¿ POR QUÉ SALEN DE SU PAÍS LOS ARGELINOS EN PATERA ?.

Es abundante la indignación que despierta en un país rico en petróleo y gas como Argelia, el hecho de que miles de sus ciudadanos de toda clase y condición, pero especialmente los jóvenes, arriesguen sus vidas embarcándose en pateras para emigrar hacia Europa.

Son los llamados harragas , que significa los que viajan sin documentos, los clandestinos de toda la vida. También se les llama así a sus vecinos marroquíes que proceden de igual manera para escapar de su país.

Desde que la Agencia Europea de Gestión de Fronteras ( FRONTEX ) empezó a recopilar datos en el 2.009, hasta el año ( 2.018 ), 51.483 argelinos salieron de su país para entrar de manera irregular en Europa.

Este fenómeno, presente en los lemas de las protestas contra el régimen argelino, pese a la marcha del Presidente del país, Abdelaziz Buteflika, de 82 años de edad, que en febrero del 2018, intentó postularse para un quinto mandato; pone de manifiesto la debilidad de un sistema político que se dice partidario del Estado Asistencial.

Las gradas de los estadios de fútbol, se han convertido, en los últimos años, en uno de los mejores lugares para denunciar la desesperación popular. Mamá, ¿ dime por qué lloras ?; ¡ déjame huir y arriesgar mi vida ! cantaban los aficionados de ambos equipos contendientes durante el campeonato. Estas canciones pasaron a internet y ahora se coreaban en las concentraciones y manifestaciones contrarias al Gobierno, suspendidas por la pandemia.

En la oleada de pateras del pasado otoño, las redes sociales argelinas se llenaron de videos de hombres y mujeres que se echaban al mar, rumbo a España. Argelia, te dejo ; decía un harraga desde una patera. Para los argelinos, fue toda una novedad que, en esos videos aparecieran mujeres e incluso familias enteras.

Este acontecimiento de los videos también se producía en Marruecos, especialmente cuando una estudiante de 19 años, Hayat Belkacem, resultó muerta a consecuencia de los disparos efectuados por una patrullera de la Marina marroquí cuando trataba de emigrar hacia España, en una lancha-patera que la acababa de recoger en una playa cercana a Tetuán.

En la década negra de los años noventa del siglo pasado, cuando el país se encontraba inmerso en una guerra civil, no se produjeron casos de emigración en patera. Este fenómeno, se estima que comenzó a mediados de la década del 2.000. Desde que FRONTEX comenzó a recabar estadísticas, la cifra records de llegadas de irregulares a Europa, se produjo en 2.010, con 8.763.

A partir de esa fecha, se registra un lento declive hasta el año 2.014, con 973 entradas ilegales y después vuelven a salir de nuevo los argelinos hacia Europa, de manera irregular, coincidiendo con la bajada del precio del petróleo que redujo de manera notable los ingresos del país. Así, en 2.015 fueron 3.331 ; en 2.016, fueron 5.140; en 2.017, 7.443 y en 2.018, 6.411. En 2019, fueron 12.976.

Los que no pudieron ser devueltos a su país por cualquier circunstancia, se han sumado a los 676.666 argelinos que residen legalmente en Europa. En España, 59.487 y españoles en Argelia, 867.

Las salidas en pateras de los argelinos, a pesar de crecer año tras año, son todavía bastante inferiores a las de sus vecinos marroquíes, ya que solo en los anteriores cuatro años, han llegado a Europa de manera clandestina, 44.384 de estos últimos. Y en la última década suman 58.441, frente a los 51.483 argelinos.

También es cierto que, la distancia, la duración del viaje y el riesgo de morir, son bastantes menores desde las costas de Tánger ( a 14 kilómetros de Tarifa ) que desde Orán a Almería ( 215 kilómetros ).

Los poderes públicos argelinos, han recurrido a las mezquitas para intentar frenar las salidas de pateras y para que los imanes se pronunciaran en contra de la inmigración clandestina, durante la oración de los viernes.

También han hecho una campaña de mentalización del problema emigratorio y sus riesgos, en diversas localidades costeras desde donde salen las pateras. En ella se afirma que, en el año 2.018, fueron recuperados en las costas argelinas 119 harragas muertos, 96 se dieron por desaparecidos y 4.000 fueron rescatados. Aunque en estas cifras no se distingue entre argelinos y susbsaharianos, todo hace pensar que eran mayoritariamente argelinos.

Las rutas inmigratorias desde Argelia han encendido las alertas de las autoridades españolas y europeas porque ya son la primera nacionalidad -por volumen de llegadas- a España, en lo que va de año, a pesar de la pandemia, según un Informe de la Comisión Europea hecho público el pasado mes de mayo, con las cifras que facilita Frontex.

La ruta de pateras entre Argelia y España no ha parado de crecer desde agosto del 2019, lo que indica que el carácter estacional de esta ruta está cambiando y el aumento continuado de las llegadas desde Argelia marca un nuevo patrón.

Los números que se dan en el Informe citado, revelan ese cambio de tendencia. Hasta mayo de este año, las pateras procedentes de Argelia han supuesto el 46% del total de las llegadas por el Mediterráneo, porcentaje que en 2018 había supuesto el 5% y que en 2019 llegó a a duplicarse alcanzando el 10%.

Este goteo preocupa porque se da en un contexto en el que la inmigración se redujo un 50% en 2.019 y continúa cayendo en 2020 como consecuencia de las restricciones fronterizas impuestas en los países de origen y tránsito de los emigrantes. Sin embargo, los argelinos son la única nacionalidad que no disminuye, llegando este año en España a superar a los marroquíes, algo que no ocurría desde 2.016.

La explicación a todo esto sigue siendo la frustración política que afecta particularmente a los jóvenes argelinos, sumada a la difícil situación económica y las limitadas expectativas agravadas por la pandemia, lo que previsiblemente seguirá reforzándose como incentivo migratorio.

Durante estas últimas semanas se está produciendo la segunda oleada de pateras correspondiente a 2.020, en el Mediterráneo Occidental en lenguaje europeo y que para los españoles significa Murcia, Alicante y Baleares, con decenas de diminutas embarcaciones que ayudadas por el buen tiempo consiguen llegar a las costas levantinas.

Son centenares de personas, algunas de las cuales vienen infectadas por el virus y que obligan a las demás a guardar la obligatoria cuarentena en improvisadas instalaciones. El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros ( CIES ) ha supuesto su entrega a distintas organizaciones sociales que velan por su cumplimiento. y que en determinadas localidades ha dado lugar a protestas ciudadanas.

AVISO : SI LE MIRAS EL MÓVIL A TU PAREJA, PUEDES IR A LA CÁRCEL.

De mis lecturas y comprobaciones para la confección de este artículo concluyo que, dos de cada tres personas espían el teléfono móvil de sus parejas : les miran los mensajes ; las conversaciones en guasap ; el buzón de voz y hasta las fotografías.

Para muchos, se ha convertido en una costumbre alimentada por la desconfianza y por los celos, pero lo que desconocen es que mirar las aplicaciones de familiares, amigos, compañeros o, incluso hijos menores de edad, es un delito.

Y es que las redes sociales y dispositivos de mensajería, han convertido a la gente de a pie en vigilantes de otras personas sin que sean conscientes de que están cometiendo una infracción penal. Se trata de un acto delictivo que está recogido en nuestro ordenamiento jurídico.

El Código Penal español, castiga el descubrimiento y la revelación de secretos como un delito contra la intimidad, basado en el derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones y a preservar la intimidad personal. Según el artículo 197 del mismo, la pena puede oscilar entre 1 y 4 años de cárcel o una multa de 12 a 24 meses.

Aunque no es la única falta que se puede cometer realizando este tipo de acciones ya que hay otra serie de delitos que se caracterizan por proteger la dignidad humana ( artículos del 173 a 177 del mismo Código ) entendida como el derecho de toda persona a no ser sometida a tratos inhumanos o degradantes, en concordancia con lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Española en el que se garantiza el derecho de todos a la integridad física y moral y a la libertad personal.

Tampoco sirve como excusa pretender que este atentado contra la intimidad sirva como prueba en algún proceso judicial ya que los derechos fundamentales solo pueden ser restringidos por un juez y en el marco de una investigación. Además, las pruebas obtenidas de forma ilícita tampoco serán admitidas en un proceso judicial porque la manera de conseguirlas constituye un delito.

Aunque algunos estudios científicos establecen que los celos vienen dados como algo fisiológico del ser humano, siendo en los hombres más en el ámbito sexual y en las mujeres de tipo emocional, nada es excusa para invadir la intimidad de los demás. Así que, estimador lector, no espíes a nadie porque podrías ir a la cárcel.

Eso es, muy probablemente lo que le ocurrirá a todo un Vicepresidente del Gobierno social-comunista que nos ha tocado en suerte, llamado Pablo Iglesias y que el pasado día 27 de junio reconoció en una entrevista realizada en Radio Nacional de España que retuvo durante meses la tarjeta SIM ( que almacena la memoria) del teléfono móvil de una antigua colaboradora suya, Dina Bousselham, que había sido denunciado como sustraído y se la devolvió inutilizada tras comprobar que contenía unas fotografías íntimas cuyo contenido y difusión -estimó- aumentaban la presión sobre su dueña, una chica joven de veinteipico años que gozaba -plenamente- de todas sus facultades físicas y mentales, siendo mayor de edad.

Por cierto, el partido político que lidera el Sr. Iglesias -que evidentemente es un hombre-se llama Unidas-Podemos y ha hecho del feminismo su bandera política. Tras nombrar a su pareja sentimental Ministra de Igualdad, la acompañó en la difusión de uno de los objetivos de ese departamento ministerial cuyo lema era : espiar el móvil de tu pareja es violencia de género.

BALANCE DE LA POLICÍA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.

El pasado domingo, día 21, se acabó el innecesario prolongamiento – llegó a ser el sexto-del Estado de Alarma porque el Gobierno de coalición social-comunista no pudo encontrar los apoyos políticos necesarios para su renovación ya que de haberlo podido hacer, su deseo era continuar esta situación excepcional en la que se sentía muy cómodo y a despecho de la grave parálisis económica en la que se encuentra España.

Entonces llega el tiempo de hacer balances. Y la Policía Española, lo ha hecho. En un comunicado público realizado el mismo día, destacaba que durante este período había prestado una especial atención a los colectivos más vulnerables. Facilitando los siguientes datos:

Las Unidades especializadas en Violencia de Género habían detenido a 8.790 personas y han tramitado 8.412 denuncias. Además, han llevado a cabo más de 245.000 contactos con víctimas y más de 70.000 controles.
Se han efectuado 15.786 contactos con residencias y asociaciones de ancianos en el marco del Plan Mayor de Seguridad y otros 7.087 con centros médicos, a fin de prevenir agresiones al personal sanitario. En total, se han llevado a cabo 53.375 servicios humanitarios.

Por saltarse las medidas establecidas durante el confinamiento, se han detenido a más de 4.000 personas, de las cuales 1.028 lo han sido en la Comunidad de Madrid; 715 en la de Andalucía ; 640 en la Valenciana y 335 en la de Canarias. Por provincias, destacan Alicante con 389, Valencia con 238 y Cádiz con 231.
Se han tramitado casi 287.000 Propuestas de Sanción, con la mayor incidencia en Andalucía ( 68.267 ); Madrid ( 56.512 ) y Comunidad Valenciana (49.915 ).
En el ámbito de la movilidad, se han identificado más de 7 millones de personas y 536.000 vehículos.
En el Control de Fronteras, se han detenido 146 personas y se ha Denegado la Entrada a una 63.000 personas y se han controlado casi millón y medio de vehículos.

A modo de referencia y en el ámbito de la Propuestas de Sanción formuladas por incumplimientos del Estado de Alarma, de los restantes Cuerpos Policiales, la Guardia Civil ha realizado 313.570 y 494.709 por las Policías Autonómicas y Locales, lo que hace un total de 1.089.917, a fecha de 31 de mayo pasado. Todas ellas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Partido Popular ( PP ) en el año 2.015 y que desde entonces, toda la izquierda política española ha tratado de modificar o revocar, descalificándola -desde el principio- con la denominación que ha conseguido arraigo popular ( Ley Mordaza ).

Llama la atención que, con lo discutida que es esta Ley -incluso se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional- se haya utilizado más que nunca en sus cinco años de vigencia al sancionar a cerca de 1,1 millones de ciudadanos suponiendo un 42% más que en los tres primeros años y medio de la norma jurídica y que fueron 765.416.

Para comprobar en manos de quienes estamos, se puede observar que, la crisis sanitaria no solo ha postergado la derogación de la Ley que está contemplada como uno de los puntos básicos en el acuerdo para la formación del actual Gobierno de coalición socialista-comunista, sino que la ha revitalizado hasta convertirse en el pilar esencial utilizado por el Ministerio del Interior para sancionar a los que no respetaban el confinamiento.

Y si alguien no ha agotado todavía su capacidad de sorpresa le falta por conocer que, el elevado número de denuncias que se han cursado ha provocado numerosas quejas desde diversos sectores, empezando por el socio del Gobierno, Unidas-Podemos marcando así el camino para dar ejemplo.

LA CRUELDAD PSICOLÓGICA EN LA MUJER DURANTE EL CONFINAMIENTO SANITARIO.

El pasado 14 de marzo, se decretó el Estado de Alarma por la crisis sanitaria que motivó la pandemia del coronavirus y confinó en sus casas a todos los españoles que no tuvieran edad laboral. Después, el día 30, alcanzó a toda la población, salvo que formaran parte de los servicios esenciales para que no se paralizara la sociedad. La situación era ideal para los maltratadores. Los limitados metros cuadrados de una casa podían convertirse en un puño cerrado.

Algunos hombres persiguen a sus parejas por los domicilios en silencio, sin decir una sola palabra, ni lanzar ningún golpe. Pero las siguen, las atemorizan y lo peor es que no hay resquicio alguno donde resguardarse.

Este encierro obligatorio, ha alargado las horas de sometimiento hasta llegar a las 24 que tiene el día. La tensión se vuelve insoportable, puede explotar en cualquier momento y lo peor es que, no hay sitio a donde ir, ni siquiera la casa ofrece un lugar, un espacio -por pequeño que sea- para poder protegerse, para poder estar a solas.

En la violencia de género, no solo se dan muertes o lesiones; también existe el maltrato psicológico con toda la crueldad que esta situación lleva consigo. Este aislamiento constituye un estado límite de riesgo vital para las mujeres. El poder total y absoluto que brinda el encierro, protege a los maltratadores de la mirada social, legal y familiar. Al no tener quien sancione sus actos y abusos en la intimidad de sus casas, el hogar se convierte en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres y el resto de familiares, como los hijos que tengan. Vaya contrariedad, cuando la casa de uno siempre se ha considerado el lugar más seguro.

Las parejas que viven estas situaciones con sus verdugos, se encuentran amenazadas para el abuso y el miedo; aunque el maltrato sea solo psicológico porque la convivencia es muy dura. Por ejemplo, a la mujer se le puede quitar la llave de casa para impedirle salir, ni siquiera para hacer la compra o tirar la basura. El hombre se encarga de todo y así entra y sale cuando quiere.

Hay ocasiones que, de la amenaza se pasa a la acción y afortunadamente, en las semanas que estuvimos de confinamiento, las agresiones hacia las parejas descendieron hasta la mitad, con arreglo a las denuncias presentadas, según han manifestado públicamente diversos portavoces de la Policía, de manera informal, en varias ocasiones. En desacuerdo con este mensaje, desde el Ministerio de Igualdad se sostenía lo contrario, alegando que las llamadas al numero 016 habían aumentado un 30,7% y las consultas telemáticas un 443,5% , lo que para ellos significaba aumento de la violencia de género.

Se han dado casos, en los que se ha llegado a quitar el teléfono móvil a las mujeres para aumentar la presión psicológica. Así ampliaban el aislamiento y no se podían comunicar con nadie, aunque fuera a escondidas. Los días iban pasando y la posibilidad de hablar con alguien se desvanecía; no se puede debilitar la coacción, ni que se disimule el terror.

En el confinamiento forzoso, se han dado las condiciones ideales para que los hombres que se sienten los dueños y señores de las vidas de las mujeres en reclusión, ejerzan su dominio y control sobre sus movimientos y sus cuerpos. Aunque se traten de tiempos de emergencia, solidaridad y afectos ; lo son también de terror y angustia para las parejas que son víctimas de la violencia de género.

No se puede olvidar que también hay imposiciones sexuales. Ellas suelen evitar los conflictos y actúan con mayor sumisión. Sobre todo si tienen hijos que además, no van al colegio, ni a sus actividades complementarias, ni con sus amigos. Siempre están allí.

Hay veces que el maltrato se extiende también al resto de la familia con la que conviven. Por ejemplo, si tienen una hija, el hombre traslada el maltrato a la misma que, sin embargo, dispone de algo más de libertad de movimientos que su progenitora. Cuando la madre y la hija intentar hablar, el padre grita y exige que se callen, que no estén juntas y que una de ellas se vaya a otra parte.

Cuando todo el mundo esperaba un repunte inmediato de muertes y agresiones de mayor o menor entidad, se ha presentado una realidad desconocida, tanto para las autoridades como para gran parte de la población y que no es más que la capacidad de adaptación a las circunstancias que desarrollan las mujeres, eso que está de moda ahora y que se llama resiliencia.

La gravedad de la situación en la que viven, les ha obligado a replantearse sus prioridades y desde luego, ellas no lo son nunca y menos ahora en la reclusión obligada. La salud, la situación económica, la familia, los hijos, las personas mayores y dependientes ; todos ellos, se anteponen siempre a su bienestar.

Se ha impuesto la resignación y por ello, la emergencia ha desaparecido. En esos momentos tan difíciles, no están pensando en la separación, en la ruptura, eso queda para más adelante. El problema se planteaba si el confinamiento se alargaba mucho, muchas de ellas no podrían soportarlo y explotarían.

Cuando todo esto pase, bastantes parejas denunciaran su calvario y entonces se tendrá una radiografía del trauma por el que les ha tocado pasar. Entonces se tomará conciencia de la magnitud de su desolación porque en tiempos de pandemia, las mujeres diluyen su temor personal en la tragedia colectiva. Nunca han salido ganando las mujeres en tiempos difíciles, al contrario, siempre han sido las primeras sacrificadas.

Terminado el Estado de Alarma, ya empiezan a conocerse las primeras cifras. Según el Informe de Criminalidad correspondiente al primer trimestre de este año, publicado por el Ministerio del Interior, en España hubo 84 homicidios, de los cuales 17 fueron mujeres muertas a manos de sus parejas o ex-parejas. Lo que supone el 20,3% del total, una de cada 5 víctimas. Desde el año 2.003 que es cuando empiezan a contabilizarse oficialmente, 1.051 mujeres han sido asesinadas en el marco de este fenómeno.

También, durante el pasado mes de abril, las consultas al teléfono 016, que es donde se atiende a la víctimas de esta lacra, ascendieron a 245, un 586% más que el mismo período del año pasado que se elevaron a 45.

Igualmente, el pasado domingo día 21, fecha término del Estado de Alarma, la Policía publicó su balance sobre la violencia de género en este período excepcional, arrojando el siguiente resultado: se han producido 8.412 denuncias que han originado la detención de 8.790 personas. Se han efectuado más de 245.000 contactos con las víctimas y más de 70.000 controles.

LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE BARCELONA, PASARÁ A SER UN CENTRO DOCUMENTAL DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA.

A través de una Pregunta Parlamentaria, formulada por la formación política catalana, Izquierda Republicana de Cataluña ( ERC ), el pasado 8 de enero, sobre una batería de 200 preguntas sobre la represión en Cataluña ; el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, ha reiterado su compromiso de que el edifico situado en la céntrica calle barcelonesa de Vía Layetana, en el número 43 ; sede histórica de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña; sea desalojado como sede regional del Cuerpo Nacional de Policía para convertirse en un Centro Documental que recuerde la represión franquista y la lucha por las libertades democráticas.

Llama la atención que la respuesta a la pregunta solicitada, se haya realizado el 23 de abril, en plena crisis sanitaria causada por el coronavirus, a modo de diluir la difusión de la noticia que se hace para atender una ya vieja reivindicación independentista.

En esta comunicación, el Gobierno recuerda a los separatistas catalanes que, ya el 1 de junio de 2.017, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley ( PNL ) que sigue en vigor, para reconvertir el edificio policial en sede de la memoria antifranquista. Así como que, el traslado estaba condicionado a llegar a un acuerdo con la Dirección General de la Policía para que, a cambio, se facilite a los Policías que están allí destinados unas instalaciones más modernas y adecuadas, que garanticen el servicio que prestan. También estaría subordinado a la creación de un órgano coordinado, formado por el Gobierno central, Gobierno regional y el Ayuntamiento de Barcelona.

Ya en noviembre pasado, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el traslado se haría. En ambos momentos, esta decisión se tomó sin consultar a nadie, con el consiguiente enojo de la plantilla policial y de todos los sindicatos profesionales. También en el mismo mes, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una iniciativa del mismo grupo republicano en el consistorio, pidiendo el citado traslado a otro lugar, además de declarar el edificio Bien Cultural de Interés Local ( BCIL ) y la entrega al Gobierno regional catalán de una copia de la documentación del Archivo Histórico de la Policía o el Archivo Histórico Nacional, relacionada con el régimen franquista para ponerla a disposición de los investigadores y del conjunto de la ciudadanía.

En marzo también del pasado año, el Ayuntamiento barcelonés colocó una plataforma explicativa, en la calle y frente al edificio policial, en la que se citaba la historia de la Jefatura Superior de Policía como centro represor político franquista y que por sus celdas pasaron decenas de activistas que sufrieron torturas en los interrogatorios. Todo ello en los idiomas español, inglés y catalán y en el marco reivindicativo de la Ley de Memoria Histórica.

La Jefatura Superior de Policía de Cataluña, es un enclave que se ha convertido en un símbolo de las protestas catalanas. Ubicada en pleno corazón de Barcelona, desde 1.929, el independentismo clama por su salida y así lo han hecho saber a través de numerosas manifestaciones y concentraciones. Hay que recordar que, el edifico policial fue uno de los puntos más calientes durante los disturbios del referéndum, el 1 de octubre de 2.017 y los que hubo tras la sentencia del golpe de estado catalán, el 16 de octubre de 2.019.

LA ACTIVIDAD CRIMINAL DURANTE LA PRIMERA FASE DEL ESTADO DE ALARMA.

Durante los dos primeros meses de confinamiento de la población para frenar la propagación del coronavirus, que han sido los más importantes, ha habido dos grandes beneficiadas : la naturaleza y la seguridad pública.

Se han publicado numerosas noticias, basadas en estudios que confirman la reducción de la contaminación por tierra, mar y aire ; con especial incidencia en las grandes ciudades, pudiéndose observar de manera clara el daño que hemos estado ocasionando a la madre naturaleza con nuestra actividad diaria y la falta de respeto con la que la estamos tratando.

Los informes que ha hecho públicos el Ministerio de Interior, indican también un descenso pronunciado de la delincuencia desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo. A nivel nacional, la criminalidad se redujo un 73,8%, en la segunda quincena de marzo que comprende del 14 al 31, que era la primera de la reclusión obligatoria. En este período de tiempo, se registraron 19.656 infracciones penales, frente a las 75.059 contabilizadas en la misma quincena de 2.019.

El impacto del Estado de Alarma es evidente y si se tiene en cuenta la cifra de delitos, la reclusión de la población en su conjunto ha servido para frenar el incremento de la delincuencia que se venía soportando desde 2.019, sobre todo, por los robos en locales y establecimientos, en las capitales de provincias y otras ciudades importantes.

Ha habido delitos de los denominados de menor envergadura, como son los delitos leves que, en este período de confinamiento han tenido un comportamiento absoluto, como es el caso del delito de desobediencia, por razones obvias. Desde el inicio de la reclusión, los Cuerpos Policiales han centrado sus esfuerzos en el cumplimiento de las medidas que impedían los movimientos de las personas y la circulación de vehículos.

Estas medidas excepcionales, han multiplicado el tiempo que han pasado los españoles en internet, no solo como alternativa de ocio sino también como trabajo domiciliario. Esta coyuntura tan atípica, con millones de empleados conectados a diario, ha sido aprovechada por la ciberdelincuencia para cometer sus estafas y fraudes, disparando las denuncias de las mismas.

El pasado 20 de mayo, la Delegación del Gobierno Contra La Violencia de Género,. hizo públicas las cifras oficiales sobre la situación de las mujeres afectadas por esta lacra durante la pandemia, contabilizándose 18 víctimas de violencia de género, dos de las cuales fallecieron. Cifras que sorprendieron si se tiene en cuenta que en mismo período de 2.019, fueron asesinadas 8 mujeres, cuatro veces más.

La conclusión no admite dudas : durante el confinamiento han descendido los fallecimientos causados por la violencia machista. Aunque han aumentando las consultas al teléfono que atiende a las víctimas ( 016 ), un 586% .

Siguiendo el Balance de la Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, correspondiente al primer trimestre de este año, de enero a marzo, han habido en España 84 homicidios, de los cuales 17 fueron a manos de sus parejas sentimentales. Lo que supone el 20,3% del total, una de cada cinco víctimas.

La radiografía delictiva de este período de encierro no está concluida y falta por comprobar como han influido las demás fases, en las que ha aumentado la movilidad de las personas en el balance de la criminalidad. La Dirección General de Tráfico advertía como se había detectado un incremento del orden del 39%, de los conductores que han circulado con exceso de velocidad, con arreglo a los datos obtenidos en 170 tramos controlados por radar.

CUANDO TIENES UN VECINO REPUGNANTE.

En líneas generales, los españoles han cumplido de manera ejemplar las medidas de confinamiento establecidas para evitar la propagación del coronavirus. Así lo reconoce todo el mundo… y hasta el propio Gobierno. Incluso se tomó conciencia de la importancia de quedarse en casa y se reprochaba la actitud de quienes no lo hacían, llevándolos hasta la denuncia, si no se hacía caso.

Con ello, esta pandemia ha sacado a relucir aspectos muy positivos de la sociedad como los gestos de apoyo, simbolizados en forma de aplauso a las 8 de la tarde y otros como la solidaridad, con los que peor lo están pasando, tanto económica como socialmente.

Pero el virus también ha provocado que afloren comportamientos muy reprobables, señalando a través de carteles anónimos en los zagüanes de los edificios o en los ascensores ; a los vecinos que trabajaban en hospitales o supermercados como si fueran apestados. En apenas unos dias se pasaron de los mensajes tipo : eres un héroe por darlo todo por los demás en tu trabajo ; a una manera poco sutil de pedir que : deja tu casa mientras dure la epidemia. Estas peticiones, además de causar una enorme repugnancia al resto de vecinos, ha originado un debate en la sociedad sobre si nos estamos encontrando ante muestras de odio.

Por extraño que parezca, soy de la opinión que ese no sería el camino penal para denunciar estas actuaciones sino en los delitos contra la integridad moral, pues aunque recogiese insultos o injurias el citado texto, no tiene por qué ser un delito de odio ya que en el Código Penal, cualquier colectivo o grupo social no puede ser víctima de delitos de odio sino solo aquellos que se consideran vulnerables : trato degradante, actos hostiles o humillantes, violencia psíquica…

En este sentido, la Fiscalía General del Estado, en una circular emitida en la primavera del año pasado, estableció las personas o grupos que podían considerarse víctimas de odio, dejando fuera de este tipo penal otros modos de actos contra el honor.

Por lo tanto, cualquier profesional considerado de los grupos esenciales : personal sanitario, servicios de emergencias, empleados de banca, trabajadores de alimentación…..que estaban obligados a seguir en su actividad durante el Estado de Alarma, disponía de herramientas jurídicas para defenderse y no estaban desprotegidos.

Según las circunstancias concretas que se den cada caso, podrían constituir un delito de acoso ( artículo 172 del Código Penal ) ; un delito contra la integridad moral ( artículo 173 del citado Código ) ; coacciones del 172 o hasta de daños como le ocurrió a la ginecóloga con la pintada en su coche y que tuvo tanta repercusión.

La opinión generalizada de la comunidad jurídica es que estos carteles anónimos tienen cabida en los delitos contra el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Son derechos asociados a la personalidad y tanto la vía penal como la civil contemplan su protección.

EL GOBIERNO CONTRA LA GUARDIA CIVIL.

Como todo el mundo sabe ya ahora que acaba la semana, el pasado lunes día 25, fue cesado en su puesto, el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el Coronel Diego Pérez de los Cobos ; a raiz del informe presentado en un juzgado madrileño que investigaba la autorización de decenas de actos y manifestaciones en la Comunidad de Madrid, entre el 5 y el 14 de marzo, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, en medio de la propagación del coronavirus.

En este informe, la Policía Judicial de la Guardia Civil, señalaba la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en la autorización de estos eventos y como consecuencia de ello, la juez instructora citaba para el próximo 11 de junio al Delegado del Gobierno en Madrid, para que acuda al juzgado en calidad de investigado ( antiguo imputado ) acompañado de abogado para tomarle declaración.

El martes, día 26, el máximo responsable de la Guardia Civil en el Cuerpo, que es el Director Adjunto Operativo ( conocido como DAO a nivel interno ) el Teniente General, Laurentino Ceña, dimite de su puesto -hecho insólito hasta ahora- por negarse a rubricar el cese de su subordinado, abriendo así una crisis grave en la cúpula de la Guardia Civil que, hasta el día de hoy, no se ha cerrado.

Al objeto de rebajar el valor de este acto, se ha publicado que en realidad, había alcanzado la edad de jubilación ( 65 años ) el pasado 25 de marzo y su cese estaba próximo. Pues si bien, esa es la edad en la que se jubila tomo el mundo en la Guardia Civil, pero no afecta al DAO que continúa mientras dure en el puesto y que tampoco estaba previsto lo demuestra que no han encontrado sucesor en su categoría ( hay tres tenientes Generales más ) y han tenido que acudir a un subalterno que tendrán que ascender porque no tiene la categoría requerida.

Por si todo esto fuera poco, el miércoles día 27, a última hora de la tarde, el Ministerio de Interior emitió un comunicado en el que daba cuenta del cese del número 3 del Cuerpo, el Teniente General, Fernando Santafe, Jefe del Mando de Operaciones que era quien tenía que haber sustituido a Laurentino Ceña como DAO. Pero como el Ministro no contaba con él, ha nombrado a un subordinado suyo, el General Pablo Salas que iba a pasar a ser su jefe. El mundo al revés.

Se ha abierto así la mayor crisis interna en la Guardia Civil desde los años 90, en la que se vivió una situación similar por la detención, por corrupción, de Luis Roldán que había sido Director General de la Guardia Civil. Estos relevos son debidos a que el Gobierno teme y mucho que el procedimiento ordinario abierto por un juzgado madrileño acabe desmontando su relato sobre el comienzo de la gestión de la crisis sanitaria.

Una vez que, la evolución de la desescalada nos va acercando a la anterior normalidad, a los representantes máximos de este Gobierno de coalición, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, les preocupa sobremanera el devenir de esta causa contra el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco que es además secretario general de los socialistas madrileños, por presunta prevaricación ( dictar una resolución a sabiendas que es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público ).

Además de que, el avance de la investigación judicial podría ensombrecer una de sus grandes bazas ideológicas : la defensa del feminismo, representada en la calle por las manifestaciones del pasado 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

En suma, la bola del 8 de Marzo ha engordado varios kilos y el Gobierno ha visto como se le abría otro frente, más allá del judicial y la gestión de la pandemia, con la reacción de los principales mandos uniformados de la Guardia Civil y las críticas recibidas por la injerencia política en la citada causa.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, la oposición política ha sido muy combativa con la celebración del 8 de Marzo y ahora, con la existencia de este procedimiento judicial se ha lanzado -directamente- sobre la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno, acusándolas de jugar entonces con la salud de los ciudadanos por cuestiones meramente ideológicas. Y pide el cese inmediato del Ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, tras la cascada de movimientos de puestos de alta responsabilidad en la Guardia Civil.

Esta batalla institucional entre el Gobierno y una de las organizaciones más queridas por los españoles como es la Guardia Civil, surge porque el expresado informe judicial contiene -al decir del Ministerio del Interior que se vale para ello de la Abogacía del Estado- numerosas valoraciones subjetivas que ponen en entredicho la neutralidad política que le es exigible a la Guardia Civil ( eufemismo para acusar al benemérito instituto de parcialidad ). Informe que el Ministerio no debiera de conocer por expreso deseo de la juez y que le costó el cese al Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid.

Este caso pone de manifiesto las numerosas disfunciones de nuestro sistema político y judicial, causando un daño enorme al prestigio de nuestras instituciones, generando sospechas y acusaciones por todos lados que empañan las ineficiencias que pudieran causar a la hora de perseguir y castigar la delincuencia política.

La primera de ellas, es la mezcla entre política y judicatura que sucede en España, principalmente por dos vías : comenzando porque la política no puede estar llena de jueces que entran y salen de ella como si tal cosa, ni la carrera judicial repleta de jueces que juegan a la política para prosperar en la misma. Si un juez siente la llamada de la política, debería de abandonar la carrera judicial. En otros países con mucha menor corrupción y mucho mayor prestigio internacional, esto no sería posible. Quizá sea por eso.

Siguiendo porque los jueces, no pueden depender -en su actividad investigadora- del personal subordinado al investigado, ya sea la Policía, la Guardia Civil o la Inspección de Hacienda. Esto es -simplemente- de risa. El modelo a seguir -en mi opinión- es el que ya goza la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, cuyos profesionales están bajo su dependencia, orgánica y funcional.

Y la segunda, sería que mientras esto no ocurra, hasta tanto no haya una auténtica Policía Judicial, dependiente -exclusivamente- de los Jueces, Fiscales y Tribunales ; pasarán sucesos como los que ahora estoy comentando: que el Ministro pueda cesar al funcionario requerido por el juzgado y más aún, conocer el informe solicitado por el órgano judicial porque si lo sabe, estamos hablando de una injerencia intolerable en el procedimiento judicial.

Con este asunto, se ha logrado tal unanimidad en las críticas al Ministro del Interior que no se había dado hasta ahora y va desde las asociaciones que representan a la magistratura hasta las diversas plataformas profesionales de la Guardia Civil. Todas ellas han pedido más explicaciones de las que ya se han dado y acusan a Grande Marlasca de haberse excedido en sus funciones para interferir en una investigación judicial.

Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura,. como Jueces para la Democracia y la Asociación de Fiscales, han señalado que el Ministerio no puede cesar a un agente policial si está adscrito a una investigación judicial. Por primera vez también, las 10 grandes asociaciones de la Guardia Civil han coincidido en reprochar al Ministro, la grave crisis en la que ha sumido al Cuerpo y están pidiendo apoyo a los partidos políticos, especialmente de la derecha parlamentaria.

Los guardias civiles de a pie se sienten traicionados por su máximo jefe político y expresan su profundo malestar por el tratamiento que está sufriendo su cúpula profesional y que les lleva a una intensa decepción. Al tiempo que indican sentirse orgullosos por la dimisión de su DAO, que ha demostrado estar a la altura del cargo que desempeñaba, sin importarle su carrera profesional, para defender la dignidad del Cuerpo al que representaba.

Los ciudadanos en general, se han posicionado claramente en favor de la Guardia Civil en este crisis y están concentrándose ante los Puestos de la Guardia Civil de sus respectivas localidades para manifestar su apoyo a la institución y pedir la dimisión del Ministro del Interior.

Al final, creo que a la ignominia institucional se ha unido una torpeza política mayúscula. La vía penal seguida en este caso contra el Delegado del Gobierno, no le auguro un largo recorrido técnico y está llamada a agotarse por sí misma. Y con este cese tan patoso, el Ministro Marlasca, recogiendo el sentimiento gubernamental que ven este asunto como una amenaza, ha convertido un inexistente problema judicial en un asunto político muy real, como lo demuestran los relevos en la cúpula de la Guardia Civil.

Si los españoles podían tener alguna duda sobre la incidencia del 8 de Marzo en la propagación de la pandemia, ahora no tienen ninguna. Con la relevancia de estos ceses, el Gobierno ha perdido el control del relato y el perjuicio real para sus intereses va a ser mucho más grave que, el supuestamente evitado.

Las fotos de la manifestación feminista del 8 de Marzo, en la que destacaban en la primera fila, la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo, tocada con una gorra ; y en otra pancarta, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ( pareja sentimental del Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias ) ambas contagiadas con el virus, confirman que una imagen vale mas que mil palabras y es demostrativa de la relación entre la manifestación y la infección

Además, el Ministro -en su arrogancia- ni siquiera está respetando la normativa interna de la Guardia Civil para los nombramientos de los puestos relevados que se escogen por categoría profesional y antigüedad, ahora ha impuesto la elección a dedo, sin respetar el escalafón.

Se auguran malos tiempos en un Ministerio en el que su titular, que había ejercido como juez en tiempos no muy lejanos, ha perdido la ética judicial de la que hacía gala, destacando entre la perplejidad de las decisiones que está tomando este Gobierno.

¿ SE PUEDE TOMAR LA TEMPERATURA A LOS CLIENTES PARA ENTRAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS ?.

Con la apertura generalizada de comercios, hostelería y transporte público en esta fase de desescalada de las medidas adoptadas para combatir la epidemia que nos invade, ha aparecido la figura de un nuevo portero que nos debe de permitir el acceso al local que queremos entrar y que la ciudadanía está aceptando con normalidad.

Puede tratarse de un empleado -debidamente protegido- que, con termómetro en la mano, tome la temperatura del cliente o de una cámara térmica que realice la misma función. Sea el método que sea, la empresa se arroga la facultad de seleccionar sus clientes con criterios médicos que, hasta el momento, no se han establecido por las autoridades sanitarias.

La extensión de la implantación de esta medida y en cumplimiento de sus funciones, la Agencia Española de Protección de Datos ( AEPD ), organismo oficial habilitado para ello, emitió un comunicado público el pasado 30 de abril, en el que mostraba su preocupación por este tipo de actuaciones.

La AEPD advertía que, esta práctica supone una injerencia en los derechos de las personas porque se hace con la intención de controlar el acceso a los establecimientos sin criterio científico y lo que es peor, no sirve para controlar la epidemia que nos asola.

El comunicado continúa manifestando que, los posibles clientes no pueden negarse a que se les tome la temperatura, dado que perderían la posibilidad de entrar. La medición corporal podría hacerse solo si lo establece el Ministerio de Sanidad con las garantías adecuadas y con un soporte normativo específico.

Cuando esto ocurra, se establecerá que, los principios de privacidad obligan a que los datos que se obtengan serán para el propósito concreto de detectar posibles personas contagiadas y evitar su entrada a un determinado lugar y su contacto con otras personas dentro de él. Esos datos, no deben de ser utilizados para ninguna otra finalidad.

La AEPD, advierte también del impacto de identificar un posible portador de contagio erróneo y exige abrir la posibilidad de reacción de la persona afectada por una temperatura superior a la que se entiende por normal, cuando se le impida el acceso al lugar.

Por otra parte, el personal que use el termómetro -añade- debería de estar cualificado desde el punto de vista sanitario. También sería importante establecer, los plazos y criterios de conservación de los datos, en los casos en los que sean registrados y que, en principio no debieran de producirse, para posibilitar las acciones legales derivadas de la decisión de denegación de accesos.

Con respecto a las cámaras térmicas, hay que ser muy cuidadosos con su implantación porque la tecnología que se puede aplicar en estos casos, ofrece posibilidades adicionales a la toma de temperatura, como podría ser una información biométrica innecesaria ( retina e iris de los ojos, voz e imagen, huellas dactilares….) ; infringiendo con ello la privacidad de los clientes o usuarios que no se deben de grabar, ni conservar.

El marco jurídico para los empleados y trabajadores del establecimiento es distinto al de clientes y aunque también carece de regulación específica, existen otra vías que harían posible esta actividad. En los hipermercados de la cadena Carrefour se han instalado termómetros infrarrojos para revisar el calor corporal de sus empleados antes de iniciar su jornada laboral. En El Corte Inglés, se van a implantar medidores de temperatura, similares a los anteriores, no solo para la plantilla sino que también pretenden hacerlo para los clientes que accedan a los establecimientos.

En cualquier caso, hay un debate -en estos momentos de incertidumbre- en la comunidad jurídica especializada en privacidad que, recuerda que la temperatura está regulada como dato personal en el Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Los sistemas de control de la temperatura plantean una importante controversia desde el punto de vista de la seguridad jurídica porque confrontan varios derechos fundamentales e intereses públicos legítimos que no resulta fácil equilibrar. Por un lado, se encuentra la protección de datos de los afectados que es especialmente relevante si se tiene en cuenta que estos instrumentos obtienen información médica que cuenta con una protección por parte de la normativa de privacidad. Por otro, entra en juego la obligación de la Administración de preservar la salud pública y, finalmente, el deber empresarial de prevenir los riesgos laborales.

Las empresas, se encuentran entre el dilema de elegir entre la presión de la Inspección de Trabajo o el riego de ser multadas por vulnerar las disposiciones de privacidad. Es decir, se encuentran en una encrucijada en la que tienen que contraponer unos derechos frente a otros y…..unas sanciones frente a otras.

Un dilema que no es menor, en absoluto, porque los incumplimientos de esas dos materias : privacidad y prevención de riesgos, están sometidas a importantes multas. El Reglamento Europeo de Protección de Datos ( RGPD ), prevé sanciones de hasta 20 millones de euros o el equivalente al 4% de la facturación global de la misma. Las infracciones de la Ley española de Prevención de Riesgos Laborales pueden alcanzar los 820.000 euros de multas, en los supuestos más graves.

La falta de claridad ante esta cuestión, no es solo un problema de España sino que, Francia, Italia y Bélgica están en la misma situación. En este sentido, sería necesario un pronunciamiento del Comité Europeo de Protección de Datos, donde están representadas todas las autoridades de la Unión Europea ( UE ) en materia de privacidad, para conseguir un criterio unificado que permita a las empresas desarrollar su actividad con un elevado nivel de seguridad jurídica.

En definitiva, el uso de termómetros en la entrada de locales, debería de esperar a que las autoridades sanitarias establezcan las correspondientes indicaciones de obligado cumplimiento, en las que se exprese de manera contundente que, los datos de los clientes no podrán guardarse.

LOS BULOS NO SON DELITOS.

Durante estos meses de encierro en casa por el coronavirus, han estado circulando por las redes sociales todos los engaños, falsedades y bulos ( palabra esta que se ha puesto de moda ahora ) que se nos pueda ocurrir. Las noticias falsas han campado a sus anchas, hasta el extremo de obligar a controlar las informaciones engañosas que circulan para proceder a su borrado en Facebook, los avisos que incluye Twitter, los enlaces oficiales de las autoridades sanitarias, You Tube, Guasaps, Instagram…

Muchos de estos mensajes, se han descartado enseguida por ser mentiras demasiado descaradas pero ha habido otros que nos han hecho dudar y, aún así, los hemos reenviado. Los hemos difundido porque provenían de alguien en quien se confía y se han distribuido -a su vez- a contactos que se fían de nosotros. Y así, la mentira, se ha expandido exactamente igual que el virus.

La pregunta surge pronto : ¿ por qué pasa esto ?. Se me ocurren dos razones principales : por un lado, nos fiamos más de familiares, amigos y ese conocido que suele estar muy bien enterado de lo que pasa de verdad y, por otro, porque en general, se han dado muestras suficientes para desconfiar de este Gobierno que nos ha tocado en suerte, que nos inunda de información hueca para que seamos incapaces de discernir lo que es la realidad y sus efectos en esta pandemia que nos está asolando.

Dobles ruedas de prensa, repartidas en sesiones de mañana y tarde. Por la mañana, con abundancia de uniformes que dan potencia a sus datos y por las tardes, dos ministros desocupados que pasaban por La Moncloa y que no aportaban nada. Esta política informativa que estaba dando muy buen resultado y los ciudadanos seguían con interés, se vino abajo cuando a preguntas de los periodistas asistentes, los uniformados contestaron la verdad ( se les forma para no mentir ) y el castillo de naipes montado, se vino abajo.

Por eso abundan los mensajes tipo : lo que pasa de verdad… y termina con… y no nos cuentan. Esta desconfianza se está agudizando en esta crisis sanitaria, después de una etapa de enorme descrédito de nuestros gobernantes y determinados medios de comunicación social adheridos, motivada por la mala gestión de la pandemia que nos ha llevado a cuestionar las recomendaciones de los científicos que resulta que, tras un largo batallar para conocer sus identidades, ahora nos hemos enterado que no existen. Mucho decirnos que : seguimos las indicaciones de nuestros expertos…serán los miembros del Comité quienes lo determinen.. para acabar conociendo que son las propias autoridades sanitarias, es decir, el Gobierno, los que lo han decidido todo, aparentando una asesoría científica que se ha revelado inexistente.

Para luchar contra la crítica a esta desinformación ( información manipulada intencionadamente para conseguir ciertos fines ), el Gobierno ha concebido y desarrollado un Plan para conocer la interrelación entre los ciudadanos que lo apoyan con los que le son críticos o indecisos en la gestión de la crisis sanitaria, para identificar grupos disidentes y neutralizar a quienes diseminan esos contenidos que no le gustan.

Así, un somero repaso por las redes sociales muestra que, aunque ahora sigue habiendo una mayoría de ciudadanos que apoya al Gobierno en la manera que está afrontando el problema para hacer frente al virus, los mensajes contrarios son mayoritarios porque son más activos y tienen una mayor capacidad para relacionarse con los indecisos que se limitan a observar el debate sin participar en el mismo.

A medida que se prorrogue el Estado de Alarma, como es intención del Gobierno hasta agotar el mes de junio, el número de población desaprobante crecerá y logrará ser tendencia en las redes y en los pocos medios de comunicación social que aún conservan su independencia. No se van a olvidar fácilmente todos los escándalos que se están dando en España con los test, las mascarillas, las cifras de fallecidos y contagiados…

El Ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, en su comparecencia voluntaria ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el pasado 23 de abril ; para frenar el revuelo que había originado la declaración pública del Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, en la que aludía a la Instrucción dirigida a sus Comandancias Territoriales para el rastreo de bulos con el fin de minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno ; negó la existencia de una orden en ese sentido que tratara de censurar la libertad de expresión y de información y que lo que dijo el general fue un déficit de expresión; por eso la citada Instrucción sigue en vigor en el marco del Dispositivo DEC – COVID 19, de 13 de marzo ( mecanismo extraordinario de ciberseguridad que detecta e informa de posibles amenazas que, una vez evaluadas, se remiten a los Cuerpos Policiales para que se investiguen y se actúen con todas las garantías del Estado de Derecho ). La existencia de este Plan confirma que el general no se equivocó y dijo la verdad.

Continuó afirmando que, su departamento actuaría con todas las herramientas legales que les da el Estado de Derecho para luchar contra los bulos y la desinformación, a los que catalogó como los grandes aliados de la enfermedad ( refiriéndose al virus ), amparándose en el derecho a una información veraz.

Con gran habilidad en su retórica, el Ministro introdujo los mensajes críticos con la gestión gubernamental de la pandemia que tanto abundan en las redes sociales, en el mismo saco que el cibercrimen ( la delincuencia en internet ): estafas, fraudes, remedios o curas falsas para el coronavirus… Manifestando que, los Cuerpos Policiales ya habían identificado -en el marco de esa política- 274 eventos de desinformación ( noticias falsas ) y se habían bloqueado 45.773 dominios con actividades ilegales o dedicadas a la suplantación de la identidad de organismos oficiales o entidades bancarias.

Como todo el mundo sabe, hace años que las noticias falsas se extienden por las redes sociales y parece que nuestro Gobierno las ha descubierto ahora que muchas de ellas le son contrarias, aprovechando la mala gestión -como opinión generalizada cada vez mayor- que está realizando para luchar contra la pandemia.

Atajar los bulos desde la perspectiva jurídica, no es una tarea nada fácil porque por extraño que parezca, mentir no es delito, ni en el mundo analógico ni en el digital ; porque está en juego uno de los derechos fundamentales de cualquier sociedad moderna, recogido además en el ordenamiento normativo de todos los países democráticos : el derecho a la libertad de expresión.

Por eso hay que llevar cuidado con el contenido de los bulos, su finalidad y sus efectos. Dado que, en términos generales, el bulo no es un delito, habría que examinar cada caso concreto y sus consecuencias, para saber si tiene encaje en el Código Penal porque no se puede sancionar como delito una cosa que no está tipificada como tal previamente. Por lo que habría que analizar si el bulo podría derivar en un delito de odio; una injuria o una calumnia, por ejemplo.

Consciente de esta dificultad, el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo ( juez de profesión ) planteó el pasado 6 de abril en una de sus comparecencias públicas para explicar la gestión sanitaria, la necesidad de revisar los instrumentos legales con los que se cuenta para impedir los bulos o al menos para que no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación alguna, según sus propias palabras.

Para combatir el bulo, hay que tener en cuenta varios extremos : ¿ qué es lo que dice ? ; ¿ con qué objetivo ? ; ¿ cual es su finalidad ? ; ¿ qué efectos se han generado ?… Porque hay que valorar si el bulo es un medio para cometer un delito, como infundir odio hacia un grupo vulnerable ; injuriar o calumniar a una persona o incluso crear una alarma social que implique la movilización de recursos públicos.

Esto último si está recogido en el articulo 561 del vigente Código Penal que castiga a quien falsamente, afirme o simule una situación de peligro que provoque la activación de los servicios de Policía, asistencia o salvamento. Como se recordará, este tipo penal se puso hace muchos años para comportamientos como los avisos de bomba falsos que por aquel entonces tanto abundaban, especialmente en el ámbito educativo en tiempos de exámenes.

Ahora, en esta situación de alarma sanitaria, podría ocurrir igualmente, obligando a trasladar recursos de emergencias a un lugar cuando se necesitan en otro. Por eso dependerá de cada caso en concreto. El problema está en lo que se dice en los bulos y los efectos que provocan Si el rumor influye en el mercado o en los consumidores, como podría ser información falsa sobre valores de la Bolsa o en la salud pública, si se promocionan productos o remedios milagrosos y perjudiciales; en ambos supuestos se podría estar ante comportamientos penados.

Por eso, en estos casos, hay que actuar con mucha cautela siendo conscientes que este es un terreno poco explorado, donde hay que definirlo -el bulo- porque no lo está y además, de manera muy clara, para saber hasta donde se está frente a una noticia falsa o ante una mera opinión crítica legítima. La máxima a tener siempre en cuenta es la misma : el ejercicio de la libertad de expresión. Por eso hay que ser muy prudente.

A este respecto, la doctrina del Tribunal Constitucional – que es el competente por tratarse de un derecho fundamental- tiene establecido que : la libertad de expresión tiene una peculiar dimensión institucional por ser garantía para la formación y existencia de una opinión pública libre, lo que la convierte en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática.

En la última sentencia que este tribunal ha dictado sobre un asunto de libertad de expresión, es del pasado 25 de febrero, en el que absolvía al cantante de un grupo musical gallego pionero en practicar el hip hop en español ( estilo musical de los barrios pobres neoyorkinos ) que había sido condenado por el Tribunal Supremo a un año de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas ; los magistrados apelaban a su propia doctrina para resaltar la necesidad de que la libertad de expresión goce de un cauce amplio para el intercambio de ideas y opiniones, lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura, timidez, ni temor.

Añadiendo que : el valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo, impiden cualquier actividad de los poderes públicos, tendente a controlar, seleccionar o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas.

En esa misma resolución, los magistrados ponían de manifiesto incluso los riesgos derivados de la utilización del Derecho Penal en la respuesta estatal ante un eventual ejercicio extralimitado de la libertad de expresión. Y alertaban de la desproporción que podía suponer acudir a esta vía y el efecto desaliento que ello puede generar. El mensaje que parecía destinado al Gobierno, era bastante claro con respecto a la política informativa que se estaba siguiendo con la pretensión de controlar la legal crítica de los ciudadanos.

El motivo de la preocupación de muchos ciudadanos es lo que aparece como el encubrimiento tras la pandemia, de prácticas intervencionistas en las libertades ciudadanas por parte del Gobierno. Piensan que, en la naturaleza de la parte extremista de la izquierda, sigue latente la pulsión por el ejercicio autoritario del poder, basado en su supuesta identificación con el pueblo y en la creencia de un arrogante monopolio de la verdad.

Este Gobierno, azuzado por su ala comunista, ha tejido una red de coartadas para limitar la legítima crítica política. Empezó con una ruedas de prensa pervertidas, con actos de censura previa que incluso dieron lugar a una huelga de inasistencia de periodistas y siguió con unas denuncias de doble fondo contra los bulos en las redes sociales para animar a la Fiscalía General del Estado a intimidar a la población disconforme con la acción política gubernamental.

Es cierto que, en estas redes circulan difamadores pero poca autoridad moral tiene el Gobierno en esta materia cuando sus ministros comunistas aplauden las vejaciones al Rey y disculpan como libertad de expresión, las apologías del terrorismo y la inducción a atentados en las letras de los cantantes raperos.

Y como prueba irrefutable de esa campaña antidemocrática, tenemos un organismo que debería de ser neutral por ser del Estado y no del Gobierno, el conocido Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ), convertido en una célula de agitación y propaganda pro-gubernamental, por supuesto.