El indeseable primer lugar en la clasificación de la estadística criminal española, correspondiente al pasado año de 2.018, por Comunidades Autonómicas, lo ha conseguido  Cataluña, con un incremento del 11%, con arreglo a los datos publicados por el Ministerio del Interior, a mediados del pasado mes de febrero.

Dentro de la Comunidad catalana, Barcelona acabó el año con un aumento del 17,2%, siendo la capital de provincia española donde más ha aumentado la delincuencia. Ha sido interesante comprobar, en las pasadas elecciones municipales de mayo, cómo su alcalde, Ada Colau, se enfrentaba a estos datos, culpando a los medios de comunicación; a los grupos políticos de la derecha; a la Fiscalía y a la Comunidad Autónoma. Reconocía el aumento de la delincuencia en general pero descargándose de cualquier responsabilidad. Desde que gobierna esta señora, las cifras se han disparado, pasando desde un 26,6%, en 2.015, que suponían 153.346 delitos, a 194.212 infracciones en 2.018.

Siguiendo en la capital catalana, la mayor parte de los delitos que se cometen en la ciudad son hurtos, tachados siempre como los reyes de la delincuencia urbana en el lenguaje policial. El año pasado, se cometieron 299 hurtos al día, 12 a cada hora, lo que supone un incremento del 16,8%. La mayor parte de ellos se produjeron en la zona de Ciutat Vella.

Los robos con violencia ( atracos y sirlas ) han sido 12.277, frente a los 10.285 del año anterior, con un aumento del 19,4%. Y los robos con fuerza ( en domicilios y establecimientos ) han pasado de los 7.793 del año 2.017, a los 9.360 de 2.018, con un aumento del 20,1%. Afortunadamente, los delitos más graves como los homicidios, son muy bajos : 10 en Barcelona y 45 en la Región catalana.

Capítulo aparte, son los delitos contra la libertad sexual ( abusos, violaciones, acoso, explotación y exhibicionismo ) que se cerró en 2.018 con 764 casos, con una subida del 18,4% ; destacando las agresiones con penetración, que aumentaron en un 15,3%, siendo 136 casos. En Cataluña, crecieron en la misma medida, un 17,5%, que el resto de España, un 18,1%, donde se denunciaron 1.702 agresiones sexuales con penetración, un 22,7% más.

Desde la óptica policial, la explicación para las malas cifras de Barcelona en particular y de Cataluña en general, obedece a varios factores que van, desde la multitud de manifestaciones fruto del proceso independentista que obligaron a priorizar los esfuerzos policiales ; al incremento de los turistas como víctimas y la aparición de un fenómeno nuevo en estas tierras como es la importante presencia de menores extranjeros no acompañados ( conocidos policialmente como MENAS ) siendo bastantes de ellos de origen marroquí y ladronzuelos habituales.

En todas las encuestas que se han publicado hasta ahora, la ciudadanía ha mostrado ya su preocupación por la inseguridad pública, siendo en la actualidad el elemento que más preocupa a los barceloneses.

La alcalde, igual que el resto de colegas suyos, que ven como los vecinos se quejan por los robos en domicilios, en la calle o en los vehículos, han pedido reiteradamente ayuda a la Policía Autonómica que es la competente para combatir la inseguridad ciudadana, pero la carencia de Policías es un problema que afecta a todo el territorio catalán. Los sindicatos policiales calculan que faltan unos 2.000 agentes para que la plantilla pueda dar un servicio de calidad, ( en la actualidad son 16.500 ).

La escalada de criminalidad que sufre la capital catalana, ha seguido creciendo en el primer semestre de este año, de 2.019, donde los robos con violencia o intimidación han llegado a ser 7.423, un 31% más que el año pasado -casi 20 puntos más que la media nacional que sufrió una variación del 11,3%-  y también se han empezado a acumular los homicidios que suman ya 13 hasta ahora. Los hurtos siguen aumentando en un 8,4% y suman 67.276.

Una vez conocidas estas cifras, la pregunta que todos nos hacemos es : ¿ como se ha llegado a esto ?. Las respuestas son variadas y yo me inclino por una combinación de ellas. Empecemos por la que yo creo que es la principal: la politización. La Generalitad catalana ha roto la obligada neutralidad de su Policía -Los Mossos de Escuadra- apropiándose de ella y utilizándola descaradamente para la causa del independentismo , detrayéndola de su función principal que es combatir la inseguridad ciudadadana. Ello ha hecho imposible la necesaria cooperación entre los distintos Cuerpos Policiales Estatales presentes en el territorio  catalán que hubiesen paliado la falta de recursos.

Seguida de la mala gestión del Ayuntamiento, donde su Alcalde, la señora Ada Colau, simpatiza con el movimiento okupa y protege a los manteros, culpando a la Ley de Extranjería de no permitir trabajar a los inmigrantes irregulares. Negándose a reconocer la realidad de lo que a diario ocurre en la ciudad de la que es la máxima responsable y los aumentos sostenidos de inseguridad pública desde hace varios años, especialmente a partir de 2.016.

Para recordarle a la Alcalde que no se desvincule del problema de la inseguridad con  la demagogia que la caracteriza, ayer sábado, día 14, un millar de barceloneses salieron en manifestación -convocados por las Asociaciones de Vecinos y otras sociedades cívicas- por las principales calles barcelonesas en protesta por el incivismo y los peligros que asolan la Ciudad Condal.

Cuando tuvo conocimiento de esta convocatoria manifestó públicamente que su prioridad era la libertad de los presos políticos.

En el Acuerdo Presupuestario alcanzado el pasado 10 de octubre entre el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y la coalición de partidos Unidos-Podemos, se incluyó suavizar la vigente Ley de Seguridad Ciudadana que fue aprobada por el Partido Popular ( PP ) en el año 2.015 y que desde entonces, es conocida por sus detractores como Ley Mordaza. Además de despenalizar las injurias a la Corona y las ofensas a los sentimientos religiosos.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana y a impulso de Podemos, se trataba de aprovechar que su reforma se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados  para trabajar sobre la base del texto de modificación presentado por el Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), descartando la derogación completa que había planteado el Grupo Parlamentario Socialista.

Por un lado, pretendían revertir los artículos de la Ley que, a su juicio, tenían por objetivo desalentar la protesta social y limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión. En este sentido, se comprometían a que la ausencia de comunicación previa dejara de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollaran de forma pacífica.

Respecto a la actuación policial, subrayaban que, debería tener como guía la dignidad de la persona y los derechos humanos; que los agentes deberían llevar siempre una identificación claramente visible; que el registro corporal solo se aplicaría en caso de indicios concretos y comprobables y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto y que en la Comisaría de Policía solo se podría estar retenido un máximo de dos horas.

El Acuerdo suscrito, contemplaba también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación, al criterio de la capacidad económica del sancionado; revisar en profundidad los tipos de infracción, con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión e introducir el paradigma interpretativo en el ámbito de estas infracciones administrativas en todos los tipos de la Ley que lo permitan.

También, se quería revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran hiperregulación de algunas conductas y concretamente, citan el artículo 315 que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas.

Según se decía en el comunicado hecho público del Acuerdo, era recomendable restringir al máximo la posibilidad de que las declaraciones ofensivas pudieran ser perseguibles penalmente y se apostaba por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona.

En este Acuerdo, no se mencionaba a la Prisión Permanente Revisable que estableció el Partido Popular ( PP ) y que los socialistas han llevado ante el Tribunal Constitucional al considerarla una cadena perpetua. Ni tampoco sobre Justicia Universal, a expensas del Informe que el Ministerio de Justicia había encargado a una Comisión de Expertos.

Este convenio, anulaba en gran parte y suavizaba la ofensiva que Podemos había lanzado en marzo de 2.018, hacia la modificación de la actual Ley de Seguridad Ciudadana al presentar en el Congreso de los Diputados más de 100 enmiendas parciales para eliminar lo que consideran lo peor de las características de estas Ley: sus sanciones al ejercicio de los derechos y libertades.

El trabajo de este grupo político presentaba una gran complejidad ya que las ampliaciones del Trámite de Enmiendas provocaron  que se acumularan dos textos : uno del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y otro del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), por lo que las reformas de Podemos se dividieron entre estas dos iniciativas.

Aunque estaba por ver, cuántas de estas modificaciones aceptarían los demás grupos políticos y si el actual Gobierno socialista mantenía el poder para poderlas ejecutar, a simple vista se apreciaba los problemas que originaría la ausencia de comunicación previa a la autoridad gubernativa.

Esto nos llevaría a desconocer las reuniones y manifestaciones que se celebraran, con la consiguiente generación de problemas de mantenimiento del orden público; la paralización de la circulación de vehículos y peatones ; los posibles daños en el mobiliario urbano… Y todo ello sin que la Policía pudiera reaccionar adecuadamente para prevenirlas

Además en este afán de perjudicar al Gobierno y a la Policía, habían cometido el error de que las comunicaciones de la realización de estos actos, no se regulan por la Ley que querían enmendar, sino por otra bien distinta, la Reguladora del Derecho de Reunión, ( artículo 8, de la Ley Orgánica 9/1.983, de 15 de julio ).

También querían evitar que se identificara y cacheara a los asistentes a una manifestación que acuden con el rostro cubierto ( bien con un pañuelo o un casco de moto ), al entender que este procedimiento policial es en realidad un abuso de poder.

Esta propuesta, contó con la frontal oposición de los cuatro mayores sindicatos policiales ( SUP, CEP, UFP y SPP ), que se trasladaron al Congreso de los Diputados para que los mismos fuesen conscientes del peligro de dificultar -gravemente- la labor policial y poner en riesgo a la ciudadanía, si prosperaban las intenciones de esas fuerzas políticas.

Así consta en la Comisión Parlamentaria de Interior, constituída con vistas a modificar la actual Ley de Seguridad Ciudadana y donde el pasado día 7 de noviembre compareció -previamente citado- el Portavoz único de los sindicatos policiales para expresar el malestar de la mayor parte del colectivo policial.

La decisión del Presidente del Gobierno de adelantar las Elecciones Generales, al pasado 28 de abril, supuso un final abrupto para la anterior legislatura. Se interrumpió la actividad en el Congreso de los Diputados, desde el  día 5 de marzo y muchas iniciativas parlamentarias han quedado inacabadas, pese a llevar algunas de ellas, meses debatidas por los partidos políticos y que se encontraban en su fase final para su aprobación, como ha ocurrido el caso con esta Ley.

La propuesta de modificación de esta Ley de Seguridad Ciudadana, se ha quedado en fase de Ponencia, es decir, en la tarea de elaborar un texto definitivo para que se votara en un Pleno de la Cámara.

La promesa del actual Gobierno a la ciudadanía era de derogar al completo esta Ley, de hecho asi lo lleva en su Programa Electoral, aunque luego se había conformado con modificar el articulado más polémico.

El debate inmigratorio en España, ha vuelto con fuerza después de estar adormecido desde el año 2.006, con la denominada crisis de los cayucos en Canarias. En 2.018, España batió su récord de llegadas irregulares tras convertirse en la principal ruta de entrada ilegal a Europa, -de las tres que hay- , a través del itinerario mortal del Mediterráneo.

La inmigración se ha convertido en un nuevo frente político por méritos propios, a base de estadísticas. Las cifras hablan por sí solas. El año pasado, se batieron todas las marcas conocidas hasta ahora en la inmigración clandestina. A las costas españolas llegaron 57.498 sin papeles, cerca de 18.000 personas más que aquel aciago 2.006, cuando la llegada de subsaharianos a Canarias, encendió todas las alarmas.

La tendencia para este año de 2.019 no parecía que fuese a ser diferente. Las estimaciones que se hicieron era que, probablemente, 150 inmigrantes irregulares diarios pondrían un pie en nuestras costas.

2018 no nos ha dejado solo frías estadísticas sino también imágenes dramáticas que se han colado en la política, como los asaltos masivos al vallado fronterizo de las ciudades de Ceuta y Melilla, -con una violencia inusitada- , acompañada de lanzamiento de ácido y excrementos a la Guardia Civil y que provocaron un intenso debate en la opinión pública. Casi tanto como el reguero de cadáveres llegados hasta entonces a las costas españolas : 769. El equivalente a dos inmigrantes fallecidos cada día.

Esta realidad no ha podido ser obviada por ninguno de los cinco grandes partidos políticos de ámbito nacional y menos aún cuando la inmigración vuelve a escalar en  la lista de preocupaciones de los españoles, según publican todas las encuestas.

Ante esta irrupción de la inmigración en la política, el Gobierno actual está tomando distancia del problema volviendo al discurso de que se trata de una cuestión de Estado que debe de estar fuera del debate político diario y que con gran habilidad lograron sacar del pasado período electoral, realizado en plena primavera.

En poco más de un año, los hechos han dado un baño de realidad a nuestros responsables gubernativos que han desechado ya la política de gestos ( traslados a España de centenares de subsaharianos rescatados de las costas de Libia por barcos humanitarios ) que ha terminado por ser un arma arrojadiza en manos de la oposición, con argumentos más que suficientes para calificar, cuando menos, de improvisadas o erráticas las decisiones tomadas hasta ahora sobre la materia.

No se han visto directrices claras en esta política inmigratoria. Los vaivenes realizados hasta ahora han sido marca de la casa, pasando por el cabreo contra el anterior Gobierno del Partido Popular ( PP ) por su falta de previsión, a la avalancha de llegadas tras el cierre de las rutas del Mediterráneo Oriental ( Turquía y Grecia ) y Central ( Libia e Italia ) a finalmente el desánimo al ver que, -como en años anteriores había pasado en Italia-, nuestros socios europeos solo dan largas a España, a pesar de que, casi la mitad del total de llegadas a Europa ( 121.755 ) por mar, tuvieron por destino las costas españolas.

Igual que lo que ocurrió en la Cumbre de Marrakech ( Marruecos ) por la emigración, convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU ), el pasado 11 de diciembre o en las reuniones bilaterales sostenidas con Marruecos, Senegal, Mauritania o Argelia.

El Gobierno socialista prefiere ahora un perfil bajo en materia de extranjería después de haber debutado con golpes de efecto, tales como querer quitar las concertinas de las vallas fronterizas o la decisión de acoger al Aquarius lleno de inmigrantes subsaharianos, de 26 nacionalidades distintas, después de haber sido rechazados por el resto de puertos europeos mucho más próximos.

Estos gestos de buenismo con los inmigrantes irregulares que ya desataron las críticas de la oposición política contra un Gobierno que apenas había aterrizado, las intentó contrarrestar el propio Gobierno con otras medidas de dureza, como la repatriación de más de un centenar de ellos que habían asaltado la valla fronteriza de Ceuta, de forma violenta el 24 de agosto del pasado año o la negativa -ya en diciembre- a desembarcar 11 inmigrantes que un pesquero alicantino, -de Santa Pola- , había rescatado en aguas próximas a Libia y que finalmente logró transbordar a una embarcación de la Guardia Costera de Malta.

Que el Gobierno socialista no se encuentra a gusto en el debate inmigratorio -porque ha puesto de relieve sus propias contradicciones- , lo demuestra el hecho de mantener ante el Tribunal de Estrasburgo, el recurso – que presentó el Partido Popular (PP)- que defiende la legalidad de las expulsiones en caliente en las fronteras, que tanto había criticado en la oposición y que, realmente, había que introducir en la vigente Ley de Extranjería.

Pero en la actualidad, este Gobierno no quiere ni oír hablar de un nuevo frente -porque con los que ha abierto él solito ya tiene bastante- de una reforma que azuzara todavía más, el creciente debate político sobre la inmigración en el que saben que, en la actual situación, tienen todas las de perder.

Pero como una cosa son los deseos y otra la realidad, a primeros del pasado mes de agosto, aparece el barco de Open Arms cuando nadie lo esperaba y desafiando al Gobierno español en aguas libias, pidiendo un puerto seguro para más de un centenar de inmigrantes de las más variadas nacionalidades que acababa de recoger en el mar territorial de un Estado soberano que no les gusta y del que no tenían autorización para permanecer, ni de España para realizar esa labor que exige unas condiciones de embarque específicas.

Se inicia entonces una guerra mediática que el Gobierno español acaba perdiendo y por tanto, cediendo y el buque humanitario que iba a poner rumbo a Palma de Mallorca escoltado por un barco de la Armada, -tras tres semanas de desencuentros, amenazas, coacciones y desembarcos parciales de enfermos, embarazadas y menores-, es incautado en la isla de Lampedusa por la Fiscalía Italiana, obligando a desembarcar a los inmigrantes que quedaban, que era lo que quería, que el puerto seguro fuese europeo. 

Las añagazas de la onegé, habían logrado enfrentar a los Gobiernos español e italiano, colocando su problema en la cabecera de los informativos televisivos y restantes medios de comunicación europeos y ganando la partida porque han demostrado tener mejor estrategia.

Y así es como un buque que incumple las normas de su país, España, ( no reúne las condiciones para el rescate humanitario, ni tiene autorización para hacerlo ); usurpa las funciones de patrulla marítima en Libia para las que no está habilitado; realiza rescate de inmigrantes de manera exclusiva -y no otra actividad- en aguas territoriales extranjeras a las que invade impunemente y a cuyas autoridades desprecia olímpicamente porque no quieren respetar su existencia ( Libia -aunque cueste creerlo- dispone de un Gobierno reconocido internacionalmente, con representación en la ONU ; tiene firmado un convenio con la Unión Europea para combatir las pateras de inmigrantes, acordado en febrero de 2.017 en Malta, para lo que ha recibido 130,8 millones de euros para formación y recursos ) es decir, hace el trabajo de Salvamento Marítimo para el que no está preparado en aguas extranjeras en las que ni siquiera ha pedido autorización y en contra de los deseos expresos del Gobierno español que le prohibió que realizara estas tareas; va a quedar como una organización humanitaria modélica, llena de héroes que a no tardar mucho exigirán su recompensa.

El colmo de esta situación, se produjo el pasado día 20 de agosto cuando se despachó a un Buque de Acción Marítima ( BAM, El Audaz ) -distrayéndolo de sus funciones de vigilancia del Estrecho de Gibraltar- para que se dirigiera a Sicilia a recoger a los 15 inmigrantes que nuestro Gobierno aceptó -finalmente- como parte del reparto de todos los socorridos por el Open Arms y que fueron desembarcados en San Roque ( Cádiz ) el 30 de agosto.

Y la guinda se puso el 29 de agosto, cuando esta crisis dio lugar a un Pleno Extraordinario del Congreso de los Diputados -que estaba cerrado por vacaciones- que con carácter monográfico trató este asunto y donde el Gobierno fue vapuleado por toda la oposición. Utilizando el lenguaje futbolístico, la crisis abierta por una onegé ha humillado al progresista Gobierno socialista y la ha ganado por goleada.