Considero que una de las principales tareas de los Cuerpos de Policía -en cualquier lugar- debe de ser la de reflejar la sociedad que están llamados a proteger. La Policía, no puede funcionar correctamente si da la impresión de estar al margen de la sociedad, alejándose de la cultura y las tradiciones del medio en que trabaja porque corre el riesgo de perder la simpatía de la población, de quedar incomunicada de ella y -sobre todo- de perder su confianza que es una condición esencial para el mantenimiento del orden y la seguridad pública. La Policía alcanza sus objetivos cuando constituye un reflejo fiel de la sociedad a la que sirve y se condena al fracaso cuando deja de evolucionar en el mismo sentido que esta.

Los Cuerpos de Policía deben además, afrontar otro reto: trabajar para prevenir la delincuencia con tanta energía como la empleada tradicionalmente para combatirla. De la misma forma que en medicina el mejor remedio es la prevención, si no se transgreden las leyes no habrá ninguna necesidad de aplicar sanciones.

Todos sabemos que ninguna sociedad civilizada puede hacer respetar las leyes si los ciudadanos no están dispuestos a obedecerlas. Quizá el mejor ejemplo lo constituya la lucha contra el tráfico de drogas : si no hubiera toxicómanos, no existiría el tráfico de drogas. Si se quiere luchar contra el problema de la oferta, hay que ocuparse igualmente del problema de la demanda.

Lo que significaría el lanzamiento y mantenimiento de una gran campaña de educación ( las actuales iniciativas son insuficientes y temporales ) destinada a cambiar la actitud de las personas y hacerlas conscientes de los estragos que causa la droga y suponga -asímismo- la previsión de buenos tratamientos y la oferta a nuestros hijos y nietos de buenas posibilidades de futuro para evitar que caigan en esta trampa.

Es muy importante prevenir la delincuencia y también lo es castigarla cuando se produce. Los delincuentes en potencia deben saber que no se les dejará saltarse impúnemente los valores de la sociedad civilizada. El castigo ejerce sobre ellos un poder disuasorio y sirve igualmente para proteger a posibles víctimas.

También se necesita la cooperación de otras instituciones de la sociedad que como los colegios, la Universidad o las distintas religiones pueden constituir medios esenciales para prevenir y combatir el delito, dadas su función y experiencia. Igualmente hace falta la colaboración de la mayor parte de ciudadanos sin cuya confianza la Policía no puede actuar

Esta colaboración impone a su vez, una obligación de apertura y de sensibilidad frente a las necesidades. Los organismos policiales solo conservarán su legitimidad si se mantienen a la escucha de las auténticas necesidades de toda la colectividad nacional. Es necesario que los ciudadanos sientan que la Policía defiende sus derechos y no que forma parte del problema. A este fin es esencial que la Policía pueda modificar sus prioridades en función de la evolución de la sociedad.

La capacidad de mantener el orden de los Cuerpos Policiales depende de la equitativa aplicación de la ley. En cualquier país democrático, las leyes no pueden permitir ni excepciones, ni objeciones. Precisamente las leyes son eficaces porque se aplican a todo el mundo por igual. Ningún resentimiento puede ser una excusa para socavar los cimientos de la libertad. La firmeza, la paciencia y el respeto a la vida deben triunfar siempre frente a los violentos.

Se deben de observar dos de los principios fundamentales de cualquier sociedad pacífica y civilizada : el primero es, que para poder aplicar la ley, hay que respetarla y el segundo, que para respetar la ley hay que aplicarla. Todas las sociedades deben de aprender una y otra vez estos principios que constituyen el fundamento de la libertad y de la democracia, a la vez que definen la misión de los organismos encargados de aplicar las leyes.

Los servicios policiales tienen siempre una gran responsabilidad que es la que la sociedad les ha impuesto. Se les confía siempre las tareas más ingratas y se les pide que se enfrenten y resuelvan los peligros cotidianos. Se les pide que sean valientes pero también sensibles, incluso se les exige que decidan en problemas que escapan a sus manos.

Las características de la delincuencia evolucionan, así como los instrumentos de los que se vale, por eso los métodos policiales deben adaptarse a los tiempos. Pero el objetivo final sigue siendo el mismo : garantizar la paz y el orden que permitan a nuestra sociedad progresar con libertad y tranquilidad. Esta es la meta de una sociedad civilizada.

Se buscaba un símbolo sencillo, algo a lo que la gente se sumara con facilidad y que incluso pudieran hacerlo en su casa. Lo importante era ofrecer una respuesta permanente ante una vulneración de los derechos humanos tan grave como era el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, a manos de ETA. Así nació » el lazo azul » , del que ahora se han cumplido veinticinco años.

Diez centímetros de tela, con la forma de una A ( de askatu, libertad en euskera ), que hizo despertar a miles de personas y cogió por sorpresa al entramado de la banda terrorista, que vió tambalear su hegemonía en la calle, aunque nadie se planteaba cuál iba a ser la repercusión social. « El lazo azul » sirvió para mostrar lo que estaba ocurriendo. Se vieron muchos « lazos » dentro y fuera del País Vasco y era un paso individual que cuando se daba, ya no había vuelta atrás.

La ya desaparecida organización civil y voluntaria, Gesto por la Paz, autora de la idea, organizó un encierro en su sede de Bilbao, donde la gente elaboraban lazos para dar salida a la demanda, que era mucha. De hecho, esta coordinadora pacifista tuvo que pedir imperdibles y tela a Barcelona, porque se había agotado en las mercerías de la capital vizcaína. Incluso recibieron peticiones desde diversas residencias para decirles que, si les mandaban la tela, ellos hacían los lazos.

El detonante de este movimiento social fue el secuestro del industrial citado, debido a su negativa a pagar el denominado « impuesto revolucionario » ( cantidad de dinero establecida por la organización criminal según la información  recabada ). Fue abordado por un comando etarra, en el trayecto de su casa a la empresa Ikusi, situada en las afueras de la ciudad de San Sebastián.

Permaneció retenido entre el cinco de julio y el veintinueve de octubre de 1993. La banda armada lo había intentado antes con su tío Angel, pero los terroristas cambiaron de objetivo al no ofrecer su plan, plenas garantías de llevarlo a cabo con éxito, debido a sus múltiples dolencias.

A lo largo del secuestro, Gesto por la Paz impulsó la creación del « lazo azul » y todo un calendario de movilizaciones. Incluso participó en la creación de la Plataforma Pro-Liberación del empresario. Personas desde todos los ámbitos de la sociedad vasca, como deportistas, cantantes, políticos e intelectuales; asumieron una responsabilidad activa como pocas veces había ocurrido hasta entonces.

Los poco más de trescientos trabajadores de la empresa Ikusi, también se volcaron en la campaña del « lazo azul «. Solo en los cuarenta y nueve primeros días de cautiverio del empresario, repartieron más de cien mil distintivos ( 110.000, para ser exactos ). El once de septiembre de 1993, más de ochenta mil personas recorrieron las calles de San Sebastián para pedir la liberación de Julio Iglesias Zamora. Para la historia ha quedado el cartel amarillo, con dos trazos azules, obra del universal escultor vasco Agustín Ibarrola.

Llevar esa «A» prendida en la solapa fue un gesto de responsabilidad, pero también de valentía. Desde el entramado de ETA se reaccionó con dureza contra quienes se sumaron a esta iniciativa. Por primera vez la calle no fue de ellos. E incluso fracasaron  en su intento de crear un « lazo verde «. Una de las víctimas más conocidas de aquélla campaña intimidatoria fue el periodista José María Calleja, que por aquel entonces presentaba un programa en la televisión vasca, que no dudó salir en antena con » el lazo azul » en la solapa y las presiones internas no se hicieron esperar, pero él no cedió.

Más tarde, un poco antes de las elecciones municipales de 1995, se distribuyeron imágenes del periodista en forma de carteles, bajo el título « los asesinos llevan lazo azul » y finalmente fue destituido. Los primeros en celebrarlo fueron los seguidores de la entonces Herri Batasuna, antecesora de la actual EH Bildu.

El empresario fue puesto en libertad por ETA, cuando pagó el correspondiente rescate, ( se habló de entre 500 a 800 millones de las entonces pesetas ), el veintinueve de octubre de 1993. En una comparecencia pública, acompañado de su mujer y sus tres hijos, Iglesias calificó de « torturadores » a los terroristas que lo vigilaban y de « ataud pintado de blanco «, el habitáculo en el que estuvo recluido.

Pero la campaña de secuestros de ETA continuaba. Los ciudadanos volverían a prenderse » el lazo azul » para reclamar la libertad de José María Aldaya, José Antonio Ortega Lara, Cosme Delclaux y Miguel Angel Blanco.

Llevamos meses bombardeados por la propaganda separatista catalana de que todas sus iniciativas han sido pacíficas y demócratas. Lo han repetido hasta la saciedad y sobre todo en el ámbito internacional que es donde existe más desconocimiento sobre el asunto y por tanto, la capacidad de manipulación es mayor. Pero como todas las mentiras tienen las patas cortas, como dice nuestro envidiable refranero popular, vayamos hoy a desenmascarar a los métodos «pacíficos » y dejemos «los demócratas » para otro día.

El Gobierno Autonómico Catalán, ha admitido oficialmente que las protestas organizadas por los denominados Comités de Defensa de la República ( CDR) -grupúsculos independentistas radicales- han motivado ya la apertura de más de un centenar de procedimientos judiciales. Así lo ha reconocido el Consejero de Interior catalán en una respuesta parlamentaria dirigida a un diputado del partido político Ciudadanos en el marco regional.

Este documento tiene fecha cinco del pasado mes de junio y afirma que son ciento nueve diligencias judiciales las que se han practicado hasta ese momento, relacionadas con los citados Comités, en las que se investigan -mayoritariamente- delitos de desórdenes públicos y se encuentran en proceso de investigación para tratar de identificar a los autores de los posibles hechos delictivos y proceder a su detención.

En la citada respuesta, se destacan que en la llamada » huelga del país » , la Policía Autonómica Catalana tuvo que abrir setenta y cinco atestados policiales por la violencia y el vandalismo realizados ese día, ocho de noviembre de 2017 . En esa cifra están incluidos los numerosos cortes de tráfico que hubo en toda la red catalana de carreteras y en el interior de las principales ciudades

El documento referido, también recoge el asedio al Parlamento Catalán ( ellos llaman concentración ) el treinta de enero de 2018, con ocasión de la frustrada investidura de Carlos Puigdemónt.¡ Cómo sería la concentración de pacífica que se abrieron atestados policiales por desórdenes públicos y atentado, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad!.

Otros altercados también mencionados son los que tuvieron lugar el pasado veintitrés de febrero, cuando estos jóvenes extremistas bloquearon el acceso principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para reclamar la liberación de los políticos presos ; las concentraciones del veinticinco de marzo ante la Delegación del Gobierno en Barcelona para protestar contra la detención de Puigdemont en Alemania ; y la concentración que se produjo  nueve de abril, en Barcelona, para boicotear la presencia de S. M. El Rey en la entrega de despachos a una nueva promoción de jueces.

Todas estas actuaciones policiales se produjeron durante el tiempo de vigencia del artículo 155 de la Constitución Española, cuando la Policía Autonómica Catalana permanecía bajo el control del Gobierno Central . Ahora, el nuevo presidente autonómico catalán, tiene la intención de relajar la actividad policial ya que ha admitido que sus familiares participan en estos grupos de violencia callejera ( que ellos llaman de presión ) y ha defendido sus movilizaciones ( para él protestas ) como acciones que se han hecho siempre. Lo primero que ha hecho ha sido cesar al Jefe de la Policía Autonómica Catalana, nombrado por el Gobierno Central en el marco de la suspensión de la autonomía por el artículo 155.

A la vista de esto parece que el futuro nos deparará como algo normal, el asalto violento a las instituciones estatales; los daños al mobiliario urbano ; los cortes de carreteras que afectan a miles de ciudadanos y los ataques a los Cuerpos Policiales Estatales.