El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros socialista acordó la retirada del Recurso contra la Ley de Víctimas de Abusos Policiales que había aprobado el Gobierno Autonómico Vasco. El Gobierno del Partido Popular ( PP ) lo había interpuesto ante el Tribunal Constitucional ( TC ), al considerar que la misma reconocía la existencia de supuestas víctimas de abusos policiales sin necesidad de que haya habido sentencias condenatorias para los Cuerpos de Seguridad del Estado, Jueces y Magistrados y funcionarios de Prisiones. Es decir, quería evitar que se ultrajara desde la administración vasca a todo aquél que hubiera participado en la lucha contra el terrorismo etarra.
La retirada del Recurso se acordó después de ambos Gobiernos, el Central y el Regional, hubieran pactado unas modificaciones sobre los preceptos que había dudas sobre su constitucionalidad. Modificaciones que no se hicieron públicas entonces.
La ley vasca, pretende indemnizar con hasta 300.000 euros, a aquellas personas que se consideren que sufrieron una vulneración de derechos humanos » en el contexto de la violencia de motivación política » que se dió en el territorio vasco, entre los años 1978 y 1999. Esta ley fue aprobada en julio del 2016 en el Parlamento Autonómico Vasco con los votos a favor del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y Partido Socialista de Euskadi ( PSE ) ; la abstención de Reunificar Euskal Herria ( EH Bildu ) y el rechazo del Partido Popular (PP ) y la Unión del Pueblo y la Democracia (UPyD ).
El PP centró su Recurso ante esta ley regional, en el hecho de que la Comisión de Valoración que reconocería la condición de víctima de abusos policiales, pretendía sustituir por vía administrativa ( de cuyos once miembros, ocho nombraría el PNV ) a los tribunales de justicia. Ahora, el logrado acuerdo político entre ambos Gobiernos trataba de evitar y no seguir el camino trazado por el Tribunal Constitucional, al anular los artículos esenciales de la similar ley navarra de abusos policiales, por invadir competencias exclusivas del Poder Judicial, puesto que su objetivo era indagar y esclarecer casos que suponían infracciones penales.
La decisión de retirar el Recurso acarreó las naturales reacciones de condena, tanto de los partidos políticos, PP y Ciudadanos ; como de las asociaciones víctimas del terrorismo y sindicatos policiales. Además, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ( TSJPV ) había admitido a trámite, el Recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía ( SUP ) contra la creación de la Comisión de Valoración que contempla la ley vasca.
El pasado día 15 de noviembre y con la aportación de las alegaciones que cada partido político estimó conveniente ( y que siguieron sin hacerse públicas ) – incluida su retirada definitiva – se reanudó su tramitación en el Parlamento Vasco.
Con la constitución de la Ponencia correspondiente el 6 de febrero, se iniciaba su recorrido parlamentario para aprobarla lo más rápidamente posible. La portavoz de Podemos en la Ponencia, Pili Zabala, ( un hermano suyo murió en un atentado de los Grupos de Liberación Antiterroristas – GAL- ), propuso que se incluyera en el texto la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se celebra cada 26 de junio.
Los de EH Bildu ya habían manifestado que no iban a permitir que el Gobierno Español y un Poder Judicial totalmente politizado, limitaran las competencias del Parlamento Vasco.
Por último, el pasado 4 de abril la cámara vasca aprobó la referida Ley, con el apoyo del PNV y PSE, la abstención de Podemos y Bildu y el voto en contra del PP. En el debate de la misma, el diputado de Bildu Julen Arzuaga ( condenado por sus actividades en ETA ) llamó a los representantes de los sindicatos policiales que asistían como público : nazis y franquistas con un comportamiento indignante, inaceptable y asqueroso.
Unas palabras que motivaron el abandono del Pleno del Parlamento de los diputados del PP, grupo político que ya ha anunciado a través de su representante nacional, Pablo Casado, la interposición del correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional que, de ser admitido paralizaría la entrada en vigor de esta Ley, que además cuenta con el rechazo de todos los Cuerpos Policiales que operan en el País Vasco: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Regional ( Ertzaina ). El Presidente de Ciudadanos anunció también que, su formación acudiría a denunciar el caso ante el Defensor del Pueblo.
El pasado 24 de mayo, el Sindicato Unificado de la Policía ( SUP ), uno de los de mayor afiliación policial, anunció a través de una nota de prensa que, el Tribunal Supremo había admitido a trámite el Recurso presentado contra esta Ley Regional. En un primer momento, el Recurso fue presentado ante el TSJPV que acabó desestimándolo con una argucia legal : que el Sindicato no estaba capacitado jurídicamente para personarse como defensa.
Poco después, Ciudadanos presentó el correspondiente Recurso ante el Tribunal Constitucional ante esta ley aberrante, cuya admisión paralizaría los deseos de venganza de la clase política vasca sobre el reciente pasado que además de querer revisar mediante el correspondiente relato que va a llevar a la enseñanza secundaria el próximo curso, quiere comparar -vía indemnizaciones- a los verdugos con las víctimas del terrorismo.