Es muy acertado el término utilizado por el jefe de la oposición política española, Alberto Núñez Feijo, para definir esta disparatada regularización masiva de inmigrantes por motivos estrictamente partidistas y propagandistas. El fenómeno migratorio es uno de los temas más importantes e inquietantes que afectan a la Unión Europea. Una opción es afrontarlo de forma rigurosa, responsable y ordenada. La otra es el desbarajuste que ha organizado el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que le gustan los escenarios caóticos y conflictivos. Uno de los aspectos más característicos de su personalidad es que estamos ante un aventurero que asume el riesgo como algo consustancial a su falta de ética y moral.
Por eso, Sánchez, adopta decisiones que ningún otro Presidente hubiera considerado razonables. Una regularización de estas características debería haberse presentado como un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, como sucedió en otras ocasiones, pero Sánchez no quiere negociar nada con la oposición. La razón es evidente, ya que no le apoyarían. Al final, todo se reduce a que la separación de poderes le importa poco y, por ello, ha optado por una deriva autoritaria. No quiero imaginar que hubiera sucedido si en lugar de Sánchez estuviera Feijóo en La Moncloa adoptando decisiones como un auténtico déspota.
Por supuesto que si el también líder del PSOE no dependiera de los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA, los comunistas, los golpistas y los antisistema no haría esta regularización. Es un auténtico camaleón. Es bueno recordar cuando quería meter en la cárcel a Puigdemont y era un fervoroso adalid de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esto explica que esté tan contento de tener al expresidente catalán en Waterloo ( Bélgica ) porque así es su rehén. Nada que nos tenga que sorprender.
Con la legalización de extranjeros consigue un efecto llamada para atraer a las mafias. En lugar de organizar un proceso regulatorio basado en la legalidad, el orden, la formación de los que vengan a trabajar y comprobar que no tengan antecedentes penales y policiales, hemos regresado al disparatado lema de «papeles para todos» de etapas anteriores. La medida, como es habitual en el sanchismo, está llena de mentiras sobre los beneficios de esta operación propagandística. No sabemos la cifra real de inmigrantes irregulares que se van a ver beneficiados por la iniciativa. Estamos ante el gobierno más chapucero de la Historia de España. No hay más que ver la gestión de Óscar Puente.
Una intensa reacción política ha provocado la aprobación por parte del Gobierno del nuevo Reglamento de Extranjería mediante un Real Decreto para legalizar como mínimo a medio millón de inmigrantes. Y que puede llegar a ser el doble. Una respuesta lógica ante una grave decisión, que se le sustrae al Congreso su conformidad, teniendo un impacto muy importante sobre nuestra sociedad y la misma identidad nacional española. Puede parecer excesiva esta afirmación, pero no es ninguna exageración respecto a sus previsibles consecuencias.
Basta tener presente el dato que han expresado tanto el presidente de la patronal catalana como la ministra portavoz del Gobierno. Sánchez-Llibre ha dicho que “necesitamos inmigrantes como el agua”. Elma Saiz, por su parte, dijo que, “como ejemplo”, sin los inmigrantes “90.000 bares tendrían que cerrar”. Asimismo se considera que un 45% de los contratos de trabajo suscritos desde la reforma laboral se han efectuado con inmigrantes. Por su parte, Sánchez dijo desde China que “la economía crece gracias a ellos”.
Frente a estas posiciones, Feijóo ha manifestado su rotunda oposición a dicha medida por considerarla “inhumana, injusta, insostenible e insegura”. Y el dirigente de VOX, Santiago Abascal se dirige a Sánchez avisándole que “esa regularización el pueblo no la perdonará, y tendrás que pagarlo”. No es preciso un exhaustivo análisis de la situación para llegar a la conclusión de que el futuro de España y los españoles está en manos de inmigrantes ilegales de otros países, en especial procedentes de África y América, además de algunos europeos.
Los africanos, mayoritariamente musulmanes, e hispanos los americanos. Estos últimos, al menos comparten nuestra lengua, cultura y valores, fruto de las comunes raíces cristianas llevadas allí por España, y su integración social no es problemática, siempre que se establezcan los controles de seguridad previos a su ordenación. En cuanto a los musulmanes, una auténtica integración social se ha demostrado literalmente imposible. Como de esto se seguirá hablando en los próximos meses y puede que hasta años , es evidente que si España quiere mantener su identidad nacional e histórica, no puede sustentar una política que la convierte en una nación y una sociedad condenadas a desaparecer por depender de ciudadanos extranjeros.
Una consecuencia que va a provocar esta masiva regularización va a ser un masivo “efecto llamada”. Con las mafias criminales a las que esta decisión les asegura un gran negocio futuro. La tasa de natalidad de la población inmigrante es muy superior a la española, que se encuentra bajo mínimos, y es la causa fundamental de este problema existencial. Una política de promoción y ayuda a la natalidad es esencial para corregir este gravísimo problema y se está haciendo todo lo contrario. Mediante políticas que promueven el aborto y la ideología de género, por ejemplo.
La formalización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez tramitó por un real decreto extraordinario el pasado mes de enero y que hace poco más de una semana aprobó –aunque, con matices– el Consejo de Ministros, se ejecutó al margen del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Según fuentes policiales y jurídicas consultadas, la medida fue impulsada principalmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que califican como una cartera muy «politizada», y sin tener en cuenta los criterios «técnicos y operativos» de los mandos policiales. Estas mismas fuentes critican la falta de información del Gobierno y advierten de que la ausencia de estadísticas y documentos sobre el terreno podría tener consecuencias directas en la gestión migratoria diaria.
Hay que tener en cuenta que, la Policía Nacional es la competente en materia de fronteras e inmigración a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En su organigrama se enmarcan la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que investiga las actividades ilícitas relacionas con la trata de seres humanos y los flujos migratorios ilegales, entre otros, y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que actúa como oficina central para normativas europeas e internacionales.
Este último organismo es una suerte de «inteligencia» migratoria, entre cuyas labores destaca, precisamente, la elaboración de informes especializados en la materia que les piden organismos nacionales e internacionales. Se trata de una cuestión que el Gobierno de Sánchez no ha tenido en cuenta en este proceso regulatorio y no le ha consultado para nada, probablemente porque no le gustara la respuesta que iba a recibir.
El problema de que el Presidente del Gobierno no haya tenido en cuenta el criterio de los especialistas en esta materia e, incluso, de la propia cartera de Interior, se refleja en la obligación que tuvo que acometer el Consejo de Ministros respecto a la aprobación de que los migrantes no tengan antecedentes penales. En un primer momento, la regularización exigía sólo una «declaración responsable» para probar la ausencia de los mismos, siempre y cuando, el país de origen no contestara en un mes la solicitud del emigrante.
Ahora y, tras las advertencias de sindicatos policiales y del propio Consejo de Estado, que consideró «inadecuada» la fórmula inicial, el Gobierno ha tenido que modificar una medida que guarda, según estas mismas fuentes, una «clave política». Así, los migrantes tendrán, en primer lugar, un mes para conseguir el certificado y, en caso de no lograrlo, el Gobierno lo gestionará por vía diplomática en tres meses. Si esta vía tampoco funcionase, se abriría un proceso de 15 días como último intento antes del cierre de puertas.
La regularización es, en cualquier caso, una variable que el Jefe del Gobierno está utilizando para hacer campaña de cara a las próximas elecciones andaluzas que arrancan el 17 de mayo. Así, Sánchez hizo uso este martes de su apuesta tradicional para ganarse el apoyo de la población; el de una misiva cargada de argumentos simbólicos y emocionales para defender la medida –probablemente– más controvertida de la legislatura.
En ella, el presidente socialista restó el matiz político de la regularización para justificar que tiene una necesidad «económica» y un fin de «prosperidad» clave para España. Además, puso el acento en la transversalidad del apoyo, destacando que ha contado con el respaldo «de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios» en un intento de presentar la regularización como un «acto de «normalización» y de «justicia» social –en alusión a nuestros antepasados que emigraron en busca de «una vida mejor» Aunque el argumento más contundente, posiblemente en la tentativa de tapar las críticas, fue el económico, al advertir de que «España envejece» y que, sin nuevas personas trabajando y cotizando, «nuestra prosperidad se frena» y «nuestros servicios públicos sufren».
La oposición, por su parte, sigue alegando que la medida trae consigo un «efecto llamada» innegable y consecuencias «negativas» para la integridad del espacio Schengen. A su juicio, la regularización es contraria a los principios de la política migratoria común de la Unión Europea (UE), fundamentada –principalmente– en la responsabilidad compartida entre los países para un «control efectivo» de las fronteras y un sistema de retornos creíble. Los populares consideran que la medida se planteó de forma «unilateral» y que su respuesta se orquestará a través de una ofensiva judicial, en las Cámaras e, incluso, si es necesario ante Bruselas para oponerse a la iniciativa que Sánchez ha logrado tramitar con Podemos a la cabeza.
El Presidente del Gobierno no parece dispuesto a cambiar en absoluto el fundamento de lo que ha sido hasta el presente su acción política, la pulsión divisiva que procura el cierre de filas necesario para mantener, aunque sea al mínimo, su base electoral. No es posible explicar de otra forma el temerario planteamiento de la nueva legalización extraordinaria de extranjeros, que no sólo se hace por la vía del decreto-ley, es decir, sin la convalidación del Parlamento pese a tratarse de un asunto con profundas consecuencias, sino que ignora cualquier razonamiento de autoridad, como el del Consejo de Estado, sustituido por el habitual coro gubernamental de insultantes, con los epítetos de racismo, xenofobia y clasismo como su argumentario.
Se hace evidente que el debate sobre una medida que toca de lleno ámbitos tan sensibles como la seguridad pública, los servicios sociales, la evolución del mercado laboral, la educación y, sobre todo, las condiciones de vida de los supuestos beneficiados por la norma, carece de la menor importancia ante los presuntos beneficios políticos y electorales que el Gobierno atribuye al fomento del enfrentamiento ideológico y al mantenimiento de un estado de tensión entre la población.
Así, cualquier advertencia por ponderada que sea, como la que ha hecho Núñez Feijóo; cualquier llamamiento a una mínima prudencia ante una decisión que va a condicionar los flujos migratorios en buena parte de Europa, como la de la Unión Europea, es despachada displicentemente, en una muestra de arrogancia y temeridad política con pocos precedentes en las democracias occidentales. No se trata de rechazar per se una regularización que, en ciertos casos, se antoja no sólo necesaria, sino conveniente, porque el problema es la falta de estudio y concreción de esos casos, sustituida por un cajón de sastre normativo que involucra a distintos ministerios y administraciones, pero sin la menor colaboración ni adecuación de los medios precisos para gestionar el procedimiento.
Las normas tasadas y fundamentadas que garantizan la eficacia, la equidad y el respeto a los derechos fundamentales brillan por su ausencia en la improvisación del real decreto. Por no haber, ni siquiera se ha dignado el Gobierno en preparar una memoria económica de lo que puede suponer la incorporación de casi un millón de extranjeros, sin contar los que lleguen próximamente tras las previsibles demandas de reagrupación familiar, sobre el nivel de los salarios más bajos; el coste en ayudas sociales a unos trabajadores que, por sus características, no tienen ingresos suficientes para afrontar las necesidades básicas, especialmente, la vivienda; la sobredemanda de servicios esenciales, como la sanidad, y, todo hay que decirlo, la potenciación de medidas de integración que reduzcan al mínimo los problemas inherentes a la inadaptación social y cultural. Política temeraria que no se blanquea esparciendo estigmas de racismo.
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