EL GOBIERNO ESPAÑOL TIRA A LA BASURA LAS HUMANIDADES.

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Parece que el Gobierno socialcomunista que disfrutamos, ese del no dejar nadie atrás, se ha olvidado de la importancia de los clásicos en cualquier sistema educativo o lo que es peor, que conociéndola, tiene interés en ocultarla y hurtársela así a nuestros jóvenes. Me estoy refiriendo a los estudios de la Historia, Filosofía, Filología y tantos otros relacionados con lo que conocemos como Humanidades. Es decir, convertirse en buenas personas, en el sentido más ético y comprometido del término.

Se equivocan bastante si piensan que la enseñanza de aquellos autores no sirve para nada en este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir. Todo lo contrario, es ahora cuando más los necesitamos porque los alumnos tienen que conocer la vigencia del legado de las sociedades antiguas que constituye la base de nuestra propia identidad cultural occidental y también hispánica.

En el último trimestre del pasado año de 2.021, se pudo conocer, a través del portal del Sistema Educativo Español del Ministerio de Educación y Formación Profesional, los detalles del insignificante papel que las Humanidades iban a tener en los presentes cursos ya iniciados de la Enseñanza Secundaria Obligatoria ( ESO ) y de Bachillerato en la nueva Ley de Educación ( LOMLOE ).

Y la sensación de importantes colectivos de profesores de Filosofía y Estudios Clásicos es que se va a cometer un auténtico atropello ya que desaparece la Filosofía de la ESO y el conocimiento del Latín y el Griego queda reducido a una expresión mínima en el Bachillerato donde además se pierde cualquier acontecimiento anterior a la expulsión de España de los invasores franceses en 1.813.

Siempre he acariciado la idea de que las Humanidades nos conferían refinamiento y bondad, haciendo a las personas mejores gentes. Sin embargo, el mismo Gobierno que acusa de crispar sin miramientos, a quienes les recuerdan sus muchos errores, renuncia a las Humanidades y no las contempla ni para mejorar nuestra deteriorada sociedad; privando a nuestros estudiantes preuniversitarios de conocer alguna de las más sublimes creaciones del hombre y unos de los más singulares episodios de nuestra Historia.

Ese ostracismo al que se destinan las Humanidades en la nueva Ley, resulta especialmente doloroso en el caso de la asignatura de Historia de España, de 2º curso de Bachillerato, donde han desaparecido, en bloques, desde los comienzos de nuestra Historia con los primeros humanos, a la monarquía visigoda; la conquista musulmana de la península y así hasta las vísperas de la Revolución Francesa entrando así, directamente, en la Edad Contemporánea.

La atención a las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la Historia Antigua, Medieval y Moderna -la cita es de la nueva Ley- se reserva, solo en algunos contenidos mínimos para 1º y 2º de la ESO, cuando los alumnos no están todavía preparados ( tienen 12 o 13 años ) para valorar el legado de esos períodos históricos. Pero el maltrato a esos momentos esenciales para entender la Historia de España resulta hasta cínico, si se hace una lectura detenida de los objetivos que persigue esa asignatura en la nueva Ley para que los alumnos lleguen a reconocer el valor geopolítico de la Península Ibérica, identificando el rico legado histórico y cultural generado a raíz de su conexión con procesos históricos relevantes.

Si esa es la finalidad de una materia que desde el punto de vista temático solo cubre desde 1.813 hasta la España reciente, nuestro Gobierno de coalición con extremistas y antisistemas, está negando entidad de antecedente histórico y cultural del mundo contemporáneo a los tiempos antiguos o medievales; está afirmando que el patrimonio arqueológico milenario que atesora nuestro país, tampoco forma parte de ese legado y expresión de la memoria colectiva; que sorprendentemente, está aseverando también que la crítica de fuentes y la conciencia histórica, nada tiene que ver con quienes fundaron la Historia, como conocimiento y reflexión del pasado, dotándola de método.

De igual modo parece que, ni fenicios, ni cartagineses, ni griegos, ni como los romanos hicieron de Hispania un ejemplo para todas las provincias del Imperio; percibiendo el valor geoestratégico de la Península o que la romanización no es un proceso histórico relevante, cuando fue el primer gran ejemplo de globalización cultural que conoció el Mediterráneo y también nuestro suelo patrio.

Creo además que los teóricos de esta Ley desconocen que muchos de los movimientos nacionalistas de corte esencialista que hoy tanto nos preocupan, arrancaron de una tergiversada utilización de las identidades que Roma fomentó en sus siglos de presencia en nuestra piel de toro. Identidades que la nueva Ley no considera de interés suficiente para que los estudiantes se formen ese juicio crítico que aseguran querer fomentar. Mal camino es olvidar nuestras raíces y llevar esta incomprensible politica de la cancelación, a un espacio que debería de ser sagrado para el futuro de nuestra nación, como son las aulas de nuestros colegios e institutos.

El Ministerio de Educación, difundió los borradores del cuadro normativo de la Ley para fomentar el debate público que dado lo que nos jugamos se ha quedado en solo una discusión para la galería. El Gobierno de la superioridad moral que preside Pedro Sánchez, será el responsable de tirar a la basura del olvido, no solo disciplinas que desde hace más de 25 siglos han permitido a las sociedades del pasado rehacerse, cultural e ideológicamente; sino también de suprimir algunos de los episodios más dignos de nuestra Historia, en aras de la defensa de una memoria colectiva y democrática que, paradójicamente, destierra a aquellas culturas que están en el origen mismo de la creación de valores que han marcado y seguirán haciéndolo -mal que les pese a algunos- nuestra propia identidad cultural.

EL COLAPSO JUDICIAL ESPAÑOL BENEFICIA A LOS CAPOS DE LA DROGA.

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Los grandes asuntos criminales que constituyen una verdadera amenaza no solo para el Gobierno de la Nación sino para el Estado español, son investigados y enjuiciados por la Audiencia Nacional en su sede de Madrid. Se encarga de tratar los delitos más graves que tengan connotación social. Entre ellos, el terrorismo, los grandes estafas económicas, el crimen organizado, los tráficos importantes de la droga y los delitos contra la Corona. Pero acumula tal cantidad de casos que el retraso que lleva ha llegado al colapso total.

Este bloqueo, retrasa la celebración de juicios hasta el extremo que peligra el tiempo que pueden permanecer en prisión los capos de la droga. La ley marca unos tiempos claros que no se pueden sobrepasar: cuatro años. Una vez cumplidos estos, deben de ser puestos en libertad. Hasta julio de este año se encontraban casi 200 capos en esta situación ( 198 exactamente).

Esta cuestión, se ha gravado después de la pandemia china porque durante ese tiempo las investigaciones apenas avanzaron y los juicios dejaron de celebrarse. El resultado de todo ello, ha sido el amontonamiento de los procedimientos que contienen las diligencias practicadas y las pendientes de resolver. Entre ellas, las órdenes de prisión preventiva de los posibles autores hasta que les salga el juicio.

En las causas de delitos por tráfico de estupefacientes, es muy común que hayan presos de este tipo, especialmente porque el riesgo de continuar con sus actividades ilegales o de destruir pruebas es bastante alto. Se trata de asuntos muy complejos que requieren bastante tiempo para cristalizar a los que se añade la tradicional falta de recursos -humanos y materiales- de los juzgados, por lo que no es difícil agotar el tope de años que marca la norma. Y si a esto se le suma la tradicional tardanza en señalar la vista de estos juicios, muchos acusados terminan en la calle. Y si hay que dejarlos en libertad, a continuación desaparecen.

Para la Policía, es frustrante que ocurran este tipo de cosas que se llevan por delante meses de trabajo duro y saben que luego, es muy difícil localizar a estas personas que acaban esfumándose de España. Mientras tanto, potentes despachos de abogados buscan recovecos legales para tratar de exculpar a sus clientes, siendo las dilaciones indebidas uno de los más utilizados.

La llegada constante de numerosos asuntos a la Audiencia Nacional indica que ya se ha quedado pequeña y que sus constantes peticiones de refuerzos al Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ) para desatascar el calendario y poder celebrar juicios, no pueden ser atendidas por la escasez de jueces y magistrados que al Ministerio de Justicia parece no preocupar lo más mínimo.

Pero la situación de este órgano judicial, no es una isla en el océano. Ocurre igual en las zonas más asediadas por el tráfico de drogas, donde la descoordinación interministerial frustra todos los esfuerzos realizados. Si el Ministerio del Interior multiplica su trabajo pero el de Justicia no le acompaña y deja el escenario como estaba, la suma no sale y las consecuencias ya se saben: colapso.

En marzo de este año de 2.022, el Ministro Fernando Grande Marlasca, presento el III Plan Especial del Campo de Gibraltar que estará vigente hasta el año que viene 2.023. Ya se aplicaba desde el año 2.018, como consecuencia de las quejas policiales por la escandalosa llegada a las costas gaditanas de las lanchas de hachís y este año se ha extendido a Sevilla, Granada y Almería. Va dotado de 35.346.400 euros para aumentar los recursos humanos y materiales.

Del análisis de las investigaciones policiales realizadas, se ha podido descubrir que los grupos criminales que operaban en estos territorios, habían diversificado sus actividades hacia otros fenómenos delictivos, complicando mucho más las operaciones y las Unidades no daban abasto. Si aumentan las intervenciones pero los juzgados son los mismos que además tienen que atender la criminalidad local, al final se producen los cuellos de botella que están echando por tierra toda la labor realizada.

EL FRACASADO SEPARATISMO CATALÁN.

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A estas alturas, todos los españoles de bien saben que la tentativa separatista catalana fue un fracaso estrepitoso. Su único programa ha consistido en desobedecer la legalidad para ocultar la la realidad de su derrota.

Pero a sus dirigentes, les falta la suficiente honestidad política para reconocerlo ante sus electores. El único balance que pueden presentar ante estos es que aquellas leyes llamadas de desconexión intentaron -sin éxito- privar de sus derechos a la mayoría de ciudadanos de Cataluña; que el referéndum ilegal organizado no arrojó ningún mandato democrático y que la declaración unilateral de independencia no alumbró ninguna república.

Que el independentismo trate de ocultar el hecho innegable de su fiasco, está dentro de una lógica política que busca la legitimación de sus acciones en la propaganda y no en los procedimientos y en los sistemas de mayorías. Ello conduce a un interesado estado de ansiedad que magnifica con fines electoralistas, las amenazas impotentes del independentismo en la misma proporción que minusvalora la solidez del sistema constitucional.

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La insistencia en la idea de que el desafío secesionista continuará, con independencia de las sentencias establecidas por el Tribunal Supremo y de las posteriores elecciones autonómicas, incurre en el mismo error de colocar el acento sobre el extremo equivocado, tratando de justificar su fatalismo a medio plazo.

Mientras nuestro ordenamiento jurídico ha demostrado su solidez para hacer fracasar este intento separatista, el Gobierno socialcomunista no ha sido capaz de buscar el consenso necesario con los restantes grupos políticos en defensa de la legalidad vigente, dando lugar a una competición entre líderes para ver quién muestra más arrojo en defensa de la unidad de la nación española y otros, como sus socios de Gobierno, los comunistas y los de Podemos alienándose con los partidarios de la escisión territorial.

No se necesitan salvadores de la patria porque -sencillamente- la patria no está en peligro gracias a que sus instituciones están funcionando con regularidad y normalidad. Lo que sí hace falta es que los partidos que defienden la Constitución cierren filas -de una vez por todas- en torno a un acuerdo político básico que devuelva la serenidad necesaria a la vida pública y frente al que el independentismo no pueda ocultar su fracaso.

¿ PERO EN QUÉ MANOS ESTAMOS… ?

Vivimos en una época difícil por la influencia del relato político. Los mayores tenemos recursos para sobrevivir, ventaja de haber vivido tanto tiempo, pero los jóvenes parece que van a tener necesidad de un manual de instrucciones de supervivencia en estos tiempos tan líquidos y tan posmodernos, llenos de juicios apresurados, simplificaciones interesadas y decisiones atolondradas.

Los años nos llenan de achaques pero como contrapartida nos aportan lucidez y el cerebro evoluciona. Distinguimos las pamplinas que nos rodean al tiempo que lamentamos algunas de ellas como son el darte cuenta de los pardillos que nos gobiernan que encima van de listos.

Rectificar es de sabios pero si hay que hacerlo continuamente por la inexperiencia y la incultura, entonces ya tienes que preocuparte. En este mundo tan actual y moderno, veo mucho músculo de gimnasio y demasiado postureo para disimular la incapacidad y la mentira.

Cuando uno ha tenido la suerte de estar bajo Gobiernos con políticos de nivel que te formaban con algunas de sus reflexiones, lo menos que puede exigir es una continuidad aunque los años hayan pasado y el político sea más joven que uno.

Eso de ser joven aunque suficientemente preparado es una idiotez y una contradicción en sí mismo, además de un desafío a la experiencia histórica. Uno desea ver que los jóvenes gobernantes apuntan alto en lo cognitivo y poseen un bagaje que los proyecta hacia el futuro porque conocen el pasado, pero nos encontramos con que encima van de prepotentes porque hayan leído cuatro cosas en las redes sociales o en los informes que les preparan unos asesores más inmaduros que ellos.

Nuestro impresentable gobierno socialcomunista, lleva toda su legislatura retrocediendo sobre sus propios pasos a causa de su falta de conocimiento de la realidad cotidiana que lo determina. Desde asuntos internacionales como el tema del Sáhara, hasta españoles como la fracasada reforma laboral, siempre se ha ido como los cangrejos, unas veces para atrás y otras para adelante.

Ahora y antes, se ha visto de manera clara que hay un deseo de trasladar simples ideas de salón, imaginaciones de alcoba, ocurrencias de barra de bar, a la realidad de un territorio cuyos habitantes, llevan siglos tejiendo una sabiduría ancestral que estos niños grandes desprecian cuanto ignoran, como decía el poeta. Parece que hacen las normas mientras celebran un botellón, botelleo o botellona ( según de la parte geográfica que usted sea, estimado lector ).

La presencia de tanto pardillo, no es solo un problema para los que los padecemos sino también para el Gobierno que llegue tras ellos y tenga que poner orden en el patio del recreo de este país, antes llamado España. Los chicos, dicen este país para que no les llamen fachas – su caudillo, Pablo Iglesias se vanagloriaba de que a él no le salía la palabra España- porque los recién llegados poseen la ortodoxia de la ignorancia y, por supuesto, se avergüenzan de su propia vida y de su historia -aunque no lo reconozcan- y, a pesar de todo, no saben de que va este mundo. Es lógico, son unos aprendices.

Lo básico es percibir adecuadamente, actuar correctamente y desarrollar la voluntad de aceptar y tolerar lo que sucede pero que muy poca gente intenta. La Historia se repite pero no todo tiempo pasado fue mejor, solo fue anterior. Pero lo que ocurre ahora es que la Historia es ignorada, que las cosas ya han pasado y se desconocen los ciclos y los patrones.

En realidad, los dos grandes problemas con los que nos encontramos hoy los españoles, son la desaparición del hombre de Estado y la irrupción del arte performativo. Del primero, ya no se encuentra esa persona que tomaba sus decisiones anteponiendo el servicio público, el manoseado interés general, a su propio interés personal. Del segundo, ahora no interesa tanto la esencia como la presencia: son los gestos, el teatro.

La batalla cultural es completamente interpretativa y hay bastantes políticos que así lo han entendido perfectamente. Hay que afrontarla entendiendo que el mundo ahora es así. Lo que explica por qué hay esa tendencia mayor a consumir contenidos más breves y en las redes cada vez hay aplicaciones más aberrantes. Se trata de algoritmos muy bien pensados que te muestran rápidamente, el contenido que más te gusta.

Todo esto, genera que cada vez estemos menos acostumbrados a poner en contexto, a tener perspectiva, a evaluar otras ideas y alternativas o ir un paso más allá para intentar entender lo que sucede. Y esta sería entonces otra pieza más en el puzle en el que nos encontramos. Cuando la mayor parte de la gente toma decisiones de esta manera y una nueva generación viene formada de este modo por el sistema público de educación, cada vez es más complicado entenderse, decidir, convencer, negociar…

Las herramientas tradicionales y convencionales no valen. Hay que empezar a incorporar nuevos instrumentos para hacerse entender, para trabajar, para vender, para informar. Hemos pasado de el pensador a el sentidor. Se toman las decisiones por impulsos y así es más fácil controlar a la gente.

Todo lo contrario de lo que se debe de hacer. Hay que intentar entender el mundo, poner un marco de referencia. Ahora, te levantas una mañana con la noticia de que la iluminación no genera ningún problema si la quitas por la noche cuando todo el mundo sabe -y los mayores más- que la luz es imprescindible para orientarse en la oscuridad y además reduce la criminalidad. Como aquello de que, las sentencias son justas cuando dicen lo que yo quiero pero los jueces son corruptos cuando dicen lo que yo no quiero

En lugar de tener un contexto claro, un marco de referencia, saber las reglas del juego y después explicárselas a todo el mundo para que se puedan debatir los puntos divergentes, vivimos instalados en un todo lo que yo digo está bien y todo lo que dicen los demás está mal. Esto ha crecido como una bola para terminar generando una sensación de desazón, de hartazgo y de impotencia. Salvo que ya estés totalmente polarizado, que estés en ese punto de fanatismo en el que solo te preocupa que tu equipo gane y todo vale, todo es justificable.

Ahora mismo, todo es revisable, simplificable, realineable para conseguir que todo encaje acorde a las narrativas que le ayudan a uno a llevar el agua a su molino. Como la del comunismo cuqui, sonriente, susurrante, que habla de amor y unicornios, pero dale poder y será el mismo de siempre: una vileza.

Un ejemplo: toda una vicepresidente de Gobierno y ministra de Trabajo, alentando a las movilizaciones ciudadanas contra los empresarios para que suban los salarios. Gesto desconocido en el mundo occidental. Su incompetencia y la de sus compañeros de Gabinete para gestionar con eficacia los asuntos públicos que nos ha llevado al desastre de la situación actual, la quieren derivar hacia quién no tiene la menor culpa. Pero así direccionan la atención sobre otros que bastante tienen con sobrevivir y también son víctimas de su ineficacia. Hay que reconocer que nos está tocando vivir tiempos interesantes…

Ahora nos sermonean con lo del Gobierno de la gente y nos amenazan para este otoño con la posibilidad de que vuelvan las cartillas de racionamiento, eso sí, ahora con el menú en el teléfono móvil para contentar a los ecologistas y no gastar papel. Conservan su sillón gracias a la mediocre tesis del mar menor ( o me aguantáis a mí o vendrán los fachas ) pero no hay que perder la esperanza porque lo nuevo carece de memoria. Para lo viejo ya están los asilos o la eutanasia. Estar a oscuras o ducharse con agua fría es progresista.

A este Gobierno de la gente, no se lo va a llevar para adelante su desprecio hacia las instituciones; ni sus pactos con los filoetarras; su relativización de la ley ( si eres de los suyos te indultan ); su permisividad con los golpistas catalanes a los que engrasan bien financieramente para desintegrar a España; ni la erosión de la justicia; la manipulación del CNI; ni la sustitución de altos funcionarios por gente del partido; ni el constante olvido del campo; ni la gestión desastrosa de la pandemia china cuyo encierro fue constitucionalmente ilegal; ni la deficiente política exterior como con los casos del Sáhara y el gas argelino…; será la cesta de la compra, esa herramienta cargada de presente. Como comprenderán, ni Celaya encontraría poesía en una factura de luz de 200 euros.

Y es que la realidad suda y necesita tres comidas diarias. No es Twitter o Tilk-tok. Es la nevera vacía, el desempleo, el euríbor y los recortes en servicios públicos. No llenar la cesta de la compra o no poder pagar las facturas causan un dolor concreto, instantáneo, específico. Lo otro, genera un daño que ahora no apreciamos y tardaremos en percibir aunque sea de una gravedad análoga. Sin embargo, que le falte el yogur a una hija es otro cantar.

Nos dicen que la situación empeorará y entonces hay que preguntarse quién nos ha gobernado durante todo este tiempo. Esa advertencia, me recuerda al constructor que te ha vendido un piso pero que los defectos y las goteras son culpa de Putin y del cambio climático. Siembran el miedo para controlar mejor a la gente aun al precio de ponerse ellos mismos en evidencia. La abundancia es selectiva y se parece a la clase social. A los pudientes de siempre, se ha unido la nueva oligarquía del Falcon y de la Casta. Gente singular.

LAS FRONTERAS ITALIANAS LLEGAN HASTA EL SÁHARA.

La carencia de una necesaria política inmigratoria europea debido a las desavenencias internas, obliga a los países socios que más soportan este fenómeno a intentar resolver, a su manera y por sus medios, la llegada masiva de extranjeros que huyendo de la miseria y de las guerras, atraviesan el Mediterráneo procedentes de África en embarcaciones tan frágiles que no siempre consiguen llegar a tierra firme. Me estoy refiriendo a uno de los países más afectados como es el caso de Italia.

Uno de los corredores clandestinos que más se utilizan por las personas procedentes de Camerún, Costa de Marfil, Sudán, Togo, Guinea, etc. y que tiene como objetivo llegar a Libia, necesita atravesar, forzosamente, el desierto del Sáhara y allí no hay puesto fronterizo que cruzar por parte de ninguna de las naciones que tienen su porción correspondiente, pero sí una autoridad con la que hay que contar y que es la verdadera dueña del territorio: los tuaregs, ese pueblo musulmán de tradición nómada

Tradicionalmente, este grupo bereber ha capturado a todo aquel que ha osado entrar en el desierto y no disponía de su autorización y correspondiente pago de entrada a la arena. Se cuenta que estas cacerías son un espectáculo escalofriante. Aparece en el horizonte nebuloso, una banda subida a unas camionetas o sencillamente, todavía cabalgando a lomos de camellos, armados con su correspondientes kalashnikovs para capturar a toda la expedición de 20 o 30 personas, de origen subsahariano que tratan de atravesarlo por su cuenta. Cortando de cuajo el camino de esperanza de su hermano africano.

Hay ocasiones en las que no es necesario aparecer por sorpresa porque los tuaregs controlan las puertas del viento del Sahel y ellos deciden, quién entra o no y muchas veces, guían entre las dunas a los inmigrantes para beneficiarse de lo que pagan las mafias. Entonces ocurren momentos donde el nómada se da simplemente la vuelta, en plena marcha, e informa a sus viajeros que están apresados.

Basta cualquier excusa para romper la palabra del contrabandista. No seria apropiado decir que los tuaregs detienen a todo el mundo sino que más bien es lo contrario, pero esto no desmerece esa miserable realidad que son las remesas semanales de desafortunados de color negro. Hasta ahora, la mayoría de los prendimientos se debían a que no podían pagar el viaje, eran polizones del desierto que ofrecían una razón para quebrar la palabra dada. Otros, simplemente, tenían mala suerte.

Esto lleva ocurriendo desde hace décadas y las víctimas acaban siendo vendidas como esclavos en Libia, para trabajar en las minas hasta que el cuerpo aguante, por el módico precio de 250 dólares norteamericanos por los jóvenes sanos. También aceptan los euros europeos.

Desde principios de este año de 2.022, se está comentando en todos los círculos sociales y especialmente, los militares internacionales que están destinados en varios países del Sahel, un aumento desproporcionado de aprehendidos y el consiguiente añadido de subastas de esclavos. De este asunto se habla pero no demasiado claro y alto, pero en todas las conversaciones aparecen los italianos.

Se dice que una organización no gubernamental llamada Ara Pacis con sede en Roma, dedicada a la dimensión humana de la concordia, ha establecido -en los últimos años- conversaciones de paz entre las tribus tuaregs y los gobiernos de Malí y Libia. En Malí, han contribuido a cohesionar a diversos grupos tuaregs para defender intereses comunes. También ha servido para relacionar a Italia con los dirigentes de las tribus nómadas.

Usando esta vía, el gobierno italiano les ha encargado que frenen, en lo posible, la riada de subsaharianos y les paga al peso, sobre la marcha según van ocurriendo, como si se tratara de ganado. Y además, son libres de hacer con ellos lo que les plazca. Ante estas facilidades, los tuaregs los venden como esclavos y así cobran dos veces por la misma persona y servicio. Negocio redondo para los hombres de azul.

Los datos confirman que, esta nueva estrategia italiana para frenar la inmigración ilegal, ha comenzado a dar sus frutos. Según FRONTEX ( la Agencia Europea de Fronteras ), durante el último trimestre de 2.021, salieron de las costas libias, 812 subsaharianos, frente a los 100 que lo hicieron el primer trimestre de este año de 2.022.

También las cifras de ACNUR, ( Agencia de la ONU para los Refugiados ), en la comparativa del primer semestre entre el año pasado y el actual, se observa una reducción muy importante en la llegada del mismo tipo de inmigrantes. Los costamarfileños, han pasado del 13% de las llegadas, al 5%; los guineanos del 9% al 4% y los malienses, del 5% al 1%. Se trata de una estrategia eficaz para Italia con la política que está siguiendo.

EL TRÁFICO DE MÉDICOS DEL GOBIERNO CUBANO.

Tuvo que llegar a la Presidencia de Brasil Javier Bolsonaro, a primeros del año 2.019, para dar a conocer de forma mundial, el abuso que el régimen cubano estaba realizando en su país a través del Programa Más Médicos, que no es más que la exportación de personal sanitario a otros países por el que el Gobierno cubano -que era el que cobraba- se quedaba con el 75% de su salario.

Este Programa, fue una propuesta cubana que la entonces Presidente, Dilma Roussef, aceptó en el año 2.013. Para llevarlo a cabo, se utilizó como intermediaria a la Organización Panamericana de la Salud ( OPS ), evitando así que la iniciativa formulada en 2.012, tuviera que pasar por el Congreso brasileño, eludiendo cualquier tipo de control.

Los médicos cubanos que trabajaban en Brasil, cobraban 550 dólares norteamericanos en mano -500 para ellos y 50 como ayuda  a su familia- y el Gobierno cubano se llevaba los 3.726 dólares restantes que faltaban, de los 4.276 que pagaba el Gobierno brasileño por sus servicios.

Para evitar su fuga y garantizar su regreso al paraíso cubano, evitando así las tentaciones del infierno capitalista, el Gobierno cubano les abonaría igual cantidad ( 550 dólares ) durante tres años, a su familia a la que no podía llevar consigo, ni tampoco abandonar la isla caribeña.

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La denuncia pública de Bolsonaro, de este nuevo tipo de trata de seres humanos de carácter laboral, supuso la retirada inmediata del personal médico rumbo a su país, a través de vuelos especiales y exclusivos, preparados a toda prisa para la ocasión, para no dar lugar a que los facultativos pudieran delatar esta trata de personas. Afectaba a 8.500 médicos que trabajaban en los lugares más alejados de Brasil, en 2.824 pueblos y 34 reservas indígenas.

También ha permitido conocer que, este nuevo tipo de esclavitud no se aplicaba solo a los médicos sino también a los arquitectos, profesores, músicos, entrenadores deportivos y otro personal especializado ; que se viene practicando desde el mismo comienzo del período comunista bajo la cobertura diplomática de misiones internacionales y que no es más que la versión cubana de alquilar su fuerza laboral especializada.

Así, se pudo saber también que, 85 empresas estatales cubanas eran las que vendían estos servicios de exportación que ya en 2.016 ( año del que se dispone algo de información ) supusieron unos 8.000 millones de dólares norteamericanos ( la utilización de esta divisa para realizar los cobros es debido a la imperiosa necesidad de disponer de esta moneda fuerte y reconocida a nivel mundial y poder realizar pagos de importación de otros productos necesarios ) ; bajando un 20 % de sus precedentes 2013 -2014 y 2015, que habían llegado a los 10.000 millones de dólares. Estimando que, el 75% del Producto Interior Cubano ( PIB ) procedía de esta exportación de mano de obra cualificada.

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Los países que compran estos servicios profesionales, no pertenecen todos al inframundo sino que los hay muy democráticos y muy de izquierdas, como Portugal y Uruguay. En ocasiones, la demanda ha sido tan alta que no se podía atender, teniendo que realizar el Gobierno cubano cursos acelerados de preparación, como ocurrió con unos veterinarios que, tras pasar por un itinerario de transformación de seis meses, fueron enviados como médicos a un país africano que – lógicamente- está prohibido decir.

Al gobierno cubano, no le bastan las terribles injusticias que se cometen contra los trabajadores exportados ; el sufrimientos de sus familias a las que obligan a permanecer en la isla a modo de rehén; sino que, a los que deciden no volver les llama directamente desertores.

Aquel cubano que, sin mediar la autorización necesaria y una vez acabada su misión en el exterior, no regresa a su patria, se le prohíbe la entrada a su país durante ocho años, en venganza. Así como impedir la salida de la isla- por igual tiempo- de sus esposa, hijos y demás parientes para vedar la reunificación familiar a modo de castigo. Si los allegados residentes no colaboran, se les expulsan de sus trabajos con carácter inmediato pasando directamente a la miseria. Por eso ha costado tanto y durante mucho tiempo que saliera a la luz esta información.

Como este tipo de denuncias, no afecta al comportamiento de las autoridades cubanas, continúan igual política esclavista. El pasado mes de mayo, al concluir su visita a la isla caribeña el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ), -otro defensor acérrimo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos-, manifestó, en una conferencia de prensa para dar cuenta de la visita a Cuba -su primera salida internacional- que había firmado un acuerdo de cooperación en materia de salud que, entre otras cosas, como la compra de una vacuna para niños que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, incluía la contratación de más de 600 médicos cubanos.

Este tipo de acuerdo con Cuba, está catalogado como trabajo forzoso por parte de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) y se desarrollará en las mismas condiciones laborales que ya se dieron en Brasil. Aunque no se haga público, miles de profesionales cubanos sufren cada año estas abusivas contrataciones que causan un enorme daño psicológico que alcanza no solo a los perjudicados sino también para el resto de sus familiares.

Llama mucho la atención que dos regímenes políticos republicanos, reputados defensores de los reales o imaginarios derechos humanos en cualquier parte de este planeta que ahora habitamos, -siempre que afecten a otros- no tengan ningún empacho a comportamientos como estos: el régimen cubano patrocinando la trata de personas al exportar a la fuerza a sus médicos y México, aceptando la mano de obra explotada como fuente de ingresos del régimen comunista.

Después de décadas de celebrar la exitosa revolución cubana, la vida de los ciudadanos de esta maravillosa isla que aún no han podido escaparse, depende de unos ingresos tan socialistas como son el turismo, las remesas de los que emigraron a Estados Unidos y las cuotas de los trabajos forzados que ellos llaman misiones internacionales. Así es como se vive en uno de los pocos paraísos del comunismo que permanece como un parque temático, en los que las personas pasan a ser individuos y se les roba su condición humana con el apoyo y reconocimiento de toda la izquierda internacional en la que la española compite por destacar.

Estas contrataciones, han sido rechazadas por los médicos y sus respectivos colegios profesionales mexicanos, no solo por las condiciones de opresión de sus homólogos cubanos si no que, de esta manera, se está excluyendo a los sanitarios nacionales, muchos de ellos desempleados. El Partido Comunista Mexicano, ha amenazado con atacar e impedir cualquier acto público que vaya en contra de este acuerdo. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha tachado de viles y retrógrados a los opositores a este programa.

Ahora, se han vuelto a conocer, algunos detalles del acuerdo mexicano-cubano que afectará a los 610 médicos isleños que empezaron a llegar el pasado mes de julio y que percibirán como sueldo mensual 100 dólares norteamericanos, de los 1.700 que paga México por sus servicios. La transacción financiera, se está realizando a través de una nueva empresa, a raiz del escándalo brasileño, que se llama Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos ( CSMC ) que como buenos capitalistas, han establecido una tasa de cambio fija para el dólar norteamericano de 20,70 pesos mexicanos para blindar al Gobierno cubano de las oscilaciones cambiarias.

LA HOMOLOGACIÓN DE BILDU POR UN PUÑADO DE VOTOS Y UNOS MESES DE TIEMPO.

El Gobierno socialcomunista que nos ha tocado en suerte, ha sobrepasado todos los límites de una moral pública e institucional que debe de presidir en un país como España, incardinado en lo que conocemos como mundo occidental; que no distingue entre la ética de los actos, de los intrínsecamente malvados, dañinos y ofensivos.

Me estoy refiriendo al escándalo que supone para cualquier Estado de Derecho normal, el proceso de blanqueamiento que se está haciendo a la banda terrorista ETA y a su criminal historial delictivo que, durante más de cuatro décadas de actividad, intentó poner de rodillas a España y a los españoles a través de los medios más brutales y despiadados.

Al apadrinar una política de colaboración con los sucesores de los terroristas, mercadear su respaldo, destacar sus méritos para la estabilidad gubernamental; el Gobierno de la nación ha cambiado de bando, yéndose al lado equivocado, en lugar de estar del lado de los demócratas y las víctimas de la violencia separatista como es su obligación. Tiene que estar con los más débiles, con los más vulnerables….como no para de decir para hacer lo contrario.

Desde el momento en que Bildu es considerado como un grupo político más, como una referencia democrática y hasta un ejemplo por el sanchismo que no por el socialismo, en contraste con la oposición tradicional; la adulteración de los valores fundamentales son un hecho y la deriva consiguiente de actos ejecutivos va en consonancia.

Los principios constitucionales, han estallado por un puñado de votos y unos meses más en el poder y el relato oficial ha sido convenientemente manipulado, ante una sociedad desorientada y absorta, en la que se consagra un escenario homologable a la derrota del vencedor. Ni el socialismo oficial, ni sus socios comunistas y antisistemas, esconden ya sus decisiones, convertidas en la compensación a los filoetarras por sumar sus escaños al Gobierno; como tampoco ocultan su desapego a las víctimas del terrorismo, un colectivo molesto, convertido en la conciencia de un país y un tiempo que estorban a esta izquierda extremista.

Se han realizado 339 actos de homenaje a los presos terroristas vascos en los siete primeros meses de este año, sin que autoridad alguna del Estado haya intentado -al menos- entorpecer esta felonía. Que se jalee en la calle a los asesinos de hombres, mujeres y niños, como sucede otro verano más, en demasiadas localidades vascas y navarras, dan idea de la talla de esta parte de la sociedad vascuence y también de todas las instituciones que miran para otro lado.

En las fiestas patronales de los pueblos de esta región tan históricamente española, los defensores del terrorismo, las vuelven a utilizar para incitar al odio, con programas paralelos a los oficiales, dentro de una campaña de burla y acoso a los Cuerpos Policiales del Estado, Policía y Guardia Civil, que son tratados como fuerzas opresoras de las comunidades vasca y foral. Este verano, la población navarra de Echarri Aranaz, se ha destacado por su acoso y burla a la Guardia Civil, como símbolo de ese Estado que ha permitido la dispersión de los presos de la banda y no les concede su merecida amnistía.

Pero este no es un hecho aislado sino que se enmarca dentro de una campaña que se hace cada verano en las localidades más contaminadas por el independentismo vasco, cuya finalidad no es otra que acosar y generar un ambiente de presión sobre los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado allí destinados, hasta conseguir su aislamiento social para que se marchen de aquellos territorios.

Da idea también, de la capitulación de la democracia de los que hoy la dirigen, el intenso proceso de entrega de los criminales presos a las nuevas autoridades penitenciarias vascas, que ya acogen al 70% de ellos y de los que apenas quedan una cincuentena por trasladar; cerca de sus casas y de sus familias. Todo ello, sin haber colaborado con la justicia, sin arrepentirse y sin pedir perdón a los familiares de sus víctimas.

Sánchez y Marlasca, han enlutado a la democracia con una mancha de infamia que costará limpiar. Será el primer deber de otro Gobierno, el de honrar a nuestros muertos, esos que en esta etapa tan progresista se han quedado tan solos.

¿ ES NECESARIA UNA NUEVA LEY DE SECRETOS OFICIALES ?.

Solo la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno socialcomunista que nos ha tocado en suerte y ya, en el ocaso de la legislatura, que hace tiempo que debería de haber acabado, ha motivado que se haya recurrido a la modernización de la antigua Ley de Secretos Oficiales, promulgada en abril de 1.968, en tiempos del tardofranquismo y modificada en octubre de 1.978. Ha tenido que considerar nuestro Presidente Pedro Sánchez, verdaderas dificultades políticas para mantenerse en el poder, para ofrecer la actualización de una vieja ley que ningún otro Gobierno de la democracia se ha atrevido a tocar, por lo que pienso dos principales razones: comodidad para su aplicación y necesidad de la adecuada mayoría en el Parlamento.

A todos los Estados, les interesa tener secretos para protegerse y es una actividad legal. Los puristas de la democracia, esa izquierda que solo ve derechos cuando está en la oposición, deja de engañarnos cuando alcanza el poder y entonces manifiesta que, la vida política, no puede ser enteramente pública porque eso, dejaría al Estado democrático en una clara desventaja. Y entonces, aprecia que la potestad para clasificar asuntos tiene que estar justificada y controlada, no como la derecha que lo hace todo al tuntún…

Para limitar el derecho a la información que prima en todos los sistemas democráticos, tienen que cumplirse varios requisitos: el primero de ellos, es que solo debe declararse secreto aquello que pueda suponer una amenaza para el propio Estado, debidamente motivado, es decir, la materia; el segundo es que, el secreto tiene que ser algo excepcional porque la regla principal de la actividad pública es la información; y el tercero, entre otros, la autoridad facultada para tomar la decisión, dotada de la estructura adecuada que debería de ser el Consejo de Ministros, la más alta instancia administrativa.

En el caso español, los acuerdos de clasificación de asuntos, suficientemente justificados, deberían de aparecer publicados en el Boletín Oficial del Estado y, en la práctica, lejos de hacerlo, se ha llegado a declarar como secreto el propio acuerdo de clasificación de materias, generando una enorme inseguridad jurídica, porque cómo saber si algo es secreto si ni siquiera se sabe que existe. Lo que da lugar a pasar de la discrecionalidad a la arbitrariedad.

Soy de la opinión de que, la actual Ley de Secretos Oficiales, necesita una modernización como no paran de pedir también nuestros socios de la Unión Europea ( UE ) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ), para hacerlos homologables a los suyos, pero no así, forzada por los acontecimientos y que presagia una debilidad que hará muy difícil -en la práctica- su aplicación.

El Gobierno la quiere hacer solo para seguir contando con el apoyo de sus aliados parlamentarios, que van a actuar como grupos antisistemas que quieren destruir lo que la Ley tiene que proteger. La posición de los grupos vascos ( a la que se ha sumado Izquierda Republicana de Cataluña ) es común porque, esta vez, coinciden sus intereses, acortar al máximo los plazos de desclasificación de documentos -cuando el anteproyecto de la ley, que se ha mantenido en máximo secreto, va en sentido contrario- cuya prioridad es conocer las informaciones clasificadas sobre el 23- F y los GAL. De igual manera se ha pronunciado su socio gubernamental, Unidas Podemos que además, desconocía el texto básico.

Todos los países tienen sus secretos, eso es evidente, y necesitan protegerlos. El nuestro también. Nuestra democracia tiene que acometer la sustitución de esa norma legal que es, especialmente restrictiva, Hasta ahora, se ha seguido el modelo soviético de secretos eternos, ya que el principal problema de nuestro sistema es la falta de plazos para que los secretos caduquen de manera automática, como ocurre en los países de nuestro entorno ( Francia, Italia, Reino Unido ) y eso no nos deja en muy buen lugar.

Además, en el modelo español, se distingue solo entre materia reservada y materia secreta, según su grado de importancia, pero la única diferencia entre ambas son los niveles de custodia y es igual de imposible acceder, tanto a una como a otra. Sin límites temporales y con el uso caprichoso de la clasificación, como de la poca desclasificación que se hace, se arroja un manto de opacidad tremendo en cuestiones que son de muchísimo interés público.

España llegó a 2.013, siendo uno de los cuatro países europeos sin una Ley de Transparencia y eso que era el único de ellos no considerado paraíso fiscal. La nueva norma llegó de la mano del Partido Popular, entonces en el Gobierno y fue tan celebrada como insuficiente. Una de las cosas más sorprendentes de su redacción es que ni siquiera mencionaba a la Ley Secretos Oficiales, con la que estaba llamada a chocar. La realidad ha demostrado que no se confrontan. Cuando se trata de secretos oficiales, Transparencia no se aplica, así, directamente. Lo que constituye una anomalía la desconexión tan evidente.

Así ha ocurrido, con la Ley del Alto Cargo que solo dos años después de que la Ley de Transparencia prometiese arrojar luz, en el patrimonio de políticos y cargos públicos, se declaró como materia reservada el registro de bienes y derechos patrimoniales. Si un Ministerio le dice al Consejo de la Transparencia que algo es secreto, no hay nada más que hablar, porque ni siquiera es posible pedir que se justifique esa decisión ya que la ley no lo exige.

En septiembre de 2.012, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular ( PP ), José Manuel García-Margallo, comparecía en el Congreso de los Diputados para explicar la inseguridad en Malí y Etiopía, para los cooperantes españoles ya que había dado lugar al secuestro de varios de ellos. No pudo decir nada, alegando que un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2.010, presidido por el socialista José Luis Rodriguez Zapatero, había declarado secretas las negociaciones sobre secuestros y liberación de ciudadanos españoles o extranjeros.

En el mismo acuerdo, se clasificaron 17 materias que iban desde el viaje del Rey Juan Carlos a Chile y Brasil pasando por las gestiones para la compra de Repsol en Argentina o la candidatura del ex-ministro socialista, Miguel Ángel Moratinos, como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura ( FAO ). Pero lo más llamativo es que el propio acuerdo de clasificación de esas materias, se declaró secreto y no apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ). Esta decisión, es el colmo de la arbitrariedad cuando la Constitución la prohíbe.

Para evitar situaciones como esas, es necesario el efectivo control legislativo y judicial, ya contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Respecto al primero, destaca la Comisión de Gastos Reservados, conocida como Comisión de Secretos Oficiales que nunca ha funcionado especialmente bien y ha sido protagonista de numerosos episodios de filtraciones.

Y en cuanto a los tribunales, es bastante discutible hasta qué punto los jueces pueden obligar a desclasificar asuntos porque la ley especifica nada dice al respecto. Las pocas veces que se ha utilizado esta vía, ha consistido en la correspondiente solicitud de desclasificación y entrega al Consejo de Ministros pero que no es vinculante.

La Ley de Información Clasificada, que es como se llama el borrador propuesto por los socialistas para la actualización de la norma en vigor, tiene por delante todavía, un largo recorrido político, lleno de dificultades que ya veremos como acaba…

LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE ASILO EN ESPAÑA.

Con arreglo a los datos que publica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ( CEAR ), el 2.018, fue un año récord en España, en el que se registraron más de 50.000 solicitudes de asilo, exactamente 54.065 y se resolvieron, 11.875. De estas, solo 2.835, recibieron una Resolución favorable y el resto fueron rechazadas. En el largo camino burocrático, continuaban pendientes , desde años anteriores, casi 80.000 ( 78.710, exactamente ). Lo que suponía, el 0,10% de la entonces población española.

Estas cifras, indicaban que España aceptaba, solo una de cada cuatro solicitudes, que suponía una tasa de admisión, muy inferior, a la de los principales países europeos de acogida, siendo, en cambio, uno de los de mayor número de solicitudes.

Si hacemos una clasificación de los países originarios de los peticionarios, Venezuela encabezaba la lista, con más de 19.000 solicitudes. De ellas, 30 habían sido aceptadas, 1.495 rechazadas y el resto seguían pendientes. Por detrás, se encontraba Colombia, con 8.650 peticionarios; Siria, con 2.775 y Honduras con 2.41O.

La tasa de entrada, cayó del 35% al 24% y era la mas baja de los siete países europeos con más peticiones. Alemania era el país que mas derechos reconocía, con el 50% de los expedientes.

Llamaba la atención que, los marroquíes, aparecieran por segundo año consecutivo, como una de las nacionalidades, más numerosas, de beneficiarios del estatuto de refugiado. Se trataba de personas, a las que se les había concedido protección, por su identidad de género u orientación sexual, aunque también había activistas políticos, víctimas de la represión del régimen marroquí, durante las protestas del Rif ( región mediterránea, comprendida en el Antiguo Protectorado Español ), avivadas por las desigualdades sociales y económicas de esta zona septentrional de Marruecos .

La posición oficial española, seguía siendo la de siempre….negar esta evidencia, manifestando que: Marruecos, no era un país, a cuyos habitantes se les concedía asilo o refugio. Para entonces, de 595 solicitudes pendientes, ya se habían concedido 55 casos.

Los datos del año que comentamos y que sirven de referencia, son del año 2.018 y ya revelaban el atasco que sufría la Oficia de Asilo, dependiente del Ministerio del Interior. Los expedientes se resolvían con cuentagotas y había más de dos años de demora para solucionarlos.

En el año 2.019, España, alcanzaba por primera vez, el récord europeo de solicitudes de asilo. La profunda crisis de Venezuela, la violencia que se extendía tanto por Colombia como por otros países centroamericanos, como Honduras, Nicaragua y El Salvador, dispararon los números hasta las 118.000 solicitudes.

El drama de los viajes en patera, copaba nuestros telediarios, pero otro fenómeno más silencioso, llegaba a través de los aeropuertos y era y es, uno de los principales desafíos inmigratorios exclusivos de España: son los que buscan refugio en nuestro país, huyendo de la violencia y de la persecución, principalmente de la América hispana.

Conseguir información sobre esta cuestión, se está volviendo difícil e impropio de una democracia como la española porque un Gobierno tan progresista como este que disfrutamos, fruto de una alianza socialcomunista, no facilita datos, con el fin evidente de no alarmar a la población y hay que estar pendiente de las informaciones que facilita la Oficina Europea de Apoyo al Asilo porque reflejaban unos números de vértigo.

En noviembre de 2.019, se batieron todas las marcas, con la llegada de más de 3.600 personas afectadas, a la semana. Y ya en 2.020, durante la tercera semana de enero, se registraron más de 3.700 solicitudes en igual período Se abrió así, un escenario inédito en España, donde no se habían alcanzado cifras similares, ni siquiera en el año 2.015, cuando la guerra de Siria, empujó de golpe hacia Europa, a varios millones de refugiados. Aquel año, Alemania recibía casi 500.000 peticiones y España, apenas llegó a 15.000.

Los cambios de las tendencias migratorias, nunca tienen una sola explicación. Los diversos factores que han hecho que España encabece la recepción de refugiados, comenzó en el Mediterráneo, a la que se añadió la oposición del entonces Presidente norteamericano, Donald Trump, a las caravanas de centroamericanos y sobre todo, la desastrosa situación venezolana, a la que ha llevado el régimen de Nicolás Maduro.

Hablar de asilo en España, en la actualidad, sigue siendo hablar de Hispanoamérica, donde decenas de miles de personas, huyen de la violencia estructural de sus respectivos países para venir al nuestro, aprovechando los lazos históricos, culturales, religiosos y lingüísticos y donde manifestaban haber encontrado una paz tremenda y una seguridad pública desconocida para ellos. Por esto, de Venezuela provenían el 35%; de Colombia, el 25%; de Honduras, el 5,8%; de Nicaragua, el 5% y de El Salvador, el 4%. Un perfil muy diferente, del de los sirios, afganos o iraquíes que llegan a Grecia, Alemania o Francia.

Ya por entonces, ante el panorama de esta situación, que se preveía que se iba a acrecentar con el tiempo, tanto el Defensor del Pueblo español, como organizaciones internacionales como ACNUR, ( Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ), llevaban alertando varios años que, había que reforzar el sistema de recibimiento porque esas cifras, habían cogido a España desprevenida, poniendo al descubierto que la red de acogida y la gestión de expedientes, no solo era obsoleta, sino que también seguía siendo insuficiente.

El Ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, reconoció en 2.018, nada más asumir el cargo que, la Oficina de Asilo española, estaba en una situación lamentable. Aunque la reforzó, no conseguía salir del atasco. Casos que la Ley de Procedimiento Administrativo obligaba a resolver en 6 meses, llegaban hasta los 18 o más.

Las plazas de acogida que gestiona la Secretaría de Estado de Migraciones, estaban y siguen desbordadas y decenas de familias estaban y están, durmiendo en las calles de Madrid, pese a la solidaridad del Ayuntamiento, párrocos, vecinos y activistas.

Volviendo de nuevo a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ( CEAR ), el año pasado, el 2.021, España concedió protección internacional a 7.371 personas, apenas un 10% de los 71.830 expedientes resueltos y quedaban pendientes 104.010. Como se puede apreciar fácilmente, se trata de una cifra escasa y alejada de la media de la Unión Europea, que está en un 35% y eso que la tasa se duplicó desde el 5% del año 2.020. Los solicitantes de asilo, constituyen el 0,14% de la población europea y el 0,13% de la española.

Durante 2.021, solicitaron asilo en España, 65.404 personas, con una caída del 26%, con respecto a 2.020 que el CEAR atribuye, a las limitaciones de movilidad por la pandemia china y a la dificultad para acceder a la citas telemáticas para formalizar la petición. Para este año de 2.022, se espera, sin embargo, no solo volver a cifras previas a la gripe china, sino superarlas y traspasar las 100.000 solicitudes, a las que habría que añadir las producidas por la guerra de Ucrania, ( unas 140.000 ) que ya, por sí mismas han rebasado todas las previsiones imaginables, lo que supondría un crecimiento del 200% o más, con respecto a 2.021.

Por países de origen, las solicitudes más numerosas siguen siendo de Hispanoamérica, encabezándolas Colombia, con 20.320 peticionarios; seguida de cerca por Venezuela, con 19.025; Honduras, con 6.750; Marruecos con 6.355 y Malí con 6.040. La mayoría de solicitantes, como se ve, llegaron a través del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

LA OCUPACIÓN ILEGAL DE LA VIVIENDA, EN ESPAÑA.

Se trata de un fenómeno social, que se ha disparado y que no tiene visos de una fácil y rápida solución. La ocupación ilegal de viviendas, bien sea de particulares, de entidades financieras o fondos de inversión, han crecido un 40% en España, en los tres últimos años.

Hemos pasado de las 7.739 viviendas ocupadas en el año 2.013, según las denuncias formuladas ante la Policía, a las 12.214, del año 2.018; 14.621 en 2.019; 14.792, en 2.020; que es la última estadística conocida, con una previsión de 15.000 para el pasado año de 2.021 y cuya cifra final no se ha ha hecho pública todavía. Si bien estas cifras, corresponden a las denuncias hechas, las estimaciones de los distintos organismos que siguen este problema, llegan a más de 100.000 viviendas ocupadas y a unas 200.000 familias afectadas.

Este aumento tan desproporcionado, coincide con la llegada del actual Gobierno socialcomunista, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, que fue promovida por la formación política Unidas Podemos. Su entonces dirigente, Pablo Iglesias, siempre se había mostrado como un entusiasta defensor de las plataformas contra los desahucios y de los escraches. También era partidario de despenalizar las ocupaciones, expropiar viviendas y fijar los precios de los alquileres.

Ese mismo año, en 2.018, llevó al Tribunal Constitucional, su posición contraria a que se agilizaran los desahucios, dando muestras de su deseo de intervenir la propiedad privada. Todo ello, como respuesta a la Ley de Enjuiciamiento Civil que había modificado el Partido Popular ( PP ) en julio de ese año y que había establecido, el conocido como desahucio exprés y donde las Comunidades Autónomas no tenían competencias.

En la actualidad, la pasividad del Gobierno, sigue siendo la actitud dominante. Nuestros gobernantes, proponen la creación de la vivienda social, la lucha contra el cambio climático y la instauración de la Renta Básica, pero nada de proteger, el derecho constitucional de la defensa de la propiedad privada.

El desahucio exprés, pretendía una agilidad de los trámites judiciales, sin que fuese necesario identificar a los ocupantes, que se ha visto frenado por el colapso de los juzgados, sin que nuestro Gobierno se dé por enterado.

Toda la derecha parlamentaria nacional ( PP, Vox Ciudadanos ) solicitaron al Congreso de los Diputados, el desarrollo de una ley anti-ocupación más exigente, con penas de prisión de 1 a 6 años porque ahora a la ocupación, se le castiga como un delito leve ( antigua Falta ), con pena de multa ( sanción económica ) y que los Cuerpos Policiales puedan desalojar la vivienda en un tiempo máximo de 48 horas. A las quejas permanentes de los propietarios, se han añadido las asociaciones de agentes inmobiliarios, la Policía y las Comunidades Autónomas.

La normativa más habitual, que se aplica para el desahucio de una vivienda particular, es la vía civil antes mencionada, con el fin de que las denuncias, sigan unos trámites más rápidos. Eso, significa que, es necesario, la presentación de una demanda de desahucio, en un plazo de 48 horas que, notificada al demandado, dispone de un plazo de 5 dias para desalojar la vivienda , siempre que, en ese tiempo, no haya presentado un título útil de ocupación. A continuación, si no se va voluntariamente, el juez lo echará.

Pero todo, no es tan rápido como lo explica la norma. Los juzgados en España, están colapsados y normalmente, necesitan de 3 a 5 meses para acabar la tramitación, pero el procedimiento puede durar años. Y mientras tanto, el propietario se sigue haciendo cargo de los impuestos, gastos de la comunidad, hipotecas, etc.

Al mismo tiempo, los ocupantes, van a retrasar el procedimiento todo lo que puedan. El método más habitual es la presentación de facturas falsas de todo tipo: agua, luz, gas… Y para rematar, algunos desahucios se complican, si entre los ocupantes, existen menores o personas vulnerables porque las autoridades ( los ayuntamientos, normalmente ) tienen que ofrecer una vivienda social en un período de 7 dias.

Si llega a haber condena, el invasor, además desalojar el inmueble, debes de pagas las costas ( gastos ) judiciales de todo el proceso: abogado, procurador y los daños que se hayan producido. Contra la sentencia judicial, cabe el correspondiente recurso . El problema llega cuando los infractores se declaran insolventes, que suele ser en la mayoría de los casos y no abonan nada.

Por otro lado, cuando el hecho se denuncia por la vía penal, se trata de un delito de usurpación y el procedimiento es más lento. La pena de este delito varía, si se ha empleado violencia o intimidación y puede llegar a, entre 1 o 2 años de prisión. Desde la óptica judicial, la reforma de la ley ha permitido resolver el 57% de los casos denunciados, estando en trámite de resolución los restantes.

Tanto la crisis económica del año 2.008, como a la que España se enfrenta ahora, como consecuencia de la gripe china y la invasión rusa de Ucrania, han puesto de manifiesto la falta de un parque de viviendas sociales, el aumento de los precios del alquiler y los bajos salarios. Por eso aumentan, de forman escandalosa, los casos de ocupación de viviendas, puesto que hay numerosas personas que no pueden acceder a una casa, en condiciones de mercado.

Llegados a este punto, hay que recordar que la Constitución Española, en su artículo 47, establece que, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y además, encargando a los poderes públicos, el cumplimiento de este derecho. Para disminuir los efectos de la crisis del coronavirus, el Gobierno llevó a cabo la suspensión de los desahucios, generando una tremenda inseguridad jurídica.

Durante el primer semestre del presente año de 2.022, se habían superado los 11.000 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ). El pasado 2.021, se realizaron 41.359, un 30% más que en 2.020. En el 2.019, se produjeron 54.OOO.

Vía Decreto-Ley, que es como le gusta mandar a nuestro Gobierno , desde el pasado 25 de junio del presente año, se paralizaron los lanzamientos y desahucios, hasta el 31 de diciembre, para todos aquellos afectados que, por sus bajos ingresos durante a crisis económica y la pandemia china, no pudieran hacer frente a los pagos de los alquileres de sus viviendas y demás gastos de mantenimiento. que no era más que la ampliación de la decisión que se tomó en marzo del 2.020 por la crisis sanitaria.