A estas alturas, es suficientemente conocido que, las medidas adoptadas para combatir la gripe china, pronto dejaron de estar relacionadas con criterios científicos, basadas en la evidencia de resultados, para ser dispuestas por razones políticas y de visibilidad. En general, el Gobierno socialcomunista que disfrutamos, ha hecho una gestión errática, de bajo perfil y poco transparente de esta pandemia que nos asola. Haciendo un ejercicio de memoria, todavía podemos recordar, el episodio de la pregunta al entonces Ministro de Sanidad, Salvador Illa, de quién formaba su Comité Asesor y el bochorno de su respuesta.

Por otro lado, el Gobierno fue incapaz de crear un marco legal adecuado que hubiera facilitado la puesta en marcha de las disposiciones más difíciles y evitado así que, las Comunidades Autónomas hayan tenido que peregrinar por los juzgados en busca de apoyo legal para su establecimiento. El Ministerio, también ha utilizado el Sistema Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como parapeto para evitar asumir el papel de dirección que, por otro lado, le corresponde por ley.

En una situación de pandemia, no se pueden adoptar decisiones técnicas que afectan a millones de personas, por votación simple de un organismo formado por políticos profesionales. Es como si un departamento político, decidiera por votación, si las neumonías bacterianas hay que tratarlas con Amoxicilina o con Azitromicina.

Durante los primeros meses de expansión del virus, hasta mediados de 2.020, se aprobaron restricciones completas para los ciudadanos que posteriormente fueron declaradas inconstitucionales, pero a partir del momento en que se necesitó convalidar esas medidas, en el Congreso, el Gobierno de Sánchez se inventó el concepto de cogobernanza, dada su minoría parlamentaria, que al final no fue más que transferir el problema a las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Sanidad desapareció de hecho y empezó a utilizar el Consejo Interterritorial de manera espuria, mientras se reservaba para sí, la toma de ciertas decisiones sensibles.

Por eso, se han cometido, posteriormente, varios errores estratégicos, según opinión de la comunidad científica, entre ellos el imponer el uso indiscriminado de mascarillas en los espacios exteriores, incluso aunque se pudiera mantener una distancia de seguridad y a las pocas horas, desdecirse, afirmando que esa medida había que modularla, en curiosa expresión de la actual ministra del ramo para salir del paso. Otro también fue, poner una dosis de refuerzo a las cuatro semanas de haberse infectado de manera natural y, de nuevo, rectificar a los pocos dias.

Estas decisiones y sus consiguientes correcciones, que mostraban claramente la falta de criterio técnico, han afectado seriamente a la credibilidad de las autoridades sanitarias y a la predisposición de la población para adherirse a esas medidas. Si tenemos una mortalidad, de las más altas de los países de nuestro entorno, a pesar de la doble contabilidad del Gobierno sobre la cifra real de fallecimientos y la que a él le conviene, es debido a que la dirección política de una epidemia se paga muy cara.

Recordaremos que, entre marzo y junio de 2.020, los hospitales carecían de los materiales de protección necesarios para poder atender a los enfermos que acudían y el Gobierno central se dedicaba a lanzar promesas de compras, conjuntamente con las Comunidades Autónomas, que nunca llegaban y a bloquear en las fronteras, los intentos autonómicos de hacerse con el material preciso. Por aquel entonces, ya se llevaban más de 30.000 fallecidos y el sistema sanitario seguía colapsado.

En las actas de los plenos del Consejo Interterritorial, publicadas por el Ministerio de Sanidad, aparece que, la primera vez que se ofrece información sobre la posible compra centralizada de materiales de protección ( PCR y fármacos ), fue el 25 de febrero de 2.020. En las siguientes reuniones, ya con los hospitales llenos y los fallecidos aumentando exponencialmente, Sanidad sigue hablando de esta conveniencia, sin ofrecer resultados de ningún tipo. Solo insiste que se está trabajando en ese sentido.

En las reuniones posteriores, el Ministerio siguió informando de los intentos de compra. En la reunión del 12 de marzo, el Ministro Illa anuncia que estaba pendiente de una compra conjunta, a nivel europeo, que garantizaba una importante cantidad de mascarillas para la semana siguiente ( 17 de marzo ), que nunca se recibieron. El Consejero de Andalucía se quejó de que el Gobierno central, le había incautado 150.000 mascarillas de un pedido suyo aún no entregado, dejándoles con material para solo cinco dias.

En la reunión del 17 de marzo, la Consejera de Sanidad de Aragón declara que su Comunidad, ha sufrido una incautación del 50% de las mascarillas que habían comprado y le pide al Ministro que se paren esas acciones. El Consejero de Extremadura, expresa sus dudas sobre si, realmente, se ha hecho la compra centralizada europea de materiales de protección. Según se ha sabido posteriormente, ninguna de estas intervenciones, aparece reflejada en el acta de la reunión de ese día.

Todos recordamos que, los primeros meses de expansión del virus chino, fueron un caos. Todas las Administraciones, Estatales, Autonómicas y Locales, trataron por todos los medios, conseguir el material necesario, especialmente respiradores y mascarillas, que tanta falta hacían en los hospitales, completamente desbordados por la situación. En esas circunstancias, el caos también se apoderó de las solicitudes de compras y, en muchas, ocasiones, se pagaron cantidades, especialmente altas por cosas que, en condiciones normales, se hubieran comprado mucho más baratas.

Ahí, abundaron los contratos sospechosos, cuyas irregularidades se fueron destapando con el tiempo, hasta el extremo que uno de los firmantes de los mismos, tuvo que dejar su puesto como director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ( INGERSA ), órgano incardinado en el Ministerio de Sanidad que entonces dirigía Salvador Illa, cuya pésima gestión provocó un tapón que obligó a intervenir al Ministerio de Hacienda y a los Gobiernos Autonómicos, a lanzarse por su cuenta, para la adquisición de equipos de toda clase, ante la grave situación por la que atravesaban sus centros médicos, al multiplicarse los contagios de enfermos y sanitarios.

En esta primera fase de la grave crisis de salud pública, Sanidad encargó a este departamento, la política de adquisición urgente de productos como geles, guantes y respiradores; pero el desconocimiento de sus responsables sobre el funcionamiento de los mercados internacionales, su lentitud en la toma de decisiones y la escasa dotación de personal, hicieron que durante meses, se formalizaran compras, bajo sospechas, por los altos precios pagados con dinero público o por los intermediarios elegidos, muchas veces desconocidos en el sector sanitario.

El procedimiento administrativo seguido, en gran parte de los contratos firmados, era negociado acelerado, sin publicidad, bajo la justificación de la situación extrema urgencia, motivada por la epidemia de covid-19 y la empresa adjudicataria, era la única que optaba al contrato. En muchas ocasiones, la publicación de estos contratos en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ), se hizo con meses de retraso.

Entre los disparates realizados, según aparecen en los 77 contratos elevados a públicos por el Ministerio, destacan sobreprecios millonarios a empresas desconocidas; adjudicaciones realizadas a empresas cercanas al pueblo del Ministro que han sido objeto de varias querellas de la competencia; gastar 577 millones de euros en proveedores inéditos en el sector sanitario; comprarle hisopos a una empresa jurídica por casi diez millones de euros; encargarle a una empresa de cal y yesos, respiradores por tres millones y medio de uros; pagarse la misma bata protectora unas veces a 0,32 euros y otras a 15,58 euros; geles desinfectantes, unas veces a 3.05 euros el litro y otras a 10,83; y todavía quedan más ejemplos que no voy a mencionar, para no aburrir al lector.

El pasado 11 de enero, el Gobierno regional vasco hizo público su estrategia que había empezado el día 1, para comenzar a excarcelar a los presos de ETA, tras haber asumido en octubre de 2.021, las competencias en materia penitenciaria, como precio pagado por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez al apoyo del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) en los Presupuestos Generales del Estado español para 2.022.

Con una retórica insultante para las víctimas de estos criminales, la Consejera de Justicia Vasca, Beatriz Artolazábal, anunció un primer plan, dotado de seis millones de euros, para empezar a sacar de prisión a estos terroristas y asignarlos a proyectos de reinserción social, sufragados con fondos públicos, para que sean una puerta hacia otra vida. No se puede elegir una expresión más ofensiva e indignante, si se tiene en cuenta que se está refiriendo a unos bandidos con casi mil muertes a sus espaldas.

También se refirió a esta infamia como una válvula de salvación para los mafiosos. Otra prueba más, de que ya no existe ningún reparo moral, a la hora de blanquear el pasado asesino de esta organización terrorista con todos los parabienes, incluido el Gobierno estatal que nos ha tocado soportar. Estando así, bastante claro que la intención es fomentar que, este tipo de reclusos, cumplan sus penas en régimen de semilibertad, realizando el mismo tratamiento penitenciario que el resto de reclusos comunes.

Los que tenemos memoria de lo que fue ETA y del enorme dolor que causó, no podemos tolerar esta agresión a la convivencia del Gobierno autonómico vasco, tratando a estos descerebrados como meros delincuentes comunes a los que hay que buscar una salida para su plena integración a la sociedad vasca. Luego se quejan de si el orden social actual está polarizado, que si ETA está desaparecida, que si hay que perdonar ( salvo que sean cosas de Franco, claro ) y otras tantas y similares excusas para encubrir su clara intención de poner en libertad a estos desnortados, tan lejos de su tiempo y lugar.

La cobertura que se les ha preparado a estos etarras es incluirlos en programas, proyectos y talleres en ámbitos tan genéricos como la artesanía, la logística, la atención sociosanitaria y los cuidados a la dependencia. Coartada jurídico-administrativa para acometer una decisión política, poner en la calle a asesinos que están realizando sus condenas pero que aún no cumplen las condiciones para acogerse a los previstos beneficios carcelarios, como es el tercer grado.

En el momento de difundir estas medidas, de los 84 presos de ETA, ingresados en las cárceles vascuences, 61 se encontraban en régimen ordinario; 14 tienen régimen abierto y 9 estaban en libertad condicional. Tienen previsto el acercamiento de 200 más, que se encuentran fuera del territorio vasco, para poner así fin a la politica de dispersión imperante hasta ahora ya que para el Gobierno autónomo, diez años después del final del terrorismo de ETA, no tiene razón de ser.

Todo esto, forma parte de la enconada lucha política, por ocupar espacio electoral independentista, entre el Partido Nacionalista Vasco y el partido político de ETA, Bildu. Ya lo advirtió Arnaldo Otegui que apoyarían al Gobierno de Pedro Sánchez para acabar la legislatura y así, posibilitar la excarcelación de todos los presos terroristas en un plazo máximo de cinco años. Y dado que Bildu es tratado en las instituciones del Estado como un partido político más y no como lo que son, los herederos de ETA, el PNV ha decidido impulsar los beneficios a estos presos para que Bildu no se apropie de todos los votos de los familiares y simpatizantes de estos criminales ( 249.580 votos, el 10,8%, en las Elecciones Autonómicas de 12 de julio de 2.020 ) que dieron lugar a 21 representantes en el Parlamento Vasco, de los 75 escaños en disputa .

Nada es casual y mucho menos, hay algún interés, en cumplir con la previsión de nuestro sistema penal, de orientar las condenas judiciales hacia la reinserción de los reos. Si fuese así, antes tendrían que indemnizar a las víctimas, colaborar con la justicia, pedir perdón y expresar un arrepentimiento público. Pero nada de eso está ocurriendo, ni va a ocurrir. Solo hay una conveniencia táctica del PNV, para hacerse agradable a una parte del electorado de Bildu, consciente como es de que en el PSOE ya nadie discute futuras alianzas políticas con Bildu y Podemos para conquistar el Gobierno vasco.

Más allá del fondo, las formas son hirientes. Si atender unas horas, a ancianos jugando al parchís o a las cartas, en las residencias o practicar la alfarería, por ejemplo; se van a convertir en asidero de los terroristas para redimir sus penas y regresar a sus casas, la coartada preparada no podía ser más burda. Aludir a actividades productivas de los presos, intensificando su formación, explorando sus habilidades y conocimientos y revirtiéndolas en su beneficio, es un verdadero insulto.

Lamentablemente, toda España sabe de sobra cuales han sido sus actividades productivas y sus habilidades: el tiro en la nuca, el coche bomba, el secuestro, la extorsión. Lo mínimo exigible, sería que cumplieran sus penas íntegramente porque cualquier proceso de reinserción exige una condiciones que ningún etarra cumple.