Nos alejamos del momento primordial de la pasada Navidad y tres familias no pudieron celebrarla porque uno de sus miembros principales había decidido evitarla. Me estoy refiriendo a esos tres servidores públicos que en el curso de unos dias del mes de diciembre, decidieron quitarse la vida porque ya no merecía la pena continuarla. Dos policías nacionales y una guardia civil, todos ellos con hijos menores, aprovechando la posibilidad de una muerte rápida, utilizaron su arma reglamentaria para acabar con el suplicio interior que ya los estaba matando poco a poco. Y ella terminó, además, con la vida de sus dos hijas.

Aquellos dias próximos a finalizar el año, además de conmocionar a toda España, hizo aflorar una lacra que azota a los Cuerpos Policiales del Estado, habitualmente en silencio y con mucha discreción. La tasa de suicidios entre la Policía y la Guardia Civil durante la última década supera en un 60% la media nacional. Esta tasa, entre 2.013 y 2.022, fue de 13,3% por cada 100.000 habitantes frente al 8,3% de la población general.

Todo el mundo sabe que trabajar en la Policía es a menudo difícil y complicado. El ritmo de trabajo suele ser fuerte, las responsabilidades muchas y el margen de error inexistente. El policía debe de mantenerse siempre en estado de vigilancia para poder reaccionar de manera instantánea a las incidencias que se le presentan. Hay turnos de trabajo que son agotadores, bien sea de día o de noche, porque la seguridad pública debe de estar garantizada las 24 horas del día.

Reconociendo que más allá de cierto límite no hay nada que hacer o muy poco para reducir las tensiones que se producen en muchos servicios policiales, se carece de formación inicial para poder combatir esta clase de problemas. Al personal policial no se le enseña a estar preparado para enfrentarse al estrés cotidiano, esté o no relacionado con su trabajo. Desconocen los diferentes métodos existente para luchar contra la ansiedad para evitar que la misma se convierta en un obstáculo en su vida diaria.

Algunas veces, el policía no puede por si mismo hacer frente al problema de agobio y necesita la ayuda psicológica especializada, tanto para ellos como para sus familiares, para poder superar cualquier situación crítica que les pueda llevar al alcoholismo o al fracaso matrimonial como ahora parece haber ocurrido. O a la inversa como en otras ocasiones pasa. Sea por una razón u otra, hay que decidir así si es capaz de continuar con su trabajo o debe darse de baja para su servicio ordinario para poder retirarle la pistola que tenga asignada.

Hace dos años, ante la intensidad de los casos de este tipo de muerte en los cuerpos policiales, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, puso en marcha el Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Conducta Suicida en la Policía y la Guardia Civil que no ha logrado reducir el número de fallecidos en ambos cuerpos. Las cifras asustan por sí mismas : cada año, casi 20 miembros de una u otra institución policial se quitan la vida. En el año 2.021, se suicidaron 34 agentes, 17 en cada cuerpo de seguridad. En el pasado año 2.022, 13 guardias civiles y 8 policías nacionales han seguido el mismo camino.

Las circunstancias personales están detrás del 95% de estos casos de fallecimiento pero el estrés laboral, el acceso fácil a las armas o las experiencias traumáticas en su trabajo empeoran o desencadenan la tragedia.

Frente a esto, los sindicatos policiales insisten en desarrollar más el Plan de Prevención ya existente porque los recursos asignados son insuficientes ( la Guardia Civil apenas dispone de 50 psicólogos para 83.000 guardias ) y también en aumentar los Puntos de Atención en la Policía Nacional. Ambas carencias motiva que los guardianes de nuestra seguridad confundan el suicidio con una salida a sus problemas.

En julio de 2.018, la Guardia Civil puso en marcha un protocolo de actuación frente a conductas anómalas y hay un grupo de trabajo con las asociaciones profesionales pàra redactar una Orden General ( Instrucción ). En 2.020, la Policía estableció el Plan de Promoción de la Salud Mental que creaba los Equipos de Intervención Psicosocial que da servicio las 24 horas todos los dias del año.

Hasta ahora, conseguir datos sobre estos suicidios era un tema tabú y solo se facilitaba la cifra genérica. Este gobierno socialcomunista que un día sí y otro también no para de presumir de transparencia, niega las demás circunstancias de estos lamentables hechos, la edad de las víctimas, su sexo y la provincia de destino de los agentes. Explica que no puede detallarlos porque a estos datos pudiera serle de aplicación, las cautelas recogidas en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre Secretos Oficiales de 11 de mayo de 2004, al encontrarse los mismos clasificados como materia reservada con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales.

Hasta el año 2.020 lo poco que se conoce, se debe -curiosamente- a una pregunta parlamentaria del diputado de EH BILDU, Jon Iñarritu, cuya respuesta se publicó en en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados y era bastante alarmante: casi 400 agentes de los cuerpos policiales del Estado, se habían quitado la vida en las dos últimas décadas. La Guardia Civil era la organización policial que más había sufrido esa lacra, con 235 casos y la Policía Nacional 160.

En el mundo policial, es muy frecuente que un agente conozca a algún compañero que se ha quitado la vida con su arma reglamentaria y se está llegando en la actualidad a una media de suicidios cada vez mayor. Y todos nos sentidos dolidos cuando el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 9 de septiembre de 2.020 lamentó en un Pleno del Senado públicamente el suicidio en prisión de un etarra, cuando no lo ha hecho por ninguno de los agentes fallecidos.

Una de las frases que más hemos escuchado desde nuestros tiempos juveniles ha sido: ¡ No, tu no puedes pasar!. Ahora también ocurre, con más abundancia, por los excesos que se suelen cometer aprovechando la liberalización de las costumbres y que nuestros jóvenes solo tienen derechos y apenas obligaciones. ¡ Qué dueño de establecimiento no quiere ver como se llena su local !. Lo que no desea es que sea a cualquier precio o que esa presencia turbe la convivencia de sus clientes, de los que ya están dentro.

Para proceder así, los locales aluden a su Derecho de Admisión para justificar que no entre nadie que no se ajuste a unas mínimas normas de conducta o vestimenta, socialmente admitidas y que estén amparadas por la legalidad vigente. Para ello, previamente hay que tener claro lo que reconoce este derecho o lo que no. Y no es más que la facultad que tienen los propietarios de cualquier establecimiento abierto al público; los organizadores de espectáculos y las actividades recreativas de establecer las condiciones de acceso a su local.

Así lo recoge el artículo 59.1, párrafo e), del Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto, que aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que dice: El público no podrá entrar en el recinto o local sin cumplir los requisitos a los que la empresa tuviese condicionado el derecho de admisión, a través de su publicidad o mediante carteles, bien visibles, colocados en los lugares de acceso, haciendo constar claramente tales requisitos.

Esto no quiere decir que los titulares de los locales puedan exigir cualquier tipo de requisitos porque sea el establecimiento que sea, tiene que cumplir el artículo 14 de la Constitución Española que alude al principio de igualdad. Lo que significa que no se podrán aplicar requisitos que discriminen por sexo, orientación sexual, religiosa o política, de raza o nacionalidad o discapacidad, entre otras. Este principio también afecta a los precios de las entradas donde todos deben de pagar lo mismo.

Se puede decir que hay dos tipos de condiciones que se pueden exigir en el Derecho de Admisión, unas serían de carácter general y otras específicas. Las del tipo general serían las básicas y comunes a todos los establecimientos, tales como: querer entrar o estar dentro con una conducta agresiva o violenta; ir con exceso de alcohol o drogas; no alcanzar la edad mínima que es 18 años; cuando se haya sobrepasado el límite de aforo; cuando se haya superado el horario de cierre; cuando quiera entrar sin pagar; cuando se molesten a las demás personas o cuando se porten armas u objetos peligrosos.

Las específicas, son las que puede pedir el titular en determinadas ocasiones, como son pedir una vestimenta o calzado, siempre que no se trate de una marca determinada. Para que surtan efecto, deben de figurar en la publicidad de la convocatoria y también en los accesos al lugar y taquillas de forma clara y visible. No es suficiente que diga que tiene reservado el derecho de admisión sino que también es necesario sino que tiene que aparecer de forma visible las condiciones de la entrada. Necesitan autorización previa de la administración competente.

En el hipotético caso de que cumpliendo las condiciones no se permita la entrada, hay que evitar a toda costa una situación de enfrentamiento que es lo habitual, pidiendo la Hoja de Reclamaciones o llamando a la Policía para que tome cartas en el asunto. Después, habría que denunciar lo ocurrido en la Oficina de Consumo de la localidad. Si el propietario no ha cumplido con las exigencias legales o ha ejercido de forma incorrecta su prerrogativa puede ser sancionado con una multa importante e incluso la prohibición de la actividad de su negocio. No obstante, habrá que atender a la normativa de cada Comunidad Autónoma. En la actualidad, tienen competencia para legislar sobre este asunto: Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, La Rioja, Madrid., Navarra y País Vasco.

Cuando echas la vista atrás y recuerdas los años de tu juventud, no paras de pensar las diferencias que hay entre aquel entonces y ahora. Según la edad que tengas, tu década puede ser los 50, los 60, los 70 y los 80. Después no ha habido nada, solo modas ocasionales y artificiales, mucho continuismo y así hasta ahora.

La mía fue la de los 70 y existe una fotografía que sintetiza todo este decenio. Se tomó en febrero 1.978, en la Gala del ya desaparecido periódico Pueblo en la que el que iba para alcalde de Madrid -lo conseguiría al año siguiente- el socialista Enrique Tierno Galván, entregaba un premio a la actriz Susana Estrada que por entonces era la reina del destape (exhibición del cuerpo de la mujer ) y cuya chaqueta se abría y dejaba al descubierto uno de sus pechos. Los hombres que en ese momento la rodeaban mostraban una sonrisa que les llegaba de oreja a oreja. Al día siguiente cuando se supo, el suceso se convirtió en la comidilla de toda España.

Por si había alguna duda de que los tiempos estaban cambiando, en 1.984, siendo ya Tierno alcalde, su popularidad le llevó a inaugurar un festival de música pop en el Palacio de Deportes madrileño donde contagiado del subidón de la época, jaleó a los asistentes con su frase : ¡ El que no esté colocao…, que se coloque !. Era la consagración de todo un ambiente que se había ido mascando desde la década anterior, la de los 70.

Eran tiempos en los que aún prevalecían las imágenes en blanco y negro; los bikinis hacían furor en las playas; las trayectorias de los toreros se seguían tanto como la de los futbolistas y las familias empezaban a recibir orgullosas los tan deseados, Seat 600. Se trataban de retazos del final de un régimen que se agotó como la energía de su líder y se daban pasos -casi semanales- hacia una nueva época, una incipiente democracia empujada por la atmósfera social y cultural.

Los valores nacionales que habían imperado hasta entonces se dejaban a un lado y se mostraba un país moderno y suficientemente libre para aceptar con total normalidad la música rock y la minifalda. Las tendencias internacionales se conocían hasta en lo más recóndito de nuestra geografía porque en la televisión ponían reportajes de los hippies y los surferos, arte pop y otras subculturas.

Todo este sustrato, fueron los pasos previos de una Movida a la que todavía le quedaban años por llegar. Las condiciones materiales y emocionales que motivaron los cambios importantes de la Transición Política ya habían comenzado y fueron facetas fundamentales de la modernidad y de la cultura de masas. Los ciudadanos estaban más próximos a sus homónimos europeos de lo que se pudieron imaginar y fue entonces cuando se originó una sociedad, un poco a su aire, al margen de la situación. El Régimen, había desistido en la idea de crear una cultura oficial y se permitía la circulación de prensa contraria a sus ideas, especialmente en revistas, como Cuadernos para el Diálogo y Triunfo.

La apertura económica, estuvo marcada por las nuevas costumbres sociales y sexuales y los hábitos de consumo de una sociedad de ocio. La era de la prosperidad ya no equiparaba el beneficio económico y el placer sexual con la pérdida de la moral. El turismo se desarrolló rápidamente y los extranjeros llegaron en tropel a las costas españolas, convirtiéndose en un pilar del progreso español que creó, sin querer, un sentimiento colectivo de apertura cultural. El coche, la televisión y las vacaciones, ocupaban los sueños dorados de la mayoría de los españoles. Llegar a conseguirlo suponía haber logrado la cima de la prosperidad. No se podía aspirar a mucho más porque nada más era ya necesario.

Madrid y Barcelona emergieron como verdaderos núcleos contraculturales. La capital, era un centro de atracción por la acumulación de medios de comunicación, los debates políticos y la aparición de movimientos sociales de carácter urbano. Las ideas se orientaban hacia nuevas experiencias que conducían a la discrepancia de la heredada España de Franco. Se abrieron vías por las que la cultura alternativa dió lugar a una serie de experimentos colectivos, a base de ateneos, comunas y cooperativas.

Los jóvenes españoles, fueron aceptando aquello de sexo, drogas y rock and roll, eslogan de la juventud estadounidense y que pronto se convirtió en la triada a la que aspiraban los rebeldes autóctonos. La copla española cede su espacio a un nuevo tipo de música, el rock y el pop angloamericano y el sexo y las sustancias alucinógenas encuentran su máxima expresión.

En cuanto a la sexualidad, surgió un conflicto entre dos nociones opuestas sobre el cuerpo femenino y acabó creando una nueva sensibilidad colectiva en cuanto a género y sexo. Una de estas perspectivas, se basaba en las teorías del feminismo y la liberación sexual, mientras que la otra, mercantilizó los cuerpos de las mujeres y rentabilizó la represión sexual española. Como ocurrió también en otros países, España vio nacer una industria que, intencionadamente, utilizaba la excusa de la liberación para tratar el cuerpo femenino como una mercancía y lucrarse de ello.

Por otro lado, las drogas fueron el precio que tuvo que pagar la modernidad. La expansión de la heroína causó estragos en los arrabales de las grandes ciudades. Este crecimiento se debió a una sensación moderada de riqueza y el discurso contradictorio que se mantuvo sobre la droga. El abuso de aquellos años fue más que un acto de escapismo, una forma de forjarse una identidad rebelde. La prensa cambió la idea de fascinación por un tono más alarmista y moralista cuando empezaron a acumularse los cadáveres y el Gobierno ignoró las repetidas advertencias que le habían lanzado los especialistas.

Que no ocurran los delitos es el sueño de todos los Cuerpos Policiales. En medicina ocurre lo mismo, prevenir es mejor que curar. En la actualidad, aprovechando los avances tecnológicos es posible utilizar la inteligencia artificial para evitar que se cometan crímenes. En el país más innovador en materia tecnológica como son los Estados Unidos, los expertos en datos de la Universidad de Chicago han desarrollado un modelo capaz de predecir, con una semana de antelación, dónde van haber más delitos.

Es el resultado de una investigación científica que ha durado varios años, con sistemas automatizados que procesan extensas bases de datos para detectar patrones de comportamiento que permiten predecir, donde va a haber más delincuencia. Esta herramienta informática acierta en el 90% de los casos, lo que le hace destacar entre los diversos ejemplos de la llamada Policía Predictiva que se emplean en otras ciudades como Nueva York o Los Ángeles, operados por compañías privadas

Este método, está diseñado para entornos urbanos y se estrenó con datos históricos de delitos violentos y robos con fuerza en la ciudad de Chicago, ( en el Estado de Illinois ), realizados entre los años 2.014 y 2.016. Tras procesar la información, se intentó anticipar las zonas que iban a tener los mayores aumentos de criminalidad en las semanas siguientes.

La herramienta predijo la probabilidad de que ciertos crímenes como homicidios, agresiones y robos ocurrieran en espacios de hasta 300 metros cuadrados de la ciudad. Lo logró con una fiabilidad del 90%. Posteriormente, el modelo se probó también en otras siete grandes ciudades del país, como Atlanta, Austin, Detroit, Los Ángeles, Filadelfia, San Francisco y Portland, con resultados similares.

Pero este tipo de procedimientos algorítmicos, por más que se perfeccionen, no consiguen resolver un problema central: cómo tratar de desvincular a los barrios más pobres, que están poblados por personas de color negro y por hispanoamericanos, de la delincuencia. Se trata de un efecto perverso, ampliamente acreditado por los informes científicos, que indican que es imposible que esta vía logre diferenciar esos sesgos. Ese es uno de los motivos por los que el Parlamento Europeo ha pedido que se prohíban esas herramientas informáticas en el territorio de la Unión Europea ( UE ).

En un intento de evitar que el uso de esta técnica acabe siendo perjudicial para algunos colectivos, se ha pensado en utilizarla en su lugar para vigilar la propia labor policial. El propósito es conocer los abusos policiales que se pudieran dar en sus intervenciones, asunto muy sensible en esa nación norteamericana. Aunque se olvida que también podría ayudar a las víctimas de esos barrios con asistencia no solo policial sino médica, social o de cualquier otro tipo que fuese necesaria.

Una de las preocupaciones iniciales de todo este sistema, es la posibilidad de su mala utilización para fines distintos a los previstos. Porque más importante que hacer buenas predicciones es como se van a usar estas. Enviar Policía a una zona no es siempre lo mas adecuado y puede suceder que buenos pronósticos e intenciones, lleven a sobrevigilancia o a errores policiales.

Los resultados pueden ser malinterpretados en el sentido de que haya demasiada Policía en una zona tranquila, normalmente habitada por blancos y poca en las de mayor criminalidad, en las que suele haber más diversidad étnica y cultural pero menos denuncias.

Este empleo, se puede concebir como un intento de optimización de política policial y por eso hay que ser muy cuidadoso en la forma de aplicar el conocimiento que aporta. Puede servir para analizar si la planificación policial que se esté empleando es la más adecuada y no se están destinando recursos a barrios que no se delinque tanto como a otros.

El hecho de que este experimento, se haya hecho en Chicago es bastante significativo. Uno de los primeros sistemas de Policía Predictiva de los que se tiene conocimiento, fue el que se puso en marcha en esa ciudad, en el año 2.013. La herramienta trataba de identificar a posibles delincuentes, analizando los datos de los detenidos y sus víctimas, cruzándolos con sus relaciones personales.

Fue un fracaso sonoro. No ayudó a disminuir la criminalidad y se demostró que la población negra, quedaba sobrerrepresentada en sus conclusiones, en las que figuraban el 56% de los jóvenes de esta raza, entre 20 y 29 años.

En las grandes ciudades norteamericanas, hay barrios que suelen estar asociados a una etnia en particular. La actividad policial en ellos, puede contribuir al rumbo de los informes policiales y causar que se propaguen modelos equivocados y no hay forma de controlar, estadísticamente, esas desviaciones.

Los críticos de este plan lo cuestionan porque su alta eficacia desciende notablemente cuando los crímenes analizados son raros y que el algoritmo predictivo, no sea capaz de de detectar las zonas con mayor delincuencia sino con más criminalidad denunciada. Esa diferencia es importante porque en Estados Unidos, las comunidades negras son más reacias a denunciar delitos ante la Policía. Pero la herramienta no hay que olvidar que se basa en las denuncias formuladas y no en las cometidas y no comunicadas.

La desigual relación de la Policía norteamericana en función con la raza, es uno de los inconvenientes a los que se enfrentan los algoritmos aplicados a las actuaciones policiales. No son los únicos. Como los datos con los que trabajan suelen ser de detenciones, los lugares con más actuaciones son los que la máquina asocia con la necesidad de más patrullas policiales. Lo que a su vez aumenta el número de detenciones. De ahí las protestas de muchas asociaciones de la sociedad civil por el uso generalizado de esta herramienta y la cautela que exige su empleo.

Se trata de un delito que, cada vez, se está haciendo más común en Europa y como consecuencia de ello algunos países empiezan a crear leyes específicas. En España, no existe una legislación concreta contra esta actividad pero dentro del Código Penal está encuadrada como un delito contra la intimidad.

Me estoy refiriendo a una práctica que aparece, frecuentemente, en los medios de comunicación social, sean hablados o escritos, como es grabar o fotografiar por debajo de las faldas de las mujeres sin su consentimiento y luego difundirlo por internet, lo que constituiría un agravante.

En estos casos, la Fiscalía especializada contra la Criminalidad Informática, erigida como acusación en el juicio oral, suele pedir entre 1 y 4 años de prisión si solo se trata de la grabación y de 2 a 5 si el autor ha propagado las imágenes en cualquier página de la red. Llegado el momento de condenar, tanto los investigadores como los jueces, se enfrentan a una gran dificultad como es la localización de las víctimas porque sin esta parte de prueba, muchas veces no se puede condenar.

Para no levantar sospechas, los lugares que estos delincuentes eligen para cometer sus fechorías suelen ser muy concurridos y transitados, tales como metros, trenes, calles o supermercados. Como las víctimas no suelen percatarse de lo que está ocurriendo, el número de denuncias es mínimo y dificulta el trabajo de los investigadores. La Policía descubre muchos casos a través de la vigilancia abierta de las redes sociales.

Esta nueva modalidad delictiva es un delito ocasional cuyo número crece en verano por razones obvias pero que está en auge. Se puede decir que hasta de moda en varias páginas pornográficas. En el caso de un ciudadano colombiano que fue detenido en Madrid, llegó a colgar videos de unas 500 mujeres cuyo número de visualizaciones ascendía a casi millón y medio.

Uno de los Estados pioneros en legislar contra estas actuaciones ha sido el Reino Unido en la pasada primavera, tras dos años de debates parlamentarios y sociales. En los Estados Unidos también está contemplado de manera singular. Australia y Finlandia están estudiándolo para prevenir más las acciones de este tipo y en otros países no se considera infracción penal porque en las imágenes se observa que la zona íntima está tapada o porque la visión de los traseros y demás partes íntimas -obtenida de esta forma- no se considera abuso sexual dado que no ha habido contacto físico.

Desde los años noventa del siglo pasado, cuando empezaron a llegar a nuestras costas, bien en patera o en un barco de rescate, algunos de los niños magrebíes presentan aspecto de cansados, otros muestran caras de alegría y los más exhiben preocupación en sus rostros. Aunque la mayoría de ellos se encuentran sanos.

De acuerdo con las Memorias de la Fiscalía General del Estado y si empezamos por el año 2.015, llegaron a España un total de 414 menores extranjeros no acompañados ( MENAS); seguidos de los 588 del 2.016. Fue en el 2.017 cuando este número de llegadas registra un incremento muy importante que alcanza hasta los 2.345 y en el año 2.018 las cifras se disparan un 200% y aumentan hasta los 7.026.

Desde entonces, la tendencia se ha mantenido estable en torno a unos 3.000 por año. En 2.019 fueron 2.873; en 2.020 llegaron 3.307 y 3.040 en 2.021. En total y durante los últimos 4 años que coinciden con el mandato del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, más de 16.000 menas han entrado ilegalmente en España. El 80% más que en los últimos 6 años. El 96,25% son chicos y el 3,75% restante, chicas.

En cuanto a las nacionalidades, más de un 40% proceden de Marruecos, seguidos de los naturales de Argelia, que representan un 17,71% de total. Así, estos dos países suponen casi el 60% del total de los menores extranjeros que entran en España el año. El resto de nacionalidades se diluye entre malienses y otros países de origen subsahariano. Como era de esperar, tal afluencia colapsó los servicios públicos especializados ante estas oleadas imprevistas, mayoritariamente marroquíes, que pasaron del 14 % a casi el 62%.

Como dato nuevo, las Memorias exponían que en 2.018 llegaron 755 niños en unión de adultos que afirmaban tener vínculo paterno o materno-filial con los niños, sin acreditarlo fehacientemente y que representaba un incremento del 599 % respecto de los 126 que llegaron de esta manera en 2.017. De ellos, 383 eran niñas y 372 niños que procedían -en su mayoría- del África subsahariana ( Guinea, Costa de Marfil y Camerún). De Argelia un 8,74 %.

En estos casos, la Policía tuvo que practicar 379 pruebas de ADN para comprobar las afirmaciones de los progenitores, de las cuales 15 dieron resultado negativo y se iniciaron las correspondientes acciones penales contra los falsos padres.

En materia de expulsiones y siguiendo con los datos aportados por la Fiscalía General que es el órgano encargado de velar por las garantías del proceso, España repatrió a 300 menores desde el año 2.004 hasta el 2.017 . Entre ellos había 158 marroquíes. El grueso de los mismos fueron repatriados entre 2.004 y 2.006.

A partir de entonces, las respectivas Memorias del Ministerio Público recogen los lamentos de los Fiscales de Menores al comprobar como las expulsiones se convierten en una figura ornamental, culpando a las autoridades consulares de los países de origen por su escasa colaboración. También en este asunto, el Ministerio del Interior favorece la opacidad ya que en sus estadísticas, no hace ningún tipo de mención al sexo, edades o nacionalidades de estos inmigrantes. Por eso hay que elegir como fuente informativa a las Memorias de la Fiscalía General del Estado aunque sea con el retraso que les es característico.

La medida de repatriación con la que se pretende devolver al niño con su familia o entregarlo al sistema de acogida de su país, está llena de dificultades, sobre todo con los de Marruecos, pese que España tiene un acuerdo con ellos con este fin desde el año 2.013. Las autoridades magrebíes, se han encargado de irlo matando poco a poco y los políticos españoles de todos los signos junto con las administraciones públicas de todos los niveles, sea estatal, autonómico o local, están apostando por resucitarlo por la cuenta que les tiene. Todo ello pese al compromiso público mostrado por Mohamed VI en el mes de mayo de 2.022 de repatriar a todos los menores marroquíes que se encuentren en España.

La reactivación de ese Acuerdo Hispano-Marroquí figura en la agenda política del Gobierno español desde finales del año 2.018 y pese a la intensificación de las negociaciones no se han obtenido nada más que buenas palabras y palmaditas en la espalda. Siguiendo la fórmula del Partido Popular ( PP), el Gobierno actual quiere repatriar a los menores y negocia con Marruecos el retorno concertado de sus niños para devolverlos a sus familias aunque su empeño se está demostrando bastante débil para no molestar mucho a las autoridades marroquíes.

El Gobierno socialista entregó 40 millones de euros el año 2.018 a las Comunidades Autonómicas -que son las competentes en esta materia- para compensar la acogida de casi los 12.500 niños inmigrantes que se calculaban entonces que estaban ingresados en los Centros adecuados. En 2.021 fueron 35 millones. En la actualidad son 9.294 los menas tutelados en toda España, con un incremento del 3% con respecto a los ingresados en 2.020. El coste medio por asumir la tutela de estos niños está en 4.700 euros mensuales que hay que detraer del presupuesto anual de cada Comunidad Autónoma. Incluyendo la paga individual de 400 a 700 euros para gastos personales.

Nuestras onegés, presentan batalla a diario contra esta política de exclusión porque dicen que no pueden plantearse repatriar a niñas que escapan de matrimonios forzosos; niños huyendo de la extrema pobreza, de la violencia o de la imposibilidad de formarse un futuro con un mínimo de dignidad. Los niños advierten -cuando se les pregunta- que si de ellos depende, no van a volver. 

Se estima que la mitad de los menores ingresados en los Centros correspondientes, terminan fugándose porque no entienden eso de su minoría de edad y su falta de instrucción por lo que la normativa española no les permite trabajar. Porque ellos han venido para eso, para ganar dinero y enviarlo a casa, que lo están esperando con ansiedad. Sea de España o de cualquier país europeo en el que tengan familiares o allegados. Para eso salen de su país. Ellos afirman que estudiar en Marruecos o en Argelia no sirve para nada porque no tienen trabajo.

Si la situación de acogida de estos menores en la Península es angustiosa, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, es desesperante. Allí, los niños entran acompañados de sus padres ya que pueden cruzar la frontera sin visado al tratarse de vecinos de las ciudades y pueblos marroquíes próximos, en su calidad de transfronterizos. 

Después, los padres se marchan y dejan a sus hijos en  las inmediaciones de cualquier organismo oficial para que enseguida den la alarma y sean recogidos porque a partir de ese momento pasan a la situación legal de menor en desamparo.  

Hasta agosto del año pasado, Ceuta tenía acogidos a 634 menas, con un incremento del 90 % en relación con el año anterior y que lo situaba en un 400 % por encima de su capacidad. De los cuales el 75 % de ellos eran marroquíes. En Melilla, había 1.302 acogidos en la misma situación.

En tèrminos relativos, ambas ciudades encabezan la clasificación de acogida de menores extranjeros, al sufrir una presión muy superior a cualquier otra región española. Su condición fronteriza hace que el flujo de menores marroquíes sea constante. Los padres y otros familiares cruzan la frontera con mucha frecuencia para visitar a los pequeños y comprobar si los tratan adecuadamente. 

En lo que respecta a Canarias, llevan avisando desde hace más de un año que su capacidad de acogida está rebasada ya que acogen en estos momentos a más de 2.600 menas llegados al archipiélago en los últimos años, solicitando la solidaridad de la Península para evacuar a los más posibles ya que en todo el año 2.021 solo lograron derivar a 208 y el goteo de entradas es constante.

Todo el mundo en Senegal sabe de la existencia de esos barcos de mediando tamaño que ancestralmente se utilizan para la pesca y que ocasionalmente se emplean para transportar emigrantes ilegales al archipiélago español de las Canarias. Especialmente en los puertos de su costa y en las épocas de redes vacías. Ellos los llaman cayucos pero en España no dejan de ser lo que se conoce como pateras aunque dupliquen o tripliquen el tamaño y el pasaje de las que se utilizan en el Mediterráneo. Lo saben porque las mafias que los emplean, pagan bien. Y eso en un país africano y subsahariano es una noticia que vuela a la velocidad de la pólvora.

Los propietarios de estos barcos, experimentados marineros que se ganan la vida pescando, no pueden evitar las tentadoras ofertas que les hacen los traficantes de emigrantes para realizar la travesía a esa puerta europea que hay en el atlántico africano que se llama Canarias. Son humildes padres de familia con hijos a los que mantener, a los que se añade algún abuelo por cada una de las partes del matrimonio.

Son decisiones difíciles porque no son partidarios de ese tipo de encargos y además los peligros que encierran esos viajes son muy grandes. Pero acaban sucumbiendo cuando ven el enorme fajo de billetes que les pagan, sobre los tres millones de francos CFA, equivalente a unos 5.000 euros. Eso es mucho dinero para un país en el que ni siquiera la vida vale tanto. Así que aceptan y se echan a la mar en un viaje de varios dias que, en ocasiones, tiene un resultado incierto.

A partir de ese momento, su única preocupación es encontrar una tormenta demasiado fuerte, con olas de decenas de metros, capaces de echar al agua a varios pasajeros a la vez. O que se les rompa el motor y se queden a la deriva en la inmensidad del océano, rezando para que algún buque mercante los encuentre y pueda socorrerlos… o no, y mueran todos como ya ha ocurrido en alguna ocasión.

Si todo va bien y acaban siendo rescatados por alguien, se considera una victoria porque al viaje consiste en eso, en llegar a territorio español, no se paga por otra cosa. El destino que corran en las islas Canarias será cosa de cada uno. Unos pajeros lograrán quedarse pidiendo asilo político pero el propietario del cayuco no está interesado en eso y lo que quiere es que lo devuelvan a casa, sacudiéndose con satisfacción las manos mientras vuela en avión a Dakar, la capital de su país, en un viaje de vuelta mucho más tranquilo y que paga España.

Lo de volver a casa gratis y en avión se aprende a base de hacer viajes. En el primero de ellos, iban sin documentos de ninguna clase, ni teléfonos para que la Policía española no los pueda identificar, dificultando o impidiendo su devolución a los países de origen. En el segundo viaje, por el contrario lo llevan todo para que la repatriación sea más breve y la familia no tenga que preocuparse. Los hay que mienten sobre su nacionalidad y cuando los repatrían a ese otro país africano que no es el suyo, los llevan directamente a prisión porque el castigo es peor.

Una de las partes más difíciles del viaje llega nada más empezar porque hay que evitar la costa mauritana porque su Policía es de difícil trato, no se dejan corromper y se los llevan presos. Para evitar eso no les queda más remedio que alejarse de la costa en dirección a un mar inmenso que en varias ocasiones se ha perpetuado hasta el fin. Llevan consigo alimentos ligeros como arroz, espaguetis, sandías y mucha agua; además de 30 o 40 bidones de 20 litros de gasolina cada uno.

Marzo es la peor época para viajar porque es cuando hace más viento por eso es más caro para los que viajan y el cayuco tiene que ser de mejor calidad si quieren asegurarse la llegada. La Policía senegalesa parece no preocuparles mucho, ni tampoco el Ejército que colabora en estas tareas de control de fronteras porque no hacen ningún esfuerzo real a la hora de frenar este tipo de pateras a las que es muy fácil ver de lejos, con 50 personas de pasajeros y más cuando llevan chaleco salvavidas que es fosforescente. No hace falta acercarse mucho para irse antes para otro lado.

Entre los dilemas a los que se enfrentan estos pescadores patrones de los barcos están las tormentas, las provisiones, el rumbo, el estado de la madera de la quilla antes de partir y regresar a casa con su familia; cobrar su dinero y esperar otra oportunidad de volver a escrutar el océano durante siete dias que lo que se tarde de media en llegar a la isla de Tenerife. Si no, serán diez dias y se habrá acabado todo lo que llevan en el cayuco. Empieza a ser frecuente que se estropeen los motores y entonces se quedan a la deriva con 30 o 40 personas bajo su responsabilidad.

Encontrar datos estadísticos sobre la relevancia de estas pateras en el fenómeno inmigratorio que sufre Canarias es bastante complicado porque ya se encarga el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlasca de dificultar la información oficial todo lo posible. Las estadísticas que se manejan no distinguen entre las llegadas de puertos subsaharianos y las de Marruecos o el Sáhara Occidental que llevan población marroquí.

Pese a todo se puede afirmar que han sido dos los años ( 2006 y 2020 ) en los que han llegado más inmigrantes ilegales al archipiélago español en lo que llevamos de siglo. En el primero de los dos ejercicios, coincidente con la época más dura de la crisis de los cayucos, el año se cerró con 31.678 personas y el segundo con 19.566. Estas cifras suponen una media de 86 entradas de irregulares en 2006 por los 58 de 2.020.

La familia es quien vertebra al ciudadano, modela su personalidad y la conducta individual. Ese entorno sustancia lazos afectivos y socializa, pero hay matices y en opinión de muchos, demasiados.

Quién no tuvo padres, hermanos, primos, cuñados o lo dicho anteriormente no le afecta, no le importa. No elegimos progenitores, hermanos, familia ; ni vecinos, ni jefes. Solo la pareja y las amistades gozan de esa libertad de elección. El concepto familia tiene aspectos positivos y negativos, según a quién le toque opinar.

Si nos centramos en el universo delictivo, la familia es un caldo donde se cuece el Código Penal casi al completo. Es decir, aprovechando cercanía, afecto, confianza, poder o la idea de que alguien de la familia es incapaz de hacer lo peor, es la parte más oscura de lo que hoy abordo.

Más preocupante es que la impunidad de los delitos cometidos en el seno familiar ( que es una de las mayores aportaciones a la conocida como criminalidad oculta ) alcanza un 60%, según afirman las estadísticas que periódicamente se publican ( Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- ; Ministerio Fiscal y Ministerio de Interior ). Entre miedo, intimidación y pereza por denunciar o aceptar alguna indemnización, -dineraria o en especie-, a cambio de dejar pasar, nadamos en un río revuelto de inmunidades.

El caso más abundante es el de los divorcios. Cuando se rompen los vínculos del amor y el respeto, basados en la pareja que convive, se pasa a la batalla cargada de odio. Aquí se da la particularidad de que los contendientes se conocen, saben de la vulnerabilidad del contrario y adivinan donde duele más aunque nadie gane.

Sin olvidar el peor de los maltratos: el económico. El que fuera amante o amado pasa a ser un insolvente en los procesos de ruptura. Incontables ex-maridos o parejas y padres, fingen no ganar dinero, disminuir ingresos, estar desempleados, despedidos o han liquidado el patrimonio privativo por el conyugal. La insolvencia punible o falsedad documental, merodean, rozan y penetran estas conductas.

Hacer firmar contratos a la que fuera pareja, artificiar pagos o deudas o liquidar activos bajo engaño suma más delitos : estafa, suplantación, falsedad…. Y qué decir de las vejaciones, intimidaciones, agresiones, violencia de género, injurias, calumnias que se suceden mientras se tramita judicialmente la ruptura de la pareja ; o los daños, abusos y agresiones sexuales que quedaron pendientes de denuncia por parte de la mujer mientras la pareja funcionaba.

Los Juzgados de Familia, de Primera Instancia, de Violencia de Género y los Penales, están llenos de expedientes donde se ventilan los conflictos que hay tras romperse la familia, vía divorcio. Como siempre, las víctimas inocentes son los más indefensos : los hijos y sobre todo si son menores de edad.  Otro caso importante es cuando se tramita una herencia. Aquí la codicia humana llega al máximo, al paroxismo. Antaño, las reuniones de herederos eran pacíficas y de respeto por el fallecido. Se acataba la última voluntad plasmada en el testamento. Al albacea, se le respetaba igualmente. Ahora es un lío que muchas veces acaban en el juzgado habida cuenta de la conflictividad existente.

Los trucos para heredar más que otros, arruinar a los legitimados, engañarlos o aplastarlos con odios, agravios, traumas infantiles y otros, merecen una enciclopedia. Me refiero al familiar que está más cerca del moribundo y que falsea, exagera o inventa gastos y vacía la cuenta corriente o la libreta de ahorro con poderes o firmas falsas. Cuando los otros herederos se enteran de todo, entonces ya es tarde para recuperar algo y el botín está ya a buen recaudo.

También está el cuñado o sobrino listo que con ayuda de un bancario y un notario poco ortodoxos, se lo lleva todo. Las excusas para explicar lo robado -tras las fechorías- son ingeniosas y hay respuestas para todo. Al fin y al cabo se trata de una trama. Y luego están las apropiaciones indebidas, los robos y los hurtos de joyas, cuadros, recuerdos….; es decir, la rapiña.

Si en los divorcios o herencias hay una empresa familiar por medio, nos vamos a encontrar con un campo de batalla donde se abren paso los delitos societarios, apropiaciones indebidas, hurtos, robos y un largo etcétera.

Normalmente, los delitos entre familiares se dan cuando la empresa tiene bienes, la facturación va bien o se discuten modelos de gestión. El personalismo y la falta de humildad son perfectos para crear conflictos y engordar sumarios judiciales que heredan generaciones de descendientes.

Por último, los peores delitos que se cometen en el ámbito familiar se caracterizan -normalmente- por su falta de castigo. Me refiero a la carne, al sexo : abusos y agresiones sexuales, a la pederastia y a la violación. Si estos delitos engrosan la denominada criminalidad oculta es porque hay miedo o intimidación a denunciar y sobre todo coacciones graves a la víctima.

Padres y madres que abusan -años y años- de hijos y de menores; familiares que se aprovechan de la cercanía y la confianza para agredir o violar sexualmente, son los escenarios más comunes en estas transgresiones.

También, con ocasión de los divorcios hay muchas denuncias falsas que se hacen a través de los menores. Se acusa de lo peor al padre o a la madre que saldaron con ruptura traumática su convivencia y es parte del odio acumulado. Se trata de una venganza que asquea pero que existe y se utiliza con frecuencia.