Observo, gratamente sorprendido, las Conclusiones del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la Unión Europea para este año de 2018 ; hasta el extremo de que no me puedo sustraer a la tentación de traerlas a este espacio para conocimiento general y traslado de la satisfacción que yo he sentido.
Pero vayamos al grano. La edición de este año, mejora la nota de España en el conjunto de indicadores sobre la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de la Unión Europea ( UE ) y la coloca en la media de los Estados miembros.
En el estudio destaca la accesibilidad del sistema de justicia y por la calidad de la asistencia jurídica gratuita, garantizada para todos los ciudadanos que se situen un 40 por ciento por encima del umbral de la pobreza, marcado por Eurostat ( Oficina Europea de Estadística ) ; un nivel sólo alcanzado por Dinamarca.
En el estudio, se debate un año más, sobre la homologación de lo que se consideran jueces puesto que en nuestro caso, no incluye a los Letrados de la Administración de Justicia, ( los Secretarios de los Juzgados ), cuyas competencias las realizan jueces en otros países, así como el caso de las sustituciones por jueces no profesionales.
En materia de eficiencia jurídica, el informe de Bruselas es muy positivo para España en cuanto a la tasa de resolución de asuntos civiles, mercantiles y administrativos y la sitúa en términos generales en quinta posición, por delante de sus principales socios europeos. Así, con un porcentaje del 104,6 , los juzgados españoles resuelven un 4,6 por ciento más de lo que ingresan. Respecto a 2017, se reduce el tiempo de respuesta de los asuntos judiciales en Primera Instancia, que en el caso de España es de 227 dias, mejorando los indicadores de Francia, Italia y Alemania.

En materia de gasto realizado por las administraciones públicas en el conjunto del sistema judicial, España aparece por encima de los 75 euros por habitante, a la par que Dinamarca y Finlandia que registran valores semejantes.
En general, el nivel del gasto en el sistema judicial se ha mantenido estable en la mayoría de los Estados miembros, pero existen grandes diferencias entre los países. Desde 2007, 16 Estados miembros, han utilizado Fondos Estructurales y de Inversión Europeos ( ESI ) para mejorar la eficacia de sus sistemas de justicia. Entre 2007 y 2023, estos Estados miembros habrán gastado más de 900 millones de euros para aumentar la eficacia y mejorar la calidad de sus procedimientos judiciales. La mayoría utilizó los fondos ESI en una serie de actividades, mientras otros pocos se centraron en una solo objetivo.
De esta forma, España y Portugal, asignaron los fondos exclusivamente a la digitalización y a las nuevas tecnologías de la información ( TIC ) ; mientras que Croacia y Malta, a la formación y a la sensibilización. Muchos de los Estados miembros que han empleado una parte significativa de sus Fondos para TIC y digitalización, están entre los que las emplean para intercambiar información entre tribunales y abogados.

Por otra parte, el informe explica que la percepción de la independencia del Poder Judicial por parte de la empresas ha mejorado o se ha mantenido estable en, aproximadamente, dos tercios de los Estados miembros, con respecto al año anterior aunque también ha empeorado en algunos países.
Este sería el caso de España que, según los datos de percepción negativa de los ciudadanos recogida en el Eurobarómetro ( encuesta donde los ciudadanos europeos expresan sus prioridades y deseos ) ocupa la sexta posición tras, Croacia, Eslovaquia, Bulgaria, Italia y Eslovenia.
Tanto los ciudadanos como las empresas consideran las presiones o injerencias por parte del Gobierno y los políticos, como la causa principal de la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces.
Además y por segundo año consecutivo, España aparece junto con Francia, como únicos países en los que el consumidor no tiene que abonar una tasa para iniciar un procedimiento judicial.
También en el capítulo de accesibilidad, España obtiene buena nota en implementación y disponibilidad de medios electrónicos al servicio de la Justicia y se sitúa en la octava posición, por delante de países como Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica o Italia.