Ya están surgiendo numerosas voces del mundo jurídico ( abogados, jueces, catedráticos…) en las que muestran su desacuerdo con la manera en la que el Ministerio del Interior está sancionando los incumplimientos de la población sobre la prevención que deben de adoptar por el confinamiento sanitario.

El eco de estas declaraciones públicas va aumentando a medida que se va conociendo su contenido a través de los medios de comunicación social y va consiguiendo la adhesión de otros colectivos que también se sienten afectados.

Lo que está propagando una gran inseguridad jurídica es la falta de concreción de la que adolece la redacción del precepto sancionador : el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las Autoridades competentes en el Estado de Alarma, será sancionado con arreglo a las Leyes, según establece el Real Decreto utilizado. Esta generalización es la que está planteando problemas prácticos a la hora de establecer cuales son las leyes a que hace referencia el mismo.

Con arreglo a lo que se ha publicado en distintos medios, los Cuerpos Policiales de las distintas Administraciones Públicas están aplicando para sancionar estas conductas el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/ 2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana ( la famosa Ley Mordaza que el Gobierno quiere suprimir ) que tipifica como infracción grave la desobediencia o la resistencia a la Autoridad o sus Agentes en el ejercicio de sus funciones y cuya comisión lleva aparejada una multa que oscila entre los 601 y los 30.000 euros.

Ahora bien, para que una determinada conducta incurra -materialmente- en esa desobediencia resulta necesaria la existencia previa de un requerimiento expreso e individualizado de los Agentes de la Autoridad que sea desatendido por el destinatario incumplidor de las limitaciones impuestas por el Estado de Alarma. Circunstancia esta que no se ha producido en la mayor parte de las propuestas  de sanciones impuestas y que ya son centenares de miles, si no que se ha denunciado directamente la presencia en la vía pública fuera de los supuestos autorizados, sin más explicaciones.

Por eso, las opiniones discordantes afirman que, la mera inobservancia de las restricciones recogidas en el Real Decreto confinador, a una norma sanitaria orientada a preservar la vida de las personas y evitar el contagio de la enfermedad, estaría recogida en el artículo 57 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de la Salud Pública ; que encaja de manera perfecta frente a las infracciones directas de los deberes ciudadanos impuestos por el Gobierno.

En este caso, la sanción dependerá de la gravedad del daño que la conducta del particular haya supuesto a la salud pública, ascendiendo el importe de las multas previstas de hasta 3.000 euros para los casos leves ( si no se demuestra un daño directo para la salud ) y hasta 60.000 euros para los graves ( cuando impliquen cualquier daño para la salud ).

Además de lo expuesto, indican que aparece otro problema y es que si se aplica la Ley de Seguridad Ciudadana, la competencia sancionadora sería del Ministerio del Interior, a través de las Subdelegaciones Territoriales del Gobierno ; y las multas previstas en la Ley de Salud Pública, serían responsabilidad de las Comunidades Autónomas al ser las competentes en materia de sanidad. Así lo ha reconocido la propia Abogacía del Estado a través de una consulta solicitada por el propio Gobierno, emitida en los pasados dias y que ha sido desechada por el Ministerio del Interior.

Esto supondría que, la mayor parte de las miles de denuncias que se están tramitando por las citadas Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia y cuyo objeto fuera el simple incumplimiento de las limitaciones establecidas en este período excepcional, podrían incurrir en vicio de nulidad radical por incompetencia material, según lo establece la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 41.1b.

Otro aspecto a considerar y no menos importante, estaría relacionado con los criterios de graduación de las infracciones que se están aplicando. Es por ello que, el Ministerio del Interior ha tenido que dirigir unas Instrucciones para que se distribuyan a través de las Delegaciones de Gobierno con la finalidad de unificar criterios y evitar arbitrariedades.

Aclaración que no solo llega demasiado tarde dado el número de denuncias que ya han sido tramitadas, sino que además, estas Instrucciones resultan innecesarias en la medida que, en la mayoría de las infracciones, el Estado parece que carece de competencia -como ya se ha visto- para tramitar el procedimiento sancionador.

Todo este cúmulo de despropósitos ha desembocado en una investigación por parte del Defensor del Pueblo sobre la política de multas articulada por el Gobierno, en aras de analizar el Régimen Sancionador aplicado durante el Estado de Alarma y comprobar si se está actuando de forma correcta y proporcionada.

Pero estos cibercriminales a los que me refiero, elevan su maldad al tope. Actualizan sus fechorías clasificando a las víctimas para que piquen en los mensajes que les mandan. Consideran que la sensibilidad y el pánico que hay sobre la pandemia contribuye a rebajar la seguridad y la buena fe.

Voy a mencionar algunos ejemplos de los tipos de modalidades con las que entran en nuestros ordenadores de casa:

– Venta electrónica: cuando no se recibe el producto comprado, no se paga lo recibido o se cobran otros servicios no convenidos.

Desde que se inició el Estado de Alarma, la Policía hizo público un comunicado en el que daba a conocer que ya había detectado 45.773 cuentas de páginas electrónicas para cometer delitos sobre el coronavirus, consiguiendo el bloqueo de todas ellas.

Llevamos casi un mes ya, de un Estado de Alarma que nos ha llegado a encerrar en nuestros domicilios durante las 24 horas del día, para protegernos a nosotros mismos y como medida de seguridad también para ayudar a frenar a esta pandemia que está asolando a medio mundo.

Para que no haya incumplimientos, las patrullas policiales han intensificado sus esfuerzos para encontrar a los ciudadanos que intentan burlarse de las normas, por los motivos más variopintos: abusar del número de veces necesarias para ir al supermercado, a la farmacia o al cajero bancario; pasear al perro por media ciudad; organizar fiestas entre familiares o amigos; escapadas de fin de semana o de puente; etc.

Aunque durante los primeros dias del confinamiento se estuvo avisando, se han llegado a enfrentar con situaciones bastante llamativas : paseos con patinete; motoristas sin casco de protección; circular por direcciones prohibidas; visitas al veterinario sin la mascota… Lo que les ha obligado a tener que realizar centenares de miles de propuestas de sanción. Durante la quincena de encierro total, la media de multas por cada turno de trabajo de 8 horas, ha llegado a ser de 15 a 20 en las ciudades de tipo grande y medio.

Todos los Cuerpos Policiales, sean de ámbito estatal, autonómico y local, se han tenido que emplear a fondo pese a que, había dias que parecían domingos con apenas tráfico, los comercios cerrados, sin gente en la calle… Han tenido a su favor el que, los delincuentes tenía que estar también recogidos y pocas fechorías podía hacer sueltos por ahí. Las primeras estimaciones de los responsables policiales hablan de una reducción del orden del 50% en la estadística criminal.

Cuando se impuso la reclusión el pasado 14 de marzo, era habitual encontrar a grupos de adolescentes en las calles que pensaban que aquello no iba con ellos o que salían de casa a fumarse un cigarrillo con un amigo pero con el paso de los dias, la gente se ha ido concienciando y ahora el cumplimiento es prácticamente generalizado.

Aunque siempre aparecen los irreductibles que no les dejan más remedio que sancionar ante su negativa a los reiterados requerimientos o incluso a detener por sus graves resistencias o agresiones. Entre estos, destacan los indigentes y sin techo que no son fáciles de manejar y se les deriva a los servicios sociales municipales.

En los diversos turnos de trabajo, no toda la actividad es desagradable sino que también hay momentos reconfortantes por la gente que les ha dado las gracias por su trabajo o se les acercan para entregarles guantes o mascarillas. A las 8 de la tarde, cuando los vecinos salen a aplaudir a los balcones, también se vuelcan con las patrullas de servicio porque si bien los sanitarios están en la primera línea de batalla contra el coronavirus, los Cuerpos Policiales están a solo medio paso detrás.

Durante estas semanas, ha aparecido un fenómeno nuevo que les llena de satisfacción, lo que popularmente se ha llamado como la Policía del Balcón, que no son más que los propios vecinos que alertan a través de las centralitas telefónicas, de la presencia de aquellos otros que no respetan las normas. El balcón, se ha convertido en estas fechas para muchos ciudadanos, en su vía de escape y están mirando continuamente a la calle y detectando a los que deambulan por ella sin motivo justificativo alguno.

El trabajo habitual de las patrullas policiales durante estos dias, ha cambiado las rutinas que eran más frecuentes. Ahora, el 80% de las situaciones que atienden tiene que ver con el período excepcional al que nos ha llevado la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento. Antes, estaban más pendientes de los robos, los tirones, los barrios marginales, etc.

Aunque el grueso del trabajo más visible por los ciudadanos lo hacen las patrullas uniformadas, las Unidades de Investigación que van sin él, no han bajado la guardia por la disminución de la criminalidad y siguen trabajando al nivel que nos tienen acostumbrados. Dentro de ellas, destacan las encargadas de combatir la violencia de género, cuyos agentes no paran de realizar llamadas telefónicas a las víctimas que tienen asignadas para que se sientan atendidas y protegidas.

Los que vigilan internet, están avisando a la población de los bulos y estafas que van detectando y las cuentas oficiales en las redes sociales ( Facebook, Twitter, Instagram…) no paran de dar mensajes para mentalizar a la ciudadanía en general, para mitigar la reclusión.

Ha habido quejas ( denuncias judiciales incluidas ) a través de los sindicatos policiales, de la escasez de material para una protección eficaz durante los turnos de trabajo, que se han ido corrigiendo a medida que se ha podido distribuir el mismo, conforme iba llegando.

También ha habido numerosas donaciones de particulares y empresas que han preferido el anonimato y que han ayudado a disminuir el riesgo de contagio. Numerosos agentes han llegado a tener que pagar de su bolsillo el material sanitario necesario cuando lo encontraban en las farmacias. Todas esas acciones no han  podido evitar que centenares de Policías se hayan infectado y a otros pocos -desgraciadamente– les está costando la vida.

Una medida organizativa de carácter interno que sí se ha demostrado eficaz, ha sido la de mantener fijos a los mismos agentes que forman la patrulla para eludir la rotación constante y habitual para atajar la propagación del virus y en determinados vehículos, como las furgonetas, reducir el numero de sus componentes.

Desde la entrada en vigor del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, todos los Cuerpos Policiales, sean del Estado, Comunidades Autónomas o de la Administración Local ; están sancionando a los infractores de su incumplimiento, con centenares de miles de multas y varios miles de detenidos  por resistirse o desobedecer gravemente.

Desde el primer momento, se originaron dudas sobre los preceptos legales que se iban a aplicar puesto que existían varias opciones, lo que llevó a la Dirección General de la Policía a confeccionar unas Instrucciones de carácter nacional y obligado cumplimiento, en las que se indicaba a los agentes policiales que, debían de priorizar la utilización de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana por considerarla la más ágil y contrastada. Además de que ya existían impresos de actas normalizadas con las que las dotaciones policiales estaban familiarizadas, tras cinco años de aplicación de esta Ley.

Se prefiere esta norma a las de la Ley General de Salud Pública y a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que, tendrían cabida en esta situación excepcional ya que ambas contemplan también la sanción administrativa para la desobediencia de los ciudadanos a las medidas de confinamiento establecidas por el Gobierno de la Nación.

Se da la circunstancia de que el pasado 17 de febrero, el Ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, en el marco de su primera comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, para informar de las grandes lineas de la gestión que quería realizar en la presente legislatura, manifestó que su prioridad era derogar la conocida como Ley Mordaza ( que es como se conoce a nivel popular a esta Ley de Seguridad Ciudadana desde el mismo día de su aprobación, por los activistas de la extrema izquierda que eran quienes la iban a sufrir, principalmente) al considerarla fallida y sustituirla por una nueva Ley que se llamaría igual, pero más moderna; adaptada inequívocamente a los valores constitucionales ( sin comentarios), consensuada y útil para las actuaciones de los Cuerpos Policiales ( también sin comentarios ). 

Ahora es el momento de recordar que, la norma que la Policía prefiere utilizar por su adecuación y eficacia a los incumplimientos de las medidas establecidas para la reclusión forzosa, es la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2.015 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que desde el primer momento fue señalada como objetivo a abatir -de ahí su calificativo de Ley Mordaza– por la formación política antisistema y sus grupos territoriales adscritos, que hoy forman parte del Gobierno nacional con los socialistas.

Desde el principio, estos grupúsculos violentos de extrema izquierda, han logrado arrastrar a los socialistas y a otros grupos de la izquierda moderada que defendían su mera modificación, a posiciones más radicales como es su eliminación. Los de Podemos casi lo consiguen ya en la anterior legislatura donde el Anteproyecto de  la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana ( rechazada por todos los sindicatos policiales, con lo difícil que es conseguir esa unión ) logró pasar el trámite de su aprobación por la Comisión de Interior pero no pudo ir al Pleno del Congreso de los Diputados, debido al adelanto electoral de abril de 2.019. 

NOTA DEL AUTOR.- Este artículo, hace el número 100 de los publicados en este blog, desde su inicio en un ya lejano, 12 de abril de 2.018. Puntualmente, he acudido -domingo tras domingo- a esta cita semanal con todos los sentidos puestos en alerta para elegir el tema que más se iba a ajustar a los acontecimientos del momento, siempre que, de una manera u otra, estuvieran relacionados con asuntos policiales o de seguridad pública.

En su primer año de vida, en 2.018,  el blog consiguió 8.142 visitas efectuadas por 3.025 personas . En 2.019, hubo 10.222 visitas a cargo de 5.126 lectores. En lo que llevamos de 2.020 y hasta hoy, se han recibido 2.289 visitas, a cargo de 1.246 personas. La modestia de estos datos me llenan de satisfacción.

La difusión por internet de este blog, ha posibilitado su acceso a lectores de 43 países de los cinco continentes que forman este planeta, llamado Tierra. Como es lógico, mayoritariamente de Hispanoamérica -y no de América Latina o Latinoamérica como se empeñan en llamarla los ignorantes del sentido histórico de España- como corresponde a territorios con los que compartimos la misma lengua, cultura y religión.

A todos los lectores, los de aquí y los de allá, muchísimas gracias por dedicarme algunos minutos de vuestro valioso tiempo. También por el aliento que recibo en vuestros comentarios con los que coincidimos en un 99,99% . Con las cifras expuestas, cojo fuerzas para intentar llegar a los 200 artículos, si Dios quiere. Un abrazo a todos.