Lugar destinado a la divulgación policial en el que se tratan aspectos estructurales de la Policía Española y se relatan historias de las víctimas de los delitos.
Ya estamos en la Navidad, tiempo que requiere muchos gastos por las tradicionales celebraciones aunque este año sean más austeras por la amenaza constante del virus chino – parece que la gente y nuestros medios de comunicación se han olvidado donde se originó y por el nombre por el que debe pasar a la Historia- pero también es el momento de cobrar -algunos ya la han recibido porque se paga entre los dias 20 y 25 del presente mes de diciembre- la segunda paga extraordinaria del año, la conocida popularmente como la Extra de Navidad.
Este complemento económico, lleva ya muchos años, dando un pequeño impulso a las economías familiares y el derecho a percibirla está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores ( artículo 31 ) aprobado en 1.980 y se mantiene desde entonces, hasta su última actualización en el Real Decreto-Ley 2/2.015, de 23 de octubre. Además, ofrece la posibilidad de que el empleado pueda cobrarla prorrateada en doce mensualidades. En cuanto a su cuantía, suele ser igual al salario base del trabajador en función de su categoría profesional y nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
En la sociedad española tenemos asimilado que una de las dos pagas extraordinarias se abona en Navidad aunque la mayoría desconoce su origen. Esta gratificación es una herencia del Régimen de Franco que la instauró -no existía antes- a mediados de la década de los años 40 del pasado siglo, en plena hambruna de la posguerra civil española, siendo una peculiaridad nuestra que hoy podríamos decir que fue una especie de aguinaldo.
Por aquel entonces, los salarios de los trabajadores -el afortunado que lo tenía- se desplomaron y para hacer frente a las necesidades económicas de las familias, se estipuló que, en las Navidades de 1.944, los trabajadores de las industrias no reglamentadas, cobraran una paga extra equivalente al salario de una semana. Un año más tarde, en 1.945 esta medida se estableció con carácter general, dando lugar a un sueldo anual repartido en 13 pagas mensuales.
El Boletín Oficial del Estado de 9 de diciembre de 1.945, recogía una Orden del Ministerio de Trabajo por la que se establecía una gratificación equivalente a la retribución de una semana con motivo de las Fiestas de la Navidad.
La paga extraordinaria de verano, llegó un par de años más tarde, en 1.947, como consecuencia del buen recibimiento de la paga de Navidad por parte de los trabajadores. El franquismo añadía así otra retribución similar a la que se cobraba en Navidad. El motivo fue la conmemoración del 18 de julio como Fiesta de la Exaltación del Trabajo. e inicialmente concebida para celebrar el Alzamiento Nacional.
Las empresas no pusieron nunca ningún obstáculo al cumplimiento de esta disposición gubernamental porque de paso, suponía la mejora de la satisfacción del empleado porque las empresas eran conscientes de que un trabajador que no está contento con su sueldo, no rendirá al 100%. También incrementaba el compromiso y la fidelidad de los empleados, haciendo sentir al trabajador que se valora su trabajo. Y por último, favorecía la productividad porque un empleado feliz es más productivo.
Según los datos facilitados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el comercio de productos falsificados le cuesta a cada español 133 euros al año, más de 67.000 empleos y casi 7.000 millones de euros en pérdidas de ventas. A pesar del elevado impacto que esta venta ilícita tiene en la economía nacional, la falta de colaboración de los Ayuntamientos, especialmente en el Madrid de la desaparecida Manuela Carmena y en la actual Barcelona de Ada Colau, permiten la venta de los productos falsificados con total impunidad, particularmente a los inmigrantes irregulares de origen subsahariano.
En algunos sectores como el textil, España es el segundo país más afectado por las pérdidas totales de ventas y empleo, según el último informe disponible de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ), relativo a 2.016. En España suponen el 9,3% de las ventas, ( 6.175 millones de euros en pérdidas ) cifras que sitúan a nuestro país por encima de la media europea, donde las falsificaciones son el 7,7% de las ventas y las pérdidas se estiman en 58.937 millones de euros.
Las Navidades son las fechas en las que este comercio ilegal se intensifica, sobre todo en las categorías más sensibles a las falsificaciones como son los perfumes o los juguetes. Estos sectores realizan un 35% de las ventas anuales en esas fechas por lo que el impacto de las falsificaciones puede ser crucial en su facturación.
Además de su población y por su importancia turística, Madrid, Barcelona y Valencia concentran una gran parte de las ventas de los productos ilícitos. Para combatir estas actividades, el Gobierno socialista, creó la Mesa del Intrusismo en noviembre de 2.018, impulsada por el entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la que participaban cinco Ministerios, Ayuntamientos y Asociaciones de sector comercial privado afectado y lanzó una campaña de concienciación para que los consumidores no compraran estos productos.
Sin embargo, desde la Asociación para la Defensa de la Marca ( ANDEMA ), critican que los Ayuntamientos de Madrid -cuando gobernaba Carmena- y Barcelona, no hayan tomado las medidas necesarias para luchar contra la venta ilegal callejera, a pesar de que los Consistorios son los que tienen las competencias para vigilar estas actividades irregulares.
Según la Agencia Tributaria y con arreglo a los datos de las intervenciones realizadas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, en 2.017 se incautaron en las fronteras 3,1 millones de productos falsificados, en 2.999 operaciones. El valor de lo interceptado superaban los 60 millones de euros y la tendencia es ir a más aunque los datos son estables gracias a las intervenciones de los Cuerpos Policiales.
En algunos sectores como el de cosmética, las falsificaciones suponen el 16% de las ventas, con pérdidas superiores a los 900 millones de euros. En las prendas de vestir, son el 8% de las ventas ( 2.063 millones ) y en los teléfonos móviles, un 10% ( 386 millones ).
Hay categorías donde esta venta anómala conlleva un peligro especial como es el caso de las juguetes, los medicamentos y los vinos y demás bebidas porque además de las pérdidas económicas hay que añadirles el componente de peligrosidad para la salud pública. Los juguetes de la espuma son de los más incautados y es el segundo elemento de la Unión Europea más sancionado.
Quiero reivindicar la meritoria Transición Política Española y voy a delimitar en el tiempo este episodio trascendental en la historia contemporánea española, desde el 20 de noviembre de 1975 ( cuando fallece Franco ), hasta el 28 de octubre de 1.982, cuando el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) gana sus primeras elecciones generales, por mayoría absoluta y es cuando estimo que se consolida el nuevo sistema democrático. Aunque otros son partidarios de llegar hasta 1.986, que es cuando termina la primera legislatura socialista.
Lo hago porque en estos tiempos actuales, se está produciendo un revisionismo histórico basado en la manipulación de la memoria, para silenciar una etapa que ha sido ejemplar y modélica para medio mundo.
Porque creo que es un grave error y una tremenda injusticia, criticar de manera tan arbitraria y falaz, aquellos acuerdos tan difíciles que tuvieron un enorme mérito. Se hizo lo que se pudo: ni más, ni menos. Y el mundo entero nos miró con asombro. Si recordáramos la realidad de aquellos años, nos elevaría mucho la moral que ahora arrastramos por los suelos.
Es verdaderamente inexplicable que se haya recuperado ahora el tema de Franco cuando hacía ya años que nadie se acordaba de él. Esto, cuando menos, me parece chocante, teniendo en cuenta todos los desafíos que tenemos por delante. Estamos gastando una enorme energía criticando el pasado, que no sirve para nada y que hay que dejársela a los historiadores, cuando la necesitamos toda para encarar nuestro futuro.
Todos los que vivimos aquella etapa desde ideologías distintas, estamos muy enfadados con todos estos neófitos que tratan de calificarla -despectivamente- como el Régimen del 78. A quienes hacen estos comentarios y que son especialistas teóricos en tener todas las soluciones -habidas y por haber- además de manera sencilla a temas complejos, me hubiera gustado ver en aquel trance para ver lo que ellos -tan capaces- hubiesen hecho.
Estoy convencido de que la gente de mi generación, independientemente del color político que profese, coincidimos en reconocer el extraordinario mérito de lo que se hizo y que la mayoría veía con escepticismo. Cuando vimos a lo que se había llegado con los Pactos de la Moncloa, muchos no nos lo creíamos porque parecían imposible de conseguir. Era como si ahora, se sentaran en una misma mesa José María Aznar y Arnaldo Otegui. Cuando comprobamos que de aquellas reuniones salían acuerdos, aprendimos una lección que nunca olvidaremos.
Ahora, la política consiste en descalificar al contrario que, en realidad, lo que hace es desacreditar a quién la hace. Se está gobernando para el tiempo pasado y no para el futuro, como debería de ser. Claro que hay que conocer nuestro pasado para que no se nos olvide nada pero para eso hay que dejar de decir tonterías.
Conozco a gente en ambas direcciones extremas que coinciden conmigo en que aquello no fue un pacto de mesa de camilla en el que, al calor del brasero, se reunieron cuatro sujetos para hacer un apaño.
Nuestra sociedad actual está radicalizada por los partidos políticos cuando la dirección debería ser la contraria, tendiendo hacia la armonía desde un profundo respeto ideológico. En estos tiempos, la política no está a la altura de la responsabilidad que se merece y está teniendo comportamientos incomprensibles. La solución a los problemas que nos preocupan no pasa por avivar el fuego sino por buscar soluciones consensuadas a los mismos. Como se hizo antes.
En la Secretaría de Estado de Seguridad, organismo dependiente del Ministerio de Interior, se encuentra el Área de Violencia de Género, donde se articula el Sistema VioGen ( Vio de Violencia y Gen de Género ) que no es más que un programa de seguimiento integral, en los casos de violencia contra la mujer, que recoge un fichero policial de Tratamiento de Datos, de carácter personal que, está orientado a la prevención de este tipo de delitos y a la protección de las víctimas.
Cuando se denuncia un caso de violencia de género ( agresión de un hombre a una mujer con la que se tiene un vínculo de pareja ), se da de alta en VioGen para valorar el riesgo que tiene la mujer de ser nuevamente agredida. Este trámite que tiene la apariencia de sencillo, no es nada fácil porque este tipo de delitos son muy particulares.
A menudo, la víctima acude a denunciar de forma poco concienciada y lo hace por un episodio muy concreto, sin decir todo lo que ha ocurrido con anterioridad a la agresión. Además, cabe la posibilidad de que sea necesario interrumpir su convivencia con su pareja. En este sentido, la aplicación informática trata de discriminar, en todos los casos, señalando aquellos en los que es más necesario volcar más esfuerzos policiales y judiciales.
Así, cuando un agente atiende un caso, realiza una Valoración Policial de Riesgo ( VPR ) que consiste en rellenar un cuestionario, en base a la información que facilita la víctima, del maltratador, de los testigos ( si los había ) y que afecta no solo a lo que haya ocurrido sino que también a cuestiones de índole personal para comprobar la vulnerabilidad de la víctima ( tratamiento médico, familiares próximos, etc )
Si se confecciona de manera rigurosa, delimita las denuncias entre : riesgo no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Se trata de pasar el asunto al fiscal con los mayores datos posibles y que sea así más fácil conseguir una Orden de Protección del juez. Este sistema se implantó en julio de 2.007 y ya comprende más de medio millón de casos. En la actualidad mantiene activos alrededor de seiscientos mil ( 525.395 exactamente ).
Pero VioGen, no solo tiene en cuenta las predicciones del sistema en torno a unos algoritmos ya que el Policía también tiene la potestad de elevar el nivel de riesgo de forma manual, si lo cree conveniente. El problema que se presenta es que no todos los agentes están especializados en esta materia.
En los grandes centros urbanos y las capitales de provincias, son mayores las probabilidades de que una víctima sea atendida por una unidad especializada puesto que su número es mayor que las desarrolladas en el mundo rural. Esta afirmación se basa en las estadísticas ya que el 64% de las denuncias se producen en las ciudades y el 36% restante, en entornos rurales.
En muchos casos, lo que se busca es el anonimato porque en el pueblo todo el mundo se conoce. Aunque también tiene que ver que, en las zonas despobladas es más difícil acceder a las instituciones.
Desde de que se puso en marcha este sistema, no ha dejado de mejorar. El Plan de SeguridadPersonalizado, con las medidas básicas que debe adoptar una mujer cuando está en riesgo, se ha actualizado con arreglo a las nuevas tecnologías y desde marzo de 2.019, la herramienta informática es capaz de predecir que casos de los de riesgo noapreciado o bajo, pueden tener una reincidencia mortal.
Antes, no había esa capacidad; ahora el sistema utiliza dos escalas y cuando detecta esa posibilidad, el caso pasa a catalogarse como medio o de especial relevancia. Lo que permite solicitar nuevas medidas, como las pulseras telemáticas que han mejorado mucho su eficacia.
VioGen, también tiene en cuenta que la mitad de las víctimas tienen menores a su cargo. En muchas ocasiones, ellas ni siquiera se plantean el riesgo que corren los niños y si han sido amenazados por el agresor en algún momento. Desde entonces, se han registrado 29.500 casos.
La clave de toda esta problemática está en denunciar la situación cuanto antes, algo que está calando en la sociedad como lo demuestra la media de crecimiento anual que se ha establecido en un 11%.
¿ Que estás en desacuerdo con alguien… ? : llámalo fascista y así te evitas tener que apoyar tu afirmación con hechos. Con este calificativo ya va arreglado y tú no necesitas de más ayuda. Hace años que fascismo es una de las palabras más buscadas en cualquier tipo de diccionario, con la surrealista salvedad que experimenta un notable incremento, tras la elección de algún Presidente nuevo: Trump, en los Estados Unidos de América del Norte; Bolsonaro, en Brasil…y en España, cuando se quiere vengar el pasado, haciendo exhumar los restos de Franco.
Aunque se tenga la impresión de que ha existido siempre, lo cierto es que el fascismo tiene una fecha y un lugar de nacimiento, que explicarían, tanto su aparición como su posterior arraigo y expansión. Fue Benito Mussolini quién en marzo de 1.919, creó los Fascis di Combattimento, entremezclando consignas políticas de signo opuesto como socialistas, anarquistas y comunistas ; depuradas en el alambique de la experiencia para quedarse con lo esencial: un nacionalismo cerril,un autoritarismo radical y el recurso a la acción violenta ante cualquier conato de oposición o resistencia.
La semilla fascista, halla terrenos propicios en aquellos abonados por el descontento y los prejuicios y por eso, en la Italia de hace un siglo, que estaba devastada por una fortísima crisis social, política y económica, Mussolini supo extraer el máximo rendimiento de aquellas condiciones favorables para el extremismo.
Otro tanto, haría una década después , un tal Adolf Hitler en Alemania, aderezando la receta fascista con un racismo exasperado e irracional. Una pieza suelta que encajaba bien en el puzzle. El fascismoes la teoría del odio y necesita un chivo expiatorio en quién volcarse.
Llevamos ya unos años en los que la palabra fascista y su variante popular facha, está siendo utilizada, a diestro y siniestro, para descalificar no solo al adversario, sino al vecino o amigo que no piensa como yo, que soy el que está en posesión de la verdad, claro.
El uso genérico y despreocupado de este término, conlleva ciertos riesgos, puesto que se incorpora a nuestra vida diaria, empleándose en muchas de nuestras conversaciones que nada tienen que ver con la política y se banaliza una ideología que es cualquier cosa menos banal. Las palabras fascista y fascismo, deberían poner la carne de gallina, siempre.
Por desgracia, hablar de fascismo hoy, es imperativo de actualidad y dada la gratuidad con la que se hace, debería de emplearse en su justa medida y no por seguir el eco de nuestros cavernícolas nacionalistas e indocumentados del socialismo y de la la extrema izquierda, que de tanto leer libros marxistas, se les ha empanado la mente y no han entendido nada.
Las grandes oleadas migratorias procedentes de zonas en conflicto en África y Oriente Medio y los atentados terroristas llevados a cabo por grupos radicales islámicos en cualquier parte del mundo, están creando el caldo de cultivo propicio para el auge de grupos nacionalistas racistas con su famoso lema nosotros sí, ellos no ; que está aumentando el fuego de distanciamiento hacia el proyecto de una Europa Unida y solidaria.
En los Estados Unidos de América del Norte, ocurre también por esa especie de gorila de discoteca que aún tienen como Presidente y que suspendería todas las asignaturas de cualquier curso de Derecho Internacional, impartido en la Universidad que él eligiese. Aunque fuese amiga, -que allí también las hay- recibiría calabazas.
Desde el punto de vista judicial, es muy difícil frenar los homenajes a los miembros de la banda terrorista ETA que salen de prisión al cumplir sus condenas y regresan a sus casas del País Vasco y Navarra, por extraño que parezca.
Estos actos a base de bengalas, cohetes, pancartas a su favor y ovaciones a asesinos de numerosas víctimas mortales, causan un dolor inmenso a los familiares de los fallecidos al comprobar que son recibidos como héroes en sus pueblos de origen.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ( AVT ), siempre denuncia estos hechos y se persona en la correspondiente causa que abre la Audiencia Nacional tratando de parar estas celebraciones, pero con escaso éxito hasta ahora. Más allá de alguna diligencia de investigación y que se haya ordenado identificar a sus participantes, los jueces y fiscales rechazan que existan posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo o de humillación de las víctimas.
No existe apología en el mero hecho de que los asistentes se congratulan de la excarcelación de una persona próxima a ellos por razones de parentesco, vecindad o amistad ; dice la Sala Segunda del citado órgano judicial en un Auto fechado el pasado mes de octubre, al archivar un caso de homenaje en Rentería ( Guipúzcoa ) a un preso etarra, al no poderse acreditar ninguna frase enaltecedora o humillante.
Otra asociación de afectados, el Colectivo de Víctima del Terrorismo en el País Vasco ( COVITE ) presentó en 2.019, ocho denuncias de este tipo sin que ninguna haya prosperado todavía. Piensan que, desde la justicia, parece que quieren indicarles que abandonen la vía penal, a lo que se niegan en redondo porque no quieren que se despenalicen estas fiestas.
La AVT, ante la ineficacia de esta vía punible, está explorando otras soluciones como la que propusieron el pasado mes de marzo al Ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, consistente en una reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo que recoja multas contundentes a las Administraciones Públicas que permitan estos actos y a los particulares que los promuevan.
Las distintas Asociaciones de Víctimas saben que, las causas pendientes es muy difícil que prosperen por el delito de enaltecimiento ya que está limitado por la doctrina europea y nuestro Tribunal Constitucional que ya se han manifestado sobre estos supuestos, indicando que prima la libertad de expresión. Solo por el delito de humillación ven alguna posibilidad.
Por eso, quieren hacer algo nuevo ya que han calculado que, en los próximos cinco años, 80 criminales de ETA cumplirán sus condenas y no quieren que se les reciba con honores en la calle y con publicidad. Creen que la estrategia de humillación a sus víctimas debe de ser juzgada hasta sus últimas consecuencias.
SORTU, son las siglas con las que la extrema izquierda separatista vasca justifica los actos de homenaje a etarras cuando abandonan la cárcel y son recibidos por sus simpatizantes, amigos y familiares, con flores y pancartas de bienvenida. También con el tradicional baile vasco de bienvenida ( aurresku ). Defienden estos actos porque para ellos, los presos políticos no son violadores, ni pederastas y además tienen el apoyo de una parte importante de la sociedad vasca.
Los presos etarras han sido homenajeados públicamente en 31 ocasiones, actos de ensalzamiento que forman parte de las 267 actividades en favor de los criminales de ETA que se han celebrado en los dos últimos años.
SORTU ( que significa Crear ) es la transformación de Herri Batasuna y Euskal Herritarrok ( que fueron disueltos por la justicia ) en el nuevo partido ( madre ) de ETA. Uno de sus hijos es HB- Bildu.
En apoyo a las víctimas del terrorismo, el partido político VOX, presentó el pasado 15 de octubre una iniciativa en el Parlamento Vasco para que se dotara a la Policía Autonómica Vasca ( Ertzaintza ) de un Protocolo para investigar las posibles responsabilidades penales de quienes organizan y participan en los homenajes públicos que se les dan a los presos de ETA cuando salen de prisión, una vez concluida su condena.
El Partido Socialista Vasco ( PSE ) se sumó con EH-Bildu, Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y Elkarri-Podemos para votar en contra de la propuesta. Este hecho insólito hasta ahora, no llegó ni a plantearse con Herri Batasuna cuando, integrada en la banda terrorista ETA, contaba con representación en la asamblea vasca.
Este esperpéntico Pleno, se realizó horas después de que el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, comunicara que traspasará al Gobierno Vasco, en marzo de 2.021, las prisiones instaladas en su territorio. Esta medida era la más importante de la treintena previstas como compensación a su apoyo a los Presupuestos Generales de Estado y en la que también se encontraba la gestión de la Seguridad Social.
En el año 2.013, el edificio de la Comisaría de Policía del Distrito de Gracia,. sito en la barcelonesa calle de Nil i Fabra, números 17 y 19; fue abandonado -por traslado- por el Cuerpo Nacional de Policía y su propiedad pasó al Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. La idea inicial era que cuando quedara vacío pasara a estar destinado a actividades del barrio aunque nunca se concretaron las mismas.
En noviembre de 2.015 y ya con Ada Colau al frente de la Alcaldía, el Casal Popular ( Casa de Campo Popular, en catalán ) Tres Lliris ( Tres Lirios ) , la ocupó, tras haber sido desalojados meses antes de otra finca, en el mismo barrio, por la Policía Autonómica Catalana. Ni el asalto a un céntrico edificio público de tres plantas, ni las numerosas quejas vecinales por sus actividades molestas; frenaron el acomodo de los antisistema ante una clara pasividad municipal.
Meses más tarde, Tres Lirios empezó a luchar para hacerse formalmente con el local y consiguió abrir negociaciones con el equipo de Colau. Este período duró más de un año, durante el que se llegó a escuchar al partido de la Alcalde ( Cataluña En Común – de ideología de izquierda radical no separatista ) alabar la acción del colectivo en favor del barrio.
En abril de 2.017, se cedió el edificio a la Asociación Joves (Jóvenes) de Gracia, para el desarrollo de sus actividades. El acuerdo -para sorpresa de todos- fue anunciado antes por Tres Lirios que por el gobierno municipal. El grupo beneficiario se había constituido -específicamente- para este proyecto, de la noche a la mañana, como entidad legal que justificara su apropiación -ahora legítima- de las instalaciones de la antigua Comisaría de Distrito.
Esta operación inmobiliaria que se diseñó y salió redonda, satisfizo a ambas partes y el propio concejal que la defendió ( Eloy Baldía ) consideró el acuerdo como una buena noticia. Lo cierto es que no se realizó ningún concurso, ni se consultó a los vecinos, ni se hizo campaña publicitaria alguna, para que otras asociaciones juveniles pudieran optar a este espacio.
El Ayuntamiento justificó la adjudicación en una nota de prensa en la que indicaba que se había acordado la cesión tras un año y medio de diálogo, tras la reivindicación histórica de los grupos juveniles del Barrio de Gracia. Además, el edificio necesitaba acondicionarse y el Ayuntamiento barcelonés – sin ningún recato- costeó las obras a base de contratos parciales que importaron casi 100.000 euros ( 94.623,95 euros exactamente ).
No obstante, las cesiones de la señora Colau a este clan de contrapoder, no acaban aquí. El año pasado ( 2019) los responsables municipales reconocieron que los arrendatarios nunca habían pagado el importe anual acordado por la cesión del edificio, correspondiente a los años 2018 y 2.019; pese a lo irrisorio de la cantidad asignada ( 665,50 euros ); con lo que se descubría un nuevo favor de la señora Colau a sus amigos antisistema.
Las actividades que se realizan dentro del local, son otras de las controversias abiertas, sobre todo con sus vecinos que han denunciado en varias ocasiones las molestias que provocan. Este grupo ya fue objeto de multitud de quejas y enfados cuando ocupaban ilegalmente las instalaciones y con su nueva denominación siguen dando dolores de cabeza a sus convecinos.
Así nos encontramos que, de casa ocupada pendiente de desalojo; a local juvenil regularizado y costeado por las arcas municipales; tolerándose los impagos en la cuota casi simbólica que debían de pagar sus inquilinos; en una operación inmobiliaria que tiene todos los ingredientes habituales de los casos de amiguismo del Ayuntamiento que preside Ada Colau.
En el año 2.015, había 3.341 menores extranjeros no acompañados ( conocidos como MENAS en el lenguaje oficial ) acogidos en España, en los correspondientes Centros de Menores, dependientes de las Comunidades Autónomas que son quienes tienen la competencia en esta materia. En el 2.016, ascendían a 3.397. En 2.017, fueron 6.414, con un aumento del 60,4 % . En 2.018, llegaron a los 13.796, con un crecimiento del 215%.. A 29 de agosto de 2.019 -última estadística publicada- eran 14.000.
En estas cifras solo están los menores ingresados en los Centros específicos, los que no entran o escapan de ellos, no aparecen reflejados. Es muy difícil cuantificarlos teniendo en cuenta las dos vías principales de entrada en territorio español : en patera ( principalmente ) o en los bajos de camiones y autobuses.
Las cifras anteriores demuestran un aumento espectacular de la llegada de estos niños que básicamente son magrebíes ( marroquíes y argelinos, con mayoría de los primeros en un 60 % – 70 % ) y el resto subsaharianos y de otros países. Los sistemas de protección españoles se han visto desbordados y los niños que no se quedan y siguen el viaje, ( en torno a un tercio ) es fácil encontrarlos en las calles de las principales capitales europeas, desde París a Estocolmo.
Son niños sin papeles y desprotegidos ; muchos sin familiares próximos y en riesgo de ser explotados por todos los desalmados que pululan por ahí. Afortunadamente, son una minoría dentro de los miles que cada año son recogidos. Lo que ocurre es que, al verse tan necesitados es fácil abocarse al mundo de la delincuencia, creando así una justificada alarma social.
Si nos centramos en los menores marroquíes, tenemos un ejemplo en los ” niños de la calle ” de Tánger. Donde es fácil verlos, cerca del centro de la ciudad, en la conocida por todos los españoles como la “ calle de los populares ” ; merodeando por los restaurantes baratos de comida típica marroquí. Casi siempre hay algún comensal que los invita a un plato de ” cuscús” ; una ” baisa ” ( puré de habas ) o tajín en sus distintas variedades ( de pollo , de cordero, de atún, de sardinas, de verduras ; etc ). Algunas veces, los camareros les sacan un plato par aliviar el hambre que arrastran, después de pasarse el día, esnifando disolvente de pintura.
Son críos que llegan a Tánger desde zonas muy pobres del interior de Marruecos, con la única idea de colarse en los bajos de los camiones y autobuses que cruzan en barco hasta España. Año tras año, llegan a centenares por esta vía.( el Ministerio de Interior no proporciona datos ). Me estoy refiriendo a críos de 12 – 13 – 14 años, que no suelen conseguirlo a la primera y hay quien ha fracasado hasta en cinco ocasiones.
Pero no desisten por ello, aunque se lleven, de vez en cuando, la sorpresa de que cuando se meten en los bajos de un autobús, haya ya alguien dentro. Y para que nadie les quite el sitio, se introducen cuando el vehículo entra en el puerto, con el inconveniente de que les puede llevar una semana recorriendo Marruecos y los pillan cuando el autobús o el camión va a embarcar. Si logran pasar desapercibidos por el escáner, los huelen los perros.
Están dispuestos incluso, a morir. Como así ha ocurrido en los meses de febrero y abril del pasado año 2.018, cuando fallecieron dos menores en la zona de embarque del Puerto de Ceuta, al ser atropellados por los movimientos de los camiones y a pesar de ser una zona de acceso restringido pero que decenas de niños frecuentan para intentar colarse.
Desde principios de 2.018, además de las medidas policiales, se puso en marcha un Proyecto de Prevención de la Delincuencia de Menores Extranjeros Solos en las Calles de Ceuta ( PREMEDECE ) que permite a un grupo de psicólogos y trabajadores sociales, relacionarse a diario con los menores que viven en la zona portuaria.
Su objetivo es prevenir la delincuencia y la victimización de los mismos, a través de atención personal y especializada, sobre los jóvenes que rechazan las medidas asistenciales que ofrece la ciudad ; la inadaptación al internado de los Centros de Menores ; los atractivos de la calle…..
Hace tiempo ya, como tres o cuatro años que, las guirnaldas llenas de bombillas azules, rojas y amarillas ; empezaron a desaparecer de las carreteras españolas. El fenómeno de la prostitución se ha ido desplazando a viviendas en detrimento de los clubes y la práctica callejera.
Esta nueva realidad constituye una preocupación en las ciudades cuyos Ayuntamientos tratan de hacer frente porque al ocultarse en domicilios particulares complica la erradicación de la trata de blancas ( explotación sexual de personas ahora, antes solo mujeres ).- La proliferación de Ordenanzas Municipales que sancionan al cliente, tiene como objetivo acabar con este negocio o, al menos, frenar su expansión. Aunque el reto es muy complicado porque el marco normativo lo dificulta.
Desde los Ayuntamientos, vigilan los incumplimientos de la Ordenanza específica contra la prostitución y esa presión ha sido fundamental para cerrar algunos locales de alterne, pero acceder a un domicilio es otra cosa. Es muy difícil, teniendo en cuenta además que la prostitución no es ningún delito.
Las consecuencias inmediatas que está teniendo el auge de estos lugares clandestinos son varias. Los investigadores de la Policía encargados de estos asuntos, asumen que, de esta manera, se complican las operaciones policiales contra las mafias y proxenetas que se lucran de la explotación sexual de las personas. La recogida de indicios de que en el interior de una vivienda se está obligando a alguien a ejercer la prostitución, es el primer obstáculo que hay que vencer para conseguir convencer a un juez para que autorice la entrada y registro.
Los otros afectados son los vecinos que, de la noche a la mañana, se ven obligados a convivir con un burdel en su comunidad. Ellos son los que, en muchas ocasiones, revelan la ubicación de estos prostíbulos ocultos. Desde el año 2.013, la Policía tiene habilitado un teléfono exclusivo ( 900.10.50.90 ) y un correo electrónico ( trata@policia.es ) y desde entonces se han recibido más de 7.000 denuncias.
No existe todavía ningún censo del número de viviendas que operan como lupanares. Es un dato impreciso porque a las casas de citas que controlan los proxenetas, habría que añadir aquellas otras en las que voluntariamente trabajan chicas que deciden ejercer la prostitución. No es ningún secreto que hay estudiantes que se pagan la carrera ejerciendo de chicas de compañía. Tampoco es un mito.
No sé si quedará algún barrio de las ciudades que se escape de tener en su vecindario alguno de estos establecimientos clandestinos. Da igual que se trate de casas situadas en zonas de clase media o alta que viviendas modestas que tienen una clientela con un poder adquisitivo bajo. Es llamativa la irrupción de los jóvenes como consumidores de sexo de pago.
Poe eso no hay que dejar de insistir en otra de las vías que hay para acabar con este negocio: la concienciación a través de campañas para intentar formar una sociedad más justa e igualitaria, en la que no se cosifique a la mujer, ni se entienda como normal que alguien pague por tener sexo con otra persona. Sobre todo los más jóvenes que no deben de normalizar esa conducta.
Hay casos en los que la discreción impera y estos negocios apenas generan conflictos con su vecindario pero en otras ocasiones, la convivencia se pone en riesgo y los restantes propietarios se preguntan que deben de hacer porque no quieren estas cosas y es hora de tomar decisiones.
Entonces llega el momento de aclarar algunos conceptos básicos que sirven para afrontar este problema. Para empezar, no se puede actuar contra estos negocios si no generan molestias al vecindario. Una comunidad no puede prohibir que se ejerza la prostitución en un piso porque en sí no es una actividad ilegal.
Lo que está penado es el proxenetismo y la explotación sexual. Lo habitual es que las quejas vecinales aumenten cada día debido a los errores que cometen los clientes al llamar al portero electrónico a horas intempestivas; ruido en los pasillos; encontronazos con los vecinos; peleas…Es importante llevar la cuenta de todas estas incidencias, incluidas las correspondientes llamadas a la Policía.
También hay que alertar al propietario porque la mayoría de ellos desconoce la actividad que se está ejerciendo en su piso. Un método disuasorio que ha demostrado su eficacia es la instalación de cámaras de video vigilancia en la entrada, pasillos y ascensores porque, normalmente, los clientes son muy celosos de su intimidad y cuando ven que pueden ser grabados entrando en un prostíbulo, dejan de acudir y el negocio cierra.
La gente piensa -en general- que, el tráfico de personas y la explotación sexual es algo muy lejano y que no va a pasar en su edificio o en su barrio y claro, se equivoca. Conforme más conscientes seamos de que se trata de un problema global y de que no debemos de mirar para otro lado, se avanzará en su supresión.
El pasado 23 de septiembre, se celebró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños. Una fecha que se viene celebrando desde 1.999 y que recuerda la primera ley que se promulgó en el mundo contra la prostitución infantil. Fue en Argentina y salió adelante el 23 de septiembre de 1.913. En España, no es hasta el 2.010 cuando se hace una diferenciación penal entre la trata de seres humanos y la inmigración clandestina, reservando un tipo penal para perseguir lo que se puede denominar como la esclavitud del siglo XXI.
Este verano, la atención informativa -especialmente las televisiones- han puesto su punto de mira en la ocupación de viviendas. La consecuencia ha sido la esperada : gran alarma social. Hay dos vías para comprobar estas informaciones y son : los datos y el análisis de los expertos. Ambas indican que los temores no están del todo fundados.
Las cifras del Ministerio de Interior muestran un repunte reciente en las denuncias de las ocupaciones de inmuebles. Así, en los primeros seis meses de este año 2.020, hubo 7.500 denuncias, frente a las 7.093 del año pasado, en igual período de tiempo. Y si en todo el año 2.019 fueron 14.621, en 2.018 fueron 12.214. A la vista de estos datos, la sensación de alarma es infundada. Los expertos indican que, estas cifras hay que aceptarlas como normales en situaciones de crisis como la que estamos viviendo.
Las viviendas que utilizamos en nuestra vida normal, tales como el domicilio habitual, la casa de la playa o de la sierra o del pueblo y que por lo tanto están a nuestra disposición, constituyen domicilio y cualquier extraño que entre en ellas -por la vía que fuere- con la intención de permanecer en su interior, está cometiendo un delito de allanamiento de morada, penado con prisión y puede ser desalojado por su legítimo propietario o por la Policía, sin que sea necesario autorización judicial alguna porque está perpetrando un delito flagrante ( entra y se queda ).
No hay que guardar ningún plazo de tiempo y se puede hacer -si fuera necesario- empleando la fuerza mínima indispensable. Si lo hace el propietario, podría estar incurriendo en un delito leve de la realización arbitraria del propio derecho -sancionado con multa- que podría considerarse justificado por la legítima defensa o en estado de necesidad, circunstancias ambas eximentes en el vigente Código Penal.. También el desalojo lo puede hacer la Policía porque no existe plazo alguno marcado por Ley. Además se llevarían detenidos a los ocupantes, que pasarían a disposición judicial.
Otra cosa es cuando se ocupa una casa que lleva tiempo deshabitada -incluso años, sin que aparezca nadie por allí- en la que no viviera nadie de forma permanente, ni por temporadas, ni por vacaciones. O en pisos en construcción o terminados y no entregados aún a sus propietarios. En este caso, el ocupante habría incurrido en un delito de usurpación, que no tiene pena de prisión sino de multa.
Aquí la actuación policial es más cautelosa porque lo que está en juego no es el domicilio de nadie, sino la propiedad de un inmueble vacío. Por eso, quién la acredite debe de acudir a la vía judicial para dirimir su derecho. Lo normal es que el juez dé la razón al propietario pero tras un proceso que puede incluir la intervención de los servicios sociales para analizar la situación familiar de los ocupantes, especialmente si tienen hijos menores. La mayoría de las ocupaciones denunciadas son como esta última y las víctimas suelen ser entidades bancarias o financieras y entonces no estarían ocupando una vivienda sino un inmueble. Lo que no entra en el concepto de ocupación son los inquilinos morosos, los que por una razón u otra dejan de pagar el alquiler o los gastos de mantenimiento ( agua, luz, gas,…).
Los conceptos jurídicos mencionados hasta ahora, son todos ellos bienes amparados por nuestra legislación ya que vivimos en un Estado de Derecho. Los delitos de allanamiento de morada y usurpación siempre han estado recogidos en nuestro Código Penal y los derechos de propiedad y posesión están protegidos en el Código Civil; pero entonces : ¿ que es lo que está pasando ?. Pues que nuestro sistema jurídico es tan garantista que no toma decisiones drásticas cuando pueda existir un derecho, por mínimo que sea.
Por eso, todos los Cuerpos Policiales consideran esencial disponer de normas establecidas -a ser posible- por la Fiscalía General del Estado ( que con su titular actual es más del Gobierno, cada día que pasa ) para que sean comunes en toda España y así poder garantizar sus operaciones en este campo. Una unificación de criterios para hacer frente a este fenómeno que cada vez preocupa más a la ciudadanía y no tener que responder por ello -encima- ante los tribunales de justicia. Hasta ahora, se carecía de instrucciones comunes tanto para los fiscales territoriales, como para los protocolos policiales.
Las numerosas quejas de la población y de los Policías, unido a una creciente demanda social que se ha traducido en un aumento de denuncias y en la aparición de patrullas vecinales y empresas privadas que ejercen labores cuasi policiales; han forzado que la Fiscalía General del Estado dictara una Instrucción para que todos los Fiscales del territorio nacional trataran con el mismo criterio el fenómeno de la ocupación, sin abordar ningún cambio legislativo. Ordenando que se inste al juez la medida cautelar de desalojo, – bien por allanamiento de morada, bien por usurpación-; siempre que se cumpla una batería de medidas, entre las que destaca la denuncia previa y la acreditación de la propiedad. Esta posibilidad no afecta a las viviendas de entidades bancarias o financieras, salvo que concurran otras circunstancias excepcionales.
Tras esta nueva Instrucción, el Ministerio de Interior puso en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de ocupantes de inmuebles. La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas ( que se utiliza en la jurisdicción civil ) para proceder a la expulsión de los usurpadores, sin establecer ningún otro para que el propietario recupere lo que es suyo.
Si se trata de un delito flagrante de allanamiento de morada, se podrá desalojar a los intrusos y proceder a su detención, sin tener que pedir autorización judicial. Si se trata de un delito de usurpación y no es flagrante, habrá que solicitar el desalojo al juez. También menciona un refuerzo en la investigación de las mafias de la ocupación o los delitos conexos que, -aparecen en ocasiones-, como la defraudación del fluido eléctrico o las coacciones al resto de vecinos.
Esta disposición policial está firmada por el Secretario de Estado de Seguridad y se denomina Actuación de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles. Se trata de una Instrucción de obligado cumplimiento, fechada el pasado 17 de septiembre, un día después de la de la Fiscalía General del Estado.
Ambas Instrucciones han decepcionado -profundamente- a los profesionales policiales y las han cuestionado por ineficaces porque no solucionan el problema existente. El sindicato JUPOL, ( Justicia Policial ) del Cuerpo Nacional de Policía, ha calificado de venta de humo las dos Instrucciones y que no aportan nada a la operativa policial, pretendiendo con ello maquillar la inacción del Gobierno de la Nación. Desde otro sindicato policial, el SUP, ( Sindicato Unificado de la Policía ), se pide endurecer las normas actuales, especialmente las relativas a la usurpación, coincidiendo con las propuestas formuladas en el Congreso de los Diputados, por los grupos políticos PP, Ciudadanos y Vox, todas ellas rechazadas por la mayoría parlamentaria actual y que propició la formación de este Gobierno central. Y el sindicato de la Guardia Civil AUGC ( Asociación Unificada de Guardias Civiles ), lamenta que no se aclaran las dudas con las que se encuentran los agentes en estas actuaciones operativas.
Son críos que llegan a Tánger desde zonas muy pobres del interior de Marruecos, con la única idea de colarse en los bajos de los camiones y autobuses que cruzan en barco hasta España. Año tras año, llegan a centenares por esta vía.( el Ministerio de Interior no proporciona datos ). Me estoy refiriendo a críos de 12 – 13 – 14 años, que no suelen conseguirlo a la primera y hay quien ha fracasado hasta en cinco ocasiones.
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