La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña ( AEB ), había denunciado ante la Alta Inspección del Estado, dependiente del Ministerio de Educación, el malestar de las familias a las que representan porque en vísperas del uno de octubre de 2.018 ( 1 – 0 ), varios centros educativos habían abierto sus puertas, fuera del horario lectivo, para celebrar el aniversario del referéndum ilegal. Se colgaron lazos amarillos y pancartas a favor de los políticos presos ; se bautizaron patios con el nombre de 1 de octubre y se hicieron otros actos conmemorativos de estas efemérides.

Tras reunir pruebas de estos hechos, la AEB presentó cinco denuncias en la Subdirección General de la Inspección de Educación del Gobierno autonómico catalán, que le respondió que esos actos había que enmarcarlos en el libre ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de libertad de expresión ; mientras que las pancartas, pintadas y otros objetos de connotaciones políticas eran hechos completamente ajenos a la comunidad educativa ya que aparecieron en las vallas y fachadas exteriores. 

Tras esta inacción autonómica, la AEB le pidió auxilio al Ministerio, debido a la falta de neutralidad política en las instalaciones educativas catalanas. Siendo respondida a finales de diciembre de 2.018 que, la Alta Inspección del Estado no tiene competencias ejecutivas en el ámbito de la Educación porque están transferidas a las Comunidades Autonómicas y que el asunto denunciado estaba bien gestionado por el departamento catalán de enseñanza que era el competente para actuar en el caso que se le presenta.

A este propósito, hay que recordar que el artículo 149 dela Ley Orgánica de Educación ( LOE ), que está en vigor al no haber sido derogado por la Ley  de Mejora de la Calidad Educativa ( LOMCE ), dice que : corresponde al Estado, la Alta Inspección Educativa para garantizar la observación de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrolla el articulo 27 de la Constitución Española.

En el artículo 150 de la misma Ley, se añade que entre sus competencias está el velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como sus derechos lingüísticos.

Con lo que se deduce que, si bien la Alta Inspección no puede entrar en los colegios, ni sancionarlos, si tiene competencias para señalar lo que está haciendo mal el Gobierno regional catalán y repare el daño causado. Es lo que se llama un requerimiento, una especie de amonestación a la administración catalana, que si no responde, termina con una denuncia en los tribunales de justicia.

Esta figura, la utilizó en tres ocasiones, el ex Ministro de Educación del Partido Popular (PP), Íñigo Méndez de Vigo durante el año 2.017, en relación con problemas similares en la escuela de Cataluña. Ahora, la Alta Inspección de un Gobierno socialista, se encoge de hombros y le dice a los familiares agraviados que hacen bien en acudir al Gobierno regional.

El mes de febrero de 2.019, se hizo pública la carta que la AEB había recibido del Defensor del Pueblo en la que le comunicaba que iba a poner al Gobierno autonómico catalán en la lista negra de las Administraciones Públicas no colaboradoras o entorpecedoras de su labor, en el Informe que cada año publica en el primer trimestre y donde sacará los colores al Departamento de Enseñanza catalán porque no ha respondido a sus advertencias, por el uso ideológico de colegios y la colocación de lazos amarillos en los edificios públicos.

El Defensor del Pueblo, ha recibido un buen número de quejas en relación a los dos motivos anteriores, incluida la de la AEB, y no descarta emprender nuevas acciones. Sin embargo y como es sabido, su margen de maniobra es limitado ya que como órgano consultivo, no puede ir más allá de señalar lo que se está haciendo mal y, como mucho, dar cuenta de ello a la Fiscalía General del Estado.

Mientras tanto, las familias agrupadas en la AEB, sienten que ninguna Administración les respalda, quejándose de que se encuentran en una situación de desamparo institucional, después de que no haya más puertas a las que llamar, ni lugar donde les ayuden.

La postura de la Ministra de Educación del Gobierno socialista, Isabel Celaá, ha sido de negar, en primer lugar el adoctrinamiento, para en segundo lugar y después de haber sido pillada mintiendo, minimizarlo, utilizando datos inventados, diciendo que : solo el 0,2% de los libros de texto adoctrinan y la culpa de ello es del Gobierno anterior, que era del Partido Popular ( PP ). 

Además, miembros de su equipo directivo han llegado a acusar al partido político Ciudadanos, de fundamentalistas por denunciar la ideologización de la escuela catalana.

Ahora solo nos queda comparar esta posición mantenida por la misma Ministra de un desacreditado Gobierno social-comunista, contra un derecho básico en la educación de nuestros hijos como es la enseñanza de su lengua propia y oficial en todo el territorio nacional ; y la adoptada contra la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el denominado pin parental ( derecho de los padres a conocer y autorizar las actividades complementarias de sus hijos, por parte de personal externo del centro, aunque el profesorado lo considere necesario. Especialmente en cuestiones de sexualidad, violencia de género o derechos de homosexuales y lesbianas ). A la que ya ha enviado el requerimiento previo para que si no cesa en ese comportamiento, denunciará ante los tribunales de justicia.

Estamos viviendo una época en la que la vida se desarrolla a velocidad de vértigo. Las cosas pasan demasiado deprisa y no da tiempo a entenderlas. Y eso no es  bueno porque si estamos sobreinformados nos colapsamos y no sabemos ni siquiera donde estamos.

Pongamos un ejemplo. ¿ Qué es lo que está pasando ?. ¿ Hacia dónde vamos ?. ¿ Qué futuro nos espera ?. Como respuesta a estas y otras preguntas similares, después de separar el trigo de la paja, yo diría que hay dos aspectos tan preocupantes que nos tienen asustados : la revolución tecnológica y la inmigración.

En cuanto a la primera, entiendo que vamos hacia un mundo digital con grandes desafíos en inteligencia artificial, robotización…. La tecnología es nuestro futuro y lleva camino de ser una forma de vida. La revolución digital que estamos viviendo, está cambiando a pasos agigantados la economía, el trabajo, la política, la ciencia y especialmente, los medios de información. Ya empiezan a tomarse decisiones para ayudar a la gente a formarse y así poder poder encontrar nuevos trabajos. La tecnología digital es nuestro futuro.

Y en cuanto a la segunda, el lado inmigratorio, los tres países europeos que más han estado soportando el problema, Grecia, Italia y España ; se han convertido en uno solo, España, al haber cerrado las vías de acceso los otros dos.

Nuestro Gobierno de la Nación, todavía no ha definido su política en este sentido ya que va de extremo a extremo. Lo mismo rescata un barco en medio del Mediterráneo lleno de inmigrantes que no tienen nada que ver con nosotros,  para marcarse un tanto a nivel internacional, que hace devoluciones en caliente a Marruecos de los asaltantes de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Procedimiento este último que está recurrido en la justicia europea por el último Gobierno del Partido Popular ( PP ) y que el actual Gobierno social-comunista, mantiene. Lo ha confiado todo a la Unión Europea ( UE ), con la excusa de que somos la frontera sur del continente y por tanto, les compete a ellos la solución del problema.

Pues bien, la UE que todavía se muestra incapaz de resolverlo, apunta en tres direcciones : establecer centros de internamiento en los países norteafricanos ; crear una auténtica Policía de Fronteras Europea, que sea potente y esté bien dotada y para finalizar,  establecer cuotas para los demandantes de asilo político ya que hay que ser solidario en este último aspecto.

El asunto emigratorio necesita disponer de un gran corazón pero que obligatoriamente tiene que ser frío. En Europa no caben todos los inmigrantes que deseen venir y mucho menos en las condiciones que vienen. Tenemos que acoger a los perseguidos en sus respectivos países por cualquier circunstancia de raza, religión, política….. porque son razones humanitarias, pero de los restantes, habrá que hacer algún tipo de discriminación como ya se hace con respecto a las mujeres y a los menores.

Además debemos de incrementar el comercio y la inversión en el continente africano con el propósito de sentar las bases para su propio desarrollo económico y el respeto al Estado de Derecho y los derechos fundamentales de las personas.

El 18 de noviembre de 2.018, domingo, se celebró una cita simbólica a favor del derecho a decidir en cinco localidades vascas, que se saldó con un rotundo fracaso. La consulta, denominada En Nuestra Mano ( Gure Esku Dago, sería su traducción al euskera ), fue convocada en los municipios vizcaínos de Alonsótegui, Valmaseda y Zaya ; y en los guipuzcoanos de Irún y San Sebastián ; y apenas reunió a 28.684 personas, el 12,46 % del censo. Aunque todas las miradas se dirigían hacia la capital guipuzcoana, la participación allí fue de un exiguo 13,10% , muy lejos de las expectativas creadas.

La posibilidad de que la llamada a las urnas acabase siendo un fiasco como al final fue, era barajada por las direcciones de los partidos políticos convocantes, Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y Reunir el País Vasco ( Euskal Herria Bildu, en euskera, más conocido por sus siglas EH-Bildu ) y por eso se habían implicado en la cita de manera clara.

Sobre todo, la coalición electoral liderada por la izquierda vasca, EH-Bildu, partidaria de trasladar a esa tierra del norte de España, consultas similares a las que se dieron en Cataluña. Pero también había sido avalada por el PNV que  había hecho un llamamiento para ir a votar, dando ejemplo con el alcalde de San Sebastián y la Presidente del Parlamento Vasco, que fueron acompañados por algún dirigente más del Partido.

El temor de los dirigentes de las formaciones políticas vascas mencionadas era que se hubiera forzado la máquina, porque las más de 200 consultas anteriores convocadas durante los últimos años, han seguido el mismo patrón. En las localidades más pequeñas, el porcentaje de participación era relativamente más alto porque en algunos casos superaba el 20 % . Pero esas cifras bajaban mucho en los grandes municipios, como por ejemplo, Éibar y Guecho, que rondaron el 10 %.

Es lo mismo que había ocurrido ahora. En las tras poblaciones vizcaínas, el porcentaje de participantes estuvo entre el 16 y el 18 %, pero en San Sebastián e Irún se desplomó. En la capital guipuzcoana, apenas acudieron a las urnas 21.000 personas, de las más de 160.000 convocadas. El fracaso fue aún mayor en  la ciudad fronteriza gobernada por los socialistas vascos, donde la cifra se quedó en un 9,15 %.

Los datos supusieron un varapalo a su propósito pese a la animación de los días anteriores a la cita. El acto central de la campaña fue la visita que realizó el miércoles, día 14, el Presidente autonómico catalán, Quim Torra, al Palacio de Congresos de San Sebastián, pocas horas después de haberse entrevistado con su homólogo vasco Íñigo Urkullu, y dejar claro que mantenía su hoja de ruta independiente.

Durante la campaña, también habían sido invitados los principales responsables de la Asamblea Nacional Catalana ( más conocida por sus siglas, ANC ) y Ómnium Cultural, las dos organizaciones independentistas catalanas a las que los vascos quieren emular.

Como observadores internacionales que recorrieron los diferentes colegios electorales de la capital de provincia vasca, estuvieron presentes los diputados de Izquierda Republicana de Cataluña, ( más conocida por sus siglas ERC ) que estaban entonces en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá y Gabriel Rufián.