será más tarde, cuando llegó a la vicepresidencia del Gobierno, el impulsor de la Organización Contrasubversiva Nacional ( OCN ) en el ámbito universitario donde anidaba el comunismo en sus distintas versiones: soviéticas, chinas, troskystas y demás. Este órgano de información pertenecía al Servicio de Información del Alto Estado Mayor ( SIAEM ) y fue posteriormente trasladado, en 1.972, al recién constituido Servicio Central de Documentanción ( SECED ) como organismo civil de inteligencia, precedente en el tiempo del actual Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ).

Carrero, siempre mostró un gran interés por tener canales propios de información que le permitieran tener un conocimiento distinto de lo que sucedía en la sociedad española y en la internacional para tomar las decisiones más oportunas en aras a establecer cuál debía ser el papel de España en el mundo.

De los informes facilitados por esta red, los más numerosos y enjundiosos, se referían a personajes e intenciones de la AMI de la que consiguió documentos internos sobre Juan de Borbón ( padre del rey emérito, Juan Carlos I ) y su entorno de partidarios para recuperar la monarquía española; también del servico británico de inteligencia, con escritos y opiniones de Winston Churchil, Roosevell y Harry Truman; y del secretario de la OTAN, el británico Ismay, todos ellos masones y miembros de la AMI.

Las pesquisas e indagaciones de esta red también alcanzaban a personajes polítIcos del franquismo, mostrando la tendencia de la organización que era tradicionalista católica por lo que también era instrumento de la lucha de las distintas facciones franquistas, perjudicando a los falangistas, a los monárquicos juanistas y a aquellos que habían pertenecido a la CEDA.

Se suele hacer crítica descalificadora de la fijación que Franco y el franquismo tenían con la masonería pero la verdad es que siempre fue una herramienta para perjudicar los intereses de España en beneficio de Inglaterra y Francia. Esta obsesión, estaba relacionada con la defensa de la iglesia católica -centrándose en la cuestión religiosa- y le hizo desentenderse de los efectos políticos y económicos, cerrando los ojos en los años 60 y 70 en su pacto con los Estados Unidos, paradigma de la influencia masónica.

Otro de los mitos propagandísticos de la izquierda es la caricaturización de la oposición de Franco a la masonería, poniendo en su boca la expresión contubernio judeo-masónico, algo que nunca dijo sino que siempre aludió al pacto, la alianza o la amenaza judeo-masónica. La razón es muy simple: contubernio es una alianza contra natura, por eso sí habló del contubernio de Múnich por aliarse ideologías contrapuestas, cuando la alianza judeo-masónica se considera natural por el franquismo.

El día 3 de octubre del pasado año de 2.004, se dio a conocer el contenido del acuerdo al que habían llegado el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez con los albaceas de la organización terrorista ETA que ahora actúan con el nombre de EH-BILDU ( Recoger en eusquera ) para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ( Ley Mordaza en expresión de éxito para la extrema izquierda, antes y ahora socios gubernamentales ) en la que se vuelve a asestar un duro golpe a la Policía -como conjunto de Cuerpos de Seguridad- en el momento en el que sufrían más de 1.000 agresiones al mes.

Todas las organizaciones policiales dieron la voz de alarma ante esta polémica e innecesaria reforma de la ley que han denunciado por activa y pasiva ante el daño que ocasiona a la imagen e identidad de los agentes policiales; la inseguridad jurídica de sus actuaciones o el grave riesgo que supone para su integridad física y la de sus familias.

Unos cambios que parece que esta vez tampoco verán la luz finalmente pese a que hubo otro intento de reforma que quedó tumbado en la pasada legislatura ( marzo de 2.023 ) después de que el Gobierno de Sánchez se negara a aceptar modificaciones en estos mismos cuatro puntos de la inciativa: la desobediencia y resistencia a la autoridad ( art. 36.6 ); las faltas de respeto a los agentes ( art. 37.4 ) ; las devoluciones en caliente en la frontera ( disposición adicional primera ) y el uso de pelotas de goma ( artículo 23 ).

Y ¿ por qué entonces sí parecía salir adelante ?. La respuesta es bien sencilla: era el pago a EH-BILDU por su apoyo a la aprobación de los Presupestos Generales del Estado para este año de 2.025 que finalmente no se presentaron. De este modo, los defensores de ETA arrebataban la jugada al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y se alzaban con el premio de qué partido político iba a conseguir desarmar a la Policía, cara al electorado vasco. A este texto se sumaron el PNV, Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), El Bloque Nacionalista Gallego ( BNG ) y Sumar.

Lo pactado entre Gobierno-EH.BILDU y que motiva el desacuerdo y la protesta policial, es lo siguiente:

1º.- Grabar a la Policía en sus actuaciones no constituirá infracción alguna: Antes no se podía grabar imágenes, ni difundirlas sin autorización previa.

2º.- Las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadass previamente: Esta medida choca con el art. 21.3 de la Constitución Española que señala la obligación de comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones y manifestaciones en los lugares públicos.

3º.- Se reduce el tiempo de la retención para la identificación de los indocumentados: El período máximo establecido pasa de 6 a 2 horas.

4º.- Una vez identificado el retenido en la Comisaría más próxima, será devuelto al lugar de la intervención policial: Antes, el retenido era puesto en libertad en la Comisaría.

5º.- El Atestado Policial o la sanción administrativa impuesta por la infracción cometida, pierde la presunción de veracidad: Así se mejora -dicen- la seguridad jurídica en el procedimiento policial seguido, evitando la presunción de culpabilidad del afectado.

6º.- Cambio de criterio en la cuantía de las multas: la cuantía de la sanción irá en relación a la capacidad económica del infractor. Antes la sanción era igual para todos, independientemente de la situación personal de cada uno.

7º.- El Documento Nacional de Identidad ( DNI ) será plurilingüe: Se trata de una clara concesión a sus aliados independentistas para que la documentación personal y obligatoria de todos los españoles esté configurada en las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia del interesado.

8º.- Cambios en el material antidisturbios: Con la prohición expresa de utilización de las pelotas de goma sin esperar a ningún informe técnico que aconseje su eliminación o sustitución.

9º.- Evitar desnudos y cacheos denigrantes: Durante la actuación policial no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo físico, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes. Hasta ahora, las excepcionales ocasiones que han exigido lo anterior se han hecho con escrupuloso respeto a la intimidad de las personas y si era posible, fuera de la vista de los demás, agentes o sospechosos.

10º.- Infracción leve por tenencia de drogas: Lo vigente, era considerarla una infracción grave la posesión de sustancias estupefacientes aunque no estuvieran dedicadas al tráfico, en la vía pública y en los establecimientos públicos.

11º.-Se rebaja de infracción grave a leve: las faltas de respeto a la autoridad; la desobediencia a los agentes cuando sea manifiesta, clara y objetivable; la resistencia a la autoridad utilizando oposición corporal o la negativa manifiesta y clara a identificarse.

La modificación del articulado señalado en la ley, lleva camino de convertirse en uno de los principales referentes legislativos de la degradación a la que el sanchismo ha sometido al Estado de Derecho. Hallar iniciativas similares en cualquier otra democracia plena es tarea imposible. No existen porque cualquier otro Gobierno con un mínimo sentido de la dignidad y la justicia, nunca habría cometido barbaridades de ese calado en las que se ha supeditado el interés general al de unos pocos en una práctica de corrupción política sin parangón en el ámbito europeo.

La sociedad en pleno será la damnificada por ese nuevo marco de inseguridad contra la población que ha impuesto el brazo político de ETA con la complicidad del Gobierno de la Nación que de nuevo, ha esquivado su deber de preservar los derechos fundamentales de las personas gracias a un marco regulatorio que las desprotege.

De entre todos los españoles, los miembros de los Cuerpos Policiales han sido especialmente agraviados y maltratados no solo en virtud de este acuerdo instigado por los representantes de los asesinos de sus compañeros sino por el desempeño de un gobierno social-comunista que nunca les ha guardado el respeto y la consideración debida para lo que han hecho sobrados merecimientos.

Este ataque a los agentes es una guinda amarga y particularmente nauseabunda por la vileza de la mano que la promueve, aderezada por la desatención, el desamparo y el olvido hacia miles de profesionales y sus familiares que han marcado la política seguida del Ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca y el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Se está fallando -miserablemente- a quienes velan con sacrifico y lealtad por la seguridad y la libertad de los ciudadanos y además se está haciéndo por la espalda, sin la mínima consulta, ni debate.

Aún es más deplorable que el sanchismo, la izquierda y la extrema izquierda en pleno, hayan hecho suyo el relato de ETA y sus acólitos sobre una Policía a la que se ha difamado y calumniado para justificarlo todo. Solo los delincuentes y los que aspiran a serlo contra la seguridad pública y la libertad de los demás, necesitaban una ley que pone en riesgo el trabajo policial y la seguridad jurídica de todos esos trabajadores uniformados que se juegan la vida para que el resto de españoles disfruten de la suya.

Es lógico que quienes han practicado y alentado el terrorismo callejero o el vandalismo antisistema, bastardeen las instituciones y los órganismos pùblicos pero lo que resulta innoble es el colaboracionismo de un Gobierno que se proclama progresista en todo momento y ocasión para prorrogar sus estancia en el poder.

Este cambio de la norma no se justifica más allá del odio a la Policía -es el enemigo a batir y la única que los puede frenar- puesto que no existe vacío jurídico para cualquier exceso o arbitrariedad. Una democracia virtuosa y garantista se conduciría en sentido contrario al que se va, con respaldo activo a su Policía y contra aquellos que la amenazan y constituyen un peligro para la convivencia ciudadana. A diferencia de su Gobierno, los agentes policiales saben que cuentan con el respeto y la admiración de todos los españoles.

El Congreso de los Diputados, votó el 29 de octubre pasado a favor de la toma en consideración de la proposición para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana pactada inicialmente entre el Gobierno social-comunista y la formación legataria de ETA, EH BILDU y comunicada públicamente por este último grupo político para mayor escarnio.. La decisión de Podemos de apoyar finalmente la tramitación de la iniciativa, alivió el difícil momento que ya atravesaba el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque lo hizo cuando la norma que aprobó el Partido Popular ( PP ) llevaba ya seis años funcionando. La pretensión de los jóvenes cachorros comunistas de Podemos era introducir las correspondientes enmiendas durante la tramitación parlamentaria para la derogación definitiva de esta ley.

Para quienes tengan dudas sobre los peligros que el futuro deparará a los Cuerpos Policiales, se tiene el ejemplo de lo que pasó en los graves incidentes ocurridos en el centro de Valencia tras la manifestación el pasado sábado, dia 9 de noviembre contra la gestión de la tragedia de la DANA por parte de las administraciones públicas en la que más de 30 policías antidisturbios resultaron heridos al no poder utilizar pelotas de goma por primera vez. Lo que constituye una prueba clara de que la prohibición pactada con el Gobierno aumenta los riesgos físicos de los agentes. No hubo mejor test.

Otra prueba más reciente fueron los desórdenes públicos ocasionados por la milicias sanchistas que impidieron la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, en Madrid, el pasado 15 de septiembre, donde los agentes policiales apenas pudieron lanzar una decena de pelotas de goma ante la hostilidad de la guerrilla urbana que se había preparado y que causó 22 heridos todos ellos policiales. El baremo que utilizó el Delegado del Gobierno en Madrid es bien sencillo: una manifestación es pacífica si los heridos los pone la Policía y será violenta si los lesionados resultan ser los radicales….

La violencia contra las mujeres era una de las banderas de las que se había apropiado el feminismo militante de la izquierda política, Esta expresión de la desigualdad le costó la vida a 48 de ellas el pasado año en España. En lo que va del presente ya son 28. La persistencia de este desgarro obliga a una permanente atención de las instituciones para identificar los problemas que se den en esta amenaza cambiante y las lagunas que puede haber en el sistema de protección; a dedicar los recursos necesarios y aplicarlos con eficacia y también a la máxima transparencia posible cuando se detecten insuficiencias porque así lo requiere el sufrimiento de las víctimas de esta lacra.

Lamentablemente, nada de ello se ha hecho con el agujero técnico que dejó sin acceso al historial y conducta, previo al 20 de marzo de 2.024, de hombres maltratadores con órdenes judiciales de alejamiento de sus ex-parejas controladas por pulseras telemáticas. El mecanismo de control del sistema, llamado Cometa, que vigilaba las 4.500 pulseras instaladas a nivel nacional, produjo un vacío de datos al cambiar de proveedor técnico y tener que trasladar del anterior al nuevo la información que contenía.

Con ser grave este fallo que ha desprotegido a miles de mujeres durante al menos 8 meses, lo agrava mucho más el que se haya conocido porque la memoria anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente al pasado año, sostiene que los fallos de esta mudanza provocaron una gran cantidad de perjuicios para las víctimas de estos delitos porque en la celebración de sus respectivos juicios, sus transgresores han sido declarados inocentes al no constar las infracciones cometidas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se afanó desde un principio, en negar riesgo alguno a las mujeres portadoras de este dispositivo de alerta, cuando ha sido notorio que este resquicio se ha cubierto con un oscurantismo que va más allá de la imprescindible confidencialidad en un servicio público tan sensible. Para empezar, la dación de cuentas es imposible si las autoridades concernidas no explican, ni las consecuencias del fallo, ni el tiempo que duró. Pero lo que resulta hiriente es que la ministra culpe a los fiscales por denunciar los hechos acusándolos de alarmistas y trate de escudarse en que lo ocurrido solo ha repercutido en el 1% de los dispositivos, como si eso no implicara ya un riesgo.

En cualquier otra democracia que no sea la sanchista, el escándalo de las pulseras habría costado el cargo a todos los responsables políticos del ministerio implicados con la ministra al frente. Obviamente esto no será así y los esfuerzos oficiales se están centrando en sacar adelante el relato que los exoneren y avale el rigor de sus conductas en este despropósito que ha beneficiado a un número indeterminado de supuestos delincuentes y ha generado tanto miedo y desconfianza en las víctimas.

Por lo demás, el desenlace de todo este asunto es que aquí nadie asume responsabilidades políticas y por tanto, el Presidente del Gobierno no la dejará caer aunque encima le haya estropeado toda la estrategia sobre el conflicto palestino que había preparado para esta semana, discurso en la Asamblea de la ONU incluido.

A pesar de todo el esfuerzo gubernamental por tapar este monumental escándalo, se ha logrado saber que meses antes de que la Fiscalía advirtiera de la gran cantidad de absoluciones de maltratadores por los fallos en las pulseras, magistradas expertas en violencia de género ya habían alertado de las taras del sistema, apelando a las deficiencias de estos dispositivos telemáticos que lastraban su plena utilización.

Una de ellas, ha sido la actual vocal del Observatorio para Violencia Doméstica y de Género. Otra fue la ex-presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, que se pronunció en similares términos a los de su compañera de carrera, durante su comparecencia el pasado 18 de junio en la Subcomisión para la Renovación y Actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la que ya entonces advirtió que no había pulseras de protección para las víctimas del maltrato y que el sistema estaba perdiendo recursos y medios para las mujeres que lo necesitaban.

Una vocal del actual Consejo General del Poder Judicial ha manifestado que esta falta de efectividad constituye un problema especialmente grave en las zonas rurales ya que se disparan las alertas por falta de cobertura generando un sentimiento de inseguridad. Otra magistrada más, ha manifestado que no era excepcional que el sistema se convirtiera en un auténtico instrumento de tortura para las víctimas las que, en ocasiones, recibían advertencias de madrugada de que su agresor estaba fuera de control.

Estos testimonios confirman y ponen sobre aviso los fallos del sistema de pulseras, después de haberlo hecho la Fiscalía en su última memoria anual que advertía que se habían producido una gran cantidad de archivos provisionales o sentencias absolutorias de causas con motivo del cambio de prestatario del sistema Cometa. Además de precisar que en el volcado de datos de una empresa a otra, entre finales de 2.023 y principios de 2.024, se perdió mucha información almacenada relativa a los investigados hasta el extremo de que el propio Centro Cometa avisaba a los juzgados de que no podían certificar los hechos anteriores a 20 de marzo de 2.024, perdiéndose así un elemento de prueba imprescindible para poder formular la correspondiente acusación. Se tiene constancia que. a fecha de hoy, no se ha resuelto la mencionada incidencia del sistema y se desconoce cuándo pueda ser solventada.

Si bien la ejecución del cambio de contrato de una empresa a otra se ha hecho con la ministra Redondo, la adjudicación del mismo, la realizó su predecesora Irene Montero, dirigente de Podemos, que avaló el nuevo contrato bajo la premisa del bajo precio y que la evaluación técnica ya avisaba del diseño deficiente del proceso de transición. Abriendo así un boquete que amplía el desaguisado causado por los estragos de la ley trans y especialmente de la del si es si -ambas patrocinadas por la señora Montero- que permitió la excarcelación de un millar de agresores sexuales, beneficiados por una deficiencia de la propia ley, con lo que ocasiona un daño irreparable a la política feminista de Pedro Sánchez, cuyos réditos electorales tan bien le habían funcionado hasta ahora. Las nuevas pulseras que compró Irene Montero, también están a la venta en distintas plataformas chinas de venta por internet, como por ejemplo en la conocida empresa Aliexpress.

El Gobierno social-comunista que está pero no gobierna, ha hecho lo que mejor sabe hacer, armar un relato exculpatorio en el que, en resumidas cuentas, no ocurrió nada, tampoco estuvo ninguna víctima en peligro y todo funcionó a la perfección. Después de esto y conforme al guión previsto: cero explicaciones, nula rendición de cuentas, mentiras y espantadas, con el colmo del descaro personalizado en la ministra Ana Redondo señalando a la Fiscalía General del Estado por poco más o menos, hablar de lo que no sabe e inflar un globo cuando apenas se dio un murmullo.

La verdad de lo ocurrido y que nunca los políticos dirigentes van a aceptar es que se pusieron en peligro la vida y la integridad de miles de víctimas de violencia de género por racanear en lo que no se debía y apostar por dispositivos electrónicos sin garantías y en contra del criterio de los expertos y por no rectificar a pesar de las señales de alarma de las autoridades judiciales y policiales competentes. Decir, como han defendido los ministros Ana Redondo y su compañero de filas, Félix Bolaños, que no supieron nada es engañar a los españoles en un asunto tan sensible que demuestra la talla moral de esta izquierda impostora.

El pasado miércoles, la ministra Ana Redondo fue reprobada en el Congreso de los Diputados a propuesta del Partido Popular ( PP ) por su fracaso en la gestión de las pulseras telemáticas que deben de proteger a las víctimas de la violencia de género, moción que no le obligaba a dimitir de su cargo del que solo puede salir a petición propia o que la cese el Presidente de Gobierno, el que desde Nueva York la ha confirmado en el mismo, mostrándole así su confianza. Como consecuencia de ello, la ministra ha anunciado la licitación próxima de un concurso para sustituir las pulseras defectuosas en mayo de 2.026 cuando venza el actual contrato.

Denunciar lo ocurrido por esta negligente y dolosa gestión es un deber ciudadano que debe acarrear consecuencias políticas. Las mujeres no pueden fiarse de un Gobierno con esta indecente escala de valores que prioriza ponerse a salvo antes que hacerlo con las maltratadas que encima cree que si solo afecta a un 1% de ellas es tolerable.

La suspensión sin precedentes de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, ocurrida el pasado domingo en Madrid y con ella la posterior entrega de premios, provocada por unos cuantos cientos de manifestantes radicales que llevaban dias desplegándose y obstaculizando el recorrido de esta competición deportiva de notable proyección internacional para denunciar los crímenes de guerra que Israel está realizando en la franja palestina de Gaza, derivó en unas protestas que si bien podían entenderse al principio pasaron enseguida a ser unos hechos intolerables.

La presencia en esta carrera ciclista de un equipo privado israelí ( Israel-Premier Tech ), dirigido por un español, el navarro Oscar Guerrero, que estuvo sufriendo durante el recorrido de la misma pintadas amenazadoras que rebasaron todo activismo pacífico que fue deslegitimado con actuaciones que pusieron en riesgo la seguridad de los corredores y de miembros de la organización y que culminaron en la etapa final con enfrentamientos con la Policía a la que agredieron con lanzamiento de botellas, botes y vallas protectoras. La bondad de una causa no justifica ningún exceso que en último extremo y a modo de fracaso en su pretensión, requiera el empleo de la violencia contra los trabajadores de la seguridad ciudadana.

El argumento de los manifestantes que era coincidente con el del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez de que los desórdenes públicos ocurridos en las calles de Madrid apenas tenía importancia si se relacionaban con las barbaridades que se estaban cometiendo contra los palestinos, constituye una falacia exculpatoria que bajo un pretendido compromiso político solidario, lo que terminó haciendo fue una banalización inimaginable del sufrimiento de los gazatíes. Este padecimiento exige de la comunidad internacional que haga cuánto sea preciso para que el Gobierno de Netanyahu le ponga fin de inmediato y una empatía pública para que no se convierta en protagonista con ejercicios de fuerza inaceptables.

Si el boicot consumado de la Vuelta Ciclista ya resultaba excepcional y fue objeto de seguimiento y condena a escala mundial, lo que más sorprendió fueron las declaraciones previas del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aprovechando su intervención en un acto de su partido ( PSOE ) celebrado en la ciudad de Málaga, avalando y animando a sus huestes y a las hordas vascas y las turbas de la ultraizquierda comunista que ya habían dado muestras de sus intenciones en el desarrollo de las etapas previas, como muestra del orgullo y la dignidad de la sociedad española contra la masacre palestina.

Esta identificación tan simple y exagerada molestó en un principio a todo español de bien y se fue confirmando en el transcurso de la semana cuando muchos ciudadanos que deploran las atrocidades que está cometiendo el Gobierno israelí, no se han sentido representados en su conciencia íntima. Y resulta incomprensible que quién es el responsable último de la protección del orden público en España y garantía de la realización pacífica de las competiciones deportivas y espectáculos públicos, animara sin matices las protestas sabiendo que el dispositivo policial iba a ser un teatrillo para disimular si se producían las alteraciones previstas para reventar el normal desarrollo de la competición.

El Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, hizo una declaración en la sede de la Delegación en la que aseguró que la ciudad había sido un ejemplo de dignidad tras suspenderse el final de la Vuelta Ciclista por unas protestas que a su juicio, no habían causado incidentes graves, dado que solo se habían producido dos detenciones entre los más de cien mil manifestantes, parte de los cuales reventaron el recorrido de la carrera deportiva. Continuando con que Madrid, había enviado al mundo un mensaje de solidaridad, de humanidad y de empatía con el sufrimiento del pueblo palestino y había hecho una gran llamada a la reacción de la comunidad internacional.

El Delegado del Gobierno, como la autoridad competente en el dispositivo policial establecido, celebraba el fracaso del mismo al no conseguir los objetivos que se perseguían: que la Vuelta concluyera con normalidad y que no se produjeran incidentes. En el colmo del cinismo político, tuvo palabras de reconocimiento poer la profesionalidad demostrada por todos los integrantes de los cuerpos policiales participantes. Las críticas recibidas desde todos los sectores de la sociedad por su inacción ante el asalto de los manifestantes propalestinos a los espacios públicos y al boicot de los ciciclistas no han cesado desde entonces.

En una posterior sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, afirmó que se sentía orgulloso y sin un ápice de arrepentimiento sobre las instrucciones dadas sobre los pacíficos manifestantes pese a los actos violentos que se produjeron e impidieron la última etapa de la competición deportiva, con saldo de 22 policías heridos a los que deseó una pronta recuperación.

Ante tamaño dislate producido antes, durante y posterior fin de recorrido ciclista, los sindicatos policiales salieron en tromba a poner de manifiesto la enorme emboscada que se había realizado a las unidades policiales para impedir el normal desarrollo de una prueba deportiva de esta envergadura que era lo que le interesaba al Gobierno de la Nación por su oportunismo político en el conflicto palestino-israelí, sin importarle lo más mínimo el desprestigio de unas fuerzas antidisturbios reconocidas a nivel mundial, el sacrificio de sus componentes y el daño a la ciudad de Madrid que está siendo un escaparate mundial de libertad. progreso y convivencia intercultural.

La sociedad española ha dado numerosas muestras de ser solidaria, que se compromete con causas nobles; que usa los cauces democráticos para hacer valer sus opiniones, influir en las autoridades y promover debates. Es loable salir a la calle a protestar, reclamar y exigir de forma pacífica pero sin avasallar, sabotear, ni emplear la violencia. Pero no se puede admitir bajo ningún concepto y de ninguna de las maneras que el Gobierno de la Nación preste su aval a una guerrilla urbana que amparados en una causa tan noble como la exigencia del fin de las matanzas palestinas, ocasionen disturbios públicos y ataques a la Policía en unos actos vergonzosos y reveladores de cómo estos grupos radicales entienden la democracia y el derecho constitucional a manifestarse públicamente.

El Presidente del Gobierno fue un irresponsable, Desde su alta función no puede llamar a la movilización general en la que había precedentes de empleo de violencia y en esta ocasión existía riesgo de que se empleara de nuevo como así ocurrió. Tenía que hacer todo lo contrario, llamar a la calma, a la pacífica convivencia y condenar cualquier tipo de violencia que se pudiera dar. Los altercados debieron de ser reprobados desde el principio y puestos al margen de la estrategia del Gobierno contra Israel. La convivencia española debe de ser sagrada porque está en juego la democracia que disfrutamos.

El Gobierno ha cometido una acción muy peligrosa que sienta un grave precedente. En eso no consiste la ayuda al pueblo palestino, lastrado por terroristas que felicitan a Pedro Sánchez, nunca se olvide. Los incidentes tolerados que paralizaron la última etapa de la Vuelta Ciclista a España no es motivo de orgullo alguno porque es una vergüenza. Y lo peor es que muy probable que no vaya a ser un hecho aislado.

Este título -contradictorio en apariencia- se refiere a los llamados Colectivos en Venezuela. El bastión más duro del chavismo y, a menudo, sinónimo de terror para los opositores que protestan contra el autócrata Presidente de la República, Nicolás Maduro. Se articularon a partir del año 2.002 después del intento de golpe de Estado contra el extinto Hugo Chávez para defender al Gobierno desde los barrios de los pueblos y ciudades con el apoyo económico de las autoridades aunque la fecha formal de su nacimiento fue el 10 de abril de 2.006.

Están impregnados del imaginario de la lucha armada revolucionaria de la década de los años sesenta del pasado siglo. Se escudan en la organización de actividades comunitarias de promoción de la democracia y de tipo cultural y social pero en los momentos de tensión política que tanto abundan, algunos actúan como pandillas motorizadas de paramilitares como grupos situados al margen de la ley. Y pese al descontento que sobrevuela hasta en sus filas, han prometido proteger la denominada revolución bolivariana hasta el final para convertirse en la última línea de defensa del Régimen.

Las Comunas de los Barrios son organizaciones con funcionamiento, proyectos y versión de la realidad con un guión de retórica marxista y antiimperialista que aunque no les gusta que les llamen brazo del chavismo, actúan como tales ya que sin su apoyo y sostenimiento económico no podrían subsistir, como se afirma desde el Observatorio Venezolano de la Violencia. Han llegado a atacar a personas de religión protestante, periodistas, estudiantes, sacerdotes católicos, monjas. Para eso se visten de negro y van encapuchados.

La amalgama de personas que forman estos Colectivos, procede de antiguos militantes de la lucha armada, de las Comunas y de la criminalidad. Esta mezcla que no siempre reúne las condiciones citadas, lleva desde hace casi 20 años a sustituir al Estado en muchas barriadas de las grandes ciudades.

Si hay un vecino que incordia o protesta, ellos se encargan. Si se trata de una zona de un barrio, ellos acuden y acaban con el peligro porque dan más miedo que la Policía. Han conseguido acabar con la venta de drogas al menudeo pero a tenor de los resultados, parece que algunos grupos entran como bandas criminales porque después de limpiar la zona, se quedan con el negocio de los que han expulsado.

Las últimas averiguaciones, indican que hay miembros de los Colectivos que pertenecen a las FAES ( Fuerzas Especiales de la Policía Venezolana ) temidas por la población en general por su violencia y autoría de numerosos asesinatos. También, agentes policiales que se encapuchan para actuar como Colectivos. Eso explicaría que muchos de sus ataques cuentan con la anuencia de la Policía y, en ocasiones, en abierta coordinación con ella.

Lo más llamativo de este asunto es que en el año 2.019, la Asamblea Nacional de Venezuela designó a los Colectivos como grupos terroristas por sus acciones paramilitares de violencia, intimidación, asesinatos y demás delitos, declararando sus actuaciones como terrorismo de Estado.

En pie de guerra. Los ertzainas han estallado ante las provocaciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien acusó a la Policía vasca en una entrevista de radio de contar con «elementos infiltrados por la extrema derecha al servicio de otros Estados» ( entiéndase España ). Es más, el político abertzale insistió en que «la sociedad vasca merece una Policía que respete los derechos, actúe con responsabilidad y resuelva los problemas y los conflictos sin agravarlos».

Sus palabras han calado en los agentes que las han tildado de «graves e irresponsables», y han reaccionado con dureza: «No vamos a tolerar que el que fuera líder de la banda terrorista ETA, amparó su violencia y sus más de 850 asesinatos (entre ellos 15 ertzainas), 2.600 heridos y casi 90 secuestrados, nos dé lecciones de nada«.

Según denuncia el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.), las palabras de Otegi suponen un «ataque frontal contra la dignidad de quienes arriesgan cada día su integridad» por la de todos los ciudadanos vascos. «Resulta paradójico que quienes han callado, justificado o convivido con la violencia de ETA y de la Kale Borroka, ( lucha en las calles ), los que apedrean patrullas, queman contenedores y señalan a los agentes por el simple hecho de portar un uniforme, pretendan ahora dar lecciones sobre democracia y seguridad», han sentenciado.

Y por ello, exigen «respeto», ya que acusar «sin pruebas» atenta no solo contra la imagen de la Policía vasca, sino contra la confianza que los ciudadanos tienen en esta institución. Los agentes exigen a los políticos que «dejen de sembrar dudas» sobre su profesionalidad y trabajen para garantizar mejores medios y más recursos humanos. Consideran que los ciudadanos se merecen un debate serio sobre seguridad y no «discursos incendiarios» para movilizar a los «radicales de siempre».

Desde el sindicato aseguran que la realidad, por mucho que EH Bildu intente retorcerla, es que la Ertzaintza sigue sufriendo el «hostigamiento» de aquellos grupos que no aceptan las reglas democráticas. A ello contribuyen los continuos ataques de Otegi, con el objetivo de empañar la imagen de los agentes. Tanto es así que no tuvo reparos en manifestar que la autoridad y el respeto se ganan «tratando bien a la gente» y «siendo una Policía de cercanía», no «pegando a la gente».

Pero si algo tienen claro los agentes es que los ataques para erosionar su imagen no cesarán. Por este motivo, Juan Carlos Sáenz, secretario de Organización de Si.P.E. señala que aquellos que han avalado y defendido la violencia de ETA no van a difamar ni a dar lecciones a una institución que ha sufrido acoso y 15 asesinatos.

Los cerca de 8.000 agentes de la Ertzaintza vuelven a estar de nuevo en el centro del debate político tras los ataques del coodinador general de EH Bildu contra el cuerpo policial. Después de un verano marcado por enfrentamientos de grupos de jóvenes radicales contra la Polícía autonómica en distintas localidades guipuzcoanas de aquel territorio, con ocasión de la celebración de sus respectivas fiestas patronales, como por ejemplo en Villafranca de Ordicia, Hernani y Azpeitia o en Vitoria que se han saldado con decenas de detenidos y varios ertzainas heridos.

Estas declaraciones, que confirman la nueva estrategia marcada por Otegui contra la Policía vasca donde ya avanzó el pasado mes de julio que está infiltrada por elementos de la extrema derecha y vinculó con lógicas autoritarias del pasado. Manifestando también que este cuerpo debía de pasar un proceso de transformación para que respete los derechos de los ciudadanos, actúe con responsabilidad y resuelva los problemas y los conflictos sin agravarlos.

Por eso, EH Bildu exige una reflexión y una reforma en profundidad del modelo policial, como ya ellos han empezado a realizar, pidiendo que las Policías Locales de los Ayuntamientos donde ellos gobiernan, no se tengan que formar en la misma escuela de policía que la Ertzaintza, en Arcaute ( Alava ), como se viene haciendo hasta ahora.

Las declaraciones del dirigente radical se han producido unos dias después de que el Presidente de la Comunidad, Imanol Pradales, iniciase el curso político exigiendo a la organización heredera de los terroristas que condenase con rotundidad los ataques a la fuerza policial. No puede haber medias tintas: todos los grupos políticos del País Vasco, sin excepción, debemos de condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las policías municipales y la Ertzaintza, Con claridad, con rotundidad y sin subterfugios lingüísticos.

Otegui insistió en su entrevista radiofónica que acudiría al Foro de Seguridad regional impulsado por el Gobierno vasco para hablar del modelo policial con el objetivo de construir una policía de proximidad, vasco parlante ( euskaldún ) y democrática.

Desde la aparición de la ciencia sociológica, los estudiosos han ofrecido diversidad de tipologías sociales: sociedades de combinación y sociedades de unión; sociedades de cohesión artificial o mecánicas y sociedades trabajadas por solidaridad orgánica; sociedades rurales y sociedades urbanas. En nuestros días, ha tomado carta de naturaleza una clasificación de corte socio-cultural, que basa la distinción en el fenómeno industrializador y el uso de bienes activos. De acuerdo con este criterio, se habla de sociedad tradicional, sociedad industrial y sociedad postindustrial. Algunas se refieren, incluso, a sociedades postmodernas. Es precisamente esta distinción la que interesa por adecuarse mejor al análisis que se intenta.

En las sociedades tradicionales o preindustriales, el 50 % de la población —como mínimo— está adscrita a una actividad del sector primario, como es la agrícola, un 30 % al sector secundario (industria) y el 20 % restante, al sector terciario (servicios). La criminalidad es igual a su estructura social, predominan los delitos contra las personas y el patrimonio. Sus autores, mayoritariamente, son jóvenes. La respuesta social es la de una justicia elemental o embrionaria.

En las sociedades industriales, los índices alcanzan un 30 % en el sector primario, un 50 % en el secundario y un 20 % en el terciario. Su criminalidad es de mayor nivel y densidad, gracias a su estructura social. Las funciones comunes, como la familia, trabajo, escuela se vuelven técnicas que ejercen cierto nivel de control social más especializado. En este caso, la criminalidad que prevalece es la que se liga a las actividades económicas ilegales, favorecidas por las lagunas en el sistema de distribución y producción de bienes.

En las sociedades postindustriales o intensamente industrializadas, el sector terciario es el predominante superando el 40 %. Este tipo de comunidades ha basado su profunda transformación en tres fenómenos bastante correlativos: industrialización, urbanización y burocratización.

Todo lo que ha provocado esa dinámica social denominada proceso de modernización. En ellas, la criminalidad es alta porque a la tradicional —robos, fraudes o delitos de agresión y lesiones— se suma un intenso crecimiento de delitos con violencia contra las personas, relacionados con las infracciones cometidas contra la propiedad. La delincuencia organizada —tráfico de drogas o extorsión— se aprovecha del espíritu de libre empresa. Las estafas se multiplican. El número de mujeres delincuentes se aproxima al de los hombres y la cifra de jóvenes que delinquen también es elevada.

Las memorias de la Fiscalía General del Estado recogen los principales factores criminógenos de la realidad delincuencial española:

• Crisis de valores debido a la relatividad moral a todos los niveles.
• Desestructuración familiar, con perniciosa influencia en los menores y adolescentes.
• Ausencia de modelos positivos de identificación.
• Alcoholismo y drogadicción.
• Afición al dinero fácil y sensación (propia y ajena).
• Despersonalización en las relaciones sexuales. Tendencia marcada al consumo de sexo.
• Continuadas crisis económicas y elevados índices de desempleo.
• Frustración juvenil y abuso de la evasión para calmar ese sentimiento.

Son muchos los que consideran como fenómeno social normal el delito que hace acto de presencia en cualquier tipo de sociedad pues quiere decir que está indisolublemente ligado a la propia existencia de la vida en común. No obstante, esa normalidad puede ser publicada siempre que se trate de una delincuencia que no sobrepase un listón determinado que sea asumible. El mantenimiento de excesos de criminalidad —que es lo que sucede en las sociedades industrializadas— llevaría, a medio o largo plazo, a hacer imposible la convivencia. Sea como fuere, lo cierto es que toda sociedad organizada tiende a autodefenderse de tal modo con el fin de, si no hacerlo desaparecer que el fenómeno sea tolerable.

Lo que decida hacerse en estos temas con la Policía tiene esa finalidad. En la lucha contra la criminalidad, la acción de la justicia es necesaria pero no es exclusiva y, desde luego, no es suficiente. La Policía ha de ser considerada, únicamente, como una parte activa de lo que se podría denominar control de la defensa social total. Este dominio, tiene por objeto prevenir las condiciones propiciadoras de la delincuencia en general, combinando recursos de la Administración más socorrida que es la justicia penal en sus múltiples aristas (jueces, fiscales).

Porque esta va tendiendo, muy prevalentemente, a sancionar conductas negativas; por lo mismo, tiende a adoptar un papel regresivo, y han de ir —con esperanza preventiva— a poner en práctica las condiciones más aceptables de las ciencias médicas, sociales, psicológicas, estadísticas, económicas y bienestar social, criminología, derecho y seguridad social.

Todo ello, dentro de un sistema de poder político que se estructure y se ejerza, de acuerdo con los principios del justicialismo democrático en los que la Policía se encarga de que las libertades públicas puedan ser disfrutadas por todos sin exclusión de ninguna especie. Es un instrumento fundamental de la democracia sin el cual no se podría hablar de las libertades públicas. Su compromiso con el mantenimiento del orden se sitúa en el estado de tolerancia de la comunidad. De ahí deriva la primera misión principal de la Policía que es combatir la criminalidad. Y lo hace a través de dos vías, no excluyentes sino complementarias entre sí: la vía de prevención y la vía de la represión.

La primera exige la descentralización de los efectivos policiales. Está demostrada su eficacia para alcanzar el objetivo de la cercanía de los ciudadanos por su extensión y diversidad. En esta etapa, cada sección de seguridad ciudadana (distrito en el análisis sociocriminológico, barrio en el estudio policial ) y cada espacio que lo necesite para la planificación de los servicios operativos y que establecerá el número de patrullas necesarias, a pie y motorizadas.

Y por último, debe mantenerse la colaboración con los medios de comunicación y el apoyo de la prensa que debe publicar campañas de información para difundir los principales delitos en cada uno de estos sitios. Se trata de integrar al policía en el barrio, reforzando su imagen como persona y no como elemento anónimo de la institución a la que pertenece.

La segunda vía se encarga de la metodología de la represión que, cuando se desarrolla con eficacia termina por constituir una parcela de prevención. La criminalidad desciende cuando hay más probabilidades de que el potencial delincuente crea que por la comisión de su delito será castigado e ingresado en prisión. La Policía ejerce esta tarea a través de la investigación criminal, inserta doctrinalmente en el sistema penal. Para ello, utiliza unidades especializadas en las diversas tipologías delictivas —drogas, violencia de género, robos…-

Y unidades de Policía Científica que emplean los métodos técnicos necesarios (físicos, químicos, biológicos, etc.) para la recogida de evidencias. La Policía se encarga de realizar los análisis que constituirán las pruebas de cargo en la vista del juicio oral. También abanderará la propuesta de una red necesaria de cooperación nacional e internacional para combatir las nuevas formas de criminalidad, transnacionales y multinacionales, que saben que las fronteras no constituyen barreras infranqueables que amedrentan a los criminales que rehúyen la acción de la justicia nacional.

Posdata.- Este artículo mío fue publicado en el número 397 de la Revista oficIal POLICIA correspondiente al pasado mes de abril con el título de SEGURIDAD URBANA Y ACCIÓN POLICIAL.

Más de 1.600 científicos y especialistas de reconocido prestigio -entre los que destacan dos Premios Nobel- firmaron la Declaración Climática Mundial que bajo el título No hay emergencia climática, se hizo pública a finales de junio de 2022; y ponía en cuestión buena parte de los postulados del ecologismo dominante consistente en augurar terribles catástrofes naturales derivadas del calentamiento global que causa el hombre por las emisiones de C02 a la atmósfera.

La citada declaración, promovida por la Fundación Inteligencia Climática ( CLINTEL ), con sede en los Países Bajos, señala que la ciencia del clima debería ser menos política mientras que las políticas climáticas deberían ser más científicas. Los investigadores deberían abordar abiertamente las incertidumbres y exageraciones en sus predicciones sobre el calentamiento global mientras que los políticos deberían contar desapasionadamente los costes reales, así como los beneficios imaginarios de sus medidas.

Este grupo de doctores advierte de que las desastrosas predicciones climáticas que con tanto ahínco difunden políticos y medios de comunicación, parten de modelos informáticos -hechos por personas- cuyos resultados dependen de los datos, hipótesis y supuestos que se introduzcan. Creer en el resultado de un modelo climático es creer en lo que sus creadores han incluido. Este es precisamente el problema del debate meteorológico actual en el que los modelos climáticos son centrales y sus proyecciones no dejan de ser simulaciones cuyo resultado suele ser distinto al previsto. Se está imponiendo como una cuestión religiosa, como si fuera un dogma de fe, que tiene poco que ver con el comportamiento de la naturaleza que muchas veces es imprevisible y sobre todo en plazos de tiempo tan largos.

Entre los firmantes de la declaración, figura el físico estadounidense Ivar Giaever, Premio Nobel de Física en 1973; también John F. Clauser, que lo obtuvo en 2022 por sus investigaciones sobre mecánica cuántica, quién afirma sin tapujos que no existe una verdadera crisis climática. A lo que añade que la narrativa popular sobre el cambio climático refleja una peligrosa corrupción de la ciencia que amenaza la economía mundial y el bienestar de miles de millones de personas.

En la declaración realizada, aparecen las siguientes puntualizaciones: el calentamiento es producido por factores naturales y antropogénicos. El archivo geológico revela que el clima de la Tierra ha variado desde que existe el planeta con fases naturales frías y cálidas. La Pequeña Edad de Hielo ( duró 500 años y está considerado un ciclo corto ), terminó en 1850 por lo tanto, no sorprenda que ahora estemos experimentando un período cálido que veremos lo que dura y será igual o superior a su anterior.

El calentamiento es mucho más lento de lo previsto: El mundo se ha calentado -significativamente- menos de lo previsto por el IPCC ( Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, padres de la teoría actual sobre cambio climático ) sobre la base del efecto humano configurado y por eso, lo que antes nos vendieron como calentamiento global, al incumplirse y para que no se les viesen las vergüenzas pasó a ser cambio climático. La brecha entre el mundo real y el mundo modelado nos dice que estamos lejos de comprender el cambio climático.

La política climática se basa en modelos inadecuados: los modelos climáticos tienen muchos defectos y no son -ni remotamente- plausibles como herramientas de política global. Exageran el efecto de gases de efecto invernadero como el CO2. Además, ignoran el hecho de que enriquecer la atmósfera con CO2 es beneficioso.

El CO2 ( dióxido de carbono ) es el alimento de las plantas, la base de toda la vida en la tierra: El CO2 no es un contaminante. Es esencial para la vida en la Tierra. La fotosíntesis es una bendición. Más CO2 es beneficioso para la naturaleza, reverdece la Tierra. Más CO2 en el aire ha promovido el crecimiento de la biomasa vegetal mundial. También es bueno para la agricultura porque aumenta el rendimiento de los cultivos en todo el mundo.

El calentamiento global no ha aumentado las catástrofes naturales: No hay prueba estadística de que el calentamiento global esté intensificando huracanes, inundaciones, sequías y desastres naturales similares o haciéndolos más frecuentes. Sin embargo, existe amplia evidencia de que las medidas de mitigación de CO2 son tan dañinas como costosas.

La politica climática debe respetar las realidades científicas y económicas: No hay emergencia climática. Por lo tanto no hay motivo para la alarma y el pánico. Se oponen con toda firmeza a la perjudicial y poco realista política de cero emisiones netas de CO2 propuestas para 2050. Si surgen enfoques mejores -y sin duda los habrán- hay tiempo de sobra para reflexionar y readaptarse.

El objetivo de la política mundial debe de ser la prosperidad para todos mediante el suministro de energía fiable y asequible en todo momento. En una sociedad próspera, los hombres y las mujeres están bien educados y la gente se preocupa por su entorno.

Hay dos argumentos igualmente falaces para acabar con cualquier conato de discusión sobre la realidad del cambio climático o su alcance: por un lado está el uso de episodios metereológicos actuales, por lo general mucho menos extremos de lo que se quiere dar a entender y que son presentados como pruebas irrefutables de un cambio global que -de existir- no puede basarse en que haga calor en verano como lo ha hecho siempre.

Por otro, la apelación a la ciencia pero hecha de una forma que tiene mucho más que ver con la fe que con lo científico ya que se presentan las hipótesis como hechos consumados y los análisis y conclusiones como verdades inmutables. La ciencia nunca progresa de manera lineal, permanente, sino que está sujeta a una revisión y validación constantes y lo que hoy puede ser aceptado por todo el mundo, mañana puede ser rechazado por falso.

Esta apelación a la ciencia se completa además con la mención del sacrosanto consenso científico: el cambio climático es una realidad porque la mayor parte los científicos estén de acuerdo en que lo es. Enorme falacia: los hechos son ciertos o no, independientemente de lo que digan de ellos los especialistas o el resto de los mortales.

El pasado domingo, día 17 de agosto, Pedro Sánchez, el maravilloso Presidente de Gobierno que disfrutamos y que guía nuestros destinos, haciendo un esfuerzo sobrehumano -obligado por sus asesores de imagen- se dignó interrumpir sus vacaciones estivales canarias tras producirse varias oleadas de incendios forestales durante dos semanas que ya habían causado cuatro muertos, decenas de heridos, miles de evacuados, más de un centenar de detenidos e investigados judiciales (mujeres incluidas ), centenares de miles de hectáreas calcinadas y ocho comunidades autónomas afectadas.

Vestido para la deseada fotografía en el tajo, con uniforme de faena -jersey, camisa y pantalón vaquero-, justificó su insolidaridad y desamparo de la España que ardía de norte a sur, ( el ministro de Interior, Grande Marlasca, había estado preparando al personal negando la declaración de emergencia nacional al no haber motivos suficientes para ello y explicando la petición de ayuda internacional -cinco países de la Unión Europea habían enviado medios aéreos- solo para acallar las críticas del Partido Popular ( PP ) de falta de medios ) como consecuencia de la urgencia climática ( no se atrevió a decir cambio climático como sí hizo en julio de 2.022 ) que padecemos… y tras magistral lección para el interés público general, regresó a su deseada residencia isleña para llegar antes de que se pusiera el sol y se perdiera el baño de la tarde.

El problema se lo creó -él solito- el ministro Marlasca al afirmar el pasado jueves día 21 en una tele amiga que: Un tercio de los incendios son de carácter intencionado, otro tercio es por imprudencias graves y otro por causas naturales. Luego dos tercios son provocados y el tercero por la naturaleza. Ha contravenido la tesis oficial del Presidente de culpar a la crisis climática de todos los incendios habidos y eso no será bueno para él porque como sabemos todos, en todas las organizaciones el jefe siempre tiene razón.

El Consejo de Ministros de este Gobierno social-comunista que disfrutamos, aprobó en noviembre de 2.024, una reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor el pasado mes de mayo con la pretensión de facilitar la residencia y la inserción laboral de centenares de miles de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España por haber entrado en el territorio nacional sin la documentación necesaria, sin las autorizaciones correspondientes y que comprende también a los familiares que hayan venido o traido después de encontrarse aquí.

La propuesta fue realizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y básicamente se trata de la reforma del Reglamento que ya fue cambiado en el 2.022. Con las novedades que se incorporan ahora se estiman en unos 300.000 los extranjeros que se podrán legalizar de media cada año y especialmente durante los proximos tres años, según explicó la ministra Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros mencionado y que calificó como la reforma más ambiciosa e integral desde que esta norma entró en vigor hace 13 años.

En la actualidad, hay casi tres millones ( 2,9 millones exactamente ) de trabajadores cotizando que han nacido fuera de España, representando algo más del 13% del total de afiliados a la Seguridad Social. A uno de abril pasado, y según datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ), en España había 7 millones de extranjeros con residencia legal ( 6.947.711 ). Es importante distinguir entre población extranjera y población nacida en el extranjero. El número de personas nacida en el extranjero es mayor ya que incluye a aquellos que han adquirido la nacionalidad española a través de los correspondientes procesos de nacionalización ( 500.000 en los dos últimos años ). La suma de ambos alcanza ya los 8,8 millones de personas, un 18,1% de la población total.

Las primeras legalizaciones previstas deberían estar resueltas para finales de este año de 2.025 o principios de 2.026, dependiendo de la carga de trabajo de las distintas Oficinas de Extranjería que ya están de por sí colapsadas y que no están suficientemente preparadas ni dotadas de los recursos necesarios para la avalancha de solicitudes que se esperan recibir.

Las nuevas modificaciones que contempla esta normativa son principalmente cuatro. Por un lado, se refuerza el arraigo por formación lo que implica que un extranjero que esté cursardo estudios de formación profesional o superiores pueda solicitar un permiso que le autorice a trabajar a tiempo parcial y el empleo no tiene que estar relacionado con la formación que esté cursando. Hasta ahora la formación permitía residir pero no trabajar.

La segunda novedad incluye la reducción de los plazos para pedir el arraigo social. De tres pasa a dos años la residencia del extranjero en España para pedir permiso de trabajo. La tercera novedad, es que para acceder a ese permiso de trabajo ya no será necesario acreditar un pre-contrato con una empresa requisito hasta ahora imprescindible. Y la cuarta y última gran novedad, es que el extranjero que haya obtenido la nacionalidad española pueda traer a España a cualquier familiar de primer grado: pareja, padres, hermanos e hijos y que esta ya llegue con autorización para trabajar.

En resumen y según expuso la ministra, el nuevo Reglamento de Extranjería acorta plazos, simplifica procedimientos y aporta más garantías y rigor jurídico a todos los inmigrantes ilegales que se encuentran en España porque el objetivo que se persigue es legalizarlos a todos y a los familiares directos que puedan traer.

Esta reforma del Reglamento de Extranjería es diferente de la inicitiva legislativa popular para la legalización extraordinaria de extranjeros que ya viven ilegalmente en España porque están indocumentados, ocultan su nacionalidad, nombre real y edad; entraron en el territorio nacional sin ser controlados en ninguna frontera y se desconoce su cualificación profesional o si carecen de antecedentes penales. Se busca beneficiar alrededor de 500.000 inmigrantes sin papeles que se mueven por España con total libertad, a propuesta de más de 600.000 firmas y que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Esta iniciativa ha sido reactivada por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que llevaba año y medio en un cajón del Congreso de los Diputados durmiendo el sueño de los justos porque se han dado cuenta ahora que al menos 200.000 extranjeros ilegales no cumplen los requisitos que exige el nuevo Reglamento debido a varias lagunas que presenta su defectuoso texto.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los casi 49 millones de habitantes de España, nueve han nacido en el extranjero, lo que representa casi el 20% del total de la población. Estas cifras indican que los flujos inmigratorios están en niveles máximos pero no existe una política de Gobierno para afrontar esta situación Parece que lo que se hace se basa en la idea de vente y cuando ya estés aquí, lo arreglaremos.

Si se echa un vistazo para ver que están haciendo otros países con su política inmigratoria, nos encontramos que lo que buscan es una inmigración cualificada que facilite la integración de los que llegan tanto en la sociedad como en el mercado laboral. En España, como se está haciendo, parece que las cosas se hacen solas y si queremos evitar tensiones sociales como las que se están dando hay que planificar necesariamente la economía y el mercado de trabajo.

Con arreglo a varias encuestas publicadas en los medios de comunicación social el pasado mes de julio, el 73,4% de los españoles consideran excesivo el número de inmigrantes que hay en estos momentos en España. También que entre los votantes del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que forma el Gobierno central en coalición con los comunistas de Sumar, casi el 60% dice que hay que endurecer la política contra la inmigración ilegal y que el 85,6% de ellos apoya expulsar a los extranjeros que cometan delitos.

El reconocimiento del Presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, de la soberanía de Marruecos sobre el antiguo Sáhara español desde el 19 de marzo de 2022 a través de la carta que supuestamente envió al rey de Marruecos Mohamed VI, desató la suspensión de las relaciones diplomáticas con Argelia, sin que hasta ahora se haya dado ninguna explicación del giro efectuado, ni de las razones que lo aconsejaron. Hay incluso quien se plantea la posible validez legal de esa decisión que no ha sido comunicada oficialmente a las diversas instituciones españolas competentes en este tipo de asuntos internacionales empezando por la más importante de ellas como es el Congreso de los Diputados, la más alta representación de la participación política de los españoles y donde reside la soberanía popular.

Este quiebro personal que no tiuene respaldo legal alguno, ha tenido múltiples consecuencias tanto en el ámbito de la seguridad -que es de lo que aquí se trata- como en el económico aunque hace apenas unos meses -en febrero de este mismo año- se haya anunciado y escenificado un cierre en falso de esta importante crisis. La reunión mantenida en Madrid, entre el Ministro del Interior español, Fernando Grande Marlasca con su homólogo argelino, Brahim Merad, no alcanzó ningún acuerdo para revertir la situación actual en materia de inmigración y se normalizaran las devoluciones de argelinos a su país que se encuentren de manera ilegal en España.

En este sentido, ha trascendido el malestar entre la Policía española porque Argelia tiene bloqueada la posibilidad de recibir a los argelinos que delinquen en España o no hayan conseguido regularizar su estancia legal y se les haya abierto un expediente administrativo de expulsión al incumplir las condiciones legales previstas por la vigente Ley de Extranjería para entrar o residir en nuestro país.

El que Argelia acepte o no a sus nacionales expulsados de España, no es un hecho caprichoso o arbitrario sino que está perfectamente regulado en un Acuerdo firmado entre los dos paises que ha estado funcionando con total normalidad hasta la publicada ocurrencia de Sánchez cuya falta de transparencia hace pensar que obedezca a otros intereses que no sean los del pueblo español y por eso lo hacen inconfesables.

Ahora mismo, las personas de ese país a los que se ha dispuesto su salida obligatoria tras agotar todos los tramites legales y necesarios previstos en la legislación española, no pueden ser expulsadas porque su Gobierno no las admite, sin dar explicación oficial alguna, ni denunciar o suspender -formalmente- el Acuerdo de Circulación de Personas publicado el 12 de febrero de 2.004 ya mencionado y que sería lo procedente en el mundo del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas.

Para tener cierta idea de como es la situación actual respecto a este problema, se puede coger como ejemplo la ruta de pateras de Argelia a Baleares, donde según datos oficiales, 5.836 personas llegaron al archipiélago balear el año pasado, en 2.024, a bordo de 346 embarcaciones y representaba un aumento de más del 165% con respecto al año anterior, cuando llegaron 2.175 en 136 pateras. Este flujo emigratorio, ha consolidado esta ruta como una de las más peligrosas del mar Mediterráneo Occidental, con una estimación de más de 500 personas fallecidas durante las travesías de 2.024.

Esta vía de escape hacia territorio español, no solo ha aumentado en número sino que también ha diversificado el perfil de los emigrantes. Además de los ciudadanos argelinos, se han identificado personas provenientes de países como Malí, Guinea-Conakri e Incluso Somalia. Lo que indica una expansión de las nacionalidades que emplean esta ruta y que el Gobierno español se resiste a calificar de estable.

La moral policial está muy afectada porque aunque las diversas unidades implicadas siguen haciendo tu trabajo con total normalidad de detener a los delincuentes extranjeros de esta nacionalidad y los que llegan en pateras a nuestras costas mediterráneas; incoarles el correspondiente expediente de expulsión o de devolución -según corresponda- que lleva meses su tramitación y que desemboque en una orden de deportación de España, no se pueda materializar y estos ciudadanos se queden donde están, siendo conducidos una y otra vez a las Comisarías de todo el territorio nacional para practicar los trámites oportunos y vuelvan a la calle algunas horas después.

Este hecho ya habitual provoca innumerables quejas ciudadanas y desmotiva a las patrullas policiales que comprueban con verdadero pesar como su trabajo diario -no exento de riesgo- porque hay veces que tienen que tratar con individuos multirreincidentes, no sirve para nada. La agencia europea de estadísticas Eurostat se ha quejado de que España no facilita el número de órdenes de expulsión que tramita, ni tampoco sobre las que materializa.

España siempre había conseguido mantener un equilibrio diplomático en las relaciones con Argelia y Marruecos, dos países enfrentados históricamente por varias razones y una de ellas es la influencia y posesión del Sáhara Occidental. La postura española hasta la irrupción de Pedro Sánchez era muy sólida y estaba fijada en base al derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen el derecho de los saharauis a realizar un referéndum por su independencia y que su territorio no sea anexionado por nadie como Marruecos que lo ocupa ilegalmente desde 1.975.

Desde el pasado mes de febrero, en el Ministerio de Justicia español se está realizando una revisión exhaustiva de los miles de expedientes administrativos que han permitido adquirir la nacionalidad española a otros tantos extranjeros. La razón de ello es bastante sencilla: el enorme aumento de las solicitudes de nacionalidad en los últimos años, especialmente los que se acogieron a las siguientes posibilidades: por residencia, por opción o por carta de naturaleza. Una muestra del importante fraude que se haya podido cometer es la preocupación que está generando entre quienes han accedido recientemente a este derecho como los procedentes de Marruecos, Venezuela y Colombia.

Para conseguir la nacionalidad española por residencia se requiere una estancia legal y continuada en España por un período de tiempo determinado: 10 años con carácter general, 5 para los refugiados y dos para los hispanoamericanos. Carecer de antecedentes penales y en algunos casos pruebas de conocimiento del idioma y cultura española. Por opción es para personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España y por último, por carta de naturaleza, es otorgada discrecionalmente por el Gobierno de la Nación tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.

El Gobierno, ha reconocido que se está procediendo a esta inspección masiva para comprobar si en la documentación recibida hay algún tipo de falsedades, incumplimiento de los requisitos necesarios o irregularidades en la documentación presentada. Durante el año 2.024, un total de 252.476 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española, esta cifra supuso un aumento del 5,1% rspecto al año anterior. El número de las concedidas en 2.023 ya asustaba porque se dieron a más de 240.000 extranjeros, un aumento del 32,3% respecto del año precedente. En 2.022, un total de 181.581 consiguieron la nacionalidad que supone un aumento del 26,1% respecto del año previo..

En los casos en lo que se detecte algún tipo de trampa, la normativa actual ya contempla la posibilidad de revocar la concesión de la nacionalidad. Ese sería el caso de cuando se haya mantenido la nacionalidad anterior sin que hubiera razón legal alguna como convenio de doble nacionalidad con el país originario del solicitante.

También haber participado en actividades contrarias a los intereses de España. Esto incluye el ingreso en el servicio militar o la aceptación de un cargo político en un Estado extranjero sin autorización del Gobierno español y el ocultamiento de información que pudiera afectar al conjunto de documentos necesarios.

El Ministerio de Justicia ha hecho hincapié en que la pérdida de la nacionalidad no se hará de manera automática sino que se realizará a través del correspondiente expediente administrativo donde los afectados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas antes de su resolución final. Aquellos extranjeros que pierdan la nacionalidad española por alguno de los motivos mencionados, tendrán la posibilidad de recuperarla siempre que cumplan con los requisitos necesarios para ello.

El deseo de ser español por parte de cuaquier extranjero obedece a un doble interés: poder residir y circular sin limitaciones por cualquier parte del territorio nacional sin tener que renovar periódicamente una verdadera montaña de documentos, tener que pagar para conseguir una cita presencial en la correspondiente Oficina de Extranjería para entregarlos y meses de demora llenos de incertidumbre a la espera de la correspodiente resolución.

Y conseguir el pasaporte español algo que los nacionales no estimamos porque lo conseguimos con facilidad, desconociendo que es uno de los más importantes del mundo porque con él se puede ir a todo el planeta ( 189 países ) sin necesidad de tener que pedir un visado previo, lo que refleja su valor y alta solvencia. Sin olvidar la facilidad de movimientos para circular o residir líbremente en cualquiera de los 27 países que forman la Unión Europea, como ciudadano comunitario y destino emigratorio de habitantes de todas las partes del mundo.

José Mari era José María Pedrosa, concejal del Partido Popular ( PP ) en el Ayuntamiento de Durango ( Vizcaya ) y lo de ya hemos matado al hijo de puta fue la llamada telefónica que recibió su esposa por la noche del mismo día del atentado para mofarse del asesinato. Era el 4 de junio del año 2.000.

Pedrosa sabía que lo iban a matar y así se lo había comentado a su círculo de amigos más próximos y a los compañeros de partido político. Ellos, también estaban convencidos de que ETA lo iba a asesinar. Vivía en un clima hostil y ya le habían realizado pintadas amenazantes en los bajos del edificio donde vivía y otra, con la silueta de su cuerpo en el suelo. También, lo llamaban por teléfono de madrugada riéndose para escuchar al otro lado del teléfono solo un pim, pam, pum. Llegaron al extremo de ponerle un féretro con velas en la puerta de su casa…

Mientras sus colegas de militancia velaban el cadáver de José María en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Durango, tuvieron que soportar cómo los proetarras de la localidad, los insultaban y amenazaban a gritos de ETA mátalos desde la calle para que los escuchara todo el mundo. Tuvieron que soportar ese escándalo toda la noche, sin que nadie les dijera nada a aquellos jóvenes exaltados. El mensaje que se les quería transmitir es que eso les iba a ocurrrir a todos los populares que no abandonaran el pueblo, donde el PP tenía ya dos concejales electos.

El ambiente de constante hostigamienro era algo que en la familia popular se tenía asumido, así como las habituales amenazas porque sabían que formaban parte de una estrategia de terror continuada, indiscriminada y persistente por parte de la banda criminal de ETA. Era el odio de los radicales proetarras hacia los políticos del PP. También sabían que esa resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco tras aquellas campañas de coacciones y amenazas terroristas podían acaban en asesinatos como le había ocurrido a Pedrosa.

Este crimen ejemplificante, junto con otros muchos, tenía como objetivo amedrentar a todos aquellos que no comulgaban con las ideas terroristas y a los que ETA perseguía con el propósito de expulsarlos de las tierras vascas. Se calcula que entre el 5 y el 10% de la población no pudo soportar aquella presión asfixiante y se vieron forzados a claudicar y abandonar sus hogares para emprender una nueva vida en otro lugar. El Observatorio de Víctimas de Terrorismo estima en 180.000 el número de vascos que tuvieron que realizar un impresionante éxodo temiendo por su vida.

Cuando ETA apretaba el gatillo para culminar con la muerte, la serie de amenazas y actos de hostigamiento parecían de otro tiempo por su crudeza y la pasmosa normalización del sufrimiento de las víctimas del terrorismo pero no estaban tan lejos en el calendario cono no hace mucho nos recordaba EH-BILDU, celebrando su cosecha electoral que incluía la elección de 15 de los 44 etarras condenados por terrorismo que llevaban en sus candidaturas autonómicas vascas en las elecciones de abril de 2024.

A José Mari, de 57 años, lo mató de un disparo en la cabeza un militante de ETA poco después de la una del mediodía en una céntrica calle de Durango cuando se dirigía a encontrarse con sus amigos para iniciar su ronda diaria de poteo ( vinos ), costumbre muy arraigada por aquellas tierras. Todos los intentos por reanimarle resultaron infructuosos y una hora después, un sacerdote le daba la extremaunción.

El cadáver quedó tendido en la acera hasta que pasadas las cuatro de la tarde el juez ordenó su levantamiento. No llevaba escolta por decisión propia. Era uno de los cuatro concejales del PP en esa localidad desde 1987. También estaba afiliado al sindicato nacionalista ELA, al igual que su esposa Mari Carmen y su hija Ainhoa. La otra, Estíbaliz no pertenecía a ninguno.

Pedrosa era la quinta víctima mortal tras la ruptura de la tregua terrorista de 1988 y el octavo concejal del PP asesinado. Toda la corporación municipal condenó el asesinato: Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), Euskal Alcartasuna ( EA ), Partido Socialista de Euskadi ( PSE ) y Partido Popular ( PP ). Los cinco concejales de Euskal Herritarrok ( EH -antecedente de EH- Bildu ) se abstuvieron.

En España, la prostitución es una actividad alegal. El Gobierno actual y gran parte de los grupos feministas apoyan una postura abolicionista que supone descartar esta práctica como un trabajo sino como una forma de explotación de la mujer.

Toman como ejemplo, el modelo de Suecia que persigue y multa al cliente y no a las mujeres. Muchas grandes ciudades y capitales de provincias españolas, tienen ordenanzas municipales en las que consideran a estas personas como víctimas de la violencia de género. Nuestro Gobierno socialista prometió una legislación propia sobre el proxenetismo aunque hizo una tentativa en el Pleno del Congreso de los Diputados de 21 de mayo de 2.024 que fue rechazada al no conseguir el grupo parñamentario socialista los apoyos necesarios y se quedó solo.

En la actualidad, la prostitución en España no tiene regulación por una ley concreta, lo que conlleva la ausencia de reconocimiento de derechos a quienes la ejercen y la falta de tipicidad penal del ejercicio de la misma pero sí existen algunas actividades relacionadas con el proxenetismo que son ilegales, si bien la prostitución en sí no es ilícita. Sí se ha acometido de manera parcial en la trata y explotación de mujeres que está regulada -principalmente- por la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual que incorpora la trata de mujeres con fines de explotación sexual como una forma de violencia sexual. También, se establece un itinerario de atención integral a las víctimas, incluyendo medidas para la investigación y prevención de la demanda de explotación sexual.

Otra forma de abordar la prostitución es a través del modelo regulacionista, presente en Alemania y Holanda, donde se reconoce a las mujeres su condición de trabajadoras y por tanto, su derecho al desempleo y a la asistencia sanitaria. En España son varios los ayuntamientos que defienden la regulación de la prostitución cuyo número varía en función de la mayoría política que conforme el respectivo equipo de gobierno.

Una de las dificultades para abordar la posible organización de la prostitución, son las cifras. No existe ningún censo oficial sobre esta actividad por lo que hay que moverse en el terreno de la estimación, con  las consiguientes posibles salvedades. Para la Policía, la mayoría de las prostitutas son víctima de trata. En cambio, los informes conocidos hasta ahora del Parlamento Europeo, hablan de una de cada siete. Otros organismos oficiales establecen entre un 70 y un 90 % las prostitutas que controlan los grupos criminales.

Este eterno dilema sobre sí o no a la prostitución, volviò a la actualidad a raíz de la inscripción en el Registro de Organizaciones del Ministerio de Trabajo, del sindicato de prostitutas, Organización de Trabajadoras Sexuales ( OTRAS ), el 4 de agosto de 2.018, por la que se reglamentaba la actividad sexual mediante precio y se consideraba una autorización encubierta.

Este debate ya se llevó por delante a la Directora General de Trabajo del Ministerio de igual nombre, responsable de haber consentido la inscripción registral y que después se quiso impugnar por la vía judicial. Este procedimiento contaba con el informe favorable de la fiscalía al considerar al sindicato un fraude de ley al pretender usar la vía administrativa para establecer unas relaciones laborales que podían ser hasta delictivas ( no poder rechazar clientes, negarse a determinadas prácticas, imposición de horario de trabajo y condiciones del mismo…. ) y manifestaba que para regular esta actividad debía de hacerse por la vía legislativa.

Hasta que no se pronunció la Audiencia Nacional que era la competente para el caso, el sindicato OTRAS  se constituyó y trató de desplegarse por todo el territorio nacional. Las dos opciones que aquí se ventilaban y que se personaron en la causa judicial, contaban con importantes apoyos del mundo feminista que estuvieron desarrollando sus respectivas campañas populares en busca de un mayor número de adhesiones.

El 19 de noviembre de 2018, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a través de la correspondiente resolución judicial, estableció que los Estatutos del sindicato OTRAS no eran válidos al declararlos nulos de pleno derecho. La Sala argumentaba que un contrato en el que el trabajador asuma la obligación de mantener relaciones sexuales con quien le indique el empresario, a cambio de remuneración, debe de reputarse nulo.

El sindicato OTRAS interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que en junio de 2.021 sentenció que el sindicato tenía razón, reconociendo el derecho de las personas que desarrollan trabajos sexuales a sindicarse, al contrario del criterio que había establecido la Audiencia Nacional, siempre que ejerzan por cuenta propia pero no pueden darse de alta en la seguridad social, ni se reconoce una parte empresarial con quién negociar.

Tras esta importante victoria jurídica, el sindicato ya legalizado, ha confeccionado un proyecto de ley que terminó el verano de 2.024 y que desde diciembre pasado lleva realizando una ronda de consultas con los partidos políticos para que apoyen esta iniciativa que supondría reconocer como oficio el trabajo sexual y que atendiera los derechos laborales y humanos de las trabajadoras sexuales.

El pasado 13 de mayo, el Ministerio de Igualdad comunicó que renunciaban -por el momento- a su proyecto de ley de abolición de la prostitución por la falta de los sufientes apoyos parlamentarios. El Partido SocIalista Obrero Español ( PSOE ), lleva dos legislaturas batallando para sacar una ley abolicionista de la prostitución, sin éxito. Tanto el Partido Popular (PP) como sus socios habituales, incluido Sumar, tumbaron la iniciativa que se debatió hace un año en el Congreso de los Diputados, impidiendo su admisión a trámite.

El pasado día 12 de mayo, entró en vigor la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior por la que se dispone que a partir de ahora no será sancionable drogarse en un coche que esté estacionado, ni intervenirle sustancia estupefaciente alguna -salvo la destinada al tráfico- lo que está suponiendo una inseguridad jurídica muy grande para los distintos Cuerpos Policiales encagados de su aplicación. Una norma que ha generado una oleada de críticas entre los propios agentes y que no está exenta de polémica

Los responsables de las principales asociaciones policiales han mostrado su desacuerdo con esta orden porque manifiestan que se ha establecido este criterio de actuación de manera errónea aunque haya sido atendiendo a distintas sentencias del Tribunal Supremo que reconocen como esfera de privacidad el interior de un automóvil a pesar de que el Ministerio sabe que la vigente Ley de Seguridad Ciudadana solo contempla sanciones que pueden llegar hasta los 30.000 euros cuando se trata de vehículos colectivos ( autobuses, trenes, tranvías, ferrys… ) o también puede ser un delito contra la seguridad vial cuando el coche se encuentre en marcha.

Una de las dudas que se plantean es que se está equiparando lo que se pueda hacer en una caravana ( la parte destinada a vivienda ) a cualquier vehículo que se encuentre aparcado por ejemplo en la puerta de un colegio mientras sus ocupantes están drogándose. También que parece una relajación en la imposición de sanciones que limita la capacidad de intervención de los agentes y que va en detrimento de la seguridad ciudadana.

Es opinión generalizada de los integrantes de la unidades de patrullaje que son los que asumen la mayoría de las aprehensiones del tráfico de sustancias estupefacientes en las calles y lugares públicos que esta Instrucción es una imprudencia porque se va a tomar como un debilitamiento legal que potencia el consumo en la vía pública de cualquier clase de droga.

Y va en detrimento de la seguridad ciudadana porque reduce la capacidad de actuación de los agentes en aquellas zonas que son habituales para trapicheo ( pequeño tráfico ) de drogas especialmente frecuentadas por menores. Además de generar inseguridad jurídica en la intervenciones que podrían enfrentarse a denuncias o infracciones disciplinarias aunque sus actuaciones estén perfectamente justificadas.

Otra de las interpretaciones como irresponsable de esta orden es que parece que se está dando amparo, en muchas ocasiones, a la preparación para la comisión de un delito, específicamente el de conducir un vehículo a motor bajo la influencia de algún tipo de droga. Aunque se quiere asemejar la cavidad de un vehículo con un domicilio hay que diferenciar que el coche se encuentra en una zona utilizada por un grupo indeterminado de usuarios en los que siempre aparecen jóvenes.

Es creencia generalizada entre los diversos Cuerpos policiales que se está haciendo un flaco favor a la lucha contra el tráfico y consumo de drogas callejero con este tipo de normas que complican su trabajo ordinario. También que supone un grave error en política de seguridad al garantizar la impunidad en la tenencia y consumo de sustancias ilícitas en el interior de vehiculos particulares estacionados.

También es que la interpretación tan extensiva que ha hecho el Ministerior del Interior respecto de lo que debe de considerarse y asemejarse a domicilio, no se ajusta al marco legal, ni a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Lo que lleva a una profunda preocupación e inquietud que va a tener efectos contraproducentes en la labor diaria de los agentes y en el mantenimiento de la seguridad de los ciudadanos.

Lo que sí parece claro es que de la simple lectura de la Instrucción se concluye que en la Secretaría de Estado se confunden en la explicación de las distintas sentencias judiciales que afectan a este asunto pero si reconocen que el vehículo es una especie de espacio privado solo cuando está estacionado, no cuando circula. Estas dudas se trasladan también al terreno operativo para ver cuando se trata de una infracción y cuando no.

Se va a dar la paradoja de que cuando se registre un vehículo aparcado y se observe tenencia o consumo de droga no podrá denunciar a sus ocupantes pero si unos minutos después ese mismo vehículo comienza a circular entonces si podrá volver a registrarlo y denunciarlo si encuentra algún tipo de estupefaciente. Sí, en cambio se podría sancionar si salen del vehículo o van simplemente caminando.

Al final, reglas como esta están normalizando el consumo de drogas en la vía pública y facilitando su acceso, dificultando el trabajo de los agentes y de otros organismos existentes para la prevención y tratamiento de los drogodependientes. No estaría de más una revisión de esta Instrucción que evite todas las dudas y lecturas que se están dando para que se cuenten con las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos y la seguridad de las calles.

Por otro lado, este asunto ya está dando lugar a chanza y algunos agentes están compartiendo en redes sociales distintos memes en los que se ve a policías impasibles ante gente drogádose dentro de un automóvil.

En poco más de una década, España ha pasado de ser un país de tránsito de esta droga a la de ser el primer productor europeo de la misma. A mucha distancia le sigue Italia. Varios son los aspectos que inciden en este aumento tan espectacular entre los que destaca la proliferación de plantaciones de marihuana.

En primer lugar, la tenue respuesta prevista en nuestro ordenamiento jurídico debido a que la marihuana aparece clasificada como una sustancia estupefaciente que no causa daño grave a la salud por lo que nuestro Código Penal recoge penas de solo uno a tres años de prisión que además son susceptibles de conformidad y la pena ser suspendida y así evitar su ingreso en la cárcel. Solo en los casos de macroplantaciones que al tratarse de notoria importancia se podría imponer una mayor prisión de año y medio que la anterior para lo que la droga intervenida debería ser superior a 10 Kgs. ( Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2.001 ).

Un segundo aliciente, son los importantes beneficios económicos que se obtienen en contraprestación a las leves penas que se puedan imponer. El precio medio de un kilográmo de marihuana en el mercado mayorista español se encuentra en torno a los dos mil euros mientras que en otros países de la Unión Europea puede llegar a rondar los seis mil euros.

Por último, existe cierta tolerancia social al consumo de marihuana en contra de otras sustancias estupefacientes como la cocaína o la heroína que tienen mala prensa y que sirve como incentivo y tiene mejor mercado que las anteriores.

La proliferación de plantaciones de marihuana, ha tenido la lógica consecuencia de un incremento no solo de procedimientos penales relacionados con los cultivos de esta droga sino que también con fenómenos delincuenciales poco habituales hasta ahora en el territorio nacional como las asociaciones cannábicas, los denominados narcopisos y las plantaciones industriales a cargo de ciudadanos tanto nacionales como extranjeros que formarían parte de grupos criminales ddicados al tráfico a gran escala.

Centrándonos en los macrocultivos, la actividad se lleva a cabo, normalmente, tanto en invernaderos como en naves industriales. Los cultivos de interiores presentan varias ventajas para los delincuentes siendo una de ellas la mayor facilidad de ocultación. Las naves comerciales suelen estar en polígonos industriales con intensa actividad mercantil cuyo bullicio camufla perfecamente el ruido que generan los distintos aparatos usados en este tipo de plantaciones para lograr la temperatura adecuada.

También, al cultivarse en el interior y mantener fijas las condiciones climáticas de las plantas se pueden alcanzar varias cosechas en un mismo año mientras que si se planta en el exterior, al aire libre, el ciclo natural de la planta es de una cosecha al año o dos como mucho si no varía demasiado el ecosistema donde se encuentre. El beneficio económico de elegir un sistema u otro es obvio.

Tampoco hay que descartar las casas aisladas en el campo o en la huerta, con plantaciones muy tecnificadas y con dispositivos de seguridad para evitar robos de la competencia. Se descubren porque su consumo de energía eléctrica equivale al de un edificio de 80 viviendas y su enganche ilegal a la red provoca apagones e incendios que suponen un peligro para toda la zona donde se encuentran ubicadas.

Las empresas eléctricas que con frecuencia acuden a solicitar la ayuda de los cuerpos policiales cuando detectan la voracidad en el consumo energético de estas bandas de traficantes, lo hacen para denunciar la comisión de un delito llamado de fraude en el fluido eléctrico pero tampoco hay que olvidar que también se trata de una herramienta muy positiva para que la Policía pueda actuar contra estas organizaciones criminales. Para ilustrar la magnitud de este problema para las citadas compañías energéticas, afirman con total normalidad que el suministro que gastan ilegalmente estas plantaciones en toda España serviría para iluminar a ciudades del tamaño de Valencia, Sevilla o Zaragoza durante todo un año.

Este problema que ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años, busca pasar desapercibido en todo el territorio nacional pero las incautaciones de marihuana han crecido un 2.000 por ciento. Para combatir este tipo de delincuencia resulta clave la colaboración ciudadana y la coordinación con las empresas eléctricas como ya se ha mencionado. Las principales provincias donde más operaciones policiales se han desarrollado son Granada, Sevilla y Almería.

Apenas unos dias después de su segunda investidura como Presidente de los Estados Unidos, el pasado 20 de enero, Donald Trump se manifestó como un gran hispanófobo mostrando un odio que recordaba su anterior mandato ( 2.017-2,021 ), en el que nunca faltaron gestos y manifestaciones de desprecio hacia los hispanos y a la cultura que representaban y a los que llegó a calificar como raza inferior, inmigrantes indeseables, generalmente criminales y degenerados.

Como muestra de ello, llegó a cerrar la página electrónica en español de la Casa Blanca como ha vuelto a hacer ahora, tras haber sido repuesta por su predecesor Joe Biden. Pretende reactivar así la vieja campaña de solamente en inglés cuando en la Constitución de su país no se declara como oficial ninguna lengua, consciente de que cuando se elaboró en aquel ya lejano 1.787 -la primera nacida bajo los principios de la Ilustración- eran varios los idiomas establecidos fruto de la enorme inmigración que acogían aquellos territorios aunque mayoritariamente de origen británico que la habían convertido en colonia britáica. Aunque escrita en inglés fue distribuida en traducciones al holandes y alemán por la fuerte presencia comercial de los originarios de ambos países.

Ya desde sus principios, el país norteamericano fue un territorio que recibía con los brazos abiertos a miles de inmigrantes y con los años, la Historia le acabó dando una reputación de país santuario al que no han dejado de llegar extranjeros en busca de una nueva vida persiguiendo el lema del famoso sueño norteamericano. Quizás por eso, se hablan en todo el país unas 350 lenguas, siendo las más comunes además del español, el chino, el tagalo, el vietnamita y el árabe.

Bastante de este comportamiento está sustentado en que las previsiones demográficas para la mitad de este siglo XXI indican que para entonces, la cuarta parte de la población norteamericana será hispana y bilingüe. Lo sorprendente del caso es que este posicionamiento tan contrario no parece que le haya privado de un significativo apoyo electoral hispano, incluida la identificación total con esta política de su flamante Secretario de Estado ( equivalente a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores ), Marco Antonio Rubio.

Este comportamiento de Trump no es algo personal y maniático sino que expresa un sentir muy amplio de parte de sus compatriotas, típicamente racista y muy implantado en la costa altántica, como herederos de la parte americana del imperio británico. Tomemos como ejemplo de ello, un estudio publicado en el año 2.021 por el prestigioso periódico El Tiempo de Nueva York ( The New York Times ) en el que clasificaba por sus identidades raciales a los mil personajes más poderosos de entonces en ese país en el que solo aparecían 180 personas negras ( ellos llamaban con el eufemismo de color ).

Con anterioridad y en tiempos de la Presidencia de Richard Nixon, en la oficina federal encargada de realizar el censo, se introdujo por primera vez en el registro de 1.970, la categoría hispánico que se añadía así a las cuatro principales ya existentes: los autóctonos, los afroamericanos, los euroamericanos y los asiáticoamericanos. Solo los penúltimos fueron considerados racialmente como blancos. También se incluía la categoría de otros que eran los contemporáneos no incluidos en la clasificación anterior en la que estaban figurando los españoles en el apartado de los hispanos o como es lo mismo, como no blancos. Esta variable xenófoba y supremacista era todo lo contrario del inviolable principio ilustrado de la universalidad de la condición humana y de los derechos que le son inseparables.

La búsqueda de la política América primero, parece que no tiene límites y está llegando a lugares insospechados, incluso a tradiciones que no se habían tocado en 250 años como ha sido que declare el inglés como lengua oficial del país, un día de fin de semana -sábado- ( el pasado 1 de marzo ) sin que se le diera mucha importancia en los medios de comunicación, más allá de la curiosidad oficial de esta Orden Ejecutiva porque con la que está cayendo no se entiende bien que el mandatario le dedique tiempo a un aspecto que, en principio, no parece prioritario en ese país aunque a la vista de los resultados sí lo es.

A pesar de todo ello, no parece que el futuro del español se pueda cifrar en las declaraciones de Trump dado que tiene acreditado su desamor por la cultura en general y que se pueda hacer algo para impedirlo más allá de la denuncia política y social. Habrá que mantener la esperanza de que no haga demasiado daño ni a la lengua, ni a la civilización hispana tan desarrollada en su país y que, de paso, mantenga las bases para la estabilidad del mundo.

Desde luego que no es el mejor momento para que el debilitado y agónico Gobierno español de Pedro Sánchez pudiera protestar para que responda en buenos términos a esta grave decisión y se manifieste contra la prepotencia con la que actúa Donald Trump. Porque España es muy superior a Estados Unidos en materia cultural y tiene detrás una Historia imponente que debe de hacer valer, incluida la imprescindible ayuda prestada en su proceso de independencia del imperio inglés. Y de paso, tratar de que no la menosprecie en los términos que este hijo de inmigrantes europeos lo está haciendo.

Un total de 211 inmigrantes ilegales han conseguido una autorización de residencia y trabajo en España desde el año 2020 hasta el 22 de enero pasado, por circunstancias excepcionales derivadas por su colaboración policial contra los grupos criminales que se aprovechan de ellos. Se han acogido a las beneficios contemplados en el artículo 59.1 de la Ley Orgánica 4/2.000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España.

El dato lo ha facilitado el Gobierno en una respuesta parlamentaria al partido político VOX que se hizo pública el pasado 23 de marzo y que quería saber cuántos inmigrantes ilegales habían eludido la obligatoria expulsión del territorio nacional por acogerse al mencionado artículo.

En concreto, esta ley contempla la posibilidad de que el extranjero que se encuentre irregularmente en España quede exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia como víctima o testigo a los autores o cooperadores de delitos como tráfico ilicito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o prostitución, abusando de su situación de necesidad.

Esta cifra de extranjeros regularizados por su colaboración con la Policía por denunciar a los grupos y redes delictivas que los extorsionan y los explotan sería poco valorada si no se la vinculara con el resultado obtenido gracias a esa contribución. Así, si se consulta la página electrónica del Ministerio del Interior sobre esta cuestión se puede comprobar que sin esa conducta beneficiosa prevista en la legislación vigente no se podría haber obtenido -en gran parte- los siguientes datos estadísticos:

-Operaciones policiales desarrolladas en el período 2.020-2.023 contra la trata de personas y la explotación sexual: 634 que han permitido la identificación de 2.294 víctimas y la detención de 1.797 personas. Si nos referimos ahora a extranjeros sometidos a explotación laboral, el resultado obtenido ha sido de 544 operaciones policiales, con 2.264 víctimas y 1.091 detenidos

La conclusión de todo esto es que España se mantiene como país de destino de la trata de seres humanos, tanto en su vertiente sexual como laboral, debido -entre otros factores- a su cercanía a África y los lazos culturales mantenidos con Hispanoamérica, lo que la sitúa como un centro relevante para este tipo de delitos.

Esta situación se vió condicionada durante los años señalados por el imparable auge que estaban teniendo las tecnologías de la información y de la comunicacón, especialmente su ramal televisivo ( sin olvidar el boca-boca ) y que cada vez son más utilizadas por las redes criminales en todas las fases de su actividad como son: la captación, transporte, control de las víctimas y sus rendimientos.

El fenómeno vinculado a la trata y explotación de personas sigue evolucionando, generando nuevos retos que se afrontan con mejoras en la prevención y persecución del delito, la protección y asistencia a la víctimas junto a la cooperación institucional tanto nacional como internacional.

La última reforma del Reglamento de Extranjería que se aprobó el pasado mes de noviembre y que entrará en vigor el próximo mes de mayo, no se circunscribe a las cuestiones propias de la situación administrativa o laboral de las personas extranjeras en España sino que introduce relevantes modificaciones también en cuestiones propias del derecho penal que van a tener incidencia en su condición de víctimas o perpetradores de delitos. Para las que se encuentren en tales condiciones se prevén autorizaciones por razones humanitarias, colaboración con autoridades ( que se mantiene ), seguridad nacional o interés público.

Estas novedades se han introducido entre los delitos de los que pueder ser víctima un extranjero: los de odio ( del arículo 510 del Código Penal ) y los delitos de la seguridad y salud laboral ( artículos 316 al 318 del Código Penal ). Las víctimas de violencia sexual se mantienen igual con independencia de su nacionalidad pero se les añade los delitos de la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual, así como las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital. Hay que tener en cuenta que tambien se verán beneficiados toda la familia directa de la víctima.

Las vacaciones de Semana Santa son aprovechadas por decenas de miles de personas para viajar a otras regiones y desconectar de la rutina diaria de sus zonas de residencia por unos pocos dias. Esto provoca que muchas otras localidades vean incrementadas su población deseosa de pasear por sus calles y visitar sus tiendas, generando aglomeraciones que son aprovechadas por los delincuentes para robar en los comercios. En esta época del año se concentra el 19% de las sustracciones que sufren los establecimientos comerciales algunas veces por gentes organizadas que constituyen verdaderos grupos criminales.

Este tipo de delincuencia estructurada se ha convertido en la mayor amenaza para el comercio tradicional ya que el 55% de los hurtos en supermercados y tiendas son protagonizados por estas bandas. En los casos de que se trate de la apropiación de productos de alto valor es para revenderlos en mercados paralelos. En total, la pèrdida de productos supone el 0,74% de la facturación total y equivale a un impacto de 352 millones de euros en estos dias primaverales.

Dos de cada tres hurtos son realizados por autores multirreincidentes que son los que sustraen los efectos en los locales al menos tres veces al año. Siendo su perfil de menos de 30 años en el 44% de los casos, tanto de hombres como de mujeres. Se está apreciando un notable aumento de agresividad tanto física como verbal de los infractores hacia el personal del establecimiento como el de seguridad si lo tiene.

Los productos más robados en Semana Santa no difieren mucho de los que se suelen sustraer a lo largo de todo el año. En la categoría de alimentación y bebidas, destacan las botellas de vinos y licores; los embutidos, las conservas y los ahumados. El aceite es el que más se ha incrementado el último año debido al alto precio alcanzado debido a su escasez por las malas cosechas.

En la categoría de moda, destaca el calzado com el producto más deseado después de la ropa. En cuanto al cuidado personal y de belleza resaltan las cremas faciales como el producto estrella junto a los de cuidado capilar. En tecnología, los teléfonos se llevan la palma, seguidos de las tabletas. En el ámbito del hogar y el bricolaje, está encabezado por las pilas y las baterías.

Para combatir esta verdadera plaga de daños en la balanza comercial de las tiendas, sus propietarios se han dotado de las medidas de seguridad que están a su alcance como cámadas de vigilancia y alarmas. El 94% de los establecimientos tienen antenas antihurtos y el 81% disponen de collarines en las bebidas alcohólicas, perfumes y cremas. El 13% de los productos vienen protegidos ya con etiquetas antihurtos desde el fabricante.

Todos estos datos justifican las operaciones policiales especiales que cada año se ponen en marcha como la de comercio seguro porque se va comprobando que los hurtos en las tiendas ya no es un acto aislado cometido por personas oportunistas sino que se va convirtiendo en una práctica sistemática impulsada por grupos delictivos que, en algunos casos, denotan una alta organización,.

Los atentados a los agentes de la autoridad han vuelto a alcanzar un nuevo récord el pasado año de 2.024 de acuerdo con una respuesta parlamentaria al Partido Popular (PP ) que ha hecho pública el Ministerio de Interior el pasado dia cinco de este mes de marzo. En los cuerpos policiales del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, han sido 16.878 los ataques sufridos. Esta cifra supone un 0,27% más que la registrada en 2.023, ( donde se contabilizaron 16.833 asaltos que suponían más de 1.400 al mes con un promedio de casi 47 al día) ; y es la más alta de las conocidas hasta ahora.

Desde que gobierna la coalición socialcomunista actual, en junio de 2.018, los datos oficiales de los delitos de agresiones contra los funcionarios de la seguridad pública no han parado de aumentar. Solo ya en 2.019, con 13.127 el incremento fue del 6,1% y el ministro Marlasca celebró de esta manera su primer año en los gobiernos de Pedro Sánchez. En 2.020 se registraron 13.671 atentados. El aumento interanual fue mucho mayor en 2.021, con 15.360 que era un 12,6% de incremento y en 2.022 fueron 16.651 con un 8,1% más. De este modo se puede comprobar fácilmente que los repuntes habidos durante la última década se han concentrado en los últimos seis años de mandato Sánchez-Marlasca.

Siguiendo con estos números oficiales, aparece un detalle alarmante en el sexenio 2.018-2.024 y es el que la elevación de las agresiones ha sido de casi un 30%, ( un 28,5% real ) de tal forma que desde que Marlasca es ministro del Interior las cifras se han incrementado en más de 4.500 agresiones.

El nuevo récord alcanzado en 2.024 en estos delitos, tiene un mayor impacto en algunas zonas de España en las que los agentes sufren con mayor frecuencia esos ataques. En la Comunidad Autónoma de Madrid por ejemplo, el año pasado se dieron hasta 3.086 atentados contra policías y guardias civiles, acumulando así el 18,2% del total nacional .Le siguió la región catalana, con especial incidencia en la provincia de Barcelona con 1.890 casos. Después está la Comunidad Valenciana, donde sobresale la provincia de Valencia con 1.147 delitos de este tipo. La lista continúa con Andalucía, siendo Cádiz la provincia que más destaca con más de 500 agresiones.

La violencia contra los cuerpos policiales está descontrolada como se puede apreciar y los agresores se sienten impunes. Las consecuencias penales de estos actos son irrisorias ya que se despachan como multas -muchas de ellas de 50 euros- que encima no se pagan por la insolvencia del agresor por lo que que se puede afirmar con rotundidad que pegar a un policía en España te sale casi gratis.

Estos números demuestran que es necesario tomar una serie de medidas que protejan la labor policial porque a todas luces son intolerables y desde el ministerio cuyo titular es Marlasca no se ha tomado en consideración ninguna de las denuncias que los sindicatos policiales vienen haciendo estos últimos años para atajarlos, como que se agraven las penas y se refuerce su protección jurídica, mientras que varios de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno socialcomunista que sufrimos pretenden recortar aún más la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que es la principal herramienta normativa que se dispone para garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos.

Es indignante que Marlasca siga sin hacer realidad el seguro de responsabilidad civil para los policías pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a ello. También, que siga sin declarar profesión de riesgo a los cuepos policiales de él dependientes, en contra de los policías autonómicos y locales que sí lo tienen reconocido y sin disponer de los medios técnicos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los componentes de las patrullas policiales y las unidades de intervención antidisturbios. Y ya como insulto final lo es no haber alcanzado aún la equiparación salarial con otros cuerpos policiales de menor rango normativo y limitadas funciones profesionales.