LOS PROBLEMAS QUE PRESENTA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CADÁVERES.

En los depósitos de cadáveres de la justicia española se acumulan cuerpos de personas durante meses o años sin saber a quién corresponden. Problemas de coordinación entre la Policía y los médicos forenses y la imperiosa necesidad de disponer de un sistema informático que recoja las huellas del Documento Nacional de Identidad, dificultan evitar la zozobra que sufren las familias de muchos desaparecidos.

A Edita Emeldo, uruguaya de 80 años que llevaba décadas viviendo es España, el drama le acompañó hasta bastantes después de su muerte, 209 dias para ser exactos. Es el tiempo que transcurrió entre su desaparición y la Certificación del Instituto de Medicina Legal que permitió entregar sus restos mortales a sus familiares.

El cuerpo fue hallado en muy mal estado de conservación a los tres meses de su desaparición debido a la altas temperaturas de la zona, por unos paseantes en un descampado a escasos dos kilómetros de sus casa. En principio, parecía un caso fácil porque la ropa coincidía con la que llevaba puesta el día que denunciaron su desaparición y a su lado estaba también el cadáver de la perrita que le acompañaba, con su microchip y su placa de identificación. También se disponía de su ADN que se había extraído de un peine y de un cepillo de dientes que permitían establecer un perfil genético.

No había rastro alguno de violencia, desgarro físico o cualquier otro indicio que hiciera pensar que se tratara de un ataque a su persona por lo que no se abrió ninguna investigación judicial más allá del correspondiente expediente administrativo de defunción. Seguramente por eso, el asunto quedó paralizado durante tres meses en el Instituto Anatómico Forense sin que nadie cruzase sus datos con las bases policiales de personas desaparecidas. Fue desolador.

El de Edita no es un caso aislado aunque lo pueda parecer. Según la información recogida en el Centro Nacional de Desaparecidos, organismo integrado en el Ministerio de Interior y pionero en Europa, existen 3.260 cadáveres a falta de identificación y es por una razón muy clara, no existen plazos para la identificación de un cadáver. Lo que supone que en la práctica, es muy frecuente que muchas familias tarden hasta seis meses en recuperar los cuerpos de sus allegados. Y eso a pesar de que un contraste de ADN tarde 24 horas en realizarse o cuando hay indicios de criminalidad, el resultado se conoce en unos dias.

No es una cuestión de indiferencia pero sí de una falta endémica de medios humanos y técnicos. Se han dado casos de personas que has estado buscando a su familiares desaparecidos durante semanas y su cuerpo estaba en el cajón frigorífico desde que se les perdió la pista

Es el caso de Raúl Casero, atropellado en la M-40 ( autovía de circunvalación de la capital de España ) y denunciado como desaparecido el mismo día y que fue enterrado en una fosa común dos años más tarde, con otros cuerpos sin identificar hasta que su familia logró desentrañar la madeja burocrática. También el de la Dama del Camello, cuyo cuerpo expulsó la marea a la popular playa de Santander de El Sardinero en el año 2001y a la que todavía no se le ha podido asignar un nombre.

Hasta un terrorista de ETA, Jon Anza, se vió involucrado en una situación similar. Sufrió un infarto mientras se encontraba en un parque de Toulouse ( Francia ) y murió 13 dias más tarde. Iba indocumentado y nadie lo echó en falta. Pasó un año en el depósito de cadáveres francés hasta que un cruce de datos de distintas bases policiales francesas permitió su relación.

Los tres últimos casos tienen en común que son anteriores a 2011, el año que entró en funcionamiento la base de datos de Personas Desaparecidas y Restos humanos, un registro informático donde consta la información relativa a estos casos y al que están conectados los Cuerpos Policiales estatales y autonómicos. Un paso de gigante al decir de los policías que trabajan en esta especialidad.

En el organigrama policial esta labor pertenece a la Unidades de Policía Científica, cuyos componentes son los que acuden al lugar donde ha aparecido el cuerpo y realizan lo que en el lenguaje policial se llama inspección ocular que comprende analizar la forma y manera de como estaba colocado el cadáver, qué objetos había a su alrededor, recaba testimonios y cuantas gestiones consideran necesarias para su posible identificación. Ellos son los que dibujan el cuadro general.

Su día a día discurre entre las ya mencionadas inspecciones oculares y el cotejo de señas particulares a partir de muestras de ADN, huellas dactilares y fórmulas dentarias. Un cadáver sin identificar pertenece por lo general a alguien cuya desaparición ya ha sido denunciada y el trabajo policial es hallar un vínculo entre ambos conceptos.

La identificación se presenta como un problema cuando se carecen de datos de antes del fallecimiento, debido a la situación personal de desarraigo extremo en el que vive la víctima, como es el caso de los conocidos como sin techo o a la naturaleza clandestina de sus actos como ocurre con los cadáveres que llegan a las costas españolas a consecuencia del hundimiento de pateras y que viene a suponer un tercio de los casos pendientes.

Otro problema y no menos importante es poder utilizar la base de datos del Documento Nacional de Identidad, donde se encuentran las impresiones dactilares de todos los españoles adultos y menores a partir de los 14 años que lleva varios años en estudio para su encaje en la Ley de Protección de Datos.

También hay que destacar la necesidad de una red informática que agilice con las Policías de otros países la relación de datos entre personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, algo bastante difícil de conseguir cuando naciones supuestamente avanzadas como Francia o Alemania carecen de una aplicación informática como española.

Para los Policías especializados en esta materia es muy frustrante cuando comprueban que sus resultados aumentarían considerablemente si se pudieran eliminar las trabas administrativas obligatorias según la normativa vigente pero que son innecesarias para la resolución de los procedimientos, bastaría con una mayor simplificación administrativa.