Se trata de un fenómeno muy extendido en los Estados Unidos de Norteamérica. Consiste en mostrar una actitud amenazante ante la Policía, para obligar a los agentes a disparar a matar. Se hace ante la presencia de armas de fogueo, cuchillos, cinturones de bombas falsos, etc. Las estadísticas criminales de ese país, reflejan  que más de un tercio de las muertes por los disparos de la Policía, corresponden a este tipo de actuaciones.

En España y según avanzaba la investigación, lo que en un principio se calificó de » ataque terrorista «, acabó siendo uno de estos casos. Fue el 21 de agosto del año 2.018 en la Comisaría de la Policía Autonómica Catalana de Cornellá del Llobregat ( Barcelona ) donde un ciudadano argelino de 29 años, entró blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones y gritando « Alá es grande «.

Pretendía matar a la Policía que le abrió la puerta y que se defendió realizando varios disparos que le ocasionaron la muerte. El agresor recibió un impacto en el muslo, otro en el hombro y otro en la cabeza. La agente efectuó un cuarto disparo que no llegó a impactar en el agresor.

La familia de la víctima anunció que, iba a denunciar a la Policía autora de los disparos por » negligencia «, afirmando que el argelino no fue » abatido en legítima defensa sino asesinado «. Versión que se extendió rápidamente en las redes sociales, acusando a la Policía Autonómica de tener » el gatillo fácil «.

De lo investigado hasta ahora, parece que, morir era -precisamente- la intención del argelino. Barajando la hipótesis de que muriendo, buscaba » la redención » ante la comunidad musulmana a la que pertenecía, debido a » la vergüenza » de su homosexualidad que un año antes le había llevado a romper con su pareja y a la que avisó de « su partida hacia el gran sitio que está arriba «.

Lo mejor para defenderse ante un ataque con cuchillo es huir, siempre que se pueda. Entrar en combate cuerpo a cuerpo, para una persona corriente es casi un suicidio. En el mejor de los casos, resultaría con heridas muy graves. Las heridas de navajas, cuchillos, machetes o cualquier arma blanca son cortas, eléctricas, muy violentas y más letales que un enfrentamiento por arma de fuego.

En cambio, un Policía no puede permitirse el lujo de retirarse ante esta clase de asaltos y su obligación es repeler el ataque para protegerse a sí mismo y a los que le rodean. En estas circunstancias, un ataque con arma blanca es una de las situaciones más peligrosas a las que se puede enfrentar un profesional de la Policía.

En el caso de Cornellá, nos encontramos ante un espacio cerrado, donde las distancias son muy cortas; hay dificultades para moverse ( todo transcurrió en el vestíbulo del edificio policial ) y donde tienes que disparar en movimiento. En estas condiciones, » parar » al agresor con tres disparos de cuatro y sin efectos colaterales, parece mucho más » un éxito » – desde el punto de vista profesional-  que una negligencia, como denuncia la familia del fallecido. En el proceso judicial se aclararán todos los extremos.

El pasado 20 de diciembre, la Fiscalía de Barcelona, solicitó el archivo de la causa en la que se investigaba la actuación policial en la misma ciudad, durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2.017 ; en un prolijo Informe de 62 folios, remitido al Juzgado de Instrucción número 7 de la capital catalana. 

En el mismo, el Ministerio Público recalcaba que, tras más de dos años de investigación, no ha existido dato o indicio alguno que permita sospechar que la intervención policial fuese en su conjunto desproporcionada, ni en la gestión y dirección del operativo, ni en su desarrollo y evolución, a lo largo del 1 de octubre de 2.017.

En el escrito se esgrime con profusión, el relato de los hechos probados en la Sentencia del Juicio del Proceso, para rebatir la denuncia impulsada por el Gobierno catalán que ponía el foco en la presunta violencia de las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional, para dejar en la penumbra el grave comportamiento de los hoy ya condenados y presos por el Tribunal Supremo.

Sigue añadiendo que, en la investigación, se han recopilado decenas de denuncias de los ciudadanos; partes de asistencia facultativa; informes forenses; documentación fotográfica y videográfica; Informes y Protocolos policiales; se ha tomado declaración como investigados a 50 agentes y se ha escuchado la versión de algunos denunciantes, entre otras diligencias.

La conclusión de la Fiscalía es clara: la intervención policial tuvo lugar como consecuencia de la inacción, insuficiencia, inadecuación e ineficacia de la Policía Autonómica catalana ( conocida como Mozos de Escuadra ) y estaba amparada en las Instrucciones del Fiscal Superior de Cataluña, primero, y en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después. 

Subrayando que el uso de la fuerza tuvo lugar por la actitud subversiva de numerosos grupos de personas que trataron de obstaculizar la intervención policial, con  el único fin de lograr la celebración de un referéndum ilegal. Añadiendo que, de esa fuerza legítima se derivaron la mayor parte de las lesiones, en las que no se aprecian indicios delictivos.

En consonancia con la Sentencia del Proceso, la Fiscalía niega que el comportamiento de los ciudadanos que se congregaron ante las puertas de los centros de votación, con la única y exclusiva finalidad de impedir un mandato judicial, estuviese amparado por las libertades de expresión, reunión y manifestación.

Y hace hincapié, por ejemplo, en que en 131 de los 210 centros de votación de Barcelona ( que supone el 60 % ) no se realizó ninguna intervención, ni por parte de la Policía Nacional, ni de la Autonómica. Si las órdenes hubiesen sido las de reprimir injustificademente e ignorar los derechos fundamentales de las personas, parece más que evidente que las Unidades de Intervención Policial ( UIPs), no hubiesen actuado únicamente en 27 centros, en algunos de los cuales no hubo lesionados o si los hubo fue de escasa consideración.

El Ministerio Público defiende la actuación de los agentes porque fue pausada y gradual. La pretendida y denunciada desproporción policial, choca irremediablemente con las imágenes grabadas en las que se aprecian los avisos y conminaciones previas. Resalta las recalcitrantes negativas y resistencias de esos ciudadanos a desalojar las puertas de los locales y su agresividad ante los agentes, que legitimó el uso de la fuerza para cumplir el mandato judicial. Los hombres y mujeres que no participaron en la obstrucción policial, no vieron alterada su normal y pacífica convivencia.

Por último, la Fiscalía lamenta que la acusación genérica impulsada por el Gobierno regional catalán, haya propiciado una investigación judicial prospectiva en la que, desde el primer momento, no se ha especificado qué hechos concretos se pretendía investigar, dando pie a una suerte de imputación generalizada de cualesquiera de los intervinientes en el operativo policial y a la apertura de hasta 27 piezas separadas.

Lo llevan en la sangre y en su historia moderna, soviética por supuesto. Les encanta conocer los secretos de los otros si, de paso además, se evitan costosas inversiones y largos periodos de tiempo para esperar resultados, capaces de aburrir a los más pacientes.

Los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido los señalan por encontrarse tras las intrusiones informáticas en busca de información -para robar- sobre la vacuna del coronavirus. Podrían ser piratas informáticos ( hackers ) que lo son pero no en el sentido tradicional que todos conocemos.

Se trata -esta vez- del Grupo APT 29, perteneciente a los servicios de información rusos, según han manifestado desde hace tiempo algunos de los integrantes de la comunidad de inteligencia europea y también varias empresas internacionales de seguridad informática.

Pero como los rusos tienen varios servicios de obtención de datos no se ha podido establecer -hasta ahora- el organismo público en el que están incardinados. Para los Países Bajos ( antigua Holanda ) que presumen de haberlos infiltrado, estarían integrados  en el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa, en el que descubrieron que desde 2.014, entre sus objetivos tenían a la Casa Blanca, El Departamento de Estado ( Asuntos Exteriores ) y el Partido Demócrata; todos ellos norteamericanos, claro.

En cambio, la empresa de seguridad CrowdStrike ( Respuesta a Incidentes ) cree que se trataría  de un organismo dependiente del Servicio Federal de Seguridad ( FSB, según sus siglas en ruso ) que es el principal servicio oficial de inteligencia y que está considerado como el heredero directo de la ya felizmente extinta ( KGB, Comité para la Seguridad del Estado ).

En cualquier caso, se trataría de un grupo integrado en los servicios de información de carácter oficial y no de una asociación criminal como quieren hacerse pasar: no buscan dinero, ni secuestran ordenadores, ni hacen caer servidores. De ahí su gran secretismo. Pero han sido descubiertos por el rastro que dejan sus ataques.

Se les conoce de varias maneras: Ojo Acogedor ( Cozy Bear ) ; Monos de Oficina ( Office Monkeys ) ; Coche Acogedor ( Cozy Car ) ; Los Duques ( The Dukes ) o Duque Acogedor ( Cozy Duke ); según las denominaciones que empleaban en las operaciones clandestinas en las que han sido detectados. Los análisis posteriores a la finalización de las mismas han concluido de que se trataba del mismo grupo. Buscan informaciones relativas a la defensa nacional y sobre cuestiones geopolíticas.

A todos los asaltos en los que se les ha podido identificar, habría que añadir ahora las redes informáticas para desarrollar una vacuna contra el covid-19 que realizan los tres países antes mencionados, donde acaban de ser descubiertos, según un comunicado hecho público el pasado 16 de julio por los mismos en el que además condenaban este proceder.

Según la denuncia realizada, esta vez los piratas rusos habrían utilizado el sobrenombre de Oso Acogedor ( Cozy Bear ) a través del método habitual de suplantación de identidad ( phising ) acompañado de la utilización de programas maliciosos ( malware ) para hacerse con la preciada información sobre la vacuna.

Ante estas acusaciones, el Gobierno ruso ha negado cualquier relación con este tipo de operaciones criminales y se ha mostrado enfadado por estos señalamientos infundados. Faltaría más….