EL COLAPSO JUDICIAL ESPAÑOL BENEFICIA A LOS CAPOS DE LA DROGA.

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Los grandes asuntos criminales que constituyen una verdadera amenaza no solo para el Gobierno de la Nación sino para el Estado español, son investigados y enjuiciados por la Audiencia Nacional en su sede de Madrid. Se encarga de tratar los delitos más graves que tengan connotación social. Entre ellos, el terrorismo, los grandes estafas económicas, el crimen organizado, los tráficos importantes de la droga y los delitos contra la Corona. Pero acumula tal cantidad de casos que el retraso que lleva ha llegado al colapso total.

Este bloqueo, retrasa la celebración de juicios hasta el extremo que peligra el tiempo que pueden permanecer en prisión los capos de la droga. La ley marca unos tiempos claros que no se pueden sobrepasar: cuatro años. Una vez cumplidos estos, deben de ser puestos en libertad. Hasta julio de este año se encontraban casi 200 capos en esta situación ( 198 exactamente).

Esta cuestión, se ha gravado después de la pandemia china porque durante ese tiempo las investigaciones apenas avanzaron y los juicios dejaron de celebrarse. El resultado de todo ello, ha sido el amontonamiento de los procedimientos que contienen las diligencias practicadas y las pendientes de resolver. Entre ellas, las órdenes de prisión preventiva de los posibles autores hasta que les salga el juicio.

En las causas de delitos por tráfico de estupefacientes, es muy común que hayan presos de este tipo, especialmente porque el riesgo de continuar con sus actividades ilegales o de destruir pruebas es bastante alto. Se trata de asuntos muy complejos que requieren bastante tiempo para cristalizar a los que se añade la tradicional falta de recursos -humanos y materiales- de los juzgados, por lo que no es difícil agotar el tope de años que marca la norma. Y si a esto se le suma la tradicional tardanza en señalar la vista de estos juicios, muchos acusados terminan en la calle. Y si hay que dejarlos en libertad, a continuación desaparecen.

Para la Policía, es frustrante que ocurran este tipo de cosas que se llevan por delante meses de trabajo duro y saben que luego, es muy difícil localizar a estas personas que acaban esfumándose de España. Mientras tanto, potentes despachos de abogados buscan recovecos legales para tratar de exculpar a sus clientes, siendo las dilaciones indebidas uno de los más utilizados.

La llegada constante de numerosos asuntos a la Audiencia Nacional indica que ya se ha quedado pequeña y que sus constantes peticiones de refuerzos al Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ) para desatascar el calendario y poder celebrar juicios, no pueden ser atendidas por la escasez de jueces y magistrados que al Ministerio de Justicia parece no preocupar lo más mínimo.

Pero la situación de este órgano judicial, no es una isla en el océano. Ocurre igual en las zonas más asediadas por el tráfico de drogas, donde la descoordinación interministerial frustra todos los esfuerzos realizados. Si el Ministerio del Interior multiplica su trabajo pero el de Justicia no le acompaña y deja el escenario como estaba, la suma no sale y las consecuencias ya se saben: colapso.

En marzo de este año de 2.022, el Ministro Fernando Grande Marlasca, presento el III Plan Especial del Campo de Gibraltar que estará vigente hasta el año que viene 2.023. Ya se aplicaba desde el año 2.018, como consecuencia de las quejas policiales por la escandalosa llegada a las costas gaditanas de las lanchas de hachís y este año se ha extendido a Sevilla, Granada y Almería. Va dotado de 35.346.400 euros para aumentar los recursos humanos y materiales.

Del análisis de las investigaciones policiales realizadas, se ha podido descubrir que los grupos criminales que operaban en estos territorios, habían diversificado sus actividades hacia otros fenómenos delictivos, complicando mucho más las operaciones y las Unidades no daban abasto. Si aumentan las intervenciones pero los juzgados son los mismos que además tienen que atender la criminalidad local, al final se producen los cuellos de botella que están echando por tierra toda la labor realizada.

EL CIBERCRIMEN EN ESPAÑA.

Al haber restricciones a la movilidad, confinamientos y toques de queda que obligan a una reducción de la estancia de personas en la calle, los delincuentes se han adaptado a las circunstancias y han recurrido a internet para tratar de hacerse con el dinero ajeno a través de las distintas modalidades de las estafas. Una de las consecuencias que está teniendo esta gripe china que nos está asolando, es el repunte de los delitos cibernéticos en España. Apuntalando así, una tendencia que se venía observando desde mediados de la década pasada.

Según indica el informe sobre el cibercrimen que cada año elabora el Ministerio del Interior, en el correspondiente a 2.020, la evolución no refleja más que la propia presencia de internet y las nuevas tecnologías en la sociedad española. El crimen avanza de la misma mano que lo hace la información. Si se multiplican las compras por internet y se puede hacer cualquier gestión a través de un teléfono móvil, también es normal que haya muchas más estafas por este medio que por las vías tradicionales y que se roben nuestros datos para fines ilícitos, con cierta asiduidad.

También se ha hecho una clasificación por provincias que lidera lógicamente Madrid, al ser la más poblada, con 48.678 casos; le sigue Barcelona con 35.708 asuntos; Valencia es la tercera, donde se registraron 14.525 denuncias; la cuarta es Islas Baleares, con 11.800 sucesos; Vizcaya la quinta con 9.985; a poca distancia de la sexta que es Sevilla, con 9.630 casos y Málaga, la séptima, con 9.183 casos.

El documento destaca en sus conclusiones que, se ha detectado un incremento de las acciones ligadas a actores-Estados, en el ámbito de operaciones de influencia, propaganda o desinformación. También que, ha habido una mejora significativa de las capacidades técnicas y operativas de sujetos ligados a la delincuencia económica, siendo una de ellas la de especialistas en el fraude a empresas y autónomos, que secuestran las bases de datos y aplicaciones informáticas, dejándolas inactivas, hasta que se pague el precio de su rescate.

El estado de la Cibercriminalidad en España (Datos y Análisis) | Colegio  Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid

En cuanto a las tendencias previstas a corto plazo, el Ministerio cree que el virus chino seguirá marcando muchos de los peligros y riesgos en los próximos meses, muchos de ellos relacionados directamente, con el aumento del teletrabajo. En este sentido, el mayor uso de soluciones, conexiones, herramientas, servicios y tecnologías para acceso remoto; videoconferencias y otros, generará que los ataques a estos entornos sigan creciendo, en especial a los sistemas expuestos públicamente.

El documento apunta que, es previsible que se incrementen las amenazas y debilidades relacionadas con redes o dispositivos personales ya que el objetivo no será otro que acceder a la infraestructura de la organización del empleado para conseguir fines diferentes, entre los que el ciberespionaje será uno de los principales. Siguiendo en el marco de la pandemia china, es de esperar que aumenten los ataques a empresas farmacéuticas, laboratorios de investigación de vacunas y víctimas relacionadas con el sector.

El Informe destaca que Interpol, saca cuatro conclusiones principales del efecto de la expansión de este virus, en la ciberdelincuencia en Europa. La primera es que dos tercios de los países miembros han informado del considerable aumento de dominios maliciosos, registrados con palabras clave como covid y corona, para sacar partido del creciente número de personas que buscan información por internet.

La segunda se refiere a los ciberdelincuentes, que están aprovechando la pandemia para lanzar ataques de secuestros de datos contra las infraestructuras esenciales e instituciones sanitarias encargadas de combatir el virus. La tercera es que, cada vez hay más casos de clonación de páginas oficiales de la administración pública para robar datos confidenciales de usuarios y después utilizarlos en ciberataques y la cuarta es que también han proliferado las campañas de usurpación ( phising ) que no son más que técnicas de engaño para obtener datos y contraseñas, encaminadas al fraude o la estafa.

El cibercrimen. Vivir en un mundo vulnerable - Forbes España

El documento ministerial, insiste en el aumento del trabajo telemático, como factor que influyó en las tendencias de la cibercriminalidad. Por eso señala que es necesario que todos los organismos, tanto públicos como privados, realicen una revisión de sus políticas de seguridad, con el fin de limitar o impedir, los accesos ilegales por terceros. En este campo, una de las técnicas más habituales es impedir la actividad normal de la entidad o se exige un pago por no desvelar secretos empresariales ( ransomware ).

Para luchar contra estos ataques, el Ministerio del Interior ha elaborado un Plan Estratégico con el objetivo de potenciar las capacidades para detectar, prevenir y perseguir esta modalidad delictiva y generar un nuevo impulso operativo que garantice la protección de los derechos y libertades y garantice la seguridad ciudadana.

Este tipo de delitos siguen siendo muy difíciles de esclarecer y de hecho, el porcentaje de casos resueltos es bastante bajo en comparación con otros delitos. Solo el 14% de las denuncias por internet se aclaran en España. El año pasado, hubo 11.280 detenidos e investigados en todo el territorio nacional por estas infracciones penales. De ellos, el 73,3% lo fueron por fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales. El grupo de edad más habitual es el comprendido entre los 26 y 40 años y la mayoría son españoles. Las víctimas de este tipo de delitos fueron 215.507, un 29,7% más que en el año 2.019