El Ministerio de Justicia que dirige la Fiscal, Dolores Delgado, tiene preparado un Real – Decreto para nacionalizar a los inmigrantes analfabetos en cuanto se pueda formalizar nuevo Gobierno y las circunstancias políticas lo permitan.

Ahora, Justicia se inclina por reformar el Real Decreto que estableció en 2.015, el nuevo Reglamento para obtener la nacionalidad española por residencia y la necesidad de superar dos exámenes : el de español como lengua extranjera con un nivel A2 ( que le permita resolver por sí mismo sus necesidades inmediatas ) que controla el Instituto Cervantes. Y otra prueba de conocimientos constitucionales y socio-culturales sobre España.

La posibilidad de solicitar una dispensa de esas pruebas al Ministerio, se estableció ya en una Orden publicada en 2.016 pero faltaba el procedimiento específico y los requisitos para pedirla. El Ministerio basa su reforma en que, la integración de un extranjero en España no puede ser idéntica para todas las personas ya que quedarían fuera del acceso a la nacionalidad quienes por su escaso nivel cultural o limitaciones personales, no pudieran alcanzar el conocimiento necesario para aprobar los exámenes anteriores.

Por este motivo, Justicia apuesta porque las personas que no sepan ni leer, ni escribir o tengan dificultades de aprendizaje, disfruten de los apoyos y de los ajustes razonables que les permitan acceder, en condiciones de igualdad efectiva, a la nacionalidad por residencia.

También aboga por dispensar de las pruebas a los solicitantes que hayan estado escolarizados en España y superado la obligada educación secundaria.

Por regla general, además de demostrar su integración en la sociedad española y acreditar buena conducta cívica, para solicitar la nacionalidad por residencia, es necesario haber vivido en territorio español 10 años de manera continuada.

Este plazo se rebaja a 5 años para los refugiados; a 2 años para los nacionales de países iberoamericanos, más los originarios de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal; igualmente si se trata de personas de origen sefardí ( judíos expulsados de España por los Reyes Católicos en 1.492 ) ; y a 1 año, para los que hayan nacido en España, se hayan casado con una persona española o se tiene algún padre o abuelo español.

Según las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, en 2.015 se concedieron 78.000 nacionalidades por residencia; en 2.016 fueron 93.760 ; en 2.017 hubo 26.000 y el pasado año de 2.018, llegaron a 90.828. La mayor parte de las mismas durante todos estos años, se han concedido a nacionales de países hispanoamericanos.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de octubre la toma en consideración de una Reforma del Código Penal que librara del castigo penal los delitos de ultraje a España y sus símbolos; el enaltecimiento del terrorismo ; las injurias a la Corona, al Gobierno, los Tribunales de Justicia o a los Cuerpos de Seguridad; y las ofensas contra los sentimientos religiosos.

La iniciativa había llegado al hemiciclo de la mano de Podemos, en forma de proposición de ley contando con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), de acuerdo con el compromiso del Gobierno durante la negociación de los entonces Presupuestos Generales del Estado que, posteriormente, resultaron fallidos. También la apoyaban el resto de socios del Gobierno : Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) ; Izquierda Republicana Catalana ( ERC ) Partido Demócrata Europeo Catalán ( PDECat ) y Reunir el País Vasco ( EH – Bildu ).

El principal argumento de Podemos para impulsar la Reforma era que el castigo penal de los citados delitos chocaban frontalmente con el derecho de la libertad de expresión, al que amordazaba y reprimía. Y ello por dos motivos : de un lado, la introducción de tipos totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución e impropios de una democracia desarrollada. Y de otro, la aplicación de un tipo, nada definido, como el enaltecimiento del terrorismo, junto con conceptos abiertos e indeterminados, en torno a los llamados delitos de odio.

La exposición de motivos de la citada ley continuaba : que la ambigüedad de su definición, había permitido su aplicación de forma errática y con variadas tendencias doctrinales, sin que los propios órganos de justicia se hubieran puesto de acuerdo para unificar criterios.

Tenia un difícil encaje en un sistema democrático la criminalización de conductas, como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar » rap «, utilizar la imagen de Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante un espectáculo -a modo de procesión- reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol, en presencia de los Reyes de España. 

En el caso de injurias contra la Corona, Podemos defendía que en un sistema democrático, cuánto más poder tiene una institución, mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. Y recordaba que, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ( ONU ), defiende que todas las figuras públicas , incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto de legítima críticas y oposición política y que las leyes no deben de establecer penas más severas, según sea la persona criticada.

Esta Propuesta de Ley, subrayaba también, la posición del Tribunal de Derechos Humanos en el mismo sentido y aseguraba que, la despenalización de las injurias a la Corona, no solo asentaría el derecho a la libertad de expresión en España, sino también, la seguridad jurídica y la respetabilidad de nuestro país en lo concerniente a los indicadores europeos sobre la libertad de expresión. 

Respecto al castigo penal del delito de ultraje a España o sus símbolos, el texto de Podemos, aseguraba que ataca a la libertad de expresión, al reprimir la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional. Ponerse de acuerdo cientos de personas en un estadio, previo reparto de silbatos a la entrada de un partido de fútbol de la Copa del Rey y en el marco de una protesta ciudadana, no es delito. Silenciar el himno nacional, no entraña ataque contra la Patria, sino una legítima expresión de la libertad de expresión, recalcaba.

La Propuesta de Ley continuaba defendiendo la despenalización del delito de enaltecimiento del terrorismo, argumentando que surgió en un momento de extrema violencia perpetrada por la banda terrorista ETA pero que no ha sido hasta el 2.011 cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando comenzaron a perseguirse estos delitos.

Defendía en esta línea que el ordenamiento jurídico español dispone de otras figuras como la apología del delito del terrorismo, que castiga la provocación directa para la comisión de delitos terroristas o el castigo ante la amenaza pública de acciones violentas que permiten encauzar los casos excepcionales de apología de terrorismo yihadista.

Esta iniciativa que empezó así su trámite parlamentario que como mínimo requería entre seis o nueve meses de debate, -suponiendo que no se atascara en el proceso de enmiendas-, pero dado que la legislatura llegó a su fin de manera anticipada con la disolución de las Cortes el pasado cinco de marzo y la convocatoria de elecciones generales para el mes de abril, la Reforma citada no ha podido completar su tramitación, decayendo y quedando sin efecto todo lo propuesto.

Con la actual composición de las Cámaras representativas, si se mantiene el interés y los números de diputados y senadores lo permiten, se deberá de comenzar de nuevo, empezando su recorrido desde el principio.

En materia inmigratoria, siguiendo el Informe realizado por la Agencia de Fronteras Europea ( FRONTEX ) para 2.O18, España se ha convertido ya en la principal ruta de llegada  de inmigrantes ilegales al paraíso europeo. Este cambio se debe, principalmente, al descenso en el número de llegadas a Italia, a través de la ruta del Mediterráneo Central. En cifras, fueron 23.000 personas, un 80% menos que en 2.017 y un 87 % menos en el número de salidas desde Libia con dirección a Italia. Desde Argelia, las salidas en la misma dirección, se redujeron casi a la mitad.

En el último Informe también relativo a 2.018 de la Organización Internacional de Migraciones ( OIM ) asociada a la Organización de Naciones Unidas ( ONU ) desde 2.011 ; se indica que las entradas de inmigrantes irregulares por mar llegadas a las costas españolas, han sido de 52.922, lo que supone un crecimiento del 158% con respecto a las 22.414 entradas de ilegales de 2.017. De esta manera, se bate el récord de la crisis de los cayucos de Canarias, en 2006, que acabo en 39.180 entradas irregulares.

Aunque España aparece como país más afectado por la nueva tendencia de las rutas inmigratorias, el Informe de FRONTEX se deja llevar por el optimismo. A nivel europeo, la Agencia señala que el número total de llegadas en 2.018, fue un 92% más bajo que el registrado en 2.015, cuando la crisis de refugiados -mayormente sirios- alcanzó su nivel más alto. Por eso, el año pasado supone el nivel más bajo de los flujos migratorios en los últimos cinco años.

A pesar de que estas cifras son menos inquietantes que los años anteriores, los países miembros de la Unión Europea ( UE ), comenzaron 2.019 de igual forma que terminaron 2.018 : sin acuerdo sobre el modo de encauzar el debate inmigratorio y con los ánimos en pie de guerra.

La herida abierta en 2.015 por la crisis de los refugiados sirios, sigue abierta y la Comisión Europea ( CE ) se ha encontrado atada de pies y manos, a la hora de lidiar con una situación que parece un callejón sin salida. En pleno año electoral – con las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en mayo pasado-  y con el aliento de los populismos en la nuca, los países socios comunitarios extremaron la prudencia para no ocasionar más división entre ellos.

Pero el coste de tanta cautela parece también claro : no hay soluciones a la vista, al menos, de forma duradera . La UE no ha sido capaz de hacer propuestas aceptables para todos sus miembros y hasta el Comisario de Inmigración tuvo que reconocer el pasado mes de diciembre que, la posibilidad de establecer un mecanismo permanente de reparto de cuotas obligatorias de refugiados, entre los socios de la UE, ha dejado de estar en la agenda europea.

Ahora, lo que hay es lo que quiera hacer cualquier país, de manera voluntaria, como ha hecho España con los barcos que transportaban a inmigrantes ilegales, Aquarius y Open Arms ; tras ser rechazados ambos, tanto en Malta como en Italia, para que pudiesen atracar en sus puertos.

En la Comisión Europea, nadie confiaba ya en que se pudiera llegar a un acuerdo sobre la reforma  sobre el Protocolo de Dublín. que recogía que, los países de llegada eran los responsables de la gestión de las solicitudes de asilo ; antes de las elecciones europeas, como así ha sido. Una de las principales promesas de la anterior Comisión Europea que ha quedado rota.

La nueva Ejecutiva europea entrante que se ha estado gestando durante esta semana en Bruselas, tiene ante sí uno de los mayores retos a los que se va a tener que enfrentar como es la inmigración ilegal. De la respuesta a este importante problema, de manera única y coordinada, va a depender que se pueda cerrar, una de las principales grietas que hereda la nueva Comisión.