El pasado mes de julio, nuestro Tribunal Constitucional anuló la ley navarra de reconocimiento de víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha, aprobada por el cuatripartito de los grupos políticos Sí Al Futuro ( Geroa Bai, en euskera ) ; Reunión de Tierras Vascas ( E.H. Bildu, también en euskera ) ; Podemos e Izquierda ( Ezkerra, seguimos en euskera ) ; mas el apoyo del Partido Socialista de Navarra ( PSN ) ; que había sido suspendida -cautelarmente-  como consecuencia del Recurso presentado por el Gobierno del Partido Popular ( PP ).

La Sentencia estima el Recurso preparado por la Abogacía del Estado de Navarra ante el riesgo de conculcar derechos fundamentales de todos cuantos pudieran verse sometidos o expuestos al escrutinio de la Comisión de Valoración de las denuncias, un órgano político que nombraría el Ejecutivo navarro y que no tiene carácter judicial.

Esta ley pretendía establecer presuntos comportamientos delictivos provocados por actuaciones policiales o parapoliciales, desde 1950 hasta hoy. El texto anulado omitía -intencionadamente- que la única instancia que tiene potestad para ello es la justicia.

Ésta Comisión sería el órgano encargado de decidir si se ha producido un caso de malos tratos o torturas por parte de la Policía Foral Navarra, Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil , aunque no haya sentencia judicial. En caso de reconocimiento, daría derecho a la víctima a solicitar una indemnización al Gobierno Navarro por el daño producido.

El principal argumento jurídico contra ésta Comisión es que vulnera el artículo 17 de la Constitución Española, al atribuirse las funciones de investigación y resolución sobre presuntos delitos cometidos contra los denunciantes, vulnerándose así el derecho al honor y al de presunción de inocencia de los funcionarios policiales.

El varapalo de los jueces, es un zarandeo constitucional al actual Gobierno de Pedro Sánchez, poniéndolo en un aprieto y obligándole a retirar otro Recurso similar a la ley vasca de abusos policiales, muy parecida a la navarra. Se trata de uno de los precios que nuestro actual Gobierno de la Nación debe de pagar al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) uno de los socios parlamentarios que le permitieron ganar la moción de censura al anterior Presidente, Mariano Rajoy.

Éste acuerdo de los Gobiernos de Madrid y Vitoria, para retirar el Recurso mencionado, ha despertado el enfado de la mayoría de los sindicatos policiales y de las asociaciones de víctimas del terrorismo etarra. Algunas de ellas, están preparando su personación en la causa abierta en el Tribunal Constitucional, con la intención de frenar la retirada del Recurso.

Muchas veces me he preguntado que, en el marco de la lucha contra la inmigración irregular que nos llegar desde las costas marroquíes, cuál era la colaboración de la Policía de éste país. Nuestras autoridades no cesan de alabar ésta cooperación en cuantas oportunidades tienen pero que a mí no me bastaba esa explicación, quería saber más, conocer detalles.

Realizadas las correspondientes indagaciones, el resultado ha sido positivo pero con altibajos. En ésta materia, como en otras, Marruecos conoce nuestras debilidades y astutamente saca partido de ellas, bien en renta política, social y…. hasta económica ( hace nada que ha conseguido cuarenta millones de euros de la Unión Europea, a petición nuestra ).

Bien, dicho lo anterior, vayamos a lo nuestro que no es más que el aspecto policial de esa colaboración en materia de inmigración, porque en terrorismo me afirman que es excelente y los resultados hablan por sí solos. Nula en el tráfico de estupefacientes, pese a las kilométricas extensiones de cultivo de hachís que nuestras colegas ” no ven ” .

Fruto del endurecimiento de los controles fronterizos en el sur de  Europa, Marruecos se ha convertido no ya solo en un país en tránsito sino en un destino forzoso, aumentando así la vulnerabilidad de los emigrantes. Las redadas son muy frecuentes en las inmediaciones de Ceuta y Melilla y su traslado es a la frontera con Argelia, lugar donde suelen provenir. Son varios miles cada año y en condiciones difíciles de asumir. No hay discriminación alguna, entran todos por igual: hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos, cuando al final y después de varios intentos consiguen llegar a España, cuentan que tenían el mismo miedo de morirse en el agua que de hacerlo en Marruecos.

Las zonas desde donde parten las pateras, están alejadas de los grandes núcleos urbanos y territorialmente, su actuación corresponde a la Gendarmería Real Marroquí. En estos lugares se puede apreciar un aumento incesante del número de asentamientos de inmigrantes subsaharianos que han salido huyendo de la presión policial tras los últimos asaltos a las vallas de las dos Ciudades Autónomas.

La Marina Real marroquí también ha comenzado a desarrollar operaciones en sus costas y en los principales puntos de salida de emigrantes. Tímidamente, a impulsos y coyunturas, pero ya empiezan a interceptar pateras. Antes no hacían nada.

Además, se están desarrollando investigaciones conjuntas para perseguir a las mafias de la inmigración irregular. Desde lo alto de los barrios de Mesnana y Boukhadef en Tánger -última parada de los subsaharianos que esperan su oportunidad de saltar el Estrecho- se vislumbra el Puerto de Tarifa, en Cádiz ; a donde desean llegar.

Periódicamente, las Fuerzas Auxiliares Marroquíes hacen redadas para tenerlos controlados y evitar que se lancen al mar. Les confiscan los materiales : barcas de plástico, remos y chalecos salvavidas para evitar su salida.

A todos los organismos marroquíes comprometidos contra la inmigración irregular trabajo no les va a faltar. Las últimas estimaciones de diversas onegés que operan en su ayuda sobre el terreno, estiman en unos cuarenta mil los subsaharianos esperando dar el salto. Cantidad que irá subiendo con el tiempo al cerrarse la vía italiana que pasaba por Libia.