El pasado 21 de abril, la Comisión Europea, decidió limitar el uso de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, como es la identificación facial. Esta norma ha sido respaldada por los expertos que alertan que, aunque estas tecnologías pueden proporcionar beneficios, también pueden atentar contra los derechos de los ciudadanos.

No se trata de prohibir directamente la vigilancia masiva de personas, en tiempo real, en lugares públicos pero sí de limitar su uso a determinadas circunstancias, previamente autorizadas por un juez, como podría ser: buscar a un niño desaparecido, prevenir una amenaza terrorista específica e inminente o localizar al autor de un hecho grave. El reconocimiento facial se quiere utilizar para un hecho concreto bajo control judicial, pero no como rutina.

La inteligencia artificial, es una tecnología que se encuentra en pleno desarrollo y que tiene sesgos y fallos importantes, siendo además muy intrusiva con la privacidad de las personas. Por eso, permitir la video vigilancia con cámaras de reconocimiento facial en los espacios públicos, podría vulnerar el derecho de las personas a la privacidad.

De hecho, en algunos países como China, usan esta tecnología para vigilar a sus ciudadanos no solo es los espacios públicos, sino también en los semáforos. En Londres, la Policía la emplea para combatir el crimen. En la Unión Europea ( UE ), esta herramienta que recoge datos biométricos, está regulada por el Reglamento General de Protección de Datos ( RGPD ) aprobado en 2.018 y que impide el uso indiscriminado de los datos personales con fines lucrativos.

En España, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Privada, en el año 2.014, la Agencia Española de Protección de Datos ( AEPD ) emitió un informe en el que mostraba su preocupación por la posibilidad de que esta norma permitiera usar sistemas de reconocimiento facial; advertía de los riesgos que implicaba contra los derechos y libertades fundamentales de las personas y apuntaba que los errores cometidos por los sistemas biométricos ( características físicas) podían tener graves consecuencias para las personas.

Y es que, mediante una aplicación informática, esta tecnología compara los rasgos faciales y la complexión corporal de una persona, con una base de datos previamente confeccionada que probablemente contenga fotografías y datos físicos de delincuentes comunes y nos podría confundir si nos asemejamos a cualquier criminal al identificarnos como la persona buscada.

El problema está en que este instrumento técnico aún no es perfecto y tiene aspectos que hay que desarrollar más. Por eso cualquier alerta que diera podría ser un error, con la trascendencia que eso tendría para la persona señalada. Todavía es pronto para dejar esta tecnología solo en manos de la inteligencia artificial y debe de seguir supervisada por humanos.

No se trata de combatir los posibles beneficios que puede proporcionar la inteligencia artificial sino la mala utilización que se haga de ella , que no respete los derechos y libertades o conduzca a situaciones de abuso. De momento, las empresas y organizaciones que utilizan estas tecnologías, se están adaptando a las nuevas circunstancias, trasladando estas novedades a sus respectivos códigos de conducta y ética. Pero todavía quedan determinados aspectos poco claros que deben de ser regulados con penas de prisión o multas, a nivel nacional, dentro de los límites europeos establecidos, especialmente los que puedan vulnerar -de cualquier manera- los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Y ya que Europa ha perdido el tren para competir en el desarrollo tecnológico de inteligencia artificial, frente a los líderes actuales como China y Estados Unidos, parece mejor poner el interés en la protección de derechos de una manera ética y responsable.

Numerosos especialistas y observadores de la problemática que representan en España los Menores Extranjeros No Acompañados ( MENAS en el lenguaje policial ) se quejan de las cifras dispares del número de menores extranjeros que acoge nuestro sistema de protección, según la fuente consultada y el momento en el que se haga. Ello se debe a que hay un elemento muy importante que no se tiene en cuenta y es en virtud de esta situación por la que varía su número: la movilidad de los menores. Motivado porque se nos suele olvidar que, gozan de un sistema abierto en el que pueden salir a la calle a diario, con un horario establecido y que no todos los acogidos respetan.

En los últimos cuatro años ( 2.017 – 2.018 – 2.019 y 2.020 ) son cientos las desapariciones de menores extranjeros que no regresan al Centro donde residen porque muchos de ellos, mayormente adolescentes, se marchan a otras Comunidades Autónomas y hasta otros países, donde creen que van a disponer de mayores recursos y ayudas para conseguir sus fines. Hay niños ingresados de 50 nacionalidades distintas y las desapariciones voluntarias las encabezan los marroquíes, seguidos de los rumanos y españoles.

Este fenómeno empezó a adquirir tintes preocupantes en 2.018, cuando las oleadas de pateras colapsaron nuestra sistema de acogida y cientos de menores se agolparon en salas y pasillos, durmiendo tirados en el suelo. Y el último episodio -por ahora- se ha dado en Ceuta, cuando miles de niños y adolescentes pudieron atravesar la frontera el pasado mes de mayo, que gustosamente habían abierto las autoridades marroquíes.

Ahora, muchos de ellos, especialmente los magrebíes ( más los marroquíes ) utilizan los Centros de Menores como albergues para dormir o como turismo intercentros. El itinerario suele ser La Línea de la Concepción, Sevilla, Granada, Madrid, Bilbao, San Sebastián y Barcelona en el territorio nacional y Francia, Alemania y Suecia, a nivel europeo. Se van donde ellos consideran que van a estar mejor, según el boca a boca. Otros, los menos, vuelven cuando las cosas le han ido mal. Viajeros hay muchos por eso su control resulta tan difícil.

Las avalanchas del 2.018 hicieron desbordar el sistema de protección y el hacinamiento de las instalaciones produjo problemas de convivencia y circunstancias de tensión, dentro y fuera de los edificios, con numerosas solicitudes de auxilio policial. La situación ahora parece controlada pero la presencia de la Policía ha sido constante en los aledaños de los Centros. Los vecinos de los barrios próximos suelen estar bastante divididos entre quienes no quieren a los menores allí y desean que se marchen -los mayoritarios- ; los que se organizan para ayudarlos u otros que se muestran indiferentes.

Un reflejo de que la vida de los niños y adolescentes extranjeros transcurre a la vista de todos es ver como pasan sus dias en las aceras y los bancos de los jardines públicos cercanos a las instalaciones. Algunos de estos chicos, terminan escapándose en virtud de su proyecto emigratorio, No pueden ser retenidos porque la legislación española les reconoce la libertad de movimientos. Hay otros que, parece que se transforman porque han usado tres o cuatro identidades distintas, aprovechando que llegan a España indocumentados, interesadamente, para dificultar su edad y devolución a sus países originarios. Algunos son mayores en Cataluña y llegan a Madrid con otro nombre, afirmando ser menores. Todo esto genera un solapamiento de identidades que anima a pensar en las razones de las desapariciones.

El coste económico de una plaza para un menor -independientemente de su nacionalidad- corresponde en su integridad a las Comunidades Autónomas con carácter exclusivo, como así lo recogen todos los Estatutos de Autonomía. Su importe varía de una región a otra – lo que cada Comunidad apruebe- y no hay un patrón homologable. En la Comunidad de Madrid cuesta 4.203 euros, por ejemplo. Lo habitual es que cubran los siguientes servicios para los menores de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años : alojamiento adecuado, su limpieza, cuatro comidas diarias que respeten sus creencias religiosas y culturales; suministro de ropa y material de aseo ; sanidad completa más gastos médicos a nivel de gafas, sillas de ruedas, prótesis, ortopedia, odontología y ortodoncia ; así como la escolarización completa y el materia necesario. Más pequeñas aportaciones para gastos ordinarios que suelen ser 15-20 euros a la semana.

Finalmente, la Dirección de los Centros se encarga también de facilitar la comunicación de los menores ingresados -niños y adolescentes- con sus familiares de los países de origen para informarles de su situación y evolución del menor. Y desde luego, obtener la documentación necesaria para regularizar su estancia en España.

Según la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2.018, presentada públicamente en septiembre de 2.019, a 31 de diciembre de 2.018 había ingresados en  los diversos Centros de Menores de todo el territorio nacional 13.796 Menas. El gasto medio de una plaza en estos lugares se puede establecer en unos 150 euros diarios ( 4.500 euros mensuales )- existen instalaciones desde 50 a 300 euros diarios- lo que daría un resultado de casi 800 millones de euros anuales ( exactamente 744.984.000 euros ).

Según el último informe publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, correspondiente a 2.019, de los 23.209 niños acogidos en Centros u otros recursos residenciales, el 59,5% eran extranjeros (13.809 ).

El prestigioso informe cuadrienal del Instituto de Calidad de Gobierno, dependiente de la Universidad de Gotemburgo ( Suecia ) y apoyado por la Comisión Europea, ( ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa de la Unión Europea ) valora los niveles de calidad de los distintos gobiernos regionales europeos, a través de la percepción que de ellos tienen sus propios ciudadanos. En el hecho público el pasado 28 de mayo, afirma que Cataluña es la región más corrupta de España, según afirman los propios catalanes, dando un nuevo varapalo a las fantasías separatistas acerca del buen gobierno y eficaz gestión.

Con voces tan cualificadas como esta, Cataluña tiene poco que celebrar y su reciente investido Presidente, Pere Aragonés, tiene mucho trabajo por delante para mejorar los niveles de sensación que sus conciudadanos tiene sobre las instituciones que dirige.

El estudio, evalúa tres tipos de impresión ciudadana hacia sus respectivos gobiernos regionales: la imparcialidad, la corrupción y la calidad de los servicios públicos, en salud, educación y cumplimiento de la ley. Con este sistema de análisis. los investigadores universitarios acaban realizando una lista con todas las regiones europeas, para estimar la apreciación ciudadana hacia unas administraciones en teoría más cercanas que sus Gobiernos centrales.

Y es en esa clasificación, donde Cataluña aparece en la cola de las organizaciones españolas analizadas. La calidad democrática de sus propias instituciones es la peor de todas las españolas. La corrupción en los centros de poder catalanes es altísima, de acuerdo con lo manifestado por los ciudadanos allí residentes. Los desmanes causados por la familia Pujol -factótum independentista- parecen haber calado muy hondo en la sociedad, hasta el punto de considerar a sus dirigentes, como los más corruptos de España. Para encontrar unos niveles similares de percepción, hay que buscar en zonas del Este de Europa, en antiguos países subyugados por la bota soviética, como Hungría o Rumanía.

Pero las malas noticias para Cataluña no terminan con la pésima conclusión de este indicador. La región catalana, repite -con el dudoso honor- de ser la peor comunidad autónoma española también en la calidad de la prestación de los servicios. Los catalanes desaprueban con una muy mala nota, como sus instituciones son gestionadas, habiendo empeorado en relación con el informe anterior.

Resulta llamativo que, los habitantes de esta región española, valoren de manera tan despectiva este indicador cuando numerosos dirigentes separatistas han llegado a argumentar que -por ejemplo- en una Cataluña independiente, con la pandemia china hubieran muerto menos personas.

Sobre el indicador restante sobre la imparcialidad de las instituciones, el Gobierno catalán puede celebrar no figurar el último de la lista porque esta vez ocupa el… penúltimo puesto. Ahí, es superado por Andalucía aunque no por mucho. Esto es la consecuencia de la parcialidad que reciben los ciudadanos en cuanto a la manera de tomar decisiones que solo favorecen al proceso separatista en el que están embarcadas sus autoridades regionales. empeorando su opinión, también desde 2.017.

Este es el resultado de los tres indicadores y las puntuaciones conseguidas son muy malas. En el cómputo global, Cataluña no se encuentra igual que otras regiones europeas peor situadas, pero es muy destacable su posición, siempre en la cola, en comparación con el resto de las españolas. A la cabeza, País Vasco, La Rioja y Navarra, forman el trío mejor posicionado de las nueve regiones españolas que aprueban el comportamiento global y mejoran los resultados del anterior análisis, realizado en 2.017.