El pasado día 6 de julio, se celebró en Madrid la que ya viene siendo habitual manifestación con la que finalizaba la celebración del Día del Orgullo, conocido popularmente como Orgullo LGTBI ( Lesbianas, Gays, Transexuales Bisexuales e Intersexuales ) a la que se sumó el partido político Ciudadanos con su conocida representante Inés Arrimadas en la cabecera de su pancarta.

Esta participación no fue del agrado de bastante de los asistentes como reacción al acuerdo de Ciudadanos con otra formación política, Vox ( al que tildaban de extrema derecha ) para alcanzar la Vicealcaldía y diversas Concejalías en el Ayuntamiento de Madrid y empezaron a insultarlos y a impedir que circularan en el sentido de la marcha. La situación se puso muy tensa y los miembros de Ciudadanos tuvieron que ser evacuados por la Policía para impedir males mayores dada la ira de quienes les habían rodeado.

Enterado de lo sucedido el Ministro del Interior que también se encontraba en la manifestación, dijo posteriormente y cito textualmente que : pactar con quien de una forma descarada trata de limitar los derechos humanos, tendría consecuencias. Justificando así a los violentos e incitando al odio,

Ciudadanos acusó al Ministro de alentar su hostigamiento, azuzando a la masa contra ellos y denunció ante la Fiscalía General del Estado el acoso sufrido, describiendo las amenazas, insultos, empujones, escupitajos, lanzamiento de envases de latas y botellas y sentadas para impedir sus movimientos a diputados del partido. Un escrache en toda regla con nula protección policial. La denuncia que se presentó recogía los presuntos delitos de amenazas, injurias e incitación al odio.

Como respuesta a todo ello, el Ministerio filtró a medios afines, la existencia de un informe realizado por la Jefatura Superior de Policía de Madrid en el que se aseguraba que no había constancia de que se produjeran agresiones físicas, rebajando lo ocurrido a simples insultos y al lanzamiento de algún botellín de agua.

También decía que los dirigentes de Ciudadanos siempre estuvieron acompañados por agentes de paisano y que lo ocurrido fue por culpa de ellos que, en ningún momento, siguieron las indicaciones policiales. Finalmente, acusaba al grupo político de maniobrar para catalizar la acción mediática y publicitaria. El citado informe iba sin firmar y no identificaba a la Unidad Policial responsable de su emisión.

A mediados del presente mes de diciembre, la Fiscalía de Madrid presentó el resultado de la investigación que motivó la denuncia presentada por estos hechos en el que se CONTRADICE radicalmente la versión del Ministerio al considerar probado que existieron las COACCIONES expresadas por Ciudadanos ; al tiempo que solicitaba el archivo de las actuaciones dado que la Policía no había podido identificar a los autores de las mismas.

Ciudadanos ha cuestionado la autenticidad del informe policial que niega su versión  de lo ocurrido y ha hecho públicas sus sospechas de que se trataba de un documento creado específicamente para cubrir la responsabilidad del Ministro, Fernando Grande Marlaska, en las afirmaciones vertidas y pide explicaciones al Gobierno por ello, solicitando la identidad, tanto del quien lo pidió y de quien lo redactó, sin obtener respuesta alguna hasta la fecha.

No dándose por satisfechos Ciudadanos, persevera en su actitud de demanda de información a través del Portal de Transparencia y consigue que el Director General de la Policía le comunique que : no admite a trámite la solicitud formulada en su día, en base a que, se trata de un informe interno cuya divulgación supondría un perjuicio para la seguridad pública puesto que este tipo de documentos contienen datos y análisis que afectan a la seguridad ciudadana para prevenir las actuaciones terroristas que pudieran producirse en una concentración de una gran cantidad de ciudadanos y para evitar actos delictivos en general y por esto resulta evidente que estos datos afectan a la seguridad y no pueden difundirse. 

A estas alturas de esta historia nos encontramos con  que todo un Ministro del Gobierno -en funciones- de la Nación, denuncia a unos ciudadanos de haber simulado ser víctimas de unos delito que nunca se produjeron y que jurídicamente podría encajar en la figura penal de la acusación y denuncia falsa. Además, realizada por un juez que hasta ahora, gozaba de reconocido prestigio profesional en su larga trayectoria destinado en la Audiencia Nacional y que acaba de destruir por no querer admitir su calentón y pedir disculpas por su error o dimitir directamente. Además, cuando los acusados piden que se les concrete que autoridad les señala y con que fundamento, el Ministerio se niega a hacerlo, alegando seguridad pública.

En esta España nuestra que se ha convertido en un esperpento diario – a veces más de uno- mientras dirige sus destinos Pedro Sánchez, estamos llegando al escalón superior y que es el paroxismo. Me refiero a la burla que supone la redacción de la respuesta ( sublime en su gramática ) que pasa de los riesgos que puedan poner en peligro una manifestación -de las que se dan con tanta frecuencia en Madrid, sin consecuencias- a una amenaza terrorista ( inexistente porque si no la citaría ). La redacción del texto es tan defectuosa que expresa una literatura confusa, ajena al lenguaje policial y  cuyos directivos se habrán carcajeado de su lío gramatical.

Es pasmosa la facilidad con que se mezclan conceptos tan sencillos -para los profesionales de la Policía- y entendibles para la población, como seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad nacional, terrorismo y prevención policial. Este atropello de un miembro del Gobierno progresista más avanzado de todos los tiempos que además es magistrado de profesión, demuestra claramente y una vez más, en manos de quienes estamos.

Hace unos dias que se acaba de publicar que, según las indagaciones realizadas ante fuentes policiales próximas al Dispositivo de Seguridad realizado con ocasión de la manifestación citada, el mencionado informe se habría hecho en la estructura del Ministerio ( de ahí que no dominen el lenguaje policial ) sin recoger siquiera el testimonio de ninguno de los agentes que escoltaron aquella tarde a los dirigentes de Ciudadanos para sacarlos de la encerrona en la que se encontraban. Por lo que se puede afirmar con rotundidad que la versión oficial de los hechos comunicada a la ciudadanía es ficticia.

La gravedad de estas revelaciones, ha motivado la solicitud de comparecencia urgente del Ministro Grande Marlaska por parte de Ciudadanos en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para que explique quien fabricó el informe de las agresiones sufridas en la manifestación del Día del Orgullo.

 

En las Elecciones Generales celebradas el pasado 10 de noviembre, la formación separatista vasca EH BILDU ( Reunificar la Tierra de los Vascos, en su traducción al castellano) organización política de los herederos de la banda terrorista ETA; logró superar la representación que hasta entonces tenía en el Congreso de los Diputados, pasando de los 4 diputados obtenidos en la Elecciones del mes de abril por los 258.840 votos conseguidos, a 5 diputados por los 276.519 papeletas obtenidas ahora. Logrando así tener Grupo Parlamentario Propio con las ventajas que ello representa: voz particular, más puestos parlamentarios, mayor asignación  económica, más asesores…..

Con la pretensión del Gobierno en funciones, presidido por Pedro Sánchez, de formar otro Gobierno con los comunistas de Unidas Podemos, separatistas vascos y catalanes, así como otros grupos políticos minoritarios, resulta -prácticamente- imprescindible contar con la colaboración de los hijos de la banda criminal, tanto para la investidura de ese Gobierno -si se consiguiera- como para el desarrollo de la legislatura que se augura corta. 

Y -lógicamente- ese apoyo tiene un precio que hay que pagar: el reconocimiento al derecho de autodeterminación de las tierras vascas y la amnistía para los presos del grupo terrorista en España y los huidos en el extranjero. Referentes a estos últimos, fugados de la justicia española y huidos ( en el lenguaje policial ), tienen preparado un listado con más de una treintena de nombres que comprenden a algunos de los miembros mas sanguinarios de los pistoleros etarras.

Lo que piden para estos individuos es que puedan volver a sus casas sin tener que rendir cuentas ante los tribunales de justicia y que sean sus representantes ( Bildu y su conglomerado de marcas de apoyo a los presos, como Sortu ( crear en vasco ) o Etxerat ( a casa, también en eusquera ) los que administren las posibles responsabilidades que puedan tener por los crímenes cometidos.

Todo este entramado está dirigido por el ex-miembro de ETA, Arnaldo Otegui, que con su apoyo al anterior Gobierno también socialista de Pedro Sánchez ( conseguido tras una visita domiciliaria del también ex-Presidente de Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero ) consiguió el regreso -en secreto- de algunos de los huidos para los que ahora reclama pensiones como si hubieran cotizado todo el tiempo que ha durado su fuga, dadas las carencias en las que se encuentran, tanto de tipo personal como laboral. Y claro, ahora no se les puede dejar en la estacada, sin medios de vida, tras los innumerables servicios prestados al grupo criminal.

Además de lograr acercar a 27 presos a cárceles del País Vasco, entre junio de 2.018 y el pasado mes noviembre que se encontraban dispersos en el resto del territorio nacional. En la actualidad todavía quedan 210 presos en España y otros 36 en Francia.

El marco jurídico ideado para llevar a cabo estos propósitos se llama justicia transicional, que es la que se refiere a aquellos procesos de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz ; en los que es necesario equilibrar las exigencias jurídicas de los dos bandos enfrentados : garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación del daño ocasionado, garantía de no volver a las andadas. En definitiva, tratar a los verdugos como víctimas de su existencia criminal.

El anuncio de un Gobierno en el que entraría a formar parte una organización comunista como Podemos, ha caído como una bomba en los Cuerpos de Seguridad del Estado. La sensibilidad policial se está viendo sacudida con fuerza por la mera pretensión de que la ultraizquierda se siente en el Consejo de Ministros. Que este grupo político extremista forme parte de las estructuras gubernamentales está ocasionando una profunda preocupación entre los agentes a los que solo su sólida formación profesional está impidiendo que trascienda a los ciudadanos para no causar alarma social.

De todos es conocido la aversión de este partido a todo lo que huela a Policía -son la antítesis y el enemigo a batir- y que en ese campo así ha sido tratada, en diversas ocasiones, en este blog. Solo el diabólico calendario electoral pasado y su acuerdo de gobernabilidad con el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), impidió que se plasmase en el Boletín Oficial del Estado, debido a la pronta caducidad de la anterior legislatura.

Me estoy refiriendo a las modificaciones que ya habían pasado la fase de Ponencia en el trámite parlamentario y que se quedaron a las puertas de su aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados, cuyo paso estaba garantizado por los apoyos que ya había conseguido en los debates de la Comisión específica.

Así se ha podido impedir que las ofensas a los sentimientos religiosos de la mayoría de los españoles, como es el cristianismo -al islam ni lo mencionan- pasara a la condición de meras opiniones al amparo de la libertad de expresión. Igual ha ocurrido con los ultrajes a España y demás símbolos nacionales -como la bandera-  ; enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, al Gobierno, a los Tribunales de Justicia y Cuerpos de Seguridad.

Y no digamos nada sobre la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, que ya nadie conoce por este nombre y sí por el que ellos le dieron – descalificándola- como Ley Mordaza. Verdadero caballo de batalla de este grupo radical y colección de disparates para obstaculizar y, en algunos casos, impedir la acción policial. No olvidemos la esencia antisistema de los miembros de Podemos.

Aunque parece que existen pocas posibilidades de que esta formación política asuma carteras ministeriales vinculadas con la seguridad del Estado ( Interior o Defensa ), la preocupación policial existe porque asistirán a las reuniones del Consejo de Ministros y compartirán informaciones sobre asuntos que, normalmente, son material clasificado de países aliados, de la Unión Europea ( UE ) o de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ) y que afectan a los servicios de información de otros países con los que las relaciones policiales pueden ser delicadas.

En los Cuerpos Policiales, también se mira con temor la influencia que ese Gobierno podría tener en la evolución de la seguridad pública en Cataluña. Aunque en la primera línea de combate se encuentra la Policía Autonómica Catalana ( Mossos de Escuadra ) los servicios de información estatales no han dejado de vigilar los movimientos de los separatistas catalanes, función en la que también son competentes.

Todo el mundo sabe que, el posicionamiento de Podemos sobre los problemas de Cataluña, es totalmente diferente de los demás partidos nacionales puesto que ellos son partidarios del Estado plurinacional y de la celebración de un referéndum para expresar el inexistente derecho de autodeterminación.

Además, siempre se han mostrado críticos con la condenas a prisión de los independentistas porque entienden que son presos políticos y para cerrar el círculo, también han sido muy censores de las actuaciones policiales en la región catalana durante los últimos años, pese a la intensidad de la violencia de los separatistas. Por eso se piensa que – desde la óptica policial- la situación de Cataluña podría verse comprometida.

Han pasado ya más de dos años, desde que las instituciones políticas autonómicas de Cataluña consumaron su calendario hacia la ilegal Declaración Unilateral de Independencia, conocida también por sus siglas DUI . La agenda independentista fracasó solo en un propósito: el acceso efectivo a ser un Estado.

Ahora, se ha recrudecido el debate sobre la calificación del delito realmente cometido, ( rebelión o sedición ) al que se sumó el Gobierno de la Nación con su intromisión ilegítima e impropia de un país de la Unión Europea, obligando a la Abogacía General del Estado para que optara por la petición de sedición, ( que le era más favorable para sus futuros intereses políticos ) dada la negativa de la fiscalía a plegarse a sus deseos. No seré yo quien pueda argumentar mejor lo sucedido que bastantes juristas y profesionales de la judicatura o de la fiscalía, que ya se han pronunciado en un sentido u otro.

No obstante, me parece que algunos se han enzarzado demasiado en hechos acaecidos en la vía pública y locales electorales en torno al ilegal referéndum de independencia y se ha dejado pasar acciones infinitamente más graves que los desórdenes públicos, como lo fueron proclamar la independencia siguiendo un plan previsto y ejecutado desde las instituciones autonómicas catalanas para conseguir la ruptura de la integridad territorial de un Estado democrático y de Derecho.

Decidir desde el Gobierno y el Parlamento catalán que el territorio de la Comunidad Autónoma se separa del conjunto del Estado para constituir otro Estado nuevo, me parece que es uno de los mas graves incumplimientos de la Constitución Española y de la soberanía nacional.

Los que votaron y proclamaron la independencia no eran personas particulares, ni se trataba de un ejercicio de libertad de pensamiento, ni de expresión de ideas de personas y grupos ajenos a los órganos representativos de la región catalana. Se aprobaron declaraciones para la ruptura constitucional con la imposición de una nueva legalidad de base autoritaria y un caudillaje al que se sometían los nuevos poderes independizados y toda la población de Cataluña.

Las acciones violentas, caracterizadas por algunas personas y agrupaciones separatistas, financiadas con fondos públicos, – a mi modo de ver- complementaban el proceso soberanista pero no eran el núcleo de su propósito.

Creo que lo grave fue la intimidación institucional ejercida desde los dos poderes centrales del sistema autonómico : el Parlamento y su Gobierno ejecutivo. Los sucesivos actos jurídicos tuvieron su inicio en la Declaración de 9 de septiembre de 2.015, que proclamaba la desobediencia general al sistema constitucional y su calendario, con la aprobación de dos leyes ( de 6 y 7 de septiembre ) que desembocaron en dos declaraciones de independencia de 10 y 27 de octubre de 2.017.

Estos son los hechos ejecutados por los responsables del Parlamento y Gobierno catalanes y su propósito final son la esencia del gran delito cometido. No se sirvieron  de la fuerza armada sino de la coacción jurídica desde las instituciones para forzar la separación territorial y situarla al margen de la Constitución. La clave de su fracaso es que no hubo reconocimiento desde el exterior.

Soy de la opinión que el hecho más grave que puede suceder en una sociedad nacional es decidir romper su integridad y declarar la independencia de una parte de su territorio. ¿ Cómo no va a ser delito alzarse contra el ordenamiento constitucional de un país, desautorizar a todas las instituciones del Estado y apoderarse del territorio que pretende desgajar ?.

La obligación del Gobierno de la Nación y de la oposición democrática era haberlo impedido por la vía político-constitucional. Para eso estaba el ya famoso artículo 155 de la Constitución Española,  para que no se erigiera una estatalidad paralela. Si se hubiera encauzado la situación por esa vía, con decisión, en defensa de la Constitución, no habríamos entrado en el bucle de la República Virtual, ni en el judicial-penal.

Los jueces han tenido que entrar en escena porque nuestra clase política no quiso impedir el delito contra la Constitución y la integridad territorial.

Considero que, al igual que afirmó el ex-Presidente del Gobierno, Felipe González en su día, se debió de utilizar el artículo 155, con ocasión del primer acto de rebeldía institucional, en 2.012, cuando el entonces Presidente Autonómico catalán, Artur Mas, convocó su referéndum.

Pero ni el Gobierno de la Nación -entonces en manos del Partido Popular ( PP )- ni la oposición democrática, asumieron sus obligaciones constitucionales en defensa de la unidad nacional. Solo Su Majestad El Rey, Felipe VI,  como Jefe del Estado, asumió el riesgo de la defensa de la Constitución democrática y de las libertades de todos los españoles, recordando al Gobierno y a los demás Poderes constitucionales, sus obligaciones en defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

De haber reaccionado entonces por la defensa de la convivencia en paz frente a la rudeza institucional catalana, nos habríamos ahorrado la grave fractura de la sociedad catalana y el afianzamiento de los partidos independentistas, en la falsa realidad de la república proclamada.

Ahora, por no haberlo resuelto en su cauce político-constitucional, hemos endosado el enjuiciamiento de todo ese ímpetu al Tribunal Supremo, enredados en  el inexorable bucle judicial y penal.