AUTOR; Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

La invasión de Ceuta desde Marruecos por inmigrantes africanos, ha hecho aflorar un problema que llevaba tiempo creciendo bajo la superficie del Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska mantiene formalmente todas sus competencias pero tiene seriamente dañada su autoridad a los ojos de sus compañeros de gabinete y del partido socialista, lo que preocupa seriamente en el entorno del presidente del Gobierno.

Hay alarma en ese reducido núcleo «sanchista» en el que se apoya a diario por las consecuencias que esta supuesta falta de «autoridad» puede tener en el «control» de las investigaciones judiciales que les afectan de aquí a que acabe la Legislatura. Nadie apuesta por un relevo en Interior porque «la suerte de Sánchez está atada a la de su ministro del Interior,

«Hay desconfianza». Es el diagnóstico que se repite entre el búnker presidencial respecto al clima que existe en los Cuerpos de Seguridad del Estado que dependen del ministro. Hablan de prevención hacia determinados niveles políticos de Interior, de una «cacería interna» y de miedo a «purgas» o a consecuencias profesionales cuando una investigación afecta a asuntos especialmente sensibles para el Gobierno.

«Marlaska no controla nada, y esto tiene un coste grandísimo». De fondo hay un clima en el que, por ejemplo, determinados investigadores consideran necesario extremar las garantías alrededor de su trabajo, documentar bien sus decisiones y protegerse profesionalmente ante la posibilidad de acabar señalados y castigados por el resultado de sus pesquisas si no son del agrado presidencial.

El informe policial remitido a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva e ilegal al territorio español de los días 30 y 31 del pasado julio de un río de personas africanas, ha sido la mecha que ha hecho explotar la «bomba». Marlaska dice que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de que agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras dependiente de la Dirección General de la Policía, habían entregado a la magistrada María Tardón un documento que consideraba planificada la entrada, analizaba la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y recogía imágenes en las que algunos de sus miembros aparentemente orientaban a quienes intentaban cruzar.

El ministro reaccionó de madrugada reclamando explicaciones por escrito al director de la Policía, Francisco Pardo. En su carta recordaba que ejerce el «mando superior» en materia de seguridad interior y reclamaba saber desde cuándo disponía la Policía de una información que consideraba «absolutamente esencial» para que el Gobierno pudiera tomar decisiones. La respuesta posterior aclaró un elemento determinante: el director tampoco conocía el informe, lo que dejó al ministro sin margen para ejecutar el cese del máximo responsable de la Policía.

El episodio resulta relevante porque el equipo presidencial que asesora P.S. ha llegado a expresar dudas sobre la lealtad de determinados sectores policiales y sobre el grado de control que Interior mantiene sobre sus estructuras. Pero también hay una lectura inversa: la desconfianza se ha instalado también desde abajo hacia arriba.

El término que emplean algunos de estos ayudantes es «blindarse»: no hablan de retener información que deba conocer un superior ni de incumplir obligaciones legales sino que se refieren a extremar los procedimientos cuando trabajan sobre asuntos políticamente sensibles. En la Guardia Civil, esa prevención no puede separarse de lo ocurrido durante los últimos meses alrededor de la Unidad Central Operativa ( UCO ). La Unidad, como es sabido, participa en algunas de las investigaciones judiciales más delicadas para el PSOE y para el entorno del Gobierno.

El caso Leire Díez ( fontanera del PSOE que dirigía una presunta red de tráfico de influencias ) añadió un elemento especialmente importante al situar bajo investigación actuaciones desarrolladas dentro de la propia estructura del instituto armado. Las indagaciones han alcanzado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, ( DAO ) Manuel Llamas.

La Fiscalía Anticorrupción apreció motivos para investigar determinadas actuaciones internas ante la posibilidad de que hubieran buscado generar un «efecto de desaliento» sobre los investigadores. Ahora mismo, las responsabilidades están sometidas al procedimiento judicial y no cabe anticipar ninguna conclusión sobre ellas, pero el impacto dentro del Cuerpo va mucho más allá del desenlace.

Al mismo tiempo, en sectores del Gobierno sanchista existe la impresión de que determinados miembros de la Policía y de la Guardia Civil mantienen una actitud hostil hacia el Ejecutivo. Desde los dos Cuerpos, el mensaje que lanzan es que determinados indagadores perciben a la estructura política como un posible foco de presión cuando su trabajo afecta a intereses especialmente delicados.

La situación en Interior contrasta con la relación que Margarita Robles mantiene con los mandos militares y los Servicios de Inteligencia. La ministra de Defensa ha respaldado públicamente al Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) durante el asalto a Ceuta, incluso cuando la información proporcionada por el Centro complicaba la versión mantenida desde otros departamentos sobre los avisos previos al 30 de julio.

Robles defendió en el Congreso que el CNI había realizado el trabajo que le correspondía y que la información disponible había sido compartida. Reivindicó además públicamente la profesionalidad de los miembros del Centro, también del otro Centro de Inteligencia de la Fuerzas Armadas ( CIFAS ) y de los Servicios de Información de la Policía y de la Guardia Civil.

Su posición introdujo una discrepancia evidente con Interior. Marlaska mantuvo desde el primer día del ataque fronterizo que ninguna alerta permitió anticipar una entrada en Ceuta de la magnitud que finalmente se produjo, mientras que Robles optó desde el principio por respaldar a los profesionales bajo su responsabilidad y mantuvo esa actitud pese a las incomodidades que generó dentro del Gobierno de coalición con los comunistas. 

En ámbitos militares y de Inteligencia se destaca precisamente las consecuencias de esta diferente reacción. La ministra sí conserva interlocución y reconocimiento entre los mandos y ha evitado trasladar sobre ellos la responsabilidad política de lo ocurrido en Ceuta. Marlaska está más solo que nunca y él solo se lo ha buscado.

El ministro del Interior, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que le transmite su «preocupación» por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional (María Tardón) de prohibir al equipo policial que investiga la incursión inmigratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores jerárquicos sobre sus pesquisas.

Según ha informado el propio Ministerio, en el texto de la carta Marlaska asegura que, en su doble condición de ministro del Interior y de magistrado, respeta «escrupulosamente» la independencia judicial, el deber de prestar colaboración a los órganos judiciales y la dependencia exclusiva de la policía judicial de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, ante una crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional bajo el amparo de la Ley 36/2015 -de Seguridad Nacional-, el titular de Interior defiende que «no debería ser incompatible» atender con diligencia los requerimientos de los órganos judiciales con informar a los responsables políticos de las circunstancias que resulten relevantes para la gestión de una situación de tal magnitud.

En este sentido, el ministro argumenta que la información en manos de la Policía Nacional resulta «de gran interés» para que el poder Ejecutivo pueda ejercer correctamente sus funciones de dirección de la política interior y exterior y de defensa del Estado.

Por todo ello, Marlaska concluye que, ante situaciones de extrema gravedad como la irrupción en Ceuta de decenas de miles de extranjeros, debe ser compatible con que la policía judicial informe a los jueces a la vez que facilita al Gobierno central a información necesaria para adoptar las decisiones oportunas en defensa de la seguridad nacional y pública, «sin que se resienta la independencia judicial».

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha remitido otra carta al ministro del Interior en respuesta a la enviada por este en relación con la actuación de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón en el caso en que investiga la invasión de Ceuta por más de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos que tuvo lugar el 30 y 31 de julio.

En su escrito, Isabel Perelló señala al ministro que los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevé expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También le recuerda que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos (artículo 118) y especial para la policía judicial (artículo 126); y que los artículos 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 1 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, establecen que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.

«En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales por las que todos debemos mostrar el máximo respeto», concluye la carta.

El departamento de Grande-Marlaska ya vivió una crisis relacionada con la ausencia de información desde las unidades policiales hacia arriba. Tuvo lugar con motivo de la investigación de un juzgado de Madrid acerca de la supuesta responsabilidad del Gobierno de la Nación en la expansión de la gripe china ( también llamada Covid-19 ) en la Comunidad Autónoma madrileña por autorizar una marcha feminista por el centro de la ciudad.

El ministro destituyó al coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, cuando conoció el contenido del informe de sus subordinados que responsabilizaba al delegado del Gobierno en esa región policial y señalaba a otros miembros del Ejecutivo central. Pérez de los Cobos siempre defendió que no conoció el contenido del informe porque la jueza del caso pidió a los investigadores informarla a ella en exclusiva debido a las presuntas implicaciones de altos miembros de la Administración Central. Los tribunales terminaron declarando nulo el cese de Pérez de los Cobos y ordenaron reintegrarlo en su puesto.

Así lo establece el artículo 126 de la Constitución, que sitúa a la Policía Judicial bajo la dependencia de jueces, tribunales y fiscales cuando investiga delitos. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Real Decreto que regula la Policía Judicial desarrollan ese principio. Además, no es necesario pertenecer a una unidad denominada formalmente Policía Judicial para ejercer esta función. Cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede actuar como tal cuando es requerido por una autoridad judicial dentro de sus competencias.

La obligación de reserva aparece en el artículo 15 del Real Decreto 769/1987. La norma exige a los integrantes de las unidades de Policía Judicial guardar una «rigurosa reserva» sobre la evolución y el resultado de las investigaciones que les hayan sido encomendadas. La información puede circular internamente dentro de la propia unidad para coordinar el trabajo pero únicamente cuando el juez o el fiscal no lo hayan prohibido expresamente. En este caso, según las explicaciones ofrecidas por el Director General de la Policía, Francisco Pardo, Tardón ordenó que no se facilitara a los superiores información sobre la elaboración ni sobre el contenido del informe.

Si la orden se produjo en esos términos, como parece, los investigadores no tenían margen para trasladar el documento a la cúpula policial o política. Hacerlo habría supuesto incumplir las instrucciones de la magistrada y vulnerar el deber legal de reserva en una manifiesta y grave desobediencia judicial.

El ministro del Interior, ordenó a Policía y a la Guardia Civil que «nunca» informaran a sus superiores cuando investigaba el chivatazo del caso Faisán como titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Dicha orden consta en el auto que redactó para abrir una pieza separada e investigar un delito de revelación de secretos y/o colaboración terrorista.

El caso Faisán fue una investigación judicial sobre un aviso policial -chivatazo- dado a la red de extorsión de la banda terrorista ETA, el 4 de mayo de 2.006 para no entorpecer o romper el proceso de negociación que estaban llevando entre el Gobierno socialista de Zapatero y el grupo criminal.

Por último hay que destacar que, en virtud del informe policial confeccionado y para defender la competencia de la Audiencia Nacional que recibió la denuncia interpuesta por el grupo civil Iustitia Europa, el Ministerio Público también plantea una primera aproximación a los posibles delitos objeto de investigación aunque recalca que su calificación jurídica podría modificarse conforme avance la instrucción.

En esta fase inicial, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular del artículo 318 bis del Código Penal que podría estar agravado por su posible comisión en el seno de una organización y por haber puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. A este delito podrían sumarse homicidios y lesiones por imprudencia grave, contemplados en los artículos 142 y 152 del Código Penal así como un posible delito de organización criminal.

La instrucción deberá determinar también si los acontecimientos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva, entre ellos «la paz o independencia del Estado».

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

UNO.– El episodio aquel en que un barco llamado Hondius llegó a las costas de Tenerife el pasado mes de mayo con un brote infeccioso a bordo y una pregunta por delante. Que un crucero polar regresara al Atlántico con tres muertos y catorce españoles asintomáticos no constituía, en sí mismo, una crisis sanitaria de gran escala; no al menos, después de la experiencia de la gripe china ( cuyas autoridades han logrado que su nombre se quede en covid, sin más ). Suponía, sin embargo, otra ocasión más, quizá ésta especialmente expresiva, para comprobar cómo el Gobierno socialcomunista se dirigía a una sociedad que había dejado de creerle; que tenía todavía en la memoria el acumulado de tantas mentiras y medias verdades. El Gabinete sanchista descubría así, con cada nueva crisis técnica, que el coste real de haber gestionado la palabra como activo táctico durante años, se cobraba entonces en forma de descrédito anticipado.

La incredulidad procedía del registro en el que se daban los hechos antes que de los hechos mismos. Durante meses, en 2020 y 2021, los españoles aprendieron que las certezas oficiales venían a comparecer cada noche para envejecer cada mañana. Entendieron también que la palabra experta funcionaba en aquellas comparecencias como cortafuegos antes que como referencia y que detrás de cada explicación técnica había un cálculo político que los expertos cobijaban con su prestigio. Esa cosecha quedó en la memoria pública española.

Sanidad hizo los deberes formales del Hondius con aparente diligencia. Los catorce españoles afectados fueron trasladados al hospital militar de Madrid, al Gómez Ulla. Se conovocaron siete reuniones interministeriales.. El fondeo en el puerto de Granadilla, en el sur de la isla, fue el elegido al ser especializado en el transporte marítimo industrial y comercial y no de pasajeros. Y el operativo, en general, parecía sobre el papel algo razonable. Pero el problema no estaba en el papel sino en la realidad, ese «problema» con el que este Gobierno populista que disfrutamos, se topa una y otra vez.

El problema estaba en que las seis comunidades autónomas de procedencia de los pasajeros se enteraron del operativo sanitario por la prensa. Estaba en que el Gobierno canario recibió el aviso del traslado del barco cuando los detalles ya circulaban en los teletipos de los medios de comunicación social. Estaba en que su Presidente, Clavijo, lo llamó deslealtad y nadie le ha contestado todavía con un argumento que no sea retórico. La coordinación que el Gobierno que presume de progresista proclamaba, operaba, en realidad, como notificación tardía a quienes debían asumir las consecuencias de decisiones tomadas sin ellos. Las administraciones públicas afectadas, figuraban en el dispositivo como destinatarias de un relato, no como partes de la decisión.

La información gubernamental se administra como activo personal del Presidente Sánchez, repartida según convenga a la frase del día, retenida cuando incomoda, liberada cuando conviene. Esa flexibilidad funciona razonablemente bien en las Cortes Generales, donde casi todo puede cambiar de nombre durante una tarde, donde los pactos se renombran y los compromisos electorales admiten reinterpretación generosa.

El precio se paga, en cambio, cuando el asunto no admite versión múltiple y exige claridad. La cuarentena del Hondius fue buen ejemplo. El ministerio de Defensa la presentó como voluntaria. Sanidad la sostuvo como obligatoria amparada en el marco legal vigente. Política Terrorial la dejó en obligatoria sólo cuando las autoridades sanitarias así lo determinen. Tres ministros, tres versiones y ninguna decisión cerrada al cuarto día desde el anuncio del dispositivo. Las administraciones autonómicas afectadas, los catorce españoles a bordo, los profesionales sanitarios que debían aplicar el protocolo, esperaban inquietos saber con exactitud qué se decía y por qué.

La incertidumbre, prolongada durante varios días, permitió que el Hondius se convirtiera en metáfora involuntaria del estilo del Gobierno sanchista que el Presidente ha consolidado durante esta legislatura, donde cada decisión nace provisional, cada palabra admite enmienda y cada decisión depende de la conveniencia política del minuto siguiente. Lo que el Hondius mostraba, en su escala justa, es que el sistema institucional español ha perdido durante estos años la capacidad de hablar con autoridad sobre cuestiones que no admiten la mediación táctica. La palabra del Gobierno sanchista funciona cuando los asuntos se prestan a interpretación y falla cuando exigen aplicación literal y por supuesto, sinceridad. Y como los asuntos públicos se reparten cada vez más entre los primeros y menos entre los segundos, la quiebra pasa desapercibida. Hacía falta un crucero polar para que reapareciera el recordatorio incómodo de que gobernar no consiste sólo en relatar.

Sánchez seguía creyendo que el ciclo informativo absorbería el episodio del Hondius como ha ocupado tantos otros. Naturalmente que acertó. La sentencia técnica se conoció cuando convino, los catorce españoles hicieron lo que se les dijo, las comunidades autónomas asumieron su queja sin más coste y la opinión pública pasó a otra cosa. La maquinaria narrativa funciona y seguirá funcionando mientras no aparezca un asunto cuya escala desborde su capacidad de absorción. El día que aparezca, sin embargo, los españoles recordarán que llevaban años recibiendo, en cuestiones menores como esta, la confirmación silenciosa de que el Gobierno central gobernaba con palabras que valían lo que el almanaque decidiera.

Y esa memoria acumulada, paciente, hecha de episodios reiterados escribe lentamente una sentencia política que tarde o temprano pedirá ser aplicada. Su escritura ya está en marcha; lo está desde hace mucho tiempo. El Hondius añadió su línea, frente a las costas de Tenerife, al archivo de un poder que ha confundido durante demasiado tiempo el oficio de gobernar con las banderías de relatar.

DOS.- Si nos referimos a otro episodio, el Gobierno de zurdos que subsiste a base de los estertores independentistas, sabe mejor que nadie que los Presupuestos Generales del Estado de 2027 no contarán con el respaldo del Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, el proyecto decaerá con lo que engarzará el enésimo hito negativo de estos ocho años de mandado sanchista con una legislatura al completo sin cuentas públicas y por consiguiente sin dar cumplimiento al mandato constitucional.

El nuevo ministro del ramo, Arcadi España, que ya nos ha regalado las explicaciones sobre el techo de gasto récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más, el mayor de la serie histórica y de un plan «ambicioso en lo social y responsable en lo fiscal», sabía que su notoria narración era una mera interpretación al servicio de una puesta en escena con intereses y propósitos que en nada guardaban relación con un horizonte presupuestario real y ni siquiera veraz.

Pese a todo, Arcadi España se ajustó al relato dramatizado sobre el extraordinario compromiso con las banderas habituales del gasto en políticas de vivienda, sanidad, infraestructuras, entre otras. El Consejo de Ministros aprobó también la senda de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) del periodo 2027-2029 para la que, como ha sido la tónica, no ha contado con los votos suficientes en la Cámara Baja y la desaprobó. No quiero perder de vista, ni minimizar, la desagradable sensación de burla a los españoles, ni el énfasis grotesco de este paripé en torno a la ley más importante del año convertida en una trapacería que retrata por enésima ocasión la talla moral e institucional de todos los que sostienen y se sirven de este régimen político.

Nada es una sorpresa que inquiete a Sánchez en esta coyuntura, en la que daba por descontado e imprescindible que las Comunidades Autónomas del Partido Popular ( PP ) se desmarcaran del objetivo de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que aprovechó para enredar en la discordia, el agravio y la asimetría con el convencimiento de que el divide y vencerás le sería propicio para sus intereses. Por tanto, estos trucos de salón más propios de un tahúr que de un mandatario serio y recto, persiguen ese doble fin de nutrir el espacio público de un debate que el Gobierno pueda explotar como filón propagandístico y de paso arrumbar y amortiguar en lo posible los estragos de las novedades casi diarias sobre los escándalos de corrupción que le asolan.

También, claro, los Presupuestos de mentira servirán a Sánchez como una herramienta electoral que galvanizará todas las ocurrencias de esa agenda social que será frustrada por la malvada derecha en el marco de una dosificada narrativa demagógica y victimista. El trampantojo sanchista, marca de la casa, persigue un milagro y un atajo a ninguna parte convencido de que los españoles ni ven, ni escuchan lo que sucede a su alrededor y que al fin aparecerán como gobernantes íntegros y honorables. Pero Sánchez ha engañado a demasiados durante demasiado tiempo como para que la gente no reconozca al peor presidente de la democracia.

Y TRES.- Según los sondeos de opinión realizados hasta el momento, la inmensa mayoría de los españoles, incluidos un tercio de quienes se reconocen como votantes socialistas, no se cree una palabra de las explicaciones gubernamentales sobre lo sucedido en Ceuta y, además, considera que el Gobierno aliado de los comunistas, se halla supeditado a la voluntad de Marruecos por razones que nadie acierta a explicar.

Lamentablemente, una vez más, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha tratado de hacer luz de gas a la opinión pública, presentando una realidad alternativa a lo que estaban contemplado los españoles, como si el discurso ministerial de exculpación de Marruecos fuera una verdad revelada y no un patético intento de hacer de la necesidad virtud. Y con un agravante que no ha podido pasar inadvertido como es la falta de unidad y coherencia de los distintos portavoces del Gobierno, incapaces de mantener una única versión, sin duda, porque la consigna general no ha sido la de decir la verdad sobre lo sucedido, sino lo que más convenía al poder, según los casos.

De ahí, la contradicción flagrante entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en relación al papel del CNI y a los preavisos recibidos por los servicios policiales sobre la invasión masiva de inmigrantes que se preparaba sobre Ceuta. Por supuesto, el máximo responsable en la materia, que es el titular de Interior, ha hecho lo que mejor sabe hacer que no es otra cosa que negar cualquier responsabilidad, incluso, al precio de dejar por mentirosa a su compañera de Gabinete.

Desafortunadamente para Marlasca, si hay un ministro que ha perdido toda credibilidad es él por más que otros batallen por empatarle. Que, a la postre, tenga que ser el poder judicial, en este caso la Audiencia Nacional, el que determine quién miente en el Ejecutivo, no es más que la tónica habitual en esta legislatura, cuyo agónico final abre demasiadas brechas a quienes operan en contra del interés de los españoles. Aún así, la opinión pública, como demuestran los sondeos que se han publicado, tiene claro cuáles son los problemas que nos enfrentan al vecino del sur, qué instrumentos emplea el reino alauí para defender sus posiciones geopolíticas y qué medidas debería adoptar España para defender sus fronteras y proteger su soberanía.

Que el inquilino del Palacio de La Moncloa, de asueto en Canarias, considerara que lo único que cabía hacer con la política inmigratoria, además de las legalizaciones extraordinarias que tanto preocupan a la Unión Europea ( UE ), era ganar tiempo hasta que llegue el final de la legislatura es grave pero es mucho peor que mantenga contra viento y marea a un ministro como Grande-Marlasca, que no sólo se niega a aceptar la más mínima responsabilidad sino que considera que un ataque masivo a la frontera española no es más que otro accidente natural del que nadie tiene la menor culpa, al menos, hasta que se pronuncie la justicia.

Una sospecha acompañó el anuncio de comparecencias en el Congreso a petición propia de varios ministros con competencias relacionadas con la crisis de Ceuta. Se trataba de esquivar la bala del Senado dando la cara en la otra Cámara, sí. Pero, sobre todo, se trataba de hacerlo cuando el asunto hubiera bajado muchas posiciones en la lista de las prioridades informativas. Aunque no consiguieron que no se hiciera en fase todavía muy candente.

Es un ejemplo más de que, al menos esta vez, la inmensa factoría del relato que habita en el Palacio de la Moncloa no ha conseguido dar con la tecla todavía. Los acontecimientos han ido sistemáticamente por delante de ellos y el habitual desparpajo con el que se defiende una postura, por peregrina que sea, ha brillado por su ausencia. Por una vez, «dejar pudrir» un problema va a tener la consecuencia más lógica: terminar rodeado de podredumbre.

El Gobierno no ha estado fino valorando tiempos ni magnitudes. Y mira que presume de haber sabido gestionar lo extraordinario. Te entran (vamos a dejarlo en) 72.000 individuos y, si consigues el retorno relativamente rápido de la inmensa mayoría, te felicitas porque solamente tienes unos pocos miles en las calles de la ciudad. ¿Los 9.000 que se deducen de los kits de comida que se reparten a diario? ¿Los 15.000 de los que habla la prensa marroquí? No se rinden cuentas por las responsabilidades, nos van a dar algo parecido a un dato con el que poder hacernos una idea de la situación.

El caso es que sacas al ministro tuitero a decir que estamos ante otra crisis resuelta por Pedro Sánchez y echas la persiana del negocio. «Cerrado por vacaciones» y ya volveremos en septiembre con las mismas energías renovadas del año pasado. Igualito que cuando el drama de Gaza sirvió para agitar la Vuelta Ciclista a España y el Festival de Eurovisión como grandes prioridades de la agenda nacional.

Pero esta vez no ha sido así. Los testimonios que los medios -esecialmente los televisivos- recaban a diario no ofrecen fisura. El aspecto sanitario de la invasión es solo una de sus patas. Da igual que hables con una enfermera sindicada, con un policía o con un caballa que sólo aspiraba a pasar unos días de verano con sus nietas. Todos te cuentan que viven confinados por la vía de los hechos.

Las noticias de los últimos días hablan por sí solas. Un mes después, desalojo de la playa del Trampolín, habilitación exprés de nuevos espacios para cobijarlos y emergencia por la situación de quinientas menores. Ni el más esforzado de los juglares del oficialismo puede ahora cantar que era un caso resuelto. Y todo sin el relato alternativo que tantas veces les había dado un asidero antes.

Los antecedentes hacían temer un «no hagan caso a los ceutís; es que son todos fachas». En el momento de escribir estas líneas, no ha llegado a producirse. Sí un señalamiento claro hacia el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Ha servido, al menos, para algo: comprobar quién opina a golpe de silbato. La súbita agresividad gubernamental contra el dirigente regional luce como lo que es: un intento desesperado de resituarse en el tablero cuando se da la partida por muerta.

Se podrá discutir si tiene razón no. Pero Vivas dijo desde el minuto uno de la entrada masiva que consideraba sus competencias completamente desbordadas y que necesitaba un mando único coordinado por el Ejecutivo central. Fue el Palacio de la Moncloa quien minimizó y consideró que lo oportuno era dejarlo correr. Ahora, Elma Saiz, la ministra de inmigración, se instala allí tras el fracaso del desfile ministerial, con su nuevo jefe el coordinador u ministro de Política Terriorial Ángel Víctor Torres; y del que sólo Margarita Robles ha conseguido rascar algo. El nerviosismo del Gobierno siempre es directamente proporcional al número cotidiano de contribuyentes diarios a los que insulta Óscar Puente.

En medio de todo este panorama, resulta un detalle poco importante. Pero cómo se ha notado desde el principio que Ceuta supone solamente un único escaño en el Congreso que el PSOE sabe que tiene perdido. Queda por ver cómo afecte a los 349 restantes.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Díaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

Si Pedro Sánchez estaba esperando que se produjese un repunte en la intención de voto para convocar elecciones generales, se ha equivocado bastante porque la situación política española ha empeorado considerablemente con respecto a antes del verano. Los incendios que han arrasado varios millones de hectáreas en toda la geografía nacional y la invasión de inmigrantes en Ceuta y Melilla, dan la puntilla a una legislatura aciaga y estéril en la que al estado de ingobernabilidad se le suman graves errores en la gestión de los problemas.

La avalancha de más de 100,000 marroquíes y subsaharianos en territorio español aunque solo se reconozcan 70.000 ( la Policía llegó a contabilizar 72.500 salidas voluntarias ) y la muerte de más de 150 de ellos ( en el lado de Ceuta se han recogido 82 cadáveres y 42 se admiten en el otro lado por el momento ) han dejado a 10.000 de ellos solo en Ceuta ( de Melilla no hay datos ) de los cuales la mitad son menores de edad de ambos sexos. De los fallecidos tres han sido identificados y en la frontera marroquí para su repatriación le han puesto una tarifa aduanera de 2.500 euros por cadáver que los familiares no pueden pagar.

Este ataque a la integridad española ha tenido dos consecuencias inmediatas. La primera tiene que ver con la capacidad para defender el territorio nacional del Gobierno sanchista que ha ridiculizado a nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos policiales que no lo han podido impedir. Debería aclararse -cosa que no va a ocurrir- si existía o no información acerca de lo que se estuvo fraguando las semanas y días previos en tierras marroquíes.porque una concentración de personas de esta magnitud no se puede disimular, ni ocultar porque hacen mucho ruido.

En caso de haberla, Sánchez tendría que explicar por qué no se tomaron medidas para evitarla y, en caso de no existir, el problema tendría una envergadura mayor porque no estaría garantizada la seguridad nacional, ni la necesidaad de tener a los diversos servicios de información del Estado que hay. Por eso, todo aparenta ser un teatrillo para evitar responsabilidades.

La guerra entre los ministerios de Interior y Defensa apenas se disimula, el Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) especialmente, ha sido puesto en cuestión por diversas fuentes gubernamentales ( algo inédito ) y Margarita Robles -que es de quién depende- ha deslizado que el órgano de seguridad alertó en su momento de lo que podría ocurrir, apuntando a Interior de pasividad.

La segunda consecuencia de la crisis inmigratoria tiene que ver con la pérdida de prestigio internacional de España. Si era poca la tensión que se arrastra desde hace más de un año con Estados Unidos y con Israel y la disputa sobre el gasto militar español, esta vez son además los socios comunitarios los que empiezan a ver a España como un país poco fiable.

Las fronteras de Ceuta y Melilla son unas demarcaciones jurídicas de alcance europeo y tienen reconocimiento internacional, no son solo españolas y, en medio del debate inmigratorio y con la derecha creciendo en todos los países, la ¿ extraña ? gestión que hace Sánchez de las relaciones con Marruecos han dado gasolina a los discursos más duros respecto a la inmigración.

De momento, es Italia la que vuelve a arremeter, después de reclamar la suspensión de la pertenencia de España al espacio Schengen ( acuerdo de los países europeos para eliminar las fronteras interiores y potenciar las exteriores ) en esta ocasión, pidiendo que sea la capital comunitaria, Bruselas, la que se encargue directamente de asegurar la frontera europea en Ceuta y Melilla.

Su iniciativa contó con el apoyo de 22 de los 27 países que integran la Unión Europea ( UE ). La Presidente del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni trataba así, por un lado, de fortalecer su discurso antiimigratorio base de su programa electoral y, por otro, dibujar un Gobierno español incapaz de asumir la tarea de defender su territorio nacional que es también comunitario.

Sin olvidar que las posiciones más aperturistas en materia inmigratoria de nuestra izquierda, en general, han recibido un duro golpe con la entrada por la fuerza de decenas de miles de personas de origen africano de toda clase y condición en ambas poblaciones españolas que han puesto de relieve la gravedad y el peligro de los desplazamientos masivos y descontrolados de la inmigración.

Como las dudas calaron también en el seno de la UE, otros países se han sumado a las peticiones italianas como ha sido el caso de Dinamarca, Suecia y Finlandia.. Con Sánchez parece que terminaremos volviendo a aquel tiempo en el que en los aeropuertos europeos había un pasillo para españoles como ha hecho ya Italia.. Francia y Portugal reforzaron también sus fronteras terrestres con España para evitar la entrada de los inmigrantes que se pudieran colar procedentes de las invadidas ciudades españolas..

Después de tres semanas del ataque fronterizo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas que lo es también del Partido Popular ( PP ) de las ciudad, denunció que aún permanecían en la localidad autónoma 11.000 extranjeros, marroquíes en su mayoría y que había una nueva convocatoria en las redes sociales para que el 15 de agosto volvieran a atacar la frontera irregularmente otras miles de personas -hecho felizmente evitado por la Policía marroquí-, cuando todavía seguían y siguen sin esclarecerse la información de que disponía el Gobierno sanchista previamente a la crisis.

En Ceuta, preocupan los datos delictivos que se van conociendo, particularmente las agresiones sexuales a las niñas marroquíes ( la Guardia Civil ha recibido 15 denuncias ), peleas entre menores y mayores por un poco de alimento en las que aparecen armas blancas ( navajas,cuchillos… ) situaciones que vulneran los más elementales derechos humanos; robos, hurtos y ocupación de viviendas cerradas; insalubridad contagiosa ( hay 22 ingresados hospitalarios -uno en la UCI- de enfermedades infecciosas del tipo sarna y tuberculosis ) que también están afectando a militares y policías que participan en los dispositivos de control de masas y un número muy insuficiente de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las personas cuidadoras de las colonias de animales callejeros denuncian la desaparición de numerosos gatos, palomas y gaviotas, según ha llegado a publicar un medio escrito. Hay guerra del hambre con peleas por comida, aseos y chabolas.

Después de 23 dias de la invasión, el miedo se ha apoderado de la población local que ha tenido que restringir mucho su movilidad social al estar ocupados todos los espacios públicos por extranjeros desconocidos y no tener garantizada su seguridad. Lo que el Gobierno denomina situación de normalidad es calificado como emergencia por los ciudadanos y autoridades locales.

Sánchez lo calcula todo en términos electorales y en Ceuta y Melilla no se juega su deseo de próximo mandato gubernamental porque se trata de pocos votantes pero se equivoca despachando el asunto con tanta ligereza. Es inaceptable que el Presidente del Gobierno no haya modificado sus vacaciones canarias porque la situación requiere -cuando menos- un gabinete de crisis y un mando unificado para resolver la tragedia de estas miles de personas que se niegan a abandonar nuestro país aunque el pasado viernes decidió centralizar la coordinación política de la crisis de Ceuta -Melilla no cuenta- en la persona del ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, cuyo nombramiento oficial se esspera en los próximos dias. Como sí se había hecho con algo tan importamte y peligroso para la población como es el pasado eclipse solar desplegando a miles de policías y guardias civiles para asegurar la convivencia ciudadana.

Mientras tanto, el rey de Marruecos, Mohamed VI, navega con su yate frente a la costa de Ceuta desde el pasado día 14 de agosto, escoltado por dos patrulleras de la Marina Real y varias motos acuáticas. Está disfrutando de sus vacaciones veraniegas desde el pequeño puerto pesquero de Castillejos colindante con Ceuta, además de festejar la conmemoración nacional del aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo del día 20 y la Fiesta de la Juventud del día 21 ambos de agosto. Como viene siendo habitual en este tipo de actos, ha indultado a 935 reclusos que cumplían condena por diversos delitos por la primera de las festividades y 667 por la segunda.

La visita que hizo Sánchez solo a Ceuta -Melilla no figuraba en su agenda- y que también fue invadida aunque en menor cantidad- fue tan fugaz -apenas duró unas horas- que tenía un único objetivo que era el que hubiese una fotografía de su presencia en la ciudad para los medios de comunicación, mientras que ahora la máxima preocupación del gabinete de agitación y propaganda de la Presidencia del Gobierno se centra en ocultar las chanclas de playa y el bañador que llevaba Sánchez en el retrato en que posaba en su mesa de despacho en la que ha convertido su residencia oficial de verano en la isla de Lanzarote, intentando transmitir la imagen de un presidente ocupado, trabajando, velando por la tranquilidad y el bienestar de los españoles.

Pero la situación no debe estar tan controlada desde el momento en que se obliga a las visitas de amigos y familiares en las instalaciones de verano, perteneciente al Patrimonio Nacional, de La Mareta a dejar sus teléfonos móviles antes de poder reunirse con Sánchez con el objetivo de eliminar cualquier posibilidad de grabación y difusión. Esto apunta al temor a otro asunto Pegasus y, por tanto, a que las relaciones con Marruecos están deterioradas y que siguen sin hacerse públicas las causas del colapso inmigratorio más grave que han sufrido nuestras fronteras en los últimos tiempos. Sánchez ha cedido siempre a las pretensiones de Marruecos, ocultando las razones. España no puede construir su seguridad fronteriza sobre la certeza de que Marruecos siempre la utilizará como instrumento de presión y de chantaje.

Una democracia seria tiene -entre otras- dos obligaciones simultáneas: por un lado, proteger al débil, al vulnerable y, por otro, controlar la frontera. Cuando renuncia a cualquiera de las dos, deja de ser un país democrático.. El Estado social y de derecho necesita un Gobierno capaz y riguroso. Sin dominio territorial, capacidad administrativa y autoridad, tampoco puede garantizar la vida en común.

Por si fuera poco, la utilización política de esta -en el fondo- tragedia humana está siendo descarada. A Pedro Sánchez le interesa confrontar con la derecha más radical para movilizar a su electorado y Meloni es la mejor coprotagonista que podía encontrar. A la primera ministra italiana también le ha venido -como anillo al dedo- la negligencia del Gobierno sanchista porque le da motivos para volver a agarrarse a la inmigración ilegal como bandera electoral a tan solo un año de las elecciones en Italia y, como consecuencia, la Unión Europea sufre una fractura interna de carácter histórico.

Desde la UE, se señala que el Estado español es quién debe asegurar el espacio Schengen europeo, al mismo tiempo que se mira con recelo la deficiente gestión de esta importante crisis, la increíble incapacidad del Gobierno para anticiparse al problema y a un Presidente que prioriza sus vacaciones veraniegas cuando en España se han vivido problemas de la importancia de los numerosos incendios que han quemado millones de hectáreas de terreno y las inútiles fronteras con Marruecos que se vieron desbordadas ante la transgresión de una muchedumbre extranjera que huía de la pobreza y de la miseria.

La derecha radical española se equivoca cuando convierte al inmigrante en enemigo. La extrema izquierda se equivoca cuando convierte la frontera en un mero e incómodo trámite burocrático. La democracia que tenemos debería de ser capaz de proteger ambas cosas, tanto la dignidad de las personas inmigrantes como la autoridad administrativa del Estado. Una frontera sin control no es progresista porque España no se puede convertir en la guardería de África y en un almacén de indocumentados a la espera de la siguiente legalización..

La izquierda española cometió un error cuando regaló a la derecha el concepto de frontera. Una línea divisoria no es un muro contra los pobres, es el lugar donde el Estado decide quién entra, cómo tiene que comportarse dentro y los derechos y deberes de los ciudadanos que hay que respetar y donde garantiza que ningún país extranjero pueda convertir seres humanos en instrumentos de presión.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

La organización de apoyo a los presos de ETA, SARE ( RED, en eusquera ), celebró a primeros del pasado mes de junio que el 61% de los antiguos miembros de ETA ingresados en prisión habían obtenido el grado de semilibertad desde la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, el uno de octubre de 2021. Así se revelaba de los números presentados por este organismo separatista que apuntaban que 73 de los 118 presos ya han obtenido beneficios carcelarios de esta índole.

En este sentido, el portavoz de SARE Joseba Azkárraga señaló que desde que modificó su criterio el Gobierno autonómico vasco, la situación ha cambiado para «transformar un escenario que durante años parecía inamovible». Desde la organización que defiende a los presos se apunta que se «cerrará un capítulo trágico de nuestra historia reciente».

Azkárraga explicó que hace 12 años, había 465 etarras repartidos en más de 50 cárceles en España y Francia, 140 de ellos en el país vecino. Hoy en día existen aproximadamente 120 de los que más del 60% han obtenido o el tercer grado ( salir de la prisión para realizar actividades ) o el segundo grado para salir de la cárcel para recibir apoyo para rehabilitarse ( la aplicación del artículo 100.2 penitenciario) también conocido como el tercer grado encubierto. A su juicio, el «cambio profundo de escenario» exigía adaptar las dinámicas de SARE, por lo que «el periodo 2026-2027 debía de ser un tiempo de transición.»

«Nuestro objetivo: que el último preso, exiliado y deportado vasco, regrese a casa», se ha decidido ante las diversas cesiones políticas realizadas en los últimos años. En este sentido, la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, ( fundamentalmente familiares y amigos ) espera que la protesta que se hará el próximo 9 de enero de 2027 sea la «última manifestación» y suponga la culminación de su trayectoria.

Por otro lado, confía en que la situación de los 40 presos de la banda que no han accedido a mejoras de grado «pueda modificarse en el transcurso del año por la aplicación del denominado ‘modelo penitenciario vasco’. «Ahora tenemos que manifestar, con la voluntad firme de que el 9 de enero, demos el paso definitivo para que palabras como convivencia y resolución, se hagan realidad.», ha concluido. Como se puede apreciar solo ve el camino de liberar a todos los exmilitantes de ETA sin excusas, ni pretextos.

Un total de 225 antiguos miembros de ETA han obtenido beneficios penales desde 2018. Así se desprende del último informe actualizado sobre la Política Penitenciaría editado por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). En este sentido, los datos se encuentran actualizados hasta el pasado 30 de abril e incluyen el segundo tercer grado concedido al terrorista, Ignacio Bilbao Beascoechea, alias Gadafi.

En el citado documento, los beneficios carcelarios de los presos terroristas se dividen en tres: libertades condicionales, terceros grados y las semilibertades por el artículo 100.2 ( la creada vía vasca ). Los dirigentes de esta banda criminal, María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto y Miguel Aspiazu Rubina, alias Txeroki se han beneficiado de esta vertiente. Estas modificaciones se iniciaron como pago al apoyo parlamentario para la llegada a la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez en un pacto político con BILDU que no se ha hecho publico hasta ahora para ocultar las vergüenzas socialistas ( votos por presos ).

Con una pequeña división entre los tres campos mencionados, se han producido un total de 147 terceros grados, ya sean acordados por el Gobierno vasco o antes de la cesión de competencias; 61 libertades condicionales, que en algunos casos han sido revocadas por la Fiscalía ante las demandas de las asociaciones de víctimas del terrorismo y un poco menos de 20 semilibertades gracias a la flexibilización del artículo 100.2 .forzada intencionadamente por la Consejería de Justicia y Derechos Humanos que está en las manos socialistas de María Jesús Carmen San José López de acuerdo con el reparto de competencias en el gobierno de coalición con los nacionalistas del PNV desde 2.024.

Entre las personas beneficiadas se encuentran jefes de la banda terrorista como Anboto, Txeroki, Gadafi, Karaka ( el asesino del profesor de Tomás y Valiente, Juan Bienzobas Arreche ) o el condenado a casi 5.000 años de prisión por 82 asesinatos, el militante francés experto en la la colocación de coches bomba ante cuarteles de la Guardia Civil, Henri Perot.

También ha entrado en esta lista el asesino de Miguel Ángel Blanco, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote a través de un atajo legal creado especificamente por los socialistas vascos ante los impedimentos judiciales y espera serlo también el dirigente de la organización terrorista, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera que se encuentra todavía pendiente de resolver un recurso ante la Justicia francesa.

Sin obtener la libertad o en su defecto pequeños permisos para salir entre semana de prisión, también se han registrado 382 acercamientos de presos a las cárceles del País Vasco.desde que se acordó el apoyo a Sánchez en el Congreso de los Diputados. Este es uno de los elementos que también denuncia el Colectivo de Víctima del Terrorismo ( COVITE ) debido a la glorificación de la izquierda radical vasca con los denominados actos de bienvenida ( ongi entorris de los presos de regreso a sus pueblos de origen ). Salvando las distancias en el impacto de los responsables de los GRAPO solamente se han producido cuatro desde la instauración de la reforma.

De cara al regreso de presos desde Francia para la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) «no existen refugiados ni deportados son terroristas que al tener cuentas pendientes con la justicia optan por no regresar a España». En diversas ocasiones se ha tachado de «demoledores» los actos permitidos por los autores que solamente tienen el objetivo de «pisotear y denigrar a las víctimas».También se indica que un total de 41 miembros, han abandonado las prisiones por finalizar su cumplimiento de condena. Aunque hayan sido condenados a muchos años en España no se pueden superar los 35 años entre rejas.

Llegados a este punto, es necesario hacer un poco de historia a modo de recordatorio para entender el favoritismo carcelario a estos terroristas. Corría el año 2021 y los Presupuestos Generales del Estado -cuando se presentaban ante el Congreso de los Diputados- se encontraban en la picota por falta de mayoría parlamentaria. Un Pedro Sánchez con mascarilla negociaba para sacar las cuentas financieras con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional.

En el mes de diciembre con los efectos económicos y sanitarios de la gripe china ( Covid-19 ) en su esplendor, aumentó la ayuda necesaria. Entre los grupos políticos que se sumaron, se encontraban los representantes de EH Bildu, coordinados por el antiguo miembro ETA, Arnaldo Otegi.

Dos meses antes, Otegi había mostrado su «corto» pesar por las víctimas de ETA. «Sentimos su dolor. Nunca debería haberse producido», aseguró en una declaración conjunta junto al representante de SORTU ( NACER, en eusquera ) partido político independentista heredero de Herri Batasuna e integrado en la federación de partidos separatistas vascos EH BILDU ( REUNIR en euskera, todo el País Vasco español y francés ). Siete horas le duró el lamento.

El dirigente de EH Bildu, justificó su apoyo al jefe de los socialistas para excarcelar a los presos de ETA. «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos. Así de alto y de claro os lo digo…Votaremos los presupuestos sin ningún problema. Y lo haremos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque eso (lo de sacar a los presos de la cárcel) lo tenemos aquí, en el frontispicio», sentenció con el típico tono duro que le caracteriza.

No le faltó espacio para aumentar sus deseos de proclamar la independencia -una vez más- del territorio vasco. En el mismo discurso pronunciado en Éibar (Guipúzcoa) ante sus fieles, valoró la necesidad de avanzar en el reconocimiento nacional para «decidir su futuro, en su cohesión territorial y en su poder competencial». La gravedad de la situación llegó hasta el Congreso de los Diputados.

En una tensa sesión en la Cámara Baja, el por entonces presidente del Partido Popular ( PP ), Pablo Casado, de manera concisa y directa preguntó a Pedro Sánchez «¿Va a sacar a 200 terroristas para que Otegi le apoye los Presupuestos?… No les debemos nada y sí a las víctimas del terrorismo. Memoria y justicia», sentenció el presidente popular con contundencia. «Rotundamente no. El PSOE no ha utilizado nunca el terrorismo cuando ETA mataba y no va a hacerlo ahora que no existe ETA diez años después», sentenció el responsable de los socialistas, negando lo acordado y oculto hasta ahora.

Es cierto que no se ha podido probar -de momento- que se diera una orden directa del Presidente del Gobierno para que se produjera la salida de presos de ETA, sin embargo, desde que consiguió el Gobierno casi 150 de ellos se han visto beneficiados por los cambios en la política penitenciaria. Ya sea por la concesión de la semilibertad o al amparo del tercer grado o su cumplimiento de condena, muchos han salido de prisión varias veces por semana.¿ Casualidad…, coincidencia…?.

Txeroki, ( que apretó el gatillo en el asesinato de Miguel Angel Blanco ) Goñi, Anboto, Gadafi o Kantauri, son algunos ejemplos. Con los números registrados por AVT desde el final de ETA, el reclamo de Otegi se encuentra cercano a cumplirse. Por el momento, varios de los asesinos no han recibido beneficios penitenciarios relacionados con su libertad por la vía judicial que se resiste a saltarse la legalidad. La premonición del portavoz de Bildu ha seguido su curso desde entonces.

La AVT recibió la notificación el pasado mes de julio de la concesión de otras dos flexibilizaciones ( eufemismo socialista ) del segundo grado a los presos de ETA Alberto López de la Calle, «Mobutu», y Juan Ramón Carasatorre, asesino de Gregorio Ordóñez. Caarasatorre obtuvo esta medida después de que la Audiencia Nacional revocara una decisión anterior al considerar que no reunía los requisitos necesarios.

Con estas dos nuevas decisiones, ya son 122 los progresos al tercer grado y 25 las flexibilizaciones de grado concedidas desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias de las cárceles. Como consecuencia de esta política, de los aproximadamente 120 presos de ETA que permanecen en prisión, solo 36 continúan en régimen ordinario sin salir de ellas.

La AVT lleva años denunciando una política penitenciaria impulsada por el Gobierno Vasco que, a su juicio, persigue vaciar las cárceles de presos de ETA antes de que cumplan íntegramente sus condenas. Los datos confirman, una vez más, los peores pronósticos de la asociación: si se mantiene este ritmo, en dos o tres años, apenas quedarán presos de ETA en las cárceles.

A esta situación, se suma una decisión que consideran especialmente grave y es que la AVT dejará de recibir estas resoluciones -desde julio- con la antelación suficiente para poder informar personalmente, a través de su equipo de psicólogos, a las víctimas directamente afectadas antes de que conozcan estas decisiones por los medios de comunicación.

Esta medida está impidiendo que puedan seguir garantizando una atención adecuada a las víctimas y está aumentando el riesgo de revictimización que supone enterarse por la prensa de decisiones que afectan directamente a los responsables de los atentados que sufrieron. Resulta particularmente llamativo que esta decisión coincidiera con el reciente cambio en la presidencia de la AVT en el pasado mes de mayo y con el endurecimiento de las críticas y acciones de protesta que la asociación viene manteniendo frente a la política carcelaria del Gobierno Vasco».

«Consideran inaceptable que se dificulte la labor de acompañamiento e información que la AVT presta a las víctimas precisamente cuando más la necesitan, tras decisiones como estas, que vuelven a generarles dolor y un evidente sentimiento de revictimización. Esto confirma que el Gobierno Vasco está más preocupado por los presos de ETA que por las víctimas del terrorismo, situando a los terroristas en el centro de sus políticas y anteponiéndolos a quienes sufrieron sus crímenes. Con decisiones como esta demuestran que les importa poco impulsar un régimen sancionador que evite la humillación a las víctimas del terrorismo, cuando son ellos los primeros que nos humillan», añade la AVT.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

Aunque el porcentaje de emigrantes respecto a la población mundial es muy inferior al que cabe suponer por el impacto que está produciendo en todos los ámbitos ( económico, social y político ), su número no deja de crecer y seguirá aumentando debido al desigual desarrollo de los países, la tendencia universal a la movilidad social y la facilidad en el transporte y las comunicaciones que son constantes de la sociedad global.

Por todo ello, los emigrantes eligen destino de su aventura en los países donde esperan encontrar mejores oportunidades. España, por un conjunto de diversas razones, es de los que ha tenido una mayor afluencia de inmigrantes en las últimas décadas. De no haber tenido lugar esta llegada de millones de extranjeros, nuestro país estaría hoy sufriendo una notable pérdida de habitantes al carecer de una política de protección de la natalidad y potenciarse el aborto aún en menores que habitan y dependen de sus padres.

Sucede que el recibimiento en Europa de personas procedentes de otros lugares, cercanos o lejanos, no siempre ha sido pacífico. El temor al extraño, las diferencias de culturas y estilos de vida y la sensación de riesgo para el bienestar propio por no hablar de la posible amenaza a la seguridad pública, han sido con frecuencia origen de tensiones y conflictos. Muchos europeos han sentido su estabilidad y su confort perturbados por la presencia inquietante de los recién llegados del mundo subdesarrollado.

De ese estado de ánimo han surgido movimientos políticos que han hecho bandera del rechazo a la inmigración. La sociedad europea está dividida al respecto pero lo cierto es que las actitudes contrarias y el apoyo electoral a los partidos populistas de la derecha conservadora han ido progresando hasta el punto de que son mayoritarios en algunos países y los gobiernos, del signo que sean, se ven obligados a definir una política inmigratoria en medio del desacuerdo de los ciudadanos.

Es lo que está ocurriendo en España con algún retraso. Y como es habitual entre nosotros, estamos abordando el problema con un planteamiento inicial desenfocado y un enredo adicional de segundas intenciones. España ha sido un país de emigración y ahora lo es, sobre todo, de inmigración. Los barómetros del denostado Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ) constatan que los inmigrantes, procedentes la mayoría de Hispanoamérica, norte de África y Europa del este, están cada vez más presentes en nuestra sociedad y que el porcentaje de españoles que consideran esto como uno de los principales problemas del país va en aumento. Así las cosas, teniendo en cuenta la experiencia europea y el potencial polarizador que manifiesta este asunto, se hace necesaria una actualización de la entrada, la estancia y en su caso la integración de los inmigrantes.

Pero hemos empezado mal la tarea. Dado el carácter tan polémico de la cuestión, antes de redactar normas y tomar decisiones es conveniente un debate público bien informado que no se ha querido tener. Ni siquiera ha habido el propósito de abrirlo. Por el contrario, lo que se ha hecho -intencionadamente- fue introducir el problema de lleno en la pelea política. El Gobierno sanchista, vencido en esta ocasión hacia el costado extremo izquierdo, proclama una retórica de puertas abiertas sin calibrar la suficiencia de los recursos disponibles y las consecuencias previsibles.

En el lado opuesto, la derecha radical, alineada en perfecta sintonía con el populismo europeo, eleva el tono en la cuestión inmigratoria y pone como condición para firmar pactos la adopción de medidas muy restrictivas, en particular contra la inmigración ilegal, sin disimular de paso su rechazo selectivo a la entrada masiva de inmigrantes musulmanes

El Partido Popular ( PP ) ha acercado su postura a la de Vox, y en Extremadura, Aragón, Castilla y Leóny Andalucía se ha comprometido a aplicar una política sobre todo disciplinaria y de control con los inmigrantes indocumentados. ¿Es esta la política inmigratoria que propone el PP o el peaje que debe pagar para gobernar? Lo que es seguro es que los pactos autonómicos en esta materia servirán de munición en la campaña de las próximas elecciones generales, lo mismo, en sentido contrario, que la política del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Mientras el problema que suscita la inmigración no será tratado en unos términos consensuados, ni equilibrados.

Es un fenómeno de mayor o menor magnitud según la coyuntura, relevante e irreversible. La inmigración no cesará y la integración no siempre será natural y espontánea. Requerirá contención de las emociones, una política bien pensada, cuidadosa, si es posible acordada, que no debiera diseñarse por imposición de un gobierno o partido sin conocer las actitudes y la opinión de los ciudadanos. España carece de tal política. Pero la necesita si queremos reducir el problema y favorecer la convivencia.

El pasado 16 de abril dio comienzo el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que, de forma unilateral y sin consultas con la oposición, puso en marcha el Gobierno de coalición sanchista y que terminó el 30 de junio. Pese a que los criterios para acceder a esa legalización eran haber residido en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar al menos cinco meses de estancia continuada, la falta de concreción ante determinados trámites, la documentación que se debía de aportar y la escasez de funcionarios para asumir la avalancha de solicitudes ha ocasionado numerosas imágenes de larguísimas colas de personas esperando a la intemperie, días incluso, el acceso a una cita para formalizar los procedimientos.

Las críticas ante este caos generado por este Gobierno escorado a la extrema izquierda, no han venido solo del lado de los partidos contrarios, llegaban también desde los sectores implicados, unos por la falta de formación de los funcionarios receptores ya que se ha habilitado a Organizaciones No Gubernamentales ( ONG ) para dichos procedimientos o incluso desde los sindicatos de la Policía que alertaban de la falta de rigor e imposibilidad de verificación de la documentación que se debía de aportar.

Pero, ¿ cómo ha llegado España a este proceso de regularización ? ¿ Estaba el país preparado para asumir una cantidad de legalizaciones que ni el propio Gobierno quería concretar -aunque lo sabía- para no alarmar a la población ?. La situación humanitaria en España empieza a ser inquietante: 10.004.581 personas que residen en España no han nacido en nuestro país. Frente a 39.566.144 nacionales. Es decir, que el 20,2% de los habitantes ha nacido fuera de España. Uno de cada cinco. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 31 de diciembre de 2025. Los especialistas en inmigración estiman que una sociedad que tenga más del 10% de su población de origen extranjero empieza a estar tensionada.

Recientemente, conocíamos el Balance del Mercado Laboral de 2025, del sindicato Unión Sindical Obrera ( USO ), en el que demostraba que el paro en España alcanzaba el 15,5%, sumando 3.854.911 personas. Las cifras de la Seguridad Social en el primer trimestre de 2026, indicaban que el número de extranjeros de alta en el sistema era de 3.210.000. Este dato ya denunciaba la falta de control inmigratorio y demostraba que están llenando España de personas que no son necesarias para nuestra economía además con perfiles mayoritarios de escasa o nula cualificación.

Por lo que generalmente son una carga económica para la nación (sanidad, educación, servicios sociales, subsidios, ayudas, etc, y ya empiezan a pesar entre los pensionistas), así como el principal agente presionador de precios de la vivienda y, según fuentes policiales, superan en cuatro veces la media española en cuanto a delincuencia. Mientras Europa se blinda e incluso aprueba el reenvío de inmigrantes a terceros países, en España sucede todo lo contrario y vota en contra de esa resolución.

Nuestro país, pese a carecer de una política inmigratoria clara, tiene la gran fortuna de que el 75% de la inmigración recibida es afín a nuestra cultura: el 48% procede de Hispanoamérica y el 27% de Europa, lo que modula el rechazo que hay al inmigrante en otros países de nuestro entorno en donde su origen mayoritario es africano, tanto magrebí como subsahariano como ocurre en Francia o Italia, por ejemplo. En España, la inmigración procedente del continente africano es moderada, solo del 17% del total. Pero las altas tasas de paro de magrebíes y subsaharianos que alcanzan el 25%, así como de la segunda generación de inmigrantes, con un 17%, representan un fracaso en la integración y conllevan un riesgo para la cohesión social y un coste impagable para el estado de bienestar.

Además, las cotizaciones de los trabajadores extranjeros están muy por debajo de las de los nacionales españoles. La media de un español es de 2.275 euros. Le sigue la de los inmigrantes europeos con 1.850 euros. Mientras que la cotización media de los hispanoamericanos es de 1.585 euros. La de procedentes de África es de 1.554 euros y la de asiáticos de 1.499 euros. Ya está pasando que la Seguridad Social no puede atender el pago de todas las pensiones con unos ingresos tan bajos por lo que se está viendo obligada a recurrir a la ingeniería financiera para no recortar las retribuciones a los jubilados, empezando por los españoles nacionales..

La inmigración regulada no solo protege de abusos al inmigrante sino que beneficia a la nación al importar mano de obra cualificada para determinados sectores económicos que no cubren sus demandas con la población laboral nacional. Pero ese no es el criterio del actual Gobierno populista de Pedro Sánchez ya que este acoge a todos los que lleguen, con independencia de su preparación y el consiguiente problema económico y social que genera.

El Ministerio del Interior, al mando de Fernando Grande-Marlasca, ha decretado como «secreta o reservada» toda la información sobre la regularización masiva que reclamó el Partido Popular en el Congreso. Así consta en una respuesta remitida al citado grupo parlamentario que previamente había registrado varias peticiones para acceder a los informes técnicos.

«Por lo que se refiere al ámbito de competencias del Ministerio del Interior, se informa de que lo solicitado se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales, en concreto, por la Ley 9/1968, de 5 de abril, y los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, y de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, por los que se clasificaban determinados asuntos y materias con arreglo a la citada Ley.»

De este modo y mediante estos Acuerdos, se otorgaron con carácter genérico, la clasificación de SECRETO O RESERVADO: «según corresponda, todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdoso convenios. Entre ellos, una copia de los informes, notas técnicas, evaluaciones de riesgo o documentos internos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Unidades Policiales de ella dependientes, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales ( UCRIF ) o el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ( CENIF ) sobre la regularización masiva» y sobre los que el Gobierno se niega a facilitar los datos requeridos.

Ana Vázquez, diputada y portavoz de Interior del PP, ha sacado a la luz la resolución en la red social X (antiguo Twitter) y ha arremetido duramente contra el Gobierno de Sánchez. «Interior no envió ningún informe al Ministerio de Inclusión. Nos ocultan el número, los antecedentes penales y policiales hasta dentro de 35 años. Son una mafia!!», ha advertido. El Gobierno sanchista no sólo se escuda en el secreto oficial, sino que asegura que «no le consta la existencia de dichos informes» solicitados .

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacionl.

Aunque no soy muy aficionado al fútbol, he visto todos los partidos que ha jugado la la selección nacional en el reciente Campeonato Mundial del que ha resultado ganadora. Como consecuencia de ello, aún estoy medio loco con la verticalidad de Dani Olmo; con la capacidad de Rodri para tomar siempre la decisión correcta y con la implicación defensiva de Cucurella. Qué decir de la eficacia de Merino o de Ferrán. He vivido estas semanas pensando de forma obsesiva en el Mundial y cuando me iba feliz a la cama por los resultados tan buenos conseguidos, mientras esperaba el sueño reparador, recordaba los partidos de mi niñez que jugábamos en la calles de mi pueblo, como hacían los chavales de toda la España de los años sesenta. Entre los jugadores destacaban, «el fideo» por su delgadez; «el culebras«siempre tan escurridizo;»el arrugao» por la chepa que le cubría media espalda; «el ojotraca» porque no paraba de llorarle un ojo; «el patachula» por su cojera permanente; «el largo» que nos doblaba en altura… Como España ha ganado el Mundial recordaremos para siempre a los Porro, Cubarsí, Laporte o Lamine Yamal. Y no se puede evitar la comparación con el equipazo que nos gobierna políticamente. Por eso, el 11 de P.S. tampoco podremos olvidarlo jamás. Porque si la selección de fútbol tiene a Luis de la Fuente de entrenador, el «jefe», el «número 1» de España no juega al fútbol pero también dispone de su propio 11. Y no me refiero a Ábalos o Koldo, ya condenados y fuera de la circulación a la espera de nuevos juicios. No, no. Me quedo únicamente con su equipo de este último Gobierno: el 11 titular de los serviles del Palacio de la Moncloa que podría ser así.. . 1.- Portero – Patxi López – La última muralla de un castillo de naipes que se desmorona sin remedio. Achicando balones en el Congreso como puede mientras le meten un gol tras otro. Estas semanas, sin ir más lejos, al Gobierno le han tumbado la senda de déficit y ya le han puesto la proa a los Presupuestos Generales del Estado anunciando un probable escenario de adelanto electoral (¿a noviembre?). 2.- Lateral izquierdo – Soledad Fernández, exdirectora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) –Reciéntemente dimitida de su cargo, se presentó veloz como buen lateral en la Comisión de Investigación del Senado sobre los desmanes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI ). Y nos dejó a todos boquiabiertos con sus habilidades. Primero, porque tuvo el coraje de reconocer sus propios errores al no cazar a ‘Julito’, el socio -o más bien empleado- de José Luis Rodriguez Zapatero que se pegó cuatro años sin declarar a Hacienda pese a que cobraba más de 50.218 euros como Consejero y Administrador del conglomerado empresarial; se le retenían 12.554 euros y pagaba 60.000 euros por un piso en la calle de Diego de León en el Distrito de Salamanca, un de los mejores barrios del centro de Madrid. Y después por su «regate de cintura»alegando secreto profesional sobre la investigación abierta a Zapatero y familia y después sobre sus reuniones con María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y su jefa, con la que sólo se reunió una vez «para hablar de personal». 4.- Central izquierdo – Santos Cerdán – Si bien es cierto que todos esperábamos mucho del informe patrimonial de la UCO sobre el segundo secretario de Organización del PSOE empapelado, la realidad tampoco ha decepcionado. El de Milagro ( pueblo navarro de origen ) se ha hecho fuerte en el centro de la zaga con un beneficio de 323.000€ después de tener «plena disposición» sobre el dinero de Servinabar ( pequeña empresa navarra ) durante nueve años. Más allá de los beneficios en coches, casas y demás. Y de la tarjeta de la Paqui, su esposa, que no salía de El Corte Inglés y los vendedores la adoraban y ahora tanto añoran. 6.- Central derecho – José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores –Con Embajadas que tramitan peticiones de nacionalidad española de bisnietos de supuestos y muy prolíficos exiliados republicanos de la Guerra Civil; con Consulados que tramitan solicitudes de tataranietos y mientras la Junta Electoral Central, a través de un voto particular de cuatro de sus miembros, diciendo que tenemos «la obligación de impedir que se amplíe el censo ‘contra legem‘»( contra la ley ). También el Tribunal Supremo se pronunciará sobre este asunto que huele muy mal. Claro, con estos mimbres, a ver quien es el simpático que se fía de la legalización de extranjeros, de la ley de nietos o de que desde el pasado día 8 de julio aquellos que llegan a nado a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos en caliente y van directos al colapsado ( Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ( CETI ) en busca de refugio y donde se le debería de incoar el corrrespondiente expediente de devolución y que sea lo que Dios -o Alá- quiera. 3.- Lateral derecho – Ana María Fuentes, gerente del PSOE – Pedro el Guapo se ha cansado de presumir de la triple auditoría a la que se someten las cuentas del PSOE desde que él está a los mandos de la nave. Curiosamente, con él ha habido pagos en efectivo que la UCO cree que Cerdán utilizaba para blanquear el dinero de las mordidas de Servinabar, pagos sospechosos en sobres a Koldo y a Ábalos y ahora resulta que con su gerente imputada, el partido presenta unas cuentas ¡sin informe de auditoría! 5.- Mediocentro defensivo – Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno – El concepto de persecución judicial de los políticos, (‘lawfare’) se queda corto a modo de excusa. Se trata de un crimen de lesa humanidad como muy poco. Y no me refiero a la presión a veces absurda del juez Peinado. No, me refiero a que la Audiencia Provincial, es decir una instancia superior al instructor, ha decidido mandar a la mujer del Presidente a un juicio con jurado por dos delitos. Y claro, el Gobierno, el PSOE y los socios comunistas han estallado. ¡¿Pero esto qué es?!, que diría el bueno de Matías Prats. ¡¡¡Los de la Audiencia también son jueces de derechas, fachas con toga!!! Es que no se libra ni uno, que barbaridad… 8.- Mediocentro ofensivo – David Sánchez , hermano del Presidente del Gobierno- Y si con Begoña defendemos con el músico atacamos. Le han caído 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y a su colega Miguel Ángel Gallardo, ex-secretario general de los socialistas extremeños, otros 18 años por el mismo delito pero desde el Palacio de la Moncloa y la sede socialista de Ferraz no cejan en su empeño: «Es inocente», proclaman. Recurrirán y ya veremos qué pasa pero por primera vez en la Unión Europea, un familiar directo de un Presidente del Gobierno ha sido condenado…Y no ha pasado nada. 10.- Volante -Carlos Puigdemont, ex-Presidente de Cataluña – El que evita que todo se desmorone, el que anima, el que aún ve opciones de victoria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) le ha dado un empujoncito a sus intereses/necesidades avalando la amnistía en los términos de las dos cuestiones prejudiciales que se le presentaron pero ninguna de ellas incluía el delito de malversación y la orden de detención contra el ex-presidente huido sigue vigente. Es decir, que estamos donde estábamos hasta que el Tribunal Supremo español cambie su interpretación Y ya están el Gobierno, el PSOE, los indepes, los socios y todo el mundo de la izquierda radical presionando para que así sea. 7.- Extremo derecho – Manuel Llamas, teniente general y Director Adjunto Operativo ( DAO ) de la Guardia Civil .Siempre que los zurdos piensan en la Benemérita institución la fantasean como fachas, con bigote, gafas de sol y tricornio que para eso es extremo derecho en el equipo de todos. Y sin embargo, resulta que el DAO benemérito se ha presentado primero ante el juez y después en la Comisión del Senado para decir que los de su Unidad Central Operativa ( UCO ) tienen afán de protagonismo y que no deberían ser tan proactivos en sus investigaciones. Ahí, directo como un puñal pegadito a la banda. 11.- Extremo izquierdo – Mercedes González, directora de la Guardia Civil – Pata negra del socialismo madrileño y amiga del Presidente del Gobierno desde que ambos eran desconocidos concejales en el Ayuntamiento de Madrid y hacían el meritaje para el futuro.. .En la otra línea del campo, ataque en diagonal a la frontal negándolo todo. Sólo me reuní un par de veces, no más de lo que dura un café, cuando me habló de este o aquel le dije que parase, si hubiera sabido que venía de parte de Cerdán no me habría reunido con ella… En resumen, Mercedes González se considera a sí misma «otra víctima de Cerdán». Eso sí, que Leire le dijese en una reunión que la UCO estaba filtrando información de los mensajes entre Ábalos y Sánchez (¡Oh, sorpresa! No fue la UCO quien los filtró) ella no lo interpretó como un ataque a la Unidad policial. Y sí, al día siguiente el DAO abrió expediente a los agentes vinculados al caso. Aunque eso fue pura casualidad. 9.- Delantero centro – Óscar Puente, Ministro de Transportes. Y la estrella del equipo. El que más brilla. Le gustan los focos, llamar la atención, que se fijen en él como los bufones de la edad media Y, sobre todo, sabe cómo hacerlo. El ex-alcalde de Valladolid es una fiera, una máquina en lo suyo. No da puntada sin hilo. Que hay que llamar facha a Feijóo el día que tuvimos 12 muertos encima de la mesa por el incendio de Almería, a por ello. Que hay que forzar la vuelta de Puigdemont y convertirse en grupi indepe por la gloria de Guápez, pues ahí me voy a Radio Nacional que me ponen la alfombra roja para que diga todas las barbaridades que quiera. En fin, un equipo sólido, sin fisuras. Y eso que no hemos hablado del banquillo, ni de los que se han quedado fuera de la convocatoria pero irán entrando en las siguientes. Menudo equipazo se ha montado Pedro Sánchez, basta con ver los resultados…

AUTOR: JUAN FRANCISCO ALCARAZ DIAZ, COMISARIO PRINCIPAL ( JUBILADO ) DE LA POLICÍA NACIONAL.

El repudio de la instituciones vascas a la Selección dura más de medio siglo. Hay que remontarse a 1967 para tener referencia de un encuentro del combinado nacional en aquelllas provincias y desde entonces el agravio ha sido constante. El último, se materializó el pasado mes de mayo por boca de la vicepresidente de la Comunidad y Consejera de Cultura y Política Lingüista, la nacionalista Ibone Bengoetxea que aseguraba que el Gobierno Vasco no iba a impulsar políticamente la celebración de ningún partido de la selección española porque, ni es su competencia, «ni responde a una demanda mayoritaria de la población vasca».

Esta política independentista respondía así en el Parlamento Vasco a una pregunta de Vox sobre si había medidas para proponer la celebración en el territorio de la Comunidad de un partido de la selección española de fútbol. Bengoetxea ha recordado que es a la Real Federación Española de Fútbol a la que le corresponde la actividad de la selección, «y este Gobierno no tutela a la federación, ni a la de fútbol ni a de cualquier deporte».

«¿Dónde está el clamor por que la selección española juegue en un estadio vasco? Otra cosa es que sean capaces de disfrutar viendo a esa Selección», ha opinado la lugarteniente del Gobierno regional que también ha subrayado que lo que sí existe «es una aspiración social respecto al reconocimiento oficial de nuestras selecciones deportivas, y es por ello por lo que trabajamos».Por último, retó a Vox asegurando que, «si tanto quieren que juegue España en el País Vasco, ¿le valdría que impulsáramos un partido de la selección vasca con España como visitante? Ahí nos podríamos encontrar»

La última vez que la selección española jugó en Bilbao fue el 31 de mayo de 1967, frente a Turquía, en un partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa que se iba a celebrar en Italia, al año siguienete, en 1968. La Roja se impuso por 2-0, con goles de los madridistas Grosso y Gento. Aquel fue el último de los seis partidos que España ha disputado en la capital vizcaína y, pese a la victoria, no le sirvió para llegar a la fase final de la Eurocopa, entonces restringida a cuatro equipos.

A lo largo de su historia, el equipo nacional ha jugado en 39 ciudades españolas, siendo Madrid (64) y Sevilla (45) las que han albergado más partidos. Les siguen Valencia (33), Barcelona (18) y Gijón (10). Además de Bilbao, San Sebastián es la única ciudad del territorio vasco que ha albergado un partido de la selección. Fue una vez, en 1923, en un amistoso contra Francia.

A partir de entonces, el veto se ha mantenido a lo largo de los años. Es conocido que la Selección no es bien acogida en amplios sectores institucionales y sociales del País Vasco que están bajo el dominio de nacionalistas y radicales . No en vano, la izquierda separatista vasca se ha encargado de realizar durísimas campañas contra lo que consideraban una herramienta para el adoctrinamiento político con el único fin de “españolizar Euskal Herria» ( la Tierra de los Vascos ).en una expresión de máximo cinismo que pretende ocultar su totalitarismo real.

La última prueba la tuvimos en la brutal respuesta de las juventudes de los radicales independentistas a la posibilidad de que la capital vizcaína fuera la sede de la selección española en la Eurocopa de 2024 e incluso llegaron a inundar el centro de Bilbao con carteles con la imagen del entonces capitán de la selección, Sergio Ramos, pisoteada por el jugador francés, Eric Cantona. Al fondo, también se observaba el escudo de España. Sobre ella, una multitud con banderas vascas y el lema (¡No a esta Eurocopa! Con Euskal Herria no se juega).

Sin embargo, el rechazo oficial hacia ‘la Roja’ no se ha mantenido siempre en esta etapa democrática. En 2009, la iniciativa del Parlamento vasco ( apoyada por PSE, PP y UPyD ) para que por aquella región española volviera a pasar la Vuelta Ciclista y la Selección disputara allí algún partido no se hicieron esperar. Así, otro partido separatista Eusko Alkartasuna (EA), consideró que la propuesta aprobada por el Parlamento vasco en favor del paso de la Vuelta y del regreso de la Selección no contribuiría a “acrecentar el sentimiento español en Euskal Herria”.

Y añadió: “PSE y PP han demostrado una vez más que su primer y gran objetivo de la legislatura es españolizar Euskal Herria. Primero, fue el mapa del tiempo de la televisión regional, ( para que se adaptara a los límites de las Autonomías ) luego el currículum educativo, la participación del Gobierno vasco en la fiesta de la Hispanidad, la celebración del Estatuto… y ahora ha llegado la hora de utilizar el deporte como instrumento para el adoctrinamiento político”.

Durante la final del mundial de Sudáfrica de 2010, que supuso la conquista de la copa del mundo para la selección española, la euforia que llevó a la calle a cientos de miles de personas en Bilbao y las otras capitales vascas también se dejó sentir aunque tampoco los organismos públicos lo promovieron. El Ayuntamiento de la capital vizcaína, como el de San Sebastián, se negó a sacar pantallas a la calle. En Baracaldo ( Vizcaya ), las que se instalaron fueron saboteadas.

En 2017, PNV, EH Bildu y Podemos uníeron sus votos en las Juntas Generales de Vizcaya para impedir que el combinado nacional jugase en el campo de fútbol de Atlético de Bilbao en calidad de anfitrión pero apoyaban su presencia en el césped como equipo foráneo. De hecho, el PNV fue más allá y mostró su respaldo a que la selección sólo pisase el estadio de San Mamés para enfrentarse a la selección vasca en un partido, además, con carácter oficial. Las razones esgrimidas para no acoger a la selección nacional de fútbol iban desde una supuesta colonización española a algunas tan insólitas como la “testosterona” ( hormona sexual masculina ).

Si se celebra, lo único que se va a generar son problemas, es lo que sucede cuando la testosterona campa a sus anchas”, sentenció la representante nacionalista. Por su parte, el representante de EH Bildu, Asier González, no se anduvo por las ramas: “España gana y Euskal Herria como nación pierde”.

El aplazamiento de la Eurocopa en 2.019 por la gripe china en la que Bilbao iba a ser una de las sedes, dio alas a la izquierda violenta para continuar con la campaña que llevase al “borrado” de Bilbao como sede de la Eurocopa.en 2.020. Por ello, EH Bildu y Podemos, solicitaron en una comisión celebrada en el Ayuntamiento de Bilbao retirar la candidatura de la capital vizcaína. ¿La razón?: para Podemos, la testosterona. Aunque resulte sorprendente, los representantes comunistas alegaron que se trataba de “un evento masculinizado” y que el fútbol es un deporte que “discrimina a las mujeres”. A eso habría que llamarle visión de futuro.

La respuesta ahora de la también Consejera de Cultura aleja una vez más el regreso de la selección al País Vasco. Y mientras tanto, el objetivo sigue siendo lograr la oficialidad de la selección regional para lograr el sueño de “jugar contra España”

Esto no ocurre, que se sepa, en ningún otro país del mundo. Desde 1978, con la entrada en vigor de la actual Constitución Española, la tolerancia de los distintos Gobiernos nacionales ante el separatismo, combinada con la impunidad política de los independentistas, ha propiciado que se sientan dueños del espacio público en el País Vasco y también en Cataluña.

El problema es que no llevan bien la creciente oleada de patriotismo popular y les irrita la alegría que provocan los éxitos de la Selección masculina de fútbol. Por eso se han registrado insultos, agresiones, intimidaciones y boicots, estos últimos hasta dentro de los propios Ayuntamientos, ante la iniciativa de instalar pantallas gigantes en las plazas públicas en los partidos que enfrentaban a España en el recién acabado Campeonato del Mundo.

Ahora, en la otra región también independentista, Silvia Orriols, dirigente de Aliança Catalana, está aprovechando el clima de crispación para cargar contra los separatistas ortodoxos que no muestran abierta hostilidad frente al equipo nacional: « A diferencia de Gobiernos de Junts o Esquerra, no he puesto ninguna pantalla en la calle para seguir a la Selección española…», presume.

En Gerona, otro feudo independentista, los grupos antiespañoles propusieron celebrar nuestra segura eliminación juntándose a exhibir banderas separatistas para reclamar la independencia. El éxito de los jugadores de Luis de la Fuente ha impedido que se diese este acontecimiento. Por el contrario, localidades como Sabadell y Mataró, ambas de la provincia de Barcelona, se han volcado con las celebraciones del equipo.

La ciudad con mayor intensidad de choque ha sido Pamplona, caldeada la capital navarra por el ambiente de los Sanfermines. Un grupo de separatistas llevó a la plaza de toros de la ciudad una enorme pancarta con la leyenda «Puta España, puta Selección», causando un fuerte rechazo en la mayoría de asistentes que contestaron cantando «Yo soy español, español, español» y portando banderas rojigualdas al coso en jornadas posteriores. El Partido Popular ( PP ) de Pamplona, denunció públicamente insultos y agresiones hacia jóvenes que portaban banderas de España durante las celebraciones de la semifinal deportiva, exigiendo al consistorio municipal medidas de seguridad estrictas para la gran final del campeonato el pasado domingo en Nueva York.

Joseba Arison, es el actual alcalde de Pamplona. Pertence a Bildu y gobierna con apoyo del PSOE. Prohibió las pantallas gigantes en su municipio, argumentando que así se evitaban incidentes. El regidor de Tudela, Alejandro Toquero, del partido de la derecha Unión del Pueblo Navarro ( UPN ), contestó calificando de «excusa barata» esta censura a una actividad que disfrutan muchos pamplonicas y visitantes. Toquero aseguraba que la Plaza del Castillo de Pamplona contaba con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad y defendía el derecho de los navarros a sentirse orgullosos de su condición de españoles.

También denunciaba que durante años se ha intentado amedrentar a la mayoría patriota. «Los que vivimos aquí, en Navarra, estamos acostumbrados a que sacar la bandera de España esté mal visto y yo creo que ya nos hemos cansado», declaró en el programa «Espejo Público» de Antena 3. La presión popular obligó al alcalde pamplonica a instalar cuatro pantallas para la finalísima contra Argentina. Lo que demuestra que no rendirse, ni dejarse avasallar, es una estrategia que funciona.

Miembros de Ernai, las juventudes de la formación independentista Sortu (integrada en EH Bildu), robaron camisetas de la selección española de fútbol en centros comerciales de Bilbao, Vitoria y Pamplona para impedir su venta y que no se pudieran ver por los pueblos y ciudades vascas. Los asaltantes se grabaron cometiendo las sustracciones disfrazados con barbas postizas y gorros para difundir la acción y no ser identificados que tenía como objetivo reivindicar la oficialidad de la selección vasca. Sus vídeos no consiguieron el efecto multiplicador que perseguían. 

Las camisetas de la Selección, tanto la roja como la blanca, han seguido muy visibles en el País Vasco, a pesar de los riesgos que conllevaba su utilización. En este contexto hay que destacar el coraje de Maider Etxebarría, la alcalde socialista de Vitoria que ofreció una rueda de prensa con la camiseta de la Selección española para dejar claro su posicionamiento, exigiendo respeto a los radicales separatistas..

Muchas veces las agresiones resultan difíciles de probar. Estos días se ha absuelto por falta de pruebas a cinco personas del delito de coacción física y verbal a varios seguidores de la selección que acudieron a un España–Estados Unidos femenino en el estadio de Osasuna en Pamplona. Ocurrió el día 11 de octubre de 2022 y el fiscal ha explicado que les llamaron «fascistas», «vasallos del Estado español», «españoles hijos de puta» y el habitual «puta España, puta Selección».

En ocasiones similares sí hubo condena: en el distrito de San Andreu (Barcelona), tres jóvenes voluntarios –dos chicas y un chico– de la plataforma vecinal «Barcelona con la Selección» fueron insultados, pateados y arrastrados por el suelo en 2016 por grupos separatistas violentos. El motivo del ataque fue que ellos se encontraban en una carpa informativa intentando recabar apoyos para instalar pantallas gigantes en la calle y seguir los partidos de España durante la Eurocopa de 2.024. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a los agresores a nueve meses de prisión y hasta 1.620 euros de multa.

Durante los días de desarrollo del campeonato mundial, se notó muy tenso al presidente vasco, Imanol Pradales (PNV) en una entrevista con Xavier Fortes para TVE. Se negó a dar cualquier palabra de aliento a la Selección española a pesar de la nutrida representación de jugadores vascos y navarros, con un protagonismo tan destacado como el de Unai Simón, Mikel Oyarzábal, Mikel Merino.y Nico Williams Pradales rehuyó cualquier elogio a quienes anima cuando juegan en el Athletic de Bilbao o la Real Sociedad.

Seguramente se encontraba molesto porque las audiencias televisivas de los partidos en el País Vasco y Cataluña han estado por encima de la media nacional. El partido ante Bélgica, por ejemplo, alcanzó el 72,5 % de cuota de pantalla, superando la media estatal del 67,7 %, lo que confirma el interés de los vascos por la selección. El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, se negó a instalar pantallas en la ciudad alegando que no existía una «necesidad social», ni «demanda generalizada». Todos sabemos que esta postura tiene que ver con el rechazo a destacar que en el País Vasco existe un creciente apoyo –sobre todo, juvenil– a la unidad de España.

Como era previsible hubo altercados en Bilbao que se produjeron antes del partido España-Argentina cuando algunos participantes de la marcha convocada por la tarde por Zazpi Baietz ( plataforma radical ) en apoyo al reconocimiento oficial de la selección vasca de fútbol, irrumpieron por detrás de la pantalla gigante que el PP había colocado en el Parque de Doña Casilda y empezaron a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar objetos como botellas. Arrancaron unos cables y cortaron la emisión del partido, que luego se pudo reanudar, todo ello en medio de una amplia presencia policial por parte de la Policía Autonómica..

En el caso de Navarra, la agresión se perpetró por un grupo de encapuchados contra otro de militares que seguían el partido en la terraza de un bar de la localidad de Berriozar, distante cuatro kilómetros de Pamplona y sede del Regimiento de Infantería, América 66. Algunos encapuchados portaban barras y otros objetos para cometer la agresión y, tras unos segundos en los que atacaron a los aficionados, se retiraron del lugar, dejando varios heridos. La Guardia Civil y la Policía Foral están investigando de forma conjunta los hechos.

Puede parecer anecdótico pero algo cambió -a mejor- en España al conseguir la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y una Liga de Naciones de la UEFA en 2.023 como se ha visto ahora en este Campeonato Mundial de Seleciones Nacionales de Fútbol. de 2.026. Desde entonces, la mayoría de los niños españoles crecieron enfundados en la camiseta del equipo nacional dejando atrás la amargura guerracivilista de muchos de sus mayores, sobre todo, los de la izquierda y los comunistas. Al conseguir de nuevo este campeonato mundial, España ha ganado la batalla cultural iniciada hace década y media. Demos gracias al equipo y celebrémoslo como merece.

La victoria sobre Argentina, agónica en los últimos compases del encuentro, se tradujo en una sacudida general, en un terremoto de sentimientos y alegría desbordados que recorrió España de punta a punta y que fue el espejo donde se reflejó la España real, la de los afectos compartidos, la solidaridad y una hermosa manera de convivir que tiene mucho que ver con el ideal de la vida en paz y libertad de sus ciudadanos.

Pero el pasado domingo por la noche, con el pitido final, sucedió algo que a las viejas generaciones puede parecerles extraordinario pero que no es más que la muestra de una realidad, la de unos jóvenes que se han deshecho de complejos; que se reconocen como miembros de una patria común; que exhiben los símbolos de la Nación desde la euforia y el orgullo del triunfo y que no van contra nadie porque en su concepción de la vida y del mundo nadie es su enemigo.

Esos cientos de miles de jóvenes, muchos casi adolescentes; vestidos con la camiseta de la Selección; envueltos en la bandera nacional y cantando a gritos su satisfacción de sentirse españoles; españoles, además, que estaban viviendo apasionadamente el que, posiblemente, sea el triunfo deportivo mundial más importante, nos habla de una sociedad sana y unida, muy diferente de ese espectro roto y enfrentado que agitan algunos políticos gubernamentales sectarios desde un populismo pedestre.

Esa España de la división existe, pero no representa más que a unas minorías resentidas, incapaces de entender que el triunfo del combinado nacional se ha debido, precisamente, a las características de un equipo cuya potencia arrolladora es el resultado de su propia diversidad, de ese concepto del compañerismo y el sacrificio por una causa común que siempre ha hecho grande a la sociedad española.

Porque quienes estos días se han lanzado a las calles y plazas con el grito de ¡España, España! no lo han hecho contra nada, ni contra nadie, lo han hecho porque, consciente o inconscientemente, sienten que hay algo por encima de todos nosotros que nos une y que es la pertenencia a un pueblo, a una sociedad, en suma, a una Nación, que, como tal, acababa de conseguir algo extraordinario y muy difícil pero que nos situaba por un breve tiempo en el centro del mundo.

De ahí que resulten extrañas, casi irreales, obscenas esas imágenes procedentes del País Vasco y Navarra de gentes encapuchadas, violentas, llenas de odio, incapaces no solo de mostrar la menor empatía con quienes estaban viviendo momentos de euforia, de ilusión colectiva; gentes que en muchos casos eran sus propios vecinos, compañeros de trabajo o de estudios pero a quienes no consideraban que fueran acreedores del menor respeto.

Hay, ciertamente, un problema de violencia e intolerancia en esos lugares de España donde operó con fuerza el crimen, la extorsión política y la ideología excluyente del nacionalismo pero que es preciso relativizar y situar en su propio contexto, el de unas minorías autoexcluidas del concierto social, automarginadas en el seno del pueblo español, sin más referencias que su mundo pequeño y artificial que no pueden soportar la alegría de una Nación unida por un éxito común. Esa España sin complejos que tomó las calles y plazas de sus pueblos y ciudades para celebrar un hecho extraordinario: coronarse Campeona del Mundo de Selecciones de Fútbol masculino.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Díaz, Comisario Principal ( Jubilado ) del Cuerpo Nacional de Policía.

«Hemos venido aquí porque estamos desolados y nos sentimos airados«, arrancaba el discurso que la destacada periodista Victoria Prego, leyó el 14 de julio de 1997 como colofón de una manifestación masiva e inédita hasta la fecha en España, cuando una riada humana de más de un millón y medio de personas se lanzó a las calles de Madrid capital – y de otras ciudades- para clamar su rabia y su dolor por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Un padecimiento colectivo, supurante, que era por el joven concejal del PP de Ermúa ( Vizcaya ) recién matado cobarde y miserablemente por la espalda, de dos tiros en la nuca en mitad de un bosque, cumpliendo así el método habitual de ejecución terrorista pero también por las 815 víctimas que vinieron antes de él, como bien recordaba la periodista en su alocución, y las 41 que, sin saberlo aunque intuyéndolo, todavía estaban por llegar antes de la disolución definitiva de la banda terrorista vasca ETA.

«Sin embargo, a pesar del estupor, de la ira y de la pena, creo que todos nosotros, los madrileños que estamos juntos y unidos ahora mismo en la Puerta del Sol y el resto de los españoles […], a pesar de esa angustia y de esa certeza intolerable de que unos pocos han pretendido humillar y someter a todo un pueblo, creo que percibimos también que éste puede ser un día enorme, un gran día para la historia de España«, continuaba la disertación de Prego, titulada con un grito de rabia, una declaración de intenciones y un llamamiento: ‘¡A por ellos!‘.

Y, sin duda, lo fue. Los madrileños, como el resto de españoles, no salieron aquel día solo a manifestarse por esta muerte. Salieron a decir que ya no podían más; que ya estaba bien; que el terror acumulado durante 20 años, la amargura contenida por cada atentado y el pesar por cada víctima que engrosaba la lista tenía que convertirse en una única voz que, por primera vez, dijese con firmeza, sin miedo y sin vuelta atrás: » Basta ya»

El pasado lunes, 13 dejulio, se cumplieron 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, edil del Partido Popular ( PP ) en Ermua, un pequeño municipio de Vizcaya en la comunidad autónoma vasca.. Tenía entonces los mismos años que han pasado desde aquella fatídica fecha.. Era diplomado en Ciencias Empresariales ( su equivalente actual más directo sería el grado en Dirección y Administración de Empresas, ADE ), trabajaba en una asesoría de la próxima a su domicilio localidad de Eibar ( Guipúzcoa ) y llevaba apenas dos años como concejal en su pueblo. Hasta aquel jueves 10 de julio de 1997, su nombre era el de un joven edil de un pequeño municipio vizcaíno marcado, como tantos otros, por la presión del terrorismo separatista. En solo 48 horas, la organización criminal ETA convirtió su rostro en el símbolo de una España que se negó a volver mirar hacia otro lado.

El secuestro se produjo el 10 de julio, cuando Miguel Ángel Blanco no llegó a su lugar de trabajo. Poco después, una llamada en nombre de ETA comunicó el ultimátum: si el Gobierno no anunciaba en 48 horas el acercamiento de todos los presos de la banda al País Vasco, sería asesinado. La amenaza vencía el sábado 12 de julio a las cuatro de la tarde. Eran los días posteriores a la liberación de José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que había pasado 532 días encerrado en una celda subterránea construida bajo el suelo de una nave industrial en Mondragón ( Guipúzcoa ). España conocía ya hasta dónde podía llegar la crueldad de los bandidos de ETA, pero aquella cuenta atrás introdujo una forma nueva de angustia colectiva: el final de una vida retransmitido minuto a minuto como si fuera un serial de radio..

Durante esas 48 horas, las plazas y calles de toda España empezaron a llenarse de ciudadanos anónimos. En Ermua, en Bilbao, en San Sebastián, en Madrid y en tantas otras ciudades, el pueblo al completo salió primero a pedir su liberación. Había pancartas, manos blancas, lazos azules, silencios espesos y consignas emocionadas. “Miguel Ángel no está solo”, se oyó en la Puerta del Sol. Pero los criminales no escucharon y la banda mafiosa cumplió su amenaza. El sábado por la tarde, Miguel Ángel Blanco apareció en una pista forestal próxima a Lasarte ( Guipúzcoa ) con dos disparos en la cabeza del calibre 22 pero seguía con vida. Fue trasladado al hospital Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, donde falleció de madrugada, varias horas después, el domingo 13 de julio.

La noticia, lejos de apagar los ánimos, los prendió para siempre. Madrid, que durante dos días había seguido el secuestro con una mezcla de esperanza y desasosiego, se convirtió el lunes 14 en una ciudad tomada por la indignación popular Más de un millón y medio de personas ocuparon el Paseo de la Castellana, la calle Alcalá y la Puerta del Sol en la que fue descrita entonces como la mayor manifestación de la democracia. La marcha, convocada para las ocho de la tarde, quedó desbordada desde el inicio. No hubo una cabecera oficial reconocible porque la población ocupó el espacio antes que las instituciones. Desde la plaza de Colón hasta la de Sol, las arterias del centro de la capital se llenaron de madrileños que avanzaban lentamente, algunos durante horas, entre aplausos, silencios y gritos contra los asesinos de ETA.

Aquella imagen reunió a dirigentes de todos los partidos políticos democráticos, representantes sindicales, responsables autonómicos y hasta antiguos Presidentes del Gobierno. Pero el protagonismo no fue suyo. La fuerza de aquella tarde estuvo en la multitud ciudadana: familias enteras, trabajadores, empleados recién salidos de las oficinas, jóvenes, mayores, vecinos que no necesitaban conocerse para compartir una misma certeza:  la organización terrorista vasca ETA debía desaparecer de una vez por todas.

La muerte de Miguel Ángel Blanco no fue el primer crimen del grupo de bárbaros vascos de ETA ni, desgraciadamente, sería el último. La banda terrorista había dejado ya una larga lista de víctimas y seguiría matando después. Pero aquellos días marcaron un punto de inflexión porque rompieron algo que hasta entonces pesaba en demasiadas calles: el silencio impuesto por el terror asesino. De esa reacción nació lo que se llamó el “Espíritu de Ermua”, una expresión que resumía la rebelión democrática de la sociedad española contra la barbarie de ETA y contra el entorno que justificaba, amparaba o relativizaba su violencia exterminadora.

Ahora, veintinueve años después y con la banda organizada convertida en pasado, Madrid y muchas ciudades más siguen recordando. La capital de España, golpeada durante décadas por la crueldad terrorista, guarda en sus calles la memoria viva de la lucha contra la atrocidad y la sinrazón. Madrid salió entonces en masa con la esperanza de que podía salvar a Miguel Ángel Blanco, además de entender que seguir callando habría sido otra forma de derrota. Y, aquel día, Madrid y España entera explotó, de ira, de dolor y de rabia..

Ese espíritu se volvió a reivindicar, esta semana, en los jardines de Miguel Ángel Blanco, en el distrito madrileño de Chamartín. Bajo el lema ‘Tu legado nos compromete’, representantes del PP, familiares de víctimas del terrorismo y ciudadanos en general, se concentraron en un acto dedicado a defender la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo.

Veintinueve años de vida, 29 años de ausencia» empezó resumiendo Marimar la «simetría cruel» de este aniversario, en el que su hermano llevaba el mismo tiempo muerto que el que vivió. «No era un héroe de leyenda. Era simplemente un chico de Ermua», ha recordado sobre aquel joven orgulloso de sus orígenes gallegos y de sentirse vasco y español, que entró en política para mejorar su pueblo y defender la libertad.

Marimar Blanco evocó también las manos blancas levantadas durante las movilizaciones de julio de 1997. Un clamor que no consiguió salvar a su hermano, pero que sí logró preservar «la dignidad de todo un país que se negó a vivir de rodillas». Aquella rebelión cívica, bautizada como espíritu de Ermua, fue la «derrota» de ETA y continúa siendo, 29 años después, «nuestra bandera» subrayó..

«Primero nos arrebataron a los nuestros; ahora nos están arrebatando la justicia«, ha proclamado Marimar Blanco, que ha rechazado que se pida a las víctimas discreción o comprensión ante esos pactos secretos firmados con Bildu por Pedro Sánchez para mantenerse en el poder: «Ni discreción ni comprensión con la injusticia, ni silencio. Jamás, nunca más silencio», lanzó..

Los autores de este execrable crimen fueron los integrantes del denominado Comando Donosti de la organización terrorista : Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Jefe del comando, fue el autor material del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el que apretó el gatillo de la pistola. Cumple condena en la actualidad por este y otros crímenes, como los del concejal del Partido Popular ( PP ) en el Ayuntamiento de San Sebastián ( Donosti, en vasco ) Gregorio Ordóñez y del histórico dirigente del socialismo guipuzcoano, Fernando Múgica, hermano del que fue Ministro de Justicia con Felipe González, Enrique Múgica.

Irantzu Gallastegui Sodupe, alias Amaya. Pareja sentimental de Txapote. Fue quién abordó y secuestró a Miguel Ángel Blanco en la estación de tren de Ermua cuando se dirigía a su trabajo, en Eibar. Vigilaba la zona con el coche del comando y aseguraba así la vía de la huída mientras se ejecutaba a Miguel Ángel. Cumple también condena de prisión junto con su amado. Ambos forman parte de la línea dura de la ya disuelta banda mafiosa y nunca han mostrado arrepentimiento alguno.

Y José Luis Geresta Mújica, alias Totto. También participó en el asesinato de Fernando Múgica. Se suicidió el 20 de marzo de 1.999, dos años después del crimen de Miguel Ángel, en un descampado de la localidad de Rentería ( Gupúzcoa ), con un disparo en la sien hecho con una pistola de la marca Astra del calibre 6,35. Fue el que sujetaba de rodillas al maniatado asesinado mientras Txapote le descenrrajaba dos tiros en la nuca. Se quitó la vida al comprobar que dos jóvenes policías municiapales que él había captado para ETA, eran colaboradores de la Policía autonómica vasca ( Ertzaintza ). No pudo superar esa metedura de pata que ponía en peligro la seguridad de la banda criminal, y el riesgo de ser acusado de traidor por la organización y por tanto, ejecutado, como le había ocurrido a otros.

ETA, calificó el hecho como asesinato en un nuevo episodio de guerra sucia del Estado español. Como le faltaban dos muelas en la boca, argumentaron que se las habían arrancado para que no se pudiera demostrar la implantación de un chip de localización por parte de la Policía.española en una acción de guerra psicológica con vistas a generar miedo entre los que estuvieran relacionados con el fallecido ( sic ). En su localidad de nacimiento en Cizúrquil ( Guipúzcoa ), la entonces formación política de ETA, Herri Batasuna, abusando de su mayoría decidió poner su nombre a una plaza del pueblo, acción municipal que fue revertida por la autoridad judicial y la propia organizaciónt terrorista denominó como Totto a uno de sus comandos operativos a modo de homenaje.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz. Comisario Principal ( Jubilado ) del Cuerpo Nacional de Policía.

El sindicato mayoritario de la función pública, el CSIF, ( Central Sindical Independiente de Funcionarios ) ha descrito el caos que está suponiendo la tramitación de los documentos requeridos en el proceso de regularización de inmigrantes que resumen en falta de personal, deficiencias y lentitud del programa informático «Mercurio», falta de preparación de muchos de los trabajadores llamados a afrontar unos procedimientos poco claros, contrataciones de interinos por vía de urgencia que no fueron efectivas hasta finales de mayo; colapso de los servicios de la Seguridad Social y absoluta falta de planificación a la hora de establecer las citas.

O dicho de otro modo, sobre los hombros de los trabajadores públicos y sobre la angustia de los inmigrantes recaen las consecuencias de una decisión política tomada desde el cálculo electoral y la prepotencia de sus impulsores que han hecho saltar las costuras de la Administración del Estado ante una carga de la actividad imposible de atender con los medios disponibles. Pero, con todo, lo más grave es que el colapso y la ausencia de unos procedimientos de control dignos de ese nombre, muchos asignados a organizaciones humanitarias y sindicales sin mayores explicaciones y sin la garantía de la intervención de técnicos en la materia, pueden convertir en un coladero el proceso de regularización, acentuando el temido efecto llamada y con el riesgo subsiguiente de que la Unión Europea, que no ve con buenos ojos la decisión española, active medidas fronterizas restrictivas para evitar la dispersión en otros territorios de los «legalizados» por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.

Hablamos, claro, de un proceso que ni sus propios promotores han sido capaces de cuantificar la cifra de potenciales beneficiarios que varían desde los 500.000 a cerca de un millón de extranjeros irregulares que va en la dirección contraria a las directices de la Comisión Europea en materia de inmigración. Una decisión política, además, sostenida en un real decreto por parte de un Gobierno izquierdista en minoría parlamentaria, procedimiento legislativo que esquiva su estudio, discusión y, en su caso, enmienda por parte de los representantes de la soberanía popular pese a su enorme trascendencia para los intereses de los ciudadanos.

No es de recibo que el Gobierno de la Nación actúe por la vía de la improvisación, sin hacer prácticamente caso a los servicios consultivos del Estado, y lo haga, además, desde la negligencia y las prisas. No pensó el legislador que la figura del real decreto se utilizaría sin escrúpulos para eludir la acción parlamentaria en asuntos de tanta importancia social, económica y de seguridad como el que estamos tratando. Pero, tampoco podían esperar los electores que un candidato de la izquierda pudiera hacer exactamente lo contrario de a lo que se había comprometido en las urnas, como es el caso de Pedro Sánchez, y que estuviera dispuesto a mantenerse en el Gobierno toda una legislatura sin poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado como exige la Constitución Española. Anomalías democráticas que deberían examinarse en una hipotética reforma del ordenamiento jurídico vigente y que nada tienen que ver con la bondad o no de una regularización de inmigrantes sino con las garantías legales del procedimiento propias de un Estado de Derecho.

Un total de 900.000 inmigrantes habían presentado ya la solicitud a fecha 15 junio, al proceso extraordinario de legalización que arrancó el pasado 16 de abril y que se cerrará dentro de dos días, el próximo martes día 30 de junio, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que filtraron a la prensa. Además, avanzaron que se habíann emitido 300.000 admisiones al trámite. «La concesión de la comunicación inicial no es automática, sino que se realiza un previo chequeo de la comprobación del cumplimiento de los requisitos esenciales para su concesión», que informaron de las cifras que hasta ahora no se conocían para defender que el procedimiento tiene una serie de requisitos que hay que cumplir y analizar. Pura propaganda.

La estimación inicial del citado Ministerio era que se beneficiaran de esta medida unos 500.000 inmigrantes (aproximadamente 250.000 solicitantes de protección internacional y otros 250.000 extranjeros que se encuentran en la actualidad en situación ilegal). Ocultando que otros tantos se quedarán fuera del sistema a la espera de la siguiente regularización. No obstante, apuntaban a que el número de expedientes a trámitar sería mucho mayor, y aseguraban que estaban preparados para hacerle frente. Decían esto para curarse en salud por lo que pudiera pasar.

En la segunda quincena del pasado mes de mayo, la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, señalaba en el Congreso de los Diputados que el procedimiento de legalización se estaba desarrollando «con normalidad«. «Es verdad que en las primeras semanas hubo una afluencia mucho mayor, era normal, se contaba con ello, pero creemos que tenemos capacidad para responder con los recursos, con la información, con la actualización constante», recalcó sin especificar el volumen de solicitudes ya registradas para no asustar a los señores diputados.

Por otro lado y a nivel internacional, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que hacer frente a las críticas de varios líderes de la Unión Europea por la regularización extraordinaria de inmigrantes en España y su posible impacto en el resto de socios durante una discusión a puerta cerrada, celebrada el pasado 18 de junio en el Consejo Europeo en Bruselas, después de que éste expresara su rechazo a la reforma acordada por el bloque para endurecer la política de asilo y consolidar la externalización de los centros de deportación en terceros países.

Entre tres y cuatro jefes de Estado y de Gobierno europeos tomaron la palabra, según ha trascendido por fuentes oficiales, para responder a Sánchez con reproches por haber puesto en marcha una regularización de ese calado sin haber consultado previamente con el resto de Estados miembros. Entre los críticos, estaban la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el belga Bart de Wever, pero también la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen.

La política sobre regularización es una cuestión de competencia nacional pero en línea con lo expresado en los últimos meses por el Comisario Europeo de Interior, Magnus Brunner, la medida extraordinaria tomada por el Gobierno español preocupa a varios socios en la medida en que pueda tener un impacto por movimientos secundarios de las personas legalizadas hacia otros países de la Unión.

El Presidente del Gobierno, no obstante, defendió entre sus argumentos que una gran parte de las personas que se han acogido a la regularización extraordinaria son de origen hispanoamericano, con arraigo por el idioma, entre otras razones, por lo que no era esperable que buscasen trasladarse a otros países de la Unión.

El Gobierno español ha vuelto a sufrir un nuevo revés judicial en Estados Unidos por el contencioso de las energías renovables. El último varapalo ha llegado por el Tribunal del Distrito Columbia, que ha dictado una nueva resolución ejecutoria del laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ( CIADI ) interpuesto contra España, en relación con los recortes retroactivos a las energías renovables y vinculado de manera específica con el «caso Watkins» ( empresa inversionista ). Este procedimiento se encuentra en fase de ejecución tras la sentencia de septiembre de 2025, que reconoció el laudo internacional y condenó al Gobierno español al pago de 93 millones de euros -los 77 millones de la condena original más los intereses de demora, condenas en costas y otras obligaciones adicionales-, dando la razón a los acreedores.

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, ha intentado suspender la ejecución de la sentencia y anular los requerimientos de información y las notificaciones judiciales remitidas por los acreedores a entidades y organismos que mantienen relaciones económicas con el Estado español. Sin embargo, el tribunal ha concluido que ha transcurrido un plazo razonable desde la condena sin que España haya procedido al pago, ni haya aportado garantías, lo que habilita a los acreedores a iniciar medidas de embargo sobre activos del Estado español en territorio estadounidense. Asimismo, la resolución autoriza a los demandantes a registrar la sentencia en cualquier distrito judicial de Estados Unidos, permitiendo ampliar la ejecución a nivel nacional y facilitando la identificación de activos en múltiples jurisdicciones.

Gracias a esta sentencia, las empresas afectadas anuncian ya que van a activar un procedimiento de rastreo de bienes que afectan a la operativa de la selección española de fútbol en el Mundial de 2026 que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. Las transacciones mantenidas con las compañías patrocinadoras Adidas, Hilton, Baylor School o la FIFA ( Federación Internacional de Fútbol Asociado ) están ahora en el punto de mira de los reclamantes que pueden proceder a solicitar el embargo de dichas operaciones de pago o de cobro, «bloqueando así la capacidad del Estado español de seguir actuando sin consecuencias tras un largo número de incumplimientos e impagos», según fuentes judiciales.

El tribunal respalda expresamente el uso de mecanismos de localización de activos, incluyendo la emisión de notificaciones judiciales a entidades financieras, empresas y terceros con relaciones económicas con España, en línea con el amplio alcance del proceso de descubrimiento de activos e intereses en el derecho procesal estadounidense.

En su resolución, el órgano judicial norteamericano rechaza los argumentos del Gobierno español basados en la supuesta imposibilidad de pago derivada del derecho de la Unión Europea, así como la existencia de recursos pendientes, señalando que «ninguno de estos factores justifica la paralización de la ejecución«. Esta decisión supone un paso determinante en la fase de la materialización internacional de los laudos de las renovables, al permitir a los acreedores avanzar desde la identificación de activos hacia su eventual embargo y realización efectiva para el cobro de las indemnizaciones reconocidas judicialmente.

Además, se deniega a España «la posibilidad de frenar los requerimientos de información y las notificaciones judiciales remitidas a terceros con los que mantiene relaciones económicas». En la misma línea, se autorizan «nuevos procedimientos similares, que están orientados al rastreo de bienes para acometer su embargo y resarcir a los acreedores». Asimismo, el tribunal ha decretado que España seguirá siendo considerado «un país deudor, denegando los alegatos de inmunidad soberana y recalcando que ha pasado tiempo suficiente para cumplir con las obligaciones pendientes de pago». Por último, se extiende el perímetro de estas posibles medidas a todo el territorio de EE UU.

España afronta ya una factura de 2.300 millones de euros derivada del conflicto internacional por los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década. Una deuda millonaria que no deja de crecer por intereses, costas judiciales y nuevas condenas en tribunales extranjeros, y que amenaza con traducirse en embargos de activos públicos en distintos países.

El comienzo del Mundial de Fútbol fue el pasado día 11 de junio. La Selección Española debutó el lunes 15 de junio de 2026, a las 18:30 ( horario español ) en el Estadio de Atlanta ( Estado de Georgia ) ante Cabo Verde con un resultado de empate a cero goles. Los meses previos para un Mundial siempre fueron tensos, especialmente para el seleccionador. Luis de la Fuente que miraba con preocupación la recuperación de piezas clave como Fabián o Merino mientras que esperaba que otros buques insignias como Nico Williams o Lamine Yamal recobraran su mejor nivel.

Estos problemas son habituales en cualquier selección, más todavía con un calendario tan cargado y sin apenas descanso para los jugadores. Tampoco eran novedad los debates deportivos como el de la portería. La irrupción de Joan García ( Barcelona ) y el nivel de David Raya ( Arsenal ) cuestionan la titularidad de Unai Simón ( Bilbao ), que parecía fijo. Todo parece normal para una selección de las grandes favoritas al título pero una sentencia de la justicia de Estados Unidos puede romper por completo los planes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

España, acumula una suma de siete casos judiciales por asuntos relacionados con las energías renovables en los que las empresas demandantes han obtenido resoluciones favorables en Estados Unidos: 9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones), NextEra (290,6 millones). A esto se suma que el Tribunal del Distrito Columbia, que dictó el pasado mes de mayo una nueva resolución ejecutoria del laudo arbitral Ciadi interpuesto contra el país español, que se suma a la sentencia de septiembre de 2025, que reconoció el veredicto internacional y condenó al Gobierno sanchista al pago de 93 millones de euros.

Puede resultar extraño, pero esto afecta directamente a la Selección Española al disputarse el Mundial en Estados Unidos. La sentencia obliga al Gobierno a divulgar información de sus activos, además de calificar a España como «un país deudor». Esto provoca que los acreedores puedan identificar embargables y ejecutar el cobro de las indemnizaciones reconocidas judicialmente, algo que podría darse durante la disputa de la Copa del Mundo.

«Cualquier tipo de operación que realice España en el marco de su participación en el Mundial será seguida y susceptible de posible embargo», han indicado las compañías litigantes. No es un asunto menor: Estamos vigilando al centímetro toda la operativa (en el Mundial) porque son ya siete sentencias pendientes de pago». Un Mundial tiene un gran gasto operativo y estas sentencias pueden afectar directamente a la convivencia.

Las transacciones que más están en el punto de mira y que más preocupan a la Selección son aquellas con las empresas patrocinadoras Adidas, Hilton, Baylor School o la FIFA. Adidas se encarga de todo el equipamiento de La Roja y cualquier embargo podría tener repercusiones deportivas. La FIFA es el organismo deportivo que regula la competición y la que entrega los premios a las selecciones participantes en la gran cita futbolística.

La FIFA entrega 10,5 millones de euros a cada país participante y el campeón se llevará un premio de 50 millones de euros. No es el único premio ya que el subcampeón recibirá 33 millones, el tercero 29 y el cuarto 27. Del quinto al octavo se repartirán 19 millones y del noveno al decimosexto, 15 millones, del 17 al 32, 11 millones y del 33 al 48, nueve millones. Todos estos premios serían susceptibles de embargo si se realizan los pagos sobre suelo estadounidense.

La situación es tan clara como grave: los acreedores pueden proceder a reclamar el embargo de dichas operaciones de pago o de cobro, «bloqueando así la capacidad del Estado español de seguir actuando sin consecuencias tras un largo número de incumplimientos e impagos», indican las instancias judiciales. Permanecer casi un mes de competición en suelo estadounidense, a excepción de los partidos que se disputan en México, España juega allí el último de la fase de grupos, y Canadá sin poder realizar operaciones resulta bastante complicado.

Pese a ello, ni la RFEF ( Federación Española de Fútbol ), ni la FIFA dudan sobre la permanencia de España en el Mundial pese a los problemas judiciales del Gobierno sanchista. Los fondos norteamericanos intentarán bloquear los pagos a la Selección debido a estas sentencias, pero resulta muy improbable que tenga consecuencias directas a nivel deportivo durante el Mundial. España tendrá en Baylor School de Chattanooga ( Estado de Tennessee ) su base para la concentración pese a todos los posibles embargos.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de indicar el coste de una plaza de alojamiento de un inmigrante en los centros de acogida ante los requerimientos del Parlamento Europeo. Así lo recoge el informe final de la misión de la Comisión de Peticiones a Canarias, realizado tras su visita en septiembre de 2025. Aunque la Eurocámara asegura que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicó datos globales de los gastos y la financiación, el representante de Sánchez en la visita ni siquiera explicó el coste individual por inmigrante.

Tal y como señala la documentaciòn, el funcionamiento del centro de acogida «Las Raíces», ubicado en La Laguna (Tenerife), cuesta alrededor de 20 millones de euros anuales, financiados a través de una «compleja concertación basada en acciones y gestionados por la empresa pública Tragsa». No obstante, las renovaciones del albergue se financian a través de fondos europeos con un préstamo de 24 millones de euros.

Pero la Eurocámara advierte de que de los 560 millones de euros que Bruselas otorgó a España el año pasado, Canarias no ha recibido ninguno de esos fondos e incluso, tuvieron que asignar 192 millones de su propio presupuesto regional para gestionar la situación, lo que a su juicio, es una falta de apoyo del Gobierno central.

El objetivo de la misión era «comprender la situación sobre el terreno (Canarias) y encontrar formas de hacer que los sistemas de asilo y emigración de los Estados miembros de la Unión sean justos, eficientes y que, además, estén bien preparados».

Así, la delegación europea constató, en primer plano, cómo funcionaban algunas de estas instalaciones en Canarias, considerada, además como uno de los principales puntos de entrada de la inmigración irregular a la Unión Europea (UE), cuya ruta se ha convertido en «una de las más peligrosas del mundo». De hecho, El Hierro es la isla más alejada del continente africano y en la que se registra el mayor número de llegadas ilegales..

El informe subraya que en Canarias hay 6.500 plazas de alojamiento para inmigrantes (de un total de 54.000 en toda España), sumando las plazas de protección humanitaria e internacional. Y que, en concreto, el centro «Las Raíces» tiene capacidad para 4.032 personas y que ha llegado a estar ocupado en su totalidad.

La instalación funciona como punto de acogida temporal para emigrantes recién llegados antes de su traslado a la península. Ahora bien, aquel inmigrante que se encuentre en una situación humanitaria y no solicite protección internacional debe abandonar el sistema de acogida en el plazo de seis meses.

La falta de transparencia del Gobierno español sobre los costes se produce en un contexto de elevada presión inmigratoria en Canarias en los últimos años. Según la Eurocámara, el archipiélago se enfrenta a un «número desproporcionado de llegadas de inmigrantes irregulares».

De hecho, el 65% de los menores no acompañados que llegan a España/Europa desembarcan en Canarias. Sólo hasta el 31 de agosto del año pasado llegaron a la región 201 embarcaciones. De ellas, 55 procedían de Marruecos, 124 de Mauritania, 12 de Senegal, 3 de Gambia, 1 de Costa de Marfil, 2 de Conakri y otra de Mali. Durante 2.025, llegaron al archipiélago casi 17.000 inmigrantes, un 60% menos que hace un año y de los que se estima que 424 perdieron la vida.

Hasta el 15 del pasado mes de mayo y según un comunicado emitido por el Ministerio del Interior, se registró la llegada a Canarias, en pateras de 3.018 personas durante el tiempo que llevamos de 2.026. Lo que supone una reducción del 72.1% con respecto al mismo período del año anterior y un alivio para las costas del archipiélago de la prisión inmigratoria.

Con todos los datos, la Eurocámara advierte de que la situación sigue siendo “compleja” y exige una respuesta coordinada, no unilateral como ya ejecutó el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de enero con el anuncio de la regularización masiva de extranjeros. que comenzó el pasado mes de abril.

En este sentido, el informe afirma que la inmigración ilegal no puede abordarse como un problema exclusivo de España, sino que constituye un «desafío» para toda la Unión Europea (UE) porque puede «generar tensión y erosionar la cohesión social».por lo que considera que las medidas unilaterales no solo son ineficaces sino que afectan al resto de países de la Unión Europea ( UE )..

El Parlamento Europeo también critica que la regularización masiva actual española es una medida que impulsa un «efecto llamada, fomentado por decisiones políticas que da lugar a inseguridad en las calles».

Así, recuerda, que las políticas de inmigración que cada Estado miembro adopte deben respetar el Pacto sobre Migración y Asilo europeo para no causar efectos «negativos» en todo el espacio Shchengen. «Deben respetar los principios de cooperación leal y confianza mutua», expone a la par que propone establecer un mecanismo de supervisión para evaluar su aplicación.

El informe asegura también que hay que «controlar la afluencia» de llegadas porque no existe «un control claro de la circulación de inmigrantes» y reforzar la protección de las fronteras para «salvar vidas». Según explica, por un lado, no hay estadísticas fiables de cuántas personas llegan a destino y cuántas mueren durante el viaje y, por otro lado, se han intensificado las redes ilícitas de trata de seres humanos..

En este sentido, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) asegura que los controles de seguridad son «fundamentales» y que, aunque la emigración es «importante», es «esencial» intentar desmantelar las organizaciones delictivas que están detrás de la nmigración irregular. La Agencia se ha comprometido, de hecho, a que está «dispuesta» a ampliar su apoyo, si así se solicita, incluso a proporcionar recursos, pero que el Gobierno español no ha solicitado ningún activo adicional, pese a que «Frontex los ha ofrecido».

De la misma manera, la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) asegura que está prestando apoyo a los ministerios que han solicitado ayuda, pero que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando-Grande Marlaska, «no ha solicitado el apoyo de la AAUE».

Entre otros asuntos manifestados por la Eurocámara, el informe explica que es «preocupante» el caso de los menores no acompañados porque resulta «difícil» identificarlos entre las llegadas. Según dice, las evaluaciones iniciales de la policía son, a menudo, inexactas, y esto provoca que a algunos se les asigne erróneamente a centros equivocados antes de que se confirme su edad. De aproximadamente 1.500 menores, cuya edad no estaba clara y que fueron sometidos a procedimientos de evaluación de la edad, alrededor de la mitad de ellos fueron finalmente considerados adultos», apunta.

Por último, concluye que, al margen de reforzar los mecanismos para detectar fraude documental en la edad, sería recomendable elaborar «estadísticas sobre delincuencia en relación con el origen de los sospechosos». Se trata de medidas, explican, para garantizar la seguridad en todo el espacio Schengen.

Hay que reconocerle un mérito indiscutible a la línea editorial de Televisión Española: su incombustible fe en la magia de la física y el ilusionismo verbal. Solo en el asombroso laboratorio de su programación matinal y de tertulias es posible ver cómo un bumerán judicial que impacta de lleno en la línea de flotación del socialismo termina, por arte de guion, descalabrando contra la oposición.

La cobertura del caso de corrupción política en la empresa Plus Ultra en la televisión de todos los españoles es un ejercicio de funambulismo deontológico fascinante. El escándalo mayúsculo empezó desde el minuto uno. Antes de que la Presidencia del Gobierno redactara su argumentario oficial, en La Hora de la 1 y Mañaneros 360 ya se soltaba con soltura la idea de la guerra judicial y la persecución de la ultraderecha.

Los telediarios del fin de semana se convirtieron en una experiencia casi mística. Mientras el resto de cadenas abrían desgranando el demoledor informe de la unidad policial contra la corrupción ( UDEF ), el Telediario 1 despachaba la imputación histórica del expresidente diciendo, muy por encima, que los nuevos datos «no cambiaban la opinión ni del Partido Popular ( PP ), ni del Partido Socialisra Obrero Español ( PSOE ) «.

Para no asustar al espectador, se ocultaron sistemáticamente los delitos reales -Organización Criminal y Falsedad Documental- para dejarlo todo en un descafeinado «tráfico de influencias», escondiendo los mensajes directos de la caja fuerte con joyas de alto valor y mostrando solo la foto de la comida de las ostras, como si aquello fuera un canal de cocina.

Silvia Intxaurrondo sentenciaba con naturalidad que «que haya mucho dinero no tiene por qué ser ilegal» y que el juez, simplemente, «compra y coloca» el informe policial. Claro que sí, un mero corta y pega judicial. Por los pasillos de Televisión Española en Torrespaña se respiraba bochorno y los redactores denunciaban una nueva manipulación, pero en los platós de debate la consigna era blindar el búnker del PSOE.

En Directo al Grano, programa televisivo que se emite en la sobremesa y copresentan Marta Flich y Gonzaló Miró, la presunción de inocencia se convirtió en el leitmotiv nombrándola en catorce ocasiones. Allí, José Luis Rodríguez Zapatero dejó de ser un imputado por la Audiencia Nacional para convertirse, según los tertulianos, en un «faro moral», un «referente político que no se ha hecho multimillonario» y «el presidente del fin de ETA».…

Faltó pedir en directo la beatificaciónde Gertrudis, la secretaria de Zapatero. De la misteriosa empresa de publicidad de sus hijas o de las cuentas comunes con su mujer, ni una palabra. Cero reportajes, cero gráficos explicativos. Para contextualizar ya estaba el telediario de Pepa Bueno, que rauda y veloz rescató el caso Kitchen y la Gürtel ( ambos del PP ) para equilibrar la balanza.

La guinda del pastel del blanqueamiento la puso Malas Lenguas, elevando el «y tú más» a la categoría de alta escuela periodística. ¿Que la UDEF encuentra oro, cuentas en Dubái y una estructura societaria sospechosa? No pasa nada, se debate si estamos ante un sofisticado ejercicio de grupo de presión o consultoría internacional. Y si la cosa se pone fea, se activa el ventilador histórico: se saca a colación al Rey Emérito, los GAL o a Aznar -retorciendo su frase «quien pueda hacer que haga» para sugerir que ordenó fabricar pruebas falsas-.

El Gobierno socialcomunista que disfrutamos crea el relato de la conspiración y TVE le da rienda suelta, desviando astutamente la atención hacia los «poderes adivinatorios» de Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular ( PP ) sugiriendo que si la oposición sabía que lo iban a imputar es porque controlan a los jueces.

Al final, la maquinaria de lavado y centrifugado funciona con tanta precisión que el espectador termina perfectamente reeducado. La culpa de que Zapatero protagonice el mayor escándalo de corrupción de la democracia ya no es de Zapatero.

La culpa de que Pedro Sánchez mantenga su respiración artificial en el Palacio de la Moncloa y le pillen todos los marrones de viaje en el extranjero tampoco es de Sánchez. La culpa de todo este colapso institucional es de Alberto Núñez Feijóo por no presentar una moción de censura. Y tiempo al tiempo, porque al ritmo que avanza la verdad oficial en los pasillos de RTVE, las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero se las dejó allí olvidadas Ayuso.

Hace meses ya que el Consejo de Informativos de Televisión Española abrió una investigación interna para analizar los espacios de actualidad Mañaneros 360 y Malas lenguas, buques insignia de la programación de mañana y tarde, respectivamente. Ambos espacios, de coproducción externa, combinan la presencia de tertulianos en un plató con conexiones en directo en diversos puntos de información.

El órgano de control interno de TVE decidió iniciar las pesquisas sobre ambos formatos “tras recibir más de 100 quejas y actuando también de oficio”. Entre las conclusiones de un informe de 144 páginas difundido, el Consejo de Informativos acusa de “sesgo” tanto a los formatos como a quienes los presentan. Y concluye que “estos programas incumplen, de forma habitual y reiterada, las normas fundamentales para la elaboración de información en RTVE”.

También ocurre con La hora de la 1, programa que presenta Silvia Inchaurrondo que es objeto de numerosas quejas, polémicas y denuncias en el plano político por las acusaciones de parcialidad y cruce de declaraciones con partidos políticos.

A pesar de todos estos apaños denunciados públicamente y recogidos ampliamente por los medios libres e independientes, resulta que sí, que «El Uno» era Pedro Sánchez, según se explica en el auto del juez Santiago Pedraz en el caso Leyre. Lo mismo que «El Zorro» era José Luis Rodríguez Zapatero en el sumario del juez José Luis Calama. Resulta que Santos Cerdán recibía órdenes de «El Uno para crear el comando PSOE para desacreditar y frenar el trabajo de jueces, fiscales y agentes. Resulta que un empresario llamado Julio Martínez era el presunto testaferro del expresidente Zapatero al que recordaremos, inevitablemente, por las joyas imposibles de multimillonario que guardaba en su despacho. Esas piedras preciosas, me temo, le han hundido ya para siempre.

Deseaba nuestro actual presidente del Gobierno pasar a la Historia, y así será. Por muchísimos motivos: por tener de mentor a Zapatero, por tener imputados a sus familiares, porque no parece importarle su partido político, al que ha convertido prácticamente en algo parecido a una secta, en donde las voces disidentes no se permiten y a donde entra la Guardia Civil a registrar. Porque durante muchos años se recordará este aciago periodo suyo, al frente del PSOE, de acumulación de casos de presunta corrupción. Unos y otros procesos le acorralan mientras él, ajeno a todo, se refugia en su agenda internacional y «no le consta» la trama Leyre de fontaneros y cloacas.

Visto lo visto, no solo habría que señalar a Pedro Sánchez. Sería injusto detenernos en él sin tener en cuenta a la ristra de imputados que le rodean, a ese entorno suyo que repite día a día el argumentario de la Presidencia del Gobierno y, a pesar de las evidencias judiciales, denuncia persecución judicial. Deberían reflexionar también todos esos periodistas que, durante años, han estado señalando, displicentes, a ciertos compañeros suyos que sí han investigado y publicado informaciones exclusivas sobre las barbaridades que se urdían en los despachos del partido socialista en su sede nacional de la madrileña calle Ferraz y que años después, sí, se han confirmado.

Hemos perdido ya la cuenta de los escándalos y decepciones políticas en estos ocho años de Gobierno sanchista. Uno puede llegar a comprender ciertos errores de nuestros gobernantes, pero jamás esta montaña de hechos propios de delincuentes. Es muy triste que cada día los españoles tengamos que asistir a esta realidad con impotencia. Gobernantes que resisten sin plantearse dimitir o convocar elecciones anticipadas. Socios de Gobierno que son cómplices, por no apoyar una moción de censura. El poso de este café es la desconfianza total, la desafección absoluta de todo lo que huela a política. De ahí, de ese terreno, nacen iluminados sumamente peligrosos para las democracias.

¿Cuántas balas judiciales tendrá que esquivar en adelante Pedro Sánchez? ¿Hasta qué punto la propaganda, la mentira y los bulos gubernamentales mitigarán tantos escándalos? Este circo, ¿hasta cuándo?

El terremoto judicial que ha desencadenado la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha liberado las válvulas de presión que sostenían las oficinas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, encargada de la investigación.

Desde que en diciembre pasado se realizasen las primeras detenciones del caso, y se conociese que estaba involucrado el empresario Julio Martínez Martínez, amigo íntimo y compañero de caminata del líder socialista, los agentes han tenido que convivir con el rumor incesante de supuestas filtraciones a los investigados o de paralizar las pesquisas sobre el exlíder del Ejecutivo. Los policías encontraron en los registros de finales de 2025 que varios imputados habían eliminado comunicaciones personales y de correo electrónico. Eso impulsó la sospechas de que se había producido un «chivatazo». El runrún llegó hasta la Fiscalía Anticorrupción, que ordenó que todos los avances se transmitiesen directamente al jefe del organismo, Alejandro Luzón. «De aquí no ha salido nada», afirmaba rotundo un mando de la unidad policial.

Ese blindaje del Ministerio Fiscal, unido a los cambios que el jefe de la Unidad, el comisario, hizo en los equipos investigadores, convirtió a la Policía Judicial de la Policía Nacional en un «búnker». Este martes, la cúpula del Ministerio del Interior no se enteró de los registros, ni de la imputación del ídolo socialista hasta poco antes de ponerse en marcha el operativo. Prueba de ello, es que el PSOE utilizó la figura de Zapatero en la campaña de las elecciones andaluzas, lejos de sospechar los indicios que la Audiencia Nacional tenía sobre el líder socialista

La «satisfacción» en la Policía Nacional es «total». El pasado martes, cuando terminaron los registros en el despacho del expresidente, la empresa de sus hijas, Alba y Laura y de otras tres compañías, los mensajes de felicitación corrieron de móvil a móvil. «Ha vuelto la UDEF», comentó un destacado mando de la lucha contra la corrupción. En los últimos dos años, la presencia del cuerpo policial en las investigaciones más sensibles para el Gobierno socialcomunista ha sido «nula». «Todos los focos se los ha llevado la Guardia Civil, los jueces nos tenían defenestrados», comenta otro alto cargo policial.

La Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Benemérita lleva sobre sí el «caso Koldo», el asunto sobre Begoña Gómez o la del hermano del jefe del Palacio de la Moncloa, David Sánchez. Los tradicionales roces internos en Interior para capitanear investigaciones llevó a un periódico digital a publicar de fuentes del Instituto Armado que había una «explosión controlada» en las indagaciones para blindar a Zapatero. «A los hechos nos remitimos», resume otro comisario, dejando claro que no ha habido injerencias políticas en el caso.

El «aislamiento» de la UDEF en los últimos años vino provocado por las actuaciones de algunos mandos de la Policía ya jubilados, como el comisario José Manuel Villarejo, y por el uso «partidista» que se hizo de algunas causas e informes. Por eso, los actuales integrantes de la unidad anticorrupción tenían claro que estaban ante un «voto de confianza» para recuperar la credibilidad de jueces y fiscales. «Objetivo conseguido», resume otro mando consultado sobre el presunto blanqueo en la aerolínea Plus Ultra.

Las pesquisas sobre Zapatero se han llevado con mucha cautela. La Policía tenía «pruebas suficientes» desde, al menos, hacía dos meses, sobre mediados de marzo más o menos, y los informes estaban «casi finiquitados», a la espera de que a final de este mes de mayo se levantase el secreto de sumario. Pero la decisión, el día 23 del pasado mes de marzo del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de adelantar las elecciones autonómicas, trastocaron los planes previstos.

El juez José Luis Calama llevaba instruyendo la causa pocas semanas, y no quería que la imputación del expresidente se pudiese ver como una suerte de interferencia en los comicios andaluces, y una oportunidad para acusar a todos los implicados de una falsa guerra judicial contra los socialistas. Pero el auto del magistrado no deja lugar a dudas, al menos por el momento. Considera a Zapatero el «líder» de una red de tráfico de influencias por las que cobró, presuntamente, comisiones ilegales.

Llegado hasta aquí, no puedo dejar de mencionar en esta ocasión aquella frase de ¿ Qué coño es esto de la UDEF ? que era la respuesta que en el año 2.013 el patriarca catalán Jordi Pujol dijo así ante un informe de esta unidad policial que lo vinculaba con tramas de corrupción que precisamente durante algunas semanas se ha estado juzgando en la Audiencia Nacional y acabó el pasado 14 de mayo, estando ahora pendiente de sentencia.

Yo me encuentro un poco indefenso porque claro todo esto de la UDEF…¿ Y qué coño es esto de la UDEF ?. Es la frase completa que utilizó Jordi Pujol cuando era entrevistado en el conocido programa matinal Espejo Público de la cadena televisiva Antena 3, en medio del lío que desembocó después de que se hiciera público un dictamen de la referida unidad policial en el que se establecía de manera abierta la corrupción política en el seno de la familia Pujol, diciendo que contaban con cuentas bancarias en el extranjero en las que se habrían ocultado una fortuna proveniente de la trama del 3% que era la comisión por obra pública conseguida.

Esta unidad policial nació en el año 2.005 como un organismo para la investigación de los delitos económicos y fiscales. Esto incluye la lucha contra el blanqueo de dinero en un sentido amplio, abarcando desde el beneficio del tráfico de drogas hasta los delitos contra la hacienda pública. Con anterioridad, la UDEF ya se había encargado del caso Malaya ( trama de corrupción política descubierta en el ayuntamiento de Marbella, en 2006 ), la trama Gürtel ( sobornos que afectaban al Gobierno del PP durate los años 2007-2009 ) y los cursos de formación de la Junta de Andalucía en 2.015 ( fraude y malversación de fondos públicos ).

El Documento Nacional de Identididad ( DNI ), en formato digital no podrá utilizarse para votar en las elecciones al Parlamento andaluz que se celebran hoy, domingo, 17 de mayo. Así lo ha confirmado la Junta Electoral Central ( JEC ), que considera que este sistema aún no ofrece las garantías necesarias para verificar de forma segura la identidad de los ciudadanos.

La decisión, formalizada en un acuerdo fechado el pasado 23 de abril, responde a una consulta de la Junta Electoral de Andalucía ( JEA ) sobre las consecuencias de suspender el uso de aplicaciones como ‘MiDGT’ y ‘MiDNI’ en los procesos electorales. Con esta resolución, el organismo electoral zanja el debate: el documento digital queda fuera de estos comicios.

El veto al DNI digital no es una decisión tomada de repente. Con fecha 26 de marzo, la JEC había paralizado la validez de resoluciones anteriores que permitían su uso en elecciones, una posibilidad que se había abierto meses antes, en septiembre de 2.025.

Esta suspensión se produjo tras una propuesta del Partido Popular, ( PP ) que planteó la necesidad de revisar el sistema hasta garantizar plenamente su seguridad. Desde entonces, el uso del DNI digital en procesos electorales quedó en el aire, y ahora se confirma su exclusión definitiva para las elecciones andaluzas.

Detrás de esta decisión hay una cuestión clave, la falta de medios técnicos para comprobar la autenticidad del DNI digital en tiempo real. Según las autoridades, actualmente no existen herramientas suficientemente fiables para verificar los códigos QR dinámicos que genera la aplicación ‘MiDNI’.

Entre los principales problemas destacan:

• La ausencia de dispositivos en las mesas electorales para validar documentos digitales
• La imposibilidad de comprobar los códigos QR de forma segura
• La falta de sistemas oficiales plenamente operativos y accesibles
• El riesgo de fallos en la verificación de identidad

Más allá de los problemas técnicos, también existe un impedimento legal. La normativa vigente es clara: el artículo 85.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que los votantes deben identificarse con documentos físicos que incluyan fotografía, como el DNI o el pasaporte. Esto deja fuera, al menos por ahora, cualquier formato digital, que no cumple con los requisitos exigidos por la legislación electoral.

La Junta de Andalucía ha sido especialmente contundente al advertir de los posibles riesgos que implicaría permitir el uso del DNI digital en estas condiciones, entre ellos:

• Posibles fallos de conexión o falta de cobertura en los colegios electorales
• Dificultades para verificar la identidad de los votantes en tiempo real
• Inseguridad jurídica ante posibles incidencias
• Diferencias de criterio entre mesas electorales

Todo ello podría comprometer la transparencia y la igualdad del proceso, dos pilares básicos en cualquier sistema democrático.

Aunque su uso ha sido descartado en estas elecciones, el DNI digital no queda fuera para siempre. Su implementación en procesos electorales dependerá de que se desarrollen sistemas que permitan una verificación segura, rápida y accesible en todos los colegios electorales. Hasta entonces, los votantes deberán seguir utilizando los métodos físicos de indentificación de toda la vida.

Ahora resulta que la dictadura comunista china está “en el lado correcto de la historia”. Xi Jinping, el Presidente de la República Popular asiática, se ha permitido decir ante Pedro Sánchez que “China y España son países de principios que actúan con rectitud moral, y ambos están dispuestos a situarse del lado correcto de la historia” e invitar al presidente español a “rechazar el retorno del mundo a la ley de la selva” y “defender conjuntamente un verdadero multilateralismo y salvaguardar la paz y el desarrollo en el mundo”. A estas palabras del tirano chino, Sánchez contestó: “Encontremos juntos formas de reforzar el sistema multilateral y el derecho internacional, que se está viendo socavado de manera recurrente y muy peligrosa cuando son más necesarios que nunca”.

En su euforia prodictadura china, el Presidente de Gobierno español, dijo que “está en el interés de España y Europa estrechar lazos con China” en “una relación abierta desde el respeto” para “contribuir de forma activa a la creación de un nuevo orden global que traiga la paz definitivamente” a un mundo afectado por “la grave situación en Irán, Gaza, Líbano y Ucrania”. Animando al déspota oriental a “continuar contribuyendo a reformar el sistema de gobernanza multilateral”. Se lo decía a quien hace menos de un año presidió en la Plaza de Tiananmén de Pekín, la capital del país, vistiendo el uniforme del partido comunista maoísta, una gigantesca exhibición de su ejército flanqueado por Putin, Kim Jong-un y representantes de Vietnam, Cuba o Irán.Todas ellas ejemplares democracias como ejemplo a seguir.

Que el dinero no huele ya lo dijo el emperador romano,Vespasiano. Que los negocios son los negocios, lo escribió el autor francés Octave Mirbeau en una famosa comedia de igual nombre. Que no se puede ignorar el poder de los gigantes económicos y militares, por muy deleznables que sean sus gobiernos, es sabido. Pero de ahí a alinearnos con ellos en el lado correcto de la historia y llamarlos defensores del derecho internacional y la paz va un abismo que solo la falta de ética puede salvar.

El mismo día en que Pedro Sánchez se situaba en el lado correcto de la historia junto al autócrata chino, el pasado 14 de abril, el Gobierno sanchista enviaba a la justicia española el expediente para pedir el cierre de la Fundación Francisco Franco porque, dijo el ministro de Cultura, el comunista, Ernesto Urtasun, que “en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura”. Pero por lo visto sí lo hay para blanquear y alabar la peor dictadura, todavía viva, del siglo XX que es la china.

Sigo con el chinoviaje. Una cosa es la necesidad de hacer negocios con China, casi segura primera potencia mundial, y otra, blanquear el peor totalitarismo del siglo XX, que subsiste, tragándose Sánchez que nos sitúe con él en el lado correcto de la historia y lo llame defensor del derecho internacional y la paz. La dictadura china es la más larga y mortífera de la historia contemporánea: 77 años y 70 millones de muertos. Ahí está para acreditarla, la trilogía de Frank Dikötter La Tragedia de la Liberación: 1945–1957, La Gran Hambruna de Mao: 1958–1962 y La Revolución Cultural: 1962-1976 (Acantilado).

Y si a alguién le parece poco lo anterior y quiere documentarse aún más, puede acudir a las obras pioneras de Simon Leys Sombras chinescas (Acantilado) y El traje nuevo del emperador Mao (Ediciones el Salmón) que le costaron ser linchado intelectualmente por la cínica progresía europea que, no pudiendo seguir siendo estalinista al descubrirse los crímenes del carnicero ruso en los años sesenta, se hizo maoísta que era peor pero no lo sabían y tampoco se molestaron en comprobarlo, como Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Michel Foucault o María Antonieta Macciocci en cabeza. Recomendable también la biografía El paraguas de Simon Leys de Pierre Boncennes (Acantilado).

En la lista de las dictaduras más largas ganan la china y la coreana con 77 y 78 años, seguidas por la soviética con 73 (más la autocracia o dictadura de Putin desde el 2000), la cubana con 67, la fascista con 23 y la nazi con 12. Se ve que las comunistas tienen mayor fortaleza que las nazi-fascistas y que, de entre ellas, las orientales son las más longevas. Porque tanto la coreana como la china siguen ahí, vivas. Todas ellas y no debemos de olvidar, ramas de un mismo árbol llamado socialismo.

Es cierto que en China se persigue hoy a los disidentes con un poco más de disimulo tras abrazar el capitalismo con ardor pero sigue siendo lo que fue: la aliada de Corea, Irán y Rusia o la dictadura purgante que, en 2022, ante el mundo y los 23.000 delegados del XX Congreso del Partido Comunista, quitó de en medio en directo al ex presidente Hu Jintao, dándole un toquecito en el hombro y sacándolo escoltado o detenido de la mesa presidencial.

Por cierto, este caballero purgado, fue imputado en España por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como presunto responsable del genocidio comunista en el Tíbet durante los años 80 y 90. Culpas, por lo visto, extinguidas pese a que el régimen sea el mismo. Pelillos tibetanos a la mar. Lacayos del imperialismo llamaba la izquierda a los pro estadounidenses. Aplíquese.

El jaleíllo de bragas entre José Luis Ábalos y Jéssica Rodríguez tiene mucho de lo de siempre. Ayer «nueva ilusión», hoy que si era una prostituta. Ayer la «querindonga» y la «sobrina» y hoy el cuidado extremo con las palabras, no vaya a ser que alguien diga lo que no conviene o, peor aún, lo que sí conviene pero en un tribunal. España, que tiene un diccionario entero para estos menesteres –me acuerdo de Francisco de Quevedo definiendo al dómine Cabra en «El Buscón»–, aquí se queda calladita, sin sinónimos.

La relación, que hemos seguido a capítulos, como un serial televisivo turco actual -antes fueron los venezolanos- no desentonaba de tantas otras. Mensajes a deshora, viajes de tortolitos, una «casita de novios» en Madrid y ese ir tirando tan nuestro, sin demasiadas preguntas. Ella elige el piso «porque me gustaba ese y ya está». Él resuelve. Y la vida, más o menos, se va colocando sola, con ese orden despeinado que tienen las cosas cuando funcionan mientras nadie las mira demasiado. Un acuerdo tácito, de esos que no se firman pero se entienden… y que aquí y en Lima suelen acabar mal.

Hasta que alguien mira. Y apunta. Y entonces aparece el fiscal, que es como la vecina viuda que oye la discusión a través del tabique y luego la cuenta con pelos y señales en la frutería. Lo que era historia privada, pagada con dinero público, pasa a ser interrogatorio. Y en ese tránsito se pierde el tono. Ya no hay matices, sólo preguntas. Entre ellas, la que deja el aire como raro: si Jéssica se dedicó a la prostitución. Ella, odontóloga colegiada, lo niega. Pero la pregunta ya ha hecho su trabajo, que es quedarse flotando, como esas frases que luego se repiten en bucle y acaban impresas en tazas y camisetas.

Lo curioso no es tanto el qué, sino el cómo. El rodeo. El titubeo. El decir sin decir. Ahí es donde uno se acuerda del torero mexicano Rodolfo Rodríguez, «El Pana», que en un brindis del toro que iba a matar, tiró de repertorio sin complejos dedicándoselo: «a todas las daifas, meselinas, meretrices, prostitutas, suripantas, buñis y demás putas». Aquí, en cambio, en la sede judicial, se camina de puntillas. Habiendo mil palabras, se escoge no usar ninguna, como si la censura fuera una forma elegante de salir del paso y no una elección de meapilas o «cagapoquitos».

Mientras tanto, los detalles domésticos –el alquiler de 2.700 euros, el enchufe en puestos «fantasma», el gato operado de la «pierna» como un centrocampista de mi Atlético del alma, dibujan una escena que casi enternece, si no fuera porque la pagamos nosotros. Una vida a medias, hecha de favores, continuidades y pequeñas certezas, muy de andar por casa. Como tantas. Solo que aquí la casa tenía más llaves que el conserje de los macroburdeles del Paseo de las Delicias, en Madrid..

Y en mitad de todo, uno no puede evitar pensar que, si esto lo filmara Santiago Segura, nos parecería exagerado. Pero no: esto es la versión real de «Torrente, presidente», donde el guión no lo escribe un cineasta con afán taquillero, sino la realidad con la leche que le dieron. Al final, queda lo de siempre: la distancia entre lo que se dijo y lo que se dice. Entre la ilusión y la explicación. Entre el recuerdo y la incomodidad, que suele ser lo último que queda cuando baja la marea.

Hace dos semanas, con el comienzo del juicio al exministro Ábalos y a su ayudante, Koldo, saltó a los medios de comunicación el tema de las señoras mantenidas por su pareja, y, por mantenida, quiero expresar que el antiguo ministro que está siendo juzgado actualmente, se encargaba económicamente de la manutención, la vivienda, el veterinario del gato, los gastos generales de estas mujeres, e incluso de conseguir un trabajo de broma a alguna de ellas, donde le pagaban pero no había que trabajar, siendo lo máximo que se les exigía era leer libros de trenes en la biblioteca pública y que aunque es un oficio que suele estar muy mal pagado pero que es este caso daba para mucho.

No obstante y como es natural, los periodistas han tratado de ser lo más correctos posible a la hora de contar los intríngulis de estas relaciones del entonces ministro con las señoras, alguno se ha permitido la libertad de llamarlas ‘amantes’, claro está que por ser él casado no las podían llamar ‘novias’. Pero lo cierto es que creo que la expresión ‘amante’ no refleja bien la relación que este señor mantenía con ellas.

Un o una amante es una persona comprometida en una relación con un hombre o mujer casados, pero no tiene por qué haber además una aportación económica por parte del señor. A este tipo de relación en el que un hombre casado se lía con una mujer y le paga los gastos, se le ha llamado siempre «tener una querida», aunque la expresión está en desuso, y también se utilizaba en masculino, para decir, por ejemplo, «doña Pepita, como tiene mucho dinero, se ha echado un querido más joven que su marido».

Los jóvenes de ahora quizá no lo sepan, pero los de mi generación vivimos una época en la que el oficio de querida estaba bastante extendido. Siendo yo todavía un muchacho, me fuí a Madrid, a casa de unos tíos para preparar las oposiciones a la Policía y en el primer piso de mi edificio vivía una querida. Se llamaba Marí Carmen, era muy guapa y muy buena persona. Como es natural, vivía sola, y a veces le decía a mi tía que si, podía bajar a jugar a su casa un rato y así le hacía compañía. La mayoría de las veces iba acompañado por algún otro joven como yo vecino de la misma escalera por aquello del qué diran. A cambio nos daba de merendar y eso que se ahorraba mi tía, que no estaban los tiempos para despreciar meriendas gratis, aunque estuviesen pagadas con el dinero del pecado.

Cuando venía el querido –un hombre de casi sesenta años, casado por supuesto, que se llamaba don José y era médico-, mi tía me encerraba en su casa no vaya a ser que se me ocurriera llamar a la casa de Marí Carmen e importunara alguna cosa. En la misma calle, vivía otra querida que se llamaba Isabel, y todos los vecinos lo sabían. Ellas no salían nunca a la puerta de las casas a hablar con las vecinas en las tardes de verano pero la gente las trataba con normalidad porque era época de mucha pobreza y aquello era una especie de oficio socialmente reconocido

Hasta un cura que pasaba a menudo por la calle, si se cruzaba con Marí Carmen o con Isabel , las saludaba con gesto algo adusto pero comprensivo, y les dirigía alguna frase de este tipo: «A ver, hija mía cuando te veo por el confesionario». Ellas le sonreían y decían: «Alguna vez será, don Pedro», y se metían enseguida en sus casas a encerrarse de nuevo muy sonrosadas.

Pero si algún lector de este blog, al ver las sesiones del juicio de Ábalos, -todavía quedan unas cuántas- se le ocurre la idea de echarse una querida, debe tener en cuenta que es muy distinto hacerlo siendo ministro que dedicándose a cualquier otra profesión. Por lo que estamos viendo en el juicio, es un tema caro. Y, si se trata de una querida que no tiene trabajo y pone como condición para el sexo extraconyugal que le busque un empleo donde le paguen un sueldo sin trabajar, la cosa se complica mucho más. 

En cualquier caso, no hay que envidiar al ministro. Para mantener a las queridas, ha tenido que hacer, presuntamente, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos, falsedad documental, etc. Es decir, estar todo el día liado o mandando a alguien a ocuparse del tema. Es el problema de los políticos puteros. Qué pereza. No creo que merezca la pena.

Es muy acertado el término utilizado por el jefe de la oposición política española, Alberto Núñez Feijo, para definir esta disparatada regularización masiva de inmigrantes por motivos estrictamente partidistas y propagandistas. El fenómeno migratorio es uno de los temas más importantes e inquietantes que afectan a la Unión Europea. Una opción es afrontarlo de forma rigurosa, responsable y ordenada. La otra es el desbarajuste que ha organizado el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que le gustan los escenarios caóticos y conflictivos. Uno de los aspectos más característicos de su personalidad es que estamos ante un aventurero que asume el riesgo como algo consustancial a su falta de ética y moral.

Por eso, Sánchez, adopta decisiones que ningún otro Presidente hubiera considerado razonables. Una regularización de estas características debería haberse presentado como un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, como sucedió en otras ocasiones, pero Sánchez no quiere negociar nada con la oposición. La razón es evidente, ya que no le apoyarían. Al final, todo se reduce a que la separación de poderes le importa poco y, por ello, ha optado por una deriva autoritaria. No quiero imaginar que hubiera sucedido si en lugar de Sánchez estuviera Feijóo en La Moncloa adoptando decisiones como un auténtico déspota.

Por supuesto que si el también líder del PSOE no dependiera de los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA, los comunistas, los golpistas y los antisistema no haría esta regularización. Es un auténtico camaleón. Es bueno recordar cuando quería meter en la cárcel a Puigdemont y era un fervoroso adalid de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esto explica que esté tan contento de tener al expresidente catalán en Waterloo ( Bélgica ) porque así es su rehén. Nada que nos tenga que sorprender.

Con la legalización de extranjeros consigue un efecto llamada para atraer a las mafias. En lugar de organizar un proceso regulatorio basado en la legalidad, el orden, la formación de los que vengan a trabajar y comprobar que no tengan antecedentes penales y policiales, hemos regresado al disparatado lema de «papeles para todos» de etapas anteriores. La medida, como es habitual en el sanchismo, está llena de mentiras sobre los beneficios de esta operación propagandística. No sabemos la cifra real de inmigrantes irregulares que se van a ver beneficiados por la iniciativa. Estamos ante el gobierno más chapucero de la Historia de España. No hay más que ver la gestión de Óscar Puente.

Una intensa reacción política ha provocado la aprobación por parte del Gobierno del nuevo Reglamento de Extranjería mediante un Real Decreto para legalizar como mínimo a medio millón de inmigrantes. Y que puede llegar a ser el doble. Una respuesta lógica ante una grave decisión, que se le sustrae al Congreso su conformidad, teniendo un impacto muy importante sobre nuestra sociedad y la misma identidad nacional española. Puede parecer excesiva esta afirmación, pero no es ninguna exageración respecto a sus previsibles consecuencias.

Basta tener presente el dato que han expresado tanto el presidente de la patronal catalana como la ministra portavoz del Gobierno. Sánchez-Llibre ha dicho que “necesitamos inmigrantes como el agua”. Elma Saiz, por su parte, dijo que, “como ejemplo”, sin los inmigrantes “90.000 bares tendrían que cerrar”. Asimismo se considera que un 45% de los contratos de trabajo suscritos desde la reforma laboral se han efectuado con inmigrantes. Por su parte, Sánchez dijo desde China que “la economía crece gracias a ellos”.

Frente a estas posiciones, Feijóo ha manifestado su rotunda oposición a dicha medida por considerarla “inhumana, injusta, insostenible e insegura”. Y el dirigente de VOX, Santiago Abascal se dirige a Sánchez avisándole que “esa regularización el pueblo no la perdonará, y tendrás que pagarlo”. No es preciso un exhaustivo análisis de la situación para llegar a la conclusión de que el futuro de España y los españoles está en manos de inmigrantes ilegales de otros países, en especial procedentes de África y América, además de algunos europeos.

Los africanos, mayoritariamente musulmanes, e hispanos los americanos. Estos últimos, al menos comparten nuestra lengua, cultura y valores, fruto de las comunes raíces cristianas llevadas allí por España, y su integración social no es problemática, siempre que se establezcan los controles de seguridad previos a su ordenación. En cuanto a los musulmanes, una auténtica integración social se ha demostrado literalmente imposible. Como de esto se seguirá hablando en los próximos meses y puede que hasta años , es evidente que si España quiere mantener su identidad nacional e histórica, no puede sustentar una política que la convierte en una nación y una sociedad condenadas a desaparecer por depender de ciudadanos extranjeros.

Una consecuencia que va a provocar esta masiva regularización va a ser un masivo “efecto llamada”. Con las mafias criminales a las que esta decisión les asegura un gran negocio futuro. La tasa de natalidad de la población inmigrante es muy superior a la española, que se encuentra bajo mínimos, y es la causa fundamental de este problema existencial. Una política de promoción y ayuda a la natalidad es esencial para corregir este gravísimo problema y se está haciendo todo lo contrario. Mediante políticas que promueven el aborto y la ideología de género, por ejemplo.

La formalización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez tramitó por un real decreto extraordinario el pasado mes de enero y que hace poco más de una semana aprobó –aunque, con matices– el Consejo de Ministros, se ejecutó al margen del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Según fuentes policiales y jurídicas consultadas, la medida fue impulsada principalmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que califican como una cartera muy «politizada», y sin tener en cuenta los criterios «técnicos y operativos» de los mandos policiales. Estas mismas fuentes critican la falta de información del Gobierno y advierten de que la ausencia de estadísticas y documentos sobre el terreno podría tener consecuencias directas en la gestión migratoria diaria.

Hay que tener en cuenta que, la Policía Nacional es la competente en materia de fronteras e inmigración a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En su organigrama se enmarcan la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que investiga las actividades ilícitas relacionas con la trata de seres humanos y los flujos migratorios ilegales, entre otros, y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que actúa como oficina central para normativas europeas e internacionales.

Este último organismo es una suerte de «inteligencia» migratoria, entre cuyas labores destaca, precisamente, la elaboración de informes especializados en la materia que les piden organismos nacionales e internacionales. Se trata de una cuestión que el Gobierno de Sánchez no ha tenido en cuenta en este proceso regulatorio y no le ha consultado para nada, probablemente porque no le gustara la respuesta que iba a recibir.

El problema de que el Presidente del Gobierno no haya tenido en cuenta el criterio de los especialistas en esta materia e, incluso, de la propia cartera de Interior, se refleja en la obligación que tuvo que acometer el Consejo de Ministros respecto a la aprobación de que los migrantes no tengan antecedentes penales. En un primer momento, la regularización exigía sólo una «declaración responsable» para probar la ausencia de los mismos, siempre y cuando, el país de origen no contestara en un mes la solicitud del emigrante.

Ahora y, tras las advertencias de sindicatos policiales y del propio Consejo de Estado, que consideró «inadecuada» la fórmula inicial, el Gobierno ha tenido que modificar una medida que guarda, según estas mismas fuentes, una «clave política». Así, los migrantes tendrán, en primer lugar, un mes para conseguir el certificado y, en caso de no lograrlo, el Gobierno lo gestionará por vía diplomática en tres meses. Si esta vía tampoco funcionase, se abriría un proceso de 15 días como último intento antes del cierre de puertas.

La regularización es, en cualquier caso, una variable que el Jefe del Gobierno está utilizando para hacer campaña de cara a las próximas elecciones andaluzas que arrancan el 17 de mayo. Así, Sánchez hizo uso este martes de su apuesta tradicional para ganarse el apoyo de la población; el de una misiva cargada de argumentos simbólicos y emocionales para defender la medida –probablemente– más controvertida de la legislatura.

En ella, el presidente socialista restó el matiz político de la regularización para justificar que tiene una necesidad «económica» y un fin de «prosperidad» clave para España. Además, puso el acento en la transversalidad del apoyo, destacando que ha contado con el respaldo «de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios» en un intento de presentar la regularización como un «acto de «normalización» y de «justicia» social –en alusión a nuestros antepasados que emigraron en busca de «una vida mejor» Aunque el argumento más contundente, posiblemente en la tentativa de tapar las críticas, fue el económico, al advertir de que «España envejece» y que, sin nuevas personas trabajando y cotizando, «nuestra prosperidad se frena» y «nuestros servicios públicos sufren».

La oposición, por su parte, sigue alegando que la medida trae consigo un «efecto llamada» innegable y consecuencias «negativas» para la integridad del espacio Schengen. A su juicio, la regularización es contraria a los principios de la política migratoria común de la Unión Europea (UE), fundamentada –principalmente– en la responsabilidad compartida entre los países para un «control efectivo» de las fronteras y un sistema de retornos creíble. Los populares consideran que la medida se planteó de forma «unilateral» y que su respuesta se orquestará a través de una ofensiva judicial, en las Cámaras e, incluso, si es necesario ante Bruselas para oponerse a la iniciativa que Sánchez ha logrado tramitar con Podemos a la cabeza.

El Presidente del Gobierno no parece dispuesto a cambiar en absoluto el fundamento de lo que ha sido hasta el presente su acción política, la pulsión divisiva que procura el cierre de filas necesario para mantener, aunque sea al mínimo, su base electoral. No es posible explicar de otra forma el temerario planteamiento de la nueva legalización extraordinaria de extranjeros, que no sólo se hace por la vía del decreto-ley, es decir, sin la convalidación del Parlamento pese a tratarse de un asunto con profundas consecuencias, sino que ignora cualquier razonamiento de autoridad, como el del Consejo de Estado, sustituido por el habitual coro gubernamental de insultantes, con los epítetos de racismo, xenofobia y clasismo como su argumentario.

Se hace evidente que el debate sobre una medida que toca de lleno ámbitos tan sensibles como la seguridad pública, los servicios sociales, la evolución del mercado laboral, la educación y, sobre todo, las condiciones de vida de los supuestos beneficiados por la norma, carece de la menor importancia ante los presuntos beneficios políticos y electorales que el Gobierno atribuye al fomento del enfrentamiento ideológico y al mantenimiento de un estado de tensión entre la población.

Así, cualquier advertencia por ponderada que sea, como la que ha hecho Núñez Feijóo; cualquier llamamiento a una mínima prudencia ante una decisión que va a condicionar los flujos migratorios en buena parte de Europa, como la de la Unión Europea, es despachada displicentemente, en una muestra de arrogancia y temeridad política con pocos precedentes en las democracias occidentales. No se trata de rechazar per se una regularización que, en ciertos casos, se antoja no sólo necesaria, sino conveniente, porque el problema es la falta de estudio y concreción de esos casos, sustituida por un cajón de sastre normativo que involucra a distintos ministerios y administraciones, pero sin la menor colaboración ni adecuación de los medios precisos para gestionar el procedimiento.

Las normas tasadas y fundamentadas que garantizan la eficacia, la equidad y el respeto a los derechos fundamentales brillan por su ausencia en la improvisación del real decreto. Por no haber, ni siquiera se ha dignado el Gobierno en preparar una memoria económica de lo que puede suponer la incorporación de casi un millón de extranjeros, sin contar los que lleguen próximamente tras las previsibles demandas de reagrupación familiar, sobre el nivel de los salarios más bajos; el coste en ayudas sociales a unos trabajadores que, por sus características, no tienen ingresos suficientes para afrontar las necesidades básicas, especialmente, la vivienda; la sobredemanda de servicios esenciales, como la sanidad, y, todo hay que decirlo, la potenciación de medidas de integración que reduzcan al mínimo los problemas inherentes a la inadaptación social y cultural. Política temeraria que no se blanquea esparciendo estigmas de racismo.

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El pasado día 11 de noviembre, se conoció que Europa había aprobado un informe demoledor contra el Gobierno de Sánchez ante la iniciativa del sindicato de la Policía Nacional, Confederación Española de Policía ( CEP ). En él se acusa al ministro de Interior español, Grande Marlasca de ocultar pruebas claves sobre los asesinatos de Barbate (la zodiac en la que mataron a dos guardias civiles el 9 de febrero de 2.024) y habla de “grave obstrucción” a la delegación parlamentaria que se desplazó a España a investigar los hechos. Además,.exige reinstaurar OCON-Sur, la unidad antidroga de la Guardia Civil que Interior desmanteló antes de la tragedia.

La Confederación Española de Policía exigió la dimisión inmediata del ministro del Interior tras el informe aprobado por el Parlamento Europeo que respaldaba las reivindicaciones de la CEP y denunciaba la falta de protección institucional a los agentes policiales.

A consecuencias de este dictamen, la Comisión de Peticiones de la Unión Europea ( UE ) ha formulado, entre otras, las siguientes conclusiones:

–Subrayar la urgente necesidad de reforzar la protección legal y laboral de las fuerzas de seguridad en toda la Unión Europea, incluyendo su seguridad física, condiciones de trabajo y garantías jurídicas. Instar a mayores inversiones en personal, equipamiento y apoyo psicológico, asegurando que los agentes puedan desempeñar sus funciones con dignidad.

–Pedir a la Comisión Europea que proponga una Directiva que clasifique a todos los cuerpos policiales de los Estados miembros como “profesiones de alto riesgo”, con todas las protecciones legales, económicas y laborales correspondientes (jubilación anticipada, protocolos específicos de salud y seguridad, y escalas salariales diferenciadas).

-Instar a los Estados miembros a reconocer a los integrantes de sus organizaciones de seguridad pública como profesionales de alto riesgo, otorgándoles las mismas garantías legales, económicas y laborales, incluyendo jubilaciones anticipadas, medidas de seguridad adaptadas y retribuciones diferenciadas.

–Reclamar que los actos violentos contra agentes no queden impunes y que se consideren “eurodelitos”, con penas agravadas. Solicitar al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a impulsar una propuesta para incluir estos delitos en la lista de eurodelitos.

–Recomendar un enfoque integral que aborde las causas estructurales del tráfico de drogas, como el desempleo, la exclusión social y la falta de oportunidades laborales.

—Exhortar a la Comisión y al Consejo a elaborar un informe conjunto con estadísticas armonizadas sobre agresiones y suicidios que evalúe las medidas de protección en el empleo y jurídicas existentes en los Estados miembros.

–Tomar nota de que el Gobierno español, en contra de la voluntad de las familias de las víctimas, ascendió en agosto de 2025 a los responsables de la operación policial en la que murieron los dos guardias civiles en Barbate.

-Urgir a los Estados miembros a garantizar la plena protección jurídica de los agentes que utilicen fuerza legítima, incluyendo armas de fuego, en el ejercicio de sus funciones, eliminando la inseguridad jurídica que impide a los agentes defenderse o proteger a terceros,

-Apremiar la reinstauración o creación de unidades especializadas antidroga, como la desmantelada OCON-Sur en España, dotadas de financiación suficiente, personal estable y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo.

–Condenar la decisión del Gobierno socialista español de retirar pruebas claves antes de la visita de la delegación europea, en concreto, la embarcación patrullera implicada en el asesinato de Barbate, lo que constituyó una grave obstrucción a la transparencia y a la finalidad investigadora de la misión.

–Apoyar la designación del Campo de Gibraltar como “Zona Especial de Seguridad”, debido a la persistente presencia del crimen organizado y el elevado riesgo para los agentes. Recomienda financiación estructural y refuerzo de recursos humanos para estas zonas.

La publicación de este informe coincidió con un nuevo ataque a la Policía Nacional de los traficantes de drogas en Andalucía en el que se disparó con un subfusil Kalashnikov, que es un arma de guerra, en el momento en que se iba a intervenir en un almacén de hachís y uno de los agentes resultó gravemente herido y tuvo que ser operado inmediatamente para salvar la vida.

La CEP juzga también como incomprensible y vergonzoso que el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) votara en contra de todas las propuestas aprobadas en Bruselas para tipificar la profesión policial como de alto riesgo, los ataques y agresiones a los agentes como eurodelito y celebra el mayor espaldo histórico de Europa a la protección policial.

En el primer semestre de 2025 el número de agresiones a miembros de ambos Cuerpos de seguridad estatales ( Policía Nacional y Guardia Civil ) ha superado las 8.000 y de mantenerse esa tendencia, los resultados de ese año serán similares a los del anterior ejercicio, de tal forma que la mayor violencia en la calle contra los agentes se ha consolidado, «erosionando así el principio de autoridad y, lo que es peor, poniendo en riesgo a quienes se juegan la vida por proteger la de los demás»

La violencia contra los agentes no es un fenómeno puntual sino un problema estructural que se mantiene en el tiempo. Esta es la conclusión que se obtiene después de conocer.los datos oficiales disponibles hasta el tercer trimestre del año pasado y que muestran que en el caso de la Guardia Civil, el número de agresiones supera el millar o lo que es lo mismo, cada día se producen cinco ataques a sus miembros que generan el 47% de absentismo labotal. Lo que evidencia el alto nivel de riesgo al que se enfrentan los agentes y la insuficiencia de las medidas de protección y de respaldo institucional.

También se debe reformar el Código Penal para que las consecuencias de agredir a un agente no sigan siendo prácticamente testimoniales, pese a haberse alcanzado en 2024 la mayor cifra de agresiones, con una media de 1.406 al mes», subraya el sindicato.

El Parlamento Europeo, a través de un acuerdo alcanzado el pasado dos de diciembre por los portavoces de los principales grupos políticos de la Comisión de Peticiones, para que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. compareciera el pasado 28 de enero e informara sobre las razones por las que no se declara profesión de riesgo a los agentes de las Fuerzas de Seguridad y sobre el aumento de las agresiones a los mismos.

Marlasca decidió no acudir a Bruselas, evitando así dar explicaciones en persona pese a que estaba citado formalmente . En su lugar, remitió una carta al presidente de la Comisión de Peticiones en la que defendió la actuación de su ministerio en este asunto. También enumeró en la misma, los planes y refuerzos en la zona referida y eludió responder a las dudas sobre la retirada de pruebas y la gestión política del caso abierto tras la tragedia. Tras este incidente, el Parlamento Europea deberá decidir si acepta las explicaciones dadas o insiste en la comparecencia del ministro..

Con este comportamiento, el ministro del Interior ha demostrado una falta de respeto a los familiares de las víctimas y una descortesía hacia las instituciones europeas además de una deslealtad absoluta con los cuerpos policiales del Estado dado lo inconcedible e insensible de su actitud.

Cualquier ciudadano medio sabe que venimos de Roma, empezando por nuestras leyes que no son más que una evolución del derecho romano; nuestro idioma, el español, que procede del latín y hasta costumbres tan nuestras como la siesta, tienen su origen en que los romanos descansaban en la hora sexta -de ahí procede la palabra siesta- que marcaba el mediodía solar.

Hasta ponemos en rojo los dias festivos del calendario porque en la antigua Roma se marcaba con ese color esos mismos días. Cada mes de nuestro almanaque está relacionado con Roma: Enero, de ianuarius, de Jano, el dios de las dos caras que mira hacia los dos lados; Febrero, de februarius, de las februa o tiras de un carnero sacrificado en las fiestas lupercales -del 13 al 15 de febrero- ( Luperca era la loba que amamantó a Rómulo y Remo ) con las que se tocaba ritualmente a las mujeres jóvenes con la creencia de que serían más fértiles; et cetera, et cetera, de donde viene nuestro etcétera…

Incluso si iniciamos el anuario el 1 de enero es porque los romanos tuvieron que cambiar su principio de año que era el 15 de marzo, mes de Marte (dios de la guerra ), con el que se comenzaba el reclutamiento de soldados para las nuevas campañas militares, al 1 de enero para que cuando se luchara en los lejanos territorios de pongamos por ejemplo, Germania ( que entonces comprendía las actuales Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Polonia ), se llegara a tiempo de combatir dado que el verano duraba allí pocas semanas.

La antigua Roma, forjó lo que desde entonces se conoce por Occidente que no es más que una Europa comprendida por España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Suiza ,Francia, Alemania y el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y todo eso lo unió Roma. Su imperio lo solidificó y nos lo transmitió a nosotros.

Si entendemos y asumimos de dónde venimos podríamos aprender de nuestros presentes errores. Todas las respuestas están en los libros pero la pregunta que hay que hacerse es ¿ cuántos libros se habrán leído nuestros actuales políticos ?. Lamentablemente, hoy en día vivimos en un mundo donde las diversas reformas educativas realizadas han ido en detrimento de asignaturas como la Historia, el Latín, el Griego Clásico, la Filosofía o la Literatura. Todas ellas fuentes del saber.

Somos muchos los que compartimos la oscura percepción de que quiénes nos gobiernan persiguen adormecernos con pantallas electrónicas henchidas de vacuidad en donde no se piense porque una sociedad inculta y que ni siquiera recuerde o sepa su origen, su historia, es infinitamente más manejable, dócil y fácil de someter.

Es importante saber que un emperador como Trajano -de origen hispano- obligaba a los senadores romanos corruptos a devolver todo el dinero sustraído y si alguien no recordaba donde había escondido su fortuna, le avisaba de que disponía de un maravilloso anfiteatro -hoy conocido como Coliseo- donde les esperaban unos rugientes y hambrientos leones. Todos devolvían el dinero y como favor eran destinados a los peores y más remotos puestos de las fronteras del Imperio.

Quizá no se quiera recordar o saber que Nerón gobernó bien mientras se dejó aconsejar por Séneca ( otro hispano ) y mal cuando ordenó su suicidio. O que Escipión, Julio César y hasta el indómito Marco Antonio, estudiaron retórica y eran capaces de dar discursos sin leer nada.

Pero parace ser que por el momento y pese a la persistencia de nuestra clase política gobernante, aún no se ha conseguido extirpar la natural curiosidad del ser humano para saber de su origen y miles y miles de personas siguen buscando en ese pasado qué fue Roma, cómo surgió y se expandió y por qué cayó hecha pedazos. Nosotros somos aún esos pedazos.

Por todo esto, creo que quién muestra un interés o una simple curiosidad por la antigua Roma, aún sin saberlo, está manifestando una rebeldía con la que no lo dudo, seguirán empeñados en eliminar por completo desde el poder. Si no le gusta leer, al menos en esta era audiovisual hay una retahíla de nuevas series televisivas o películas que aunque observadas con el tamiz anglosajón se pueden ver en las plataformas televisivas que estamos abocados a suscribir. Los romanos siempre vuelven.

Lo que pasó en la historia de Roma se puede tratar como la guía de un viaje que duró 1.229 años desde su fundación hasta su caída. Y hay que conocer la herencia de una civilización grabada a sangre y fuego en lo que denominamos ahora Occidente con la que buscamos compararnos y no siempre lo hacemos con fortuna. Vivimos años de una negra decadencia y la tentación de equipararnos con Roma es continua porque creo que, de algún modo, nos pasa lo mismo. La Historia nos suele dar lecciones a las que debemos de prestar atención porque parece evidente que el futuro ya no está en Occidente.

Si trasladamos aquellos sucesos a los tiempos actuales, yo creo que siempre viene bien porque somos nosotros mismos, es nuestra herencia. Y su decadencia llega debido a los vicios del bienestar y la abundancia, con la degeneración de sus valores y de sus instituciones como está pasando ahora con España.

Roma nos muestra cómo se destruye una civilización porque en el momento que es tan rica se relajan los valores, la gente solo piensa en el placer y no quiere trabajar. Hay que traer extranjeros para mantener el modo de vida y todo acaba viniéndose abajo. Con Roma pasa lo mismo que en las familias de los emprendedores: los abuelos hacen la fortuna, los padres la mantienen más o menos y los hijos y nietos la dilapidan.

Soy de la opinión de que el factor determinante de este declive es el descenso del hecho religioso porque es más importante de lo que parece para poder cohesionar una sociedad. En el Imperio romano, los valores que el ciudadano romano imponía a sus hijos -orgulloso de su sociedad- se fueron perdiendo. También fue clave la caída de la demografía que más de un emperador señaló, -tal y como hoy también ocurre- y obligó a tener hijos porque la aristocracia se había hecho tan vaga que no quería ni tenerlos.

Quiero insistir en la importancia que tuvo el cristianismo en el colapso romano porque hay que recordar que el espíritu de la hermandad cristiana ya existía en la filosofía estoica de origen griego que enseñaba a vivir virtuosamente y que se imponía entonces. En paralelo, había un ocaso del politeísmo tradicional porque los romanos, de pronto, se sienten atraídos por los cultos mistéricos orientales como el cristianismo. Durante siglo y pico está en lucha con el mitraísmo ( culto a Mitra, deidad iraní ) que adoraban las legiones.

Al final, el cristianismo se impone pero adoptando fiestas y ceremonias de esas otras religiones. Lo hace con habilidad moviendo bien sus fichas. De hecho, el papado intenta reproducir ese imperio y una muestra de ello es que llama diócesis ( territorio asignado a un obispo ) igual que el nombre de las provincias romanas. Es evidente que la decadencia de Occidente va de la mano del decaimiento de la Iglesia católica. Todo está conectado y ha crecido la desafección de la gente.

No quisiera terminar esta reflexión sin recordar un asunto no muy conocido de aquella época y que no es más que la existencia de la annona, una especie de seguridad social que se distribuía de manera gratuita a un montón de gente que no hacía nada, que no trabajaba por aquello de pan y circo ( panem et circenses ) y no querían que fuese más gente a Roma para no tener que repartir esos subsidios, es decir, inmigrantes…, así de simple y así de crudo.

El paralelismo con la actualidad española de todo lo expuesto es inevitable porque la concesión de la ciudadanía romana se fue ampliando hasta que en año 212, el emperador Caracalla la extendió a todos los habitantes del Imperio y 30 millones de personas se convirtieron en romanos de la noche a la mañana con la pretensión de conseguir mano de obra que pudiera mantener la economía. Los romanos se habían vuelto tan señoritos que nadie quería trabajar, ni ir a las legiones, cuidar la agricultura… Hasta que lo perdieron todo como nosotros también llevamos camino de perder…

Poco queda ya de los momentos de subidón de 2018, cuando Susanna Griso y Ana Rosa Quintana abandonaban sus programas matinales para hacer huelga, ponerse en la cabecera de la manifestación y ampliar la base social del feminismo español. Atrás dejamos también las tensiones políticas de 2020, año en que se acusó al gobierno de Pedro Sánchez de retrasar una semana el confinamiento por la gripe china ( covid-19 ) para que no afectase a una manifestación que le convenía en el plano político. Año tras año, el movimiento se ha ido deshinchando y deshilachando, sobre todo por la división de las asistentes en dos bloques.

En uno de ellos, reúne el feminismo tradicional, abolicionista de la prostitución y refractario a incluir hombres con disforia de género ( malestar porque la identidad de género no coincide con el sexo ). En el otro desfila el sector moderno, incluyendo el pelotón transexual y las trabajadoras del amor. Se esperaba que la ministra del ramo hiciera malabarismos para aparecer en ambos pelotones como el año pasado pero esta vez no pudo ser y prefirió la de Valladolid -su lugar de nacimiento- por eso de echar una mano a la campaña castellana para las elecciones autonómicas. Los grandes medios de izquierda siguen haciendo lo que pueden para inyectar entusiasmo, pero cada nueva temporada se hace más evidente que falta la energía de antaño. La industria cultural cada vez apuesta menos por películas, discos y ensayos feministas.

El problema no es solo que la tropa se encuentre enfrentada y desmoralizada, sino que se evapora el recambio generacional. El apoyo de los jóvenes al feminismo ha sufrido un fuerte descenso en España, pasando del 49,9% en 2021 al 38,4% en 2025. Hablamos de su nivel más bajo en cinco años, según el Barómetro Juventud y Género de Fad Juventud, publicado a finales del año pasado. La mitad de los chavales reconoce desigualdades, pero otro gran segmento, que llega al 49,2%, percibe el movimiento como una «herramienta de manipulación política». Apenas el 26% de los hombres se identifican como feministas frente al 51% de las mujeres jóvenes, que sí lo hacen. El dato es inferior en seis puntos al de 2021.Todo ello enmarcado en un fuerte giro de la juventud hacia la derecha, el renacer de la espiritualidad y un aumento del prestigio de la institución familiar.

En uno de sus habituales trucos de magia política, el presidente Sánchez ha intentado convencernos de que los veinteañeros de España siguen siendo igual de feministas que hace un lustro, aunque ellos no lo sepan: “Muchos jóvenes que dicen »yo no soy feminista» defienden criterios feministas, que su pareja tenga los mismos derechos, que su hermana cobre lo mismo por el mismo trabajo, que sus amigas puedan volver solas a casa sin miedo; eso es feminismo, aunque no quieran llamarlo así”, defendió en un acto por el Día Internacional de la Mujer, celebrado en el museo del Prado en Madrid. Luego, como es su costumbre, destacó que “la ultraderecha ha conseguido manchar una de las causas más nobles de la humanidad”. No se preocupen: él va a seguir diciendo “feminismo” y defendiendo ese nicho tradicional de voto del PSOE.

La utilización del 8-M para fines espurios por parte del campo político denominado progresista es una amenaza constante. Este año, sin ir más lejos, el abrazo del oso se lo ha dado el “No a la guerra”, apuesta principal del gobierno sanchista para resucitar su pegada electoral. “El feminismo es pacifista”, declaró Ana Redondo, ministra de Igualdad, en el mencionado acto del auditorio del museo del Prado. Sánchez no perdió un minuto en arrimar el ascua a la situación bélica de Irán: “Por respeto a las mujeres que sufren opresión en todo el mundo, no podemos aceptar que se invoque la libertad cuando conviene y se olvide cuando no. Si de verdad creemos en la libertad de las mujeres iraníes, la respuesta no puede ser más violencia. Tiene que ser más diplomacia, más apoyo a quienes luchan desde dentro, y más derecho internacional», defendió. Le faltó decir que “más Sánchez y menos Trump”.

Otro ejemplo evidente de apropiación indebida es el cartel del 8-M escogido por el ayuntamiento de Barcelona. Diversas intelectuales y militantes feministas expresaron su enfado en las redes sociales al comprobar que en el cartel figuraba el lema “Frente al imperialismo colonial y fascista: lucha transfeminista”. Suena como si Trump y los transexuales fuesen más importantes que las propias mujeres, a quienes no se menciona. La escritora y activista catalana Laura Freixas interpelaba con ironía a la agrupación de mujeres del PSC ( Partido Socialista de Cataluña ), rogándoles que le dijeran que se trataba de uno falso, pero por supuesto que se estaba ante un cartel real.

Barcelona es otro de los focos de polémica feminista, ya que el ayuntamiento había aconsejado a los centros escolares no bailar ni poner música durante el Ramadán. Situando el multiculturalismo ( ¿ votos ? ) por encima del feminismo, el ayuntamiento se sometía al islam, como quedaba claro en la circular que había enviado a los colegios: “Algunas personas musulmanas pueden considerar la música o la danza como una actividad inadecuada para el mes del Ramadán, puesto que se considera un mes dedicado a la espiritualidad en que es especialmente importante tener una actitud piadosa. Por lo tanto, sería recomendable tener en cuenta esta sensibilidad a la hora de programar algunas actividades u ofrecer actividades alternativas”, destacan. El Ramadán se ha extendido este año del 18 de febrero al 20 de marzo, así que es más amplio todavía que nuestra Navidad. Son sus costumbres y debemos acatarlas.

Todas estas disfunciones confirman la sospecha de los jóvenes de que la manifestación feminista se ha convertido en una herramienta política antes que en espacio para tejer lazos sociales. El último ejemplo es un tuit de Irene Montero donde incluye la famosa imagen de unos soldados soviéticos levantando la bandera de la hoz y el martillo durante la toma del Berlín nazi. Se supone que Montero es feminista, pero no hay ninguna mención a las más de 100.000 mujeres que fueron violadas por las tropas rusas en la caída de la capital alemana, dos millones en total en toda Alemania (datos del prestigioso historiador británico Antony Beevor en su libro Berlín. La caída: 1945). Entre comunismo y feminismo, Montero siempre va a escoger lo primero, el comunismo. Por si fuera poco, decidió usar esa imagen el día de la muerte de su adorado Stalin.

Dada la bancarrota moral del feminismo, la entidad Asociación Católica de Propagandistas -ACdP- aprovechó para lanzar una campaña de promoción y troleo en marquesinas y paradas de metro. Se titulaba “Busca la santidad” y consiste en ensalzar las virtudes de la Virgen María, Juana de Arco, Isabel la Católica, Teresa de Calcuta y Santa Mónica. Lo que hace treinta años hubiera parecido una ofensiva ultra, hoy cobra mucha más fuerza porque la juventud está empapada del álbum musical espiritual de la cantante Rosalía, los dilemas religiosos de Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa y quizá hasta de los ensayos en defensa de la vida contemplativa de Byung Chul-Han, último premio Princesa de Asturias. Su libro más reciente se inspira en el pensamiento de Simone Weil, filósofa francesa —cada vez más de moda— que también aspiraba a la santidad.

Hace cinco años, en el Teatro Olympia de Valencia, se juntaron Ada Colau, Mónica Oltra, Yolanda Díaz y Mónica García para defender la necesidad de “feminizar los liderazgos” políticos. Aquello parecía la culminación natural de la gran oleada de feminismo español de nuestro tiempo. Incluso jugaron con la idea de bautizarse como Las Supernenas, en plan de estrellas del rock. Hoy casi todas ellas están amortizadas como referentes políticos mientras en todo Occidente brillan figuras de derecha patriótica como Giorgia Meloni, Marine Le Pen y Alice Weidel, entre otras. En España podríamos citar a Isabel Díaz Ayuso, Rocío de Meer y Sílvia Orriols, ninguna deslumbrada por el 8-M precisamente. ¿Es posible que el feminismo progresista de toda la vida haya muerto y estemos asistiendo a su posdata zombi?

Hermanas, os han estafado. Hubo un día en que nos prometían que el feminismo nos haría mejores y, sin embargo, lo único que se ha conseguido es que los jóvenes (también las mujeres, o sea, las jóvenas, según el viejuno gazapo de la feminista clásica Carmen Romero) rechacen un movimiento que se tornó en bastardo y políticamente abominable. Unir el necesario derecho transversal a la igualdad con una amalgama de lucha anticapitalista con un llamamiento a castrar a todos los hombres por el hecho de serlo, nos ha llevado a este momento de pánico. Hace dos domingos vimos en las manifestaciones que lo importante no era la reivindicación para que Ábalos no alterne con señoritas con dinero público o para que señoros como Salazar no campen por las Moncloas. La pancarta de «No a los Salazar» se cambió por la de «No a la guerra», esa brutalidad en la que mueren, sobre todo, hombres. ¡Para cuándo la paridad en el campo de batalla!

Las prostitutas tristes y las alegres, siguen acunándose (y acunando) en las barras de los lupanares caros y los baratos, ajenas a los discursos de las Irenes Monteros que han hecho del feminismo un lugar tan ideológico que diríase un mitin o un mensaje en esa plataforma para ligar en lo que se ha convertido el Tinder para gente de izquierdas. Con lo bien que sienta una cópula sin adjetivos.

El 8-M no es un día para que las mujeres, todas las mujeres, y los hombres, griten por una sociedad justa en la que el poder no se mida por el largo de la falda o de la bragueta, sino para fotografiarse ante la espeluznante barricada de los grandes exitos de lo que mola. Hoy es el pacifismo. No les importan las mujeres, sino la propaganda.

Tremendas contradicciones. Veamos. Las mujeres iraníes estarán muy agradecidas a esta izquierda rancia por el bien que les hace la paz. Las mujeres feministas de derechas no importan, son mujeres incompletas, personas que han nacido en un cerebro equivocado. Como los homosexuales del PP, una anomalía: el invento monstruoso de un Frankenstein contemporáneo. El feminismo, especialmente el de la ultimísima ola, ha conseguido que los niños quieran estar con los niños y las niñas con las niñas porque se ven como una amenaza en el patio del colegio.

Todo este fracaso no consigue que los promotores/as de este desvarío pidan perdón o cambien de estrategia. Lo contrario. Desean que todos nos apuntemos a un curso para ser aliades. La opinión contraria será tildada de machista o, mucho mejor aún, de fascista. Así, simplista y sin contemplaciones.

Como ha venido ocurriendo en los últimos años, la división dentro del feminismo ha sido protagonista de las manifestaciones convocadas con motivo del 8M, en las que han participado miles de personas en toda España y donde no han faltado las reivindicaciones históricas como la igualdad real y el fin de la violencia de género (en lo que llevamos de año ya han muerto catorce mujeres por esta causa), pero en las que la izquierda ha aprovechado para difundir mensajes vinculados con su agenda política.

Así, la movilización social se ha convertido de nuevo en una herramienta partidista, y ha vuelto a la palestra el «No a la guerra», recuperado por el presidente de este Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, tras el ataque de EE UU e Israel a Irán el pasado 28 de febrero. Lo que antes era un movimiento de carácter transversal es ahora un medio para intentar sacar rédito del movimiento feminista.

Además, los datos de asistencia a ambas marchas siguen lejos de las históricas manifestaciones de 2018 y 2019, cuando no había división. En estos dos años se registraron unas 300.000 mujeres en las marchas en Madrid. En 2020, poco antes del inicio de la pandemia, la cifra descendió a 120.000 asistentes. En 2021 no hubo convocatorias por la fiebre china ( covid ). Según los datos de la Delegación de Gobierno, en las dos convocatorias de este año de Madrid, han tomado parte apenas 35.000 personas, lo que significa un pinchazo total..

La más numerosa salió desde Atocha hasta casi la Puerta del Sol, convocada por la Comisión 8M, bajo el lema «Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes». En ella cincidió una nutrida representación de los dos partidos de la coalición de Gobierno (PSOE y Sumar), además de las dirigentes de Podemos Irene Montero e Ione Belarra. Las convocantes elevan a 160.000 el número de manifestantes, mientras que la Delegación del Gobierno calculó 24.000.

La otra convocatoria, la del Movimiento Feminista de Madrid, marchó desde Gran Vía hasta Plaza de España bajo la pancarta «Feminismo internacionalista»: «¡Ni violadas! ¡Ni explotadas! ¡Ni prostituidas! Feminismo internacionalista: ninguna mujer queda atrás». A la marcha, que difundió un claro mensaje abolicionista de la prostitución y contra la ley trans, asistió una delegación del Partido Popular ( PP ), y sus convocantes calcularon que habían participado unas 20.000 personas, que Delegación situó en 11.000..

En Barcelona, la convocatoria organizada por la Asamblea 8-M congregó –según la Guardia Urbana– a más de 23.000 mujeres, que portaban prendas, banderas y pañuelos de color morado bajo el lema «Ni un paso atrás. Lucha transfeminista ante el imperialismo colonial y fascista». Por su parte, la Coordinadora Moviment Feminista de Barcelona, que agrupa a una veintena de entidades, convocó su propia manifestación.

En Sevilla también hubo dos concentraciones diferentes por el Día de la Mujer, así como en Almería. Otras comunidades en las que el feminismo salió a la calle han sido la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Canarias, Baleares, Navarra, Castilla y León, Aragón, Murcia o País Vasco.

Texto de la conferencia impartida en Vitoria por mi gran amigo y compañero el Comisario Pral. Mario Sánchez Santos.

El día once de diciembre del pasado 2.025, fui invitado, por la Comisaria jefe y jefe Provincial de Operaciones de Vitoria, para dar una charla a los compañeros en su mayoría recién destinados en Vitoria.

El objetivo era difundir mis vivencias durante los años 1978 a 2012 que cuando estuve destinado, y que no se produzca un silencio sobre el terrorismo en esta provincia que poco se ha escrito sobre su incidencia.

Para apoyar mis palabras les facilite una relación de libros sobre la materia, así como documentos incautados a ETA y fotos de zulos.

Iniciamos la actuación del entonces Cuerpo Superior de Policia que tenía escasos recursos humanos, materiales y conocimientos con mucho esfuerzo y vocación llegando a utilizar sus vehículos, comprar cámaras de video y ordenador con su dinero. Todo reflejado en mi relato EL APRENDIZAJE, publicado en los blogs de Una Historia de la Policia Nacional y este de Asuntos Policiales.

En aquellos años actuaba en ETA Politico- Militar, ETA militar, Comandos Autónomos Anticapitalistas, GRAPO, IRAULTZA, Grupos Anarquistas y Grupos de Extrema Derecha.

ASESINATOS .- VITORIA 29 PUEBLOS 18 TOTAL 47. Fueron menos que en otras provincias vascas, pero el objetivo era de mayor importancia, tales como jefe de Ertzaintza, jefe de Miñones, y jefe de Policia Municipal y mandos de Fuerzas Armadas El año de mayor numero fue 1980 con 9 .

POLICIA 15, GUARDIA CIVIL 11 , EJERCITO 3, ERTZAINTZA 2, MIÑONES 1, POLICIA MUNICIPAL 1,PRISIONES 1, POLITICOS 2 Y CIUDADANOS 10.

Es destacable el Asalto al CIR 11 por 10, liberados de ETA.M con 3 heridos. Y 2 artefactos explosivos detectados y desactivados en acceso al CIR, lanzamiento de granadas contra la Delegación del Gobierno, Centro Policial de CNP, Artefacto explosivo desactivado contra comandancia de Guardia Civil, artefactos contra el Diputado de ALAVA y delegado de Trabajo,

Y varios heridos sin contabilizar.

SECUESTROS 4 . ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 316

Robo de vehículos con secuestro del conductor, falsificación de DNI, Pasaportes, Matriculas de vehículos, Impuesto Revolucionario, Atracos, y la infiltración en Parlamento Vasco, Diputación, Ayuntamiento y Ertzaintza. la iglesia… O sea, la MAFIA.

Todo el aprendizaje, esfuerzo y trabajo con el tiempo empezó a dar sus resultados.

Con la detención de 400 terroristas, desarticulación de 40 comandos de ETA-M incautación de explosivos, armas, dinero, vehículos, pisos ,zulos y sobre todo mucha información para poder seguir trabajando y evitar atentados. 1 comando de ETA.PM, 10 de Comandos Autónomos Anticapitalistas, 1 Célula de Grapo, 2 comandos de Iraultza, grupos KALE BORROKA, e intento fuga de prisión de Nanclares de miembros de ETA.PM,

La labor preventiva mediante controles con Policia Nacional, localización de artefactos explosivos y hacer y dar charlas de autoprotección a Policia, Fuerzas Armadas, Politicos, funcionarios de Prisiones, Empresarios y Seguridad Privada con ello se evitaron muchos atentados

Como podéis comprobar con pocos medios humanos y materiales hicimos grandes servicios por nuestro trabajo y sobre total dedicación .

Del servicio `preventivo del cual estamos más orgullos fue

La localización de un coche bomba en el estadio de futbol de Mendizorroza dirigidos al servicio de seguridad de Policia Nacional unos 10 ,policías y el público general además ese dia había muchos niños invitados, El artefacto estaba compuesto con 50 kgs de diferentes explosivos, con metralleta tornillos de las vías férreas.

El terrorismo incidió en todos los sectores sociales, económicos y politicos, produciendo cierre de empresa, falta de inversión , odio a todos los vascos, presión a todos los funcionarios del estado y marcha de muchos ciudadanos a vivir a otros sitios de España. Los efectos psicologices incidieron en la Policia y Guardia Civil y denominado como el Síndrome del Norte.

2.- Inspector Brigada Información de Vitoria

TERRORISMO AUTOCTONO

Desde la desaparición de ETA en mayo 2018 todos sus grupos afines en mayor o menor grado han seguido en su actividad, unos se han disuelto y otros han cambiado de nombre , pero la actividad terrorista sigue activa, como acciones con daños y grandes manifestaciones contra El Estado o las víctimas del terrorismo

En 2025 realizaron 374 actos la mayoría por la celebración del 50 aniversario del fusilamiento de Txiki y Otaegui, es un 11% menos que en 2024,

En Alava se produjeron 19 actos

Vitoria 12 octubre 2025, Manifestación autorizada de Falange, es atacada por grupos radicales bien organizados y bien uniformados produjeron daños y heridos a la Ertzaintza.

Vitoria. Agresión a un ertzaina fuera de servicio por grupo de radicales,

Rivabellosa (Alava) derriban el toro de Osborne y lo, graban y reivindica Ernai.

Lanzamiento objetos contra cuartel Guardia Civil de Tolosa. En Bilbao daños contra el periódico, El Correo , Sede del PP y placas en memoria de asesinados por ETA.

Muchas de estas acciones de SORTU de EH- BILDU,

Sus juventudes ERNAI han tomado el, protagonismo en las acciones.

Actualmente nace como más activa GSK ( Gazte Koordinadora Socialista) de base comunista, como alternativa a los jóvenes que desde 2019 han realizado acros en 130 pueblos del País Vasco, dominan en las fiestas, txoznas y gaztetxe. Gran capacidad para movilizar a la juventud en la calle.

Tienen intención de presentarse a las próximas elecciones mediante su partido EHKS ( Euskaro Herirlo Kontseilu Sozialista )

ETXERA apoyo a los presos. SARE movilizaciones traslado de preso a prisiones vascas .

JARDUN aplicación de la antigua Alternativa KAS, Tales la Independencia y Fuera Cuerpos de Seguridad,

EHKS antes Ikasle Abertzaleak – Sindicatos de Estudiantes de gran implantación y actividad en las universidades e institutos. Por el congreso en noviembre 2025.

ITAIA – feministas.

Sindicato de la Vivienda (0KUPA) vinculado al Movimiento Sozialista donde se integran también GKS y Kontselilu Sozialista.

Se puede determinar que estos grupos han evolucionado hacia una mayor disciplina en la actuación de manifestaciones, una uniformidad totalmente de negro BLACK BLOC y movimiento de lucha callejera perfectamente organizados,

Organización de los grupos y apoyo a otros como los ultras del futbol.

Buena preparación física muchos de sus elementos practican artes marciales.(MMA ).

Por todo ello la labor policial, estará centrada en

Determinar los grupos e integrantes, y otros que les apoyen dentro o fuera del País Vasco,

Lugares de reunión o de ocultación de los materiales que utilizan.

Control de las redes sociales

Captación de información.

Y en las actuaciones policiales fundamental debe ser las Medidas de Autoprotección y en las actuaciones que hagamos por su extrema violencia.

3.- Inspector Brigada de Información de Vitoria

TERRORISMO ISLAMICO,

Durante el año 2024 en España han sido detenidos 81 personas por yihadismo, em mayor numero desde el 11.M. las zonas de mayor influencia son Cataluña y Andalucía, por PN y GC.

Es un fenómeno ascendente a nivel global y en España con mayor razón , producido por el aumento de la inmigración de países musulmanes o refugiados por conflicto bélicos o la aspiración de la creación por los musulmanes del EL ANDALUS.

Hablamos de la Yihad, sus orígenes, símbolos con el Corán y su doctrina de recogida en las sharías. Sus banderas, UNMA unidad de creyentes, las mezquitas y sus imanes. Según las banderas que utilicen podremos determinar sus organizaciones la mayoría de las veces son de color negro.

Como Policias deberemos estar atentos a estos movimientos y deberá existir una perfecta coordinación y colaboración entre toras las brigadas y mas entre Información y Extranjería.

Localización de mezquitas o lugares de rezo, imanes, signos y vestimentas que utilizan, locutorios, redes sociales, peluquerías y otros centros de reunión.

Intentar detectar elementos radicales y células, sin olvidar en ningún momento de los Menas,

El mayor peligro nos puede venir del Lobo Solitario cada dia mas utilizado , que atentara con explosivos, vehículos, armas de fuego o blancas intentan producir el mayor número de víctimas., buscan lugares con una afluencia de personas. Abundante en épocas navideñas según se ha podido ver en varias ocasiones.

En las intervenciones policiales debernos extremar las medidas de AUTOPROTECCION y difundir al resto de unidades policiales, sin olvidar las seguridades de los edificios .

Intentar una colaboración de otros cuerpos policiales.

Mario Sánchez Santos.

La Policía Nacional ha emitido una alerta interna recordando los criterios de actuación después de detectar un aumento del 60% de las denuncias relacionadas con la supuesta pérdida del pasaporte por parte de inmigrantes que quieren aprovecharse de la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez. En bastantes casos, han podido comprobar que existían «antecedentes» penales y policiales en España y en otros países. Las nacionalidades más propensas a utilizar esta trampa son la pakistaní, argelina, marroquí y colombiana.

La Policía ha recomendado que los funcionarios que realizan estos trámites procedan a una «identificación plena» del denunciante, incluyendo una comprobación de la situación administrativa en España. En el escrito con fecha de 10 de febrero pasado y publicado en la prensa en general, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional advierte de que «este tipo de denuncias experimenta un incremento de aproximadamente el 60%». Además, informa de que las nacionalidades «de mayor incidencia» son por este orden: pakistaní, con un aumento del 866,67%; argelina, con un 356,25%; marroquí, que aumenta un 114% y colombiana, con un 39%. El documento no detalla las cifras absolutas, sólo el incremento porcentual.

El cuerpo policial señala que este aumento de las denuncias se ha detectado comparando las cifras entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 con respecto a 2025, coincidiendo con el anuncio del Gobierno de legalizar a más de medio millón de inmigrantes ( en realidad serán más de un millón ) que acrediten un mínimo de cinco meses de permanencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. De ahí que miles de inmigrantes estén maniobrando para tapar sus delitos.

«Con motivo de la publicación el pasado 22 de enero de la noticia sobre un nuevo proceso de legalización de inmigrantes que se encontraran en nuestro país en situación irregular a fecha 31 de diciembre de 2025, se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias en las ODAC (Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano) por extravío/pérdida o sustracción de documentación (principalmente pasaporte), por parte de ciudadanos extranjeros completamente indocumentados», ha indicado la unidad policial El documento es un oficio que lleva por título «difusión de alerta y criterio básico de actuación policial, relacionados con el aumento de denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados».

Varios sindicatos de la Policía Nacional, como Jupol, mostraron su enfado ante el anuncio de Pedro Sánchez al verlo como una medida de «cálculo político» y porque se va a llevar a cabo «sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad»pública. En este sentido, las organizaciones sindicales alertaron del «efecto llamada» y de que podría generar el «fraude del pasaporte perdido», además de suponer un «balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos». La información con la que cuenta la Comisaría General de Extranjería y Fronteras apunta a que, en este marco de legalización masiva, se podría estar recurriendo a la práctica de alegar una pérdida del pasaporte «buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria».

Desde este órgano de seguridad, advierten de que han podido comprobar que en muchos casos existían «antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países». También se ha detectado falsificaciones al recurrir a «otras identidades diferentes de la denunciada», así como «resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor» ( denegaciones de residencia y órdenes de expulsión ).

El efecto llamada del Gobierno social-comunista que disfrutamos, ha derivado en el colapso de los consulados de países como Pakistán, Argelia o Marruecos y en centros de inmigrantes como el de Ceuta. La situación cada vez es más delicada ya que se han generado peleas en los aledaños de las delegaciones diplomáticas, mientras que los inmigrantes del centro de Ceuta viven hacinados y en muy malas condiciones. De hecho, 50 personas han sido trasladadas a otras regiones debido a este colapso.

Las cifras que maneja el Gobierno para la legalización extraordinaria de extranjeros que ya se encuentran en España están «muy lejos» de la realidad. Los expertos policiales creen que, «en la práctica», se podrán beneficiar «entre dos y tres millones» de personas gracias a que en un futuro podrán solicitar la reagrupación familiar para traer a sus parientes más cercanos.«No serán sólo los padres e hijos. Los datos apuntan a que ese proceso afectará a otros niveles de parentesco».

El Gobierno sanchista alcanzó un acuerdo con el partido Podemos –aunque en realidad los votos de la formación política no serían necesarios para aprobarlo– para normalizar la situación de centenares de miles de personas que ya están ilegalmente en nuestro país. Los primeros cálculos oficiales apuntaron a unas 500.000, aunque organismos privados como Funcas -fundación privada de acreditada solvencia- creen que ascendería al entorno de 840.000 en enero del año pasado. En la actualidad es muy probable que superen el millón.

La propuesta del Gobierno ha sido criticada por la oposición por el evidente «efecto llamada» que crearía. El Gobierno social-comunista manifiesta que no creen que esto se produzca, ya que sólo se regularizará a aquellos que puedan demostrar que vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025. Eso sí, alertan de que el mensaje que se da a las mafias que trafican con personas y a quienes esperan para llegar a Europa es claro: «Lo que les llega es que en algún momento, si llegan y no mueren en el camino, es que se les convertirá en legales».

Lo que no se podrá controlar son los familiares que luego quieran reagruparse con los que ya están aquí», abundan los técnicos. De ese segundo proceso es de donde sale la cifra de los «dos o tres» millones finales que los responsables de la Comisaría General de Extranjería manejan. A los policías que luchan contra la trata y la inmigración ilegal les preocupan otros dos aspectos. El primero, la dificultad de adaptar los servicios públicos a un incremento de población «tan repentino». El segundo, es la seguridad ciudadana.

El borrador del decreto ley, que está elevado a consulta pública y que tenía que convalidarse antes del finales del pasado mes de febrero, indica que no podrán normalizar su situación aquellos con antecedentes penales. «No es lo mismo tener una sentencia que un historial policial. La primera puede tardar años en llegar, así que vamos a legalizar a muchos que se dedican a los pequeños robos o al menudeo de droga».

La norma recoge que los interesados tendrán que presentar un documento en el que no aparezca que han cometido delitos previamente. El problema, según los especialistas policiales, es que tendrán que ser los países de origen los que emitan ese certificado. De no responder, los extranjeros sólo tendrán que aportar una declaración responsable en el que aseguran no tener antecedentes.

Este aspecto, choca con la actual Ley de Extranjería, que en su punto 31.5 detalla que «para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español, y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido». La comunidad jurídica expresa que, si no se modifica ese punto, el real decreto del Pedro Sánchez para regularizar inmigrantes «sería muy fácil de tumbar» ante el Tribunal Supremo pidiendo «la suspensión cautelar» porque «una simple declaración responsable no da por cumplido ese punto de la ley orgánica».

La redacción del proyecto y su negociación se llevaron a cabo sin pedir informes policiales a la Comisaría General de Extranjería, según ha trascendido. Los profesionales en esta materia muestran su «extrañeza» y «enfado» a partes iguales. Sorpresa porque no se haya trabajado la propuesta con documentos y estadísticas oficiales sobre un tema tan delicado. Y cabreo porque, después de que la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunciase el pacto con el Gobierno, nadie haya preguntado a los especialistas, a pesar de haberse elevado a consulta pública, el paso previo a convalidarlo en el Congreso.

Oficialmente, los expertos de la Policía Nacional no han redactado informe alguno respecto a la regularización de este supuesto medio millón de personas pese a a tener la competencia exclusiva sobre la materia. Este Cuerpo policial tiene dos unidades especializadas en la criminalidad relacionada con la inmigración. Una es la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que investiga la trata de seres humanos y la inmigración ilegal, desplegada en todo el territorio nacional y segunda, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una suerte de «inteligencia» inmigratoria, centralizado en Madrid.

A nivel europeo, ha ocurrido algo llamativo. Cuando una delegación nacional lleva al pleno de la Eurocámara un asunto de consumo interno, el hemiciclo se vacía, los oradores se reducen al país implicado, la Comisión se pone de perfil y la discusión se despacha sin dejar huella. En esta ocasión ocurrió todo lo contrario. El debate sobre la legalización de inmigrantes decretada por Pedro Sánchez se extendió casi dos horas y movilizó a más de 60 eurodiputados de la mitad de los Estados miembros.

Representantes de los gobiernos de Alemania, Austria, Italia, Polonia, Suecia, Portugal y Hungría cargaron contra la iniciativa de Sánchez. La amnistía inmigratoria, advierten, «socava nuestros esfuerzos comunes por reforzar las fronteras y combatir la inmigración ilegal». Se trata de una medida «unilateral» que «ignora la seguridad de los ciudadanos europeos» y «pone a Europa en riesgo», ya que los emigrantes podrán moverse por todo el espacio Schengen. ( toda la Unión Europea menos Irlanda y Chipre ) .»No tiene que ver con la solidaridad; es una estrategia política para mantenerse en el poder», denuncian.

El comisario europeo de Inmigración, Magnus Brunner, que al principio se lavó las manos alegando falta de competencia, endurece ahora el tono: como regla general, los inmigrantes irregulares deben abandonar la Unión Europea ( UE ). «Sin esto, nuestras políticas no son creíbles», enfatiza. Sánchez deberá asegurarse de que su regularización «no tenga consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea» y de que los beneficiarios no usen su permiso de residencia como “cheque en blanco”. Aunque Bruselas no puede parar la medida, las protestas y el aislamiento de Sánchez continuarán.

El precio de la vivienda en venta y alquiler en España está desbocado desde hace años debido a la nefasta gestión de este Gobierno social-comunista. La falta de oferta, el aumento de la población a costa de la inmigración, la inseguridad jurídica, la insuficiente construcción de nuevas unidades y de vivienda social, así como las medidas regulatorias poco eficaces, son las principales causas del aumento de precios, opinan los expertos. El valor de la vivienda en venta en España creció un 9,8% entre enero de 2024 y enero de 2025, mientras que el alquiler aumentó un 11,8%, tal y como revela el informe de precios de la plataforma idealista.

Según los últimos datos del INE ( Instituto Nacional de Estadísdica ), la población de España aumentó en 115.612 personas durante el cuarto trimestre de 2025, hasta situarse en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, de los cuales 10.004.581 son extrranjeros, el 20,03%.. Las principales nacionalidades de este grupo son la venezolana, la colombiana, y la marroquí. La lógica es simple: con más personas, se necesitan más casas.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aseguró en una sesión en el Senado en 2024 que España necesita entre 200.000 y 250.000 inmigrantes anuales para mantener el sistema de bienestar y las pensiones, aunque otras fuentes apuntan que no será suficiente. España necesita inmigración, pero los emigrantes necesitan casas donde vivir. Con las condiciones actuales del mercado, la inmigración tiene un impacto significativo en el importe de la vivienda, ya que la falta de oferta hace que españoles y extranjeros compitan por una casa.

“La inmigración juega un papel fundamental en la dinámica del mercado de la vivienda en España. A día de hoy, el crecimiento de la población en el país está impulsado principalmente por la llegada de emigrantes, ya que la población nacional española está en declive debido a la baja tasa de natalidad”,.“La mayoría de los inmigrantes que llegan a España no cuentan con redes familiares o económicas que les faciliten el acceso a una vivienda propia, por lo que dependen, en gran medida, del mercado de alquiler. Como consecuencia, los precios han aumentado, especialmente en las grandes ciudades”,

Las dificultades para encontrar un hueco en el mercado de la vivienda condiciona la vida de miles de emigrantes. Los datos hablan por sí solos. Según un estudio reciente de la organización Provivienda, el 47% de las personas extranjeras interesadas por un alquiler son rechazadas, frente al 32% de los nacionales. Además, cuando se les cierra la puerta a un alquiler, los foráneos reciben dos alternativas habitacionales frente a las cuatro que ofrecen los nacionales. El informe publicado en 2025, recoge que el racismo inmobiliario se aplica casi sin excepción: el 99% de las agencias aceptan ‘cláusulas racistas’ por parte de los propietarios que quieren utilizarlas para ofrecer su piso en alquiler.

Basta con echar un vistazo a las cifras para observar cuánta vivienda compran, dónde y de qué tipo. Solo el 13% de los compradores de casa en España tienen nacionalidad extranjera, según datos del Colegio Oficial de Registradores. Además, su presencia se concentra en mercados muy concretos y, en muchos casos, en segmentos de precio medio-alto o alto. De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que más de un tercio de los extranjeros (36,6%) que llegaron a España en 2024 residen fuera de las comunidades autónomas de mayor tensión (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias).

El sector de la construcción, clave para movilizar vivienda en un contexto de déficit de oferta, lleva meses pidiendo regularizaciones de emigrantes y flexibilización de requisitos de entrada para paliar una falta de mano de obra en el mundo inmobiliario. Desde el Ministerio de la Vivienda afirman que la industria constructora reclama la necesidad de apertura de nuestro país. Los emigrantes son el 20% de los trabajadores de la edificación y obra pública. Las proyecciones realizadas hasta la hecha indican que hasta 2.028, España espera ganar 3,5 millones de personas debido al fenómeno inmigratorio y arrastra un déficit acumulado de 700.000 viviendas en la última década, según informa el Banco de España. Una cifra que como no se corrige, sigue creciendo y encareciendo los precios de compra-venta ya en máximos como ha ocurrido en los últimos 14 años.

Los especialistas en esta materia indican que los inmigrantes han contribuido a la subida de precios de la vivienda en un contexto en donde la oferta residencial no ha respondido lo suficiente. Desde 2.019, los niveles de extranjeros con residencia permanente han aumentado un 50% hasta un nuevo máximo mientras que las casas disponibles apenas han crecido. Desde 2.016 hasta 2.024, la llegada de inmigrantes ha sumado presión al valor de los inmuebles, en 2.024 llegó al seis. Un valor que entre 2.010 y 2.015 era casi nulo, con su punto más bajo en 2.012, cerca de 1.

Estos resultados, sugieren que la emigración no estaba presionando los precios al alza o que otros factores económicos como las secuelas de la crisis financiera de 2.008 tenían un peso mayor. Sin embargo, en el mismo período la creación de vivienda no se motivó por el aumento de residentes extranjeros. A partir de 2.018, hay un ligero incremento pero apenas supera el 0,5 del índice. Los precios han respondido mucho más rápido que lo que ha hecho la construcción.

La entrada de inmigrantes supone también un aumento de la fuerza laboral para el mundo de la construcción de vivienda. La Seguridad Social sitúa en más de 84.000 autónomos extranjeros en este sector industrial a cierre de 2.025. Pero en el caso de España, el défict es especialmente importante donde los inmigrantes se han ido concentrando y donde no se ha expandido el sector de la construcción de manera suficiente. Para esto, antes de la explosión inmigratoria en los inicios del 2.000, el mercado inmobiliario era más homogéneo, con una mayor proporción de propietarios y distribuidos por todo el territorio nacional.

Hoy en día, el perfil de quién busca casa es diferente al optar por el alquiler y en las grandes ciudades aunque sea más caro como Madrid y Barcelona. Lo que se traduce en una presencia muy desproporcionada que genera nuevas necesidades que no se están resolviendo con la carencia de política de vivienda de este Gobierno social-comunista que no hace más que tensionar la oferta sin aportar nuevos desarrollos urbanos. Los promotores urbanísticos llevan varios años advirtiendo de la necesidad de construir pisos por lo que ahora es necesario recuperar del orden de 250.000 unidades al año para cubrit el déficit acumulado. Además de duplicar la producción anual, incluso con capital internacional si es necesario.

Las actividades inmobiliarias sufrieron una caída récord de empleo en la recta final de 2025. Según la última Encuesta de Población Activa del INE, el mundo de la vivienda perdió más de 20.000 ocupados en el cuarto trimestre del año pasado, hasta quedarse con menos de 167.000, lejos del récord que alcanzó en verano. Estos resultados, que contrastan con el momento de ebullición de la construccción, son una señal de la falta de oferta que arrastra el mercado residencial y del cambio de modelo productivo que está en ciernes, marcado por un mayor peso de los autónomos, la digitalización, la profesionalización y la eficiencia. Según los técnicos, el sector se encamina hacia una mayor concentración.

El impacto de las políticas de vivienda de los distintios Gobiernos de Pedro Sánchez desde 2.018 y más desde 2.023 cuando se aprobó la Ley de Vivienda ha generado una reducción de la oferta de alquiler residencial de larga temporada. Existen distintas cifras según la fuente, centrándose la mayoría en la pérdida de casas tras la nueva ley. Según el Observatorio del Alquiler, más de 120.000 inmuebles hasta mayo de 2.025 y más de 240.000 según otras. Sea una u otra estas cifras constituyen una sangría en la oferta tradicional.

Las causas de la retirada del mercado han sido porque los propietarios han trasladado sus viviendas al alquiler de temporada o de habitaciones, o directamente a la venta, debido a las limitaciones de precios en las zonas tensionadas, la mayor duración de los contratos y la falta de seguridad frente a la ocupación, factores todos ellos potenciados por la referida Ley de Vivienda.

Y ya para complicar los eternos tiempos de espera para la tramitación y resolución de los expedientes de residencia y trabajo de los inmigrantes, la base de datos policial que se encarga de estos asuntos sufre una incidencia grave ( colapso ) desde el pasado mes de diciembre y tiene paralizados o retrasados todos los documentos necesarios. Se habla de más de 200.000 expedientes. Para paliar en lo posible este estancamiento, los funcionarios están resolviendo la situación de manera manual, uno a uno y no dan abasto lógicamente. La sobrecarga del sistema no augura su total recuperación en un breve espacio de tiempo ya que a estas alturas de año aún no está resuelto.

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Desde que llegan a España los inmigrantes ilegales, se ven atrapados en un laberinto burocrático que es el Reglamento de Extranjería, del que esperan salir mediante la regularización extraordinaria anunciada por nuestro generoso Gobierno social-comunista, a principios de año. Centenares de miles de personas están a la expectativa de lograr un permiso de trabajo y residencia. El proceso nace de la recuperación por Podemos de una Iniciativa Legislativa Popular ( ILP ) -aunque no lo reconozcan- impulsada por entidades sociales, agrupadas en la plataforma ‘RegularizaciónYa’ y que dormía el sueño de los justos en algun cajón del Congreso de los Diputados

Cuando plantearon la medida los cachorros comunistas, sus cálculos -intencionadamente a la baja- eran que unos 500.000 emigrantes podrían lograr papeles; hoy, entidades como Funcas -fundación independiente- han actualizado la cifra y la elevan hasta 840.000 inmigrantes potencialmente beneficiados. Para proyectar el dato, desde esta entidad han cogido la lista de personas empadronadas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística ( INE ) –que pueden tener permiso de residencia o no- y se resta de las personas que tienen permiso de residencia, de estudios o por asilo. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de gestionar el proceso, afirman carecer de información al respecto en una nueva mentira piadosa. ¡ Dejarán de saberlo !. El portavoz del grupo de extrema izquierda Podemos en una entrevista realizada en Radio Nacional de España también afirmó que, en realidad, serían 800.000 o más los extranjeros afectados.

¿Quiénes son, dónde viven y de dónde vienen?, El perfil mayoritario es el de una persona originaria de Hispanoamérica, que ya está viviendo aquí y que tiene una red social, de familiares y/o amigos, que lo apoya, según explica la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar. “Los más numerosos nacieron en Colombia, Perú y Honduras. Son jóvenes, en edades laborales activas, mayoritariamente ya están ocupados en la economía informal, en empleos poco remunerados y de baja cualificación”, detalla. Si reproducen el patrón de los emigrantes que hoy sí tienen papeles, la mayoría viven en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.

Actualmente, España es una de las economías que más crece de todo el Viejo Continente y gran parte de esa bonanza se explica por la intensa incorporación de personas nacidas en el extranjero. En los últimos cinco años, se han creado en España 2,4 millones de empleos en la economía formal, de los cuales el 39% los han ocupado emigrantes. Los nacidos fuera de España pero que cotizan en España ya superan los tres millones de personas y la regularización anunciada por el Gobierno promete disparar la cifra.

“La gran mayoría de emigrantes en situación irregular entran en España a través del aeropuerto de Madrid- Barajas. Desde prácticamente toda la América hispana pueden acceder a España sin visados, como turistas. Aquí, encuentran un mercado laboral que demanda gente y gran parte de los que vienen ya tienen un familiar o un amigo que les recibe. El recorrido inmigratorio lo tienen hecho”, explica la investigadora de Fedea y profesora de la UCM Claudia Finotelli.

Esta especialista en gestión de extranjería señala la evidente mejora que experimentarán las vidas de aquellos que acaben acogiéndose a la regularización, ya que obtener un permiso de trabajo les permite –que no garantiza- conseguir un empleo con unos mínimos y una vez legalizados “la evidencia empírica señala que la gran mayoría ya no vuelven a la irregularidad”. No obstante, también señala las contradicciones que le supone al Estado tener que recurrir a una medida extraordinaria como esta.

Lo cierto es que durante años, el modelo de extranjería ha perdido eficacia. El arraigo social exigía -tradicionalmente tres años de invisibilidad- y dos desde el año pasado; el arraigo laboral era casi inaccesible; la contratación en origen se había convertido en una ficción administrativa. Las Oficinas de Extranjería acumulaban retrasos increíbles y la irregularidad sobrevenida se multiplicaba. Cuando cientos de miles de personas viven en la ilegalidad durante años, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural: es el síntoma de un sistema que ya no puede gobernar la realidad que debe regular».

“Sánchez ha aprendido la lección de Zapatero y ha dado más tiempo a presentar papeles y no requiere contrato de trabajo previo, lo que dejaba la regularización en manos de los empresarios. Desde la izquierda se piensa en que no nos podemos permitir una economía sumergida ante el reto demográfico que tenemos por delante”,

“Es un parche para resolver un modelo de captación de mano de obra extranjera que es muy deficitario y que alimenta una economía que depende de sectores muy volátiles y precarios y necesita incorporar a mucha gente que cobre bajos salarios”, afirma la investigadora de Fedea. «No le veo sentido al debate entre regularización sí o no, deberíamos reflexionar sobre qué tipo de modelo productivo queremos», añade.

Mayoritariamente, los informes coinciden en señalar que la regularización supondrá una mejora para las condiciones de vida de los potenciales beneficiados, aunque no está claro que todas las personas que tengan derecho a legalizarse acaben aflorando a la economía formal y una parte seguirá en la economía sumergida.

Las empresas ven con buenos ojos la medida, especialmente las de la construcción, el campo, el transporte, la hostelería o el cuidado de personas, sectores donde la población emigrante legal ya está hoy sobrerrepresentada. La legalización les habilitará de más mano de obra en un contexto en el que, pese a las todavía altas tasas de paro, lamentan falta de personal en distintas profesiones, habitualmente las peor remuneradas.

No obstante, economistas y sindicatos advierten de que no todas las empresas o particulares que hoy dan empleo informal querrán asumir los costes derivados de contratar a esas personas, como pagar cotizaciones sociales o reconocerles derechos básicos como bajas por enfermedad, vacaciones o prevención de riesgos laborales, entre muchos otros.

Los sindicatos ya están preparando campañas para tratar de organizarlos y que esta oportunidad suponga una mejora de sus condiciones y les permita consolidar una carrera profesional a medio y largo plazo en España. La legalización de estas personas no supondrá un tapón o una mayor competencia para la población nacida aquí a la hora de encontrar un trabajo, “ya que gran parte de las profesiones que hoy copan los emigrantes son profesiones a las que los autóctonos no quieren acceder y para las que están sobrecualificados”, explica la directora de Estudios Sociales de Funcas.

La Seguridad Social arrancó 2026 con 3.038.158 afiliados extranjeros en la serie original, tras sumar 195.129 cotizantes en el último año. Detrás de esa cifra hay un protagonista claro: los trabajadores venezolanos, que se han convertido en el colectivo que más crece en términos absolutos y relativos. Los afiliados procedentes de Venezuela aumentaron en 34.651 personas respecto a enero del año anterior, un 19,7% más, hasta alcanzar los 210.984 cotizantes. El avance coincide con el nuevo escenario político abierto tras la caída del tirano Nicolás Maduro. Parte del colectivo ya residía en España, pero el contexto reciente ha acelerado procesos de regularización e integración en el mercado de trabajo.

El liderazgo venezolano se asienta después de que el mes pasado adelantaran a sus vecinos colombianos, que eran los que más nuevos empleos de origen foráneo aportaban a la Seguridad Social. El flujo de llegadas de trabajadores venezolanos a España se ha intensificado de manera sostenida en la última década y ha marcado una progresión sin precedentes en los registros disponibles. Este patrón refleja la magnitud del éxodo venezolano: se estima que en la última década han salido del país más de ocho millones de personas, impulsadas tanto por la crisis económica como por la prolongada dictadura política que ha caracterizado al régimen chavista y su impacto en la economía local.

Su crecimiento no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en una transformación estructural del mercado laboral español que está actuando como palanca del ciclo expansivo. Desde 2022, la economía acumula 8,9 puntos de crecimiento del PIB. De ellos, 4,2 puntos -el 47% del total- se explican por la aportación de los trabajadores extranjeros, según el estudio ‘La inmigración en España: retos, impacto y políticas’, publicado por Funcas. Desde 2019, la población activa ha crecido un 7,8%, lo que equivale a 1,8 millones de nuevos trabajadores, prácticamente todos de origen extranjero. España cuenta hoy con 22,4 millones de ocupados, la cifra más alta de su historia. De ellos, 3,57 millones son extranjeros y 4,79 millones si se incluyen quienes tienen doble nacionalidad.

Sin esa aportación, el empleo estaría prácticamente estancado en un contexto de envejecimiento acelerado de la población nacional. El fenómeno ha supuesto, en términos económicos, una auténtica conmoción de oferta: más trabajadores disponibles han permitido elevar la producción sin trasladar toda la presión de la demanda a los precios Los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de afiliados a la Seguridad Social. Su peso es especialmente elevado en construcción, hostelería, agricultura y servicios personales. En construcción superan una cuarta parte del empleo; en agricultura rebasan el 27%; y en el trabajo doméstico se aproximan a la mitad.

Según el análisis de Funcas, la inmigración ha facilitado el desplazamiento de la fuerza laboral nacional hacia ocupaciones de mayor productividad y mejor remuneradas. En el último lustro, el crecimiento del empleo entre españoles se ha concentrado en categorías como directivos y profesionales cualificados, mientras que las ocupaciones más básicas dependen en mayor medida de mano de obra extranjera. Sin ese flujo migratorio, la economía habría respondido al tirón del turismo o a la demanda de vivienda vía precios, más que vía producción. Es decir, el crecimiento habría sido menor y la inflación, mayor.

En paralelo, el emprendimiento emigrante gana peso. Los autónomos extranjeros alcanzan los 496.330, un 6,2% más que hace un año, con presencia creciente en actividades tecnológicas y de servicios avanzados. El dinamismo del colectivo venezolano simboliza ese giro estructural. España no solo incorpora mano de obra para cubrir vacantes: amplía su capacidad productiva en un momento en que la mayoría de economías europeas enfrentan contracción demográfica. Hoy, uno de cada cinco residentes en el país ha nacido en el extranjero. Sin embargo, los expertos advierten de que la inmigración no resuelve por sí sola los desequilibrios de fondo. La fotografía, en todo caso, es nítida. El crecimiento económico reciente no se entiende sin la inmigración.

Por otro lado, el pasado mes de enero se cerró con 918.756 personas en paro fuera de la estadística. Es el mayor registro desde que se aprobó la reforma laboral impulsada por la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para transformar la contratación temporal en indefinida, donde se encuentran los fijos discontinuos. Este tipo de contrato permite a la empresa suspender al trabajador en los periodos de menos actividad. Y aunque el empleado tiene la garantía de mantener el contrato con la empresa y volver a ser llamado, queda desempleado, sin actividad ni sueldo, durante ese periodo. Sin embargo, no se incluye en el paro registrado como el resto.

Esta categoría creció con fuerza en la fiebre china ( pandemia ), cuando numerosas empresas suspendieron su actividad y los ERTE ( Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ) se convirtieron en una figura clave para suspender trabajos temporalmente; pero con la desescalada y la recuperación de la normalidad, volvió a sus niveles habituales en 2022, justo antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. Ante la polémica desatada, el Ministerio de Trabajo se comprometió hace ya tres años, en enero de 2023, a informar del número exacto de fijos discontinuos inactivos. En definitiva, a separar la cifra de ese total de demandantes de empleo con relación laboral. Sin embargo, a día de hoy sigue sin hacer público ese dato.

El 2025 ya se cerró con casi 900.000 demandantes de empleo con relación laboral, alrededor de un 200% más que en 2019, lo que anticipaba que se podía superar esa cota en los próximos meses. En este enero este tipo de desempleados crecieron en 25.823 personas, casi lo mismo que subió el paro registrado que oficialmente comunica el Gobierno sanchista .En el mes pasado, se perdieron 270.782 empleos y el Ministerio de Trabajo informó de que el paro registrado aumentó sólo en 30.392 personas, una brecha que si bien depende de otros factores (jubilaciones o personas que pierden su trabajo y no se inscriben en el SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal- por falta de incentivos), podría explicarse en gran medida con los fijos discontinuos inactivos.

La suma del paro registrado y el paro oculto da como resultado el paro «efectivo», un término acuñado por Fedea. Con los últimos datos, se situaría en los 3,36 millones de personas. En enero de 2019 esos parados totales, según los datos del SEPE, eran 3,57 millones, lo que indica que se ha producido una bajada del 6%, frente al descenso del 26% que ha registrado el paro sin este colectivo. En definitiva, el peso de los fijos discontinuos en el mercado laboral y su desempleo en meses como enero, por la fuerte estacionalidad que mantienen los trabajos, aleja las cifras oficiales de paro de la realidad. Tal y como se ha publicado, uno de cada cuatro parados inscritos en las oficinas del SEPE ( Srvicio Público de Empleo Estatal ) está oculto en la estadística.

Nos hemos acostumbrado a que el Gobierno social-comunista dedique buena parte de sus esfuerzos al desarrollo de cortinas de humo para encubrir el escenario crítico que lo envuelve y que habría acabado ya con la legislatura y con cualquier administración en las democracias de nuestro entorno. Es una pulsión y una estrategia que Pedro Sánchez maneja con un virtuosismo indiscutible. Pero hay señuelos y señuelos. Y, sin duda, ni es menor, ni inocuo el Real Decreto ( no Real-Decreto-Ley ) para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que dicen se encuentran en España sin mencionar la menor explicación numérica, ( ¿ de dónde sale esa estimación ? ) tras un pacto entre PSOE y Podemos, que no tendrá que pasar por el Parlamento porque lo harán modificando el Reglamento de Extranjería, ténica jurídica muy custionable porque va a cambiar aspectos de la ley de Extranjería que además tiene carácter de orgánica.

Como el sanchismo cuenta con una trayectoria y un bagaje consolidados de engaños y mentiras, parece difícil explicar en razones de humanidad, derecho, dignidad y justicia este proceso masivo y en la práctica con muy buenas condiciones para esos cientos de miles de personas y sus familias. De haber sido así, podría haber facilitado en su momento la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2024 por todos los grupos menos Vox y que el PSOE ha bloqueado desde entonces. Obviamente, el oportunismo político ha activado la espoleta de una situación potencialmente muy explosiva que solo desde la irresponsabilidad y la malicia se puede relativizar.

Por no hablar del procedimiento escogido para eludir el Congreso en una alcaldada impropia de un Estado de Derecho, pero que retrata una degeneración personalista. El argumentario, los artificios y el confeti del oficialismo no se sostendrán frente a una decisión que presionará unos servicios públicos ya al límite, activará un efecto llamada masivo, embestirá contra las unidades y los funcionarios de extranjería con un volumen millonario de trámites y cotejos imposibles, deslegitimará las normas migratorias, tensionará la sociedad y la seguridad ciudadana, cuestionará y debilitará las políticas imperantes en Europa de protección y control de las fronteras por el libre tránsito en la Unión e impactará en el mercado de la vivienda con más demanda, entre otras.

No hay remedios mágicos para la inmigración ilegal, pero estoy convencido de que la demagogia, el populismo y la cancelación de la Ley y parte de los trámites administrativos, arman una bomba de relojería para todos y no forman parte de la ayuda eficaz y real para las personas que demandan de las autoridades, honestidad y atención, sin que se las manipule como piezas de los cambalaches del Gobierno sanchista, el partido Podemos y la transferencia inmigratoria para Cataluña. Mucho me temo que, como es norma en el sanchismo, pronto se olvidarán de ellos, y tendrán que buscarse la vida entre una burocracia sobrepasada, mientras Moncloa preparará otra cortina de humo. Por lo pronto, esta última no puede ni debe condicionar las consecuencias políticas, y veremos si penales, de la calamitosa gestión ferroviaria. Hay que abrir las puertas, sí, pero a la justicia.

.Los sindicatos policiales han salido rápidamente a expresar su radical oposición a esta medida, que va a significar un claro “efecto llamada”, y destacando la carencia de efectivos en los servicios de extranjería, entre otros, para atender a esta población que agrava situaciones ya críticas que provocan un colapso imposible de gestionar. Señalando además que carecer de antecedentes “penales” no es lo mismo que carecer de antecedentes “policiales”, lo que es un dato muy significativo en cuanto a la situación que puede crear en la seguridad pública y la convivencia ciudadanas tan enorme cantidad de inmigrantes legalizados. Una medida más de desguazar el Estado para satisfacer a Pedro Sánchez su deseo de continuar en la Moncloa

Esta concesión a Podemos -hasta ahora muy crítico con el gobierno por su enfrentamiento político con Yolanda Díaz- se ha efectuado a su vez mediante una cesión que claramente beneficia a los de Juntos por Cataluña ( Junts ) e Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), además del socialista Salvador Illa, que no olvidemos está al frente del gobierno regional catalán con el apoyo de Oriol Junqueras, de ERC. El precio pagado por los de Iglesias ha sido levantar el veto a que se transfiera a la administración catalana la gestión de la política inmigratoria que consideran “xenófoba”.

La consecuencia de tal cantidad de inmigrantes legalizados -debido a que, no se olvide, habían llegado a España ilegalmente- es un “efecto llamada” indiscutible. Y totalmente en contra de la política inmigratoria de los países de la Unión Europea ( UE ) que están reforzando los controles y facilitando expulsiones de inmigrantes irregulares. Así sube la población activa y ocupada y sube el Producto Interior Bruto ( PIB ). Pero, como señala el Consejo General de Economistas en su barómetro económico, la Macro y la Micro (economía) no coinciden y no se perciben mejoras en los hogares, empresas y ciudadanos.

Es un error pensar que Pedro Sánchez se mueve por cualquier otro interés que no sea el estrictamente personal. Ahora ha decidido imponer una regularización masiva para alterar el censo electoral y complacer a sus socios de la izquierda radical y antisistema de Podemos y Sumar. No hay que sorprenderse, porque es coherente con una estrategia característica de la izquierda castrista, sandinista o chavista. Las instituciones tienen que estar al servicio del líder y el Poder Ejecutivo tiene que someter al resto de los poderes del Estado.

Por supuesto que el objetivo fundamental es alterar el censo en las próximas elecciones municipales – mayo de 2.027 ( pueden votar no solo los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España sino también aquellos nacionales legales con los que España tenga acuerdos de reciprocidad y que son: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago ) mientras hace lo mismo con nacionalizaciones masivas, más de 250.000 cada año, así como por la aplicación de las antiespañolas leyes de la Memoria Histórica que solo buscan la división. Desde que llegó al poder, el sanchismo ha conseguido incrementar la población en más de tres millones por medio de una inmigración que espera también le resulte útil en las elecciones generales. No le importa que sea un auténtico disparate y que tenga un coste multimillonario a la vez que tensiona todos los servicios públicos, mientras le pueda dar votos.

Es cierto que no se sabe qué van a votar, pero la euforia del sanchismo político y mediático es un claro indicador de la estrategia que subyace en esta inquietante iniciativa populista. Se hace sin buscar ningún tipo de consenso y orillando, por supuesto, a las Cortes. Nada le puede gustar más que gobernar a golpe de decreto mientras sus palmeros critican a presidente norteamericano Trump por utilizar las órdenes ejecutivas, aunque respetando, como no hace él, al Congreso y al Senado en las materias que constitucionalmente le corresponden. En cambio, no ha presentado aún el proyecto de Presupuestos Generales para este año y la prórroga proviene de un texto de la pasada legislatura.

Los regularizados procedentes de Filipinas, Guinea Ecuatorial, Andorra y los países hispanoamericanos podrán solicitar la nacionalidad tras solo dos años y entonces ya sí podrán votar con carácter masivo.. El resto no tiene que preocuparse, porque el sanchismo buscará la fórmula que lo permita. Hemos pasado del clientelismo de la Restauración ( período post-napoleónico ) a uno nuevo que es a golpe de Boletín Oficial de Estado ( BOE ), como muy bien señalaba el Partido Popular ( PP ). El Gobierno no quiere organizar el fenómeno emigratorio y buscar que tenga un importante valor añadido. Ni siquiera le importa que haya delincuentes que se beneficien de la norma.

El Movimiento ‘Regularización Ya’, afincado en la órbita de Podemos, ha aproximado hasta casi el millón de inmigrantes que se verán beneficiados por la regulación masiva acordada entre Podemos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como primera medida legislativa tras el accidente ferroviario de Adamuz que dejó 46 muertos, en la provincia de Córdoba. Hay que recordar que esta propuesta lleva desde marzo del año pasado en fase de negociación de ambas formaciones políticas. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha entrado, vía telefónica, en los estudios de RNE de Prado del Rey para someterse a una entrevista ante los micrófonos del programa ‘Las mañanas de RNE’, en una conversación conducida por su presentador y periodista Josep Cuní., ha querido matizar que el PSOE debe sacar adelante una cuestión que para ellos es «ineludible»: la regularización extraordinaria de casi un millón de inmigrantes en situación irregular si quiere obtener algún tipo de apoyo político del que tan necesitado está Pedro Sánchez.

Con su particular celebración en sus redes sociales, la organización política Podemos, cifra en cerca de 700.000 los emigrantes que habitan en el territorio nacional de manera irregular y se podrán acoger a la medida presentada que, a la espera de conocer las especificaciones – lo que se ha filtrado es la parte correspondiente al Ministerio de Interior y falta la del Ministerio de Trabajo- una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), eliminará los «procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos». La formación, que cuenta con el apoyo del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tachado de «logro histórico» la nueva cesión del Gobierno sanchista tras más de cinco años de reclamos.

Este partido comunista señala que todos los extranjeros que «carezcan de antecedentes penales relevantes» se podrán acoger al procedimiento antes del 30 de junio de 2026. Desde Moncloa se apunta que la intención es comenzar la regulación extraordinaria en el mes de abril y cada permiso no se extenderá por encima de los 15 días.

Debido a que los datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ) no marcan una tendencia certera, como respuesta a la decisión del Gobierno, el centro de análisis Funcas- expertos en los movimientos migratorios en España- publicó el pasado 26 de enero un informe sobre el impacto de la inmigración irregular en España. Con los datos facilitados hasta el 1 de enero de 2025, los ilegales que provienen de países no comunitarios representan un 17,2% de los ciudadanos ajenos a la Unión Europea. Exceptuando el periodo entre el 2021 y el 2022, cuando se cerraron las fronteras a nivel global por el impacto de la gripe china ( covid-19 ), en todos los años registrados la tónica es ascendente con el conocido «efecto llamada« denunciado por los principales sindicatos policiales y grupos de la oposición política.

A efectos numéricos -añaden- un total de 840.000 personas no han superado los trámites administrativos para regularizar su situación durante los últimos años y que ahora podrán intentarlo de nuevo.. «Esta nueva estimación apunta a un crecimiento considerablemente sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017, cuando la cifra apenas superaba los 100.000, (4,2%)», reza el documento publicado.

Salvo que se produzca una nueva anomalía democrática bajo el mandato del líder de los socialistas, cosa nada descartable, el Reglamento de Extranjería señala que las personas que puedan acogerse al fundamento del arraigo podrán reclamar la nacionalidad en dos años, lo que dejaría, por los plazos, sin opciones a los ciudadanos que llevan cinco meses en España. Ahora bien, en el caso de que haya una repetición electoral el escenario cambiaría..

Con mucho gusto, publico el relato que, bajo el título «El aprendizaje», me ha remitido, mi buen amigo y compañero el Comisario Pral. Mario Sánchez Santos, al «I Concurso de Relatos en la Actividad Policial», convocado por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Policía Nacional de las Islas Baleares,

El día 1 de julio de 1978 un grupo de jóvenes Inspectores del Cuerpo General de Policía, procedentes de la Escuela General de Policía. Llegaban a la Comisaria de Vitoria eran recibidos por el Comisario jefe y el Comisario 2º jefe que nos da los destinos y los atributos del cargo Placa, Carnet profesional y las armas reglamentarias, 1 revolver Astra 250 calibre 38 y 1 pistola Star 9 mm corto.

Seis de este Grupo son destinados a la Brigada de Información donde pueden ver una mala situación en instalaciones 2 viejos despachos, 2 viejos vehículos K ( 1 Seat 1500 amarrillo y 1 Seat 124 rojo), personal escaso solo 4 compañeros eran más antiguos que serían nuestros maestros.

En Plan Delincuencial era una ciudad tranquila en delincuencia común y en terrorismo el 5 de marzo 1978 ETA asesina a tres policías armados .

La ciudad está en tensión ante el segundo aniversario de los Sucesos del 3 de marzo de 1976 que produjesen incidentes en las fiestas del 25 Julio o en las Fiestas de la virgen Blanca del 4 al 8 de agosto.

Por ello el jefe de la Brigada nos asignó un servicio de captación de información en la calle, dividida por zonas y en parejas, Nuestra labor era todos los dias ir a nuestra zona e informar al jefe telefónicamente, sin ir en ningún momento por Comisaria, esto nos sirvió para conocer la ciudad y alguna persona.

Todo transcurría con normalidad hasta el 7-7-1978 se producen graves incidentes en la plaza de toros de Pamplona por ello se convocan manifestaciones en todas las provincias vascas.

En Vitoria 8-7-78 se producen muchas manifestaciones que terminan con graves incidentes con agresiones a la Policia, roturas de lunas en establecimientos, lanzamiento de cocteles molotov. En la puerta de Comisaria queman un z con cocteles. Esta situación dura muchos dias y nuestra labor consiste en controlar, infiltrarnos , interrogar detenidos y hacer diligencias.

Asi empieza nuestro solitario APRENDIZAJE ANTITERRORISTA sujetos a la escasez de personal, medios materiales y sobre todo una falta de información y preparación para poder combatir el terrorismo.

En este momento en Vitoria y provincia actuaban las organizaciones terroristas: ETA-MILITAR ,ETA-POLITICO-MILITAR, COMANDOS AUTONOMOS ANTICAPITALISTAS, GRAPO, IRAULTZA, CNT, Y EXTREMA DERECHA, de los cuales teníamos que aprender sus modus operandi.

Para su solución teníamos grandes factores a nuestro favor : Juventud, Capacidad de Sacrificio y muchas ganas de aprender e investigar. Por ello dedicábamos casi todas las horas del dia al trabajo, intentando captar información conociendo gente, poder hacer detenidos, por falta de medios poníamos nuestros vehículos particulares y alguna ocasión nos apoyaban nuestras mujeres en las vigilancias. Tuvimos que comprar armas, pues los etarras tenían de 15 tiros y nosotros solo de 7, hacíamos prácticas de tiro en el CIR 11, Policia Armada nos dejaban Cetmes.

Iniciamos para captar informaciones reuniones con Oficiales de Policia Armada, Guardia Civil en los cuarteles de los pueblos, Miñones, Policia Municipal y Cesid, posteriormente con partidos politicos y en pueblos Dificil era la captación de colaboradores .

Los compañeros de la Brigadas de Información de Bilbao, San Sebastián, Pamplona, donde más incidencia tenía el terrorismo fueron nuestro gran apoyo facilitando informaciones ,fotos, modus operandi de los terroristas

Toda la actividad terrorista fue en aumento con rapidez y nosotros tuvimos que responder a cada ACCION una REACCION que produjese detenidos y captación de información lo que se fue logrando con grandes éxitos. Y creando Medidas de Autoprotección para nuestros compañeros, militares, familiares y nosotros lo que dio buenos resultados mediante charlas.

Iniciamos el aprendizaje y uso de escuchas telefónicas, manejos de cámaras fotográficas y de video llegando a comprar una cámara con nuestro dinero y posterior un ordenador .

Creo que un buen Investigador debe tener unas cualidades tales como: Constancia, Corazonada Policial o Intuición y la Suerte. Hasta aquí ha sido toda la teoría y la preparación para poder atacar al terrorismo, pero todavía no habíamos sido espectadores directos de ningún acto terrorista.

Y el primero fue el 18.7.1978 artefacto explosivo contra un Land Rover de Guardia Civil con heridos y daños.

Pero el 23-9-78 una trampa explosiva mediante la colocación de una cadena, a las afueras de Vitoria, en la que un Policia Armada resulta muerto y heridos un Capitán e Inspector Brigada de Información, Este hecho fue muy impactante para la Brigada porque podíamos haber sido más víctimas de la Brigada, nos salvamos 3 porque estábamos agregados en Pamplona. Este atentado nos sirvió de Autocritica para la actuación de llamadas anónimas de explosivos, siempre rodear la zona y actuación siempre de los Tedax. De esta forma se evitaron muchos muertos y heridos.

Tal vez el atentado que más nos impactó a los compañeros antiguos y a nosotros, fue el 23.3.1979 el asesinato del Inspector del Cuerpo Superior de Policia Antonio Recio Claver cuando estaba en el local de su suegra, sito en una céntrica calle de Vitoria, entraron 3 miembros de ETA le dispararon produciendo su muerte.

Se nos quedo grabado la declaración de los testigos ,todos decían uno de los autores llevaba un abrigo de príncipe de gales que nos sirvió para la investigación. Entre varios compañeros llevamos el féretro desde la iglesia hasta el cementerio, donde aguantamos insultos.

Esto no nos mermo el ánimo, al revés nos, produjo mayor reacción para investigar para lograr la identificación y detención de sus autores, `por primera el Cesid nos aporta datos.

10-1-1980 Asesinato del jefe de Miñones Jesus Velasco nos dejo impactado, pues 2 dias antes estuvimos con el pidiendo datos de lugares por el secuestro de Rupérez. En la sociedad produjo un gran rechazo por su puesto y forma de actuar ante sus hijas y alumnos de varios colegios que fueron testigos que colaboraron con nosotros en identificación de los autores.

Siempre se que quedo grabado la imagen de una de sus hijas, en su casa, cogiendo mi Placa “ TIENES QUE COGER A LOS QUE HAN MATADO A MI PAPA”

Podría seguir describiendo durante muchas páginas todos los atentados mortales, lesiones, amenazas por impuesto revolucionario y los daños que producían los artefactos explosivos y el ambiente de tensión que se captaba entre nuestro Cuerpo y en los ciudadanos, todo el dia estaba en alerta total , ante cualquier llamada de Comisaria,

Fuimos testigos de los asesinatos . POLICIA 12, GUARDIA CIVIL 10, EJERCITO 3, ERTZAINTZA 2 , MIÑONES 1, POLICIA MUNICIPAL 1, POLITICOS 1 Y CIVILES 13. Asi como 2 Secuestros y 350 artefactos explosivos.

Como podéis ver el tributo que pagamos fue muy grande.

Pero la parte positiva es que aquellos inspectores jóvenes aprendieron mucho y se enfrentaron a ETA con todos los conocimientos adquiridos dio como resultado . 400 detenciones, 45 comandos desarticulados, incautación de información que sirvió para evitar más atentados, incautación de armas, explosivos, vehículos y dinero. Grandes éxitos que fueron compensados por nuestros jefes y de reconocimiento por una parte de la sociedad.

No puedo olvidar uno de los servicios policiales del cual estamos más orgullosos. Fue la localización de un coche robado en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria, donde iba a jugar Alaves y Lerida.

En el maletero del vehículo localizamos un artefacto explosivo con 50 kgs. de explosivo, metralleta con tornillos de las vías de trenes todo en interior bomba de butano. Fue desactivado por los Tedax. Se evito la muerte de 20 Policias y numero indeterminado de espectadores, por ser el último partido había muchos niños. Actualmente se está juzgando a una de sus autores María Soledad Iparraguirre.

Para finalizar tengo que rendir un homenaje a mis compañeros y resto de víctimas. Agradecer a quienes confiaron en nuestro trabajo y a nuestras familias que sufrieron mucho por nuestras vidas

Siempre estaré orgullo haber trabajado por y para la Policia, portando la Placa y en los últimos años en el uniforme. He tenido el mejor trabajo del mundo y encima me han pagado por ello.

Cuando veamos un uniforme de Policia Nacional pensad que son los HOMBRES DE LA PAZ que con su sangre y sacrificio lograron la disolución de ETA y otras organizaciones terroristas. ESTA ES UNA VERDADERA MEMORIA QUE NO DEBEMOS OLVIDAR NUNCA. Y nuestro Cuerpo debe ser garante de ello.

Ante el «incumplimiento generalizado, prolongado y estructural de las obligaciones legales de protección en materia de seguridad y salud laboral que afectan al conjunto de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía», el sindicato JUPOL mantiene viva su denuncia en la Audiencia Nacional contra la Dirección General de la Policía (DGP) y el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Una demanda que, según explican desde este sindicato policial, ha sido reformulada con una mayor contundencia técnica, haciendo uso de la herramienta jurídica conocida como «reserva de acciones» que mantiene viva la reclamación, preserva el conflicto jurídico y permite continuar el procedimiento por la vía más eficaz.

Hay que recordar que en la tramitación de la demanda anterior, la Audiencia Nacional no entró a valorar el fondo del asunto ni la abundante prueba documental aportada, sino que instó a JUPOL a «reformular el escrito para detallar de manera aún más explícita los incumplimientos atribuibles a la DGP y al Ministerio del Interior». Un hecho que no implica que la demanda haya sido desestimada o que exista desestimiento por parte del sindicato.

Según consta en la demanda, «la DGP mantiene un sistema preventivo meramente formal y burocrático, sin eficacia real, que incumple de manera habitual la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa específica para la Policía Nacional». A juicio de este sindicato, este modelo se limita a reproducir documentos, procedimientos y declaraciones, pero sin evaluación real de riesgos, sin planificación eficaz y sin control alguno mediante auditorías, lo que deja a los agentes expuestos a riesgos graves, ciertos y perfectamente conocidos.

Este incumplimiento coincide, tal y como apuntan desde JUPOL, con un aumento preocupante de las agresiones a policías, que alcanzaron su máximo histórico reciente en 2024 con 16.878 ataques, según datos oficiales del propio Gobierno. Pese a ello, la DGP no ha reforzado la protección del personal ni adaptado su sistema preventivo a esta realidad.

La demanda detalla graves deficiencias estructurales en dependencias policiales, carencia de equipos de protección individual adecuados, incluidos chalecos antibalas caducados o no adaptados a la morfología del agente, falta de armeros homologados, ausencia de simulacros de emergencia, deterioro higiénico de instalaciones y condiciones ergonómicas inaceptables.

Por no hablar de la negativa de la DGP a evaluar los riesgos psicosociales, incluso en unidades especialmente expuestas como las Unidades de Intervención Policial ( UIPs – antidisturbios ). Pese a las solicitudes formales de este sindicato policial, el Consejo de Policía ha rechazado reiteradamente la realización de evaluaciones psicosociales, ignorando datos de bajas psicológicas, incidentes operativos y la elevada carga emocional de estas unidades.

En definitiva, la Administración vulnera el derecho fundamental del artículo 28.1 de la Constitución ( derecho a la sindicación libre y a la libertad de afiliación ). Y por ello, este sindicato policial reclama que Interior y la DGP cumplan la ley y garanticen la protección eficaz que corresponde por derecho a los policías nacionales.

Y es que el objetivo de su demanda es conseguir que que la Audiencia Nacional declare la existencia de un incumplimiento sistemático y generalizado del deber de protección, la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad física, moral y a la libertad sindical y la obligación de la Administración de adoptar las medidas preventivas necesarias, evaluando de forma real y actualizada los riesgos y desplegando un sistema de prevención eficaz.

En este sentido, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, afirma que «esta demanda era ineludible. La Policía Nacional vive desde hace años en un estado de abandono preventivo que pone en riesgo la vida, la salud física y psicológica de miles de agentes. La Administración está obligada a proteger a quienes protegen a la sociedad, y sin embargo ha optado por mirar hacia otro lado. Exigimos que la ley se cumpla y que se garantice la seguridad de todos los policías nacionales».

Con la llegada de las fiestas de la Navidad, la gente llena las tiendas y los supermercados para hacer sus compras navideñas. Por eso aumentan los personajes con la mano muy larga. Esta época del año se consolida como la preferida para cometer los robos en los comercios ya que los meses invernales concentran el 29% de los hurtos que se cometen en los establecimientos.

Desde la optica policial y ante estos supuestos, se distingue claramente entre robo y hurto aunque la población en general emplea ambos términos indistintamente y solo lo diferencia cuando se lo explican en la Comisaría de Policía más próxima cuando va a realizar la correspondiente denuncia.

La característica clave es que el hurto es tomar algo sin permiso, sin violencia ni fuerza, como por ejemplo esconder un producto y salir del comercio. Mientras que el robo implica usar violencia, fuerza ( romper una vitrina ) o intimidar a um empleado para llevarse algo. El robo es un delito más grave sancionado con penas mayores.

Las sustracciones en comercios se producen por diferentes motivos, desde dificultades económicas hasta factores psicológicos y emocionales, afectando a diario no solo a grandes superficies de distribución sino también a pequeños negocios. Esta conducta delictiva tiene un impacto económico significativo para todos estos establecimientos: la pérdida desconocida supuso pérdidas de 2.817 millones de euros a los comercios españoles en 2024, un 1,1% del total de su facturación. Así lo muestran los datos del último Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, recopilados por NIQ con la colaboración de Aecoc y el patrocinio de Checkpoint Systems.

El impacto de los hurtos se ha incrementado con respecto a los datos de 2023, cuando la pérdida ignorada supuso un impacto de 1.800 millones de euros, es decir, del 0,74% del total en la facturación anual.

Los hurtos representan el 77% de la pérdida oculta en 2024, de estos, casi seis de cada diez se tratan de externos (un 59% frente al 57% del ejercicio previo), mientras que el 18% corresponde al hurto interno de los trabajadores. Los errores administrativos y el fraude a los proveedores también contribuyen a esta pérdida desconocida, pero en mucha menor medida: en un 15% y un 9%, respectivamente.

Este crecimiento de los saqueos externos va en línea con lo que las empresas perciben: el 65% de ellas consideran que estos han aumentado respecto al ejercicio previo. Este tipo de hurtos se concentra en su mayoría en la propia sala de venta (78%) y el segundo «punto caliente» son los probadores, donde más robos de este tipo se producen (9%), incluso por encima de las cajas de salida (4%). La cantidad media sustraída por acto se sitúa en 195,58 euros, sin embargo, ocho de cada diez de los hurtos no superan los 150 euros.

«Es un impacto grande en el que algunas empresas se ven muy condicionadas. Es necesario tener recursos para poder minimizarlo«, asegura Alejandro López, responsable de prevención de pérdida de Aecoc.

Además, se está observando un «cambio de tendencia» en la persona que comete el hurto, tal y como explica Carlos Cruz, director de ventas de Checkpoint Systems España. El 65% de estos robos se producen por clientes esporádicos que no son profesionales, mientras que el 35% de los hurtos son acometidos por bandas organizadas.

Con respecto al perfil más habitual, el barómetro muestra que casi la mitad son actores multirreincidentes; es decir, que realizan tres hurtos o más al año en los establecimientos. Además, tres de cada cuatro hurtos externos son realizados por individuos entre 18 y 50 años y los que más cometen estos robos (48%) tienen menos de 30 años.

El aceite de oliva ocupa la primera posición en la categoría de alimentación y bebidas debido al incremento de precios en los últimos años. El 81% de las compañías indica que es el más hurtado, a la par que las conservas y ahumados, seguidos de embutidos y quesos (ambos con 69%) y los vinos y licores (56% ).

En la categoría de cuidado personal y belleza resaltan las colonias y fragancias como el «producto estrella». Un escalón por debajo se encuentran las protecciones solares y las cuchillas de afeitar. El maquillaje desciende al cuarto puesto del ranking.

En cuanto a productos electrónicos, el 67% de las compañías indica que los auriculares y los cascos son los productos de electrónica que más les hurtan. El segundo puesto lo ocupan los smartphones (56%) ( teléfonos móviles que funcionan como ordenadores de bolsillo ), seguidos de los ordenadores portátiles (44%), los cargadores (33%) y los videojuegos (33%). Irrumpe con fuerza el hurto de smartwatches, ( relojes de pulsera conectados a tu smartphones ) casi al mismo nivel que la telefonía móvil.

En las sustracciones en el sector del bricolaje, las bombillas siguen ocupando la primera posición (100%). Los segundos productos más deseados son las pilas y las baterías (80%) y los terceros artículos son las herramientas, tanto manuales como eléctricas (60%). En cuanto a la industria de productos destinados al hogar, los cubiertos y el menaje de mesa (platos, cuencos, etc.) son los productos del hogar más rapiñados

El sector moda es uno de los más codiciados por los ladrones. El presente barómetro revela que la ropa interior y lencería, el calzado y los abrigos, cazadoras y chaquetas son los artículos más robados. En la cúpula de los más sustraídos también destacan las camisetas, las camisas y las blusas, junto a los bolsos, que se cuelan entre los diez productos más vulnerables.

Seis de cada diez empresas advierten que cada vez es más difícil encontrar personal de seguridad, en gran medida porque la agresividad verbal y física de los infractores hacia el personal de la tienda se ha incrementado «mucho». «Precisamente por esa falta de personal, las top-3 medidas van ligadas con tecnología», explica David López, Strategic Analytics & Insights de NIQ.

La totalidad de los expertos encuestados dispone de cámaras de vigilancia en sus tiendas. El 96% de los establecimientos tienen antenas antihurto y el 83% están protegidas por vigilantes de seguridad físicos en la tienda. Además, un 74% de los comercios cuenta con arañas (alarmas rígidas), collarines y cajas de policarbonato para asegurar individualmente los productos; y cerca de la mitad (un 48%) aprovecha la tecnología RFID ( sistema que usa ondas de radio para rastrear objetos de forma inmediata ) con una función antihurto.

Cuatro de cada diez establecimientos disponen de cajas de autopago, por tanto, el 79% de los encuestados cree que deberían incluirse más medidas disuasorias en las cajas de autopago. El 22% invierte recursos extras en estos puntos para prevenir hurtos.

Según el estudio, las soluciones para expositores y mecanismos de acción retardada están presentes en el 35% de los establecimientos y las herramientas de análisis de datos recopilados por las antenas antihurto en el 43%. También destaca que un 48% de los comercios ya implanta medidas específicas para luchar contra el crimen organizado en sus establecimientos.

A estas alturas, todavía no se han terminado de completar todas las piezas del puzle del encuentro de marras entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegui. Si algo ha resultado chocante hasta ahora ha sido el tono del desmentido por los dos afectados… La noticia de la reunión podía resultar más o menos escandalosa en según qué capas de la sociedad española. Pero su trasfondo político se diría amortizado. Nadie en la órbita del PSOE siente ya el menor asomo de vergüenza por ir en el mismo barco que EH Bildu.

Entiendo que la actualidad pone difícil detenerse en los asuntos colaterales con la que está cayendo. Pero sí hay un «cómo hemos llegado hasta aquí» que merece un cierto estudio.

Suele decirse que las bases del sanchismo se establecieron durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero. El aserto es cierto en lo que tiene que ver con Bildu. Esa etapa marca una ruptura con la idea, asimilada de manera más o menos tácita, de que, por lejanos que fueran sus planteamientos a los del PP, habría un marco de cuestiones fundamentales en los que siempre estaría más cerca de este partido que de las fuerzas periféricas disolventes.

Que este planteamiento llegase hasta el entorno político de ETA era imposible de presentar en aquel entonces. Pero ya se empezó a trabajar en su viabilidad futura. El relato se empieza a cambiar al plantear la negociación con la banda terrorista para conseguir el final de su actividad. Los defensores de la idea suelen insistir en que había estado encima de la mesa de todos los gobiernos anteriores. Y es verdad.

Pero falta decir que, a raíz de la ruptura de la tregua de 1998, se empezó a vislumbrar la posibilidad de acabar con los pistoleros sin concederles el estatus de interlocutores políticos. Zapatero, que había impulsado desde la oposición un pacto antiterrorista muy imbuido de ese espíritu, cambia, ya desde el poder, esa dinámica. Antes de eso, quedará para el recuerdo la intervención parlamentaria de Jesús Caldera defendiendo la Ley de Partidos cuando formaba parte del primer Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

Es entonces (2006) cuando se destaca que Otegi hace «un discurso por la paz». Son los mismos años en los que la Transición Política empieza a ser discutida severamente. Uno de los argumentos más repetidos es que era un pacto vergonzante con los verdugos. Era difícil no tener la sensación de que ese mismo acuerdo era lo que se estaba propugnando para acabar con la lacra terrorista.

Son, también, los años en los que se empieza a hablar con insistencia de la Memoria Histórica. En lo que tiene ver con ETA, ésta terminaría siendo bastante selectiva.

Otro de los mantras más repetidos era que, cesada la actividad criminal de la banda, su entorno político debería moverse con normalidad por las instituciones. Esto era algo más o menos asumido. Pero desde una óptica de «ellos por su lado y nosotros por el nuestro»

Poco después del final de ETA, la izquierda independentista empieza a ser vista con un aura casi beatífica por parte de cierto periodismo muy enraizado en Madrid. Los más extremos de los ochenta votaban en sus pueblos a Herri Batasuna aprovechando el distrito electoral único de las europeas.

Décadas después, empezó a estar bien visto decir que ojalá se pudiese optar por Bildu en cualquier provincia. Los cantos de sirena de la hipotética candidatura confederal de Rufián se mueven en ese eje de coordenadas.

Cuando triunfó la moción de censura de 2018 todavía quedaba algo de pudor. Por eso se insistía en que los votos favorables de los separatistas no fueron decisivos para la aritmética. En estos siete años y medio, el prestigio de este entorno político no ha dejado de crecer en ciertas esferas de la creación de opinión pro-gubernamental. Han conseguido que una mezcla entre el rubor y la pereza cohíba antes de recordar algunos episodios de nuestra Historia reciente. «¡Ya están otra vez con la matraca de ETA!».

De modo que muy pocas cosas que se descubran sobre los entresijos de la relación entre el PSOE y Bildu moverán a un auténtico escándalo. Son décadas trabajándose el marco: el auténtico enemigo es la derecha democrática por lo que cualquier aliado vale contra ella.

Y Arnaldo Otegi es un señor.

Como última muestra de todo lo anterior, el Gobierno sanchista anunció el pasado lunes, día 22 de diciembre, un acuerdo con EH Bildu para ampliar en 2026 varias de las medidas incluidas en el escudo social que fueron aprobadas durante la pandemia, como la prohibición de desahuciar por impago del alquiler a familias vulnerables o de cortarles los suministros básicos del hogar como el agua o la luz. La prórroga debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y recibir el respaldo del Congreso de los Diputados. El sector inmobiliario ya se estaba preparando para la prórroga e insiste en que provoca inseguridad jurídica, fomenta la inquiocupación y perjudica a los pequeños propietarios, al obligarlos a asumir una función social que corresponde al Estado.

El camino emprendido por Pedro Sánchez es lograr convertir a Bildu en una organización no gubernamental ( ong ) que capitalice las medidas sociales que adopte el Gobierno en clara competencia con sus amigos de la ultraizquierda, como Podemos y Sumar.

La memoria terrorista, es una batalla que se mantendrá en la Comunidad Autónoma Vasca durante mucho tiempo. Una memoria, ajustada a la realidad de lo sucedido es muy necesaria para la convivencia actual y futura. Es evidente de que no hay que pasar página como desea una parte de la sociedad, pero yo añadiría que antes hay que leerlas bien y sobre todo no hay que olvidar que quedan casi 400 atentados sin resolver con más de mil víctimas que piden justicia.

En la tarea de facilitar la convivencia, Bildu ( Reunirse, en eusquera ) que no es más que la representación política de ETA, tiene mucha responsabilidad. Desde el cese del terrorismo, la sociedad vasca y los partidos que la representan -salvo Bildu- han dado un salto muy importante en el reconocimiento de las víctimas y la memoria crítica del terrorismo, situándolas en el centro del debate.

La petición de perdón por parte del ex-Presidente vasco Urkullu a las víctimas hace cinco años, en nombre de las instituciones vascas, por no haber estado a la altura en los años de plomo, le dio un importante impulso que mantuvo en el tiempo.

La dinámica de la política vasca, ha empujado a Bildu, a dar algunos pasos como su presencia en algunos homenajes a víctimas de ETA, como por ejemplo en Ermua ( Vizcaya ) al concejal del PP, Miguel Angel Blanco y en Mondragón ( Guipúzcoa ) al concejal del PSE, Isaías Carrasco; impensables hasta hace muy poco y que avanzará más en la dirección de reconocer el daño injusto ocasionado por el terrorismo.

Los seguidores de la organización terrorista, están convencidos de que su reconocimiento al daño ocasionado a las víctimas y sus familiares, va a facilitar la decisión de los jueces en favor de una aplicación más flexible de la legislación penitenciaria a los presos de ETA.

La herencia de ETA, que Bildu ha recogido en las cárceles, era de 230 presos en España y 57 en Francia. La mayor parte de los encarcelados en España estaban en primer grado ( peligrosidad extrema ) y aunque la mitad de ellos habían solicitado el cambio de calificación, se les denegaba sistemáticamente, con el argumento de que ETA no había desaparecido.

La banda armada, decidió disolverse cuando comprendió que su existencia era un obstáculo para mejorar la situación de sus presos. El Gobierno del Partido Popular ( PP ), había condicionado el cambio de su política penitenciaria a su desaparición. Esta es la respuesta que el entonces Presidente Rajoy le daba al Presidente vasco, Urkullu, a sus reiteradas peticiones desde 2.011 que fue cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad.

Entonces, tras el cambio de Gobierno del PP por otro socialcomunista, Urkullu consiguió que el apoyo prestado por sus cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), en el Congreso al Presidente Sánchez, haya pasado por el acercamiento de los presos a las cárceles vascas y la aplicación de la política penitenciaria de un modo más flexible ( cambios de grados, beneficios sociales, etc ) sin necesidad de cambiar la legislación.

Ahora, se ha sabido gracias a los informes de la Guardia Civil sobre la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicación de obras públicas mediante el pago de comisiones ilícitas ( mordidas en el argot policial ) y posible financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) que el que fue secretario de organización socialista, Santos Cerdán, realizó una labor de intermediación clave para que el PSOE se asegurase el apoyo de Bildu en el Congreso de los Diputados que tanto necesitaba para poder gobernar.

El propio Arnaldo Otegui admitió ante sus militantes en octubre de 2021 que la llave para apoyar a Sánchez era la de las cárceles y textualmente dijo: Si para sacar a 200 presos hay que votar los Pesupuestos Generales del Estado, se vota. Cuatro años después, las palabras de Otegui suenan a profecía cumplida.

Desde el verano de 2020, los traslados de los presos terroristas se aceleraron y se convirtieron e una práctica constante cada viernes. En público, no se ha reconocido ningún pacto entre el Gobierno central y Bildu sobre la política penitenciaria a seguir con los presos de ETA. En noviembre de 2020, el ministro del Interior, Grande Marlasca negaba que fuera un canje de presos por apoyo político aunque la realidad de los datos fuera otra: solo en 2020 se trasladaron a cárceles vascas más etarras que los dos años anteriores juntos. Hasta el propio PNV llegó a llamar a ese calendario, acuerdo cinco a la semana.

El proceso iniciado en la era Sánchez en 2020, culminó en marzo de 2023 cuando el ministerio de Interior dio por terminada la política de dispersión de presos etarras impulsada en 1989 por el Goberno de Felipe González, al haber acercado a todos los presos al País Vasco y Navarra. En total 175 internos fueron reubicados, bastantes de ellos con un historial policial repleto de delitos de sangre.

De esta manera, concluía la primera fase del acuerdo socialista-bilduetarra y se iniciaba otra, la segunda fase en la que todavía nos encontramos, la de los terceros grados ( régimen penitenciario de semilibertad en el que un recluso puede salir de prisión durante el día para estudiar o trabajar y debe de regresar a dormir ). Desde 2021 en el que Sánchez cediera la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco que es una reivindicación histórica del nacionalismo-independentismo, ambos partido ( PNV y PSOE) que gobiernan en coalición en aquella Comunidad Autónoma, han concedido 48 terceros grados y 20 libertades condicionales del total de 125 presos que había en ese momento.

En paralelo, la relación política entre PSOE y Bildu se ha ido consolidando. Después de las elecciones de julio de 2023 y a nivel público -meses después- se escenificó la primera reunión entre Sánchez, Cerdán y los dirigentes del separatismo, Merche Aizpurúa y Gorka Elejabarrieta, un viernes 13 de octubre. Era la primera vez que un Presidente del Gobierno se reunía a la vista de todos con los herederos de ETA. La foto del momento confirmaba que Bildu era ya un socio plenamente asumido por el PSOE. Ahora sabemos que no era su primera reunión entre los representantes parlamentarios de ambas formaciones políticas sino que habían empezado en 2.019 con Adriana Lastra y Rafael Simancas.

La banda armada volvió a pasar por alto otros tres avisos más que la historia le dio en la década de los años 80, señalándoles que matar no servía para nada. El primero de ellos ya se ha visto en el capítulo anterior ( Ley de Amnistía de 1.977 ). El segundo fue cuando el final del santuario francés -donde se escondían tras atacar en España- durante la Presidencia de Françoise Mitterrand ( 1981-1995) que iniciaba así el fin de las complicidades europeas.

El tercer aviso fue cuando se consiguió el Pacto de Ajuria – Enea ( nombre en eusquera de la residencia del Presidente del Gobierno Vasco, en Vitoria y que traducido significa, la Casa de los Ajuria ) en 1.988, cuyo nombre oficial fue Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, en el que los partidos vascos se conjuraron para negar representatividad alguna a ETA -que en sus comunicados reivindicatorios siempre decía hablar en nombre del pueblo vasco-  y combatirla policial y socialmente.

El cuarto aviso fueron las negociaciones y tregua de Argel -celebradas en el primer trimestre de 1.989 y cuya ruptura no valoró- y siguió pensando que podía derrotar al Estado español.

Durante esos años, el respaldo popular a ETA se centró en una Coalición Electoral llamada Unidad Popular, más conocida por traducción al vasco como Herri Batasuna y sobre todo por sus siglas: HB . Llegando a tener representación en el Parlamento Vasco y gobernar numerosos Ayuntamientos. En el año 2.003, HB fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos, al considerarla parte de ETA.

Pero antes, ETA había añadido a su listado de objetivos, al adversario político elegido en las urnas, como fue el asesinato del concejal del Partido Popular ( PP ) en el Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, el 24 de enero de 1.995. Extendiéndose así el crimen a quienes pensaban diferente mientras se envalentonaba el vandalismo callejero ( logrando que toda España supiese decirlo en eusquera, la kale borroka-lucha callejera ) y sus juventudes ( jarraitxus-jóvenes en eusquera ) implantaban sus ley urbana en las calles de las principales ciudades vascas.

Entonces, el paisaje de la región se llenó de escoltas para políticos, periodistas, empresarios o jueces y fiscales ; de más gente viviendo con miedo a la muerte de un balazo o a la explosión  de un coche bomba.

Una socialización del terror que tuvo su cénit, con el secuestro y asesinato, el 13 de julio de 1.997, del joven y desconocido concejal del Partido Popular ( PP ) en la localidad de Ermua ( Vizcaya ), Miguel Ángel Blanco, cuando la sociedad vasca se rebeló masiva e irreversiblemente contra los asesinos, a los gritos de : ¡ basta ya ! y ¡ no son vascos, son asesinos !.

A partir de ahí, los ciudadanos vascuences mostraron su hartazgo hasta el extremo que la izquierda nacionalista empezó a cuestionar a sus mentores de las pistolas. Este cambio progresivo de la percepción social del terrorismo, corrió en paralelo al acorralamiento de ETA en todos los frentes : policial, judicial e internacional. Especialmente, hay que destacar a la velocidad que los Cuerpos Policiales desmantelaban la cúspide terrorista y los comandos operativos más sangrientos.

La banda armada aún obvió otro aviso : el de la tregua que mantuvo en el año 2.006, con  el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que rompió en diciembre de ese mismo año con el atentado de la Terminal Cuatro ( T- 4 ) del Aeropuerto Madrid-Barajas, donde usó el coche-bomba más potente de toda su historia, con el resultado de 2 muertos y 19 heridos de diversa consideración.

Se quebraba así una negociación que se pensaba definitiva. Hubo que esperar a que el 20 de octubre de 2.011, tres encapuchados de la organización terrorista anunciaran que la banda criminal no volvería a matar. Habían pasado 43 años de dolor y de rabia.

Ahora la pregunta que tiene que resolver el paso del tiempo es : ¿ cuál es el legado de ETA ?. Yo creo que es, sin duda, el dolor causado durante décadas de sufrimiento que al final no han servido para casi nada. Pero ahora ya hay una gran batalla por el relato, por contar su historia. Ya se han detectado intentos de blanquear la crónica negra de ETA y se tiene que recordar que fue derrotada por la democracia y lo único que consiguió fue matar.

Antes de que la conciencia colectiva archive el terror hay que ganar también la batalla del relato porque el olvido ya ha comenzado. A los jóvenes vascos y a los restantes del territorio nacional, ETA les suena a antediluviano y deben de estar vacunados contra el odio mediante el conocimiento de la Historia. ETA quiso imponer mdiante el asesinato un proyecto político totalitario.

La historia de Euskadi Ta Askatasuna , nombre en vasco de la organización terrorista  Patria Vasca y Libertad, más conocida por sus siglas ETA, terminó oficialmente con un comunicado sobre su disolución que fue publicado el 3 de mayo de 2.018. Toca ahora contar 60 años de sufrimiento desmedido y averigüar que dirá la historia sobre unos hechos que no debieron de ocurrir jamás. Un recorrido criminal que se cobró 853 muertes y que para muchos no ha servido para nada.

ETA no quiere pasar a la posteridad como la banda asesina que ensangrentó la democracia española y que no supo leer tantos avisos que la Historia le dio para desaparecer. Quiere ser recordada como aquel movimiento de liberación nacional que surgió de la escisión de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco ( PNV), el grupo EGI-EKIN, unas docenas de jóvenes radicales germinados en la Escuela de Ingenieros de Bilbao en el curso 1.958-1.959, según habían afirmado sus fundadores de los que ya no queda ninguno. En septiembre de 2022 murió el último de ellos, Iñaki Larramendi a los 93 años.

La banda armada fue vista en sus primeros años como la personificación de la lucha contra Franco. Esta visión casi romántica, empezó a cambiar el día que la organización terrorista perpetró su primer atentado, el 7 de junio de 1968, cuando el terrorista Txabi Etxebarrieta mató al agente de la Guardia Civil José Pardines, al darle el alto en un control de carretera en Aduna ( Guipúzcoa ), considerándose el primer asesinado por la organización terrorista. Poco después, pereció Etxebarrieta en un enfrentamiento con la Guardia Civil pasando también a ser el primer etarra muerto.

Este doble bautismo de sangre dividió mucho a la sociedad vasca. A partir de entonces, la de ETA es solo una historia de asesinatos, miedos y complicidades. La respuesta policial de aquel tiempo, llevó al conocido como Proceso de Burgos, el 3 de diciembre de 1.970 a 16 de sus militantes de los que seis fueron condenados a muerte aunque las penas fueron conmutadas poco después por 30 años de prisión, fortaleciendo así -políticamente- a los terroristas como unos héroes de la lucha antifranquista.

Un perfil que se acentuó con el asesinato del entonces Presidente del Gobierno, el Almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1.973, en Madrid. Y a poco que nos descuidemos, eso es lo que quedará de ella : que se enfrentó a Franco y que mató a Carrero.

Con la llegada de la democracia, ETA se consagró como una máquina de matar y dejó de ver los avisos de que estaba fuera de tiempo. Perdieron todas las oportunidades para dejar de asesinar y todo para casi nada porque no han conseguido su objetivo principal que era la independencia. A pesar de tantos muertos, su fracaso en esa línea es de proporciones inmensas.

La primera oportunidad fue la Ley de Amnistía. En octubre de 1.977 y cuando se promulgó, fueron amnistiados 60 asesinatos y se le perdonaron todos los demás crímenes. Pero ETA siguió matando como si no hubiese pasado nada. Ahí, ETA perdió esa coyuntura. A partir de 1.978 comienza su etapa más letal : 244 personas asesinadas entre ese año y 1.980. En 1.980, llegó a matar a casi 100 personas ( 97 exactamente ), una cada tres días.

La organización terrorista no supo valorar ni el Estatuto de Autonomía Vasco, ni la Constitución Española. Ni tampoco supo interpretar la disolución de ETA Politico-Militar ( ETA P-M ) el 30 de septiembre de 1.982 para poderse incorporar a la vida política vasca a través de un partido creado para tal fin, el Partido para la Revolución Vasca ( Euskal Iraultzarako Alderdia , en eusquera ) aunque fue más conocido por sus siglas EIA y cuyos presos fueron puestos en libertad y premiados los demás militantes -caso a caso- en medio de una amnistía encubierta. Como paradoja, se puede añadir que algunos de ellos fueron amenazados por sus hermanos de ETA MILITAR.

Durante ese período realizaron los atentados más salvajes demostrando que cualquiera podía ser definido como objetivo de la organización terrorista. Como así ocurrió el 19 de junio de 1.987, con la matanza de Hipercor, un popular supermercado de El Corte Inglés, en Barcelona, donde una coche-bomba estacionado en el garaje del centro comercial mató a 21 personas y dejó heridas a otras 45.

Son años también en los que aparece el terrorismo de Estado a través de los Grupos de Liberación Nacional ( conocidos por sus siglas, GAL ) que causaron 27 muertes, dando así razones a la propia ETA para justificarse y generar más dolor.

Soy de la opinión de que tras la disolución de ETA, lo más importante y que ya se está viendo ahora, va a ser el relato que se va legar a las futuras generaciones en el que debe de quedar claro que el terrorismo de ETA, no tuvo justificación alguna y que sus victimas lo fueron injustamente.

La prueba de la importancia de la narración está en el comportamiento de ETA que, en el comunicado de su disolución, el 4 de mayo de 2.018, otorgó especial relevancia a la justificación de su trayectoria terrorista, desde sus inicios en 1.960 hasta su cese definitivo de la actividad armada el 20 de octubre de 2.011, cuando en España se disfrutaba de casi cuatro décadas de democracia.

Con su tesis de conflicto civil, cuyo origen sitúa en el bombardeo de Guernica por la aviación alemana en plena Guerra Civil, pretende justificar sus 853 asesinatos, cometidos -mayoritariamente- durante la transición política y la democracia aunque ahora culpe a Franco de todos sus males.

ETA, no tuvo justificación alguna y la historia debe de condenarla sin remisión porque es fundamental que las generaciones de jóvenes conozcan esa verdad y la historia no se repita.

Por eso, tras la disolución de la banda terrorista, la batalla por contar lo que pasó en realidad es una cuestión clave, no solo para el País Vasco sino que también lo es para el resto de los españoles. Primero, porque son muchas las personas que quieren olvidar, que quieren pasar página y segundo, porque existe mucho desconocimiento entre los jóvenes vascos y españoles de lo ocurrido en aquellos años de plomo.

Aunque el rechazo a ETA es abrumador y se considera que las víctimas del terrorismo merecen reconocimiento público y memoria. Se trata de un tema que hace tiempo que no se aborda en las aulas, ni en las tertulias familiares, ni en los debates públicos.

El País Vasco, con dos centros dedicados a la memoria de reciente creación : el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, dedicado a la memoria de la Guerra Civil, la represión franquista, el terrorismo de ETA y la guerra sucia del Estado español. Promovido por el Gobierno Vasco y con sede en Bilbao. Y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, impulsado por el Gobierno de la Nación y con sede en Vitoria.

Ambos centros, parten del planteamiento común de que el terrorismo etarra no tuvo excusa alguna pese al autoritarismo franquista y a la guerra sucia y están obligados a entenderse en aras a una explicación democrática.

Frente a ellos, está el relato de la propia banda criminal -ya anunciado en su comunicado de disolución- y ampliado por sus seguidores, en el sentido de que ETA fue una respuesta armada al Estado español por la invasión del territorio vasco. Así se pretende justificar en parte, los crímenes de ETA, que cuenta con el apoyo de toda una industria que está detrás, gracias a un entramado de asociaciones que a pesar de su escasa calidad y descarado partidismo, tiene una notable influencia y difusión en las redes sociales y medios de comunicación de aquella región española.

La invención de la Ley de Memoria Democrática del autócrata Pedro Sánchez ha puesto de moda la olvidada figura de Franco. Lo hizo primero exhumando sus restos de El Valle de los Caídos y trasladándolos en helicóptero para que el No-Do de TVE lo retransmitiera en directo. Con este gesto de raíz totalitaria se imponía el nuevo relato de la resurrección del Generalísimo Franco, y se «ponía en valor» El Valle de los Caídos, ignorado desde los años 70. Las monas de repetición de la prensa del fango gritaban: «Hay que liberar el Valle de la simbología fascista, empezando por profanar los restos de Franco» y luego volar esa cruz y desacralizar la basílica erigidas como un monumento al facherío.

Las burlas a esta maquinación para enfrentar a los españoles mediante la invención desde el poder de un «relato» parahistórico tuvo respuesta en el «francomodín». Como explica el izquierdista George Lakoff en «No pienses en un elefante» (2004) los «marcos mentales» en política conforman nuestro modo de ver el mundo. Son movilizadores de representaciones para activar valores, principios y directrices políticas. En definitiva, se trata de marcar la agenda política creando un atmósfera conceptual, un lenguaje emocional que defina unas realidades morales que los medios impondrán mediante la repetición.

La forma de contrarrestar estos relatos creados por la izquierda desde el poder es la batalla cultural. Pero ha costado entender qué ocultaba la estrategia de estos historias imaginarias. La derecha caía en la celada, se ponía a la defensiva, mientras el dictadorzuelo Sánchez fingía ser un demócrata y construía en la trastienda del poder una dictadura de la manipulación.

Con la derecha en Babia, la reacción voluntarista de la disidencia fue la burla. Así nació el «francomodín», como un emblema contra totalitarismo de Sánchez. No obstante, siendo una palabra con gran poder evocador y que dio en el blanco, era insuficiente para oponerse al marco mental impuesto desde el poder y replicado a tutiplén por el Equipo Nacional de Opinión Sincronizado del bulo: quienes no están contra Franco son fascistas. Toda esa retórica del «muro». El rollo con la resignificación mágica de lugares de memoria. Sacar en procesión a Franco y amenazar con cerrar su Fundación, no era más que cuento: imponer un relato que generase rechazo y acusar a la derecha y ultraderecha de fascista por no sumarse a la celebración del cincuentenario de la muerte en la cama del General Franco.

Pero a Sánchez y su banda de corruptos les importaba un higo Franco, la Guerra Civil y la República comunista que Franco humilló hasta que éstos huyeron de España como ratas. Gracias a la prensa libre y la digital se ha desvelado el secreto de Polichinela: pura magia Borrás que ocultaba la corrupción galopante de este Gobierno de ladrones.

Semánticamente, el «francomodín» ha tenido la virtud de ser un poderoso disolvente del estado de corrupción de la banda de Sánchez. Parecía que no tenía espesor para denunciar las tropelías de la mujer de Sánchez, del hermano de Sánchez, de los vicepresidentes pillados con las dos manos en las carnes de la prostitución y a saco en el Presupuesto Nacional de Sánchez. Pero los emblemas poseen un gran poder simbólico. Vean el puño en alto o el saludo fascista.

Pese a la casuística de las mentiras de Sánchez, que todos conocían pero callaban, fue al descubrirse el tráfico de fulanas de sus gerifaltes y la evidencia de que al Presidente más feminista de España, le ayudó el padre de Begoña a okupar la Moncloa con los dineros ganados con sus saunas de prostitución que las mentiras de Sánchez adquirieron sentido: eran francomodines ideados para ocultar el Estado de latrocinio de su Gobierno al completo, pues quienes no han participado activamente han callado.

Los numerosos cuentos ideados por el ingente equipo de asesores que tapaban una tropelía con otra, eran espejos deformantes de la realidad que impedían a los españoles ver la degradación de España ardiendo mientras la expoliaba un grupo de cuatreros. En este sentido, el francomodín es el último emblema heroico de la españolidad, porque desvela lo que con señuelos tan toscos como la invocación a Franco y el insulto de fascista ocultaron durante siete años que estaban en «ésto» por dinero, título del disco de Frank Zappa. Todos por la pasta.

El año comenzó con esperanza respecto a los repetidos casos de okupación con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Uno de ellas suponía que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se pasaran a tramitar bajo el procedimiento de juicios rápidos, es decir, los casos de okupación delictiva se incorporaron a la lista de delitos menos graves que pueden ser tramitados por la vía rápida en unos 15 días.

Entró en vigor a principios de abril y fue visto como algo positivo por algunos abogados  «Se puede acudir a la comisaría de Policía más cercana o al juzgado de guardia directamente a formular esa denuncia y se abre la tramitación de este procedimiento que debería dar lugar a un juicio en muy pocos días«. Sin embargo, otros pronto dieron la voz de alarma: «Esta reforma no sirve para absolutamente nada y os están engañando, tanto los políticos como los pseudo abogados que comentan sobre este tema y no son penalistas o bien no han pisado un juzgado en su vida».

Tras varios meses en vigor y con más casos reales en los que se ha podido comprobar su efecto, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro valoró la reforma procesal de la Ley Orgánica 1/2025 basándose en la Circular 1/2025 de la Fiscalía General del Estado (FGE) de finales de agosto. Su valoración muestra la difícil situación que se atraviesa con los casos de ocupación ilegal, es decir, las viviendas con okupas.

El autor del libro ‘Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble’ no deja lugar a dudas con su valoración: «La realidad es que La Ley Orgánica 1/2025 es ineficaz contra las okupaciones». El gran problema se muestra en la Circular de la Fiscalía. Esta explica que solo se podrá utilizar la vía rápida si hay atestado policial y detenido o citado, en relación al artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).

Sin embargo, lo que suele ocurrir es que se interponga una denuncia o querella, pero sin darse la detención al momento y en esos casos, como ocurría anteriormente, todo se resuelve mediante el Tribunal del Jurado. También y de manera más clara en los que no haya violencia por medio. Por tanto, Vicente Magro sentencia: «No es cierto que se resuelvan los casos de ocupaciones ilegales con esta reforma, porque no va a ser así».

El magistrado pide actuar con rapidez y eficacia: «Los ciudadanos cuyas casas están siendo ocupadas ilegalmente se quedan a la espera de que se les devuelva su posesión… y deben esperar años. Eso es inaudito en la UE e inaceptable en un Estado de derecho«. Es su propiedad y, salvo en los mencionados casos con detenido o citado, los casos de allanamiento y usurpación tardan demasiado en resolverse. Mas aún los de inquiokupación, que no es un delito de ocupación ilegal al uso.

Vicente Magro propone dos grandes vías para acabar con los okupas: desalojos en 24 horas y acabar con la paralización de desahucios de okupas debido a la vulnerabilidad. Esto se podría llevar a cabo aplicando el artículo 13 de la LECrim para acordar de forma general la expulsión inmediata en 24 horas de los okupas e implementando un nuevo artículo 544 sexies de la LECRIM, que no permita otra alternativa al juez de instrucción que ordenar el desalojo sin que pueda alegarse situación de vulnerabilidad por ningún motivo.

El experto en okupas es muy contundente: «Sin una medida cautelar de desalojo automático, la reforma es estéril». Finaliza con un resumen de la situación con las medidas implementadas actualmente en España: «Se quedan a medio camino».

Razones por las que los juicios rápidos no funcionan en la práctica

• Solo afectan a casos concretos: No se aplica a la mayoría de las ocupaciones, que suelen ser usurpaciones o en casos de inquilinos que no pagan el alquiler (inquocupación).
• El plazo de 15 días es para el juicio, no para el desalojo: El desalojo no es inmediato, ya que el proceso legal puede alargarse mucho después de que se celebre el juicio.
• Obstáculos legales y de procedimiento:
• La ley solo agiliza un juicio penal rápido: Si el ocupante no se declara culpable, el juicio se suspende y se remite al procedimiento ordinario, alargando el proceso.
• El plazo de 15 días comienza a contar desde la primera comparecencia del ocupante en el juzgado, no desde que se produce la ocupación.
• La Fiscalía ha limitado el alcance de la ley, excluyendo el allanamiento de morada por conflicto con la Ley del Jurado.
• Los ocupantes pueden interponer recursos para dilatar el proceso.
• La efectividad de la ley depende de la disponibilidad de recursos en los juzgados, que a menudo están saturados.

• Conclusiones
• A pesar de las expectativas generadas, los juicios rápidos no han resultado ser la solución rápida para desalojar a los okupas.
• La efectividad de la ley depende de la aplicación de otros factores, como la saturación de los juzgados, que podría anular la agilidad que se buscaba. 

En la Memoria Anual de 2.024 que la Fiscalía General del Estado presentó el pasado día 5 de septiembre, se advierte un fenómeno preocupante sobre la violencia juvenil dado su signiicativo repunte. El informe dado a conocer durante la ceremonia de apertura del año judicial, muestra un incremento del 18,8% en los delitos de homicidio y asesinato cometido por menores, con 120 casos incoados y un crecimiento del 10% en las denuncias de violencia de género. Por su parte, los delitos de lesiones también registraron un aumento del 1,36% con respecto a 2.023, consolidando un incremento del 8% si se comparan los datos con el año 2.022.

La Fiscalía, insiste en la necesidad de reflexionar sobre la banalización de la violencia y reclama programas educativos preventivos que permitan a los jóvenes infractores alcanzar una mayor madurez personal y alejarse de entornos marginales. La Memoria también pone de relieve la preocupación por la violencia intrafamiliar y el acoso escolar que se ven potenciados por el uso de las nuevas tecnologías. En 2.024, se detectaron 1.196 casos, siendo muchos de ellos con componente digital.

La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo. Aún no han alcanzado la mayoría de edad pero ya tienen que enfrentarse con la justicia, acusados de presuntos tocamientos o agresiones. La subida de la violencia sexual entre los más jóvenes parece no tocar techo. Hasta 3.283 menores de edad se las vieron el pasado año ante un tribunal acusados de delitos sexuales.

Este número supone un aumento del 3% respecto a las cifras recabadas solo un año antes cuando ya se registró un importante aumento de este tipo de delincuencia pero es que prácticamente se ha duplicado en los últimos años, advirtiéndose que están llegando casos a los juzgados de víctimas menores de 14 años y de agresores que al no haber superado esa edad son inimputables y no se les puede exigir responsabilidad alguna. Se está tratando de un problema social del que habrá que hacer un profundo análisis de las causas.

Para la Fiscalía, la carencia de una relación afectivo-sexual, el consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes, unido al fácil y pronto acceso a la pornografía, son algunas de las razones que explican este incremento. Este libre paso sin una adecuada educación sexual y en valores, conduce a la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales consentidas, así como la acreditada banalización de los actos sexuales y de la intimidad.

Un peligro muy importante es que internet se convierte en docente y consultorio de la sexualidad para la infancia y la juventud. La falta de capacidad de la adolescencia para ser crítica con la pornografía y para comprender que lo que se ve es ficción está directamente relacionado con la necesidad de que los jóvenes tengan herramientas para interpretar los contenidos ya que acceden a los mismos sin haber terminado su período de madurez. Esto genera prácticas sexuales distorsionadas causadas por el dominio y la sumisión.

Este fenómeno, prolifera mucho a través de las redes sociales aumentando así como mecanismo de acción. Siendo también cada vez más habitual que los menores graben las agresiones o vejaciones en general y las difundan en sus grupos de guasaps o similares. La fuerte irrupción de estos delitos está vinculada con el uso de los teléfonos móviles, redes sociales y nuevas tecnologías que cada vez arranca a edades más tempranas. La mayor parte de los menores presentan graves adicciones a estos medios. Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en un instrumento cada vez más utilizado por los menores para la comisión de delitos.

En cuanto a los delitos llamados de violencia de género cometidos por menores, el pasado año se realizó la cifra más alta de los últimos cuatro anteriores por maltrato en el ámbito de la pareja y ex-pareja: 888, un 10% más que en 2.023. Lo que pone en cuestión todo lo que se está haciendo en políticas de igualdad y que parece que no está calando entre los jóvenes.

En otro orden de cosas y a título de señalamiento, en la Memoria también se indica que en materia de inmigración, la llegada de niñas menores aumentaron en un 165%, pasando de 238 en 2.023 a 651, triplicando su número. Solo por vía marítima, entraron en España 5.922 menores mientras que en 2.023 lo hicieron 4.865 y 2.375 en el año 2022. Por países, Marruecos se lleva la palma, seguido de Malí, Argelia y Senegal. Lo más interesante es que se desvela en este apartado el número total de menores no acompañados a cargo de las administraciones: 16.041, de los cuales 13.438 son niños y 2.603 niñas. Cuyo coste medio de atención y acogida supera los 4.000 euros por plaza que sufragan las Comunidades Autónomas.

La Fiscalía concluye que aunque la criminalidad juvenil global desciende un 6%, la naturaleza de los delitos cambia hacia formas más violentas y complejas que requieren una respuesta coordinada entre instituciones, familias y centros educativos.

EL Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lleva meses viviendo horas dramáticas ante los casos de corrupción política que aparecen periódicamente y que sacuden a su Gobierno y a su partido, el PSOE ( Partido Socialista Obrero Español ). Los asuntos que ya están canalizados judicialmente sobre su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz; su ex-ministro de Fomento y después de Transportes, José Luis Ábalos que también era el número dos del partido socialista como Secretario de Organización y de Santos Cerdán como sucesor de este último en el partido; están dejando a la sociedad española sorprendida y asqueada. Media docena de jueces han comenzado a actuar y ya han situado tras las rejas a uno de ellos, de momento: Santos Cerdán.

Aunque Pedro Sánchez no ha dado explicación alguna sobre estos sucesos ni la dará, se ha dedicado siempre que se le ha preguntado a desmentirlos y a echar balones fuera, sabe que está contra las cuerdas. Sus mandatos serán recordados como los más oscuros de nuestra ya madura democracia. Él que tan preocupado está por saber cómo pasará a la Historia.

La corrupción que aparece tan arraigada desde su acceso al poder en 2.018 y que lo alcanzó bajo el lema de la necesaria regeneración democrática, está emergiendo a un ritmo escandaloso. Estupefactos e indignados, los españoles han comprobado que a la sombra del poder proliferan todo tipo de abusos y dentelladas -más o menos profundas- que debilitan la credibilidad de las instituciones. La democracia española aparece vampirizada y los escándalos publicados hasta ahora, marcarán un hito en nuestra Historia política.

Es insólito que a estas alturas, la clase dirigente socialista confunda la autoridad con el poder y a este con sus intereses personales. Que cuando se sientan en los sillones del mando político y económico, miran a su alrededor y deciden que hasta donde les alcanza la vista, les pertenece. Ojos descreídos, ojos de avaricia, ojos de sangre ajena, ojos de vampiro.

Cada escándalo penetra como un afilado colmillo en la fina piel que los españoles votamos en 1.977, dentro de las primeras elecciones democráticas y llega hasta la profunda y vital vena carótida de nuestra Constitución. Cada corruptela es un libar en la esperanza, anhelo y futuro de todo un pueblo que aún resiste de pie y no cae en el arrullo de las justificaciones postreras, en los lamentos del descubierto y depredador murciélago que intenta salvarse así de la estaca de la Justicia,

La seducción del poder es poderosa y la pasión que despierta entre aquellos que lo poseen y gozan de él, hace que su apetito no conozca límites. Junto al becerro de oro y a los adoradores del dios Mammón, habitan en esta España nuestra, los servidores del lado oscuro, de la cara más negra de la democracia, aquellos que andan por las cloacas del Estado y que en vez de desatascar de inmundicia esos corredores, contribuyen de tal manera a producirla que rebosa por los desagües y se pasea por mesas de Consejo de Ministros, Consejos de Administración y otros organismos oficiales de los que apenas se dispone de información.

Los más jóvenes tienen que conocer que no es la primera vez que esto ocurre gobernando el PSOE. En los años noventa del siglo pasado, con Felipe González en el poder, los escándalos financieros que se publicaron con la prensa a la vanguardia -como siempre- fueron un hito en la entonces joven democracia española.

La década comenzó en mayo de 1.990, cuando Mario Conde, a la sazón presidente del Banco Español de Crédito ( BANESTO ), pagó 600 millones de las entonces pesetas a la empresa suiza Argentia-Trust diriga por Antonio Navarro, gran amigo del dirigente socialista Txiki Benegas para que este mediara ante el Gobierno de su partido para obtener exenciones fiscales a la Corporación Industrial del Banesto. Quedaba así inaugurada la lista negra de la corrupción socialista.

También ese año ( 1.990 ), se conoció el caso OSAKIDETZA en el que el Partido Socialista de Euskadi ( PSE ), aparecía implicado por fraude en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud. Como resultado de ello, el juez decretó el ingreso en prisión de cuatro militantes socialistas y supuso la dimisión del número dos del partido, Marcos Merino, obligándole a abandonar su puesto.

En 1.991, siguió con el conocido como caso FILESA por la financiación ilegal del PSOE. Las declaraciones judiciales afectaron a los primeros espadas de la banca de entonces ( Sánchez Asiaín e Ybarra, por el de Bilbao; Escámez por el Central y Escúnaga por el Popular) y por primera vez, a un miembro de la ejecutiva -dirección- del PSOE, Guillermo Galeote. Como máximo responsable de las finanzas del partido asumió toda la responsabilidad, exculpando a sus superiores de cualquier participación en la trama.

El 10 de mayo de 1.994, la directora de la Cruz Roja Española, Carmen Mestre, ( consiguió ese cargo por su militancia en el PSOE ), se vió obligada a dimitir tras hacerse públicas las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas por la permuta de la sede central de la institución por un precio muy inferior al precio tasado, transferido en 1.500 millones de pesetas menos.

Continuó con la directora del Boletín Oficial del Estado ( BOE ), Carmen Salanueva y otros diez inculpados más fueron enviados a prisión por la gestión fraudulenta en la compra de papel prensa. Luis Rodán, director general de la Guardia Civil, cayó en la trampa de la cultura del pelotazo. Se dejó llevar por la atracción que ejercían las grandes empresas constructoras de las obras de los cuarteles y picó el anzuelo de las comisiones.

Tambien se le acusó de haberse enriquecido con el dinero de los fondos reservados destinados a combatir el terrorismo de ETA, poniendo al descubierto el sistema de sobresueldos que imperaba en el Ministerio de Interior que dirigía José Barrionuevo. En diciembre de 1.993, se fugó de España. Dejó la caja fuerte vacía y se llevó un montón de carpetas que contenían secretos de estado que preocuparon a medio Gobierno de Felipe González.

El 3 de noviembre de 1.994, se conoció que el cuñado de Felipe González ( Palomino ) vendió una empresa en quiebra técnica ( Talleres Palomino, S.A. ) a un grupo empresarial ( Control y Aplicaciones, S.A.) que a continuación multiplicó sus contratos con la Administración, como por ejemplo la electrificación del búnker antinuclear de la Moncloa.

He querido dejar para el final el más escandaloso de los casos conocidos hasta ahora, el de los ERE en Andalucía ( 1.980-2.018 ). Consistió en el desvío de, al menos 679 millones de euros de dinero público de la Comunidad Autónoma andaluza -entonces gobernada por el PSOE- desviado para beneficiar a empresas, trabajadores y sindicatos afines al PSOE. Por la cuantía defraudada, por el número de implicados y por la alta responsabilidad política de los mismos, está considerado el mayor caso de corrupción política de España.

No queda más remedio que recordar el terrible diagnóstico del conocido dirigente del Partido Comunista de España ( PCE ) y de la coalición Izquierda Unida, ya fallecido, Julio Anguita: Aquí, o robas o eres gilipollas. Poniendo de manifiesto así, la forma más directa de cargarse el crédito de los dirigentes políticos de la izquierda que se pasan todo el día añadiendo el adjetivo calificativo de progresista en todas sus conversaciones; la forma más directa de cargarse la moral del trabajo y del mérito personal; la forma más directa de cargarse el país.