Todo el mundo sabe que es al contrario, que a la desinformación, se le gana con más y mayor información. El que parece desconocerlo, mejor dicho, no querer saberlo, es el Gobierno socialcomunista que ahora dirige los destinos de España. Por eso, se niega a desvelar al Parlamento, cualquier detalle sobre la que ya aparece como misteriosa, Comisión Permanente de la Desinformación ( CPD ); ese enigmático organismo, creado en el mes de octubre de 2.020, a instancias del ala comunista del Gobierno de la Nación, que entonces presidía, Pablo Iglesias; demócrata de acreditada solvencia como todos recordamos y muy preocupado para que los españoles tengamos muchos elementos de juicio.
Su nacimiento, se justificaba al calor de los bulos y noticias falsas, desatadas durante los dos primeros e inconstitucionales Estados de Alarma, cuyo número se disparó por las redes sociales pero lo que de verdad les preocupaba era un control y seguimiento de todo lo que la sociedad pudiera opinar sobre las excesivas medidas que soportaban y, sobre todo, para que no se pudiera conocer la realidad de los estragos que la pandemia china estaba causando.
Controlar la información, siempre ha sido un anhelo en los Gobiernos socialistas y comunistas, para que se sepa solo lo que a ellos les interesa y fundamentalmente, para crear una información oficial, única y verdadera, porque es la que ellos facilitan y la que solo tiene que conocer y bastar al ciudadano. Tradicionalmente, se ha utilizado para ocultar los fracasos de sus políticas y mantener vivas las esperanzas de un mundo mejor, que solo existe en las mentes de sus dirigentes. A nadie le gusta que le estropeen sus fantasías por muy escandalosa que sea la realidad.

Se trata de crear una burbuja, para que el ciudadano se dedique a sus labores de supervivencia y no moleste con su pensamiento, reflexión o crítica. Función opuesta al derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución, como es el de la libertad de información. Lo curioso del caso es que, la conveniencia de controlar la información, provenga de esa vanguardia ideológica que se desvive por afirmar y defender los inalienables derechos de la ciudadanía. Hay que ver como la hipocresía, sigue teniendo éxito, a estas altura de la vida.
Por eso, la decena de iniciativas parlamentarias presentadas, para conocer detalles del funcionamiento de este organismo, procedentes de todo el arco político que van desde Vox a Bildu, han tropezado una y otra vez, con una verdadero muro. El Gobierno, se ha dedicado a responder siempre, con vaguedades y generalidades, a las preguntas de los diputados para conocer la labor de este Grupo de Trabajo Interministerial que, en teoría debe de asesorar al Consejo de Seguridad Nacional, sobre las posibles campañas de desinformación que puedan amenazar a España.
El Gobierno se niega, una y otra vez, a dar transparencia a este asunto y en sus respuestas evasivas, regatea hasta preguntas tan precisas como la de, revelar la identidad de los miembros que asisten a las reuniones de la Comisión. Se escuda en que, las personas que componen este órgano, son variables y que son funcionarios públicos, tales como Policías, Guardias Civiles, miembros del CNI y otros empleados públicos, cuyos nombres no se deben de conocer. A lo que más que ha llegado es que, es el Director del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno quien dirige las reuniones ordinaras, como representante del mismo.

En una de las múltiples respuestas, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, facilitó los pocos datos concretos que se conocen de la Comisión, como que no se reúne de forma periódica y hasta el pasado verano, los analistas se habían vistos en cuatro ocasiones y poco más. Sobre los asuntos tratados, nada de nada. Aunque si ocupan su tiempo, realizando análisis y valoraciones permanentes, sobre posibles campañas de desinformación contra el prestigio de España.
A la misma vez, que el Gobierno afirmaba lo anterior, en otra respuesta parlamentaria lo negaba tajantemente, incrementando la nebulosa que rodea este órgano, manifestando que la Comisión Permanente contra la Desinformación no tiene, entre sus cometidos, la detección de campañas de desinformación sino el facilitar la coordinación interministerial a nivel operacional.
En otra respuesta parlamentaria, si ha reconocido que la Comisión, ha realizado tres informes pero que no son de difusión abierta, relacionados con las elecciones europeas, autonómicas y locales, de los años 2.019 y 2.020; sobre supuestas campañas de mentiras que llegaron a conocimiento de la Presidencia del Gobierno y de las que nadie sabe nada.

A la pregunta concreta de los diputados, sobre que está haciendo exactamente la Comisión, las respuestas compiten sobre vaguedades y retóricas y son del siguiente tenor: cada organismo de la Comisión Permanente contra la Desinformación, emplea las herramientas disponibles según sus competencias y sus ámbitos de actuación. Y ya cuando no saben como excusarse, han llegado a decir que : la comunicación que se aporta a la Comisión, está clasificada normalmente por el organismo que la comunica. Lo que me hace recordar aquel refrán que dice : ¿ Donde vas ? … Manzanas traigo.
La opacidad del Gobierno, a la hora de dar cuenta de su gestión y de informar a los representantes del pueblo, democráticamente elegidos, de su lucha contra las noticias falsas y bulos que, supuestamente, amenazan la seguridad nacional, no se limita a los trabajos de esta Comisión. También se viene negando, de manera reiterada, cualquier información sobre el resultado que dieron, las instrucciones a los Cuerpos Policiales del Estado, de perseguir durante el primer Estado de Alarma, que posteriormente fue declarado inconstitucional, los sucesos que pudieran provocar estrés social y desafección a las instituciones del Gobierno.
Lo que me ha llevado a recordar, inevitablemente, a Franco, porque en la que época que vivió, los informes de conducta de los ciudadanos que emitía la Policía y la Guardia Civil y que eran obligatorios para presentar en numerosos organismos gubernamentales, hacían constar si la persona en cuestión, era o no afecta al Régimen del Generalísimo….