¿ SE HA ACABADO EL PROBLEMA CATALÁN EN ESPAÑA?.

Tras el golpe de estado secesionista de octubre de 2.017, el separatismo catalán se ha ido introduciendo de manera terrible en todos los sectores sociales de aquel territorio tan español donde las presiones siguen siendo brutales. Lo lamentable es que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez no tenga frente al independentismo una postura clara y coherente de defensa de Estado de Derecho.

La situación en Cataluña se puede considerar que ha mejorado porque no existen las acciones radicales que se dieron en el año 2.017, ni se proclama la independencia en el Parlamento regional, ni se aprueban leyes de desconexión. Pero lo que ha hecho el secesionismo es ir entrando de una manera terrible en todas las áreas de la vida: en la escuela, en la administración pública, en las empresas, en las universidades, en los colegios profesionales… Ha establecido toda una campaña de penetración y esto hace que la vida cotidiana esté muy condicionada porque existen unas presiones tremendas dentro de estos ámbitos y en otros como la sanidad y la prensa.

Además, este secesionismo mayoritario en el Parlamento autonómico no lo ha sido nunca socialmente porque es un tercio del censo el que vota separatismo. Habrá que esperar a que se celebren las elecciones catalanas en 2025, en caso de que no haya adelanto electoral y el resultado de los socialista regionales ya que es el que puede decantar la balanza hacia un lado u otro porque nunca se sabe donde está.

La política del Gobierno central ha consistido hasta ahora en rebajar la tensión social en Cataluña impulsando los indultos y la reforma penal de la sedición y la malversación como manera de perpetuarse en el poder. Esa era su solución. Con alianzas con los golpistas catalanes, filoetarras de EH Bildu y antisistemas como Podemos ( sustituidos ahora por Sumar ) -vaya tropa- que son toda esa amalgama cuyo programa político consiste en desmontar la democracia que disfrutamos desde 1.978 cuando se aprobó la Constitución Española.

El problema es que para la sociedad catalana no lo es. Es necesario que haya un Gobierno central que entienda lo que está sucediendo en Cataluña y que para encauzar bien las cosas que no dependa de las exigencias del independentismo, ni de los herederos de ETA, ni del populismo de Podemos o de Sumar.

Por mucho que expresen los voceros del Gobierno central, con su Presidente a la cabeza, el proceso de autodeterminación catalán no ha terminado sino que ha cambiado, ha mutado.; con arreglo a lo que está sucediendo. Ellos no van a dejarlo porque es su programa político. Uno de los problemas que presentan es que se les haya dejado tener un mayor peso político del que social y políticamente tienen, gracias a un sistema electoral que se blindó con el Estatuto de 2.006 a partir del que las circunscripciones en las que el secesionismo pueda tener mayoría, su voto vale casi tres veces más que en otras donde no tienen esa representación por lo que con un tercio del censo de votantes tienen una sobrerrepresentación brutal con la que consiguen mayorías absolutas prácticamente.

Por otro lado, como tampoco existe un sistema electoral donde se mida por provincias; ocurre igual con su exceso de representación en el Congreso de los Diputados y es ahí donde pueden hacer todo el chantaje que estamos viendo y que el Gobierno de la Nación se deje hacerlo.

Respecto del uso del castellano que es perseguido en todo el territorio catalán con una saña enfermiza, está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir, al menos, el 25% de las clases en la educación en castellano. El Tribunal Supremo confirmó en su sentencia que se conoció el 23/11/2021 que el 25% de la enseñanza tenía que ser en castellano.

Aquí hay un problema muy serio porque, además, contraviene a los propios tratados internacionales de los que España es parte. La Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias avala que en la enseñanza se utilice el bilingüismo y que no se discrimine a ninguna de las lenguas cooficiales porque las personas tienen derecho a expresarse en ambas y deben de estar en un plano de igualdad.

Respecto de Carlos Puigdemont, es evidente que se han tenido dificultades con jueces de Bélgica y Alemania porque desde la propia legislación española se les han dado facilidades pero desde otro lado, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDU ) han respondido hasta el momento, defendiendo el Estado de Derecho y dictando sentencias que han perjudicado al secesionismo.´

Las facilidades referidas antes están en una ley electoral que permite que personas procesadas por ataques al orden constitucional se puedan presentar. Si resulta que el propio Estado no se toma en serio esta cuestión, eso es un problema. Por otra parte, se ha eliminado el delito de sedición del Código Penal, se han concedido indultos…lo que evidencia los tumbos de la política errática del Gobierno central. Algunas instituciones europeas han realizado pronunciamientos en lo que lamentan que se haya hecho esto y probablemente lo vuelvan a condenar en su próximo informe sobre la situación del Estado de Derecho en España.

El pasado jueves día 9 de noviembre, se dio a conocer el contenido del Pacto del PSOE con Juntos por Cataluña causando una conmoción nacional el contenido del texto de cuatro páginas que va a permitir una nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno del Reino de España. El relato está lleno de olvidos, divergencias y faltas de claridad en un tema tan importante como la amnistía para todos los encausados por el Golpe de Estado de 2017.

Además contiene una Mesa de Negociación con un verificador internacional para el cumplimiento efectivo de lo acordado; el encaje de Cataluña en España como quieren los separatistas -referéndum de autodeterminación incluido- y una financiación singular para la comunidad autónoma que incluye la cesión de todos los tributos del Estado que se pagan en Cataluña.

Las redes sociales están ardiendo por los militantes de base de Juntos por Cataluña, expresando su desacuerdo con lo pactado y donde el debate es constante. Se quejan de que hay imputados que no desean la amnistía y ni siquiera se les ha consultado. Lo firmado con los socialistas es considerado como una salida personal para Puigdemont difícil de justificar ante sus bases.

La oposición política nacional con el Partido Popular ( PP) y Vox a la cabeza, están ayudando a dirigir la ola de protestas espontáneas de la población en general para que no se den escenas de violencia, ni enfrentamientos con la Policía. Las principales sedes de los socialistas en todo el territorio nacional son objeto diario de concentraciones ciudadanas que muestran su repulsa hacia lo que denominan humillación del Estado frente a los independentistas.

Dado que se han aceptado todas las exigencias de los golpistas y teniendo en cuentas las nuevas imposiciones que previsiblemente presentarán para la continuidad y estabilidad de la legislatura, de no remediarse, España llevará camino de ser distinta al sistema que ha permitido llegar hasta hoy, en paz y convivencia, durante las últimas cuatro décadas.