Hay países que son arrasados por las bombas. Y hay países que son arrasados por sus propios gobernantes. Venezuela pertenece a la segunda categoría. Y, si hablamos de destrucción económica, el chavismo ha sido peor que una guerra.
Cuando un país entra en guerra, su capacidad de producir se resiente con fuerza. En promedio, las economías que atraviesan conflictos bélicos pierden alrededor de un 13% de su Producto Interior Bruto ( PIB ). Es una caída severa: menos inversión, menos comercio, menos empleo. Y aun así, eso es la media. Pensemos en un caso extremo: Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Un país derrotado, ocupado, con ciudades arrasadas. Su producción se desplomó hasta quedar en torno a un tercio de la de 1944. Devastación en estado puro.
Pues bien: Venezuela consiguió algo todavía más siniestro. Sin invasión. Sin bombardeos. En paz. Entre 2013 (máximo) y 2020 (mínimo), el PIB venezolano se contrajo un 75%. Dicho de otro modo: en 2020 el país sólo producía una cuarta parte de lo que producía en 2013. No fue un desplome puntual por la pandemia. Fue un deterioro continuado, año tras año, como una hemorragia económica que nadie quiso -o supo- frenar. Y el PIB no es una abstracción de tecnócratas: es comida, medicinas, agua, vivienda. Por eso, cuando el PIB y el PIB per cápita se hunden, la pobreza explota y el país se vacía.
Algunos, han intentado justificar esta calamidad apelando a las sanciones de Estados Unidos siguiendo el ejemplo de Cuba que con esa excusa tan bien le ha ido para animar a sus fieles seguidores, especialmente españoles.. Pero la cronología no encaja como coartada. La caída arranca en 2013. Las primeras sanciones de 2015 fueron esencialmente políticas y personales. Las restricciones financieras más amplias llegan en 2017, cuando la economía ya estaba en caída libre. Y las sanciones que de verdad complican el petróleo se intensifican en 2019… cuando el PIB ya se había desplomado aproximadamente a la mitad. Podrán haber agravado el golpe final, pero no explican el derrumbe inicial ni, desde luego, el tamaño de la ruina.
La causa principal no vino de fuera: la provocó el propio chavismo. Fue el chavismo quien convirtió a la empresa estatal, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, ( PDVSA ) en una caja política para comprar lealtades; quien se gastó la renta petrolera como si fuera un maná infinito y quien, al mismo tiempo, dejó que la gallina de los huevos de oro se muriera por falta de inversión y mantenimiento.
Cuando bajaron los precios del crudo y además, se desplomó la producción por esa descapitalización deliberada, el chavismo no ajustó el gasto ni desmontó su red clientelar: optó por tapar el agujero con la imprenta emitiendo más dinero. Así llegó la hiperinflación. Y, para rematar, impuso controles masivos de precios con una inflación tan elevada: la orden de producir a pérdidas. El resultado fue el que siempre produce esa combinación de irresponsabilidad fiscal, emisión monetaria y dirigismo: que producir deje de tener sentido y que la economía se apague.
El balance es brutal: empobrecimiento masivo y éxodo. Una guerra sin misiles: la guerra del poder contra la sociedad. Y la factura, como siempre, la paga el pueblo.
El pasado día 3 de enero, el mundo amaneció como un lugar algo mejor. Estados Unidos había ejecutado una operación militar de una precisión tan espectacular que, por carencia de dramatismo, por sí sola difícilmente serviría de base para un buen guion bélico de Hollywood. Sin daños civiles, se ha extirpado el cáncer, un dictador que ha oprimido a su pueblo con palmaria violación de derechos humanos, convirtiendo Venezuela en un narco país.
La legitimidad de Maduro no es que estuviera en tela de juicio, es que era absolutamente inexistente, especialmente después de correr un tupido velo (en realidad plenamente opaco) ante el resultado electoral de 2024. Había perdido las elecciones de forma aplastante pero, en fin, qué más da, si disponía de los tanques para hacer valer su poder, en términos jurídicos, su imperium, concepto que debe entenderse al margen de la soberanía.
La izquierda española, especialmente la comunista, ha salido en tromba a defender la tiranía. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y es que la legalidad internacional parece que interesa y se defiende a capa y espada, exclusivamente, cuando beneficia a un dictador comunista, circunstancia que lleva inexorablemente a la conclusión de que no les importa la democracia, sino simplemente la defensa de un sistema que lleva inexorablemente a la miseria. La proclama es la siguiente: vulnerando el derecho internacional se ha atentado contra la soberanía nacional de Venezuela.
Esto nos lleva a la necesidad de arrojar algo de luz sobre el concepto de soberanía, que debemos engarzar con el concepto de Estado de Derecho, escrito con mayúsculas adrede, dado que no nos referimos a un sistema de organización basado en normas jurídicas, sino en el reconocimiento de derechos fundamentales y funcionamiento según los modelos democráticos que garantizan la libertad individual y colectiva.
La Constitución de Venezuela, con sus evidentes carencias y su carácter eminentemente semántico, (la doctrina entiende como constituciones semánticas aquellas formalmente relucientes, impecables en su contenido, pero inaplicadas por los poderes fácticos) prevé con nitidez la proveniencia de la soberanía nacional, en la misma línea que los textos constitucionales occidentales y nuestra propia Carta Magna. Dice así su artículo 5: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos».
El Gobierno Venezolano no es soberano. La soberanía recae en el pueblo que se expresó, precisamente, en contra del déspota, circunstancia que deslegitima por completo el Poder y lo vacía de autoridad moral y, gracias a la intervención estadounidense, de autoridad fáctica o imperium. Así pues, desde una concepción material y democrática de la soberanía, la detención de Maduro difícilmente puede calificarse como un atentado contra la soberanía del pueblo venezolano, ya que la misma fue previamente conculcada con grave violación de los derechos humanos por el autócrata.
Acudir a una interpretación formalista del derecho internacional para defender el sostenimiento de un régimen tiránico es a todas luces inmoral, sirviendo de coartada jurídica para el mantenimiento de los autoritarismos. Una visión pueril, que desconoce la evidente complejidad y realidad de la geopolítica internacional. Especialmente, considerando que los malvados no entienden de normas internacionales, desechando para empezar el más elemental respeto por los derechos humanos. De esta forma, el problema no es la defensa del derecho internacional, sino su invocación selectiva. Cuando la legalidad sirve para preservar regímenes autoritarios afines ideológicamente, deja de ser un principio, pasando a ser una deleznable coartada.
Así pues, lo que se protege no es la democracia, sino un proyecto político (el comunismo) que en su aplicación históricamente ha demostrado ser incompatible con ella. Si se reflexiona sobre las posiciones expresadas, se llega a la conclusión de que desde la izquierda radical ( que tristemente incluye al PSOE institucional ) no se considera que la soberanía resida en el pueblo, dado que eso otorgaría poder a los que no piensan igual, sino que la misma reside en una pretendida autoridad moral de unos pocos, del líder. Un autoritarismo que sustituye al Dios del antiguo régimen por la ideología comunista para legitimar el poder. Concepción muy alejada del Estado de Derecho y democracia que, afortunadamente, la mayoría sostenemos.
En fin, de lo acontecido, en primer término, cabe alegrarnos por nuestros hermanos venezolanos, que han tenido un extraordinario regalo de Reyes adelantado; no obstante, con cautela a expensas de lo que acontezca en adelante, sin dar por legítimas ulteriores actuaciones de Estados Unidos (por ejemplo, a priori, asombra la posición adoptada en relación con la designación de Delcy Rodríguez para la transición democrática). Y, por otro lado, tomar nota de la idiosincrasia de la izquierda radical, cuyo fin no es la democracia, sino la imposición de su nefasta idea de organización del Estado. Esto último será especialmente relevante cuando se aproximen las esperadas elecciones y, una vez más, los lobos se disfracen de corderos para la captación de votos.
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