AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

Está por ver si lo de calentar las calles tiene algún rédito electoral y si el posible beneficiado final de algo relacionado directamente con la inseguridad no es precisamente un partido de izquierdas sino todo lo contrario, a mayor regocijo de quienes siguen contemplando futuros beneficios en eso de potenciar a la derecha contigua del PP.

No es necesario asomarse a Francia para colegir que, como en el país vecino, aquí en España y con la piel irritada por la precampaña electoral más frentista de nuestra historia reciente, bajo la punta del iceberg de legítimas reivindicaciones sociales se esconde la repugnante ponzoña, no solo de la utilización partidista de esas peticiones sino algo mucho más inquietante, como es la instauración de una violencia claramente organizada y encaminada a poner en jaque al propio sistema, minando la clave de bóveda que supone el imperio de la ley.

En mis tiempos jóvenes, los fundadores de los sindicatos Comisiones Obreras ( CC.OO ) y Unión General de Trabajadores ( UGT ) no sabían lo que eran las redes sociales porque no existían; de hecho, sus convocatorias llegaban desde el boca a boca y el cartel clandestino en la lucha contra el autoritarismo pero de haber levantado la cabeza aquellos líderes históricos, solo se habrían vuelto hacia sus tumbas tras haber corrido a gorrazos a quienes desde este actual sindicalismo de «clase», sumido ya en el verticalismo adocenado por la subvención animaron -hace ya más de un mes- a participar en un escrache (protesta ) contra la Presidenta de la comunidad madrileña.

El Gobierno de Díaz Ayuso, además de primerísima piedra desde hace años en el zapato sanchista, es hoy el principal objetivo de una izquierda indigente de ideas que pretende la toma de las calles como quien asalta los cuarteles de invierno en su adaptación política marxista, arrogándose una supuesta «mayoría social» que en términos reales solo cosecha descalabros en las urnas.

El amenazante «no habrá paz para Madrid» esgrimido por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional , Manuela Bergerot Uncal, lleva semanas sonando a algo más que mera alharaca parlamentaria; más bien se brinda como toda una tarjeta de visita para el periodo que aguarda hasta las elecciones generales del 29 de noviembre y los comicios autonómicos y municipales de mayo próximo.

El ejemplo francés es meridiano: la extrema izquierda asaltando las calles ante el vaticinio de un posible éxito electoral de la extrema derecha en los comicios de 2027; si a ello se suma la bomba de relojería (estallando ya en Francia) de la inmigración masiva, nos encontramos ante una obligada reválida para el próximo gobierno de España.

La sede sanchista del Palacio de La Moncloa necesita la tensión en la calle, «no habrá paz», para situar a Santiago Abascal en el centro de la campaña. «Es la única manera de que Sánchez pueda ganar a Feijóo», sostienen desde el partido socialista. Delegados del Gobierno, los «cachorros» del partido, sindicatos, asociaciones civiles próximas y hasta las redes digitales están puestas al servicio de la causa en una coordinación implícita y, en algunos casos, completamente ordenada.

Todo esto forma parte de una estrategia bien planificada. Esta ofensiva preocupa en distintas sucursales  provinciales socialistas ante el riesgo de que la creciente tensión se les vaya de las manos como ya parece que ha ocurrido con la aparición de ese enigma llamado Blocus,

Los ataques a la policía registrados el pasado día 21 de octubre en La Coruña y después también en Avilés ( Asturias ), durante las visitas de Santiago Abascal, son la imagen de hacia donde se quiere llevar la campaña. Las Juventudes Socialistas participaron en la protesta contra el presidente de Vox junto a Galiza Nova, la organización juvenil del Bloque Nacionalista Gallego ( BNG), sindicatos estudiantiles y grupos vinculados a la defensa de la vivienda asequible.

La concentración reunió a miles de jóvenes encapuchados en la plaza de María Pita contrarios, donde también se había convocado el acto de Abascal: la inoportuna coincidencia fue autorizada por la Delegación del Gobierno con el riesgo que eso conllevaba. La jornada terminó como era presumible con enfrentamientos entre manifestantes y policías, dos detenidos y 12 policías heridos en La Coruña.

La intervención de los jóvenes socialistas constituye uno de los elementos políticos más relevantes de lo sucedido, ya que acudieron a la plaza una hora antes de la comparecencia de Abascal, entre consignas de rechazo a Vox y contribuyeron al movimiento para «calentar» el ambiente. Iban vestidos con capuchas y pasamontañas cubriendo su rostro para evitar su posible identificación, lo que delataba cuales eran sus intenciones.

Las Juventudes Socialistas no son un satélite menor sino una pieza muy importante en la estructura política del PSOE. Su implantación territorial, su presencia entre estudiantes y jóvenes simpatizantes y su capacidad para participar en campañas y actos públicos, las convierten en un instrumento de movilización generacional y son también una cantera de futuros dirigentes y cargos institucionales.

La importancia de su presencia en las protestas contra Vox no reside únicamente en el número de militantes que puedan aportar. Su participación introduce a una organización vinculada al PSOE en movilizaciones que, en ocasiones, comparten espacio con otros grupos situados más a la izquierda del partido y con organizaciones nacionalistas e independentistas.

La preocupación expresada por numerosos militantes socialistas se centra precisamente en las consecuencias políticas de esa convivencia entre distintas formas de movilización. «El partido puede decidir la participación de sus militantes, pero no controla el comportamiento de todas las agrupaciones que coinciden en una concentración.

La presencia de grupos violentos puede terminar alterando por completo el significado de una protesta y desplazar el protagonismo desde las reivindicaciones hacia los disturbios», reflexionan en las distintas federaciónes regionales.

El segundo gran instrumento de movilización se encuentra en el ámbito digital. El PSOE lleva tiempo reforzando su presencia en las plataformas sociales y tratando de disputar a Vox el espacio de la comunicación política dirigida a los jóvenes. El partido socialista ha identificado las plataformas Instagram y TikTok como escenarios importantes de esa competencia sin abandonar su actividad en X.

Esta infraestructura tiene una utilidad especial en una campaña marcada por la confrontación. Una protesta local puede convertirse rápidamente en un asunto nacional mediante vídeos, fotografías, declaraciones y denuncias cruzadas. Las imágenes de La Coruña confirman este de modo de operar: una comparecencia de Abascal que inicialmente tenía carácter local, terminó ocupando la conversación política por los enfrentamientos posteriores. El aparato de agitación y propaganda del Palacio de La Moncloa lo sabe, y tiene a este «ejército» digital en marcha.

La maquinaria del PSOE dispone, además, de una extensa implantación geográfica que el Palacio de la Moncloa también pretende aprovechar. En el centro de la polémica están ya las Delegaciones del Gobierno, cuyos responsables son nombrados por el Ejecutivo. Los episodios de La Coruña han situado bajo sospecha la gestión de las concentraciones enfrentadas que fueron autorizadas y que terminaron en altercados que eran previsibles.

Y, por supuesto, en esta estructura satélite que participa de la planeada ofensiva en la calle, tienen su papel CC.OO, UGT y el resto de las organizaciones sindicales. También asociaciones estudiantiles, colectivos de vivienda, organizaciones feministas y algunas entidades antirracistas, por ejemplo, que también tienen reservado su cometido en las protestas.

El trasfondo de toda esta movilización es la disputa electoral. La militancia socialista en general sostiene que Sánchez necesita modificar el eje de la campaña para debilitar todo lo posible a Feijóo y Vox es un instrumento necesario para conseguirlo. «Situar a Vox en el centro de un escenario de conflictividad le da protagonismo y enfada todavía más al electorado de la derecha».

Cuanta más tensión, mejor para Abascal, y peor para Feijóo», sentencia un diputado socialista que ya anda haciendo campaña en su circunscripción. «La presencia constante de Vox condiciona también el debate dentro de la derecha. Cada polémica relacionada con Abascal abre interrogantes sobre la posición de Feijóo, su relación con Vox y las condiciones de posibles entendimientos parlamentarios o de gobierno» como se acaba de ver en las candidaturas al Senado, añade un interlocutor socialista con cargo en una provincia.

Pero la confrontación puede producir consecuencias diferentes a las buscadas. La experiencia de otros países demuestra que las movilizaciones contra partidos de derecha radical no tienen un efecto electoral uniforme. En algunos casos, han contribuido a reducir su respaldo; en otros, han reforzado la identificación de sus seguidores con el partido. La violencia introduce, asimismo, un elemento de incertidumbre que dificulta cualquier cálculo electoral.

Ese es el riesgo que preocupa a distintas organizaciones territoriales socialistas que están ya en precampaña para sus elecciones de mayo. «Estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan, ni contra quién», sentencia un diputado autonómico.

Las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional que tienen su base en Madrid, han dejado de recibir en los últimos días las órdenes de servicio que la Delegación del Gobierno les remite habitualmente para informarles de los despliegues que deben preparar ante concentraciones, manifestaciones y posibles disturbios en la calle. Según he podido conocer de diversas fuentes de los antidisturbios que dependen orgánicamente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, órgano central de la Dirección General de la Policía, encargada de velar por el orden público a nivel nacioanl y que también tiene su sede en Madrid, los especialistas en control de masas y en preservar el orden público llevan días sin recibir los partes que dos o tres veces a la semana les facilitaban desde la Delegación gubernativa madrileña.

Esto se produce justo tras el conocido desahucio de Mari Carmen Abascal en la capital española y coincidiendo con su fallecimiento el pasado siete de octubre. Las órdenes de servicio que la Delegación del Gobierno facilita a las UIP incluyen los datos sobre las concentraciones autorizadas y no autorizadas que se producen semanalmente en las calles de toda la Comunidad autómoma. Se trata de un mapa, una guía de trabajo completa. En este documento figura la información sobre quiénes son los convocantes, la hora y el lugar de la manifestación, el recorrido de la misma e incluso la recomendación sobre la fuerza policial que se necesita utilizar para preservar el orden en la calle.

Sin embargo, diversas Delegaciones como la de Madrid han dejado de facilitar esos datos a los antidisturbios. «La Delegación no está dando órdenes de ninguna manifestación y concentración. Estamos a ciegas», revelan desde la Jefatura de las UIP en Madrid. Tanto es así que la Policía no dispuso de datos sobre la concentración que se produjo el pasado ocho de octubre por la tarde en la capital de España, Una marcha fúnebre desde la Puerta del Sol hasta la casa de la difunta Mari Carmen, en la calle Sainz de Baranda, en las proximidades del Retiro y en pleno centro urbano.

Fueron los agentes de otra unidad policial, la Brigada Provincial de Información los que tuvieron que recabar los datos necesarios para que las UIP pudieran organizar mínimante el dispositivo policial en el recorrido. Es lo mismo que está ocurriendo en otras Comunidades Autónomas: «No llegaban las órdenes de servicio. Hemos ido a preguntar y nos hemos enterado ahora. Si te atan de pies y manos, no puedes organizar nada». Ahora han dejado de informar de lo que hay en la calle. Parece que buscan que haya problemas», lamentan fuentes de las UIP.

La preocupación se incrementa en los últimos dias en estas unidades encargadas de preservar la seguridad pública, una vez han conocido esta noticia: «Nos lo ponen muy difícil porque nos resulta complejo calcular y distribuir a la gente, cuando no te dan los datos básicos y mínimos para poder realizar cuadrantes o servicios», explican. Creen que esto propiciará que crezcan las situaciones de conflicto en distintas ciudades: «Habrá más desórdenes públicos. Está más claro que el agua».

Los mandos que han conocido esta noticia señalan que desde las Delegaciones se ha roto todo tipo de comunicación. «No la hay. Se producirán más disturbios, lógicamente», lamentan. «Es un despropósito», denuncia otro efectivo de las UIP. No hay una orden escrita como tal para que las Delegaciones del Gobierno dejen de informar, describen desde las UIP. Sin embargo, esa consigna ha llegado desde Moncloa a las Delegaciones aseguran. «Aquí, por escrito, poco o nada. Los marrones, para los jefes de Unidad aunque ellos no tienen la culpa de esto».

Ya en los últimos semanas se han vivido las consecuencias de esa falta de directrices. El pasado tres de octubre, se produjeron en Valencia las escenas más tensas de las manifestaciones por la vivienda que se habían convocado en toda España. Había solo 14 policías y nueve terminaron heridos después de que la Delegación del Gobierno autorizase una marcha frente a un congreso inmobiliario que se estaba celebrando en el Palacio de las Artes.

Los agentes denunciaron que se había diseñado «un dispositivo absolutamente insuficiente«. Señalaron a Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana como responsable de los graves incidentes registrados, el choque más violento de los últimos meses. «Ha sido una falta de órdenes claras por parte de. la Delegada, se destinaron muy pocos efectivos para hacerse cargo del último grupo de manifestantes donde se encontraban los más violentos», denunciaban los agentes.

Las fuentes policiales consultadas recuerdan que «queda poco para las elecciones generales y se está buscando que la calle se caliente«. El problema es que «lo pagaremos los que estamos trabajando a pie de calle, ya se ha visto otras veces» Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) denuncian también que tienen orden de no actuar y de no disolver las concentraciones de la Puerta del Sol en Madrid, donde la acampada por el derecho a la vivienda se prolonga ya desde la noche del 26 de septiembre. Esa orden afecta tanto en la capital madrileña como a las concentraciones que se están produciendo en los últimos días en distintas ciudades de España, como Valencia, Sevilla o Granada.

Como en la célebre novela de Faulkner en la que relata la dramática decadencia de los Compson, una desestructurada familia sureña es lo que está sucediendo ahora en España. El ruido y la furia, hasta incendiar la calle con enfrentamientos y algaradas es el principal argumento de Pedro Sánchez para intentar salvarse «in extremis» de una cantada catástrofe electoral y su definitivo fracaso personal. En esta situación tan desesperada todo vale. A río revuelto, ganancia de pescadores.

Fracasos como el de su política de vivienda que ha empeorado la habitabilidad hasta límites intolerables durante su mandato, pretende darles la vuelta con acampadas, huelgas políticas, decretos espurios y aprovechamiento indecente de la muerte de una pobre anciana. Todo sirve para fomentar el enfrentamiento de dos bloques ideológicos irreconciliables que nos devuelve al desolador paisaje guerracivilista. No es extraño que ante la acreditada falta de escrúpulos políticos y morales del personaje, sus adversarios duden de la limpieza electoral y sospechen de los votos por correo y de la «ley de nietos».

La mafiosa actuación desde las cloacas del PSOE contra la juez Biedma, instructora del caso del hermano del Presidente, demuestra hasta qué bajos fondos ha caído la política del sanchismo. Habrá que ver hasta dónde alcanzan las responsabilidades políticas y penales. La situación desesperada de Ceuta, invadida por Marruecos con el Presidente Sánchez veraneando tranquilamente en la casa-palacio de La Mareta perteneciente al Patrimonio Nacional en la canaria isla de Lanzarote y justificando la actuación del Reino alauita, levanta gravísimas sospechas de chantaje o de oscuros negocios y es de temer, viendo los antecedentes de otros desastres que estén tramando en los cenáculos monclovitas la forma de desprestigiar al presidente Vivas, «liquidando» al político más digno de esta invasión aún no resuelta.

La estrategia del Presidente Sánchez consiste en falsificar la realidad y ganar el «relato». Se va a incendiar la calle con la ayuda de los sindicatos verticales decididos a realizar una innecesaria huelga general destinada al fracaso por su carácter político y los activistas de extrema izquierda y los medios de comunicación sometidos al «régimen sanchista». No es seguro que la agitación -el ruido y la furia– dé esta vez el resultado apetecido sino todo lo contrario. Parece que la sociedad está cansada de enfrentamientos y sobresaltos. Aspira a un poco de calma, a cambiar; dar un descanso, en política al pensamiento dialéctico y recuperar el consenso constitucional. Por eso se observa un rechazo general a la figura pública de Pedro Sánchez. Su presencia en la campaña electoral -esta vez sin la compañía moral de su compinche Zapatero- no es, en general, bien recibida por los representantes socialistas locales y menos aún por la gente de la calle. El último error de Sánchez ha sido volver a encabezar el cartel electoral del PSOE.

El Gobierno ha ordenado no intervenir en las distintas acampadas que hay en las plazas de distintas provincias de España. Según manifestó públicamente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el Ejecutivo se escuda en que está en «funciones» para no intervenir en estas acampadas realizadas por una causa justa. Los mandos de la Policía Nacional, así como los agentes, están «más que sorprendidos» porque nunca antes en democracia se había producido una consigna bajo esa premisa.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha denunciado publicamente la falta de información e instrucciones operativas para organizar los dispositivos de seguridad ante las manifestaciones y concentraciones convocadas en toda España. La organización sostiene que varias Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han dejado de facilitar a los responsables policiales los datos necesarios para planificar sus intervenciones, una situación que considera especialmente preocupante en Madrid y que, según afirma, también afecta a otros territorios.

La denuncia se produce en un contexto de creciente movilización social por el acceso a la vivienda, con acampadas y concentraciones en diferentes puntos del país. Las protestas reclaman medidas frente al encarecimiento de los alquileres; las dificultades para conseguir una vivienda y la prohibición de los desahucios y que han ganado visibilidad tras el caso de Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada judicialmente el pasado 26 de septiembre y que falleció tres días después.

Jupol asegura que la ausencia de órdenes de servicio dificulta la preparación de los dispositivos policiales y puede comprometer tanto la seguridad de los agentes como la de los ciudadanos. El sindicato advierte de que los servicios especializados en orden público, entre ellas las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), necesitan recibir información previa suficiente sobre las convocatorias para anticipar posibles incidentes y distribuir adecuadamente sus efectivos para garantizar la seguridad ciudadana.

La organización sindical considera que no se trata de una mera deficiencia burocrática sino de un problema que puede afectar a la capacidad de respuesta policial. En su comunicado, afirma que nunca había conocido una situación de estas características, ni siquiera durante anteriores periodos en los que el Gobierno se encontraba en funciones. Por ello, reclama que se restablezcan los procedimientos habituales de comunicación y que se expliquen las causas de las carencias detectadas.

Las acampadas por la vivienda constituyen uno de los principales focos de movilización. Las protestas se han extendido por ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Murcia, Bilbao, Santander, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Oviedo, Valencia, Granada y Alicante. También se han registrado movilizaciones en Pontevedra y Arrecife. La situación de cada concentración es diferente y la relación incluye tanto campamentos como protestas, concentraciones y manifestaciones vinculadas a este movimiento.

El sindicato JUPOL, ha acusado al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de hacer trabajar a la Policía Nacional «a ciegas» y le ha responsabilizado de las agresiones sufridas por algunos agentes el pasado lunes, 12 de octubre en las inmediaciones de la Puerta del Sol, tras la finalización del desfile militar en medio de los altercados entre manifestantes que acudieron a la plaza para arremeter contra los acampados por la crisis de la vivienda.

«Han agredido brutalmente a compañeros de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), llegando a apalear a uno de ellos cuando estaba en el suelo. Una situación de extrema gravedad que pone en riesgo la integridad de los policías y la seguridad ciudadana», ha manifestado el sindicato en una publicación en sus redes sociales en la que adjunta un vídeo de los incidentes.

JUPOL ha señalado así la «responsabilidad» del Delegado del Gobierno no solo por «permitir» la acampada en la Puerta del Sol «sin instrucciones operativas ni información» para las unidades intervinientes -especialmente Unidades de Intervención Policial y UPR- que tienen que trabajar «totalmente a ciegas, sin los medios humanos y materiales suficientes».

«Basta de dejar a los pies de los caballos a los policías», han pedido desde el sindicato que exige «medidas urgentes y responsabilidades» por lo ocurrido en la víspera, cuando personas con banderas de España -algunas de ellas anteriores a la democracia y de la Cruz de Borgoña- se concentraron en las inmediaciones de Sol para arremeter contra los antisistema acampados que habían integrado la simbología republicana ondeando y colocando la bandera tricolor en diferentes puntos de la plaza y cubriendo la famosa estatua de Carlos III. Finalmente, el sindicato ha incidido en que la seguridad de los agentes «no puede depender de la improvisación y decisiones políticas» de parte de quienes deberían «proteger a la Policía Nacional y a la ciudadanía». En este contexto, JUPOL ha trasladado además su mensaje de apoyo a los agentes que fueron agredidos.

La Policía Nacional había detenido en la víspera a cuatro personas -una mujer y tres hombres, uno de ellos menor de edad acusados de atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos. Varios agentes de Policía resultaron heridos en estos altercados, apuntan fuentes policiales.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz. Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

En los últimos meses, son muchas las ocasiones en las que la Guardia Civil ha sufrido el zarpazo del Gobierno sanchista. Pérdida de competencias por la cesión del Ejecutivo a las ansias de sus socios independentistas (Junts, EH Bildu, ERC…); abandono del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlasca ante la falta de medios para afrontar la lucha contra el tráfico de estupefacientes o la grave crisis inmigratoria que asola distintas regiones como Canarias, Murcia y Baleares; control político de los altos cargos de la Dirección General; deplorable gestión ahora en la invasión africana de Ceuta y Melilla. Y así un sinfín de golpes que provocan la indignación y el malestar de los agentes y españoles de buena fe.

Cada vez son más los casos en los que la Guardia Civil pierde funciones esenciales: seguridad en eventos, tráfico, fiscal y fronteras, protección de la naturaleza ( Seprona )… ¿Es una casualidad o una estrategia política?». Esta es la pregunta que, a través de la red social X, ha lanzado el secretario nacional de comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Pedro Carmona. Una reflexión en la que enumera alguna de las cuestiones claves que le hacen llegar a esa conclusión.

Polémica es también la pérdida de las competencias de Tráfico en Navarra que han pasado a la Policía Foral desde el pasado 1 de julio o de Puertos y Aeropuertos en el País Vasco, en este último caso en favor de la Policía Autonómica desde el 3 de febrero de 2.025. Hay que recordar que en pleno puente de diciembre de 2.025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponía su rúbrica al servicio de EH Bildu y ratificaba a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), la expulsión de los guardias civiles de Tráfico de Navarra en favor de la Policía Foral. Por no hablar del último intento del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) de crear su propia policía gallega y echar de Galicia a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El caso de Cataluña, señala el secretario de comunicación de AUGC, es diferente. Y es que «la expulsión de la Guardia Civil lleva años en marcha» con la «reducción de efectivos» o su exclusión en áreas clave como la fiscal, puertos, aeropuertos, seguridad marítima y medio ambiente. Desde esta asociación han denunciado reiteradamente esta «deriva política basada en cesiones injustificadas» y han exigido una rectificación inmediata y el cese de este «desmantelamiento encubierto» de las competencias de la Guardia Civil en Cataluña...

La situación es «crítica y asfixiante». Así definen los guardias civiles de Cataluña el «expolio» de competencias que sufren y las 1.100 vacantes sin cubrir en toda la Comunidad. Y es que la carencia de personal y el traspaso de competencias exclusivas a la Policía Autonómica catalana obedece, a juicio de la asociación profesional Jucil, a un estudiado desmantelamiento por goteo.

Las competencias de Fronteras y el Servicio Marítimo son exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Benemérita y Policía Nacional) por lo que «no permitiremos un demantelamiento por la puerta de atrás» asegura el secretario general de la asociación, Ángel Lezcano. En este sentido, denuncian un intento de «traspaso ilegal» a los Mossos y alerta de nuevas amenazas como el posible cierre del GEDEX ( Grupo de Desactivación de Explosivos ) en Tarragona. Además, hay que recordar que la Guardia Civil continúa excluida del servicio de emergencias 112 pese al acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad regional de diciembre de 2024.

Y a ese intento de llevar a la Benémerita a la «irrelevancia institucional» más absoluta en Cataluña, hay que sumarle el déficit de agentes en las plantillas. Desde la asociación apuntan que sin complementos económicos y sociales que incentiven la permanencia, esta Comunidad Autónoma seguirá siendo un «destino de paso» por lo que es necesario declarar Cataluña como Zona de Especial Singularidad como ya se hizo con el País Vasco en 1.983 cuando el Ministerio del Interior implantó el conocido como PLAN ZEN ( Zona Especial Norte ).

Por no hablar de la «falta de medios y la precariedad de los mismos» que no solo pone en riesgo la vida de los agentes sino la seguridad de los ciudadanos, destacan desde Jucil. Porque los gestos políticos no sirven si no vienen acompañados de presupuesto real», concluyen.

La desigualdad con los Mossos d’Esquadra es otra piedra en el camino. Durante décadas los agentes han denunciado la brecha salarial con la Policía Autonómica ante la desidia y el ninguneo de los distintos ministros del Interior inccluido en este caso, Fernando Grande-Marlasca. La reciente subida salarial de 4.000 euros brutos anuales a los Mossos, el aumento de vacaciones y la reducción de su jornada laboral han agravado aún más esa desigualdad.

Finalmente, ponen de relieve el hecho de que Grande-Marlasca se niegue a considerar a la Guardia Civil como profesión de riesgo mientras otras policías autonómicas y locales sí están reconocidas. Tachan de «humillación» que los guardias civiles carezcan de este amparo legal del que tampoco gozan los policías nacionales y recuerdan que el Consejo de Europa ya ha admitido a trámite su petición para que los guardias civiles vean reconocidos sus derechos de sindicación y huelga. El Gobierno debía de haberse pronunciado a este respecto en las pasadas semanas.

Números y solamente números. Para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, los agentes son meramente números que figuran en expedientes tal y como él mismo declaró en sede parlamentaria. Quizá, por ello, no haya que extrañarse de su permisibilidad con ciertas «maniobras» como el desguarnizamiento encubierto de la Guardia Civil en Cataluña.

«El Gobierno central y el regional continúan ejecutando un plan perfectamente orquestado para abandonarlar, pieza a pieza, las competencias y la presencia de la Benemérita en el territorio catalán», denuncian desde la asociación Jucil, que ha tenido accso al plan diseñado por la Dirección General y la Unidad de Actividades Subacuáticas (UAS) de Madrid. Un proyecto, cuya única finalidad es «acabar definitivamente» con la presencia de la Guardia Civil en L’Estartit (Girona). La propuesta formal consiste en hacer desaparecer esta base histórica de la Costa Brava y unificar los efectivos restantes en Barcelona y Madrid.

Sin embargo, desde esta asociación denuncian que bajo la falsa premisa de una «reorganización operativa», la realidad esconde «un tijeretazo salvaje a la plantilla». Y es que el plan de la Dirección General (impuesto de manera unilateral y sin consultar a la Jefatura de la Zona) pretende dejar la plantilla combinada en tan solo 11 personas. Teniendo en cuenta que Estartit debería ser de 16 efectivo, la eliminación de estas plazas supone perder prácticamente un tercio de la plantilla en Cataluña de golpe.

Pero esta estrategia de desguace va más allá. Los agentes alertan también de la pérdida de más unidades técnicas en Cataluña. Un goteo incesante que afecta de lleno al cese del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) en la Comandancia de Tarragona. Según explican desde la asociación, al igual que ocurre con otras especialidades, este desmontamiento disimulado bajo el pretexto de un «proceso estatal de unificación» dejará al territorio sin un servicio crítico de intervención rápida frente a artefactos explosivos, obligando a los agentes adscritos a cambiar de destino o de unidad y mermando todavía más el potencial operativo de la Guardia Civil en la provincia.

A esto, hay que sumarle la situación de la unidad del Seprona en Puigcerdà que lleva meses completamente cerrada sin que la Dirección General haya anunciado vacantes, ni comisiones de servicio para cubrir los puestos vacantes. «Esta inacción resulta especialmente sangrante si se recuerda que la Comarca de la Cerdanya lleva tiempo exigiendo el refuerzo de este Puesto debido a las necesidades medioambientales de la zona», señalan. En este sentido, recuerdan que el verano pasado se aprobó una moción presentada por Jucil que contó con el voto a favor de todos los partidos del arco parlamentario, incluidos los independentistas, quienes manifestaron explícitamente que no querían que el Seprona desapareciese de la comarca.

El Ministerio del Interior ignora deliberadamente a las instituciones locales con tal de cumplir su agenda de repliegue y todo ello. Un abandono institucional que obedece al pago de los peajes políticos del Gobierno catalán. «Salvador Illa, careciendo por completo de competencias para decidir sobre el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha pactado con Izquierda Republicana ( ERC ) la cesión de la seguridad de puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra como moneda de cambio para sacar adelante los presupuestos autonómicos«, aseguran. Como ocurrió el pasado 2 de julio en el Parlamento catalán.

En el documento en respuesta al análisis del Ejecutivo se tacha de «irresponsabilidad» el cierre de las patrullas del Seprona frente a los devastadores incendios en la región. En los dos últimos años han ardido más de 4.500 hectáreas. Actualmente, la Benemérita lucha en el territorio contra los incendios con la mitad de la plantilla y arrastra 48 Puestos vacíos en un contexto de «extrema vulnerabilidad». En el Cuerpo se apunta al bloqueo de Interior. Con el apoyo de varios políticos comarcales señalan que los cierres demuestran «un absoluto desconocimiento de la realidad del campo».

En este sentido, un total de 17 ayuntamientos catalanes, los que conforman el Consell de la Cerdanya, presentaron una moción para evitar la expulsión de los agentes. Fuera de colores políticos, el consenso se produjo con diez ayuntamientos de Junts en la lista. Una posición contraria a la defendida por la dirección en Barcelona y Madrid. La medida también contó con el favor de varios representantes de ERC en dos consistorios.

Frente a la operación del Gobierno, las estadísticas son certeras y desoladoras para los miembros de la Benemérita. Los datos reconocidos por Interior, que datan del pasado mes de abril, presentan un 28% de vacantes en todo el territorio. De las más de 4.000 plazas, 1.157 no tienen dueño. Desgranadas por provincias, Tarragona es la más perjudicada con cerca de un 40%.

La presión de los socios nacionalistas sobre el Gobierno central ha provocado el liderazgo de los Mossos d’Esquadra en Cataluña. Los acuerdos del PSOE con Junts y ERC han elevado el número de la plantilla policial por encima de los 25.000; es decir, seis veces más que la Benemérita.

La cesión de competencias en materia de inmigración y de control de fronteras implica también una preocupación por el futuro de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en territorio catalán. La edad de los agentes también es un hándicap. En torno al 30% de la plantilla supera los 50 años. El abismo que asoma es el del País Vasco donde la Benemérita cuenta con tareas residuales.

Ya en 2024, Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) apuntó a la «convivencia política» para liquidar a la Guardia Civil. Era el inicio de la distopía. El «ataque frontal» a los pilares del Estado de Derecho y la cesión de los «delitos supracomunitarios» marcaron la denuncia. Ensalzando la importancia y el legado del Cuerpo, se colocó a los agentes como «piezas esenciales en el engranaje» de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.

Ahora, dos años más tarde, Interior arrincona a la Guardia Civil y fuerza la ‘emigración’ de los agentes a otras comunidades. En bastantes casos, se encontraran obligados a alejarse de sus familiares.

AUTOR; Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

La invasión de Ceuta desde Marruecos por inmigrantes africanos, ha hecho aflorar un problema que llevaba tiempo creciendo bajo la superficie del Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska mantiene formalmente todas sus competencias pero tiene seriamente dañada su autoridad a los ojos de sus compañeros de gabinete y del partido socialista, lo que preocupa seriamente en el entorno del presidente del Gobierno.

Hay alarma en ese reducido núcleo «sanchista» en el que se apoya a diario por las consecuencias que esta supuesta falta de «autoridad» puede tener en el «control» de las investigaciones judiciales que les afectan de aquí a que acabe la Legislatura. Nadie apuesta por un relevo en Interior porque «la suerte de Sánchez está atada a la de su ministro del Interior,

«Hay desconfianza». Es el diagnóstico que se repite entre el búnker presidencial respecto al clima que existe en los Cuerpos de Seguridad del Estado que dependen del ministro. Hablan de prevención hacia determinados niveles políticos de Interior, de una «cacería interna» y de miedo a «purgas» o a consecuencias profesionales cuando una investigación afecta a asuntos especialmente sensibles para el Gobierno.

«Marlaska no controla nada, y esto tiene un coste grandísimo». De fondo hay un clima en el que, por ejemplo, determinados investigadores consideran necesario extremar las garantías alrededor de su trabajo, documentar bien sus decisiones y protegerse profesionalmente ante la posibilidad de acabar señalados y castigados por el resultado de sus pesquisas si no son del agrado presidencial.

El informe policial remitido a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva e ilegal al territorio español de los días 30 y 31 del pasado julio de un río de personas africanas, ha sido la mecha que ha hecho explotar la «bomba». Marlaska dice que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de que agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras dependiente de la Dirección General de la Policía, habían entregado a la magistrada María Tardón un documento que consideraba planificada la entrada, analizaba la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y recogía imágenes en las que algunos de sus miembros aparentemente orientaban a quienes intentaban cruzar.

El ministro reaccionó de madrugada reclamando explicaciones por escrito al director de la Policía, Francisco Pardo. En su carta recordaba que ejerce el «mando superior» en materia de seguridad interior y reclamaba saber desde cuándo disponía la Policía de una información que consideraba «absolutamente esencial» para que el Gobierno pudiera tomar decisiones. La respuesta posterior aclaró un elemento determinante: el director tampoco conocía el informe, lo que dejó al ministro sin margen para ejecutar el cese del máximo responsable de la Policía.

El episodio resulta relevante porque el equipo presidencial que asesora P.S. ha llegado a expresar dudas sobre la lealtad de determinados sectores policiales y sobre el grado de control que Interior mantiene sobre sus estructuras. Pero también hay una lectura inversa: la desconfianza se ha instalado también desde abajo hacia arriba.

El término que emplean algunos de estos ayudantes es «blindarse»: no hablan de retener información que deba conocer un superior ni de incumplir obligaciones legales sino que se refieren a extremar los procedimientos cuando trabajan sobre asuntos políticamente sensibles. En la Guardia Civil, esa prevención no puede separarse de lo ocurrido durante los últimos meses alrededor de la Unidad Central Operativa ( UCO ). La Unidad, como es sabido, participa en algunas de las investigaciones judiciales más delicadas para el PSOE y para el entorno del Gobierno.

El caso Leire Díez ( fontanera del PSOE que dirigía una presunta red de tráfico de influencias ) añadió un elemento especialmente importante al situar bajo investigación actuaciones desarrolladas dentro de la propia estructura del instituto armado. Las indagaciones han alcanzado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, ( DAO ) Manuel Llamas.

La Fiscalía Anticorrupción apreció motivos para investigar determinadas actuaciones internas ante la posibilidad de que hubieran buscado generar un «efecto de desaliento» sobre los investigadores. Ahora mismo, las responsabilidades están sometidas al procedimiento judicial y no cabe anticipar ninguna conclusión sobre ellas, pero el impacto dentro del Cuerpo va mucho más allá del desenlace.

Al mismo tiempo, en sectores del Gobierno sanchista existe la impresión de que determinados miembros de la Policía y de la Guardia Civil mantienen una actitud hostil hacia el Ejecutivo. Desde los dos Cuerpos, el mensaje que lanzan es que determinados indagadores perciben a la estructura política como un posible foco de presión cuando su trabajo afecta a intereses especialmente delicados.

La situación en Interior contrasta con la relación que Margarita Robles mantiene con los mandos militares y los Servicios de Inteligencia. La ministra de Defensa ha respaldado públicamente al Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) durante el asalto a Ceuta, incluso cuando la información proporcionada por el Centro complicaba la versión mantenida desde otros departamentos sobre los avisos previos al 30 de julio.

Robles defendió en el Congreso que el CNI había realizado el trabajo que le correspondía y que la información disponible había sido compartida. Reivindicó además públicamente la profesionalidad de los miembros del Centro, también del otro Centro de Inteligencia de la Fuerzas Armadas ( CIFAS ) y de los Servicios de Información de la Policía y de la Guardia Civil.

Su posición introdujo una discrepancia evidente con Interior. Marlaska mantuvo desde el primer día del ataque fronterizo que ninguna alerta permitió anticipar una entrada en Ceuta de la magnitud que finalmente se produjo, mientras que Robles optó desde el principio por respaldar a los profesionales bajo su responsabilidad y mantuvo esa actitud pese a las incomodidades que generó dentro del Gobierno de coalición con los comunistas. 

En ámbitos militares y de Inteligencia se destaca precisamente las consecuencias de esta diferente reacción. La ministra sí conserva interlocución y reconocimiento entre los mandos y ha evitado trasladar sobre ellos la responsabilidad política de lo ocurrido en Ceuta. Marlaska está más solo que nunca y él solo se lo ha buscado.

El ministro del Interior, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que le transmite su «preocupación» por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional (María Tardón) de prohibir al equipo policial que investiga la incursión inmigratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores jerárquicos sobre sus pesquisas.

Según ha informado el propio Ministerio, en el texto de la carta Marlaska asegura que, en su doble condición de ministro del Interior y de magistrado, respeta «escrupulosamente» la independencia judicial, el deber de prestar colaboración a los órganos judiciales y la dependencia exclusiva de la policía judicial de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, ante una crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional bajo el amparo de la Ley 36/2015 -de Seguridad Nacional-, el titular de Interior defiende que «no debería ser incompatible» atender con diligencia los requerimientos de los órganos judiciales con informar a los responsables políticos de las circunstancias que resulten relevantes para la gestión de una situación de tal magnitud.

En este sentido, el ministro argumenta que la información en manos de la Policía Nacional resulta «de gran interés» para que el poder Ejecutivo pueda ejercer correctamente sus funciones de dirección de la política interior y exterior y de defensa del Estado.

Por todo ello, Marlaska concluye que, ante situaciones de extrema gravedad como la irrupción en Ceuta de decenas de miles de extranjeros, debe ser compatible con que la policía judicial informe a los jueces a la vez que facilita al Gobierno central a información necesaria para adoptar las decisiones oportunas en defensa de la seguridad nacional y pública, «sin que se resienta la independencia judicial».

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha remitido otra carta al ministro del Interior en respuesta a la enviada por este en relación con la actuación de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón en el caso en que investiga la invasión de Ceuta por más de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos que tuvo lugar el 30 y 31 de julio.

En su escrito, Isabel Perelló señala al ministro que los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevé expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También le recuerda que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos (artículo 118) y especial para la policía judicial (artículo 126); y que los artículos 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 1 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, establecen que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.

«En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales por las que todos debemos mostrar el máximo respeto», concluye la carta.

El departamento de Grande-Marlaska ya vivió una crisis relacionada con la ausencia de información desde las unidades policiales hacia arriba. Tuvo lugar con motivo de la investigación de un juzgado de Madrid acerca de la supuesta responsabilidad del Gobierno de la Nación en la expansión de la gripe china ( también llamada Covid-19 ) en la Comunidad Autónoma madrileña por autorizar una marcha feminista por el centro de la ciudad.

El ministro destituyó al coronel jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, cuando conoció el contenido del informe de sus subordinados que responsabilizaba al delegado del Gobierno en esa región policial y señalaba a otros miembros del Ejecutivo central. Pérez de los Cobos siempre defendió que no conoció el contenido del informe porque la jueza del caso pidió a los investigadores informarla a ella en exclusiva debido a las presuntas implicaciones de altos miembros de la Administración Central. Los tribunales terminaron declarando nulo el cese de Pérez de los Cobos y ordenaron reintegrarlo en su puesto.

Así lo establece el artículo 126 de la Constitución, que sitúa a la Policía Judicial bajo la dependencia de jueces, tribunales y fiscales cuando investiga delitos. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Real Decreto que regula la Policía Judicial desarrollan ese principio. Además, no es necesario pertenecer a una unidad denominada formalmente Policía Judicial para ejercer esta función. Cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede actuar como tal cuando es requerido por una autoridad judicial dentro de sus competencias.

La obligación de reserva aparece en el artículo 15 del Real Decreto 769/1987. La norma exige a los integrantes de las unidades de Policía Judicial guardar una «rigurosa reserva» sobre la evolución y el resultado de las investigaciones que les hayan sido encomendadas. La información puede circular internamente dentro de la propia unidad para coordinar el trabajo pero únicamente cuando el juez o el fiscal no lo hayan prohibido expresamente. En este caso, según las explicaciones ofrecidas por el Director General de la Policía, Francisco Pardo, Tardón ordenó que no se facilitara a los superiores información sobre la elaboración ni sobre el contenido del informe.

Si la orden se produjo en esos términos, como parece, los investigadores no tenían margen para trasladar el documento a la cúpula policial o política. Hacerlo habría supuesto incumplir las instrucciones de la magistrada y vulnerar el deber legal de reserva en una manifiesta y grave desobediencia judicial.

El ministro del Interior, ordenó a Policía y a la Guardia Civil que «nunca» informaran a sus superiores cuando investigaba el chivatazo del caso Faisán como titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Dicha orden consta en el auto que redactó para abrir una pieza separada e investigar un delito de revelación de secretos y/o colaboración terrorista.

El caso Faisán fue una investigación judicial sobre un aviso policial -chivatazo- dado a la red de extorsión de la banda terrorista ETA, el 4 de mayo de 2.006 para no entorpecer o romper el proceso de negociación que estaban llevando entre el Gobierno socialista de Zapatero y el grupo criminal.

Por último hay que destacar que, en virtud del informe policial confeccionado y para defender la competencia de la Audiencia Nacional que recibió la denuncia interpuesta por el grupo civil Iustitia Europa, el Ministerio Público también plantea una primera aproximación a los posibles delitos objeto de investigación aunque recalca que su calificación jurídica podría modificarse conforme avance la instrucción.

En esta fase inicial, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular del artículo 318 bis del Código Penal que podría estar agravado por su posible comisión en el seno de una organización y por haber puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. A este delito podrían sumarse homicidios y lesiones por imprudencia grave, contemplados en los artículos 142 y 152 del Código Penal así como un posible delito de organización criminal.

La instrucción deberá determinar también si los acontecimientos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva, entre ellos «la paz o independencia del Estado».

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

UNO.– El episodio aquel en que un barco llamado Hondius llegó a las costas de Tenerife el pasado mes de mayo con un brote infeccioso a bordo y una pregunta por delante. Que un crucero polar regresara al Atlántico con tres muertos y catorce españoles asintomáticos no constituía, en sí mismo, una crisis sanitaria de gran escala; no al menos, después de la experiencia de la gripe china ( cuyas autoridades han logrado que su nombre se quede en covid, sin más ). Suponía, sin embargo, otra ocasión más, quizá ésta especialmente expresiva, para comprobar cómo el Gobierno socialcomunista se dirigía a una sociedad que había dejado de creerle; que tenía todavía en la memoria el acumulado de tantas mentiras y medias verdades. El Gabinete sanchista descubría así, con cada nueva crisis técnica, que el coste real de haber gestionado la palabra como activo táctico durante años, se cobraba entonces en forma de descrédito anticipado.

La incredulidad procedía del registro en el que se daban los hechos antes que de los hechos mismos. Durante meses, en 2020 y 2021, los españoles aprendieron que las certezas oficiales venían a comparecer cada noche para envejecer cada mañana. Entendieron también que la palabra experta funcionaba en aquellas comparecencias como cortafuegos antes que como referencia y que detrás de cada explicación técnica había un cálculo político que los expertos cobijaban con su prestigio. Esa cosecha quedó en la memoria pública española.

Sanidad hizo los deberes formales del Hondius con aparente diligencia. Los catorce españoles afectados fueron trasladados al hospital militar de Madrid, al Gómez Ulla. Se conovocaron siete reuniones interministeriales.. El fondeo en el puerto de Granadilla, en el sur de la isla, fue el elegido al ser especializado en el transporte marítimo industrial y comercial y no de pasajeros. Y el operativo, en general, parecía sobre el papel algo razonable. Pero el problema no estaba en el papel sino en la realidad, ese «problema» con el que este Gobierno populista que disfrutamos, se topa una y otra vez.

El problema estaba en que las seis comunidades autónomas de procedencia de los pasajeros se enteraron del operativo sanitario por la prensa. Estaba en que el Gobierno canario recibió el aviso del traslado del barco cuando los detalles ya circulaban en los teletipos de los medios de comunicación social. Estaba en que su Presidente, Clavijo, lo llamó deslealtad y nadie le ha contestado todavía con un argumento que no sea retórico. La coordinación que el Gobierno que presume de progresista proclamaba, operaba, en realidad, como notificación tardía a quienes debían asumir las consecuencias de decisiones tomadas sin ellos. Las administraciones públicas afectadas, figuraban en el dispositivo como destinatarias de un relato, no como partes de la decisión.

La información gubernamental se administra como activo personal del Presidente Sánchez, repartida según convenga a la frase del día, retenida cuando incomoda, liberada cuando conviene. Esa flexibilidad funciona razonablemente bien en las Cortes Generales, donde casi todo puede cambiar de nombre durante una tarde, donde los pactos se renombran y los compromisos electorales admiten reinterpretación generosa.

El precio se paga, en cambio, cuando el asunto no admite versión múltiple y exige claridad. La cuarentena del Hondius fue buen ejemplo. El ministerio de Defensa la presentó como voluntaria. Sanidad la sostuvo como obligatoria amparada en el marco legal vigente. Política Terrorial la dejó en obligatoria sólo cuando las autoridades sanitarias así lo determinen. Tres ministros, tres versiones y ninguna decisión cerrada al cuarto día desde el anuncio del dispositivo. Las administraciones autonómicas afectadas, los catorce españoles a bordo, los profesionales sanitarios que debían aplicar el protocolo, esperaban inquietos saber con exactitud qué se decía y por qué.

La incertidumbre, prolongada durante varios días, permitió que el Hondius se convirtiera en metáfora involuntaria del estilo del Gobierno sanchista que el Presidente ha consolidado durante esta legislatura, donde cada decisión nace provisional, cada palabra admite enmienda y cada decisión depende de la conveniencia política del minuto siguiente. Lo que el Hondius mostraba, en su escala justa, es que el sistema institucional español ha perdido durante estos años la capacidad de hablar con autoridad sobre cuestiones que no admiten la mediación táctica. La palabra del Gobierno sanchista funciona cuando los asuntos se prestan a interpretación y falla cuando exigen aplicación literal y por supuesto, sinceridad. Y como los asuntos públicos se reparten cada vez más entre los primeros y menos entre los segundos, la quiebra pasa desapercibida. Hacía falta un crucero polar para que reapareciera el recordatorio incómodo de que gobernar no consiste sólo en relatar.

Sánchez seguía creyendo que el ciclo informativo absorbería el episodio del Hondius como ha ocupado tantos otros. Naturalmente que acertó. La sentencia técnica se conoció cuando convino, los catorce españoles hicieron lo que se les dijo, las comunidades autónomas asumieron su queja sin más coste y la opinión pública pasó a otra cosa. La maquinaria narrativa funciona y seguirá funcionando mientras no aparezca un asunto cuya escala desborde su capacidad de absorción. El día que aparezca, sin embargo, los españoles recordarán que llevaban años recibiendo, en cuestiones menores como esta, la confirmación silenciosa de que el Gobierno central gobernaba con palabras que valían lo que el almanaque decidiera.

Y esa memoria acumulada, paciente, hecha de episodios reiterados escribe lentamente una sentencia política que tarde o temprano pedirá ser aplicada. Su escritura ya está en marcha; lo está desde hace mucho tiempo. El Hondius añadió su línea, frente a las costas de Tenerife, al archivo de un poder que ha confundido durante demasiado tiempo el oficio de gobernar con las banderías de relatar.

DOS.- Si nos referimos a otro episodio, el Gobierno de zurdos que subsiste a base de los estertores independentistas, sabe mejor que nadie que los Presupuestos Generales del Estado de 2027 no contarán con el respaldo del Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, el proyecto decaerá con lo que engarzará el enésimo hito negativo de estos ocho años de mandado sanchista con una legislatura al completo sin cuentas públicas y por consiguiente sin dar cumplimiento al mandato constitucional.

El nuevo ministro del ramo, Arcadi España, que ya nos ha regalado las explicaciones sobre el techo de gasto récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más, el mayor de la serie histórica y de un plan «ambicioso en lo social y responsable en lo fiscal», sabía que su notoria narración era una mera interpretación al servicio de una puesta en escena con intereses y propósitos que en nada guardaban relación con un horizonte presupuestario real y ni siquiera veraz.

Pese a todo, Arcadi España se ajustó al relato dramatizado sobre el extraordinario compromiso con las banderas habituales del gasto en políticas de vivienda, sanidad, infraestructuras, entre otras. El Consejo de Ministros aprobó también la senda de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) del periodo 2027-2029 para la que, como ha sido la tónica, no ha contado con los votos suficientes en la Cámara Baja y la desaprobó. No quiero perder de vista, ni minimizar, la desagradable sensación de burla a los españoles, ni el énfasis grotesco de este paripé en torno a la ley más importante del año convertida en una trapacería que retrata por enésima ocasión la talla moral e institucional de todos los que sostienen y se sirven de este régimen político.

Nada es una sorpresa que inquiete a Sánchez en esta coyuntura, en la que daba por descontado e imprescindible que las Comunidades Autónomas del Partido Popular ( PP ) se desmarcaran del objetivo de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que aprovechó para enredar en la discordia, el agravio y la asimetría con el convencimiento de que el divide y vencerás le sería propicio para sus intereses. Por tanto, estos trucos de salón más propios de un tahúr que de un mandatario serio y recto, persiguen ese doble fin de nutrir el espacio público de un debate que el Gobierno pueda explotar como filón propagandístico y de paso arrumbar y amortiguar en lo posible los estragos de las novedades casi diarias sobre los escándalos de corrupción que le asolan.

También, claro, los Presupuestos de mentira servirán a Sánchez como una herramienta electoral que galvanizará todas las ocurrencias de esa agenda social que será frustrada por la malvada derecha en el marco de una dosificada narrativa demagógica y victimista. El trampantojo sanchista, marca de la casa, persigue un milagro y un atajo a ninguna parte convencido de que los españoles ni ven, ni escuchan lo que sucede a su alrededor y que al fin aparecerán como gobernantes íntegros y honorables. Pero Sánchez ha engañado a demasiados durante demasiado tiempo como para que la gente no reconozca al peor presidente de la democracia.

Y TRES.- Según los sondeos de opinión realizados hasta el momento, la inmensa mayoría de los españoles, incluidos un tercio de quienes se reconocen como votantes socialistas, no se cree una palabra de las explicaciones gubernamentales sobre lo sucedido en Ceuta y, además, considera que el Gobierno aliado de los comunistas, se halla supeditado a la voluntad de Marruecos por razones que nadie acierta a explicar.

Lamentablemente, una vez más, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha tratado de hacer luz de gas a la opinión pública, presentando una realidad alternativa a lo que estaban contemplado los españoles, como si el discurso ministerial de exculpación de Marruecos fuera una verdad revelada y no un patético intento de hacer de la necesidad virtud. Y con un agravante que no ha podido pasar inadvertido como es la falta de unidad y coherencia de los distintos portavoces del Gobierno, incapaces de mantener una única versión, sin duda, porque la consigna general no ha sido la de decir la verdad sobre lo sucedido, sino lo que más convenía al poder, según los casos.

De ahí, la contradicción flagrante entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en relación al papel del CNI y a los preavisos recibidos por los servicios policiales sobre la invasión masiva de inmigrantes que se preparaba sobre Ceuta. Por supuesto, el máximo responsable en la materia, que es el titular de Interior, ha hecho lo que mejor sabe hacer que no es otra cosa que negar cualquier responsabilidad, incluso, al precio de dejar por mentirosa a su compañera de Gabinete.

Desafortunadamente para Marlasca, si hay un ministro que ha perdido toda credibilidad es él por más que otros batallen por empatarle. Que, a la postre, tenga que ser el poder judicial, en este caso la Audiencia Nacional, el que determine quién miente en el Ejecutivo, no es más que la tónica habitual en esta legislatura, cuyo agónico final abre demasiadas brechas a quienes operan en contra del interés de los españoles. Aún así, la opinión pública, como demuestran los sondeos que se han publicado, tiene claro cuáles son los problemas que nos enfrentan al vecino del sur, qué instrumentos emplea el reino alauí para defender sus posiciones geopolíticas y qué medidas debería adoptar España para defender sus fronteras y proteger su soberanía.

Que el inquilino del Palacio de La Moncloa, de asueto en Canarias, considerara que lo único que cabía hacer con la política inmigratoria, además de las legalizaciones extraordinarias que tanto preocupan a la Unión Europea ( UE ), era ganar tiempo hasta que llegue el final de la legislatura es grave pero es mucho peor que mantenga contra viento y marea a un ministro como Grande-Marlasca, que no sólo se niega a aceptar la más mínima responsabilidad sino que considera que un ataque masivo a la frontera española no es más que otro accidente natural del que nadie tiene la menor culpa, al menos, hasta que se pronuncie la justicia.

Una sospecha acompañó el anuncio de comparecencias en el Congreso a petición propia de varios ministros con competencias relacionadas con la crisis de Ceuta. Se trataba de esquivar la bala del Senado dando la cara en la otra Cámara, sí. Pero, sobre todo, se trataba de hacerlo cuando el asunto hubiera bajado muchas posiciones en la lista de las prioridades informativas. Aunque no consiguieron que no se hiciera en fase todavía muy candente.

Es un ejemplo más de que, al menos esta vez, la inmensa factoría del relato que habita en el Palacio de la Moncloa no ha conseguido dar con la tecla todavía. Los acontecimientos han ido sistemáticamente por delante de ellos y el habitual desparpajo con el que se defiende una postura, por peregrina que sea, ha brillado por su ausencia. Por una vez, «dejar pudrir» un problema va a tener la consecuencia más lógica: terminar rodeado de podredumbre.

El Gobierno no ha estado fino valorando tiempos ni magnitudes. Y mira que presume de haber sabido gestionar lo extraordinario. Te entran (vamos a dejarlo en) 72.000 individuos y, si consigues el retorno relativamente rápido de la inmensa mayoría, te felicitas porque solamente tienes unos pocos miles en las calles de la ciudad. ¿Los 9.000 que se deducen de los kits de comida que se reparten a diario? ¿Los 15.000 de los que habla la prensa marroquí? No se rinden cuentas por las responsabilidades, nos van a dar algo parecido a un dato con el que poder hacernos una idea de la situación.

El caso es que sacas al ministro tuitero a decir que estamos ante otra crisis resuelta por Pedro Sánchez y echas la persiana del negocio. «Cerrado por vacaciones» y ya volveremos en septiembre con las mismas energías renovadas del año pasado. Igualito que cuando el drama de Gaza sirvió para agitar la Vuelta Ciclista a España y el Festival de Eurovisión como grandes prioridades de la agenda nacional.

Pero esta vez no ha sido así. Los testimonios que los medios -esecialmente los televisivos- recaban a diario no ofrecen fisura. El aspecto sanitario de la invasión es solo una de sus patas. Da igual que hables con una enfermera sindicada, con un policía o con un caballa que sólo aspiraba a pasar unos días de verano con sus nietas. Todos te cuentan que viven confinados por la vía de los hechos.

Las noticias de los últimos días hablan por sí solas. Un mes después, desalojo de la playa del Trampolín, habilitación exprés de nuevos espacios para cobijarlos y emergencia por la situación de quinientas menores. Ni el más esforzado de los juglares del oficialismo puede ahora cantar que era un caso resuelto. Y todo sin el relato alternativo que tantas veces les había dado un asidero antes.

Los antecedentes hacían temer un «no hagan caso a los ceutís; es que son todos fachas». En el momento de escribir estas líneas, no ha llegado a producirse. Sí un señalamiento claro hacia el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Ha servido, al menos, para algo: comprobar quién opina a golpe de silbato. La súbita agresividad gubernamental contra el dirigente regional luce como lo que es: un intento desesperado de resituarse en el tablero cuando se da la partida por muerta.

Se podrá discutir si tiene razón no. Pero Vivas dijo desde el minuto uno de la entrada masiva que consideraba sus competencias completamente desbordadas y que necesitaba un mando único coordinado por el Ejecutivo central. Fue el Palacio de la Moncloa quien minimizó y consideró que lo oportuno era dejarlo correr. Ahora, Elma Saiz, la ministra de inmigración, se instala allí tras el fracaso del desfile ministerial, con su nuevo jefe el coordinador u ministro de Política Terriorial Ángel Víctor Torres; y del que sólo Margarita Robles ha conseguido rascar algo. El nerviosismo del Gobierno siempre es directamente proporcional al número cotidiano de contribuyentes diarios a los que insulta Óscar Puente.

En medio de todo este panorama, resulta un detalle poco importante. Pero cómo se ha notado desde el principio que Ceuta supone solamente un único escaño en el Congreso que el PSOE sabe que tiene perdido. Queda por ver cómo afecte a los 349 restantes.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Díaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

Si Pedro Sánchez estaba esperando que se produjese un repunte en la intención de voto para convocar elecciones generales, se ha equivocado bastante porque la situación política española ha empeorado considerablemente con respecto a antes del verano. Los incendios que han arrasado varios millones de hectáreas en toda la geografía nacional y la invasión de inmigrantes en Ceuta y Melilla, dan la puntilla a una legislatura aciaga y estéril en la que al estado de ingobernabilidad se le suman graves errores en la gestión de los problemas.

La avalancha de más de 100,000 marroquíes y subsaharianos en territorio español aunque solo se reconozcan 70.000 ( la Policía llegó a contabilizar 72.500 salidas voluntarias ) y la muerte de más de 150 de ellos ( en el lado de Ceuta se han recogido 82 cadáveres y 42 se admiten en el otro lado por el momento ) han dejado a 10.000 de ellos solo en Ceuta ( de Melilla no hay datos ) de los cuales la mitad son menores de edad de ambos sexos. De los fallecidos tres han sido identificados y en la frontera marroquí para su repatriación le han puesto una tarifa aduanera de 2.500 euros por cadáver que los familiares no pueden pagar.

Este ataque a la integridad española ha tenido dos consecuencias inmediatas. La primera tiene que ver con la capacidad para defender el territorio nacional del Gobierno sanchista que ha ridiculizado a nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos policiales que no lo han podido impedir. Debería aclararse -cosa que no va a ocurrir- si existía o no información acerca de lo que se estuvo fraguando las semanas y días previos en tierras marroquíes.porque una concentración de personas de esta magnitud no se puede disimular, ni ocultar porque hacen mucho ruido.

En caso de haberla, Sánchez tendría que explicar por qué no se tomaron medidas para evitarla y, en caso de no existir, el problema tendría una envergadura mayor porque no estaría garantizada la seguridad nacional, ni la necesidaad de tener a los diversos servicios de información del Estado que hay. Por eso, todo aparenta ser un teatrillo para evitar responsabilidades.

La guerra entre los ministerios de Interior y Defensa apenas se disimula, el Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) especialmente, ha sido puesto en cuestión por diversas fuentes gubernamentales ( algo inédito ) y Margarita Robles -que es de quién depende- ha deslizado que el órgano de seguridad alertó en su momento de lo que podría ocurrir, apuntando a Interior de pasividad.

La segunda consecuencia de la crisis inmigratoria tiene que ver con la pérdida de prestigio internacional de España. Si era poca la tensión que se arrastra desde hace más de un año con Estados Unidos y con Israel y la disputa sobre el gasto militar español, esta vez son además los socios comunitarios los que empiezan a ver a España como un país poco fiable.

Las fronteras de Ceuta y Melilla son unas demarcaciones jurídicas de alcance europeo y tienen reconocimiento internacional, no son solo españolas y, en medio del debate inmigratorio y con la derecha creciendo en todos los países, la ¿ extraña ? gestión que hace Sánchez de las relaciones con Marruecos han dado gasolina a los discursos más duros respecto a la inmigración.

De momento, es Italia la que vuelve a arremeter, después de reclamar la suspensión de la pertenencia de España al espacio Schengen ( acuerdo de los países europeos para eliminar las fronteras interiores y potenciar las exteriores ) en esta ocasión, pidiendo que sea la capital comunitaria, Bruselas, la que se encargue directamente de asegurar la frontera europea en Ceuta y Melilla.

Su iniciativa contó con el apoyo de 22 de los 27 países que integran la Unión Europea ( UE ). La Presidente del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni trataba así, por un lado, de fortalecer su discurso antiimigratorio base de su programa electoral y, por otro, dibujar un Gobierno español incapaz de asumir la tarea de defender su territorio nacional que es también comunitario.

Sin olvidar que las posiciones más aperturistas en materia inmigratoria de nuestra izquierda, en general, han recibido un duro golpe con la entrada por la fuerza de decenas de miles de personas de origen africano de toda clase y condición en ambas poblaciones españolas que han puesto de relieve la gravedad y el peligro de los desplazamientos masivos y descontrolados de la inmigración.

Como las dudas calaron también en el seno de la UE, otros países se han sumado a las peticiones italianas como ha sido el caso de Dinamarca, Suecia y Finlandia.. Con Sánchez parece que terminaremos volviendo a aquel tiempo en el que en los aeropuertos europeos había un pasillo para españoles como ha hecho ya Italia.. Francia y Portugal reforzaron también sus fronteras terrestres con España para evitar la entrada de los inmigrantes que se pudieran colar procedentes de las invadidas ciudades españolas..

Después de tres semanas del ataque fronterizo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas que lo es también del Partido Popular ( PP ) de las ciudad, denunció que aún permanecían en la localidad autónoma 11.000 extranjeros, marroquíes en su mayoría y que había una nueva convocatoria en las redes sociales para que el 15 de agosto volvieran a atacar la frontera irregularmente otras miles de personas -hecho felizmente evitado por la Policía marroquí-, cuando todavía seguían y siguen sin esclarecerse la información de que disponía el Gobierno sanchista previamente a la crisis.

En Ceuta, preocupan los datos delictivos que se van conociendo, particularmente las agresiones sexuales a las niñas marroquíes ( la Guardia Civil ha recibido 15 denuncias ), peleas entre menores y mayores por un poco de alimento en las que aparecen armas blancas ( navajas,cuchillos… ) situaciones que vulneran los más elementales derechos humanos; robos, hurtos y ocupación de viviendas cerradas; insalubridad contagiosa ( hay 22 ingresados hospitalarios -uno en la UCI- de enfermedades infecciosas del tipo sarna y tuberculosis ) que también están afectando a militares y policías que participan en los dispositivos de control de masas y un número muy insuficiente de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las personas cuidadoras de las colonias de animales callejeros denuncian la desaparición de numerosos gatos, palomas y gaviotas, según ha llegado a publicar un medio escrito. Hay guerra del hambre con peleas por comida, aseos y chabolas.

Después de 23 dias de la invasión, el miedo se ha apoderado de la población local que ha tenido que restringir mucho su movilidad social al estar ocupados todos los espacios públicos por extranjeros desconocidos y no tener garantizada su seguridad. Lo que el Gobierno denomina situación de normalidad es calificado como emergencia por los ciudadanos y autoridades locales.

Sánchez lo calcula todo en términos electorales y en Ceuta y Melilla no se juega su deseo de próximo mandato gubernamental porque se trata de pocos votantes pero se equivoca despachando el asunto con tanta ligereza. Es inaceptable que el Presidente del Gobierno no haya modificado sus vacaciones canarias porque la situación requiere -cuando menos- un gabinete de crisis y un mando unificado para resolver la tragedia de estas miles de personas que se niegan a abandonar nuestro país aunque el pasado viernes decidió centralizar la coordinación política de la crisis de Ceuta -Melilla no cuenta- en la persona del ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, cuyo nombramiento oficial se esspera en los próximos dias. Como sí se había hecho con algo tan importamte y peligroso para la población como es el pasado eclipse solar desplegando a miles de policías y guardias civiles para asegurar la convivencia ciudadana.

Mientras tanto, el rey de Marruecos, Mohamed VI, navega con su yate frente a la costa de Ceuta desde el pasado día 14 de agosto, escoltado por dos patrulleras de la Marina Real y varias motos acuáticas. Está disfrutando de sus vacaciones veraniegas desde el pequeño puerto pesquero de Castillejos colindante con Ceuta, además de festejar la conmemoración nacional del aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo del día 20 y la Fiesta de la Juventud del día 21 ambos de agosto. Como viene siendo habitual en este tipo de actos, ha indultado a 935 reclusos que cumplían condena por diversos delitos por la primera de las festividades y 667 por la segunda.

La visita que hizo Sánchez solo a Ceuta -Melilla no figuraba en su agenda- y que también fue invadida aunque en menor cantidad- fue tan fugaz -apenas duró unas horas- que tenía un único objetivo que era el que hubiese una fotografía de su presencia en la ciudad para los medios de comunicación, mientras que ahora la máxima preocupación del gabinete de agitación y propaganda de la Presidencia del Gobierno se centra en ocultar las chanclas de playa y el bañador que llevaba Sánchez en el retrato en que posaba en su mesa de despacho en la que ha convertido su residencia oficial de verano en la isla de Lanzarote, intentando transmitir la imagen de un presidente ocupado, trabajando, velando por la tranquilidad y el bienestar de los españoles.

Pero la situación no debe estar tan controlada desde el momento en que se obliga a las visitas de amigos y familiares en las instalaciones de verano, perteneciente al Patrimonio Nacional, de La Mareta a dejar sus teléfonos móviles antes de poder reunirse con Sánchez con el objetivo de eliminar cualquier posibilidad de grabación y difusión. Esto apunta al temor a otro asunto Pegasus y, por tanto, a que las relaciones con Marruecos están deterioradas y que siguen sin hacerse públicas las causas del colapso inmigratorio más grave que han sufrido nuestras fronteras en los últimos tiempos. Sánchez ha cedido siempre a las pretensiones de Marruecos, ocultando las razones. España no puede construir su seguridad fronteriza sobre la certeza de que Marruecos siempre la utilizará como instrumento de presión y de chantaje.

Una democracia seria tiene -entre otras- dos obligaciones simultáneas: por un lado, proteger al débil, al vulnerable y, por otro, controlar la frontera. Cuando renuncia a cualquiera de las dos, deja de ser un país democrático.. El Estado social y de derecho necesita un Gobierno capaz y riguroso. Sin dominio territorial, capacidad administrativa y autoridad, tampoco puede garantizar la vida en común.

Por si fuera poco, la utilización política de esta -en el fondo- tragedia humana está siendo descarada. A Pedro Sánchez le interesa confrontar con la derecha más radical para movilizar a su electorado y Meloni es la mejor coprotagonista que podía encontrar. A la primera ministra italiana también le ha venido -como anillo al dedo- la negligencia del Gobierno sanchista porque le da motivos para volver a agarrarse a la inmigración ilegal como bandera electoral a tan solo un año de las elecciones en Italia y, como consecuencia, la Unión Europea sufre una fractura interna de carácter histórico.

Desde la UE, se señala que el Estado español es quién debe asegurar el espacio Schengen europeo, al mismo tiempo que se mira con recelo la deficiente gestión de esta importante crisis, la increíble incapacidad del Gobierno para anticiparse al problema y a un Presidente que prioriza sus vacaciones veraniegas cuando en España se han vivido problemas de la importancia de los numerosos incendios que han quemado millones de hectáreas de terreno y las inútiles fronteras con Marruecos que se vieron desbordadas ante la transgresión de una muchedumbre extranjera que huía de la pobreza y de la miseria.

La derecha radical española se equivoca cuando convierte al inmigrante en enemigo. La extrema izquierda se equivoca cuando convierte la frontera en un mero e incómodo trámite burocrático. La democracia que tenemos debería de ser capaz de proteger ambas cosas, tanto la dignidad de las personas inmigrantes como la autoridad administrativa del Estado. Una frontera sin control no es progresista porque España no se puede convertir en la guardería de África y en un almacén de indocumentados a la espera de la siguiente legalización..

La izquierda española cometió un error cuando regaló a la derecha el concepto de frontera. Una línea divisoria no es un muro contra los pobres, es el lugar donde el Estado decide quién entra, cómo tiene que comportarse dentro y los derechos y deberes de los ciudadanos que hay que respetar y donde garantiza que ningún país extranjero pueda convertir seres humanos en instrumentos de presión.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

La organización de apoyo a los presos de ETA, SARE ( RED, en eusquera ), celebró a primeros del pasado mes de junio que el 61% de los antiguos miembros de ETA ingresados en prisión habían obtenido el grado de semilibertad desde la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, el uno de octubre de 2021. Así se revelaba de los números presentados por este organismo separatista que apuntaban que 73 de los 118 presos ya han obtenido beneficios carcelarios de esta índole.

En este sentido, el portavoz de SARE Joseba Azkárraga señaló que desde que modificó su criterio el Gobierno autonómico vasco, la situación ha cambiado para «transformar un escenario que durante años parecía inamovible». Desde la organización que defiende a los presos se apunta que se «cerrará un capítulo trágico de nuestra historia reciente».

Azkárraga explicó que hace 12 años, había 465 etarras repartidos en más de 50 cárceles en España y Francia, 140 de ellos en el país vecino. Hoy en día existen aproximadamente 120 de los que más del 60% han obtenido o el tercer grado ( salir de la prisión para realizar actividades ) o el segundo grado para salir de la cárcel para recibir apoyo para rehabilitarse ( la aplicación del artículo 100.2 penitenciario) también conocido como el tercer grado encubierto. A su juicio, el «cambio profundo de escenario» exigía adaptar las dinámicas de SARE, por lo que «el periodo 2026-2027 debía de ser un tiempo de transición.»

«Nuestro objetivo: que el último preso, exiliado y deportado vasco, regrese a casa», se ha decidido ante las diversas cesiones políticas realizadas en los últimos años. En este sentido, la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, ( fundamentalmente familiares y amigos ) espera que la protesta que se hará el próximo 9 de enero de 2027 sea la «última manifestación» y suponga la culminación de su trayectoria.

Por otro lado, confía en que la situación de los 40 presos de la banda que no han accedido a mejoras de grado «pueda modificarse en el transcurso del año por la aplicación del denominado ‘modelo penitenciario vasco’. «Ahora tenemos que manifestar, con la voluntad firme de que el 9 de enero, demos el paso definitivo para que palabras como convivencia y resolución, se hagan realidad.», ha concluido. Como se puede apreciar solo ve el camino de liberar a todos los exmilitantes de ETA sin excusas, ni pretextos.

Un total de 225 antiguos miembros de ETA han obtenido beneficios penales desde 2018. Así se desprende del último informe actualizado sobre la Política Penitenciaría editado por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). En este sentido, los datos se encuentran actualizados hasta el pasado 30 de abril e incluyen el segundo tercer grado concedido al terrorista, Ignacio Bilbao Beascoechea, alias Gadafi.

En el citado documento, los beneficios carcelarios de los presos terroristas se dividen en tres: libertades condicionales, terceros grados y las semilibertades por el artículo 100.2 ( la creada vía vasca ). Los dirigentes de esta banda criminal, María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto y Miguel Aspiazu Rubina, alias Txeroki se han beneficiado de esta vertiente. Estas modificaciones se iniciaron como pago al apoyo parlamentario para la llegada a la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez en un pacto político con BILDU que no se ha hecho publico hasta ahora para ocultar las vergüenzas socialistas ( votos por presos ).

Con una pequeña división entre los tres campos mencionados, se han producido un total de 147 terceros grados, ya sean acordados por el Gobierno vasco o antes de la cesión de competencias; 61 libertades condicionales, que en algunos casos han sido revocadas por la Fiscalía ante las demandas de las asociaciones de víctimas del terrorismo y un poco menos de 20 semilibertades gracias a la flexibilización del artículo 100.2 .forzada intencionadamente por la Consejería de Justicia y Derechos Humanos que está en las manos socialistas de María Jesús Carmen San José López de acuerdo con el reparto de competencias en el gobierno de coalición con los nacionalistas del PNV desde 2.024.

Entre las personas beneficiadas se encuentran jefes de la banda terrorista como Anboto, Txeroki, Gadafi, Karaka ( el asesino del profesor de Tomás y Valiente, Juan Bienzobas Arreche ) o el condenado a casi 5.000 años de prisión por 82 asesinatos, el militante francés experto en la la colocación de coches bomba ante cuarteles de la Guardia Civil, Henri Perot.

También ha entrado en esta lista el asesino de Miguel Ángel Blanco, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote a través de un atajo legal creado especificamente por los socialistas vascos ante los impedimentos judiciales y espera serlo también el dirigente de la organización terrorista, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera que se encuentra todavía pendiente de resolver un recurso ante la Justicia francesa.

Sin obtener la libertad o en su defecto pequeños permisos para salir entre semana de prisión, también se han registrado 382 acercamientos de presos a las cárceles del País Vasco.desde que se acordó el apoyo a Sánchez en el Congreso de los Diputados. Este es uno de los elementos que también denuncia el Colectivo de Víctima del Terrorismo ( COVITE ) debido a la glorificación de la izquierda radical vasca con los denominados actos de bienvenida ( ongi entorris de los presos de regreso a sus pueblos de origen ). Salvando las distancias en el impacto de los responsables de los GRAPO solamente se han producido cuatro desde la instauración de la reforma.

De cara al regreso de presos desde Francia para la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) «no existen refugiados ni deportados son terroristas que al tener cuentas pendientes con la justicia optan por no regresar a España». En diversas ocasiones se ha tachado de «demoledores» los actos permitidos por los autores que solamente tienen el objetivo de «pisotear y denigrar a las víctimas».También se indica que un total de 41 miembros, han abandonado las prisiones por finalizar su cumplimiento de condena. Aunque hayan sido condenados a muchos años en España no se pueden superar los 35 años entre rejas.

Llegados a este punto, es necesario hacer un poco de historia a modo de recordatorio para entender el favoritismo carcelario a estos terroristas. Corría el año 2021 y los Presupuestos Generales del Estado -cuando se presentaban ante el Congreso de los Diputados- se encontraban en la picota por falta de mayoría parlamentaria. Un Pedro Sánchez con mascarilla negociaba para sacar las cuentas financieras con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional.

En el mes de diciembre con los efectos económicos y sanitarios de la gripe china ( Covid-19 ) en su esplendor, aumentó la ayuda necesaria. Entre los grupos políticos que se sumaron, se encontraban los representantes de EH Bildu, coordinados por el antiguo miembro ETA, Arnaldo Otegi.

Dos meses antes, Otegi había mostrado su «corto» pesar por las víctimas de ETA. «Sentimos su dolor. Nunca debería haberse producido», aseguró en una declaración conjunta junto al representante de SORTU ( NACER, en eusquera ) partido político independentista heredero de Herri Batasuna e integrado en la federación de partidos separatistas vascos EH BILDU ( REUNIR en euskera, todo el País Vasco español y francés ). Siete horas le duró el lamento.

El dirigente de EH Bildu, justificó su apoyo al jefe de los socialistas para excarcelar a los presos de ETA. «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos. Así de alto y de claro os lo digo…Votaremos los presupuestos sin ningún problema. Y lo haremos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque eso (lo de sacar a los presos de la cárcel) lo tenemos aquí, en el frontispicio», sentenció con el típico tono duro que le caracteriza.

No le faltó espacio para aumentar sus deseos de proclamar la independencia -una vez más- del territorio vasco. En el mismo discurso pronunciado en Éibar (Guipúzcoa) ante sus fieles, valoró la necesidad de avanzar en el reconocimiento nacional para «decidir su futuro, en su cohesión territorial y en su poder competencial». La gravedad de la situación llegó hasta el Congreso de los Diputados.

En una tensa sesión en la Cámara Baja, el por entonces presidente del Partido Popular ( PP ), Pablo Casado, de manera concisa y directa preguntó a Pedro Sánchez «¿Va a sacar a 200 terroristas para que Otegi le apoye los Presupuestos?… No les debemos nada y sí a las víctimas del terrorismo. Memoria y justicia», sentenció el presidente popular con contundencia. «Rotundamente no. El PSOE no ha utilizado nunca el terrorismo cuando ETA mataba y no va a hacerlo ahora que no existe ETA diez años después», sentenció el responsable de los socialistas, negando lo acordado y oculto hasta ahora.

Es cierto que no se ha podido probar -de momento- que se diera una orden directa del Presidente del Gobierno para que se produjera la salida de presos de ETA, sin embargo, desde que consiguió el Gobierno casi 150 de ellos se han visto beneficiados por los cambios en la política penitenciaria. Ya sea por la concesión de la semilibertad o al amparo del tercer grado o su cumplimiento de condena, muchos han salido de prisión varias veces por semana.¿ Casualidad…, coincidencia…?.

Txeroki, ( que apretó el gatillo en el asesinato de Miguel Angel Blanco ) Goñi, Anboto, Gadafi o Kantauri, son algunos ejemplos. Con los números registrados por AVT desde el final de ETA, el reclamo de Otegi se encuentra cercano a cumplirse. Por el momento, varios de los asesinos no han recibido beneficios penitenciarios relacionados con su libertad por la vía judicial que se resiste a saltarse la legalidad. La premonición del portavoz de Bildu ha seguido su curso desde entonces.

La AVT recibió la notificación el pasado mes de julio de la concesión de otras dos flexibilizaciones ( eufemismo socialista ) del segundo grado a los presos de ETA Alberto López de la Calle, «Mobutu», y Juan Ramón Carasatorre, asesino de Gregorio Ordóñez. Caarasatorre obtuvo esta medida después de que la Audiencia Nacional revocara una decisión anterior al considerar que no reunía los requisitos necesarios.

Con estas dos nuevas decisiones, ya son 122 los progresos al tercer grado y 25 las flexibilizaciones de grado concedidas desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias de las cárceles. Como consecuencia de esta política, de los aproximadamente 120 presos de ETA que permanecen en prisión, solo 36 continúan en régimen ordinario sin salir de ellas.

La AVT lleva años denunciando una política penitenciaria impulsada por el Gobierno Vasco que, a su juicio, persigue vaciar las cárceles de presos de ETA antes de que cumplan íntegramente sus condenas. Los datos confirman, una vez más, los peores pronósticos de la asociación: si se mantiene este ritmo, en dos o tres años, apenas quedarán presos de ETA en las cárceles.

A esta situación, se suma una decisión que consideran especialmente grave y es que la AVT dejará de recibir estas resoluciones -desde julio- con la antelación suficiente para poder informar personalmente, a través de su equipo de psicólogos, a las víctimas directamente afectadas antes de que conozcan estas decisiones por los medios de comunicación.

Esta medida está impidiendo que puedan seguir garantizando una atención adecuada a las víctimas y está aumentando el riesgo de revictimización que supone enterarse por la prensa de decisiones que afectan directamente a los responsables de los atentados que sufrieron. Resulta particularmente llamativo que esta decisión coincidiera con el reciente cambio en la presidencia de la AVT en el pasado mes de mayo y con el endurecimiento de las críticas y acciones de protesta que la asociación viene manteniendo frente a la política carcelaria del Gobierno Vasco».

«Consideran inaceptable que se dificulte la labor de acompañamiento e información que la AVT presta a las víctimas precisamente cuando más la necesitan, tras decisiones como estas, que vuelven a generarles dolor y un evidente sentimiento de revictimización. Esto confirma que el Gobierno Vasco está más preocupado por los presos de ETA que por las víctimas del terrorismo, situando a los terroristas en el centro de sus políticas y anteponiéndolos a quienes sufrieron sus crímenes. Con decisiones como esta demuestran que les importa poco impulsar un régimen sancionador que evite la humillación a las víctimas del terrorismo, cuando son ellos los primeros que nos humillan», añade la AVT.

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

Aunque el porcentaje de emigrantes respecto a la población mundial es muy inferior al que cabe suponer por el impacto que está produciendo en todos los ámbitos ( económico, social y político ), su número no deja de crecer y seguirá aumentando debido al desigual desarrollo de los países, la tendencia universal a la movilidad social y la facilidad en el transporte y las comunicaciones que son constantes de la sociedad global.

Por todo ello, los emigrantes eligen destino de su aventura en los países donde esperan encontrar mejores oportunidades. España, por un conjunto de diversas razones, es de los que ha tenido una mayor afluencia de inmigrantes en las últimas décadas. De no haber tenido lugar esta llegada de millones de extranjeros, nuestro país estaría hoy sufriendo una notable pérdida de habitantes al carecer de una política de protección de la natalidad y potenciarse el aborto aún en menores que habitan y dependen de sus padres.

Sucede que el recibimiento en Europa de personas procedentes de otros lugares, cercanos o lejanos, no siempre ha sido pacífico. El temor al extraño, las diferencias de culturas y estilos de vida y la sensación de riesgo para el bienestar propio por no hablar de la posible amenaza a la seguridad pública, han sido con frecuencia origen de tensiones y conflictos. Muchos europeos han sentido su estabilidad y su confort perturbados por la presencia inquietante de los recién llegados del mundo subdesarrollado.

De ese estado de ánimo han surgido movimientos políticos que han hecho bandera del rechazo a la inmigración. La sociedad europea está dividida al respecto pero lo cierto es que las actitudes contrarias y el apoyo electoral a los partidos populistas de la derecha conservadora han ido progresando hasta el punto de que son mayoritarios en algunos países y los gobiernos, del signo que sean, se ven obligados a definir una política inmigratoria en medio del desacuerdo de los ciudadanos.

Es lo que está ocurriendo en España con algún retraso. Y como es habitual entre nosotros, estamos abordando el problema con un planteamiento inicial desenfocado y un enredo adicional de segundas intenciones. España ha sido un país de emigración y ahora lo es, sobre todo, de inmigración. Los barómetros del denostado Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ) constatan que los inmigrantes, procedentes la mayoría de Hispanoamérica, norte de África y Europa del este, están cada vez más presentes en nuestra sociedad y que el porcentaje de españoles que consideran esto como uno de los principales problemas del país va en aumento. Así las cosas, teniendo en cuenta la experiencia europea y el potencial polarizador que manifiesta este asunto, se hace necesaria una actualización de la entrada, la estancia y en su caso la integración de los inmigrantes.

Pero hemos empezado mal la tarea. Dado el carácter tan polémico de la cuestión, antes de redactar normas y tomar decisiones es conveniente un debate público bien informado que no se ha querido tener. Ni siquiera ha habido el propósito de abrirlo. Por el contrario, lo que se ha hecho -intencionadamente- fue introducir el problema de lleno en la pelea política. El Gobierno sanchista, vencido en esta ocasión hacia el costado extremo izquierdo, proclama una retórica de puertas abiertas sin calibrar la suficiencia de los recursos disponibles y las consecuencias previsibles.

En el lado opuesto, la derecha radical, alineada en perfecta sintonía con el populismo europeo, eleva el tono en la cuestión inmigratoria y pone como condición para firmar pactos la adopción de medidas muy restrictivas, en particular contra la inmigración ilegal, sin disimular de paso su rechazo selectivo a la entrada masiva de inmigrantes musulmanes

El Partido Popular ( PP ) ha acercado su postura a la de Vox, y en Extremadura, Aragón, Castilla y Leóny Andalucía se ha comprometido a aplicar una política sobre todo disciplinaria y de control con los inmigrantes indocumentados. ¿Es esta la política inmigratoria que propone el PP o el peaje que debe pagar para gobernar? Lo que es seguro es que los pactos autonómicos en esta materia servirán de munición en la campaña de las próximas elecciones generales, lo mismo, en sentido contrario, que la política del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Mientras el problema que suscita la inmigración no será tratado en unos términos consensuados, ni equilibrados.

Es un fenómeno de mayor o menor magnitud según la coyuntura, relevante e irreversible. La inmigración no cesará y la integración no siempre será natural y espontánea. Requerirá contención de las emociones, una política bien pensada, cuidadosa, si es posible acordada, que no debiera diseñarse por imposición de un gobierno o partido sin conocer las actitudes y la opinión de los ciudadanos. España carece de tal política. Pero la necesita si queremos reducir el problema y favorecer la convivencia.

El pasado 16 de abril dio comienzo el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que, de forma unilateral y sin consultas con la oposición, puso en marcha el Gobierno de coalición sanchista y que terminó el 30 de junio. Pese a que los criterios para acceder a esa legalización eran haber residido en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar al menos cinco meses de estancia continuada, la falta de concreción ante determinados trámites, la documentación que se debía de aportar y la escasez de funcionarios para asumir la avalancha de solicitudes ha ocasionado numerosas imágenes de larguísimas colas de personas esperando a la intemperie, días incluso, el acceso a una cita para formalizar los procedimientos.

Las críticas ante este caos generado por este Gobierno escorado a la extrema izquierda, no han venido solo del lado de los partidos contrarios, llegaban también desde los sectores implicados, unos por la falta de formación de los funcionarios receptores ya que se ha habilitado a Organizaciones No Gubernamentales ( ONG ) para dichos procedimientos o incluso desde los sindicatos de la Policía que alertaban de la falta de rigor e imposibilidad de verificación de la documentación que se debía de aportar.

Pero, ¿ cómo ha llegado España a este proceso de regularización ? ¿ Estaba el país preparado para asumir una cantidad de legalizaciones que ni el propio Gobierno quería concretar -aunque lo sabía- para no alarmar a la población ?. La situación humanitaria en España empieza a ser inquietante: 10.004.581 personas que residen en España no han nacido en nuestro país. Frente a 39.566.144 nacionales. Es decir, que el 20,2% de los habitantes ha nacido fuera de España. Uno de cada cinco. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 31 de diciembre de 2025. Los especialistas en inmigración estiman que una sociedad que tenga más del 10% de su población de origen extranjero empieza a estar tensionada.

Recientemente, conocíamos el Balance del Mercado Laboral de 2025, del sindicato Unión Sindical Obrera ( USO ), en el que demostraba que el paro en España alcanzaba el 15,5%, sumando 3.854.911 personas. Las cifras de la Seguridad Social en el primer trimestre de 2026, indicaban que el número de extranjeros de alta en el sistema era de 3.210.000. Este dato ya denunciaba la falta de control inmigratorio y demostraba que están llenando España de personas que no son necesarias para nuestra economía además con perfiles mayoritarios de escasa o nula cualificación.

Por lo que generalmente son una carga económica para la nación (sanidad, educación, servicios sociales, subsidios, ayudas, etc, y ya empiezan a pesar entre los pensionistas), así como el principal agente presionador de precios de la vivienda y, según fuentes policiales, superan en cuatro veces la media española en cuanto a delincuencia. Mientras Europa se blinda e incluso aprueba el reenvío de inmigrantes a terceros países, en España sucede todo lo contrario y vota en contra de esa resolución.

Nuestro país, pese a carecer de una política inmigratoria clara, tiene la gran fortuna de que el 75% de la inmigración recibida es afín a nuestra cultura: el 48% procede de Hispanoamérica y el 27% de Europa, lo que modula el rechazo que hay al inmigrante en otros países de nuestro entorno en donde su origen mayoritario es africano, tanto magrebí como subsahariano como ocurre en Francia o Italia, por ejemplo. En España, la inmigración procedente del continente africano es moderada, solo del 17% del total. Pero las altas tasas de paro de magrebíes y subsaharianos que alcanzan el 25%, así como de la segunda generación de inmigrantes, con un 17%, representan un fracaso en la integración y conllevan un riesgo para la cohesión social y un coste impagable para el estado de bienestar.

Además, las cotizaciones de los trabajadores extranjeros están muy por debajo de las de los nacionales españoles. La media de un español es de 2.275 euros. Le sigue la de los inmigrantes europeos con 1.850 euros. Mientras que la cotización media de los hispanoamericanos es de 1.585 euros. La de procedentes de África es de 1.554 euros y la de asiáticos de 1.499 euros. Ya está pasando que la Seguridad Social no puede atender el pago de todas las pensiones con unos ingresos tan bajos por lo que se está viendo obligada a recurrir a la ingeniería financiera para no recortar las retribuciones a los jubilados, empezando por los españoles nacionales..

La inmigración regulada no solo protege de abusos al inmigrante sino que beneficia a la nación al importar mano de obra cualificada para determinados sectores económicos que no cubren sus demandas con la población laboral nacional. Pero ese no es el criterio del actual Gobierno populista de Pedro Sánchez ya que este acoge a todos los que lleguen, con independencia de su preparación y el consiguiente problema económico y social que genera.

El Ministerio del Interior, al mando de Fernando Grande-Marlasca, ha decretado como «secreta o reservada» toda la información sobre la regularización masiva que reclamó el Partido Popular en el Congreso. Así consta en una respuesta remitida al citado grupo parlamentario que previamente había registrado varias peticiones para acceder a los informes técnicos.

«Por lo que se refiere al ámbito de competencias del Ministerio del Interior, se informa de que lo solicitado se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales, en concreto, por la Ley 9/1968, de 5 de abril, y los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, y de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, por los que se clasificaban determinados asuntos y materias con arreglo a la citada Ley.»

De este modo y mediante estos Acuerdos, se otorgaron con carácter genérico, la clasificación de SECRETO O RESERVADO: «según corresponda, todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdoso convenios. Entre ellos, una copia de los informes, notas técnicas, evaluaciones de riesgo o documentos internos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Unidades Policiales de ella dependientes, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales ( UCRIF ) o el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ( CENIF ) sobre la regularización masiva» y sobre los que el Gobierno se niega a facilitar los datos requeridos.

Ana Vázquez, diputada y portavoz de Interior del PP, ha sacado a la luz la resolución en la red social X (antiguo Twitter) y ha arremetido duramente contra el Gobierno de Sánchez. «Interior no envió ningún informe al Ministerio de Inclusión. Nos ocultan el número, los antecedentes penales y policiales hasta dentro de 35 años. Son una mafia!!», ha advertido. El Gobierno sanchista no sólo se escuda en el secreto oficial, sino que asegura que «no le consta la existencia de dichos informes» solicitados .

AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacionl.

Aunque no soy muy aficionado al fútbol, he visto todos los partidos que ha jugado la la selección nacional en el reciente Campeonato Mundial del que ha resultado ganadora. Como consecuencia de ello, aún estoy medio loco con la verticalidad de Dani Olmo; con la capacidad de Rodri para tomar siempre la decisión correcta y con la implicación defensiva de Cucurella. Qué decir de la eficacia de Merino o de Ferrán. He vivido estas semanas pensando de forma obsesiva en el Mundial y cuando me iba feliz a la cama por los resultados tan buenos conseguidos, mientras esperaba el sueño reparador, recordaba los partidos de mi niñez que jugábamos en la calles de mi pueblo, como hacían los chavales de toda la España de los años sesenta. Entre los jugadores destacaban, «el fideo» por su delgadez; «el culebras«siempre tan escurridizo;»el arrugao» por la chepa que le cubría media espalda; «el ojotraca» porque no paraba de llorarle un ojo; «el patachula» por su cojera permanente; «el largo» que nos doblaba en altura… Como España ha ganado el Mundial recordaremos para siempre a los Porro, Cubarsí, Laporte o Lamine Yamal. Y no se puede evitar la comparación con el equipazo que nos gobierna políticamente. Por eso, el 11 de P.S. tampoco podremos olvidarlo jamás. Porque si la selección de fútbol tiene a Luis de la Fuente de entrenador, el «jefe», el «número 1» de España no juega al fútbol pero también dispone de su propio 11. Y no me refiero a Ábalos o Koldo, ya condenados y fuera de la circulación a la espera de nuevos juicios. No, no. Me quedo únicamente con su equipo de este último Gobierno: el 11 titular de los serviles del Palacio de la Moncloa que podría ser así.. . 1.- Portero – Patxi López – La última muralla de un castillo de naipes que se desmorona sin remedio. Achicando balones en el Congreso como puede mientras le meten un gol tras otro. Estas semanas, sin ir más lejos, al Gobierno le han tumbado la senda de déficit y ya le han puesto la proa a los Presupuestos Generales del Estado anunciando un probable escenario de adelanto electoral (¿a noviembre?). 2.- Lateral izquierdo – Soledad Fernández, exdirectora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) –Reciéntemente dimitida de su cargo, se presentó veloz como buen lateral en la Comisión de Investigación del Senado sobre los desmanes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI ). Y nos dejó a todos boquiabiertos con sus habilidades. Primero, porque tuvo el coraje de reconocer sus propios errores al no cazar a ‘Julito’, el socio -o más bien empleado- de José Luis Rodriguez Zapatero que se pegó cuatro años sin declarar a Hacienda pese a que cobraba más de 50.218 euros como Consejero y Administrador del conglomerado empresarial; se le retenían 12.554 euros y pagaba 60.000 euros por un piso en la calle de Diego de León en el Distrito de Salamanca, un de los mejores barrios del centro de Madrid. Y después por su «regate de cintura»alegando secreto profesional sobre la investigación abierta a Zapatero y familia y después sobre sus reuniones con María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y su jefa, con la que sólo se reunió una vez «para hablar de personal». 4.- Central izquierdo – Santos Cerdán – Si bien es cierto que todos esperábamos mucho del informe patrimonial de la UCO sobre el segundo secretario de Organización del PSOE empapelado, la realidad tampoco ha decepcionado. El de Milagro ( pueblo navarro de origen ) se ha hecho fuerte en el centro de la zaga con un beneficio de 323.000€ después de tener «plena disposición» sobre el dinero de Servinabar ( pequeña empresa navarra ) durante nueve años. Más allá de los beneficios en coches, casas y demás. Y de la tarjeta de la Paqui, su esposa, que no salía de El Corte Inglés y los vendedores la adoraban y ahora tanto añoran. 6.- Central derecho – José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores –Con Embajadas que tramitan peticiones de nacionalidad española de bisnietos de supuestos y muy prolíficos exiliados republicanos de la Guerra Civil; con Consulados que tramitan solicitudes de tataranietos y mientras la Junta Electoral Central, a través de un voto particular de cuatro de sus miembros, diciendo que tenemos «la obligación de impedir que se amplíe el censo ‘contra legem‘»( contra la ley ). También el Tribunal Supremo se pronunciará sobre este asunto que huele muy mal. Claro, con estos mimbres, a ver quien es el simpático que se fía de la legalización de extranjeros, de la ley de nietos o de que desde el pasado día 8 de julio aquellos que llegan a nado a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos en caliente y van directos al colapsado ( Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ( CETI ) en busca de refugio y donde se le debería de incoar el corrrespondiente expediente de devolución y que sea lo que Dios -o Alá- quiera. 3.- Lateral derecho – Ana María Fuentes, gerente del PSOE – Pedro el Guapo se ha cansado de presumir de la triple auditoría a la que se someten las cuentas del PSOE desde que él está a los mandos de la nave. Curiosamente, con él ha habido pagos en efectivo que la UCO cree que Cerdán utilizaba para blanquear el dinero de las mordidas de Servinabar, pagos sospechosos en sobres a Koldo y a Ábalos y ahora resulta que con su gerente imputada, el partido presenta unas cuentas ¡sin informe de auditoría! 5.- Mediocentro defensivo – Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno – El concepto de persecución judicial de los políticos, (‘lawfare’) se queda corto a modo de excusa. Se trata de un crimen de lesa humanidad como muy poco. Y no me refiero a la presión a veces absurda del juez Peinado. No, me refiero a que la Audiencia Provincial, es decir una instancia superior al instructor, ha decidido mandar a la mujer del Presidente a un juicio con jurado por dos delitos. Y claro, el Gobierno, el PSOE y los socios comunistas han estallado. ¡¿Pero esto qué es?!, que diría el bueno de Matías Prats. ¡¡¡Los de la Audiencia también son jueces de derechas, fachas con toga!!! Es que no se libra ni uno, que barbaridad… 8.- Mediocentro ofensivo – David Sánchez , hermano del Presidente del Gobierno- Y si con Begoña defendemos con el músico atacamos. Le han caído 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y a su colega Miguel Ángel Gallardo, ex-secretario general de los socialistas extremeños, otros 18 años por el mismo delito pero desde el Palacio de la Moncloa y la sede socialista de Ferraz no cejan en su empeño: «Es inocente», proclaman. Recurrirán y ya veremos qué pasa pero por primera vez en la Unión Europea, un familiar directo de un Presidente del Gobierno ha sido condenado…Y no ha pasado nada. 10.- Volante -Carlos Puigdemont, ex-Presidente de Cataluña – El que evita que todo se desmorone, el que anima, el que aún ve opciones de victoria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) le ha dado un empujoncito a sus intereses/necesidades avalando la amnistía en los términos de las dos cuestiones prejudiciales que se le presentaron pero ninguna de ellas incluía el delito de malversación y la orden de detención contra el ex-presidente huido sigue vigente. Es decir, que estamos donde estábamos hasta que el Tribunal Supremo español cambie su interpretación Y ya están el Gobierno, el PSOE, los indepes, los socios y todo el mundo de la izquierda radical presionando para que así sea. 7.- Extremo derecho – Manuel Llamas, teniente general y Director Adjunto Operativo ( DAO ) de la Guardia Civil .Siempre que los zurdos piensan en la Benemérita institución la fantasean como fachas, con bigote, gafas de sol y tricornio que para eso es extremo derecho en el equipo de todos. Y sin embargo, resulta que el DAO benemérito se ha presentado primero ante el juez y después en la Comisión del Senado para decir que los de su Unidad Central Operativa ( UCO ) tienen afán de protagonismo y que no deberían ser tan proactivos en sus investigaciones. Ahí, directo como un puñal pegadito a la banda. 11.- Extremo izquierdo – Mercedes González, directora de la Guardia Civil – Pata negra del socialismo madrileño y amiga del Presidente del Gobierno desde que ambos eran desconocidos concejales en el Ayuntamiento de Madrid y hacían el meritaje para el futuro.. .En la otra línea del campo, ataque en diagonal a la frontal negándolo todo. Sólo me reuní un par de veces, no más de lo que dura un café, cuando me habló de este o aquel le dije que parase, si hubiera sabido que venía de parte de Cerdán no me habría reunido con ella… En resumen, Mercedes González se considera a sí misma «otra víctima de Cerdán». Eso sí, que Leire le dijese en una reunión que la UCO estaba filtrando información de los mensajes entre Ábalos y Sánchez (¡Oh, sorpresa! No fue la UCO quien los filtró) ella no lo interpretó como un ataque a la Unidad policial. Y sí, al día siguiente el DAO abrió expediente a los agentes vinculados al caso. Aunque eso fue pura casualidad. 9.- Delantero centro – Óscar Puente, Ministro de Transportes. Y la estrella del equipo. El que más brilla. Le gustan los focos, llamar la atención, que se fijen en él como los bufones de la edad media Y, sobre todo, sabe cómo hacerlo. El ex-alcalde de Valladolid es una fiera, una máquina en lo suyo. No da puntada sin hilo. Que hay que llamar facha a Feijóo el día que tuvimos 12 muertos encima de la mesa por el incendio de Almería, a por ello. Que hay que forzar la vuelta de Puigdemont y convertirse en grupi indepe por la gloria de Guápez, pues ahí me voy a Radio Nacional que me ponen la alfombra roja para que diga todas las barbaridades que quiera. En fin, un equipo sólido, sin fisuras. Y eso que no hemos hablado del banquillo, ni de los que se han quedado fuera de la convocatoria pero irán entrando en las siguientes. Menudo equipazo se ha montado Pedro Sánchez, basta con ver los resultados…

AUTOR: JUAN FRANCISCO ALCARAZ DIAZ, COMISARIO PRINCIPAL ( JUBILADO ) DE LA POLICÍA NACIONAL.

El repudio de la instituciones vascas a la Selección dura más de medio siglo. Hay que remontarse a 1967 para tener referencia de un encuentro del combinado nacional en aquelllas provincias y desde entonces el agravio ha sido constante. El último, se materializó el pasado mes de mayo por boca de la vicepresidente de la Comunidad y Consejera de Cultura y Política Lingüista, la nacionalista Ibone Bengoetxea que aseguraba que el Gobierno Vasco no iba a impulsar políticamente la celebración de ningún partido de la selección española porque, ni es su competencia, «ni responde a una demanda mayoritaria de la población vasca».

Esta política independentista respondía así en el Parlamento Vasco a una pregunta de Vox sobre si había medidas para proponer la celebración en el territorio de la Comunidad de un partido de la selección española de fútbol. Bengoetxea ha recordado que es a la Real Federación Española de Fútbol a la que le corresponde la actividad de la selección, «y este Gobierno no tutela a la federación, ni a la de fútbol ni a de cualquier deporte».

«¿Dónde está el clamor por que la selección española juegue en un estadio vasco? Otra cosa es que sean capaces de disfrutar viendo a esa Selección», ha opinado la lugarteniente del Gobierno regional que también ha subrayado que lo que sí existe «es una aspiración social respecto al reconocimiento oficial de nuestras selecciones deportivas, y es por ello por lo que trabajamos».Por último, retó a Vox asegurando que, «si tanto quieren que juegue España en el País Vasco, ¿le valdría que impulsáramos un partido de la selección vasca con España como visitante? Ahí nos podríamos encontrar»

La última vez que la selección española jugó en Bilbao fue el 31 de mayo de 1967, frente a Turquía, en un partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa que se iba a celebrar en Italia, al año siguienete, en 1968. La Roja se impuso por 2-0, con goles de los madridistas Grosso y Gento. Aquel fue el último de los seis partidos que España ha disputado en la capital vizcaína y, pese a la victoria, no le sirvió para llegar a la fase final de la Eurocopa, entonces restringida a cuatro equipos.

A lo largo de su historia, el equipo nacional ha jugado en 39 ciudades españolas, siendo Madrid (64) y Sevilla (45) las que han albergado más partidos. Les siguen Valencia (33), Barcelona (18) y Gijón (10). Además de Bilbao, San Sebastián es la única ciudad del territorio vasco que ha albergado un partido de la selección. Fue una vez, en 1923, en un amistoso contra Francia.

A partir de entonces, el veto se ha mantenido a lo largo de los años. Es conocido que la Selección no es bien acogida en amplios sectores institucionales y sociales del País Vasco que están bajo el dominio de nacionalistas y radicales . No en vano, la izquierda separatista vasca se ha encargado de realizar durísimas campañas contra lo que consideraban una herramienta para el adoctrinamiento político con el único fin de “españolizar Euskal Herria» ( la Tierra de los Vascos ).en una expresión de máximo cinismo que pretende ocultar su totalitarismo real.

La última prueba la tuvimos en la brutal respuesta de las juventudes de los radicales independentistas a la posibilidad de que la capital vizcaína fuera la sede de la selección española en la Eurocopa de 2024 e incluso llegaron a inundar el centro de Bilbao con carteles con la imagen del entonces capitán de la selección, Sergio Ramos, pisoteada por el jugador francés, Eric Cantona. Al fondo, también se observaba el escudo de España. Sobre ella, una multitud con banderas vascas y el lema (¡No a esta Eurocopa! Con Euskal Herria no se juega).

Sin embargo, el rechazo oficial hacia ‘la Roja’ no se ha mantenido siempre en esta etapa democrática. En 2009, la iniciativa del Parlamento vasco ( apoyada por PSE, PP y UPyD ) para que por aquella región española volviera a pasar la Vuelta Ciclista y la Selección disputara allí algún partido no se hicieron esperar. Así, otro partido separatista Eusko Alkartasuna (EA), consideró que la propuesta aprobada por el Parlamento vasco en favor del paso de la Vuelta y del regreso de la Selección no contribuiría a “acrecentar el sentimiento español en Euskal Herria”.

Y añadió: “PSE y PP han demostrado una vez más que su primer y gran objetivo de la legislatura es españolizar Euskal Herria. Primero, fue el mapa del tiempo de la televisión regional, ( para que se adaptara a los límites de las Autonomías ) luego el currículum educativo, la participación del Gobierno vasco en la fiesta de la Hispanidad, la celebración del Estatuto… y ahora ha llegado la hora de utilizar el deporte como instrumento para el adoctrinamiento político”.

Durante la final del mundial de Sudáfrica de 2010, que supuso la conquista de la copa del mundo para la selección española, la euforia que llevó a la calle a cientos de miles de personas en Bilbao y las otras capitales vascas también se dejó sentir aunque tampoco los organismos públicos lo promovieron. El Ayuntamiento de la capital vizcaína, como el de San Sebastián, se negó a sacar pantallas a la calle. En Baracaldo ( Vizcaya ), las que se instalaron fueron saboteadas.

En 2017, PNV, EH Bildu y Podemos uníeron sus votos en las Juntas Generales de Vizcaya para impedir que el combinado nacional jugase en el campo de fútbol de Atlético de Bilbao en calidad de anfitrión pero apoyaban su presencia en el césped como equipo foráneo. De hecho, el PNV fue más allá y mostró su respaldo a que la selección sólo pisase el estadio de San Mamés para enfrentarse a la selección vasca en un partido, además, con carácter oficial. Las razones esgrimidas para no acoger a la selección nacional de fútbol iban desde una supuesta colonización española a algunas tan insólitas como la “testosterona” ( hormona sexual masculina ).

Si se celebra, lo único que se va a generar son problemas, es lo que sucede cuando la testosterona campa a sus anchas”, sentenció la representante nacionalista. Por su parte, el representante de EH Bildu, Asier González, no se anduvo por las ramas: “España gana y Euskal Herria como nación pierde”.

El aplazamiento de la Eurocopa en 2.019 por la gripe china en la que Bilbao iba a ser una de las sedes, dio alas a la izquierda violenta para continuar con la campaña que llevase al “borrado” de Bilbao como sede de la Eurocopa.en 2.020. Por ello, EH Bildu y Podemos, solicitaron en una comisión celebrada en el Ayuntamiento de Bilbao retirar la candidatura de la capital vizcaína. ¿La razón?: para Podemos, la testosterona. Aunque resulte sorprendente, los representantes comunistas alegaron que se trataba de “un evento masculinizado” y que el fútbol es un deporte que “discrimina a las mujeres”. A eso habría que llamarle visión de futuro.

La respuesta ahora de la también Consejera de Cultura aleja una vez más el regreso de la selección al País Vasco. Y mientras tanto, el objetivo sigue siendo lograr la oficialidad de la selección regional para lograr el sueño de “jugar contra España”

Esto no ocurre, que se sepa, en ningún otro país del mundo. Desde 1978, con la entrada en vigor de la actual Constitución Española, la tolerancia de los distintos Gobiernos nacionales ante el separatismo, combinada con la impunidad política de los independentistas, ha propiciado que se sientan dueños del espacio público en el País Vasco y también en Cataluña.

El problema es que no llevan bien la creciente oleada de patriotismo popular y les irrita la alegría que provocan los éxitos de la Selección masculina de fútbol. Por eso se han registrado insultos, agresiones, intimidaciones y boicots, estos últimos hasta dentro de los propios Ayuntamientos, ante la iniciativa de instalar pantallas gigantes en las plazas públicas en los partidos que enfrentaban a España en el recién acabado Campeonato del Mundo.

Ahora, en la otra región también independentista, Silvia Orriols, dirigente de Aliança Catalana, está aprovechando el clima de crispación para cargar contra los separatistas ortodoxos que no muestran abierta hostilidad frente al equipo nacional: « A diferencia de Gobiernos de Junts o Esquerra, no he puesto ninguna pantalla en la calle para seguir a la Selección española…», presume.

En Gerona, otro feudo independentista, los grupos antiespañoles propusieron celebrar nuestra segura eliminación juntándose a exhibir banderas separatistas para reclamar la independencia. El éxito de los jugadores de Luis de la Fuente ha impedido que se diese este acontecimiento. Por el contrario, localidades como Sabadell y Mataró, ambas de la provincia de Barcelona, se han volcado con las celebraciones del equipo.

La ciudad con mayor intensidad de choque ha sido Pamplona, caldeada la capital navarra por el ambiente de los Sanfermines. Un grupo de separatistas llevó a la plaza de toros de la ciudad una enorme pancarta con la leyenda «Puta España, puta Selección», causando un fuerte rechazo en la mayoría de asistentes que contestaron cantando «Yo soy español, español, español» y portando banderas rojigualdas al coso en jornadas posteriores. El Partido Popular ( PP ) de Pamplona, denunció públicamente insultos y agresiones hacia jóvenes que portaban banderas de España durante las celebraciones de la semifinal deportiva, exigiendo al consistorio municipal medidas de seguridad estrictas para la gran final del campeonato el pasado domingo en Nueva York.

Joseba Arison, es el actual alcalde de Pamplona. Pertence a Bildu y gobierna con apoyo del PSOE. Prohibió las pantallas gigantes en su municipio, argumentando que así se evitaban incidentes. El regidor de Tudela, Alejandro Toquero, del partido de la derecha Unión del Pueblo Navarro ( UPN ), contestó calificando de «excusa barata» esta censura a una actividad que disfrutan muchos pamplonicas y visitantes. Toquero aseguraba que la Plaza del Castillo de Pamplona contaba con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad y defendía el derecho de los navarros a sentirse orgullosos de su condición de españoles.

También denunciaba que durante años se ha intentado amedrentar a la mayoría patriota. «Los que vivimos aquí, en Navarra, estamos acostumbrados a que sacar la bandera de España esté mal visto y yo creo que ya nos hemos cansado», declaró en el programa «Espejo Público» de Antena 3. La presión popular obligó al alcalde pamplonica a instalar cuatro pantallas para la finalísima contra Argentina. Lo que demuestra que no rendirse, ni dejarse avasallar, es una estrategia que funciona.

Miembros de Ernai, las juventudes de la formación independentista Sortu (integrada en EH Bildu), robaron camisetas de la selección española de fútbol en centros comerciales de Bilbao, Vitoria y Pamplona para impedir su venta y que no se pudieran ver por los pueblos y ciudades vascas. Los asaltantes se grabaron cometiendo las sustracciones disfrazados con barbas postizas y gorros para difundir la acción y no ser identificados que tenía como objetivo reivindicar la oficialidad de la selección vasca. Sus vídeos no consiguieron el efecto multiplicador que perseguían. 

Las camisetas de la Selección, tanto la roja como la blanca, han seguido muy visibles en el País Vasco, a pesar de los riesgos que conllevaba su utilización. En este contexto hay que destacar el coraje de Maider Etxebarría, la alcalde socialista de Vitoria que ofreció una rueda de prensa con la camiseta de la Selección española para dejar claro su posicionamiento, exigiendo respeto a los radicales separatistas..

Muchas veces las agresiones resultan difíciles de probar. Estos días se ha absuelto por falta de pruebas a cinco personas del delito de coacción física y verbal a varios seguidores de la selección que acudieron a un España–Estados Unidos femenino en el estadio de Osasuna en Pamplona. Ocurrió el día 11 de octubre de 2022 y el fiscal ha explicado que les llamaron «fascistas», «vasallos del Estado español», «españoles hijos de puta» y el habitual «puta España, puta Selección».

En ocasiones similares sí hubo condena: en el distrito de San Andreu (Barcelona), tres jóvenes voluntarios –dos chicas y un chico– de la plataforma vecinal «Barcelona con la Selección» fueron insultados, pateados y arrastrados por el suelo en 2016 por grupos separatistas violentos. El motivo del ataque fue que ellos se encontraban en una carpa informativa intentando recabar apoyos para instalar pantallas gigantes en la calle y seguir los partidos de España durante la Eurocopa de 2.024. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a los agresores a nueve meses de prisión y hasta 1.620 euros de multa.

Durante los días de desarrollo del campeonato mundial, se notó muy tenso al presidente vasco, Imanol Pradales (PNV) en una entrevista con Xavier Fortes para TVE. Se negó a dar cualquier palabra de aliento a la Selección española a pesar de la nutrida representación de jugadores vascos y navarros, con un protagonismo tan destacado como el de Unai Simón, Mikel Oyarzábal, Mikel Merino.y Nico Williams Pradales rehuyó cualquier elogio a quienes anima cuando juegan en el Athletic de Bilbao o la Real Sociedad.

Seguramente se encontraba molesto porque las audiencias televisivas de los partidos en el País Vasco y Cataluña han estado por encima de la media nacional. El partido ante Bélgica, por ejemplo, alcanzó el 72,5 % de cuota de pantalla, superando la media estatal del 67,7 %, lo que confirma el interés de los vascos por la selección. El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, se negó a instalar pantallas en la ciudad alegando que no existía una «necesidad social», ni «demanda generalizada». Todos sabemos que esta postura tiene que ver con el rechazo a destacar que en el País Vasco existe un creciente apoyo –sobre todo, juvenil– a la unidad de España.

Como era previsible hubo altercados en Bilbao que se produjeron antes del partido España-Argentina cuando algunos participantes de la marcha convocada por la tarde por Zazpi Baietz ( plataforma radical ) en apoyo al reconocimiento oficial de la selección vasca de fútbol, irrumpieron por detrás de la pantalla gigante que el PP había colocado en el Parque de Doña Casilda y empezaron a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar objetos como botellas. Arrancaron unos cables y cortaron la emisión del partido, que luego se pudo reanudar, todo ello en medio de una amplia presencia policial por parte de la Policía Autonómica..

En el caso de Navarra, la agresión se perpetró por un grupo de encapuchados contra otro de militares que seguían el partido en la terraza de un bar de la localidad de Berriozar, distante cuatro kilómetros de Pamplona y sede del Regimiento de Infantería, América 66. Algunos encapuchados portaban barras y otros objetos para cometer la agresión y, tras unos segundos en los que atacaron a los aficionados, se retiraron del lugar, dejando varios heridos. La Guardia Civil y la Policía Foral están investigando de forma conjunta los hechos.

Puede parecer anecdótico pero algo cambió -a mejor- en España al conseguir la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y una Liga de Naciones de la UEFA en 2.023 como se ha visto ahora en este Campeonato Mundial de Seleciones Nacionales de Fútbol. de 2.026. Desde entonces, la mayoría de los niños españoles crecieron enfundados en la camiseta del equipo nacional dejando atrás la amargura guerracivilista de muchos de sus mayores, sobre todo, los de la izquierda y los comunistas. Al conseguir de nuevo este campeonato mundial, España ha ganado la batalla cultural iniciada hace década y media. Demos gracias al equipo y celebrémoslo como merece.

La victoria sobre Argentina, agónica en los últimos compases del encuentro, se tradujo en una sacudida general, en un terremoto de sentimientos y alegría desbordados que recorrió España de punta a punta y que fue el espejo donde se reflejó la España real, la de los afectos compartidos, la solidaridad y una hermosa manera de convivir que tiene mucho que ver con el ideal de la vida en paz y libertad de sus ciudadanos.

Pero el pasado domingo por la noche, con el pitido final, sucedió algo que a las viejas generaciones puede parecerles extraordinario pero que no es más que la muestra de una realidad, la de unos jóvenes que se han deshecho de complejos; que se reconocen como miembros de una patria común; que exhiben los símbolos de la Nación desde la euforia y el orgullo del triunfo y que no van contra nadie porque en su concepción de la vida y del mundo nadie es su enemigo.

Esos cientos de miles de jóvenes, muchos casi adolescentes; vestidos con la camiseta de la Selección; envueltos en la bandera nacional y cantando a gritos su satisfacción de sentirse españoles; españoles, además, que estaban viviendo apasionadamente el que, posiblemente, sea el triunfo deportivo mundial más importante, nos habla de una sociedad sana y unida, muy diferente de ese espectro roto y enfrentado que agitan algunos políticos gubernamentales sectarios desde un populismo pedestre.

Esa España de la división existe, pero no representa más que a unas minorías resentidas, incapaces de entender que el triunfo del combinado nacional se ha debido, precisamente, a las características de un equipo cuya potencia arrolladora es el resultado de su propia diversidad, de ese concepto del compañerismo y el sacrificio por una causa común que siempre ha hecho grande a la sociedad española.

Porque quienes estos días se han lanzado a las calles y plazas con el grito de ¡España, España! no lo han hecho contra nada, ni contra nadie, lo han hecho porque, consciente o inconscientemente, sienten que hay algo por encima de todos nosotros que nos une y que es la pertenencia a un pueblo, a una sociedad, en suma, a una Nación, que, como tal, acababa de conseguir algo extraordinario y muy difícil pero que nos situaba por un breve tiempo en el centro del mundo.

De ahí que resulten extrañas, casi irreales, obscenas esas imágenes procedentes del País Vasco y Navarra de gentes encapuchadas, violentas, llenas de odio, incapaces no solo de mostrar la menor empatía con quienes estaban viviendo momentos de euforia, de ilusión colectiva; gentes que en muchos casos eran sus propios vecinos, compañeros de trabajo o de estudios pero a quienes no consideraban que fueran acreedores del menor respeto.

Hay, ciertamente, un problema de violencia e intolerancia en esos lugares de España donde operó con fuerza el crimen, la extorsión política y la ideología excluyente del nacionalismo pero que es preciso relativizar y situar en su propio contexto, el de unas minorías autoexcluidas del concierto social, automarginadas en el seno del pueblo español, sin más referencias que su mundo pequeño y artificial que no pueden soportar la alegría de una Nación unida por un éxito común. Esa España sin complejos que tomó las calles y plazas de sus pueblos y ciudades para celebrar un hecho extraordinario: coronarse Campeona del Mundo de Selecciones de Fútbol masculino.