Si ya la tarea de educar a un hijo es de por sí complicada, con la llegada a nuestra legislación del delito de malos tratos del artículo 153.2 del Código Penal, parece aún más difícil porque cada día son más comunes las denuncias de los hijos hacia sus padres por una bofetada, gritos, un empujón, el forcejeo por seguir usando el teléfono móvil, etc. ¿ Donde está el límite entre corregir una conducta o cometer un delito ?.

El mencionado artículo, introducido en el año 2.003 y modificado después por la Ley de Violencia de Género, ( Ley Orgánica 1/ 2.004, de 28 de diciembre ) viene a proteger de forma extrema a los más débiles y vulnerables de la prole por los ataques psíquicos y físicos de los que pudieran ser objeto, por parte de otros miembros de la familia que se pueden aprovechar de una injusta situación predominante.

Las penas oscilan entre prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la Comunidad, de 31 a 80 días ; aparejada -normalmente- con una orden de alejamiento e incluso puede conllevar la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de 6 meses a 3 años.

Los Tribunales de Justicia se han pronunciado, intentado establecer la difícil línea divisoria -en los casos más leves- entre ejercer los derechos y los deberes propios de la paternidad y de los malos tratos. Para describir la conducta delictiva, el Código Penal usa conceptos jurídicos tan indeterminados como : el que por cualquier medio o procedimiento, causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad o golpeare o maltratare de obra sin causarle lesión. 

Hasta el año 2.007, el Código Civil en su artículo 154, recogía el derecho de corrección de los progenitores con respecto a sus hijos menores sometidos a la patria potestad. De manera que, si este derecho de corrección se ejercía de forma razonable y con moderación, servía como argumento para absolver por delito de malos tratos. ( Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de marzo de 2.006 ).

Pero el artículo 154, se reformó en 2.007 y se derogó la referencia expresa a dicho derecho pero recogiendo dentro de los deberes que tienen los padres, el de velar por sus hijos y educarlos. El problema está entonces en determinar el alcance del deber de educación, si incluye o no, el derecho de corrección, como preveía -expresamente- el citado artículo 154.

La Audiencia Provincial de Salamanca, en su Sentencia de 20 de noviembre de 2.013, entiende que -efectivamente- el deber de educación incluye el derecho de corrección, si se ejerce moderada y razonablemente, exigiéndose proporción entre el castigo que se impone y la conducta que se quiere corregir. Además elaboró un estudio concienzudo para establecer las circunstancias que deben de ser valoradas por el Juez en este sentido.

Si no se actúa amparado en ese derecho a la educación, como ocurre en el caso del padrastro que propinó una bofetada a su hijastro ( resuelto por el Supremo en noviembre de 2.015 ) se incurre en un delito de maltrato familiar al no encontrarse en el ejercicio de la patria potestad, dado que este le correspondía a su esposa.

La Audiencia Provincial de Castellón, en septiembre de 2.016, también condena a una madre por darle una bofetada a su hija, basándose en que tratando de imponer su criterio, se excedió por medio de la violencia, superando de forma contundente el deber de corrección que como madre le correspondía.

En otra Sentencia de un Juzgado de Lo Penal, de 20 de marzo de 2.017, que enjuiciaba un caso en el que una madre, dado que su hijo de 15 años no quería dejar de jugar con el teléfono móvil y ponerse a estudiar, se lo tuvo que quitar, teniendo que forcejear levemente con él , ante la negativa violenta del menor. Entiende el Juez que la madre se encontraba en el pleno y correcto ejercicio de los deberes y obligaciones derivados de la patria potestad sin que, en ningún momento se extralimitase en ello.

Es más, -sigue diciendo- sería responsabilidad de la madre el haber dejado a su hijo seguir jugando con el móvil y no hacerlo estudiar, ya que, entre esas obligaciones que se establecen en el Código Civil derivadas de la patria potestad, está la de preocuparse por la educación de los hijos ; que es lo que hizo precisamente la acusada en la acción enjuiciada, sin utilizar rigor innecesario alguno para ello.

En definitiva, para que no sea delito, la acción debe de llevarse a cabo dentro del deber de educación que permite corregir de manera razonable, con moderación y sin rigor innecesario ; teniendo en cuenta que, además, hay mecanismos legales para sortear la condena , pudiendo aludir -por ejemplo- a una enajenación mental transitoria.

Lo corriente es que, a los agresores en la violencia de género, la autoridad judicial les imponga una orden de alejamiento de sus víctimas y en los casos más graves, una pulsera de localización. Sin embargo, el miedo de las víctimas persiste. No se trata de un temor irracional sino sustentado en una larga lista de fracasos de estas y otras medidas de protección que no han salvado a muchas mujeres de la muerte.

Afortunadamente, el maltrato no siempre conduce al fallecimiento. A menudo, la violencia machista está llena de matices invisibles y no deja los ojos morados, ni los labios partidos. Las palizas y los asesinatos son la punta de un iceberg en el que entran en juego varios factores : el poder, el control sobre la mujer, las amenazas, los celos y sobre todo, un lacerante abuso psicológico.

También hay datos, tristemente reveladores, sobre el grado de premeditación e impunidad con el que actúan los agresores, como el hecho de que muchos de ellos aprendan a golpear de modo de que la ropa o el cabello tapen las huellas del infierno a que someten a sus víctimas.  Cuando ellas -por fin- logran escapar de la telaraña tejida por su maltratador y van a denunciarlo, se enfrentan a un momento decisivo en el que el Estado debería de garantizar su seguridad, lo que no siempre ocurre.

La clave de todo el procedimiento parece estar en la primera vez en que la mujer acude a la Policía. Esa denuncia es la que ayuda a que haya un buen juicio y una orden de alejamiento contra el agresor. El problema es que, en muchas ocasiones, no hay una Unidad Especializada para atenderla y entonces no se recaban los datos necesarios. Sin ellos, el juez tiene pocos elementos para saber si tiene que dictar una orden de alejamiento o no.

A día de hoy, el agente que recoge la denuncia tiene que rellenar un cuestionario de unas cincuenta preguntas, cuyas respuestas se graban en un programa informático que se llama VioGen ( por Violencia de Género ) y el sistema se encarga de valorar si el grado de riesgo que corre la víctima es : nulo – bajo – medio – alto o extremo. 

En realidad, la seguridad de estas mujeres está en manos de un algoritmo ( conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución a un tipo de problemas ). Un método que ya se intentó mejorar en el años 2.015 con la ayuda de la Universidad Autónoma de Madrid y que no deja de ser una herramienta más pero que se convierte en un problema cuando los jueces se ven forzados a apoyarse -exclusivamente- en ella.

Lo paradójico es que, la Ley contra la Violencia de Género de 2.004 ya preveía un instrumento mucho más potente para calibrar el riesgo que corre una mujer maltratada por su pareja: las Unidades de Valoración Forense Integral ( UVFI), que no son más que equipos formados por un médico, un psicólogo y un trabajador social que se encargan de entrevistar y explorar físicamente, tanto a la víctima como al agresor; revisar el procedimiento seguido, tanto en el ámbito policial como judicial y conversar con los testigos. Tratando de cerrar así el mosaico de la violencia machista aunque casi dieciséis años después, estos equipos de valoración judicial siguen sin estar implantados en todo el territorio nacional.

Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que debería de haber -al menos-  en cada provincia, un Tribunal especializado en agresiones sexistas. Si bien de los 345 existentes, solo 26 cuentan con esta categoría y no en todas las Comunidades Autonómicas. Así se explica que, solo se obtiene el 30% de las medidas de protección solicitadas y que en el 2.017 fueron 11.645. En este escaso resultado, influyen varios elementos, tales como la credibilidad de la mujer en la sociedad o una visión estereotipada de la violencia de género por la que, a menudo, se espera que cuente con un ojo morado o con un labio partido. 

Para evitar este tipo de carencias, desde el pasado año, se refuerza la formación  de los jueces, -con un curso específico de cincuenta horas de duración-, pedido por ellos mismos, a raíz de la ya famosa Sentencia de La Manada. Una consecuencia inmediata de ello fue el aumento considerable ( un 69,16 % ) de la concesión de las órdenes de protección concedidas ( 27.093 ) sobre la solicitadas ( 45.045 ).

En el aspecto policial. el trato a las víctimas ha cambiado mucho y no tiene nada que ver con lo que ocurría hace diez años, por ejemplo. Ha habido un proceso de sensibilización muy grande. Ahora, para formar parte de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer ( UFAM) que son los equipos encargados de la investigación de este tipo de delitos, es necesario realizar un curso de especialización y pasar una entrevista psicológica. Si se supera este proceso, cuando se incorporan a su destino profesional se cambia la mentalidad porque allí no se aprende a memorizar el nombre de los delincuentes a los que perseguir -como en otras unidades policiales- sino el de las víctimas.

Como cada víctima tiene asignado un agente, que está con ella desde el principio del procedimiento hasta el final, se crea un vínculo de confianza. Pero como siempre, la falta de recursos hace insuficiente la labor de los Policías y por eso están desbordados. Como mucho, cada agente debería de atender los casos de cincuenta mujeres pero en realidad se ocupan de más de cien. Los sindicatos policiales rebajan estas cantidades hasta veinticinco. Cada funcionario se sabe el nombre, las circunstancias de las victimas que tiene encomendadas y están disponibles las veinticuatro horas del día.

Otro lugar que también trabaja durante todos los dias de la semana y sus noches es, el Centro de Control de las Medidas Telemáticas de Alejamiento ( COMETA) que se encarga de registrar todas las incidencias que ocasionan las medidas cautelares adoptadas. Una de ellas son las pulseras antimaltrato, que es el requerimiento estrella de la Ley de Violencia de Género. Mediante este dispositivo el agresor está permanentemente localizado para comprobar así si se acerca a la víctima. Si lo hiciera, se activaría la alarma en el Centro de Control.

Esto es posible gracias a dos aparatos: el brazalete y un  dispositivo móvil para el agresor y otros dos también para la posible víctima -uno para casa y otro para su teléfono móvil para cuando quiera salir-. Así se establece una zona de exclusión que si la traspasara el maltratador, salta la alarma. Si trata de quitarse el aparato que lleva abrochado en el tobillo o en la muñeca, también se dispara el dispositivo. Cada vez que esto ocurre, se llama a la víctima, al agresor y a la Policía; y se envía un informe de lo ocurrido al juzgado correspondiente.

Este sistema que ha demostrado su eficacia como medida preventiva, demás de poderse contrastar técnicamente si se está cumpliendo o no la orden de alejamiento, también es un arma de doble filo. Su uso genera un mar de incidencias que pone en alerta a víctimas, Policías y teleoperadoras sin necesidad. Algunas mujeres renuncian a él porque es molesto. Las pulseras fallan -en ocasiones- porque utilizan un sistema de localización obsoleto ( 2G en lugar del actual 4G ).

Hay casos en lo que los maltratadores pierden la cobertura sin salir de su domicilio. Además de otras picarescas con la batería de los aparatos para que suene -intencionadamente- la alarma y vuelva otra vez el miedo. Todos los actores en estos procedimientos tienen claro que el sistema telemático necesita mejoras, empezando por su actualización tecnológica. En 2.018 se colocaron 1.046 pulseras y en 2.019 fueron 1.229, un 11,74% más.

Si hacemos un balance desde 2003 que es cuando se empezaron a contabilizar las mujeres asesinadas por sus parejas, hasta el pasado día 3 de marzo, iban ya 1.047, de las cuales 43 fueron en 2.017; 47 en 2.018 ; 52 en 2.019 y 14 en lo que va de 2.020.

En el aire sigue quedando la pregunta más importante : ¿ como mejorar la protección de las víctimas ?.  Primero, arreglar y actualizar todos los errores, carencias y modernizaciones detectadas. A largo plazo, creo que solo cabe una solución y no es policial, ni judicial, que se basa en la concienciación y educación para que cambie la sociedad y el machismo sea completamente erradicado. 

Tras haberse cumplido más de dos años y medio de la declaración de independencia del Parlamento catalán, el denominado conflicto ha ido a peor porque se ha puesto de manifiesto que el problema se ha enquistado y que no se va a solucionar sobre la fórmula que quiere nuestro Gobierno social-comunista.

Un sistema político democrático no puede basarse en quienes están en contra de ese sistema porque este se desmonta o se desfigura. Pienso que el ciudadano medio está abierto a cambiar, a evolucionar, pero siempre que se le indique la dirección a seguir, hacia dónde hay que ir.

Seguro que nuestro sistema democrático es imperfecto y que habría que mejorarlo pero tienen que convencernos de que nos quieren llevar a un sistema mejor. Un Estado no puede construirse sobre el hecho de ignorar a la mitad de su población. Eso no tiene ninguna viabilidad y los independentistas lo saben porque les llevaría, directamente, a una dictadura.

Durante el tiempo que lleva esta crisis, el Estado de Derecho ha demostrado que funciona. Lo ha hecho en Cataluña, en lo que respecta al Poder Judicial aunque no en las restantes instituciones del Estado y autonómicas porque ni han funcionado, ni funcionan, más allá de sus propia inercia que por otra razón.

Las instituciones catalanas se dedican a otras cosas, en lugar de atender su obligación de responder a las necesidades ciudadanas que para eso las eligieron. A ellos lo que de verdad les importa y por eso le dedican todo su esfuerzo es a la segregación, la anulación de la lengua castellana, la superioridad étnica y cosas parecidas.

El separatismo catalán, como todos los nacionalismos, van en la dirección contraria al tiempo que les ha tocado vivir. Ahora, la tendencia política es ir a unidades regionales mundiales, a unidades más grandes, del tipo de la Unión Europea ( UE ).

Modelo que envidian los que no disponen de él, como Asia, África o Hispanoamérica; donde, esta última,  a pesar de hablar el mismo idioma no son capaces de arreglar sus problemas, ni siquiera los fronterizos. Sin embargo, aquí en Europa, a pesar de hablar numerosas lenguas, somos capaces de tener objetivos comunes y de buscar arreglo a los problemas.

Hay una cosa que no debe llevar a engaño : la aparente fractura del bloque secesionista catalán. Está roto pero sabe muy bien contra quién o quiénes tiene que unirse. No nos dejemos llevar por ese señuelo de que puede haber un cambio como consecuencia de aparentar que se rompe porque en las cuestiones sustanciales están de acuerdo y es importante no olvidar que los separatistas tienen un programa claro. A los que les faltan objetivos claros es a la parte de enfrente.

Eso que ahora se llama el relato…  es lo que necesitan los que están con la Constitución, que estos sí que es verdad que están rotos. Bastante más que los otros. El Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y sus socios de Podemos, están gobernando por su cuenta y eso está siendo muy perjudicial para la necesaria unidad democrática. Se trata de un Gobierno lleno de hipotecas que no puede mantenerse sobre la base de intentar convencer a personas que quieren socavar sus cimientos. No hay sistema político que lo resista, por fuerte que sea o lo aparente.

Algunos piensan que todo esto se arreglaría con una reforma de la Constitución Española que exigiría un acuerdo de los principales actores políticos pero se olvidan de que los sistemas democráticos exigen que sus protagonistas crean en los mismos elementos básicos aunque luego difieran en aspectos circunstanciales.

Pero eso no ocurre en España porque no hay una creencia común, el sistema está deteriorado y tambaleante por lo que se contempla con preocupación. No se puede olvidar que, la mitad del Congreso de los Diputados está en contra de la Constitución o contra el Estado o contra la Monarquía. No hay creencia común, que es básica.

Por ejemplo, todos los católicos, curas y seglares, creen en el Credo. Lo que dice el Credo hay que creérselo, por eso para reformar la Constitución hay que creer en ella y en el Estado. Y los separatistas…. no creen.