El Ministerio de Justicia que dirige la Fiscal, Dolores Delgado, tiene preparado un Real – Decreto para nacionalizar a los inmigrantes analfabetos en cuanto se pueda formalizar nuevo Gobierno y las circunstancias políticas lo permitan.
Ahora, Justicia se inclina por reformar el Real Decreto que estableció en 2.015, el nuevo Reglamento para obtener la nacionalidad española por residencia y la necesidad de superar dos exámenes : el de español como lengua extranjera con un nivel A2 ( que le permita resolver por sí mismo sus necesidades inmediatas ) que controla el Instituto Cervantes. Y otra prueba de conocimientos constitucionales y socio-culturales sobre España.
La posibilidad de solicitar una dispensa de esas pruebas al Ministerio, se estableció ya en una Orden publicada en 2.016 pero faltaba el procedimiento específico y los requisitos para pedirla. El Ministerio basa su reforma en que, la integración de un extranjero en España no puede ser idéntica para todas las personas ya que quedarían fuera del acceso a la nacionalidad quienes por su escaso nivel cultural o limitaciones personales, no pudieran alcanzar el conocimiento necesario para aprobar los exámenes anteriores.
Por este motivo, Justicia apuesta porque las personas que no sepan ni leer, ni escribir o tengan dificultades de aprendizaje, disfruten de los apoyos y de los ajustes razonables que les permitan acceder, en condiciones de igualdad efectiva, a la nacionalidad por residencia.
También aboga por dispensar de las pruebas a los solicitantes que hayan estado escolarizados en España y superado la obligada educación secundaria.
Por regla general, además de demostrar su integración en la sociedad española y acreditar buena conducta cívica, para solicitar la nacionalidad por residencia, es necesario haber vivido en territorio español 10 años de manera continuada.
Este plazo se rebaja a 5 años para los refugiados; a 2 años para los nacionales de países iberoamericanos, más los originarios de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal; igualmente si se trata de personas de origen sefardí ( judíos expulsados de España por los Reyes Católicos en 1.492 ) ; y a 1 año, para los que hayan nacido en España, se hayan casado con una persona española o se tiene algún padre o abuelo español.
Según las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, en 2.015 se concedieron 78.000 nacionalidades por residencia; en 2.016 fueron 93.760 ; en 2.017 hubo 26.000 y el pasado año de 2.018, llegaron a 90.828. La mayor parte de las mismas durante todos estos años, se han concedido a nacionales de países hispanoamericanos.






















