Este verano, la atención informativa -especialmente las televisiones- han puesto su punto de mira en la ocupación de viviendas. La consecuencia ha sido la esperada : gran alarma social. Hay dos vías para comprobar estas informaciones y son : los datos y el análisis de los expertos. Ambas indican que los temores no están del todo fundados.

Las cifras del Ministerio de Interior muestran un repunte reciente en las denuncias de las ocupaciones de inmuebles. Así, en los primeros seis meses de este año 2.020, hubo 7.500 denuncias, frente a las 7.093 del año pasado, en igual período de tiempo. Y si en todo el año 2.019 fueron 14.621, en 2.018 fueron 12.214. A la vista de estos datos, la sensación de alarma es infundada. Los expertos indican que, estas cifras hay que aceptarlas como normales en situaciones de crisis como la que estamos viviendo.

Las viviendas que utilizamos en nuestra vida normal, tales como el domicilio habitual, la casa de la playa o de la sierra o del pueblo y que por lo tanto están a nuestra disposición, constituyen domicilio y cualquier extraño que entre en ellas -por la vía que fuere- con la intención de permanecer en su interior, está cometiendo un delito de allanamiento de morada, penado con prisión y puede ser desalojado por su legítimo propietario o por la Policía, sin que sea necesario autorización judicial alguna porque está perpetrando un delito flagrante ( entra y se queda ).

No hay que guardar ningún plazo de tiempo y se puede hacer -si fuera necesario- empleando la fuerza mínima indispensable. Si lo hace el propietario, podría estar incurriendo en un delito leve de la realización arbitraria del propio derecho -sancionado con multa- que podría considerarse justificado por la legítima defensa o en estado de necesidad, circunstancias ambas eximentes en el vigente Código Penal.. También el desalojo lo puede hacer la Policía porque no existe plazo alguno marcado por Ley. Además se llevarían detenidos a los ocupantes, que pasarían a disposición judicial.

Otra cosa es cuando se ocupa una casa que lleva tiempo deshabitada -incluso años, sin que aparezca nadie por allí- en la que no viviera nadie de forma permanente, ni por temporadas, ni por vacaciones. O en pisos en construcción o terminados y no entregados aún a sus propietarios. En este caso, el ocupante habría incurrido en un delito de usurpación, que no tiene pena de prisión sino de multa.

Aquí la actuación policial es más cautelosa porque lo que está en juego no es el domicilio de nadie, sino la propiedad de un inmueble vacío. Por eso, quién la acredite debe de acudir a la vía judicial para dirimir su derecho. Lo normal es que el juez dé la razón al propietario pero tras un proceso que puede incluir la intervención de los servicios sociales para analizar la situación familiar de los ocupantes, especialmente si tienen hijos menores. La mayoría de las ocupaciones denunciadas son como esta última y las víctimas suelen ser entidades bancarias o financieras y entonces no estarían ocupando una vivienda sino un inmueble. Lo que no entra en el concepto de ocupación son los inquilinos morosos, los que por una razón u otra dejan de pagar el alquiler o los gastos de mantenimiento ( agua, luz, gas,…).

Los conceptos jurídicos mencionados hasta ahora, son todos ellos bienes amparados por nuestra legislación ya que vivimos en un Estado de Derecho. Los delitos de allanamiento de morada y usurpación siempre han estado recogidos en nuestro Código Penal y los derechos de propiedad y posesión están protegidos en el Código Civil; pero entonces : ¿ que es lo que está pasando ?. Pues que nuestro sistema jurídico es tan garantista que no toma decisiones drásticas cuando pueda existir un derecho, por mínimo que sea.

Por eso, todos los Cuerpos Policiales consideran esencial disponer de normas establecidas -a ser posible- por la Fiscalía General del Estado ( que con su titular actual es más del Gobierno, cada día que pasa ) para que sean comunes en toda España y así poder garantizar sus operaciones en este campo. Una unificación de criterios para hacer frente a este fenómeno que cada vez preocupa más a la ciudadanía y no tener que responder por ello -encima- ante los tribunales de justicia. Hasta ahora, se carecía de instrucciones comunes tanto para los fiscales territoriales, como para los protocolos policiales.

Las numerosas quejas de la población y de los Policías, unido a una creciente demanda social que se ha traducido en un aumento de denuncias y en la aparición de patrullas vecinales y empresas privadas que ejercen labores cuasi policiales; han forzado que la Fiscalía General del Estado dictara una Instrucción para que todos los Fiscales del territorio nacional trataran con el mismo criterio el fenómeno de la ocupación, sin abordar ningún cambio legislativo. Ordenando que se inste al juez la medida cautelar de desalojo, – bien por allanamiento de morada, bien por usurpación-; siempre que se cumpla una batería de medidas, entre las que destaca la denuncia previa y la acreditación de la propiedad. Esta posibilidad no afecta a las viviendas de entidades bancarias o financieras, salvo que concurran otras circunstancias excepcionales.

Tras esta nueva Instrucción, el Ministerio de Interior puso en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de ocupantes de inmuebles. La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas ( que se utiliza en la jurisdicción civil ) para proceder a la expulsión de los usurpadores, sin establecer ningún otro para que el propietario recupere lo que es suyo.

Si se trata de un delito flagrante de allanamiento de morada, se podrá desalojar a los intrusos y proceder a su detención, sin tener que pedir autorización judicial. Si se trata de un delito de usurpación y no es flagrante, habrá que solicitar el desalojo al juez. También menciona un refuerzo en la investigación de las mafias de la ocupación o los delitos conexos que, -aparecen en ocasiones-, como la defraudación del fluido eléctrico o las coacciones al resto de vecinos.

Esta disposición policial está firmada por el Secretario de Estado de Seguridad y se denomina Actuación de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles. Se trata de una Instrucción de obligado cumplimiento, fechada el pasado 17 de septiembre, un día después de la de la Fiscalía General del Estado.

Ambas Instrucciones han decepcionado -profundamente- a los profesionales policiales y las han cuestionado por ineficaces porque no solucionan el problema existente. El sindicato JUPOL, ( Justicia Policial ) del Cuerpo Nacional de Policía, ha calificado de venta de humo las dos Instrucciones y que no aportan nada a la operativa policial, pretendiendo con ello maquillar la inacción del Gobierno de la Nación. Desde otro sindicato policial, el SUP, ( Sindicato Unificado de la Policía ), se pide endurecer las normas actuales, especialmente las relativas a la usurpación, coincidiendo con las propuestas formuladas en el Congreso de los Diputados, por los grupos políticos PP, Ciudadanos y Vox, todas ellas rechazadas por la mayoría parlamentaria actual y que propició la formación de este Gobierno central. Y el sindicato de la Guardia Civil AUGC ( Asociación Unificada de Guardias Civiles ), lamenta que no se aclaran las dudas con las que se encuentran los agentes en estas actuaciones operativas.

Compartirán conmigo que engañar al seguro -o al menos intentarlo- es casi un deporte nacional. Estoy hablando de España, el país que inventó la picaresca, con tal éxito, que la exportó a esos mundos de Dios. Al fin y al cabo surgió en los años de la transición entre el Barroco y el Renacimiento, durante el llamado Siglo de Oro de las letras españolas, en plena España Imperial.

Siguiendo a la información que proporciona el ICEA ( Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras ) que es una asociación española, sin ánimo de lucro, de compañías aseguradoras y con sede en Madrid; esto pasaba antes, en la década de los años 80 del pasado siglo, -y digo yo que en la actualidad también, aunque no lo reconozcan- a empresas que prometían indemnizar por un siniestro porque tenían unos códigos operativos muy diferentes a los implantados ahora, en el siglo XXI.

Aunque esta organización no facilita estadísticas por razones obvias y que entre otros motivos es porque serviría para animar a ese depredador que casi todos llevamos dentro; sí en cambio, proporciona historias personales a las que se han tenido que enfrentar. Detallaré algunas :

Un cirujano plástico, a 15 años de jubilarse, en trámites de divorcio, con clínica privada abierta e incompatible con su cargo en la sanidad pública ; concertó numerosas pólizas de accidentes e indemnización por incapacidad temporal, de vida y por cese de actividad. Es decir, por todo lo que le pudiera pasar y por eso contrató sumas millonarias.

A los pocos meses, se amputó un dedo de la mano derecha y declaró en el hospital que se lo había pillado en una puerta del quirófano. Logró jubilarse anticipadamente y las indemnizaciones fueron millonarias, claro. Ante las dudas de la compañía aseguradora, se contrató a un detective privado, que lo sorprendió trabajando en una clínica de un colega y pudo demostrar que su lesión no fue producto de un accidente sino que se trataba de una autoamputación.

Una de las aseguradoras no llegó a pagarle nada por el lucro cesante ( pérdida de sus ganancias ) que reclamaba por su depresión tras el falso accidente laboral y además se había olvidado de declarar fiscalmente sus operaciones privadas.

Otra historia:  la centran en unos empresarios que movieron millones de euros en mercancías y aprovechando una época de bajos precios, alquilaron una nave en un polígono industrial. Semanas después, un incendio había acabado con todo y el seguro contratado cubría el material almacenado. El fiasco se descubrió por los errores que cometió un empleado de confianza de la empresa, horas antes de iniciarse el fuego.

Entre los accidentados de tráfico, existe una gran picaresca para exagerar lesiones o dolores y dramatizar las consultas que hacen que médicos y detectives se especialicen en patologías difíciles de refutar.

Igual ocurre con los Partes Amistosos en los accidentes de circulación que, en muchas ocasiones, no son fieles a la realidad de los hechos. En este aspecto, se encuentran con bastantes expertos y hasta profesionales en lograr reparaciones gratis, pintura nueva y cobrar lo que sea menester bajo el guion del engaño. Aquí son muy frecuentes las reclamaciones desproporcionadas y suponen casi la mitad de los fraudes que atienden.

Los tramitadores de las aseguradoras, con la ayuda de peritos y detectives, también se ocupan de los siniestros simulados ( los que no han ocurrido ) y los de ocultación de lesiones o daños preexistentes.

En el tema de fraude al seguro también hay que tener en cuenta que, tenemos que buscar un equilibrio entre la posible picaresca que pueda tener el asegurado con las técnicas que siguen las aseguradoras para no pagar en caso de siniestro, lo que prometen bajo contrato.

El catálogo de obstáculos para obtener una rápida y justa indemnización, es infinito para quien tiene derecho a ello. Si bien en pequeñas sumas no suele registrarse problema alguno, cuando se trata de miles de euros, las aseguradoras empiezan a discutirlo todo desde el primer momento.

Aunque no se puede afirmar de que haya interés y falta de información para combatir el mismo fraude, falta muy poco. Por estas circunstancias conviene que las pólizas sean concertadas por el cliente a través de alguna correduría de seguros autorizada y que haga de intermediaria.

De otro lado, no se debe de descartar que, el fraude es un fenómeno que llegó para quedarse y sigue existiendo pese a que lo oculten. Los más desvergonzados juegan con que las aseguradoras, raramente, denuncian penalmente las estafas que sufren ya que la gestión del siniestro está sujeta a plazos ( 40 dias ), para aprobar o rechazar pagos, de acuerdo con la normativa vigente,

El pasado mes de junio, el Instituto Nacional de Estadística ( INE ), publicó las cifras de población española correspondientes al año 2.019, donde, por primera vez en la Historia, se superaban los 47 millones de habitantes ( 47.329.981 exactamente ).

Este anuncio, se produce en mitad de una gran crisis demográfica, con una población cada vez más envejecida ( siendo la edad media de 44 años, frente a los 30 de 1.975 ) y con una natalidad en mínimos desconocidos hasta ahora. Por si había alguna duda, habría que añadir una mortalidad al alza. La población española se redujo en 2.247 personas.

La llegada de extranjeros, está paliando la pérdida de población nacional que lleva estancada en los 46 millones desde 2.012 y ha sacado a España de tres años de caídas totales de habitantes, durante los años 2.014, 2.015 y 2.016. Por primera vez, desde 2.013, se vuelven a superar los cinco millones de extranjeros.

Si unimos la crisis económica y el envejecimiento, nos encontraremos con los motivos de retroceso del número de habitantes desde 2.012 – 2.016, sobre todo porque dejó de venir inmigración y muchos de los que ya eran residentes aquí retornaron a sus países de origen o se marcharon a otros lugares en busca de nuevas oportunidades. En siete años, de 2.009 a 2.016, la población extranjera disminuyó en 1,1 millones de personas.

Con la recuperación económica, la dinámica ha cambiado totalmente, habiendo crecido en 2.019 un 7,9% ( 451.391 ). Sin embargo, el flujo inmigratorio no está siendo homogéneo en todo el territorio nacional. Los mayores incrementos se dieron en las Comunidades Autónomas de Islas Baleares ( 1,90%), Madrid ( 1,59% ) y Canarias ( 1,38%). Y los descensos más acusados en Extremadura y Principado de Asturias ( ambas con un -O,34%) y Castilla y León ( -0,27% ). Curiosamente, también son las más castigadas por la despoblación nacional.

En otras provincias de la España vaciada, como Zamora, Teruel, Burgos, Soria, Palencia, Cáceres, Badajoz, Asturias, Ávila, Lugo y Orense ; la situación no llega a sufrir una disminución de su población extranjera pero no logra taponar la pérdida de habitantes nacionales.

En concreto, el número de extranjeros residentes en España durante el año pasado, ascendió a 5.235.375,( 395.168, un 8,2% más ) todavía lejos de los 5.648.671 ( un 12% del total ) que se produjo en 2.009. Siendo la población venezolana la que más creció, con un 39,8% ( 53.288 ); seguida de la colombiana con un 31,3% ( 62.355) y la hondureña, con un 29,4% ( 24.928). La población marroquí sigue siendo la más numerosa : 761.122 ( 47.346 más, un 6,6% ) ; seguida de la rumana con  666.936 (3.25O menos, un -O,5%).

A pesar de los años transcurridos y del olvido generalizado de la sociedad española, los terroristas etarras ( convictos, confesos, condenados, acercados y hasta algunos puestos en libertad condicional ) y sus amigos, hacen lo que quieren en numerosos pueblos vascos y navarros. No en todos y menos en las capitales de provincia y grandes ciudades porque a mayor población hay más tolerancia y a menor población más odio.

Todos los que hemos pasado por allí en los años de plomo, recordamos con nostalgia los bonitos paisajes que la lluvia casi permanente los hacía notar. La presencia constante del paraguas y el protector de plástico de los cochecitos de los niños para que no se mojaran. A veces, era mejor llevar puesto el chubasquero para tener las manos libres.

Los que han vuelto como turistas, han podido comprobar que, en muchas zonas rurales continúan las pancartas reivindicativas, las fotos enormes de los presos de la banda criminal y los carteles desmedidos donde se siguen llamando guerreros ( gudaris, en vasco ) a todos los que integraban ETA. También persisten las que siguen llamado perros ( txakurras ), a la Policía y a la Guardia Civil, pidiéndoles que se marchen de allí.

En sus calles, es fácil encontrarse con familiares de presos de la organización mafiosa separatista que, con toda libertad y sin cortarse un pelo, hablando en tono alto para que los oiga bien todo el mundo; de como están esperando que a sus hijos los acerquen todos pronto a su país ( Euskalherria, Tierra Vasca en eusquera ) el Gobierno social-comunista de España porque no se merecen el castigo que les están haciendo pasar esos fascistas de españoles. Se refieren a esos chicos que cumplen condena por los muertos ocasionados en sus atentados.

Los vecinos que pasan por su lado no pueden decir lo que piensan sobre ello porque todavía temen las consecuencias que puedan tener sus comentarios. A lo que han escuchado, les gustaría responder que, a muchos de ellos no les ha agradado lo que ha hecho ETA durante décadas, porque han matado a mucha gente, han dejado viudas, huérfanos, familias enteras destrozadas. Han llenado las calles de sangre y han manchado la imagen de los vascos… y encima se quejan.

Esas madres ven a sus hijos en las cárceles aunque tengan que hacer muchos kilómetros pero las familias de sus víctimas solo pueden ir a los cementerios a ponerles flores en sus nichos. De esas familias no les dan pena. ¡ Que se aguanten, que no hubieran venido a reprimir sus derechos !, van diciendo a modo de justificación.

Esos vecinos que nunca dicen nada, que no van a las manifestaciones de apoyo a los presos, ni a las fiestas de bienvenida cuando los ponen en libertad, son sospechosos de estar a favor de la Policía y de la Guardia Civil y además, ni siquiera sus hijos aparecen por las tabernas populares ( herriko tabernas, en vasco ), que no son más que nidos de adoctrinamiento terrorista separatista.

Si les miras a la cara, ellas te responden con la vista fija, con ojos como si fuesen cuchillos afilados que pasan por tu cuerpo y entonces te entra un sudor enorme y te pones a temblar. No te puedes desahogar después de tantos años aguantándolo todo y no meterte en un lío que también puede afectar a tu familia. Los vecinos continúan su camino pensando que, una vez más se han podido contener.

Cuando llega el momento de llegar a sus casas y comentan con su familia lo que han visto : como Arancha, la mujer de Paco -el de Granada- que tienen en la cárcel a un hijo por ser de ETA; comentaba con otras vecinas en la puerta de la panadería del barrio, lo orgullosa que estaba de su hijo por ser un luchador, un guerrero, un héroe.

Y entonces, sus familias que los conocen bien, les preguntan : ¿ no les habrás dicho nada, verdad ?. Porque ellos saben lo que tienen que decir si les preguntan por los presos para que toda su familia pueda seguir viviendo en esa paz vigilada : que no les interesa la política. Que tienen que seguir con la boca cerrada para no sufrir represalias y poder seguir dejando el coche en la calle.

Este relato que parece sacado de los años setenta y ochenta del siglo pasado, ocurre en la actualidad aunque algunos se empeñen en decir que ya no hay miedo, ni intimidación y quieren transmitir que todo está bien en la normalidad cotidiana. Todavía hay gente que sufre el infierno por vivir en algún pueblo vasco o navarro. Y para los escépticos, recordarles que ayer se celebró en Alsasua (Navarra ) el Día del Adiós  ( Ospa Eguna, en eusquera ) de la Guardia Civil de la citada localidad, con la anuencia de la Audiencia Nacional, atendiendo la opinión de la Fiscalía que era partidaria de su celebración.

El pasado domingo, día 21, se acabó el innecesario prolongamiento – llegó a ser el sexto-del Estado de Alarma porque el Gobierno de coalición social-comunista no pudo encontrar los apoyos políticos necesarios para su renovación ya que de haberlo podido hacer, su deseo era continuar esta situación excepcional en  la que se sentía muy cómodo y a despecho de la grave parálisis económica en la que se encuentra España.

Entonces llega el tiempo de hacer balances. Y la Policía Española, lo ha hecho. En un comunicado público realizado el mismo día, destacaba que durante este período había prestado una especial atención a los colectivos más vulnerables. Facilitando los siguientes datos:

• Las Unidades especializadas en Violencia de Género habían detenido a 8.790 personas y han tramitado 8.412 denuncias. Además, han llevado a cabo más de 245.000 contactos con víctimas y más de 70.000 controles.
• Se han efectuado 15.786 contactos con residencias y asociaciones de ancianos en el marco del Plan Mayor de Seguridad y otros 7.087 con centros médicos, a fin de prevenir agresiones al personal sanitario. En total, se han llevado a cabo 53.375 servicios humanitarios.

• Por saltarse las medidas establecidas durante el confinamiento, se han detenido a más de 4.000 personas, de las cuales 1.028 lo han sido en la Comunidad de Madrid; 715 en la de Andalucía ; 640 en  la Valenciana y 335 en la de Canarias. Por provincias, destacan Alicante con 389, Valencia con 238 y Cádiz con 231.
• Se han tramitado casi 287.000 Propuestas de Sanción, con la mayor incidencia en Andalucía ( 68.267 ); Madrid ( 56.512 ) y Comunidad Valenciana (49.915 ).
• En el ámbito de la movilidad, se han identificado más de 7 millones de personas y 536.000 vehículos.
• En el Control de Fronteras, se han detenido 146 personas y se ha Denegado la Entrada a una 63.000 personas y se han controlado casi millón y medio de vehículos.

 

A modo de referencia y en el ámbito de la Propuestas de Sanción  formuladas por incumplimientos del Estado de Alarma, de los restantes Cuerpos Policiales, la Guardia Civil ha realizado 313.570 y 494.709 por las Policías Autonómicas y Locales, lo que hace un total de 1.089.917, a fecha de 31 de mayo pasado. Todas ellas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Partido Popular ( PP ) en el año 2.015 y que desde entonces, toda la izquierda política española ha tratado de modificar o revocar, descalificándola -desde el principio- con la denominación que ha conseguido arraigo popular ( Ley Mordaza ).

 Llama la atención que, con lo discutida que es esta Ley -incluso se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional- se haya utilizado más que nunca en sus cinco años de vigencia al sancionar a cerca de 1,1 millones de ciudadanos suponiendo un 42% más que en los tres primeros años y medio de la norma jurídica y que fueron 765.416.

Para comprobar en manos de quienes estamos, se puede observar que, la crisis sanitaria no solo ha postergado la derogación de la Ley que está contemplada como uno de los puntos básicos en el acuerdo para la formación del actual Gobierno de coalición socialista-comunista, sino que la ha revitalizado hasta convertirse en el pilar esencial utilizado por el Ministerio del Interior para sancionar a los que no respetaban el confinamiento.

Y si alguien no ha agotado todavía su capacidad de sorpresa le falta por conocer que, el elevado número de denuncias que se han cursado ha provocado numerosas quejas desde diversos sectores, empezando por el socio del Gobierno, Unidas-Podemos marcando así el camino para dar ejemplo.