AUTOR: Juan Francisco Alcaraz Diaz, Comisario Principal ( Jubilado ) del Cuerpo Nacional de Policía.
Con el Presidente Sánchez, España ha dejado de funcionar. Ha incrementado ingentemente el gasto público, desperdiciando los miles de millones de euros de recaudación tributaria adicional, derivados de la inflación fiscal silenciosa con la que ha asfixiado más a los ciudadanos ya de por sí sometidos a un sistema recaudatorio confiscatorio, pero además de que dicho aumento del gasto ha sido un error porque lo ha dedicado a un uso inftuctuoso, a hacer de España un país de subsidiados, donde se dan pagas y ayudas económicas sin que en muchos casos sean necesarias; que incentiva la picaresca para no trabajar y vivir a costa de los demás con supuestos beneficios sociales que paralizan a la economía y suponen un coste imposible para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas ( pymes ) con un igualitarismo salarial que desalienta a los más preparados que tienen que emigrar a otros países, descapitalizándonos en talento humano, siendo sustituidos por mano de obra poco cualificada sobre la que no se puede asentar la prosperidad.
Todo ese gasto improductivo ha hecho que no aumente la inversión en empresas e infraestructuras que sólo requerían una mínima parte de ese aumento de recaudación ya que se disponían de 140.000 millones de euros en fondos europeos para relanzar la economía para lo que era necesario, pero como la acción productiva no daba votos al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez se ha preferido dejar a España sin cuidar de sus infraestructuras ferroviarias, de las carreteras, de los embalses y presas -algunos, incluso, han sido destruidos por fundamentalismo medioambiental-, y con una red eléctrica sometida también a dicho ecologismo radical que nos llevó al episodio tercermundista del apagón general del veintiocho de abril del año pasado.
Todo ello, en medio de una inseguridad jurídica creciente que ahuyenta inversiones productivas, envuelta en populismo y en interés personal, todo para mantenerse en el poder, al igual que las concesiones en financiación a los independentistas catalanes, a costa del resto de españoles, las transferencias de competencias en Seguridad Social a los nacionalistas vascos o la legalización de más de un millón de inmigrantes para contentar a los comunistas de Podemos, con su efecto llamada que constituye un grave problema con sus costes asociados derivados de la entrada de los mismos en el paraíso del subsidio que ha establecido Sánchez en España.
Se está instalando en la sociedad el sentimiento de que hay una España que trabaja y otra que se dedica a vivir a costa de la primera, la cual ya no da más de sí para mantener la economía. El problema es Sánchez y su socialismo extremo. Por eso, las formaciones políticas de la oposición tienen que tener como primer objetivo echar a Sánchez y a las políticas dañinas que ha implantado en España y, después, discutir sobre el programa de gobierno pero lo esencial es desalojar a P.S.porque España necesita recuperarse, para lo que los partidos de la derecha deben colaborar y aparcar diferencias personales porque es lo que quiere la inmensa mayoría de sus votantes.
Consumada ya la hecatombe política del mismísimo Presidente del Gobierno por su implicación personal en las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía –una mera traslación a las urnas del trato que la gente le dispensa en las calles, en donde suele ser recibido con abucheos, insultos y demás improperios–, los más próximos a él han puesto en marcha una operación para atornillarle el máximo tiempo posible en el cargo con la esperanza de que el temporal amaine. Dicha operación se podría llamar Salvad al Presidente Sánchez, y abarca numerosas acciones no por manidas menos sorprendentes en algunos casos.
La primera de todas, consiste en seguir repartiendo entre los nacionalistas catalanes y vascos toda suerte de dádivas a cambio de recibir su apoyo a alguna ley con la que luego poder alardear ante la opinión pública. Entran aquí en juego, desde la nueva financiación territorial regida por la ordinalidad que beneficia a alguna autonomía y asfixia a otras, hasta las medidas de gracia a terroristas con pasado sangriento, como el militante de ETA, Garikoitz Azpiazu Rubira, alias Txeroqui, que quedó libre de lunes a viernes -pese a ser condenado a 400 años de prisión- para realizar labores de prefabricado voluntariado social. Camino seguido por otras tantas decenas de compañeros de militancia y atentados.
La segunda acción de este plan de salvamento es exprimir al máximo el marketing político, prodigando los anuncios grandilocuentes y las cortinas de humo de sesgo ideológico para no perder más electorado aún entre los afines desencantados. Se encuadran aquí, por ejemplo, las amenazas a los centros privados de Formación Profesional o el enfrentamiento con las grandes plataformas tecnológicas para vetar el acceso de los menores a sus redes sociales y poner de paso la semilla de una futura censura de las opiniones críticas con el poder establecido y que no es otro que el poder totalitario.
Y la tercera y última habría que desdoblarla. Por un lado, no deja de resultar llamativo en este sentido que el presidente de un país en el que la pobreza infantil no para de crecer, como revelan los propios datos oficiales de perceptores del Ingreso Mínimo Vital o que permite abortar a las menores sin necesidad de permiso paterno, trate ahora de erigirse en protector de la juventud vetando su entrada en X o en TikTok, la red favorita, por cierto, de Sánchez y sus ministros. Al paso que va España, no hará falta norma que lo prohíba porque cada vez menos menores tendrán acceso a internet al no poder pagárselo sus progenitores.
Y por otro, dentro de esta acción estratégica para salvad al Presidente, entran también las inauguraciones fantasmas, como la que ya protagonizó el propio Sánchez en el Hospital de Melilla ( 02.06.2025 ) antes de que tuviera actividad clínica, siendo por ello objeto de escarnio, o la más próxima de la Operación Campamento, ( 12.01.2026 ) con máquina de demolición incluida que desapareció en cuanto se fueron las cámaras de televisión. Otra parte importante de la operación Salvad al Presidente Sánchez pasa por caricaturizar al enemigo y echarle a los perros para dar la impresión de que huye.
Con esta estrategia, Sánchez se propone terminar la actual legislatura. Su hoja de ruta no se ha movido ni un milímetro y las intoxicaciones informativas del Palacio de la Moncloa de los últimos semanas, insinuando que en marzo próximo podrían convocarse las elecciones generales, ha sido una jugada más de despiste del aparato de agitación y propaganda sanchista.
La calidad democrática española ha sufrido un importante deterioro en este último mandato y por eso la mayoría absoluta del pleno del Congreso instó el pasado 24 de junio al Presidente Sánchez a someterse a una cuestión de confianza o a convocar elecciones generales, lo que, en términos prácticos, supone la pérdida de legitimidad de ejercicio de Gobierno. Pero la respuesta del grupo socialista fue una carcajada que es como entienden estos diputados el juego democrático. No cayeron en la cuenta de que reírse de los representantes del pueblo en el Parlamento equivale a reírse de los ciudadanos.
Lo que le queda por delante a España es desalentador. Los que fueron socios de investidura irán marcando distancia hasta terminar confrontando con el PSOE y las novedades judiciales, probablemente protagonizadas por nuevos arrepentidos que no desean acabar pudriéndose en prisión, terminarán de hundir al partido socialista que ha optado por la inmolarse junto a su líder como se pudo ver el pasado sábado, día 27 de junio en la reunión de su Comité Federal en la que le otorgaron un cheque en blanco para continuar con su dirección caudillista y se arrodillaron ante los escándalos de corrupción sanchista como si la cosa no fuera con ellos….
Sánchez admitió ante el Comité Federal del PSOE un único caso de corrupción que afecta a la Secretaría de Organización’ del partido, protagonizado por personas concretas que se aprovecharon de sus posiciones Tras la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, el pasado día 2 de julio, por sus vínculos con las cloacas del PSOE, el partido ya tiene 16 causas judiciales abiertas con 123 investigados. Incluyendo a 42 socialistas con cargos en las instituciones». Sánchez da orden de cerrar filas y evitar dimisiones tras un hecho de esta gravedad. Hoy, el PSOE puede presumir ampliamente de tener más imputados que diputados en el Congreso de los Diputados.
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