El rechazo de las instituciones públicas vascas a la selección española de fútbol dura más de medio siglo. Hay que remontarse a 1.967, para tener referencia de un encuentro del conjunto nacional en el País Vasco y desde entonces el agravio ha sido constante.

El último, se ha materializado al confirmar la UEFA ( Unión de Federaciones Europeas de Fútbol ) que Bilbao no será sede de la próxima Eurocopa, con arreglo al comunicado hecho público el pasado 21 de abril por las instituciones que integran el organismo Sede Bilbao ( Ayuntamiento, Diputación Foral de Vizcaya y Gobierno Vasco ) que se iba a celebrar en el estadio Nuevo San Mamés.

Las presiones y duras exigencias impuestas por el Gobierno regional, escudándose en motivos sanitarios, han hecho imposible que Bilbao acoja a la selección española de fútbol, como pretendía la UEFA, al incluirlo como una de las posibles 12 bases seleccionadas, tras 53 años de ausencia.

Sí, hasta en seis ocasiones. La última vez que el combinado nacional jugó en tierras vascas, fue el 31 de mayo de 1.967, en el viejo San Mamés, frente a Turquía, en un partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa de 1.968 que se iba a celebrar en Italia. España, se impuso por 2-0, con goles de los madridistas Grosso y Gento. Aquel fue el último de los partidos que España ha disputado en Bilbao y, pese a la victoria, no le sirvió para llegar a la fase final de la Eurocopa, entonces restringida a cuatro equipos. En San Mamés, España nunca ha perdido. El balance ha sido de 3 victorias y 3 empates.

Además de Bilbao, Fuenterrabía ( Guipúzcoa ) es la otra ciudad vasca que ha albergado un partido de la selección nacional que además fue el primero de su historia. Fue en 1.923, el 25 de mayo, en un encuentro amistoso contra Francia que finalizó empate a un tanto, resultado que se consideró un éxito. Desde entonces, el veto se ha mantenido a lo largo de los años.

Es conocido que, el combinado nacional no es bien recibido en amplios sectores institucionales y sociales vascos. No en vano, la izquierda separatista se ha encargado de realizar durísimas campañas contra lo que considera una herramienta para el adoctrinamiento político con el único fin de españolizar la región vasca.

La última prueba, ha sido la respuesta brutal de las juventudes de la izquierda radical e independentista, ante la selección de Bilbao como ciudad-sede, llenando el centro de la población con carteles de la imagen del capitán del equipo nacional, Sergio Ramos, pisoteada por el jugador francés Eric Cantona, con fondo del escudo de España. Sobre ella, una multitud con banderas vascas y el lema: ¡ No a esta Eurocopa !. Con la Tierra Vasca no se juega

Durante la final del Campeonato Mundial de Sudáfrica, en 2.010, donde España consiguió su primer trofeo mundial, la euforia que llevó a miles de ciudadanos a celebrarlo por las calles, en Bilbao apenas se dejó sentir y las autoridades tampoco lo promovieron. Los dos ayuntamientos principales de la región, el de Bilbao y el de San Sebastián, se negaron a sacar pantallas a la calle. En Baracaldo, las que se instalaron, fueron saboteadas. Lo que a los vascos les gustaría, es el reconocimiento de su propia selección y lograr el sueño de jugar contra España, como dijo el antiguo seleccionador del conjunto español, Javier Clemente, el pasado mes noviembre.

La decisión tomada por la UEFA, a la vista de la intransigencias vasca, de sustituir Bilbao por Sevilla, como sede para la celebración de cuatro partidos de la Eurocopa de Naciones, ha supuesto una enorme alegría para la ciudad andaluza y también para la afición a este deporte-rey existente en esta región tan española. El impedimento mayor, expuesto por las autoridades vascas de que, sus indicadores sanitarios de infección del virus chino, impedían que los encuentros se celebraran con público, como exigía la UEFA con al menos, un 30% del aforo, va a suponer que, por lo menos 16.000 espectadores puedan acudir -por partido- al estadio de La Cartuja sevillana. El Gobierno vasco, había exigido que, el 60 de su población estuviera vacunada y al no poderlo conseguir, no podía permitir el acceso de público al nuevo estadio de San Mamés.

La celebración de la Eurocopa en el estadio olímpico sevillano de La Cartuja, será el punto de partida de la auténtica recuperación del sector turístico de Sevilla, donde dejará un impacto directo de 61 millones de euros -según la estimación realizada por el Ayuntamiento de la ciudad- teniendo en cuenta el gasto en hoteles, restaurantes, comercio y transporte. La cifra se eleva a 203 millones, si se incluye la repercusión mediática, generada por las retransmisiones de los partidos que seguirán unos 5.000 millones de espectadores, según las previsiones.

El calendario previsto, establece que los partidos a celebrar en la capital andaluza, serán los correspondientes al Grupo C, en el que está incluida España, junto con Suecia, Polonia y Eslovaquia. El debut, será mañana, con un España – Suecia a las 21,00 horas. Espero que haya suerte….. y ganemos, claro.

Por si a alguien le quedaba alguna duda, el pasado día 18 del presente mes, el Gobierno regional vasco autorizó el regreso del público a las competiciones deportivas y abrir los estadios de fútbol, sin cumplir las exigencias que puso a la UEFA, estando peor los indicadores sanitarios. La decisión se ha tomado siendo la tasa de incidencia, las camas UCI y el nivel de vacunación más graves que las condiciones impuestas para ver a España en el Nuevo San Mamés.

¿ Cuántas líneas rojas nos quedan que cruzar en la degeneración de la salud democrática de la sociedad española ?. Cada día sucede más y por importante que parezca la última transgresión, la siguiente es peor. Me estoy refiriendo a utilizar el poder con el fin de aplicar un sesgo ideológico que discrimine a unos vecinos contra otros, para, en este caso, ponerles o no la vacuna contra la pandemia china.

Para hacer esto, hay que ser muy canalla y es lo que ha ocurrido en Cataluña, donde a finales del pasado mes de abril, el Gobierno autonómico catalán -entonces interino- postergó hasta lo máximo que pudo que se pusiera cualquier vacuna a los hombres y mujeres que integran el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Poniendo todo tipo de subterfugios y excusas para no convocarlos, como sí se había hecho con el resto de personal esencial: docentes, bomberos, policías autonómicos y locales. Todos los que necesitaban una rápida protección, porque están en la primera línea de riesgo, para contagiarse durante su labor profesional, con un virus que ya ha causado en España, más de 100.000 muertos aunque oficialmente no se admitan más de 80.000 fallecidos.

En un trozo de España, habita de nuevo entre nosotros, un hostigamiento inquisitorial perpetrado desde las instituciones catalanas, que son de todos, para negarles a un sector de la población, la identidad y los derechos más básicos, etiquetándolos de apestados.

El dato era palmario: habían sido vacunados el 80% de los componentes de la Policía Autonómica; el 79% de los agentes de Policía Local de Barcelona y el 74% de los restantes municipios catalanes, mientras que solo citaban al 9% de la Policía Nacional y el 6% de la Guardia Civil. Inmunizarlos, competía al sistema sanitario catalán, como a cualquier otro sector de la ciudadanía.

Han tenido que ser dos sindicatos policiales, JUPOL por parte de la Policía y JUCIL, por parte de la Guardia Civil, los que tuvieron que desvelar esta colosal inmoralidad, pidiendo amparo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el que tuvo que dictar una orden por la que le daba un plazo de 10 dias al Gobierno regional catalán para que se vacunara a un porcentaje idéntico de funcionarios policiales estatales, sean los que fueren.

La reacción de las autoridades catalanas, ha rozado el colmo del cinismo, acusando a la instancia judicial, de provocar que se retrasara la vacunación, a personas mayores de 70 años porque se verían obligados a atender antes a los policías y guardias civiles. Aunque han tratado de revertirlo como un error administrativo por la tardanza en recibir los censos correspondientes, se trataba, en realidad, de un acto de supremacismo, ejecutado con disimulo aunque no se hayan atrevido a realizar -pongamos por ejemplo- una consulta pública a la población catalana para que decidiera, si eran partidarios o no, de que se vetara vacunar a los vecinos que fueran policías.

Es muy fácil calificar como fuerzas represoras, a quienes trabajan como servidores públicos para garantizar la seguridad y para evitar los delitos y con qué celeridad los localizan los apóstoles del odio para que ayuden a salvar vidas, en una catástrofe o calamidad. Entonces son seres humanos que arriesgan su vida por el prójimo y como agradecimiento, quienes administran los organismos oficiales los castigan a estar más tiempo sin inmunidad y arriesgando sus vidas ante la amenaza del coronavirus chino.

A partir del pasado 3 de mayo y como consecuencia de la orden judicial, el Departamento de Salud catalán, comenzó a administrar la vacuna de Moderna a todos los funcionarios policiales del Estado destinados en Cataluña. El Ministerio del Interior, se vió obligado a preparar un plan alternativo por si el Gobierno autonómico iba a proseguir con el retraso en la vacunación, en una situación que calificó de disfunción, motivo por el que fue censurado por los partidos políticos de la oposición que le reprocharon su debilidad en la defensa de los derechos de Policías y Guardias Civiles.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, ha ordenado a la Policía Autonómica catalana que investiguen la denuncia presentada por los dos sindicatos policiales por los retrasos en la vacunación a sus afiliados, por si se hubieran cometido los presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores, en Auto de fecha 21 de mayo pasado.