La crisis sanitaria que ha originado el coronavirus chino, no solo ha vuelto a mostrar la fotografía de división del Gobierno de coalición social-comunista, sino también la artificialidad del discurso de la formación política Unidas-Podemos que se ha visto obligada a rectificar en su estrategia habilidosa, una vez que la realidad le ha afectado de lleno como partido político, integrando el Gobierno Central, al recibir críticas continuas por la gestión de la pandemia.

El 6 de marzo del pasado año, dos de sus diputados en el Congreso presentaron una Proposición de Ley Orgánica ( PLO ) para la derogación de hasta 6 artículos del Código Penal, relacionados con la libertad de expresión. Entre ellos, se encontraban los artículos 504 y 543 del citado Código. El primero de ellos, está destinado a sancionar a quienes calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma.

Y el segundo de ellos, es decir el artículo 543, a las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho, a España, sus Comunidades Autónomas, o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses. 

Conviene resaltar que, apenas transcurrido poco más de un año de abominación pública de estos mismos delitos cuando estaban en la oposición, ahora Unidas-Podemos se ha abrazado a ellos hasta en tres oportunidades, a sabiendas que el artículo 504 casi no se ha aplicado, según reconocen  y así aparece en su propuesta parlamentaria.

Podemos, se amparaba en que el artículo 504 debía de ser eliminado, argumentando que, lógicamente, las instituciones de un sistema democrático tienen que estar expuestas a la crítica de la ciudadanía. Ahora y para protegerse de la lluvia de censuras que reciben por su mala gestión de la crisis sanitaria, Podemos rescata el Código Penal. El grupo político lo volvió a hacer, hasta en en tres ocasiones de mes de abril de año pasado, concretamente durante los dias 2, 7 y 20 ; en los que volvieron a utilizar el artículo que antes querían eliminar.

En la primera ocasión, otros dos diputados de Podemos, distintos a los anteriores, denunciaban a un Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, por difundir vídeos falsos y pedían que se le iniciaran las acciones legales oportunas por la supuesta comisión de delitos como los de : desorden público por falsedad manifiesta; contra el mercado y los consumidores; calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y delito de simulación de peligro. 

En la segunda ocasión, presentaban otra denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por los posibles delitos de : organización criminal; injurias y amenazas a altas instituciones del Estado; para que se investigara la posible difusión de bulos, a través de redes sociales, para atacar al Gobierno de coalición por sus gestión de la crisis sanitaria. El partido, denunciaba una serie de videos que mostraban una sala llena de ataúdes y bolsas que contendrían cadáveres, en un hospital de Madrid; puesto que para ellos, esas imágenes no correspondían a la realidad de España.

Se da la circunstancia que, en ambos asuntos llevados a la Fiscalía, figura como uno de los firmantes, el mismo diputado del Congreso que también lo hizo en la Proposición de Ley Orgánica para despenalizar el artículo 504 citado, del vigente Código Penal.

La tercera y… ¿ última ? denuncia presentada no es más que una ampliación de la primera, en la que se incluía a un cargo local del partido VOX.

Contradicciones evidentes, como se ha visto, tanto en la forma como en el fondo, que ponen de nuevo de manifiesto que no es lo mismo estar en el Gobierno que en la oposición. Podemos, ha pasado de querer modificar el Código Penal para proteger las barbaridades que se les ocurren, bajo el abrigo de su interpretación de lo que es la libertad de expresión; a acogerse a sus artículos -denostados previamente- para defenderse e incluso envolverse en ellos, para pedir amparo a la Fiscalía General del Estado.

 Esto se parece más a una transformación, a una metamorfosis, algo así como una subida y bajada a toda velocidad de una montaña rusa, el cambio que Unidas-Podemos ha experimentado en unos meses, demostrando que, sus argumentos y doctrina, se adaptan perfectamente a las ocasiones para seguir ostentando el poder. Esa postura se llama hipocresía que en el manual del perfecto comunista no es más que una herramienta más para conseguir -por un lado – el poder y -por otro- mantenerse en el mismo cuanto sea posible.

Me viene ahora a la memoria aquel pasaje de una película de los Hermanos Marx, que ya ha pasado a la historia de lo absurdo, en la que Groucho Marx, pronunciaba una de sus citas más famosas, aquella de:  estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros.

Esperaron escondidos, cerca de la playa, hasta las cuatro de la mañana. Hincharon la balsa neumática y se subieron diez hombres a ella. Era una de las denominadas » toys», de apenas unos tres metros de eslora, que no admite a más de cuatro personas porque carecían de motor y tenían que llevar remos. La temperatura era muy baja y el mar estaba en pésimas condiciones.

Sabían que el riesgo de perecer era muy alto, como ha ocurrido en otros muchos casos pero si la cosa se ponía mal, podían llamar para que los socorrieran al número de teléfono de Salvamento Marítimo que les había facilitado la mafia planificadora del viaje. Se trataba de un viaje organizado -como casi todos- con garantías de un auxilio español gratuito asegurado para sus clientes.

Dada la fragilidad de su embarcación, pronto tuvieron que hacer la llamada telefónica de ayuda en inglés, francés o una mezcla de los dos. Se les preguntó cuantos eran, de donde habían partido, si observaban algún barco cerca para que pudiera servir de referencia; todo esto para así disponer de la mayor información posible que facilitara su localización. Una hora después, llegó el ansiado «barco naranja « de Salvamento Marítimo que los rescató y los llevó al Puerto de Tarifa, en Cádiz.

Allí, se les aplicó el protocolo de pateras entre la Cruz Roja que asume la parte sanitaria y la Policía que procede a su detención. Fueron ingresados en el Centro de Internamiento de Extranjeros ( CIE ) de Algeciras para intentar su expulsión, trámite imposible de realizar al ir indocumentados y mentir en todos los datos de filiación, siguiendo las instrucciones recibidas por la mafia contratada. Al final fueron puestos en libertad con una orden de expulsión al país que dijeron y que todos saben que no es cierto. Esto afecta, principalmente, a los subsaharianos porque los magrebíes de Marruecos y Argelia tiene la expulsión asegurada en virtud de sendos Convenios de Readmisión .

Cada año la cifra de « pateristas » es alarmante y si acudimos a las estadísticas podemos observar que durante 2018 llegaron a casi 60.000 ( 57.498, exactamente ) batiendo todos los records. En el 2.019, lo consiguieron 26.103 a pesar de cerrarse la vía del Estrecho de Gibraltar, gracias a la lucrativa petición de colaboración a Marruecos ( ayuda oficialmente ), regada de algunos cientos de millones de euros de la Unión Europea y el año pasado, en 2.020 y pese a la pandemia china, llegaron a nuestras costas 40.106, un 53,60% más con el siguiente reparto de rutas: argelinos por el Mediterráneo y marroquíes por el Atlántico, rumbo a Canarias.

Este primer trimestre se cerrará -estadísticamente- en torno a los 7.000. Se ve -perfectamente- como han perdido el miedo a ser detenidos, llegan bien instruidos de cómo se tienen que comportar y qué tienen que decir y además se les da un tratamiento humanitario del que carecen en su países de origen y que conocen bien a través de las imágenes que han visto muchas veces en la televisión. Saben que no solo se les recibe, sino que además se les ampara.

El problema es conocer de donde  provienen y al no revelarlo, no se sabe a dónde enviarlos. Su objetivo es quedarse y de esta manera lo consiguen. No es que se queden en España, sino en Europa. Buscan apoyos : de familiares, amigos, conocidos ; que estén establecidos en cualquier lugar -a ellos les da igual el sitio, porque nunca estarán peor que donde vienen- y así acabarán siendo absorbidos por la sociedad

Al tratarse de inmigración irregular, hay que acudir a las estadísticas de los localizados ( se estima en un 70% de los que vienen ) y en lo que casi todo el mundo coincide es que aunque lleguen a España, su destino final parece ser Europa, (tenemos que volver a otra estimación aunque esta vez es un poco mayor), del orden del 80%. Nuestra elevada tasa de desempleo no les deja mucho espacio a pesar de aceptar el trabajo que los españoles no queremos.