El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros socialista acordó  la retirada del Recurso contra la Ley de Víctimas de Abusos Policiales que había aprobado el Gobierno Autonómico Vasco. El Gobierno del Partido Popular ( PP ) lo había interpuesto ante el Tribunal Constitucional ( TC ), al considerar que la misma reconocía la existencia de supuestas víctimas de abusos policiales sin necesidad de que haya habido sentencias condenatorias para los Cuerpos de Seguridad del Estado, Jueces y Magistrados y funcionarios de Prisiones. Es decir, quería evitar que se ultrajara desde la administración vasca a todo aquél que hubiera participado en la lucha contra el terrorismo etarra.

La retirada del Recurso se acordó después de ambos Gobiernos, el Central y el Regional, hubieran pactado unas modificaciones sobre los preceptos que había dudas sobre su constitucionalidad. Modificaciones que no se hicieron públicas entonces.

La ley vasca, pretende indemnizar con hasta 300.000 euros, a aquellas personas que se consideren que sufrieron una vulneración de derechos humanos ” en el contexto de la violencia de motivación política ” que se dió en el territorio vasco, entre los años 1978 y 1999. Esta ley fue aprobada en julio del 2016 en el Parlamento Autonómico Vasco con los votos a favor del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y Partido Socialista de Euskadi ( PSE ) ; la abstención de Reunificar Euskal Herria ( EH Bildu ) y el rechazo del Partido Popular (PP ) y la Unión del Pueblo y la Democracia (UPyD ).

El PP centró su Recurso ante esta ley regional, en el hecho de que la Comisión de Valoración que reconocería la condición de víctima de abusos policiales, pretendía sustituir por vía administrativa ( de cuyos once miembros, ocho nombraría el PNV ) a los tribunales de justicia. Ahora, el logrado acuerdo político entre ambos Gobiernos trataba de evitar y no seguir el camino trazado por el Tribunal Constitucional, al anular los artículos esenciales de la similar ley navarra de abusos policiales, por invadir competencias exclusivas del Poder Judicial, puesto que su objetivo era indagar y esclarecer casos que suponían infracciones penales.

La decisión de retirar el Recurso  acarreó las naturales reacciones de condena, tanto de los partidos políticos, PP y Ciudadanos ; como de las asociaciones víctimas del terrorismo y sindicatos policiales. Además, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ( TSJPV ) había admitido a trámite, el Recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía ( SUP )  contra la creación de la Comisión de Valoración que contempla la ley vasca.

El pasado día 15 de noviembre y con la aportación de las alegaciones que cada partido político  estimó conveniente ( y que siguieron sin hacerse públicas ) – incluida su retirada definitiva – se reanudó su tramitación en el Parlamento Vasco.

Con la constitución de la Ponencia correspondiente el 6 de febrero, se iniciaba su recorrido parlamentario para aprobarla lo más rápidamente posible. La portavoz de Podemos en la Ponencia, Pili Zabala, ( un hermano suyo murió en un atentado de los Grupos de Liberación Antiterroristas – GAL- ),  propuso que se incluyera en el texto la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se celebra cada 26 de junio.

Los de EH Bildu ya habían manifestado que no iban a permitir que el Gobierno Español y un Poder Judicial totalmente politizado, limitaran las competencias del Parlamento Vasco.

Por último, el pasado 4 de abril la cámara vasca aprobó la referida Ley, con el apoyo del PNV y PSE, la abstención de Podemos y Bildu y el voto en contra del PP. En el debate de la misma, el diputado de Bildu Julen Arzuaga ( condenado por sus actividades en ETA ) llamó a los representantes de los sindicatos policiales que asistían como público : nazis y franquistas con un comportamiento indignante, inaceptable y asqueroso.

Unas palabras que motivaron el abandono del Pleno del Parlamento de los diputados del PP, grupo político que ya ha anunciado a través de su representante nacional, Pablo Casado, la interposición del correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional que, de ser admitido paralizaría la entrada en vigor de esta Ley, que además cuenta con el rechazo de todos los Cuerpos Policiales que operan en el País Vasco: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Regional ( Ertzaina ). El Presidente de Ciudadanos anunció también que, su formación acudiría a denunciar el caso ante el Defensor del Pueblo.

El pasado 24 de mayo, el Sindicato Unificado de la Policía ( SUP ), uno de los de mayor afiliación policial, anunció a través de una nota de prensa que, el Tribunal Supremo había admitido a trámite el Recurso presentado contra esta Ley Regional. En un primer momento, el Recurso fue presentado ante el TSJPV que acabó desestimándolo con una argucia legal : que el Sindicato no estaba capacitado jurídicamente para personarse como defensa.

Poco después, Ciudadanos presentó el correspondiente Recurso ante el Tribunal Constitucional ante esta ley aberrante, cuya admisión paralizaría los deseos de venganza de la clase política vasca sobre el reciente pasado que además de querer revisar mediante el correspondiente relato que va a llevar a la enseñanza secundaria el próximo curso, quiere comparar -vía indemnizaciones- a los verdugos con las víctimas del terrorismo.

 

El Ministerio de Interior publicó a finales de enero del presente año, un informe sobre los violadores grupales que había encargado a varias Universidades españolas, en base al análisis de los atestados policiales elaborados por los Cuerpos Policiales Estatales. Las conclusiones del mismo, establecían perfiles que podían ayudar a los investigadores de todo tipo de violaciones ya que del examen de las pautas generales se pretende conocer como suele actuar este tipo de delincuente.

Este modo de agresiones sexuales empiezan a ser cada vez más frecuentes y causan mayor alarma social cuando se conocen, sobre todo desde el inicio del juicio a los miembros de la manada en Pamplona. Me refiero a aquel grupo de jóvenes andaluces que abusaron de una chica de 18 años, durante las Fiestas de San Fermín de 2.016, en Pamplona.

A este caso, se le sumaba otro , también a principios de este año, ocurrido en la localidad alicantina de Callosa de Ensarriá, cuando se detuvo a cuatro chicos españoles -de origen ecuatoriano- como presuntos autores de la violación en grupo de una joven de 19 años, durante la fiesta de Nochevieja y a la que previamente habían drogado.

También, el 22 de marzo de 2.018, diez mozos argelinos -dos de los cuales eran menores- fueron detenidos en Alicante, tras agredir sexualmente a tres menores de edad fugadas de un Centro de Menores, a las que ofrecían drogas y dinero para llevarlas a un domicilio. Una de las chicas, de solo 14 años, estuvo encerrada 24 horas en un piso donde los miembros de esta manada la violaron en repetidas ocasiones. Igual hicieron con las otras dos chicas, de 15 y 17 años, utilizando el mismo procedimiento. Todos estos detenidos se dedicaban a los hurtos en la vía pública y a los robos en domicilios y establecimientos.

El 13 de noviembre de 2.018, fueron detenidos en Santa Coloma de Gramanet ( Barcelona ) 15 jóvenes marroquíes, por tocamientos a una joven, tras apuñalar a su pareja a la salida de una Estación de Metro.

En el citado estudio, se afirma que los violadores grupales se suelen concentrar en entornos rurales y son personas jóvenes, de unos 25 años de edad. En estos delitos, la mayoría los cometen extranjeros, preferentemente magrebíes ( 22 % ) y rumanos ( 15 % ) siendo la participación española del orden del 31 % .

Los implicados en estas infracciones no suelen tener antecedentes policiales y, cuando los tienen, no son por agresiones sexuales. Suelen actuar durante los fines de semana y días festivos en zonas públicas cercanas a los lugares de ocio. En un 22 % usan el engaño  para acercarse a sus víctimas y es frecuente que empleen la violencia para consumar la violación. También es habitual que utilicen sus vehículos para acercarse a sus víctimas.

En el caso de los violadores en serie, su perfil es muy distinto y los abusos sexuales suelen quedarse -generalmente- en tocamientos o, incluso, en tentativas. En su mayor parte, se trata de personas de nacionalidad española, con una media de 30 años de edad, que suelen contar con antecedentes por delitos de carácter sexual.

A la hora de actuar, lo hacen en días laborables, durante la mañana o la tarde, en espacios públicos o áreas comunes de edificios, lo que permite que las agresiones se queden en tentativas. De hecho, los ataques en la vía pública se corresponden con los más frecuentes entre los violadores que agreden a personas desconocidas.

La media de edad de este tipo de gente es de 35 años aunque la horquilla empieza a los 18 años. A menor edad, se consuman más las violaciones cuyo resultado disminuye al subir la edad.

En cuanto a las víctimas, la edad media es de 28 años, aunque estos delitos lo sufren personas de todas las edades ( se han dado casos de hasta 87 años ). En más de la mitad de los asuntos investigados, fueron abordadas a menos de un kilómetro de su domicilio. Los hechos se producen por la tarde o por la noche, en zonas de escasa iluminación y en los meses veraniegos.

A raíz del despliegue mediático que se les da a estas agresiones, el conocimiento de las garantías médicas y la confianza en los investigadores policiales, hacen que las víctimas denuncien más. Así, en el primer trimestre de este año, se han producido 14 violaciones de chicas muy jóvenes, la mayoría menores de edad y alguna de solo 12 años. Y las que no lo son, tienen apenas 19 o 20 años.

Esta cifra que a mí me parece tan escandalosa, abarca -únicamente- aquellos casos que se han publicado en los medios de comunicación social. Habría que sumar las manadas que han sido denunciadas pero que no han trascendido y aquellas otras que ni siquiera han sido denunciadas porque las mujeres no están preparadas -psicológicamente- para ello o no quieren enfrentarse al estigma personal y al enjuiciamiento posterior. La realidad es que se trata de un fenómeno del que se desconoce su verdadera dimensión.

 

A mí, nadie me va a ver pegando a mi pueblo, ni a mi gente, ni quitando urnas. Deberíais estar orgullosos del uniforme que lleváis; sois la Policía del pueblo de Cataluña y allí donde vamos, nos aplauden y nos ponen flores. Mirad, esta es mi hermana votando ( mientras mostraba una foto en su teléfono móvil ). Hoy se va a trabajar así y quien no lo vea de este modo, es un fascista.

Esto fue lo que ocurrió en la Comisaría de la Policía Autonómica Catalana de Premiá de Mar ( municipio de 27.866 habitantes -según el censo de 2.016- ; de la provincia de Barcelona ), en torno a las cinco y media de la tarde, del día 1 de octubre de 2.017, en la reunión previa a la entrada del Servicio, durante el referéndum ilegal del 1-0.

Y así consta en el Auto de imputación del Juzgado de Instrucción nº 3 de Mollet del Vallés ( también de la provincia de Barcelona ), del Sargento de la Policía Autonómica, identificado con el carnet profesional nº 2.450, por los supuestos delitos de desobediencia, omisión del deber de perseguir delitos, coacciones y acoso ; tras ser denunciado por uno de los Policías Autonómicos que asistieron a la reunión citada, en la que se impartieron las órdenes referidas.

Igualmente, el expresado Juzgado, ha hecho lo mismo contra un Inspector y un Subinspector, destinados en la misma Comisaría, por proteger al Sargento en su intento de boicotear la actuación policial.

Las maniobras de este Sargento, se han podido acreditar tras meses de investigación judicial. La querella que se presentó en su día por un despacho de abogados, continúa narrando que : por miedo a las posibles represalias, ningún Policía realizó aquella tarde comentario alguno; subiendo a sus respectivas furgonetas policiales y marchando en dirección a Barcelona.

En la misma querella, aparecen descritos otros actos, protagonizados por el mismo Sargento, durante el resto de la jornada. Así, se jactó, de saber que : las urnas reales estaban escondidas en el hueco del ascensor, donde las había guardado el responsable de mantenimiento del colegio electoral de Aiguafreda y de no querer encontrarlas. O de haber intentado identificar a una persona que le pareció sospechosa de pertenecer al Servicio de Información del Guardia Civil, provocándole así para que se marchara.

También se dedicó a falsear el número de personas congregadas en los colegios electorales para evitar realizar cualquier tipo de intervención policial, como ocurrió en uno de Barcelona, donde comunicó por radio a sus superiores, que no era posible actuar sin violencia porque había unas 80 personas en la puerta, cuando no pasan de 10. Otro tanto igual, pasó en colegios electorales de Sabadell y Moncada y Rexach ( ambas localidades de la provincia de Barcelona ).

Los Policías que formaban esa patrulla, consideraron ese comportamiento como una vergüenza profesional y dieron cuenta del mismo a sus superiores, denunciando que los mandos se identifican como independentistas y tienen un fanatismo que les hace im posible el trabajo a realizar. La respuesta que obtuvieron fue : que los cambiaron de Unidad.