La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2.018 y presentada el pasado 9 de septiembre, advertía del incremento espectacular de la llegada a España de menores inmigrantes en patera, un 199,61% más con respecto al año 2.017. Y del desbordamiento de la capacidad de recepción y asistencia de las entidades públicas encargadas de su atención. En concreto, durante 2.018 se localizaron a 7.026 menores inmigrantes, llegados por vía marítima de manera ilegal, frente a los 2.345 del año anterior.

La Fiscalía, destacaba también que, al igual que en años anteriores, no disponía de datos sobre los menores extranjeros que llegaban a la Península procedentes de Ceuta y Melilla, ocultos en los bajos de algún vehículo o por vía aérea.

También llamaba la atención sobre el número de niños subsaharianos ( mayormente procedentes de la República de Guinea y Costa de Marfil ) ; un total de 766, de los cuales 383 eran niñas y 372 niños; acompañados de adultos que afirmaban ser familiares de los mismos. En este sentido, de las pruebas de ADN realizadas para establecer la filiación, la mayor parte dieron resultado positivo : 318 de las 370 obtenidas.

En total, en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados ( conocidos policialmente como MENAS ), figuraban inscritos a fecha 31 de diciembre de 2.018, 13.796 menores bajo la tutela o acogida de las Comunidades Autonómicas, que son quienes tienen la competencia para ello. De ellos, 12.825 eran niños y 971 eran niñas. En 2.017, sumaban ambos sexos 6.414 menores. En consecuencia, en el año 2.018, se ha producido un incremento del orden del 115% de los inscritos, con respecto al 2.017. Casi la mitad de los tutelados en toda España se encuentran en Andalucía.

Ante estas cifras. la Fiscalía propone una seria reflexión sobre este asunto y pide una actuación conjunta y coordinada de las distintas administraciones públicas implicadas, señalando la precariedad de los medios materiales disponibles para afrontar la protección de los menores, generando un malestar social al que además, se une el peligro de abocar a esos niños a la marginalidad o a la delincuencia.

La intervención de la Fiscalía General del Estado -a través de su organización periférica-en los expedientes administrativos de repatriación que realiza el Cuerpo Nacional de Policía y cuya ejecución es insignificante por la falta de colaboración de los países originarios; se basa en garantizar los derechos del menor que recoge nuestro ordenamiento jurídico y en el establecimiento de la edad que corresponde al médico forense, dado que los menores llegan indocumentados interesadamente para obstaculizar o incluso evitar, la devolución a sus países natales.

Sobre este último aspecto, la Fiscalía realizó 12.152 diligencias que equivalían a más del doble de las realizadas el año anterior y seis veces más que en 2.016. Haciendo una clasificación por provincias, Cádiz era la que más expedientes realizaba ( 4.113 ) por razones obvias ya que a sus costas es a donde llega el mayor número de pateras ; seguida de Barcelona con 1.853: Almería con 1.192 y Granada con 1.115. En la mayoría de los casos, se ha confirmado la minoría de edad, apareciendo Almería con el 50 % y Cádiz con el 52,6% de los casos, con estadísticas muy igualadas en este sentido.

La Memoria Fiscal incide también en  la inexactitud de algunas de las actuales pruebas para calibrar la edad. Así, en Andalucía, se emplea como regla general la radiografía del hueso carpo sin aportar pruebas complementarias como la ortopantomografía o la clavícula, con una inexistente o excepcional intervención del forense o del radiólogo. La dificultad de realizar una medición certera se traduce, por ejemplo, en los 10 casos de las 23 alegaciones de minoría de edad en Madrid, que no pudieron determinarse.

De hecho, el año pasado el Comité de Derechos del Niño -organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) – condenó a España por primera vez- basándose en cuestiones como el amplio margen de error de las pruebas radiológicas y la ausencia de un informe psicológico de madurez o que no se cuente con un representante legal con competencias lingüísticas adecuadas; entre otras. Así, desde la propia Fiscalía se ha propuesto elaborar un Protocolo-Informe para todo el territorio nacional, de carácter multidisciplinar y respetuoso con los derechos humanos.

El día 22 del pasado octubre , la Intersindical de la Policía Autonómica Catalana ( Mossos de Esquadra ), formada por el Sindicato de Policías de Cataluña ( SPC ). el Colectivo Autónomo de Trabajadores ( CAT ) y el Sindicato de Mossos ; se dirigió al Parlamento Catalán para dejar constancia de que sin la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, les hubiera resultado mucho más complicado hacer frente a los grandes disturbios ocurridos en esa región española, en la semana comprendida entre el 13 y el 20 de octubre, que para ellos fueron inéditos por el grado de violencia que presentaron y que no habrían podido resolver con los medios de contención tradicionales ( escudo y defensa ).

También solicitaban a los distintos grupos parlamentarios que se interesaran por las graves carencias -en medios- que tenían y que se manifestaron en las situaciones excepcionales como las vividas; especialmente, la noche del miércoles día 16 y el viernes 18, tarde y noche; donde les lanzaron bolas de acero, ácido, cohetes, piedras, motosierras, hachas, lanzas,diversos objetos metálicos, cócteles molotov, etc.

Lo que demuestra la violencia extrema e insólita, a la que tuvieron que hacer frente, con una organización perfecta de los agresores que ponía al descubierto una planificación previa. El resultado de aquellas batallas campales es de todos conocido: centenares de detenidos y otros tantos agentes policiales heridos de ambos Cuerpos de Seguridad. Los daños al mobiliario urbano de la ciudad de Barcelona se acercaban a los 3 millones de euros.

El mismo día que en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ( PP ) se esforzaba en sacar adelante una declaración institucional en defensa de la actuación policial en la región catalana. En un primer intento, los socialistas intentaron rebajar y matizar el borrador de la declaración, exigiendo a los populares que retiraran las palabras graves disturbios para sustituirlas por graves problemas de orden público.

Asímismo, reclamaban que se incluyera una petición de condena de la violencia por parte de todos los responsables institucionales y se subrayaba el derecho de todo ciudadano a la manifestación pública. La negativa del PP a introducir esos cambios y el apoyo obtenido por esta formación, desde Ciudadanos a Vox, colocaban al PSOE como el único partido constitucionalista que se salía de la declaración, alineándose así con los partidos separatistas.

Además, el texto no iba a salir adelante por la oposición de Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), Juntos por Cataluña ( JxCat ), Compromís y Bildu ; ya que el Congreso exige unanimidad para aprobar este tipo de acuerdos. El rechazo del partido del Gobierno, retrataba -de nuevo- su mano blanda contra el separatismo catalán.

Tampoco se entendía muy bien esta postura obstruccionista de los socialistas cuando el Ministro del Interior, Grande Marlasca, había realizado sendas declaraciones tanto en el interior como en el exterior de la Comisión Permanente del Congreso, ese mismo día, en defensa de la intervención policial. Finalmente, los socialistas cedieron y firmaron el texto propuesto por los populares, sin incluir ninguna modificación.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios ( CSIF ), representante de la Policía Local ( allí se llama Guardia Urbana ) de Barcelona, hizo un comunicado público en el que arremetía contra la Alcalde, Ada Colau, por su irresponsabilidad en los desórdenes públicos y por la frustración que sufrieron sus agentes al ser impedidos de defender a sus ciudadanos de aquellos agitadores que con violencia quemaban Barcelona, asaltaban comercios y dañaban el patrimonio mobiliario que es de todos.

En el escrito del sindicato mayoritario de la Guardia Urbana, se preguntaba -ingenuamente- si el Ayuntamiento se iba a personar como acusación particular contra las personas que habían causado los graves daños. Lo que en ese momento desconocían era que, el Ayuntamiento de Barcelona había confiado ya la atención jurídica de los manifestantes y vecinos afectados por los disturbios ocurridos en  la Ciudad Condal, a un grupo crítico con  la actuación policial.

El texto por el que se concedía una subvención de 9.700 euros al Centro Iridia, decía que era para que se prestara asistencia psicosocial y asesoría jurídica, a todas las personas heridas o afectadas por las cargas policiales o por el estrés, ansiedad o angustia vinculadas a la situaciones de tensión, en el marco del ejercicio del derecho a la protesta.

Irida ejerce también la acusación popular, a la vez que el Ayuntamiento catalán, en las causas abiertas en los juzgados contra algunos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, por sus participación en las cargas del 1 de octubre de 2.017, fecha en la que se celebró el conocido referéndum ilegal de autodeterminación.

En la década de los años 70 del siglo pasado, la propaganda oficial de todo el Gobierno cubano desplegaba una información contagiosa y atrayente para los jóvenes de la época, entre los cuales me incluyo. Se había logrado en la isla caribeña el Paraíso Terrenal -a pesar de ser ateos- donde todo el mundo era feliz.

Luego, con el tiempo descubres que toda Arcadia tiene su mecánica de publicidad atractiva de igual manera que el amor tiene sus símbolos; de que la fiesta sagrada de la Revolución en la que creías realmente ya olía a zapato viejo pese a parecer un sueño martilleado. Cuando aparecieron una ristra de sospechas que pude confirmar, llegué a la conclusión de que las revoluciones las hacen unos pocos que se creen que son todos.

Esta reflexión empezó a iniciarse a finales del mes de noviembre del pasado año cuando el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó la isla cubana ; porque ese viaje provocó malestar en algunos sectores españoles, expectativas en otros e incluso decepción antes de empezar el mismo. Sobre todo en la disidencia anticastrista.

Con arreglo al programa del viaje, nuestro Presidente no tenía previsto reunirse con ningún opositor -no lo hizo- pese a tener varias peticiones  para ello, ni iba a ser solidario -no lo fue- con los presos políticos tan abundantes en la isla. Lo que se traducía en bastante pena después del derroche de energía que venía gastando para exhumar los restos de Franco y acabar con los vestigios del franquismo.

Fue a Cuba a estrechar las manos, divertirse y fotografiarse con los dirigentes de una dictadura oprobiosa que lleva 60 años con un único partido -el comunista- , miles de fusilados y decenas de miles de represaliados políticos, de los cuales más de cien se pudren en las cárceles del país.

A este Edén terrenal lo han denunciado numerosas organizaciones humanitarias por sus continuas violaciones de los derechos humanos, seguidas de las numerosas detenciones arbitrarias, las restricciones para viajar, el trabajo obligatorio de los condenados….y otros minucias parecidas.

Mención aparte se merece citar la nueva esclavitud que hace el Gobierno cubano sobre el personal cualificado -especialmente médicos- que trabaja en el extranjero a través de convenios de colaboración -que más parecen de alquiler de mano de obra- por las condiciones draconianas que imponen a los mismos. Se tienen que ir solos, su familia no puede salir de la isla en cinco años -son realmente rehenes del Gobierno- y ellos se van para ocho años en los que no pueden volver durante ese tiempo. Las autoridades cubanas cobran sus emolumentos y les entregan un tercio de lo percibido. Si alguno tiene la tentación de no regresar, se le retira el correspondiente título oficial para que no pueda ejercer en el país de adopción. A este proceder, en España, se le llama explotación laboral, delito criminal previsto y penado en nuestro Código Penal que lleva emparejado penas de prisión.

Desde que triunfó la Revolución cubana en 1.959, hasta mediados de los años 80 del pasado siglo, al menos una treintena de movimientos guerrilleros surgieron en Hispanoamérica, inspirados, impulsados y financiados por las autoridades castristas. En la implicación de uno de ellos murió el Che Guevara, en Bolivia, en 1.967. En la actualidad no queda ninguno de ellos salvo el Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) colombiano que ha pasado de ser una guerrilla insurgente de extrema izquierda cuando se fundó en 1962, a una organización criminal especializada en el tráfico de drogas y secuestros para poder subsistir.

Aquella revolución caribeña cautivó a los mejores políticos, artistas e intelectuales de la época y un tipo de novela esplendorosa brotó bajo su sombra. Hasta el cristianismo participó de su embrujo justiciero con la teoría de la liberación. Pero esa fe parece hoy haber terminado. De ella quedan -cuando mucho- discursos vacíos, promesas y consignas que, de tanto repetirse sin realizarse, han perdido su sentido.

Para quienes creyeron que otro mundo era posible y que la fraternidad podía imponerse al egoísmo ; constatar que sus deseos abonaron la intolerancia, el abuso y la pobreza ; duele y quita el habla. Ha de ser por eso que hoy, la izquierda honesta está muda ante tanto atropello.

 El movimiento revolucionario cubano está lleno de charlatanes profesionales que ya han perdido la fe y de gestos que desprovistos de significado, hoy parecen burlas. En Cuba, ya no vive nadie -aún- de la tarjeta de racionamiento mensual, ni del sueldo que el Gobierno paga. Ellos mismo lo resumen así : aquí unos hacen como trabajan y otros hacen como que les pagan. Con el salario oficial que está establecido, el equivalente a unos 26 euros mensuales, los cubanos se mueren de hambre.

La mayor parte de la economía nacional cubana se desarrolla fuera de la estructura oficial comunista. Los que trabajan para una empresa pública lo hacen para tener acceso a los bienes que pasan por ahí: los camioneros al petróleo, los panaderos a la harina, los albañiles al cemento….Luego los roban como hormigas y lo venden en el mercado negro.

Es una costumbre adquirida que hace todo el que puede y que ningún cubano reprocha a otro por hacerlo. Si hubiera que describir el funcionamiento de la economía cubana, habría que decir que, en realidad, se trata de un capitalismo salvaje y libre de impuestos. Este proceso de degradación no es nuevo pero ahora se encuentra en una etapa terminal, ya nadie habla de socialismo y es notorio el renacer de una nueva burguesía.

Aunque las condiciones de vida de la inmensa mayoría de cubanos sigue siendo muy precarias, este pequeño grupo que está protagonizando los cambios, viaja, tiene internet en casa ( lo instalan empresas piratas ) y le sirve de fachada al dinero proveniente de fuera del sistema.

A estas alturas, ya nadie cree en el régimen político cubano porque lo ha matado el orgullo, el autoritarismo, la burocracia, el fundamentalismo, la arrogancia y el control. Quiso ser el Mundo Nuevo y se ha transformado en el conocido Mundo Viejo. Desde hace tiempo, su objetivo no es la justicia social sino la supervivencia y por eso ya no salen en su defensa los espíritus atrevidos e irrespetuosos.

Eso que alguna vez encarnaran los barbudos de Sierra Maestra, hoy les apunta con el dedo y los condena. ¿ Cómo pueden estos viejos seguir hablando de Revolución si luchan, día y noche, para que nada cambie ?.

En Cuba, ha fracasado un intento, un atrevimiento, una esperanza y una pretensión que ya no volverá a presentarse. A los cubanos, la renuncia a la ilusión comunista, los ha matado para siempre. Ya no sigue en pie la tarea de mantener vivo el espíritu de una comunidad, de hacer que cada hombre sea también responsable de los otros y lograr que, la libertad de cada persona no sea enemiga de la de los demás. Ya nadie se atreve a pensar de nuevo, a recuperar la ilusión, solo quieren dejar atrás sin complejos, aquella izquierda fracasada y pervertida.

Sus Majestades Los Reyes de España, visitarán la isla mañana lunes día 11 de los corrientes, ( donde permanecerán hasta el jueves, día 14 ) en viaje programado por el Presidente Sánchez que, ni adrede hubiera sido más inoportuno : al día siguiente de la celebración de unas importantes Elecciones Generales en España. En el Programa del Viaje no figura recibir a ningún miembro de la cada vez más importante disidencia política porque el Gobierno español no quiere molestar a su homólogo cubano. Al igual que hizo Pedro Sánchez cuando estuvo alli.

Menos mal que durante el mismo no se ha previsto ningún contacto con dos de las más ilustres personalidades con las que coincidirán en los Actos del 500 Aniversario de la fundación de La Habana porque Sus Majestades se han negado a fotografiarse con  ellos. Son los Presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y el de Nicaragua, Daniel Ortega.

Habría que recordarle a nuestro hoy Gobierno socialista que tanto usa y abusa de la Memoria que, el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE), en 1.978, registró en el Congreso de los Diputados una Moción en la que se oponía al viaje que Sus Majestades Los Reyes de España, entonces Juan Carlos I y Sofía , iban a realizar a Argentina en noviembre de aquel año, en el marco de una gira que también les llevaba a México y Perú.

Aquel viaje fue calificado por el de la vergüenza por visitar a un régimen militar que presidía el General Jorge Rafael Videla y reclamó la comparecencia de Marcelino Oreja entonces Ministro de Asuntos Exteriores, que no hizo más que respaldar la conveniencia de la visita. A continuación, habló Manuel Fraga Iribarne, como representante de la entonces Alianza Popular para apoyar también el viaje.

Una vez en Buenos Aires, nuestro Monarca recibió a La Liga por los Derechos del Hombre, cuyos representantes le plantearon la situación de los desaparecidos del Régimen Militar, entre los cuales también había españoles.

 

 

 

En el mes de octubre del pasado año, el Gobierno de la Nación a través de la Secretaria de Estado de Seguridad, incardinada en el Ministerio de Interior, difundió una Instrucción para los Cuerpos de Seguridad  ( Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales ) en  la que modificaba y dejaba sin efecto algunos de los artículos más restrictivos de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno del Partido Popular ( PP ) en el año 2.015 y que toda la izquierda nacional bautizó como la Ley Mordaza, calificativo con éxito que aún perdura.

De este modo, quedaba despojada de muchas de las disposiciones más significativas, coincidiendo además, con el inicio de la Ponencia en  el Congreso de los Diputados, que conduciría -previsiblemente- a su reforma.

Esta Instrucción, en contra de lo establecido en la Ley,  ( artículo 36, apartado 23 ) establecía que a partir de entonces, la toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes, no constituye infracción porque para ello será necesario que el uso de ese material ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias. Es decir, que hay que esperar a que las personas que han tomado esas imágenes hagan un ulterior uso irregular del mismo.

Las directrices subrayaban que, el riesgo o peligro para los agentes debía de reflejarse en la denuncia y, en su caso, en los informes anexos oportunos, donde se pormenorizaría con el mayor detalle posible, el peligro o riesgo generado y los medios que lo hayan provocado. En todo caso, los Policías podrán identificar a la persona que haya grabado las imágenes, para salvaguardar sus derechos, si las utiliza para ponerlos en peligro.

Íntimamente ligado con este apartado de la toma de imágenes, cabe destacar un párrafo, en el que el texto dice : conviene incidir en que además de los documentos formalizados por los agentes,( actas, denuncias o atestados ), que gozan de la presunción de veracidad con determinadas condiciones, los hechos de los que podría derivarse responsabilidad administrativa pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Lo que significaba que, las grabaciones callejeras a los agentes, una vez permitidas, se podrían utilizar como prueba contra ellos. Además se citaban las declaraciones testificales.

El documento abordaba también la regulación de los cacheos corporales externos, ( artículo 20 de la Ley ), muy criticados por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y Unidos-Podemos, para obligar a dejar en todo caso, constancia escrita de su motivación, de la identidad del agente que adoptó la decisión y de las incidencias acaecidas. Todo ello, a fin de permitir un control posterior de las causas y el modo en  el que se ha practicado. 

La Instrucción iba más allá y en el marco del artículo 36.6 de la Ley, que considera una infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad, suaviza la exigencia hasta el punto de determinar que una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes, no puede constituir una infracción si no se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción u omisión ordenada por el agente.

Se procedía a algo similar con respecto del artículo 37.4 de la Ley, que tipifica como infracciones leves, las faltas de respeto y consideración a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en tanto que el documento indicaba que para que una expresión sea considerada así, debe no solo atentar contra el derecho a un trato digno que tienen todas las personas sino constituir un acto humillante, despectivo o degradante, para ellos y también para la Institución que representan.

En las líneas finales del texto que se comenta, se incluía una salvaguarda importante según la que solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa, las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, a título de dolo o culpa, lo que descarta las actuaciones negligentes.

Por último, la Instrucción nada decía de una de las regulaciones más perseguidas por el PSOE y Podemos de la actual Ley de Seguridad Ciudadana como son : las devoluciones en caliente de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Al parecer, el Ministerio de Interior ha dejado pendiente su posible modificación hasta conocer el pronunciamiento al respecto de la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, solicitado por el anterior Gobierno del Partido Popular. Y en su caso, la reforma se practicaría en el marco de la vigente Ley de Extranjería, que es donde le corresponde estar.

Así de esta manera, el actual Gobierno socialista comenzó a desmontar la parte de la Ley de Seguridad Ciudadana que más protegía a los Policías, cediendo a las pretensiones de su socio parlamentario, el grupo Unidos-Podemos. Aunque la Ponencia en el Congreso de los Diputados había comenzado sus deliberaciones para su reforma, el Gobierno no quiso esperar a su tramitación final y prefirió adelantarse para agilizar el proceso.

A juicio de los sindicatos policiales, estas modificaciones a la Ley, iban a perjudicar gravemente la seguridad pública y a generar problemas en este campo, como así ha sido. Y afirmaban que se trataba de una medida populista que lo que buscaba en realidad era recabar votos aunque perjudicara la labor policial.

Una semana después de emitir esta Instrucción y ante el profundo malestar expresado tanto por los propios Policías -que eran los encargados de la aplicación de estas modificaciones- como de los Sindicatos que los representan, la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, expresó públicamente, que : si los mandos y sindicatos policiales, por beneficiar a los ciudadanos sienten que los Cuerpos de Seguridad se encuentran desprotegidos, no lo vamos a permitir. Si hay que rebobinar y hacer algunas correcciones, las haremos.

En una nota de prensa conjunta, los principales sindicatos policiales habían asegurado que la nueva Instrucción, sometía el trabajo de todos los Cuerpos Policiales españoles – Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales-  a un entorno de mayor riesgo en situaciones de intentos de señalamiento, amenazas, acoso y persecución, por el ejercicio de sus funciones.

Después del lío y desencanto formado, la Secretaria de Estado, mostró su disposición al diálogo con los colectivos policiales, a los que había ignorado, para mejorar lo que se pudiera. Pero -hasta ahora-no ha corregido en nada la Instrucción difundida.

En su comparecencia el 7 de noviembre de 2.018, del portavoz unificado de los sindicatos policiales mayoritarios -SUP, CEP, UFP y SPP-  ante la Comisión Parlamentaria de Interior, constituida para modificar la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, manifestó el rechazo absoluto a esta Instrucción para rebajar el grado de protección de los Policías, contra la resistencia, la desobediencia o la toma de imágenes en acto de servicio; calificándola de surrealista y de ser un atajo para abolir la Ley por la vía de los hechos. 

La propuesta de modificación de esta Ley de Seguridad Ciudadana, se quedó en fase de Ponencia, es decir, en la tarea de elaborar un texto definitivo para que se votara en un Pleno de la Cámara ; debido a la decisión de adelantar las Elecciones Generales el pasado 28 de abril y cuyo resultado no ha permitido ningún avance de la situación anterior.

El Gobierno que se forme con  arreglo a los resultados de las próximas Elecciones Generales del 10 de noviembre, tendrá que enfrentarse con la decisión de mantener o cesar esta Instrucción que no ha hecho nada más que complicar y dificultar el trabajo policial, como se acaba de ver en los recientes disturbios ocurridos en Cataluña. Y si va a modificar la Ley que la sustenta, que tanto rechazo produce en la izquierda desde su promulgación.