EL GOBIERNO QUIERE QUITAR LA LEY CON LA QUE LA POLICÍA SANCIONA DURANTE EL CONFINAMIENTO.

Desde la entrada en vigor del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, todos los Cuerpos Policiales, sean del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración Local ; están sancionando a los infractores de su incumplimiento, con centenares de miles de multas y varios miles de detenidos  por resistirse o desobedecer gravemente.

Desde el primer momento, se originaron dudas sobre los preceptos legales que se iban a aplicar puesto que existían varias opciones, lo que llevó a la Dirección General de la Policía a confeccionar unas Instrucciones de carácter nacional y obligado cumplimiento, en las que se indicaba a los agentes policiales que, debían de priorizar la utilización de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana por considerarla la más ágil y contrastada. 

Además de que ya existían impresos de actas normalizadas con las que las dotaciones policiales estaban familiarizadas, tras cinco años de aplicación de esta Ley.

Se prefiere esta norma a las de la Ley General de Salud Pública y a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que, tendrían cabida en esta situación excepcional ya que ambas contemplan también la sanción administrativa para la desobediencia de los ciudadanos a las medidas de confinamiento establecidas por el Gobierno de la Nación.

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Se da la circunstancia de que el pasado 17 de febrero, el Ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, en el marco de su primera comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, para informar de las grandes lineas de la gestión que quería realizar en la presente legislatura, manifestó que su prioridad era derogar la conocida como Ley Mordaza ( que es como se conoce a nivel popular a esta Ley de Seguridad Ciudadana desde el mismo día de su aprobación, por los activistas de la extrema izquierda que eran quienes la iban a sufrir, principalmente) al considerarla fallida y sustituirla por una nueva Ley que se llamaría igual, pero más moderna; adaptada inequívocamente a los valores constitucionales ( sin comentarios), consensuada y útil para las actuaciones de los Cuerpos Policiales ( también sin comentarios ). 

Ahora es el momento de recordar que, la norma que la Policía prefiere utilizar por su adecuación y eficacia a los incumplimientos de las medidas establecidas para la reclusión forzosa, es la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2.015 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que desde el primer momento fue señalada como objetivo a abatir -de ahí su calificativo de Ley Mordaza– por la formación política antisistema y sus grupos territoriales adscritos, que hoy forman parte del Gobierno nacional con los socialistas.

Desde el principio, estos grupúsculos violentos de extrema izquierda, han logrado arrastrar a los socialistas y a otros grupos de la izquierda moderada que defendían su mera modificación, a posiciones más radicales como es su eliminación. Los de Podemos casi lo consiguen ya en la anterior legislatura donde el Anteproyecto de  la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana ( rechazada por todos los sindicatos policiales, con lo difícil que es conseguir esa unión ) logró pasar el trámite de su aprobación por la Comisión de Interior pero no pudo ir al Pleno del Congreso de los Diputados, debido al adelanto electoral de abril de 2.019. 

NOTA DEL AUTOR.- Este artículo, hace el número 100 de los publicados en este blog, desde su inicio en un ya lejano, 12 de abril de 2.018. Puntualmente, he acudido -domingo tras domingo- a esta cita semanal con todos los sentidos puestos en alerta para elegir el tema que más se iba a ajustar a los acontecimientos del momento, siempre que, de una manera u otra, estuvieran relacionados con asuntos policiales o de seguridad pública.

En su primer año de vida, en 2.018,  el blog consiguió 8.142 visitas efectuadas por 3.025 personas . En 2.019, hubo 10.222 visitas a cargo de 5.126 lectores. En lo que llevamos de 2.020 y hasta hoy, se han recibido 2.289 visitas, a cargo de 1.246 personas. La modestia de estos datos me llenan de satisfacción.

La difusión por internet de este blog, ha posibilitado su acceso a lectores de 43 países de los cinco continentes que forman este planeta, llamado Tierra. Como es lógico, mayoritariamente de Hispanoamérica -y no de América Latina o Latinoamérica como se empeñan en llamarla los ignorantes del sentido histórico de España- como corresponde a territorios con los que compartimos la misma lengua, cultura y religión.

A todos los lectores, los de aquí y los de allá, muchísimas gracias por dedicarme algunos minutos de vuestro valioso tiempo. También por el aliento que recibo en vuestros comentarios con los que coincidimos en un 99,99% . Con las cifras expuestas, cojo fuerzas para intentar llegar a los 200 artículos, si Dios quiere. Un abrazo a todos.

LOS VIRUS INFORMÁTICOS ATACAN LOS HOSPITALES.

El pasado lunes, día 23 de marzo, el Director Adjunto de la Policía ( DAO ), Comisario Principal, José Ángel González, con ocasión de su comparecencia pública dentro del Comité de Gestión Técnica Por la Crisis del Coronavirus, manifestó que se habían detectado envíos masivos de correos electrónicos destinados a infectar los ordenadores con un virus informático y tener así acceso a todas las claves, contactos e informaciones que contengan.

El virus se había descubierto el día anterior, domingo 22, y lo calificó como muy peligroso e iba dirigido al personal sanitario. Con ello se pretendía romper todo el sistema informático de los hospitales y advertía de tener precaución a la hora de abrir correos electrónicos de procedencia desconocida ya que de tener éxito en estos momentos, las consecuencias serían muy negativas.

Los delincuentes estaban aprovechando la pandemia como cebo para poder entrar en los ordenadores y engañar a los usuarios. Hacerse con el control de los dispositivos y desde ahí, ir saltando a otros ya que los sistemas hospitalarios tiene tecnología operacional y por eso, normalmente, los aparatos de diagnóstico están interconectados. A ello, tampoco ayuda el hecho de que sus sistemas de seguridad sean, tradicionalmente, bajos. Por lo que no podemos olvidar que, a pesar de la pandemia, los malos de internet siguen ahí.

La ola de solidaridad que ha originado esta crisis sanitaria, también ha motivado a las compañías privadas de seguridad informática que, desinteresadamente, han ofrecido sus servicios a todas las instituciones del sistema sanitario español. Dada su experiencia en este sector, expresan dos debilidades muy comunes : la desatención a los riesgos de la digitalización y la falta de conciencia del personal sobre la importancia de la ciberseguridad. Subsanar esa falta de mentalización tiene que ser prioritario y se consigue con programas de formación, tanto para el personal sanitario como el administrativo.

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Se ha conocido ahora que, a mediados del presente mes de marzo, el Hospital Universitario de Brno, en la República Checa ; estuvo bloqueado durante horas a consecuencia de un ataque informático que secuestró los dispositivos electrónicos y obligó a aplazar las intervenciones quirúrgicas de urgencia; forzando el traslado a otros centros hospitalarios de los enfermos graves ya que los equipos informáticos de seguimiento de sus constantes vitales fueron desconectados.

Como se ve, los delincuentes no entienden de crisis sanitarias, ni tampoco tienen escrúpulos. Estos cibercriminales emplean la psicología para lanzar sus ataques y por eso aprovechan cualquier acontecimiento que cause interés en la sociedad para dirigir sus acometidas. Como ahora todo el mundo está pendiente de la situación en la que se encuentra la crisis del coronavirus, ellos lo están aprovechando.

Estos intentos de ataque informático para secuestrar datos o paralizar equipos, lo que pretenden es minar la infraestructura de la red hospitalaria con el objetivo de hacerse con un rescate económico, normalmente en forma de moneda virtual como el bitcoin ( divisa de un mercado paralelo al oficial para intercambiar bienes y servicios ) a cambio de devolver el control de los sistemas.

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Por eso, hay que estar siempre alerta ya que la seguridad absoluta en internet, no existe. Aunque eso, no implica que, no se les puedan poner las cosas difíciles a los delincuentes. Los expertos recomiendan ser especialmente precavidos, además de emplear algún antivirus de calidad ; tener cuidado con los enlaces en los que se teclea y con las informaciones que se comparten con el resto de usuarios y también con las informaciones que nos llegan vía guasap, día tras día.

En lo que se refiere al corona virus, hay que tener especial cuidado con aquellos mensajes que tienen como supuesto remitente a organismos públicos y a empresas conocidas. En caso de duda sobre la veracidad de los mismos, lo más recomendable es entrar en contacto con  quien -en teoría- nos ha enviado el documento para eliminar cualquier sospecha.

 

 

 

 

 

 

 

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EL DERECHO DE LOS PADRES A “CORREGIR FÍSICAMENTE” A SUS HIJOS MENORES.

Si ya la tarea de educar a un hijo es de por sí complicada, con la llegada a nuestra legislación del delito de malos tratos del artículo 153.2 del Código Penal, parece aún más difícil porque cada día son más comunes las denuncias de los hijos hacia sus padres por una bofetada, gritos, un empujón, el forcejeo por seguir usando el teléfono móvil, etc. ¿ Donde está el límite entre corregir una conducta o cometer un delito ?.

El mencionado artículo, introducido en el año 2.003 y modificado después por la Ley de Violencia de Género, ( Ley Orgánica 1/ 2.004, de 28 de diciembre ) viene a proteger de forma extrema a los más débiles y vulnerables de la prole por los ataques psíquicos y físicos de los que pudieran ser objeto, por parte de otros miembros de la familia que se pueden aprovechar de una injusta situación predominante.

Las penas oscilan entre prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la Comunidad, de 31 a 80 días ; aparejada -normalmente- con una orden de alejamiento e incluso puede conllevar la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de 6 meses a 3 años.

Los Tribunales de Justicia se han pronunciado, intentado establecer la difícil línea divisoria -en los casos más leves- entre ejercer los derechos y los deberes propios de la paternidad y de los malos tratos. Para describir la conducta delictiva, el Código Penal usa conceptos jurídicos tan indeterminados como : el que por cualquier medio o procedimiento, causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad o golpeare o maltratare de obra sin causarle lesión. 

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Hasta el año 2.007, el Código Civil en su artículo 154, recogía el derecho de corrección de los progenitores con respecto a sus hijos menores sometidos a la patria potestad. De manera que, si este derecho de corrección se ejercía de forma razonable y con moderación, servía como argumento para absolver por delito de malos tratos. ( Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de marzo de 2.006 ).

Pero el artículo 154, se reformó en 2.007 y se derogó la referencia expresa a dicho derecho pero recogiendo dentro de los deberes que tienen los padres, el de velar por sus hijos y educarlos. El problema está entonces en determinar el alcance del deber de educación, si incluye o no, el derecho de corrección, como preveía -expresamente- el citado artículo 154.

La Audiencia Provincial de Salamanca, en su Sentencia de 20 de noviembre de 2.013, entiende que -efectivamente- el deber de educación incluye el derecho de corrección, si se ejerce moderada y razonablemente, exigiéndose proporción entre el castigo que se impone y la conducta que se quiere corregir. Además elaboró un estudio concienzudo para establecer las circunstancias que deben de ser valoradas por el Juez en este sentido.

Si no se actúa amparado en ese derecho a la educación, como ocurre en el caso del padrastro que propinó una bofetada a su hijastro ( resuelto por el Supremo en noviembre de 2.015 ) se incurre en un delito de maltrato familiar al no encontrarse en el ejercicio de la patria potestad, dado que este le correspondía a su esposa.

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La Audiencia Provincial de Castellón, en septiembre de 2.016, también condena a una madre por darle una bofetada a su hija, basándose en que tratando de imponer su criterio, se excedió por medio de la violencia, superando de forma contundente el deber de corrección que como madre le correspondía.

En otra Sentencia de un Juzgado de Lo Penal, de 20 de marzo de 2.017, que enjuiciaba un caso en el que una madre, dado que su hijo de 15 años no quería dejar de jugar con el teléfono móvil y ponerse a estudiar, se lo tuvo que quitar, teniendo que forcejear levemente con él , ante la negativa violenta del menor. Entiende el Juez que la madre se encontraba en el pleno y correcto ejercicio de los deberes y obligaciones derivados de la patria potestad sin que, en ningún momento se extralimitase en ello.

Es más, -sigue diciendo- sería responsabilidad de la madre el haber dejado a su hijo seguir jugando con el móvil y no hacerlo estudiar, ya que, entre esas obligaciones que se establecen en el Código Civil derivadas de la patria potestad, está la de preocuparse por la educación de los hijos ; que es lo que hizo precisamente la acusada en la acción enjuiciada, sin utilizar rigor innecesario alguno para ello.

En definitiva, para que no sea delito, la acción debe de llevarse a cabo dentro del deber de educación que permite corregir de manera razonable, con moderación y sin rigor innecesario ; teniendo en cuenta que, además, hay mecanismos legales para sortear la condena , pudiendo aludir -por ejemplo- a una enajenación mental transitoria.

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE NO SALVAN A LAS MUJERES.

Lo corriente es que, a los agresores en la violencia de género, la autoridad judicial les imponga una orden de alejamiento de sus víctimas y en los casos más graves, una pulsera de localización. Sin embargo, el miedo de las víctimas persiste. No se trata de un temor irracional sino sustentado en una larga lista de fracasos de estas y otras medidas de protección que no han salvado a muchas mujeres de la muerte.

Afortunadamente, el maltrato no siempre conduce al fallecimiento. A menudo, la violencia machista está llena de matices invisibles y no deja los ojos morados, ni los labios partidos. Las palizas y los asesinatos son la punta de un iceberg en el que entran en juego varios factores : el poder, el control sobre la mujer, las amenazas, los celos y sobre todo, un lacerante abuso psicológico.

También hay datos, tristemente reveladores, sobre el grado de premeditación e impunidad con el que actúan los agresores, como el hecho de que muchos de ellos aprendan a golpear de modo de que la ropa o el cabello tapen las huellas del infierno a que someten a sus víctimas.  Cuando ellas -por fin- logran escapar de la telaraña tejida por su maltratador y van a denunciarlo, se enfrentan a un momento decisivo en el que el Estado debería de garantizar su seguridad, lo que no siempre ocurre.

La clave de todo el procedimiento parece estar en la primera vez en que la mujer acude a la Policía. Esa denuncia es la que ayuda a que haya un buen juicio y una orden de alejamiento contra el agresor. El problema es que, en muchas ocasiones, no hay una Unidad Especializada para atenderla y entonces no se recaban los datos necesarios. Sin ellos, el juez tiene pocos elementos para saber si tiene que dictar una orden de alejamiento o no.

A día de hoy, el agente que recoge la denuncia tiene que rellenar un cuestionario de unas cincuenta preguntas, cuyas respuestas se graban en un programa informático que se llama VioGen ( por Violencia de Género ) y el sistema se encarga de valorar si el grado de riesgo que corre la víctima es : nulo – bajo – medio – alto o extremo. 

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En realidad, la seguridad de estas mujeres está en manos de un algoritmo ( conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución a un tipo de problemas ). Un método que ya se intentó mejorar en el años 2.015 con la ayuda de la Universidad Autónoma de Madrid y que no deja de ser una herramienta más pero que se convierte en un problema cuando los jueces se ven forzados a apoyarse -exclusivamente- en ella.

Lo paradójico es que, la Ley contra la Violencia de Género de 2.004 ya preveía un instrumento mucho más potente para calibrar el riesgo que corre una mujer maltratada por su pareja: las Unidades de Valoración Forense Integral ( UVFI), que no son más que equipos formados por un médico, un psicólogo y un trabajador social que se encargan de entrevistar y explorar físicamente, tanto a la víctima como al agresor; revisar el procedimiento seguido, tanto en el ámbito policial como judicial y conversar con los testigos. Tratando de cerrar así el mosaico de la violencia machista aunque casi dieciséis años después, estos equipos de valoración judicial siguen sin estar implantados en todo el territorio nacional.

Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que debería de haber -al menos-  en cada provincia, un Tribunal especializado en agresiones sexistas. Si bien de los 345 existentes, solo 26 cuentan con esta categoría y no en todas las Comunidades Autonómicas. Así se explica que, solo se obtiene el 30% de las medidas de protección solicitadas y que en el 2.017 fueron 11.645. En este escaso resultado, influyen varios elementos, tales como la credibilidad de la mujer en la sociedad o una visión estereotipada de la violencia de género por la que, a menudo, se espera que cuente con un ojo morado o con un labio partido. 

Para evitar este tipo de carencias, desde el pasado año, se refuerza la formación  de los jueces, -con un curso específico de cincuenta horas de duración-, pedido por ellos mismos, a raíz de la ya famosa Sentencia de La Manada. Una consecuencia inmediata de ello fue el aumento considerable ( un 69,16 % ) de la concesión de las órdenes de protección concedidas ( 27.093 ) sobre la solicitadas ( 45.045 ).

En el aspecto policial. el trato a las víctimas ha cambiado mucho y no tiene nada que ver con lo que ocurría hace diez años, por ejemplo. Ha habido un proceso de sensibilización muy grande. Ahora, para formar parte de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer ( UFAM) que son los equipos encargados de la investigación de este tipo de delitos, es necesario realizar un curso de especialización y pasar una entrevista psicológica. Si se supera este proceso, cuando se incorporan a su destino profesional se cambia la mentalidad porque allí no se aprende a memorizar el nombre de los delincuentes a los que perseguir -como en otras unidades policiales- sino el de las víctimas.

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Como cada víctima tiene asignado un agente, que está con ella desde el principio del procedimiento hasta el final, se crea un vínculo de confianza. Pero como siempre, la falta de recursos hace insuficiente la labor de los Policías y por eso están desbordados. Como mucho, cada agente debería de atender los casos de cincuenta mujeres pero en realidad se ocupan de más de cien. Los sindicatos policiales rebajan estas cantidades hasta veinticinco. Cada funcionario se sabe el nombre, las circunstancias de las victimas que tiene encomendadas y están disponibles las veinticuatro horas del día.

Otro lugar que también trabaja durante todos los dias de la semana y sus noches es, el Centro de Control de las Medidas Telemáticas de Alejamiento ( COMETA) que se encarga de registrar todas las incidencias que ocasionan las medidas cautelares adoptadas. Una de ellas son las pulseras antimaltrato, que es el requerimiento estrella de la Ley de Violencia de Género. Mediante este dispositivo el agresor está permanentemente localizado para comprobar así si se acerca a la víctima. Si lo hiciera, se activaría la alarma en el Centro de Control.

Esto es posible gracias a dos aparatos: el brazalete y un  dispositivo móvil para el agresor y otros dos también para la posible víctima -uno para casa y otro para su teléfono móvil para cuando quiera salir-. Así se establece una zona de exclusión que si la traspasara el maltratador, salta la alarma. Si trata de quitarse el aparato que lleva abrochado en el tobillo o en la muñeca, también se dispara el dispositivo. Cada vez que esto ocurre, se llama a la víctima, al agresor y a la Policía; y se envía un informe de lo ocurrido al juzgado correspondiente.

Este sistema que ha demostrado su eficacia como medida preventiva, demás de poderse contrastar técnicamente si se está cumpliendo o no la orden de alejamiento, también es un arma de doble filo. Su uso genera un mar de incidencias que pone en alerta a víctimas, Policías y teleoperadoras sin necesidad. Algunas mujeres renuncian a él porque es molesto. Las pulseras fallan -en ocasiones- porque utilizan un sistema de localización obsoleto ( 2G en lugar del actual 4G ).

Hay casos en lo que los maltratadores pierden la cobertura sin salir de su domicilio. Además de otras picarescas con la batería de los aparatos para que suene -intencionadamente- la alarma y vuelva otra vez el miedo. Todos los actores en estos procedimientos tienen claro que el sistema telemático necesita mejoras, empezando por su actualización tecnológica. En 2.018 se colocaron 1.046 pulseras y en 2.019 fueron 1.229, un 11,74% más.

Si hacemos un balance desde 2003 que es cuando se empezaron a contabilizar las mujeres asesinadas por sus parejas, hasta el pasado día 3 de marzo, iban ya 1.047, de las cuales 43 fueron en 2.017; 47 en 2.018 ; 52 en 2.019 y 14 en lo que va de 2.020.

En el aire sigue quedando la pregunta más importante : ¿ como mejorar la protección de las víctimas ?.  Primero, arreglar y actualizar todos los errores, carencias y modernizaciones detectadas. A largo plazo, creo que solo cabe una solución y no es policial, ni judicial, que se basa en la concienciación y educación para que cambie la sociedad y el machismo sea completamente erradicado. 

 

 

 

EL SECESIONISMO CATALÁN.

Tras haberse cumplido más de dos años y medio de la declaración de independencia del Parlamento catalán, el denominado conflicto ha ido a peor porque se ha puesto de manifiesto que el problema se ha enquistado y que no se va a solucionar sobre la fórmula que quiere nuestro Gobierno social-comunista.

Un sistema político democrático no puede basarse en quienes están en contra de ese sistema porque este se desmonta o se desfigura. Pienso que el ciudadano medio está abierto a cambiar, a evolucionar, pero siempre que se le indique la dirección a seguir, hacia dónde hay que ir.

Seguro que nuestro sistema democrático es imperfecto y que habría que mejorarlo pero tienen que convencernos de que nos quieren llevar a un sistema mejor. Un Estado no puede construirse sobre el hecho de ignorar a la mitad de su población. Eso no tiene ninguna viabilidad y los independentistas lo saben porque les llevaría, directamente, a una dictadura.

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Durante el tiempo que lleva esta crisis, el Estado de Derecho ha demostrado que funciona. Lo ha hecho en Cataluña, en lo que respecta al Poder Judicial aunque no en las instituciones del Estado y autonómicas porque ni han funcionado, ni funcionan, más allá de sus propia inercia que por otra razón.

Las instituciones catalanas se dedican a otras cosas en lugar de atender su obligación de responder a las necesidades ciudadanas. A ellos lo que de verdad les importa y por eso le dedican todo su esfuerzo es a la segregación, la anulación de la lengua castellana, la superioridad étnica y cosas parecidas.

El separatismo catalán, como todos los nacionalismos, van en la dirección contraria al tiempo que les ha tocado vivir. Ahora, la tendencia política es ir a unidades regionales, a unidades más grandes, del tipo de la Unión Europea ( UE ).

Modelo que envidian los que no disponen de él, como Asia, África o Hispanoamérica; donde, esta última,  a pesar de hablar el mismo idioma no son capaces de arreglar sus problemas, ni siquiera los fronterizos. Sin embargo, aquí en Europa, a pesar de hablar numerosas lenguas, somos capaces de tener objetivos comunes y de buscar arreglo a los problemas.Resultado de imagen de secesionismo catalan

Hay una cosa que no debe llevar a engaño : la aparente fractura del bloque secesionista catalán. Está roto pero sabe muy bien contra quién o quiénes tiene que unirse. No nos dejemos llevar por ese señuelo de que puede haber un cambio como consecuencia de aparentar que se rompe porque en las cuestiones sustanciales están de acuerdo y es importante no olvidar que los separatistas tienen un programa claro. A los que les faltan objetivos claros es a la parte de enfrente.

Eso que ahora se llama el relato…  es lo que necesitan los que están con la Constitución, que estos sí que es verdad que están rotos. Bastante más que los otros. El Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y sus socios de Podemos, están gobernando por su cuenta y eso está siendo muy perjudicial para la necesaria unidad democrática. Se trata de un Gobierno lleno de hipotecas que no puede mantenerse sobre la base de intentar convencer a personas que quieren socavar sus cimientos. No hay sistema político que lo resista, por fuerte que sea o lo aparente.

Algunos piensan que todo esto se arreglaría con una reforma de la Constitución Española que exigiría un acuerdo de los principales protagonistas políticos pero se olvidan de que los sistemas democráticos exigen que sus protagonistas crean en los mismos elementos básicos aunque luego difieran en aspectos circunstanciales.

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Pero eso no ocurre en España porque no hay una creencia común, el sistema está deteriorado y tambaleante por lo que se contempla con preocupación. La mitad del Congreso de los Diputados está en contra de la Constitución o contra el Estado o contra la Monarquía. No hay creencia común, que es básica.

Por ejemplo, todos los católicos, curas y seglares, creen en el Credo. Lo que dice el Credo hay que creérselo, por eso para reformar la Constitución hay que creer en ella y en el Estado.

COLAPSO EN EL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.

Según la Estadística de Adquisición de la Nacionalidad Española por parte de Residentes Extranjeros que lleva el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2.018, ( último informe publicado ), un total de 90.774 extranjeros residentes en España consiguieron la nacionalidad española. Esta cifra supone un 36,5 % de aumento respecto del año anterior, 2.017, que fueron 66.498.

La nacionalidad de origen más frecuente entre las personas que consiguieron la nuestra fue la de Marruecos, con 25.315 casos ( casi un 28 % del total ). A continuación se situaron los países hispanoamericanos ( 8 de cada 10 ), especialmente de Bolivia y Ecuador y de los restantes países destacaba Pakistán, con 2.054 personas. En su conjunto, la media de edad habría de establecerla en la treintena y en cuanto el sexo, hay más mujeres ( 53  % ).

El país de nacimiento más importante de entre los solicitantes fue – curiosamente- España, con 17.256 casos, con mayoría de niños menores de 10 años ( 86,4 % ). Entre los nacidos fuera de ella, el país de mayor frecuencia era Marruecos, con 15.398 casos. Por zonas de residencia en el territorio nacional, Cataluña con 20.103 casos y Madrid con 17.558 , concentraron casi el 40 % de las adquisiciones de nacionalidad, siendo las menos La Rioja con 724 y Extremadura con 672.

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Este baile de cifras que tan poco gustan a los lectores, por sí mismas dicen muy poco si no se las enmarca en su contexto social e histórico. Me refiero a que, si bien, el número de concesiones de nacionalidad no ha hecho más que bajar desde que, pongamos el año 2.013, que fueron 225.793 ; en 2.014, 205.880; en 2.015, 114.351 y en el 2.016, 150.944 ; no es que hayan menos solicitantes sino que no ha habido la respuesta adecuada por parte del organismo encargado de las concesiones que es el Ministerio de Justicia.

Las indagaciones que he practicado para obtener una respuesta satisfactoria no me han convencido porque se escudan en la falta de reposición de los funcionarios jubilados durante el bienio 2.017 – 2.018 y por ello no han podido mantener el ritmo de los años anteriores. Ocultan que la media de resolución del expediente de solicitud de la nacionalidad dura cuatro años y que en los cajones del Ministerio todavía quedan más de 360.000 solicitudes pendientes., a las que habrá que restar una media del 11 % , ( equivalente a 32. 727 casos ) que se desestiman por una o varias razones.

EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES.

La Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia de 2.015, estableció la creación de un Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Ministerio de Justicia, para que se inscribieran los condenados por agresión, abusos y acoso sexual ; exhibicionismo y provocación sexual ; prostitución y explotación sexual y corrupción de menores.

Según los datos facilitados en un comunicado hecho público por el citado Ministerio en el mes de enero de 2.019, el Registro recogía la identidad y el perfil genético ( el famoso ADN ) de 45.864 personas, cifra que suponía 5.082 más que el día en que se activó el Servicio, en marzo de 2.016.

El aspecto más controvertido de este Registro y que ya ha sido objeto de varios procesos judiciales, es la dificultad de borrar una inscripción ya que cuando la víctima del delito es menor de edad y el condenado mayor, solo pueden cancelarse los datos cuando hayan transcurrido 30 años, a contar desde el día en el que se considere cumplida la pena.

La importancia de este Registro, viene avalada por la emisión de un certificado obligatorio de que no se aparece en esa base de datos, para cualquier persona que quiera acceder a puestos de trabajo que impliquen un contacto habitual con menores, como profesores, monitores, entrenadores, personal de comedores o conductores de autobuses escolares.

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El Registro emitió en 2.018 casi dos millones de certificados ( exactamente 1.994.375 ) dando resultado positivo en 505 casos, el 3,94% del total; impidiendo así que estas personas puedan tener empleo relacionado con menores, cifra a la que habría que añadir los 1.110 casos que se lograron frenar entre 2.016 y 2.017.

Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, en 2.017 ( último año analizado ) hubo 2.549 condenados por delitos sexuales, de los cuales, el 96,4 % fueron hombres y de ellos, 269 eran menores.

En los seis primeros meses del año pasado, ( últimos datos publicados hasta ahora ), 324 delincuentes sexuales intentaron trabajar en entornos en los que había menores de edad y que fueron detectados gracias a este Registro, habiéndose emitido 1.380.150 certificados en esas fechas. Desde la puesta en marcha del Servicio, se ha evitado que 2.034 personas, condenadas por delitos de esta naturaleza, hayan desempeñados trabajos que requerían contacto habitual con menores.