Múltiples señales indican que el independentismo en Cataluña está en declive desde hace varios años, al menos cinco. Está muy dividido y no hay indicios que lleven a pensar en que puede recuperarse; cada vez menos movilizado en la calle y sin hoja de ruta. Más allá de esta fotografía general -muy visible a ojos de todos- se puede ahondar un poco más para conocer cual es el hundimiento real de un movimiento que inició en 2012 un desafío a España y que ahora se encuentra más debilitado que nunca tras haber fracasado estrepitosamente.

En este sentido, tomando los datos de la encuesta publicada el pasado enero por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Cataluña ( ICPS ), un ente de referencia promovido por la Diputación de Barcelona y la Universidad Autónoma también de Barcelona, hay dos indicadores que permiten medir con precisión hasta dónde ha disminuido el separatismo.

Por un lado, el apoyo a la independencia que ha caido del 46% en 2018 al 39% de ahora. Por otro, la importancia que tiene la cuestión de la separación de España para los catalanes, que se ha hundido en cuatro años, pasando de importarle mucho o bastante al 80% de la población en 2018 a apenas un 60%.. Lo que significa que la población empieza a pasar página del proceso, según este sondeo.

Este descenso del interés por la independencia también se ha traducido en que una cuarta parte de los votantes si hubieran tenido que ir entonces a las urnas, no tendrían en cuenta la posición del partido sobre esta materia. Lo que se interpreta como que un 25,5% de los catalanes podrían votar a un partido que rechaza la independencia pese a ser independentista o viceversa. Lo que refleja aún más como el proceso es una cuestión cada vez mas secundaria entre los ciudadanos, mientras las cuestiones económicas y sociales van ganado más peso en la agenda política.

Además de la indiferencia por esta situación, también está el hecho de que cada vez más catalanes creen que el separatismo acabará abandonando el proyecto de ruptura con España; en 2015 tan solo el 21,8% creía que ese sería el desenlace del proceso, ahora ya ha subido hasta el 41,6%. En paralelo, los que creían que el procedimiento podía acabar en independencia han pasado de representar un 17,1% al 4,2%. Por el medio, también se ha reducido el grupo de personas que vaticinaba que el proyecto independentista acabaría dotando a Cataluña de un mayor autogobierno: ahora está en el 41,6% cuando en el 2015 estaba en el 46,1%.

Las tres tendencias: menos apoyo a la independencia; más indiferencia hacia el proceso y ningún convencimiento de que el separatismo logrará romper con España; confirman con claridad el hundimiento del independentismo a pesar de que Juntos por Cataluña o Izquierda Republicana Catalana -esta última en menor medida- se afanen por resucitar el secesionismo. En paralelo, los catalanes tampoco aprueban la mesa de diálogo que genera cada vez más rechazo: si en 2021, un 29,7% la veían mal o muy mal, en 2022 ese porcentaje asciende a 44,6%. Prácticamente un tercio no la ven bien ni mal ( es decir, indiferencia ).

El sondeo también muestra algunas tendencias que está marcando el postproceso, caracterizadas por el desapego de los catalanes hacia sus propias instituciones, algo que nunca había ocurrido teniendo en cuenta el valor simbólico que ha tenido siempre la recuperación del autogobierno tras la llegada de la democracia. Un dato significativo en este sentido es que desde el año 2017, la valoración que hace la población de su Gobierno regional está en mínimos.

Poco más del 10% considera que la gestión autonómica está siendo buena o muy buena cuando en la etapa de Jordi Pujol, sobrepasaba el 50%. Ha caido tan bajo la valoración que se ha igualado por primera vez con la gestión del Gobierno de la Nación, algo que nunca había ocurrido en la serie histórica, iniciada en 1989. Algo parecido ha ocurrido también con la valoración del presidente de la región catalana que está por debajo del 5% desde 2017.

También cabe decir que estos dos datos de evaluación, iniciaron un descenso tras la marcha de Jordi Pujol de la Generalidat de Cataluña en 2003 y la llegada del Tripartito ( coalición de socialistas, republicanos y comunistas ), lo que también puede indicar que la población prefiere la estabilidad al caos y desgobierno que ha reinado, -con fases de mayor o menor intensidad-, en los últimos 20 años, primero con el Estatuto y ahora con la causa independentista.

La tendencia de cambio político que reflejaba esta encuesta que no era distinta a otras anteriores, se vio confirmada en las elecciones locales del pasado 28 de mayo donde Izquierda Republicana sufrió un duro revés ya que se quedó muy lejos de revalidar su condición de grupo político más votado a nivel local, perdiendo unos 300.000 votos con respecto al año 2019 y cayendo a la tercera posición regional tras la victoria de la sucursal catalana de los socialistas del PSOE que obtuvo 712.027 votos y los nacionalistas de Juntos por Cataluña que consiguieron 550.717. Los republicanos solo llegaron a 518.717.

Exactamente igual ocurrió en las elecciones generales celebradas el 23 de julio pasado, donde los socialistas catalanes ganaron con holgura, superando el millón de votos, logrando la hegemonía política -por primera vez- desde 2008 que fue su última mayoría.. Tras ganar en ambas elecciones -locales y autonómicas- los socialistas han desbancado a los separatistas y en especial a los republicanos. No han rozado el techo de 25 diputados que sumaron en el 2008 pero se acercaron a su mejor resultado histórico al lograr 1.200.000 votos, sumando más aceptación que todo el secesionismo junto ( 14 escaños y 850.000 votos ).

Para que a los delincuentes no les bastase cruzar una frontera para estar tranquilos y disfrutar de la impunidad que les daba el mero hecho de cambiar de país, nació una herramienta mundial para combatir a los infractores que con el tiempo se mostró muy eficaz y que este año de 2.023 cumple sus primeros cien años de vida con un balance ampliamente positivo.

Se trata de la Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida por sus siglas INTERPOL Integra a 194 países miembros de los cinco continentes del planeta. Número más amplio de los que forman la Organización de las Naciones Unidas ( ONU – 193 ) o igual que la Organización Mundial de la Salud. ( OMS – 194 ). Su misión: coordinar con las distintas Policías la colaboración mutua para lograr un mundo más seguro.

Además de tener personal adscrito de sus naciones asociadas, facilita el apoyo operativo y técnico e intercambia datos sobre delitos y delincuentes. El corazón de la esta organización es la Secretaría General que tiene su sede en Lyon ( Francia ) y un Centro de Innovación con base en Singapur. En cada país miembro actúa una Oficina Central Nacional ( OCN ) y una Asamblea General decide cada años los objetivos de la organización.

La dimensión de INTERPOL puede ilustrarse con los cientos de miles de empleados que utiliza en todo el mundo. Cada segundo se realizan 250 consultas a sus bases de datos que contiene millones de delincuentes y cuya información se actualizan permanentemente.

El nombre inicial de INTERPOL fue el de Comisión Internacional de Policía Criminal y se fundó en Viena ( Austria ) con ocasión de un congreso policial celebrado en 1.923 y que reunió a delegados de 20 países. Aquel período de entreguerras mundiales, lo marcó la agitación geopolítica y el incremento de la delincuencia internacional. Los fundadores de esta institución dejaron bien sentado que solo la colaboración combatiría los retos globales que persisten en 2.023.

Los fines fundacionales de INTERPOL consisten en herramientas prácticas que ayuden a todos sus afiliados a aplicar la ley y perseguir a los infractores más allá de sus fronteras sin perder la obligada neutralidad. Aunque el mundo ha experimentado grandes transformaciones en el último siglo, los principios de INTERPOL son tan pertinentes hoy como lo eran en 1.923. Las tecnologías que se usan ahora han evolucionado espectacularmente, pasando de los códigos telegráficos y huellas dactilares de antaño al reconocimiento facial. Recientemente, se han puesto en marcha tres programas que centran sus actividades: la lucha antiterrorista; la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia.

Para finales de este año de 2.023, está previsto celebrar en Viena su 91 Asamblea General y fijar el 7 de septiembre como el Día Internacional de la Cooperación Internacional, tal y como ya ha hecho la ONU, para recordar su fundación.

La OCN de Interpol en España, está ubicada en Madrid y forma parte de la estructura del Cuerpo Nacional de Policía, dirigida por un comisario de este cuerpo policial cuyo equipo de apoyo lo forman 60 funcionarios destinados allí de manera exclusiva y permanente, atendiendo las peticiones y consultas de todos los cuerpos policiales existentes en el territorio nacional. Su trabajo se centra en buscar personas fugitivas del tráfico de estupefacientes; homicidios; secuestros y abusos a menores. Lugares como el litoral mediterráneo, los archipiélagos canarios y balear; y las zonas residenciales de las grandes capitales españolas son los refugios que esta oficina policial se encarga que sean más inseguros.

España se adhirió a INTERPOL en 1.951 y en 1.998 logró su primer delegado europeo en el Comité Ejecutivo al ser elegido en la Asamblea General celebrado en El Cairo ( Egipto ). Posteriormente, entre los años 2.000 y 2.004 y en la Asamblea celebrada en la isla de Rodas ( Grecia ) un comisario de policía español fue designado Presidente de la organización, siendo hasta el momento el único hispanohablante que lo ha conseguido. Se llamaba Jesús Espigares Mira y era de la provincia de Granada.

En Sevilla, en noviembre del año 2.015, en pleno barrio de Triana, se celebró un congreso de Interpol sobre refugios de grupos y tramas de blanqueo de terroristas internacionales. Asistieron representantes de 40 países y fue clave para avanzar en la coordinación contra el yihadismo.

La labor silenciosa de INTERPOL, tiene bastantes más luces que sombras tras este su primer centenario y del que estoy seguro seguirán algunos más. Las primeras brillan con su neutralidad y cooperación mundial. Las segundas, tienen que ver con las Policías de ciertos países que protegen a delincuentes bien conectados con el poder local o con las vergüenzas de ciertos gobiernos poco democráticos.

Aunque no se sabe con precisión lo que nos puede deparar el futuro, a la mayoría de los españoles les preocupa que el previsible próximo Presidente del Gobierno español sea rehén de personas de la talla de Arnaldo Otegui, responsable de los filoetarras de EH-Bildu y Carlos Puigdemont, dirigente de Juntos por Cataluña.

Aunque parezca increíble y a estas alturas, todavía hay gente que duda que Pedro Sánchez sea capaz de ceder a todas las pretensiones de los separatistas vascos y los golpistas catalanes para lograr el apoyo parlamentario que necesita para dirigir los destinos de este país, antes llamado España. Y eso que los antecedentes del actual Presidente del Gobierno no dejan lugar a dudas de que el precio a pagar por el resto de los españoles no es asunto que le preocupe lo más mínimo, sea la Constitución o la propia democracia.

Lo que llama mucho la atención es el cambio que ha dado el propio partido socialista que en el año 2016 expulsó Sánchez porque quería hacer lo mismo que ha hecho ahora y que lleva camino de repetir, es que haya dado un giro de 180 grados. La explicación puede estar en que después de las mal llamadas elecciones primarias en el partido y que Sánchez ganó, convocó un congreso en el que eliminó las instituciones internas de debate y decisión. Así Sánchez se convirtió en caudillo que solo atiende a las bases -que por cierto- carecen de voz.

Extramuros del socialcomunismo hay quién piensa que el nacionalismo españolista es imposible y las dosis de independentismo son inevitables. Se podría sedar, no eliminar, y sobre todo no provocar porque crecería y sería ingobernable. Ante esta corriente de opinión se puede afirmar con contundencia que el nacionalismo periférico toma -permanentemente- decisiones anticonstitucionales, confirmadas así por los jueces y tribunales que el Gobierno ultraprogresista ignora continuamente y no hace nada para que se cumplan. Ese parece ser el problema.

Las actuales negociaciones con vascos y catalanes para componer un Gobierno idílico indican que se está preparando un monstruo babélico, fracturado, terrorífico y por ende, precipitado al vacío, un Frankenstein II. Y así aparece el miedo de la sociedad española de a dónde puede llevar Sánchez a España de la mano de los separatistas y apoyado desde dentro por la nueva Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol que lejos de resolver los problemas de sus paisanos de las Islas Baleares, se ocupó de imponer una lengua -la catalana- que no era la propia, dejando pendientes dos investigaciones judiciales que veremos cómo le afectan, dado su puesto institucional. Sin olvidar a Cándido Conde Pumpido, Presidente del Tribunal Constitucional, colocado en ese puesto para que avale las propuestas que le haga llegar su padrino político.

Poco a poco, la sociedad española se va dando cuenta de que los próximos años van a ser muy cruciales para lo que -por ahora- llamamos España. Puede pasar de todo en un país dividido en dos bloques ciudadanos que desean futuros distintos. Situación que se debe a la política de polarización iniciada por José Luis Rodriguez Zapatero y ampliamente desarrollada por su alumno -aventajado- Pedro Sánchez.

Hay bastantes dudas sobre si los votantes del socialcomunismo de las pasadas elecciones generales del 23 de julio eran plenamente conscientes de la trascendencia que iba a tener su decisión sobre si Sánchez y sus aliados iban a gobernar de nuevo. Lo cierto es que todo indica que nos encaminamos hacia otra España -si es que conserva ese nombre- y si es que Sánchez logra ser investido.

Pactar con los independentistas va a suponer modificar la Constitución Española, con todo lo que ello conlleva. Ahora no se trataría de una modificación menor, como en 1992 para que los extranjeros comunitarios pudieran votar en las elecciones municipales; ni como en 2011, cuando el PP y el PSOE acordaron introducir el factor de estabilidad presupuestaria; ahora se negocia una reforma de mucho calado que puede terminar con España, tal y como ahora la conocemos.

Cualquier ciudadano medianamente informado sabe que el separatismo es ilegal según la Constitución. La independencia de Cataluña no la quieren ni la mayoría de los catalanes, ni tampoco el votante socialista. Para los incrédulos recomiendo consultar las encuestas al respecto de los últimos años y el resultado electoral del pasado 23 de julio. Trocear España debería de ser una decisión paleolítica.

Sin embargo, eso hay que interpretar para los poco más de la mitad de los votantes de las pasadas elecciones generales, que han elegido esta posibilidad. Y si no ha sido así, francamente habrá que pensar que hay votantes inconscientes que no deberían votar por respeto a la democracia o bien que se creen que puede volver un fascismo mussoliniano o nazi y se decantan por el separatismo, lo que sería más grave. En ambos casos estaría bien presente la ignorancia y el desinterés por el mañana.

Cuando se ha votado como se ha votado, el resultado es que los independentistas no se van a conformar con las dádivas que ya les han dado y con las que les darán a menos que entonces agachen la cabeza y dejen de ser separatistas. Querrán la independencia. Si no echan mano de nuevo de vías ilegales habrá que respetar la Constitución Española.

A lo largo de los últimos 20 años, hemos presenciado el paso de un orden mundial bipolar a un sistema multipolar de instauración gradual, seguido de un breve momento unipolar dominado por Estados Unidos; hasta el actual rumbo multilateral que se ha ido desplegando paulatinamente. En este nuevo orden mundial, coexisten distintos centros de poder en un entorno más inestable. Subsisten viejas amenazas como las armas nucleares en nuevas formas ( proliferación ) al tiempo que han surgido otras nuevas.

Estas nuevas formas de inseguridad como la inestabilidad financiera, deterioro del medio ambiente, dependencia energética, delincuencia organizada y el terrorismo, son más variadas, menos visibles y menos previsibles que nunca. La mundialización ha aumentado también nuestro sentimiento de vulnerabilidad al difuminar los límites entre las formas de seguridad interior y exterior.

Los conflictos armados en un continente lejano pueden amenazar la seguridad interior de Europa al crear grandes afluencias de refugiados. De igual modo, una cooperación policial insuficiente de los países europeos puede comprometer los esfuerzos de la lucha contra los sistemas de terror en el extranjero.

A su vez, todos los riesgos para la inseguridad se interrelacionan haciendo que la pobreza y la inestabilidad de los Estados en descomposición, sirvan de caldo de cultivo al terrorismo y a otros tipos de actividad delictiva. Por tanto, para hacer frente a los retos de seguridad del siglo XXI se requieren respuestas mundiales y anticipatorias que solo puede aportar un actor de la talla de la Unión Europea.

Desde hace tiempo, la Unión Europea se empeña en el siglo actual del mantenimiento y el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia; destinado a facilitar la vida diaria de sus ciudadanos. Sin embargo, los atentados terroristas de origen yihadista que han asolado Europa durante los últimos años y antes en los Estados Unidos, han hecho patente la necesidad de una actuación más eficaz y coordinada de los Estados miembros europeos para hacer frente a estas amenazas y a otros problemas de seguridad que trascienden las fronteras.

Entre estos cabe mencionar: la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero; la explotación de mujeres y niños; los desastres naturales y de origen humano; el cibercrimen, la piratería intelectual y desde luego, la corrupción.

Ahora es necesario que se actúe de manera decisiva, creando un nuevo modelo europeo de seguridad que ha de basarse en la concepción y en los objetivos que figuran en la Estrategia de Seguridad Interior, dando prioridad a los intereses de los ciudadanos europeos al tiempo que aborda los retos en rápida evolución del siglo XXI. Debiendo proteger los derechos y libertades individuales ; mejorar la cooperación y la solidaridad ente los Estados miembros; atender a las causas de la inseguridad y no solamente a los efectos; dar prioridad a la prevención; comprometerse con los ciudadanos y reconocer la interdependencia entre las dimensiones interna y externa de la seguridad a la hora de establecer un planteamiento de seguridad global con terceros países.

Hasta la fecha, la actuación común en esa esfera se ha visto obstaculizada por la resistencia de los Estados miembros a disponer las políticas en común sobre la información y a coordinar las acciones en materia de orden público, constituyendo uno de los problemas más delicados de la politica interior. Sin embargo, esta resistencia va a contracorriente de los deseos de los ciudadanos europeos que quieren que la Unión Europea se convierta en un actor de más peso en el terreno de la seguridad. Ignorando así, los importantes instrumentos y recursos de que la Unión Europea se ha dotado a lo largo del tiempo en el ámbito de la seguridad y de manera destacada en el Tratado de Lisboa, adoptado en diciembre de 2007.

Los retos de seguridad que se afrontan en la actualidad, exigen un auténtico planteamiento a escala de la Unión Europa, ingentes esfuerzos de cooperación, instituciones comunes y una financiación adecuada. Se necesita una nueva cultura de la cooperación en muchos ámbitos como la cooperación policial y judicial; el control de fronteras, la sanidad y la protección social y civil. Para ello será necesario aumentar las competencias de los organismos existentes como Europol para la policía y Eurojust para la justicia; el Centro de Situación; Frontex y el Coordinador de la Lucha contra el terrorismo. También será preciso crear nuevos organismos como por ejemplo, un Centro Europeo de Buenas Prácticas Policiales.

Además, deberá darse prioridad a los siguientes asuntos:

• Mejora de los sistemas de intercambio de información sobre financiación de redes, rutas de tráfico para las armas de destrucción masiva; recuperación después de ataques terroristas y medidas preventivas a largo plazo.
• Creación de un Equipo Europeo de Reserva compuesto por Unidades con una formación específica que estén preparadas para desplegarse sin demora y estructuradas a imagen del componente militar.
• Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Fronteras Exteriores más integrado, reforzando Frontex mediante un cuerpo europeo de personal especializado que esté disponible para asistir a los Estados miembros. ( pasaron de voluntarios de policías europeas a un Cuerpo propio en 2016 ).

• Allanamientos de las incoherencias del Sistema Europeo de Asilo, en especial mediante una normalización de la definición de refugiado.
• Creación de una Política Unificada de Visados y de un Servicio Consular Europeo, en el marco del futuro Servicio Europeo de Acción Exterior. Con demasiada frecuencia, la formulación política en este campo está gobernada por los acontecimientos y por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio entre el fomento de la seguridad por una parte y las libertades individuales y los derechos humanos por otra. La forma de lograrlo, de manera razonable entre estos elementos inseparables variará en el tiempo y en función de las circunstancias, lo que requiere un debate político permanente en toda la Unión Europea. Aún cuando estén en juego riesgos en materia de seguridad deben de respetarse estrictamente unos límites claros para el acceso a datos personales y restricciones en cuanto al intercambio de los mismos.

Por encima de todo, es necesario que los Estados miembros de la Unión Europea reconozcan que la seguridad interior está supeditada -en gran medida- a la consecución de un entorno exterior seguro. Los retos transfronterizos en materia de seguridad no se detienen en las fronteras de la Unión Europea. Así pues, para mejorar la seguridad y la libertad de los ciudadanos europeos será necesario realizar una actuación complementaria más allá de las fronteras europeas.

Dadas las continuas olas de llegadas de inmigrantes irregulares a la Unión Europea es necesario llegar a un planteamiento común de la inmigración ilegal. Deben de eliminarse las incoherencias entre las políticas de los Estados miembros y el comportamiento con respecto a las personas sin acceso al mercado laboral. Esto supondría armonizar -entre otras cosas- los derechos de los inmigrantes irregulares en toda la Unión Europea para evitar los efectos llamadas que puedan producirse en un Estado miembro y puedan afectar a otro.

Afrontar este problema supondría también oponerse a la cultura del empleo de inmigrantes ilegales, en particular en los sectores de la construcción y la agricultura, así como en el ámbito doméstico, aún evidente en varios Estados miembros. Esto exigirá -entre otras medidas- el perfeccionamiento de los controles internos de los permisos de trabajo y residencia en los países con gran número de inmigrantes ilegales.

No obstante, el mantener unos controles internos y externos fiables, no debería poner en peligro la resolución de la Unión Europea de seguir siendo un lugar seguro para los refugiados, en coherencia con sus valores fundamentales. La Política Europea de Asilo, tiene que garantizar que los refugiados políticos disfruten del derecho a solicitar asilo y que sus peticiones se tramiten con justicia en los 27 países miembros de la Unión Europea.

Los esfuerzos para poner coto a la inmigración irregular y a la trata de personas, deben de incluir también medidas que protejan a las personas y grupos vulnerables por medio de la explotación de prácticas laborales inaceptables u otras formas de abusos -entre ellos- la trata de seres humanos. Para ello se requiere un diálogo permanente de la Unión Europea con los paises de origen, que seas coherente en su aplicación y que complemente la politica europea en materia de desarrollo.

Asímismo, la Unión Europea tiene que reconocer la relación entre migraciones y desarrollo y formular respuestas políticas que aprovechen plenamente las sinergias que existen entre ambos fenómenos. Una política de contratación eficaz dará lugar -inevitablemente- a una fuga de cerebros que podría debilitar el proceso de evolución en los países de emigración. La Unión Europea debe de hacer todo lo posible por evitarlo, ayudando a dichas naciones a incrementar el capital humano necesario para su crecimiento.

Los acuerdos bilaterales de desarrollo deben de incluir el empeño por promover una inmigración ordenada, mediante asociaciones de movilidad, así como acuerdos de contratación y readmisión. La elaboración de esta política debería de tener presente las ventajas potenciales para el establecimiento de los retornos y la movilidad bilateral entre países de procedencia y acogida. El Estatuto de Residencia Permanente en la Unión Europea, por ejemplo, por medio de una tarjeta azul podría fomentar la emigración circular de quienes desearan regresar a sus países de origen durante un tiempo prolongado.

Por último, la Unión Europea debería de invertir en los sistemas de educación superior de los paises de emigración con el objeto de crear capacidades que más tarde puedan compartirse. En suma, el objetivo debe de ser la formación y no la fuga de cerebros.

La conjunción del envejecimiento de la población y la contracción de la fuerza de trabajo interna, va a acarrear a Europa consecuencias drásticas. Si no se toman medidas, se traducirá en una presión insostenible sobre los sistemas de pensiones, de sanidad y de protección social y en unos resultados negativos para el crecimiento económico y la fiscalidad. Si Europa se toma en serio el tránsito hacia una sociedad del conocimiento, los esfuerzos para mejorar la eficiencia económica y elevar las capacidades de la población existente, deben de completarse con medidas activas para hacer frente a este desafío demográfico.

Además, debe incluir un esfuerzo concertado para hacer de la Unión Europea un destino atractivo para los inmigrantes. Sin la inmigración, la Unión Europea será incapaz de hacer frente a la escasez futura de la mano de obra y de capacidades. Quedaría asímismo mermada su diversidad cultural y experimentación, requisitos indispensables de la creatividad y la innovación.

Europa combina los extremos demográficos de una esperanza de vida muy elevada y una tasa de fertilidad muy reducida. En la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, la esperanza de vida -en la actualidad un promedio de 80,1 años- aumentará de 15 a 20 años en el transcurso de este siglo. Considerando que cada mujer da a luz una media de 1,5 hijos y que cada vez más mujeres renuncian por completo a tener hijos, la población de Europa envejece y su fuerza de trabajo nacional desciende.

Teniendo en cuenta que la edad media de jubilación en Europa es de 65 años ( aunque con tendencia al alza ); si no se toman medidas compensatorias en los próximos 40 años, el coeficiente de de población activa/población inactiva caerá en picado, quedando cuatro trabajadores contribuyentes para mantener a tres jubilados. Es necesario actuar urgentemente para compensar esa tendencia negativa.

Aún cuando se cumplieran totalmente las medidas internas cuyo objeto es impulsar la participación en el mercado laboral, serían insuficientes para compensar plenamente las consecuencias del cambio demográfico sobre la futura oferta de mano de obra. La realidad prevista para el año 2050 es que de darse una improbable falta de inmigración y con cifras constantes de participación en el mercado de trabajo, la mano de obra en la Unión Europea se reducirá unos 68 millones de trabajadores. Dado que no todos los inmigrantes pasan a ser personas económicamente activas para colmar la brecha sería necesario un aumento neto de unos 100 millones de personas.

Si se pretende ser realista, un incremento limpio tan importante a lo largo de los próximos 40 años no es ni probable, ni necesariamente deseable. No obstante, la mano de obra inmigrante será parte de la solución a las futuras carencias de fuerza laboral y capacidades de Europa y la Unión Europea por eso tendrán que desarrollar un planteamiento anticipatorio de la inmigración.

En términos generales, es necesario que Europa cambie de actitud. Muy a menudo, la inmigración se percibe como una carga que se soporta más que como una oportunidad que aprovechar. En este sentido, Europa tiene mucho que aprender de Australia, Canadá y los Estados Unidos; países con los que compite directamente en lo que se refiere a atraer inmigrantes cualificados. A partir de la experiencia de estos países, la Unión Europea tiene que desarrollar una política común de inmigración con el fin de atraer a los inmigrantes más preparados, con más talento y más motivados. Y a la vez, tomar medidas para impedir las pérdidas de capital humano en los países de procedencia de la emigración.

Una política común de inmigración para la Unión Europea debería de establecer una estrategia particular, de medio y largo plazo, para dirigirse a los inmigrantes más competentes. Debería poder accederse -fácilmente- a una información clara que promueva las ventajas de establecerse en Europa. Es necesario también contar con un planteamiento común, respecto de unos criterios también comunes para la aceptación de inmigrantes ( sistemas de puntos o de evaluación ) teniendo al mismo tiempo en cuenta las necesidades particulares de cada uno de los Estados miembros.

Aún así, Europa solo será un destino atractivo para los inmigrantes capacitados si estos se sienten aceptados; pueden acceder al mercado de trabajo oficial y tiene la posibilidad de crear sus propias empresas. Son necesarias unas iniciativas de integración de largo alcance en los distintos niveles administrativos de la Unión Europea y de los Estados miembros, particularmente en el nivel local que a menudo, es el mejor situado para determinar y atender las necesidades de las poblaciones, tanto inmigrantes como autóctonas.

Una vez establecidos legalmente en la Unión Europea, los inmigrantes deben gozar de los mismos derechos sociales que los ciudadanos de la Unión Europea. El potencial de las poblaciones inmigrantes presentes de aumentar notablemente la participación en la población activa debe de explotarse mediante inversiones en el aprendizaje de la lengua, la formación profesional y la educación general, junto con estrategias de la lucha contra la discriminación. Estas estrategias deben de eliminar todas las formas de discriminación contra los trabajadores inmigrantes y sus familias.

Al aplicarse a un espacio territorial en buena medida sin Fronteras Interiores, el funcionamiento adecuado de una política común de inmigración, necesita un sistema fiable de gestión de sus Fronteras Exteriores que incluya un sistema coordinado de expedición de visados a los nacionales de terceros países.

Decenas de millones de nacionales extracomunitarios, cruzan cada año las Fronteras Exteriores de la Unión Europea por lo que es esencial mejorar los mecanismos de control y verificación dentro de la propia Unión Europea. Esto garantizará que la carga de los controles migratorios no se desplace unilateralmente hacia las Fronteras Exteriores y por tanto hacia los países que las vigilan.

La Historia europea de los últimos años, ha ido mostrando la insuficiencia de sus avances en casi todos los planos en que se producía. O mejor dicho, cada avance era seguido de la constatación de su insuficiencia. Así por ejemplo, la conquista de una moneda común sin una convergencia de las economías reales de los países que la adoptaron, puso de manifiesto la necesidad de una politica común europea que incluyera la integración de las políticas financieras y presupuestarias de la Zona Euro y una politica fiscal común o mínimamente coordinada. Esta carencia fue suplida a través de la creación de la Unión Económica y Monetaria ya que la crisis económica del 2008 evidenció de manera clara que las necesidades de gobernanza económica de la Unión Europea eran inaplazables e imprescindibles.

Con la ampliación de la Unión hacia el Este y el Báltico pasó algo parecido. Un éxito incuestionable como es la unión política de 27 países y la creación de un mercado común de casi 500 millones de personas ha puesto sobre la mesa las dificultades de una Europa intergubernamental, incapaz de gestionar esa complejidad y ese puzzle de intereses nacionales cruzados. La necesidad del llamado método comunitario para gobernar la Unión se hace cada vez más imperiosa.

Se podría seguir con más ejemplos. A la libertad de circulación y a la supresión de las fronteras interiores debido al Acuerdo de Schengen, le siguió una necesidad -cada día que pasaba era más evidente- de coordinación policial ( cubierta con la creación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial -Europol y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas – Frontex) y judicial ( suplida con el nacimiento de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal – Eurojust) en el llamado ámbito de la libertad y seguridad europeas.

A la insuficiente coordinación de la política exterior europea, ( corregida con la creación del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ) le ha seguido siempre como compañía inseparable, la necesaria convergencia de las Fuerzas Armadas de los estados miembros para dotar de coherencia a la acción exterior y para lograr ahorros económicos y eficiencias operativas que se ha tratado de solventar a través de la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad y un Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para su planificación y Ejecución. Esta dialéctica exigente de avanzar como el pedaleo del ciclista, ha guiado en gran parte, la historia de la Unión Europea y sigue hoy impulsando la mayoría de sus principales retos.

A finales de 2007, al tiempo que el Consejo Europeo resolvía con el Tratado de Lisboa el grave conflicto institucional abierto con el fracaso de la Constitución Europea, el mismo Consejo encargó a un Grupo de Reflexión dirigido por el antiguo Presidente del Gobierno español, Felipe González, la elaboración de un Informe sobre los Retos y las Soluciones para los próximos 20 años. El Informe fue presentado al Consejo en junio de 2010 como Proyecto Europa 2030 y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.

Esta fue la primera sorpresa: ni el Consejo, ni la Comisión, ni el Parlamento Europeo han dicho desde entonces ni una sola palabra sobre el contenido del citado Informe. Ningún jefe de Gobierno o similar se ha pronunciado hasta ahora sobre el mismo y la mayor parte de la prensa europea omitió comentario o valoraciones sobre el indicado documento. Sin embargo, el diagnóstico que los sabios europeos nos ofrecen es casi dramático: envejecimiento demográfico; necesidades de una inmigración que no sabemos ordenar e integrar; dependencia energética; competencia a la baja que cuestiona el pleno empleo y el Estado de Bienestar; desplazamiento hacia Asia de la producción y el ahorro; también de la investigación y la innovación; el terrorismo y el crimen organizado.

Lo que vieron los expertos no era tranquilizador para la Unión Europea y sus ciudadanos. Y aseguraban que de no reaccionar -juntos y desde ahora- acabaremos siendo una especie de península colateral del nuevo centro de gravedad del mundo que a velocidad vertiginosa se desplaza hacia Asia.

Es verdad que el documento no descubre nada nuevo que no supiéramos o intuyéramos aunque eso sí: sistematiza y cuantifica las razones de las alarmas. No es lo de menos que el texto establezca soluciones tan conocidas como difíciles de articular. Cambiar las tendencias de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación ( las conocidas siglas I+D+i ); reformular nuestro modelo laboral y de bienestar, etc.

.En mi opinión, sin embargo, la importancia del texto no radica tanto en las novedades o en las soluciones sino en la contundencia de su diagnóstico; en la rotundidad de las cifras y de los parámetros que configuran nuestras tendencias y en la seguridad con que doce expertos -libres de toda sospecha y acreedores de toda solvencia-, nos aseguran el caos a medio plazo si no reaccionamos ya.

La falta de reacción europea a este Informe es ominosa y suicida. Y desgraciadamente no es ceguera lo que sufrimos sino incapacidad. Francia y Alemania no se entienden para el liderazgo europeo que les corresponde y que necesitamos.

Decía Jacques Delors que fue Presidente de la entonces Comisión Europea durante diez años ( 1985 al 1995) que Europa ante la crisis económica que le tocó y capeó, que los bomberos esperaban ahora a los arquitectos. Yo lo que creo es que los arquitectos ya nos han dibujado los planos de la Casa Europa y lo que verdaderamente necesitamos son capataces, jefes de obras, dirigentes que nos pongan a trabajar en este edificio imprescindible que tenemos que construir -sí o sí- para que nuestros hijos y nietos no vivan desguarnecidos o para que no se vayan a otra casa a buscarse su vida y su futuro.

A finales del año 2007, al tiempo que el Consejo de Europa resolvía con el Tratado de Lisboa el grave conflicto internacional abierto con el fracaso de la Unión Europea, el mismo Consejo encargó a un Grupo de Reflexión dirigido por el ex-presidente español Felipe González, la elaboración de un Informe sobre los Retos y las Soluciones de la Unión Europea para los próximos 20 años.

El citado Informe fue presentado al Consejo en junio de 2010 como Proyecto Europa 2030 y desde entonces, un espeso y sonoro silencio se ha hecho sobre él. En el documento se exponían, entre otros Capítulos, el correspondiente a los Retos Policiales de la Europa del Futuro que son el objeto del presente trabajo.

Lo primero que se hacía era explicar cómo está la sociedad actual que está evolucionando desde hace unos años de la sociedad post-moderna a la sociedad post-occidental y consiste en una resistencia -vigilante y recelosa- de todas las agresiones que se supone suscita el progreso de las nuevas tecnologías y de las ciencias programáticas. Especialmente, a causa de la apología de la velocidad contra los valores reflexivos del respeto, el silencio, la soledad, la lentitud, el escrúpulo y la discreción.

El post-modernismo, pese a la acritud con la que había sido discutido, encontró primero su legitimidad en la fórmula expresada por Albert Camus -al final de su discurso- en Suecia, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel en 1957. Camus estimaba que para su generación, lo importante era conservar el mundo más que reformarlo. A partir de esa concepción, todas las variantes de pensamientos y comportamientos han sido concebidas apuntando hacia una especie de progresismo reaccionario o de reacción reformista.

Como decía el intelectual europeo Michel Foucault, él siempre había soñado con poder realizar la síntesis entre el sabio griego, el profeta judío y el legislador romano porque el primero habría aportado La Razón; el segundo la visión del Mal y el tercero el Derecho. Y esto hasta el tiempo en que se intentó otra síntesis -esta si exitosa- entre la Luz de la aportación crítica y las Luces del mensaje revolucionario. Ahora bien, como lamentaba Foucault, estas síntesis son imposibles de realizar en nuestra época e incluso de concebir. Con esta afirmación, vislumbraba ya el otoño de occidente.

Desde todas estas actitudes occidentales, las civilizaciones de los otros continentes no solo eran consideradas mágicas y dignas de una exploración maravillosa sino también contempladas con un sentimiento de superioridad irreprimible. Los viajeros que recorrieron China, la India, Bizancio y el Imperio Otomano, dieron fe de lo contrario. El arte de vivir de aquellos países suscitó admiración y envidia.

De hecho fue hace dos siglos, desde la explosión de su economía, su desarrollo y sus riquezas; cuando los occidentales se replegaron en un islote de arrogancia en el corazón de los océanos de civilizaciones diferentes, a veces para conquistar y a veces a evangelizar. La post-modernidad podía ser entonces un sueño de esteta ante la belleza de los peligros tecnológicos pero aún estábamos en la era occidental.

En ese momento, Europa estaba sufriendo de lleno el final de esa era con el derrumbamiento de sus imperios coloniales y la llegada a su territorio de hombres y mujeres a los que había colonizado y que en razón a su número preferían vivir en comunidades propias, fieles a la cultura de su país de origen.

En 1980, durante la campaña electoral de Francoise Miterrand a la Presidencia de la República Francesa, un cartel que representaba un pueblecito al amparo de una iglesia católica cubrió todos los muros. Miterrand era socialista y en principio anticlerical. Hoy un cartel así no sería posible. Sería juzgado como agresivo y ofensivo para la cada vez mayor colonia musulmana cuando entonces ni las minorías protestantes pusieron objeción alguna.

La era post-occidental está anunciando además la presencia de chinos, indios y brasileños que le están arrebatando lentamente a occidente y por tanto a Estados Unidos antes que a nadie, la centralidad de una civilización que garantizaba su hegemonía intelectual. He aquí que ahora estadounidenses y europeos que juntos representan menos del 20% de la población mundial, están a punto de verse privados de su superioridad material y también militar en nombre de valores que no son los suyos, descubriendo así occidente que sin el poder ya no encarna el ideal.