CUBA : LO QUE PUDO SER Y NO HA SIDO.

En la década de los años 70 del siglo pasado, la propaganda oficial de todo el Gobierno cubano desplegaba una información contagiosa y atrayente para los jóvenes de la época, entre los cuales me incluyo. Se había logrado en la isla caribeña el Paraíso Terrenal -a pesar de ser ateos- donde todo el mundo era feliz.

Luego, con el tiempo descubres que toda Arcadia tiene su mecánica de publicidad atractiva de igual manera que el amor tiene sus símbolos; de que la fiesta sagrada de la Revolución en la que creías realmente ya olía a zapato viejo pese a parecer un sueño martilleado. Cuando aparecieron una ristra de sospechas que pude confirmar, llegué a la conclusión de que las revoluciones las hacen unos pocos que se creen que son todos.

Esta reflexión empezó a iniciarse a finales del mes de noviembre del pasado año cuando el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó la isla cubana ; porque ese viaje provocó malestar en algunos sectores españoles, expectativas en otros e incluso decepción antes de empezar el mismo. Sobre todo en la disidencia anticastrista.

Con arreglo al programa del viaje, nuestro Presidente no tenía previsto reunirse con ningún opositor -no lo hizo- pese a tener varias peticiones para ello, ni iba a ser solidario -no lo fue- con los presos políticos tan abundantes en la isla. Lo que se traducía en bastante pena después del derroche de energía que venía gastando para exhumar los restos de Franco y acabar con los vestigios del franquismo.

Fue a Cuba a estrechar las manos, divertirse y fotografiarse con los dirigentes de una dictadura oprobiosa que lleva 60 años con un único partido -el comunista- , miles de fusilados y decenas de miles de represaliados políticos, de los cuales más de cien se pudren en las cárceles del país.

A este Edén terrenal lo han denunciado numerosas organizaciones humanitarias por sus continuas violaciones de los derechos humanos, seguidas de las numerosas detenciones arbitrarias, las restricciones para viajar, el trabajo obligatorio de los condenados….y otros minucias parecidas.

Mención aparte se merece citar la nueva esclavitud que hace el Gobierno cubano sobre el personal cualificado -especialmente médicos- que trabaja en el extranjero a través de convenios de colaboración -que más parecen de alquiler de mano de obra- por las condiciones draconianas que imponen a los mismos. Se tienen que ir solos, su familia no puede salir de la isla en cinco años -son realmente rehenes del Gobierno- y ellos se van para ocho años en los que no pueden volver durante ese tiempo. Las autoridades cubanas cobran sus emolumentos y les entregan un tercio de lo percibido. Si alguno tiene la tentación de no regresar, se le retira el correspondiente título oficial para que no pueda ejercer en el país de adopción. A este proceder, en España, se le llama explotación laboral, delito criminal previsto y penado en nuestro Código Penal que lleva emparejado penas de prisión.

Desde que triunfó la Revolución cubana en 1.959, hasta mediados de los años 80 del pasado siglo, al menos una treintena de movimientos guerrilleros surgieron en Hispanoamérica, inspirados, impulsados y financiados por las autoridades castristas. En la implicación de uno de ellos murió el Che Guevara, en Bolivia, en 1.967. En la actualidad no queda ninguno de ellos salvo el Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) colombiano que ha pasado de ser una guerrilla insurgente de extrema izquierda cuando se fundó en 1962, a una organización criminal especializada en el tráfico de drogas y secuestros de personas para poder subsistir.

Aquella revolución caribeña cautivó a los mejores políticos, artistas e intelectuales de la época y un tipo de novela esplendorosa brotó bajo su sombra. Hasta el cristianismo participó de su embrujo justiciero con la teoría de la liberación. Pero esa fe parece hoy haber terminado. De ella quedan -cuando mucho- discursos vacíos, promesas y consignas que, de tanto repetirse sin realizarse, han perdido su sentido.

Para quienes creyeron que otro mundo era posible y que la fraternidad podía imponerse al egoísmo ; constatar que sus deseos abonaron la intolerancia, el abuso y la pobreza ; duele y quita el habla. Ha de ser por eso que hoy, la izquierda honesta está muda ante tanto atropello.

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El movimiento revolucionario cubano está lleno de charlatanes profesionales que ya han perdido la fe y de gestos que desprovistos de significado, hoy parecen burlas. En Cuba, ya no vive nadie -aún- de la tarjeta de racionamiento mensual, ni del sueldo que el Gobierno paga. Ellos mismo lo resumen así : aquí unos hacen como trabajan y otros hacen como que les pagan. Con el salario oficial que está establecido, el equivalente a unos 26 euros mensuales, los cubanos se mueren de hambre.

La mayor parte de la economía nacional cubana se desarrolla fuera de la estructura oficial comunista. Los que trabajan para una empresa pública lo hacen para tener acceso a los bienes que pasan por ahí: los camioneros al petróleo, los panaderos a la harina, los albañiles al cemento….Luego los roban como hormigas y lo venden en el mercado negro.

Es una costumbre adquirida que hace todo el que puede y que ningún cubano reprocha a otro por hacerlo. Si hubiera que describir el funcionamiento de la economía cubana, habría que decir que, en realidad, se trata de un capitalismo salvaje y libre de impuestos. Este proceso de degradación no es nuevo pero ahora se encuentra en una etapa terminal, ya nadie habla de socialismo y es notorio el renacer de una nueva burguesía.

Aunque las condiciones de vida de la inmensa mayoría de cubanos sigue siendo muy precarias, este pequeño grupo que está protagonizando los cambios, viaja, tiene internet en casa ( lo instalan empresas piratas ) y le sirve de fachada al dinero proveniente de fuera del sistema.

A estas alturas, ya nadie cree en el régimen político cubano porque lo ha matado el orgullo, el autoritarismo, la burocracia, el fundamentalismo, la arrogancia y el control. Quiso ser el Mundo Nuevo y se ha transformado en el conocido Mundo Viejo. Desde hace tiempo, su objetivo no es la justicia social sino la supervivencia y por eso ya no salen en su defensa los espíritus atrevidos e irrespetuoso.

Eso que alguna vez encarnaran los barbudos de Sierra Maestra, hoy les apunta con el dedo y los condena. ¿ Cómo pueden estos viejos seguir hablando de Revolución si luchan, día y noche, para que nada cambie ?.

En Cuba, ha fracasado un intento, un atrevimiento, una esperanza y una pretensión que ya no volverá a presentarse. A los cubanos, la renuncia a la ilusión comunista, los ha matado para siempre. Ya no sigue en pie la tarea de mantener vivo el espíritu de una comunidad, de hacer que cada hombre sea también responsable de los otros y lograr que, la libertad de cada persona no sea enemiga de la de los demás. Ya nadie se atreve a pensar de nuevo, a recuperar la ilusión, solo quieren dejar atrás sin complejos, aquella izquierda fracasada y pervertida.

Sus Majestades Los Reyes de España, visitarán la isla mañana lunes día 11 de los corrientes, ( donde permanecerán hasta el jueves, día 14 ) en viaje programado por el Presidente Sánchez que, ni adrede hubiera sido más inoportuno : al día siguiente de la celebración de unas importantes Elecciones Generales en España. En el Programa del Viaje no figura recibir a ningún miembro de la cada vez más importante disidencia política porque el Gobierno español no quiere molestar a su homólogo cubano. Al igual que hizo Pedro Sánchez cuando estuvo alli.

Menos mal que durante el mismo no se ha previsto ningún contacto con dos de las más ilustres personalidades con las que coincidirán en los Actos del 500 Aniversario de la fundación de La Habana porque Sus Majestades se han negado a fotografiarse con ellos. Son los Presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y el de Nicaragua, Daniel Ortega.

Habría que recordarle a nuestro hoy Gobierno socialista que tanto usa y abusa de la Memoria que, el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE), en 1.978, registró en el Congreso de los Diputados una Moción en la que se oponía al viaje que Sus Majestades Los Reyes de España, entonces Juan Carlos I y Sofía , iban a realizar a Argentina en noviembre de aquel año, en el marco de una gira que también les llevaba a México y Perú.

Aquel viaje fue calificado por el de la vergüenza por visitar a un régimen militar que presidía el General Jorge Rafael Videla y reclamó la comparecencia de Marcelino Oreja entonces Ministro de Asuntos Exteriores, que no hizo más que respaldar la conveniencia de la visita. A continuación, habló Manuel Fraga Iribarne, como representante de la entonces Alianza Popular para apoyar también el viaje.

Una vez en Buenos Aires, nuestro Monarca recibió a La Liga por los Derechos del Hombre, cuyos representantes le plantearon la situación de los desaparecidos del Régimen Militar, entre los cuales también había españoles.

LA VIGENTE LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA YA FUE DESMONTADA POR EL GOBIERNO SOCIALISTA.

En el mes de octubre del pasado año, el Gobierno de la Nación a través de la Secretaria de Estado de Seguridad, incardinada en el Ministerio de Interior, difundió una Instrucción para los Cuerpos de Seguridad ( Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales ) en la que modificaba y dejaba sin efecto algunos de los artículos más restrictivos de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno del Partido Popular ( PP ) en el año 2.015 y que toda la izquierda nacional bautizó como la Ley Mordaza, calificativo con éxito que aún perdura.

De este modo, quedaba despojada de muchas de las disposiciones más significativas, coincidiendo además, con el inicio de la Ponencia en el Congreso de los Diputados, que conduciría -previsiblemente- a su reforma.

Esta Instrucción, en contra de lo establecido en la Ley, ( artículo 36, apartado 23 ) establecía que a partir de entonces, la toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes, no constituye infracción porque para ello será necesario que el uso de ese material ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias. Es decir, que hay que esperar a que las personas que han tomado esas imágenes hagan un ulterior uso irregular del mismo.

Las directrices subrayaban que, el riesgo o peligro para los agentes debía de reflejarse en la denuncia y, en su caso, en los informes anexos oportunos, donde se pormenorizaría con el mayor detalle posible, el peligro o riesgo generado y los medios que lo hayan provocado. En todo caso, los Policías podrán identificar a la persona que haya grabado las imágenes, para salvaguardar sus derechos, si las utiliza para ponerlos en peligro.

Íntimamente ligado con este apartado de la toma de imágenes, cabe destacar un párrafo, en el que el texto dice : conviene incidir en que además de los documentos formalizados por los agentes,( actas, denuncias o atestados ), que gozan de la presunción de veracidad con determinadas condiciones, los hechos de los que podría derivarse responsabilidad administrativa pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Lo que significaba que, las grabaciones callejeras a los agentes, una vez permitidas, se podrían utilizar como prueba contra ellos. Además se citaban las declaraciones testificales.

El documento abordaba también la regulación de los cacheos corporales externos, ( artículo 20 de la Ley ), muy criticados por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y Unidos-Podemos, para obligar a dejar en todo caso, constancia escrita de su motivación, de la identidad del agente que adoptó la decisión y de las incidencias acaecidas. Todo ello, a fin de permitir un control posterior de las causas y el modo en el que se ha practicado.

La Instrucción iba más allá y en el marco del artículo 36.6 de la Ley, que considera una infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad, suaviza la exigencia hasta el punto de determinar que una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes, no puede constituir una infracción si no se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción u omisión ordenada por el agente.

Se procedía a algo similar con respecto del artículo 37.4 de la Ley, que tipifica como infracciones leves, las faltas de respeto y consideración a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en tanto que el documento indicaba que para que una expresión sea considerada así, debe no solo atentar contra el derecho a un trato digno que tienen todas las personas sino constituir un acto humillante, despectivo o degradante, para ellos y también para la Institución que representan.

En las líneas finales del texto que se comenta, se incluía una salvaguarda importante según la que solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa, las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, a título de dolo o culpa, lo que descarta las actuaciones negligentes.

Por último, la Instrucción nada decía de una de las regulaciones más perseguidas por el PSOE y Podemos de la actual Ley de Seguridad Ciudadana como son : las devoluciones en caliente de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Al parecer, el Ministerio de Interior ha dejado pendiente su posible modificación hasta conocer el pronunciamiento al respecto de la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, solicitado por el anterior Gobierno del Partido Popular. Y en su caso, la reforma se practicaría en el marco de la vigente Ley de Extranjería, que es donde le corresponde estar.

Así de esta manera, el actual Gobierno socialista comenzó a desmontar la parte de la Ley de Seguridad Ciudadana que más protegía a los Policías, cediendo a las pretensiones de su socio parlamentario, el grupo Unidos-Podemos. Aunque la Ponencia en el Congreso de los Diputados había comenzado sus deliberaciones para su reforma, el Gobierno no quiso esperar a su tramitación final y prefirió adelantarse para agilizar el proceso.

A juicio de los sindicatos policiales, estas modificaciones a la Ley, iban a perjudicar gravemente la seguridad pública y a generar problemas en este campo, como así ha sido. Y afirmaban que se trataba de una medida populista que lo que buscaba en realidad era recabar votos aunque perjudicara la labor policial.

Una semana después de emitir esta Instrucción y ante el profundo malestar expresado tanto por los propios Policías -que eran los encargados de la aplicación de estas modificaciones- como de los Sindicatos que los representan, la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, expresó públicamente, que : si los mandos y sindicatos policiales, por beneficiar a los ciudadanos sienten que los Cuerpos de Seguridad se encuentran desprotegidos, no lo vamos a permitir. Si hay que rebobinar y hacer algunas correcciones, las haremos.

En una nota de prensa conjunta, los principales sindicatos policiales habían asegurado que la nueva Instrucción, sometía el trabajo de todos los Cuerpos Policiales españoles – Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales- a un entorno de mayor riesgo en situaciones de intentos de señalamiento, amenazas, acoso y persecución, por el ejercicio de sus funciones.

Después del lío y desencanto formado, la Secretaria de Estado, mostró su disposición al diálogo con los colectivos policiales, a los que había ignorado, para mejorar lo que se pudiera. Pero -hasta ahora-no ha corregido en nada la Instrucción difundida.

En su comparecencia el 7 de noviembre de 2.018, del portavoz unificado de los sindicatos policiales mayoritarios -SUP, CEP, UFP y SPP- ante la Comisión Parlamentaria de Interior, constituida para modificar la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, manifestó el rechazo absoluto a esta Instrucción para rebajar el grado de protección de los Policías, contra la resistencia, la desobediencia o la toma de imágenes en acto de servicio; calificándola de surrealista y de ser un atajo para abolir la Ley por la vía de los hechos.

La propuesta de modificación de esta Ley de Seguridad Ciudadana, se quedó en fase de Ponencia, es decir, en la tarea de elaborar un texto definitivo para que se votara en un Pleno de la Cámara ; debido a la decisión de adelantar las Elecciones Generales el pasado 28 de abril y cuyo resultado no ha permitido ningún avance de la situación anterior.

El Gobierno que se forme con arreglo a los resultados de las próximas Elecciones Generales del 10 de noviembre, tendrá que enfrentarse con la decisión de mantener o cesar esta Instrucción que no ha hecho nada más que complicar y dificultar el trabajo policial, como se acaba de ver en los recientes disturbios ocurridos en Cataluña. Y si va a modificar la Ley que la sustenta, que tanto rechazo produce en la izquierda desde su promulgación.

EL GOBIERNO SOCIALISTA ABANDONA A LA GUARDIA CIVIL DESTINADA EN CATALUÑA.

El pasado 25 de septiembre, el Parlamento de Cataluña acordó -entre otros aspectos- realizar una respuesta institucional contra la Sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los principales dirigentes del proceso separatista. Hacía también un llamamiento a la desobediencia civil y a favor de la autodeterminación, como manera de acceder a la soberanía del pueblo catalán.

Y también solicitaba la salida de la Guardia Civil de Cataluña por mostrarse -abiertamente- como una Policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales ; y completamente redundante ( innecesaria ) a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La andanada contra este Cuerpo Policial se producía porque dos dias antes, el día 23 de septiembre, la Guardia Civil había detenido a un comando de los Comités de Defensa de la República ( CDR ), formado por nueve personas, a los que la justicia envió a prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos con fines terroristas.

El Consejo de Ministros del Gobierno socialista en funciones, celebrado este 4 de octubre, decidió llevar ante el Tribunal Constitucional los dos primeros Acuerdos del Parlamento Catalán, citados al comienzo de este artículo, pero no iba a denunciar la Resolución que defendía la expulsión de la Guardia Civil porque : es un deseo político aberrante pero que no tiene fundamento jurídico recurrible, ( textual ), según explicó la Vicepresidente del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al mismo.

En su explicación justificativa, añadía que : aunque la posición política de ese Parlamento era inaceptable e inasumible ; es un deseo político aberrante teniendo en cuenta todo lo que representa la Guardia Civil pero que no tiene fundamento jurídico alguno. Y continuaba que : no estaba al alcance del Parlamento Catalán y ni del Gobierno de la Comunidad Autónoma que, un Cuerpo de Seguridad del Estado salga de Cataluña. Puede estar en su deseo pero no a su alcance.

En todo este proceso, si hay algo que no se puede permitir un Ministro del Interior es perder la confianza de los Cuerpos Policiales del Estado. En este sentido, la trayectoria de su titular, Fernando Grande-Marlasca, se está revelando como una profunda decepción, especialmente en lo relativo a Cataluña.

Los medios de comunicación social dieron cuenta de la bronca que el Ministro le dio a la cúpula de la Guardia Civil por no haberle informado de lo que él creía adecuadamente, en lo referente a la desarticulación del comando terrorista catalán, trasladándoles la que él había recibido del Presidente de Gobierno.

Por si no bastaba lo anterior, el pasado 11 de octubre, consideró inoportunas y poco idóneas, las palabras del Jefe de la Guardia Civil de Cataluña, en el discurso que pronunció en la celebración de la patrona del Cuerpo y que censuró : la mentira de la Revolución de la Sonrisa que enmascara odio y mezquindad capaces de generar destrucción y sufrimiento, al tiempo que reafirmaba su firme compromiso de trabajar por la libertad y seguridad de todos los ciudadanos.

Ya es patético que unas palabras tan sensatas y razonables generaran malestar en la representación del Departamento de Interior Catalán y la Policía Autonómica hasta el extremo de abandonar el acto en señal de protesta.

Que el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se encuentre inmerso en plena campaña electoral con el lema Ahora España y su Ministro del Interior se escandalice ante el compromiso ineludible de la Guardia Civil con su misión principal, resulta bochornoso para los propios Agentes del Cuerpo que viven en Cataluña sometidos a una presión social y política que pretende su expulsión de esta región de España.

Los servidores del orden público que se exponen por la seguridad de todos los españoles no se merecen ser mandados por alguien que se avergüenza de su firmeza. El compromiso con la ley nunca es inoportuno, si acaso se hace más pertinente cuando la amenaza del desorden ya se ha transformado en realidad. A través de este comportamiento, el Ministro está demostrando que le importa más la conveniencia política y el calendario electoralista para no enfadar a quienes van a necesitar para que haya un hipotético Gobierno socialista.

Todo lo anterior ha transcurrido con un nivel de agresividad por parte de la población catalana de caràcter separatista que ha ido a más desde la celebración del referéndum ilegal, el 1 de octubre de 2.017 ; con asedios a las Casas Cuartel y acoso a sus familiares e hijos, tanto en la calle como en los colegios, después de la Sentencia del Tribunal Supremo que condena a los sediciosos.

Y por si lo expuesto fuera poco, la tensión del Ministro de Interior con la Guardia Civil, en general, ha crecido tras ser ignorada en los disturbios de la semana pasada en Cataluña. Las críticas se centran en la falta de decisión política para que la Guardia Civil participara en el control de las movilizaciones anunciadas, pese a que se habían desplazado 800 agentes especializados en esa materia.

Habiéndolos utilizado -exclusivamente- solo a lo que inicialmente estaba planificado : la propia protección de su Cuarteles e instalaciones y la vigilancia de las infraestructuras críticas ( nombre con el que se denomina a los servicios básicos de la población : depósitos de agua y combustible; gas y electricidad; puertos y aeropuertos; etc ).

Si bien todo lo relatado podía interpretarse como problemas coyunturales parece que se ha cronificado. Las relaciones con el Ministerio se han enfriado mucho y habrá que esperar al próximo resultado electoral para ver en que queda todo esto.

LOS RESTOS MORTALES DE FRANCO PODRÁN DESCANSAR -POR FIN- JUNTO CON LOS DE SU ESPOSA…, GRACIAS A PEDRO SÁNCHEZ.

La Sentencia unánime del Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos de Franco, no ha hecho más que ratificar lo que el Congreso de los Diputados aprobó en septiembre de 2.018, sin ninguna oposición. La abstención -entonces- del Partido Popular ( PP ) y Ciudadanos (Cs), en la citada votación lo fue más por las formas que por el fondo ; más por el oportunismo del Presidente Sánchez que por la exhumación en si.

La prueba de la estrategia seguida en este asunto la tenemos el 25 de septiembre pasado, cuando Sánchez, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ( ONU ) lo incluyó como un gran logro de su Gobierno -el único, en mi opinión- en un relato entre patético y pueblerino en el que hizo una pausa prevista para el aplauso -¿ unánime ?- que no se produjo. El silencio aterrador de esos segundos -ocho exactamente- lo desencajó hasta que pudo recuperarse del fracaso emocional para proseguir la triunfante narrativa. En cambio, con ocasión de la muerte del General, la Asamblea General sí guardó un respetuoso minuto de silencio, acompañado de la puesta en pie de los asistentes, con la bandera a media asta, como correspondía a los honores de un Jefe de Estado de un país miembro.

El debate desolador que nos ha tenido entretenidos durante algo más de un año, no ha sido más que una impostura, desatada por unos políticos oportunistas para atizar el sustrato ideológico de algunos ciudadanos enquistados todavía en el odio. Lo difícil no es profanar su tumba y sacarlo del Valle de los Caídos sino desalojarlo de algunos cerebros donde aún sigue viviendo y está muy presente.

Es de todos conocido que a Franco no le gustaban nada las elecciones -del tipo que fueran- pero nuestro líder socialista, el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a recurrir a los restos de Franco para mostrarlos como su trofeo-estrella en sus dos mandatos que han resultado ser los más breves de la reciente historia democrática española. Su uso será masivo en la presente campaña electoral como si fuera un tiritero que maneja una marioneta de cartón con hilos, para conseguir distraernos de la inquietante falta de proyecto político para la sociedad española por parte de uno de los partidos políticos fundamentales en nuestro sistema democrático.

Ante esta situación, habría que preguntarse si esta vez, no habrán dado puntada sin hilo sobre los restos del propio partido socialista ( PSOE ) para evitar que la opinión pública descubra su propio cadáver, en cuanto a visión de futuro sobre la solución de los problemas reales que afrontamos los españoles.

Que Franco es, ha sido y será un reclamo electoral es indudable pero habrá que esperar al resultado de los comicios para comprobar su efecto. Sobre todo con toda esta política que lejos de acelerar el camino hacia el olvido del inquilino del Valle de los Caídos, está potenciando su actualización.

Este viaje absurdo de los huesos del anterior -a la actual monarquía- Jefe del Estado, concebido más como un espectáculo de carnaval político que como un verdadero aliciente para nuestra fortaleza democrática, se contradice con la verdadera influencia que el autoritarismo -que instauró y personificó- tiene hoy entre los españoles.

La casi mitad de los ciudadanos actuales han vivido bajo el franquismo. Bastantes de ellos eran menores cuando murió Franco. La mayoría de ellos consideran que, el acontecimiento histórico más importante de la reciente historia de España, ha sido la Transición Política que trajo la actual democracia, mientras que el resto -los menos- consideran que fue el franquismo.

Nuestra izquierda tradicional y la más extrema, se han empleado bien en la utilización política de la historia desde entonces, con el propósito de que surta el efecto perverso e inverso, de acrecentar en las generaciones nacidas con la democracia, la opinión de que el franquismo es lo más relevante que ha pasado en sus vidas. Empezando por el propio Pedro Sánchez que tenía tres años a la muerte de Franco y con cuya adecuada manipulación esperan un milagro en las urnas.

España no será más democrática por tener a Franco enterrado en un lugar u otro sino porque todos seamos capaces de respetar todas las opiniones, incluidas a los que lo añoran -que los hay y sienten nostalgia de su época- porque no se debe de despreciar ni la dignidad, ni la legitimidad de las posiciones diferentes a las nuestras.

Creo que para dasalojar los restos del General, habría sido necesario buscar el máximo consenso político y social y así habríamos logrado que España fuese una democracia más fuerte. Los socialistas van a argumentar que el apoyo mayoritario obtenido en el Congreso de los Diputados es incuestionable pero no podrán negar que se logró -como casi todo en este terreno de la revisión política de la historia- con el chantaje previo mediático-ambiental que forzó a la derecha política ( Partido Popular y Ciudadanos ) a inhibirse en estos asuntos, casi siempre alejados del interés real de los españoles, para no ser etiquetados de franquistas.

Si a esta inhibición se le suma la sobreactuación electoralista de las izquierdas, es evidente que había poco espacio para el consenso en este asunto. Lo que es muy de lamentar porque han convertido -absurdamente- la exhumación de Franco en un factor de confrontación entre grupos políticos democráticos, ahondando el clima de desencuentro y división que lastra nuestra convivencia desde hace ya unas décadas.

Si en vez de esto, se hubiera afrontado la cuestión -desde el principio- con ánimo conciliador, con la propia familia de Franco, estoy convencido de que hubieran colaborado en su traslado. Ya su hija Carmen se quejaba públicamente durante el fallecimiento de su madre, doña Carmen Polo, en Madrid, el 6 de febrero de 1.988 ; de que sus padres no pudieran estar juntos en el pabellón familiar del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde la trasladaron. Entonces estaríamos hablando -de verdad- de un ejercicio de madurez democrática y no de un capricho de advenedizo y es lo que Sánchez debería de haber evitado.

Meter a Franco en la campaña electoral junto con el separatismo catalán, el frenazo económico o la inmigración ilegal parece un esperpento político, impropio de una democracia avanzada como la nuestra, que ha sido modélica precisamente a la hora de cerrar algunas de las dolorosas heridas de nuestro pasado fratricida.

Volver al pasado para recuperarlo como arma arrojadiza contra los enemigos del presente, no es -desde luego- el camino para cicatrizar heridas. Es además, un gesto de impotencia porque las soluciones a los problemas que España se enfrenta en la actualidad no se encuentran en los símbolo de ayer.

Para confirmar estas reflexiones que acabo de exponer quiero traer aquí, la encuesta que publicó el pasado día 7 de octubre, el periódico El Mundo, realizada por a reputada empresa Sigma 2 y por encargo del diario en la que concluye que, menos de la mitad de la población española ( 43% ) aprobaba la exhumación de los restos de Franco y que un tercio ( 32,5%) se pronunciaba en contra. Para el resto, (20%) le era indiferente y se consideraba ajeno a este asunto.

Si estas cifras las llevamos al terreno de las ideologías, los votantes de la izquierda (PSOE y PODEMOS ) se muestran entusiasmados, razón por la que la decisión de Pedro Sánchez podría encontrar un rédito electoral. En cambio en la derecha, el rechazo es muy notable. Los votantes de VOX se oponen en un 66% y los del PP en casi un 61%. Los de CIUDADANOS llegan al 53%.

Las conclusiones que ofrece esta encuesta deja bastante evidente la polarización que, hoy en día, sigue provocando en la sociedad española la figura de Franco. Sigue siendo un tema complejo en el que no hay consenso, sobre todo por parte de los partidos políticos.

CELEBRANDO LA HISPANIDAD.

Todos los 12 de octubre celebramos el día de la Hispanidad, como ayer sábado. Una conmemoración que a muchos les parece rancia tanto en su forma como en el fondo, como es el de recordar unos hechos históricos de los que, según ellos, no deberíamos sentirnos orgullosos.

Muchos tratan, -simplemente-, de ver si , según el día de la semana que caiga, pueden hacer puente o alguna triquiñuela similar. Otros, aprovechan la efeméride para manifestar un sentimiento nacional, sobre todo en ese medio que todos llamamos redes sociales.

Es cierto que, en el pasado, -y especialmente durante el franquismo-, se producía toda una exaltación de las pasadas Glorias Imperiales y es muy probable que todavía siga influyendo en el pensamiento de muchos o en su percepción del significado de este día -hayan vivido o no- durante la etapa anterior a nuestra joven aunque ya adulta democracia.

La realidad fue que un emprendimiento español, pilotado por un italiano, dio lugar a un descubrimiento sin precedentes, nada menos que un inesperado gran continente en tiempos en que se creía saber cual era la superficie emergida de la Tierra y las relaciones entre sus territorios. Era inevitable que América terminase siendo conocida y nos cupo a los españoles el privilegio de ser los protagonistas.

Tengo para mí que, lo más extraordinario no fue la conquista en sí misma ya que en realidad, no parece que haya sido un asunto de grandes gestas militares -en el sentido tradicional de esta frase-, sino de arrojo, valentía, ambición y capacidad de intriga de un limitado número de personas. En los libros de Historia que conozco, no ocupan lugar grandes batallas en el inicio de esta América, a diferencia de lo sucedido con la formación de otros Imperios. Lo que de verdad es asombroso es que tan pocas personas llegasen a dominar la mayor parte de un continente enorme y lo que me parece más extraordinario y que debería constituir motivo de orgullo, fue nuestra capacidad de organizarlo al modo occidental y de administrar tan vastísimo territorio.

Unas zonas que ofrecen de todo menos facilidades para el transporte y las comunicaciones, debidos a la orografía, clima y otros factores ambientales. Aún hoy en día, hay partes intransitables obligados por la selva, por ejemplo.

También hay que reconocer lo milagrosos que tenía que ser que las instrucciones que emitiera, digamos Felipe II desde El Escorial, fuesen transmitidas y cumplidas en lugares en los que para llegar allí se tardaban meses de navegación y semanas de viaje por tierra.

Igualmente, la organización y el transporte de mercancías en las dos direcciones, obstaculizados con la inevitable piratería y el contrabando, -de países que siempre han ido dando lecciones de Historia ( Inglaterra y Francia ) y que entonces se los comía la envidia- resulta digno de admiración aún hoy en día. Y tampoco es menos -por mencionar un solo caso- la disposición de los aprovechamientos mineros que estaban muy bien planificada.

A mí me parece muy equivocada la percepción que tienen algunos de que , no dudan de calificar de genocidio y rapiña, lo que hicieron nuestros antepasados. Gran parte de la culpa de ello es creer a pie juntillas lo que dejó escrito y exagerado, el padre Bartolomé de las Casas.

La búsqueda de aprovechamiento económico era inevitable a la vez que la vocación civilizadora según nuestra religión y valores. Esto ha sucedido siempre así en la Historia y visto lo que ha pasado en otros territorios también colonizados, como por ejemplo África por los ingleses y franceses, los resultados que nosotros hemos obtenido en América han sido excelentes.

No me parece justo achacar las deficiencias institucionales que existen aún en algunos países hispanoamericanos a nuestra herencia. Hace mucho tiempo que son independientes -va ya para dos siglos- y también hace mucho tiempo que saben qué instituciones favorecen el progreso económico y social y cuales no lo hacen.

Hemos tenido diferentes etapas en relación con la América Hispana. Fue lo más importante del Imperio Español y era inevitable contemplarlo así. Las sucesivas independencias fueron provocando un impacto económico y político en la sociedad española de cada momento, que no se supo suplir debidamente, entre otras razones por nuestro deficiente y anticuado proceso de industrialización.

La languidez se apoderó de nosotros tras las últimas pérdidas territoriales pero esas tierras pronto fueron vistas como oportunidades empresariales para personas que difícilmente podían construir en España una vida económicamente aceptable. Los gallegos, asturianos, canarios y vascos saben mucho de eso, cuando la emigración era la única forma de salir de la pobreza.

Ahora, en tiempos más recientes, numerosísimos hispanoamericanos han venido a construir su vida en España -en la que son bienvenidos- y, en muchos casos, huyendo de su país para poner a salvo sus vidas.

Aunque muchos de ellos están realizando tareas profesionalmente modestas, tengo la confianza en que sus descendientes sepan aprovechar las oportunidades y la educación que ofrece España para poder progresar así en su futuro.

Además, nuestra tendencia demográfica es bastante preocupante y solo podremos mantener o acrecentar nuestra población con un volumen significativo de inmigración. Y aquí hay una gran ventaja al compartir la misma cultura: idioma, religión y valores. La evidencia demuestra la mayor facilidad de integración de los inmigrantes de estas tierras frente a los de otras procedencias.

LA DETECCIÓN DE DENUNCIAS FALSAS.

Desde el mes de octubre del pasado año de 2.018, se encuentra activada en todas las Comisarías de Policía de España, una herramienta informativa denominada VeriPol, con el fin de desalentar a los ciudadanos a presentar denuncias falsas, evitando con ello el uso innecesario de recursos policiales para optimizar el tiempo y el esfuerzo hacia otras tareas.

Esta aplicación informática es completamente automática y no necesita ninguna información complementaria por parte del denunciante ya que se basa -exclusivamente- en el texto de la denuncia. El programa procesa el texto, extrayendo las características necesarias para su clasificación y utiliza técnicas de desarrollo de lenguaje natural que, tras pasarlas a un modelo matemático, estima la probabilidad de falsedad de la denuncia realizada.

Además, VeriPol identifica y extrapola patrones de comportamiento a partir de los datos facilitados, lo que permite entender cuales son las características que más diferencian las denuncias falsas de las verdaderas.

Este modelo, fue probado en 2.015 en un conjunto de más de 1.000 denuncias presentadas en todo el territorio nacional, demostrando una mejora del 80 % en los índices de casos resueltos. La muestra incluía 534 denuncias verdaderas y 588 falsas, que solamente contaban con la declaración del denunciante, sin nada más, sin ningún otro apoyo indiciario.

A partir del análisis que realiza la aplicación VeriPol, saca conclusiones sobre la veracidad de lo manifestado en la denuncia. De hecho, el modelo es capaz de distinguir diferencias significativas en la narración de los hechos, entre una verdadera y una falsa; por como se ha producido una agresión; la sintáxis empleada y la cantidad de detalles.

La prueba piloto de este programa, se llevó a cabo en dos de las provincias españolas más importantes desde la óptica policial: Málaga y Murcia, en julio de 2018, con una proporción de éxito de 84,8% para Málaga y de 81,16% en Murcia.

VeriPol, es la principal herramienta informática de este tipo en el mundo y ha sido desarrollada por un equipo multidisciplinar de científicos. De momento, solo se está aplicando en los casos de robos con violencia o intimidación ( atracos y sirlas en el lenguaje policial ) y tirones.

La precisión del programa supera en la actualidad el 90% y entonces, el denunciante pasa a la condición de denunciado por haber cometido un delito: el de denuncia falsa o simulación de delito.

Lamentablemente, a pesar del tiempo transcurrido y del alto porcentaje de acierto demostrado, esta herramienta aún no ha sido reconocida por nuestros Tribunales de Justicia como prueba pericial. Lo que significa que, su resultado no puede ser usado en un procedimiento judicial como material probatorio para imputar a una persona un delito, en este caso, de simulación. Sin embargo, si sirve para guiar a los funcionarios policiales y confirmar así, si se encuentran ante la denuncia de un hecho real o falso.

Detrás de muchas de estas denuncias, está el cobro de algún seguro o la reposición del artículo sustraído, para los que recurren a esta argucia, como por ejemplo el teléfono móvil.

El aumento de las denuncias falsas ha sido continuo en los últimos años – de ahí que era necesaria una respuesta policial específica- y ha llegado a suponer un 10% de la Estadística Criminal.

EL CASTILLO DE MI PUEBLO.

A bastantes kilómetros de distancia de esta población murciana empiezan a divisarse los rasgos de su fortaleza medieval. Mientras te aproximas vas pensando como se ha podido mantener de pie en el tiempo y cual es su grado de conservación actual.

Echas la imaginación a volar y cavilas sobre esa aura atrapada en los castillos. Te ves cruzando a caballo el puente levalizo con el enemigo pisándote los talones; caminando por sus pasillos engalanados para la realeza; sortear a la guardia en el patio de armas o perderse por las leyendas que emanan de sus oscuros recovecos.

En definitiva, te transportas a las batallas, las conjuras palaciegas y las luchas por el poder de otras épocas y formas de vida tan intrigantes como lejanas y que hoy día gozan de tanta popularidad gracias a la ficción televisada y al séptimo arte. A pie de realidad, no hay dragones sobrevolando ni tronos de hierro en su interior pero se cuentan por cientos los castillos que se conservan en España esperando encantar a todo el que cruce sus puertas.

Cuando llegas a los pies del mismo, te das cuenta de su mal estado fruto del tiempo que lleva cerrado al público en general, su total abandono que ha propiciado que casi roce la ruina, de la que se va a salvar por la acción reivindicativa de una dinámica plataforma ciudadana denominada Mula por su castillo, que desde mediados de 2.015, ha puesto mucho empeño en salvar este Bien de Interés Cultural, al amparo de la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por eso, ya hay Planes para rehabilitar esta fortaleza en condiciones adecuadas que permitan su visita. Cuando terminen las obras contempladas en sus distintas Fases, necesarias por tantos años de desuso y condenada al olvido, espero encontrarme con un Centro de Interpretación de las Fortalezas en el sentido más amplio y con un recorrido que analice desde las torres defensivas hasta la ostentosa parte palaciega para ver como eran las fiestas que allí se celebraban, hasta pasear por su Patio de Armas a través de unas gafas de realidad virtual, por ejemplo ; o ponerse a escuchar alguna historia de sangre que debió de ocurrir en sus muros.

Sería el momento de ofrecer una visión pedagógica de las fortificaciones desde su origen; como avanzaron por la Península Ibérica de la mano de la Reconquista; cual era su motivación ( defensiva o de ostentación de la realeza, nobleza o clero ) ; como se construían en una época sin gruas ; sus componentes arquitectónicos ; su papel en los asedios o como se recomponían tras una guerra.

Este castillo fue construido por el Marqués de los Vélez, a comienzos del siglo XVI, como forma de sometimiento a la población local, con la base puesta por otra fortaleza anterior. Mula es mi pueblo y en mis años de infancia, íbamos al castillo en busca de aventuras que solo estaban en nuestra fantasía y que, algún descalabro que otro, nos devolvía pronto a la realidad.

Han pasado varias décadas y todavía está en la memoria de muchos muleños y también murcianos cuando de forma privada sin más guías turísticos que su propia intuición y sin más compromiso que presentar el Documento Nacional de Identidad ( DNI ) en el ayuntamiento donde te facilitaban la llave, se podía visitar el castillo de Mula.

De un día para otro y sin esperarlo, allá por 1990, un pleito por la propiedad del castillo surgió en el horizonte con la familia heredera y Mula perdió esta joya. Un inmueble que en teoría nunca había sido suyo pero que ha formado parte del pueblo desde hacía más de cinco siglos y que incluso el propio ayuntamiento intentó sacar del abandono en el que se encontraba en los últimos años con pequeñas reformas y actuaciones que sirvieron de poco cuando la familia heredera lo cerró. A raiz de este conflicto el castillo quedaba nuevamente desamparado, viendo a las nuevas generaciones de muleños que crecían observándolo desde abajo de la ladera, perdiendo la oportunidad de adentrarse en sus entrañas y de sentir sus muros llenos de historia.

Han sido años muy largos desde que en el año 2015 surgiera un movimiento ciudadano denominado Plataforma Mula por su Castillo que cansada de la inacción de las distintas administraciones, realizó una serie de actividades como El Abrazo al Castillo que provocaron la movilización de todo el pueblo y la aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia a través de sanciones económicas por incumplimiento de la conservación de la fortaleza a los propietarios del inmueble

Esta iniciativa supuso que parte de los herederos comenzaran una serie de donaciones de su parte de la propiedad que llegaron a ser el 66% de la titularidad, insuficiente para que el ayuntamiento pudiera actuar de forma plena en la fortaleza. Durante los tres últimos años, tras desarrollarse un expediente expropiatorio, en febrero de 2024 finalmente se conseguía la posesión del cien por cien del inmueble. Ahora toca esperar a realizar las correspondientes obras de consolidación y mejora necesarias que permitan las visitas del público en general.

LOS DELITOS SEXUALES EN ESPAÑA.

Con base a las denuncias formuladas ante los Cuerpos Policiales del Estado, la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano dependiente del Ministerio de Interior, hizo público el pasado mes de noviembre, un informe en el que radiografiaba los delitos sexuales en España.

Este estudio, -que es el primer análisis sobre esta materia que se hace-, muestra un incremento del 29,8% en este tipo de agresiones desde 2.012, habiendo pasado de 9.008 casos en ese año a 11.692 en 2.017 ; arroja un dato escalofriante: el 50% de las víctimas son menores de edad. La mayor incidencia de esta clase de delitos se produce en Cataluña, seguida por Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra, Canarias y Baleares.

El informe incide en que solo el 5% de los casos analizados, se califican como violencia de género, es decir, los ocurridos entre parejas y ex-parejas. Y pretende servir de herramienta a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para que todos los delitos sexuales contra la mujer sean clasificados así, siguiendo la línea de Acuerdos Internacionales, como el de Estambul ( firmado en esta capital turca el 11 de mayo de 2.011 y que entró en vigor, en España, el 1 de agosto de 2.014 ).

Los autores de este dictamen, afirman claramente que, no es que se produzcan más agresiones que antes sino que lo que ocurre es que se denuncian muchos mas casos, reduciendo así las cifras de la criminalidad oculta.

Las razones de que se conozcan más abusos sexuales, año tras año, se debe a la mayor sensibilización social tanto en las mujeres que son las principales víctimas como también a las asociaciones que defienden sus derechos y que se encargan -muchas veces- de canalizar esas denuncias.

Otra razón que ha facilitado el incremento de denuncias es la creación del Estatuto de la Víctima, así como los cambios introducidos en el Código Penal en 2015, que modificaron la edad mínima de consentimiento sexual en los 16 años y agravó las penas para los delitos de abuso sexual, explotación sexual de menores y pornografía infantil ; al tiempo que tipificó como delito la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas, obtenidas con el consentimiento de las víctimas pero divulgadas sin su conocimiento.

El perfil tipo en este modo de agresiones es el de una mujer atacada en una vivienda o aledaños, entre mayo y septiembre; por un desconocido, de nacionalidad española y de edad comprendida entre los 41 y 64 años.

En contra de la creencia generalizada de que muchos de los abusos se dan en el seno de la familia, los datos analizados revelan que es más común que el agresor y la víctima no se conozcan, al igual que ocurre en la mayor parte de las tipologías delictivas ya que el autor evita encontrarse -posteriormente- con su víctima.

La estadística indica que, en el 72% de los casos, el agresor y su víctima eran desconocidos; en el 5% fue su pareja; en el 8% fueron familiares y en el 16%, personas con las habían mantenido o mantenían una relación amorosa.

La víctima de estos delitos es de nacionalidad española en el 74,5% de los casos y los detenidos también lo son en un 93,5 % de las ocasiones. De los agresores extranjeros, que son el 6,5%, el mayor grupo es de ciudadanos de fuera de la Unión Europea ( UE ).

Los menores son víctimas de la mitad de los delitos sexuales, siendo los más comunes entre ellos y por este orden : el abuso sexual, el exhibicionismo, la agresión sexual y la corrupción. La razón de esta cifra es atribuida por los expertos al creciente uso de las nuevas tecnologías a las que acceden prácticamente, el 100% de los menores.

El informe termina resaltando la alta eficacia mostrada por los investigadores policiales que tiene uno de los mayores porcentajes de esclarecimiento, llegando hasta un 76,1% de los casos resueltos y un 80,9% si se trata de agresiones sexuales.

Esta tendencia creciente de los últimos años, tiene una especial incidencia en las agresiones sexuales que son los casos que más preocupan a la sociedad en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la proliferación de las manadas en distintos puntos de España.

La Fiscalía General de Estado alertaba en su última Memoria Anual, correspondiente a 2.018 y presentada el pasado día 9 de este mes, del crecimiento de los delitos sexuales en un 23,2%, suponiendo en cifras 18.986 casos. Aunque en términos absolutos estos delitos son un poco más del 1% del total ( 1.570.255 ), el Ministerio Público advertía de la preocupante tendencia al alza.

Según los datos estadísticos publicados por el Ministerio del Interior, en el primer trimestre de este año de 2019, se han registrado 357 delitos de agresión sexual con penetración, siendo Cataluña y Andalucía las dos Comunidades Autonómicas con mayor incidencia ( pasando de 110 a 122 y de 40 a 54, respectivamente ), en su comparativa con la del año pasado. En la cifra total nacional, ha habido un crecimiento del 18,8 % en delitos sexuales en todo el territorio nacional.

Los menores de edad detenidos por esos delitos, han sido : 88 por agresión sexual, de los cuales 61 son españoles y 27 extranjeros ; y 52 por violación, 41 españoles y 11 extranjeros. De estas cifras, cabe destacar que, más de la mitad de todos los menores detenidos, corresponden a Andalucía y a Madrid, ( 44 en la primera y 33 en la segunda ). Todos ellos son varones menos una chica, que es de Madrid.

CATALUÑA ES LA REGIÓN MÁS INSEGURA DE ESPAÑA.

El indeseable primer lugar en la clasificación de la estadística criminal española, correspondiente al pasado año de 2.018, por Comunidades Autonómicas, lo ha conseguido Cataluña, con un incremento del 11%, con arreglo a los datos publicados por el Ministerio del Interior, a mediados del pasado mes de febrero.

Dentro de la Comunidad catalana, Barcelona acabó el año con un aumento del 17,2%, siendo la capital de provincia española donde más ha aumentado la delincuencia. Ha sido interesante comprobar, en las pasadas elecciones municipales de mayo, cómo su alcalde, Ada Colau, se enfrentaba a estos datos, culpando a los medios de comunicación; a los grupos políticos de la derecha; a la Fiscalía y a la Comunidad Autónoma. Reconocía el aumento de la delincuencia en general pero descargándose de cualquier responsabilidad. Desde que gobierna esta señora, las cifras se han disparado, pasando desde un 26,6%, en 2.015, que suponían 153.346 delitos, a 194.212 infracciones en 2.018.

Siguiendo en la capital catalana, la mayor parte de los delitos que se cometen en la ciudad son hurtos, tachados siempre como los reyes de la delincuencia urbana en el lenguaje policial. El año pasado, se cometieron 299 hurtos al día, 12 a cada hora, lo que supone un incremento del 16,8%. La mayor parte de ellos se produjeron en la zona de Ciutat Vella.

Los robos con violencia ( atracos y sirlas ) han sido 12.277, frente a los 10.285 del año anterior, con un aumento del 19,4%. Y los robos con fuerza ( en domicilios y establecimientos ) han pasado de los 7.793 del año 2.017, a los 9.360 de 2.018, con un aumento del 20,1%. Afortunadamente, los delitos más graves como los homicidios, son muy bajos : 10 en Barcelona y 45 en la Región catalana.

Capítulo aparte, son los delitos contra la libertad sexual ( abusos, violaciones, acoso, explotación y exhibicionismo ) que se cerró en 2.018 con 764 casos, con una subida del 18,4% ; destacando las agresiones con penetración, que aumentaron en un 15,3%, siendo 136 casos. En Cataluña, crecieron en la misma medida, un 17,5%, que el resto de España, un 18,1%, donde se denunciaron 1.702 agresiones sexuales con penetración, un 22,7% más.

Desde la óptica policial, la explicación para las malas cifras de Barcelona en particular y de Cataluña en general, obedece a varios factores que van, desde la multitud de manifestaciones fruto del proceso independentista que obligaron a priorizar los esfuerzos policiales ; al incremento de los turistas como víctimas y la aparición de un fenómeno nuevo en estas tierras como es la importante presencia de menores extranjeros no acompañados ( conocidos policialmente como MENAS ) siendo bastantes de ellos de origen marroquí y ladronzuelos habituales.

En todas las encuestas que se han publicado hasta ahora, la ciudadanía ha mostrado ya su preocupación por la inseguridad pública, siendo en la actualidad el elemento que más preocupa a los barceloneses.

La alcalde, igual que el resto de colegas suyos, que ven como los vecinos se quejan por los robos en domicilios, en la calle o en los vehículos, han pedido reiteradamente ayuda a la Policía Autonómica que es la competente para combatir la inseguridad ciudadana, pero la carencia de Policías es un problema que afecta a todo el territorio catalán. Los sindicatos policiales calculan que faltan unos 2.000 agentes para que la plantilla pueda dar un servicio de calidad, ( en la actualidad son 16.500 ).

La escalada de criminalidad que sufre la capital catalana, ha seguido creciendo en el primer semestre de este año, de 2.019, donde los robos con violencia o intimidación han llegado a ser 7.423, un 31% más que el año pasado -casi 20 puntos más que la media nacional que sufrió una variación del 11,3%- y también se han empezado a acumular los homicidios que suman ya 13 hasta ahora. Los hurtos siguen aumentando en un 8,4% y suman 67.276.

Una vez conocidas estas cifras, la pregunta que todos nos hacemos es : ¿ como se ha llegado a esto ?. Las respuestas son variadas y yo me inclino por una combinación de ellas. Empecemos por la que yo creo que es la principal: la politización. La Generalitad catalana ha roto la obligada neutralidad de su Policía -Los Mossos de Escuadra- apropiándose de ella y utilizándola descaradamente para la causa del independentismo , detrayéndola de su función principal que es combatir la inseguridad ciudadadana. Ello ha hecho imposible la necesaria cooperación entre los distintos Cuerpos Policiales Estatales presentes en el territorio catalán que hubiesen paliado la falta de recursos.

Seguida de la mala gestión del Ayuntamiento, donde su Alcalde, la señora Ada Colau, simpatiza con el movimiento okupa y protege a los manteros, culpando a la Ley de Extranjería de no permitir trabajar a los inmigrantes irregulares. Negándose a reconocer la realidad de lo que a diario ocurre en la ciudad de la que es la máxima responsable y los aumentos sostenidos de inseguridad pública desde hace varios años, especialmente a partir de 2.016.

Para recordarle a la Alcalde que no se desvincule del problema de la inseguridad con la demagogia que la caracteriza, ayer sábado, día 14, un millar de barceloneses salieron en manifestación -convocados por las Asociaciones de Vecinos y otras sociedades cívicas- por las principales calles barcelonesas en protesta por el incivismo y los peligros que asolan la Ciudad Condal.

Cuando tuvo conocimiento de esta convocatoria manifestó públicamente que su prioridad era la libertad de los presos políticos.

LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE QUERÍA «PODEMOS «.

En el Acuerdo Presupuestario alcanzado el pasado 10 de octubre entre el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y la coalición de partidos Unidos-Podemos, se incluyó suavizar la vigente Ley de Seguridad Ciudadana que fue aprobada por el Partido Popular ( PP ) en el año 2.015 y que desde entonces, es conocida por sus detractores como Ley Mordaza. Además de despenalizar las injurias a la Corona y las ofensas a los sentimientos religiosos.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana y a impulso de Podemos, se trataba de aprovechar que su reforma se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados para trabajar sobre la base del texto de modificación presentado por el Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), descartando la derogación completa que había planteado el Grupo Parlamentario Socialista.

Por un lado, pretendían revertir los artículos de la Ley que, a su juicio, tenían por objetivo desalentar la protesta social y limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión. En este sentido, se comprometían a que la ausencia de comunicación previa dejara de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollaran de forma pacífica.

Respecto a la actuación policial, subrayaban que, debería tener como guía la dignidad de la persona y los derechos humanos; que los agentes deberían llevar siempre una identificación claramente visible; que el registro corporal solo se aplicaría en caso de indicios concretos y comprobables y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto y que en la Comisaría de Policía solo se podría estar retenido un máximo de dos horas.

El Acuerdo suscrito, contemplaba también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación, al criterio de la capacidad económica del sancionado; revisar en profundidad los tipos de infracción, con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión e introducir el paradigma interpretativo en el ámbito de estas infracciones administrativas en todos los tipos de la Ley que lo permitan.

También, se quería revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran hiperregulación de algunas conductas y concretamente, citan el artículo 315 que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas.

Según se decía en el comunicado hecho público del Acuerdo, era recomendable restringir al máximo la posibilidad de que las declaraciones ofensivas pudieran ser perseguibles penalmente y se apostaba por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona.

En este Acuerdo, no se mencionaba a la Prisión Permanente Revisable que estableció el Partido Popular ( PP ) y que los socialistas han llevado ante el Tribunal Constitucional al considerarla una cadena perpetua. Ni tampoco sobre Justicia Universal, a expensas del Informe que el Ministerio de Justicia había encargado a una Comisión de Expertos.

Este convenio, anulaba en gran parte y suavizaba la ofensiva que Podemos había lanzado en marzo de 2.018, hacia la modificación de la actual Ley de Seguridad Ciudadana al presentar en el Congreso de los Diputados más de 100 enmiendas parciales para eliminar lo que consideran lo peor de las características de estas Ley: sus sanciones al ejercicio de los derechos y libertades.

El trabajo de este grupo político presentaba una gran complejidad ya que las ampliaciones del Trámite de Enmiendas provocaron que se acumularan dos textos : uno del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y otro del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), por lo que las reformas de Podemos se dividieron entre estas dos iniciativas.

Aunque estaba por ver, cuántas de estas modificaciones aceptarían los demás grupos políticos y si el actual Gobierno socialista mantenía el poder para poderlas ejecutar, a simple vista se apreciaba los problemas que originaría la ausencia de comunicación previa a la autoridad gubernativa.

Esto nos llevaría a desconocer las reuniones y manifestaciones que se celebraran, con la consiguiente generación de problemas de mantenimiento del orden público; la paralización de la circulación de vehículos y peatones ; los posibles daños en el mobiliario urbano… Y todo ello sin que la Policía pudiera reaccionar adecuadamente para prevenirlas

Además en este afán de perjudicar al Gobierno y a la Policía, habían cometido el error de que las comunicaciones de la realización de estos actos, no se regulan por la Ley que querían enmendar, sino por otra bien distinta, la Reguladora del Derecho de Reunión, ( artículo 8, de la Ley Orgánica 9/1.983, de 15 de julio ).

También querían evitar que se identificara y cacheara a los asistentes a una manifestación que acuden con el rostro cubierto ( bien con un pañuelo o un casco de moto ), al entender que este procedimiento policial es en realidad un abuso de poder.

Esta propuesta, contó con la frontal oposición de los cuatro mayores sindicatos policiales ( SUP, CEP, UFP y SPP ), que se trasladaron al Congreso de los Diputados para que los mismos fuesen conscientes del peligro de dificultar -gravemente- la labor policial y poner en riesgo a la ciudadanía, si prosperaban las intenciones de esas fuerzas políticas.

Así consta en la Comisión Parlamentaria de Interior, constituída con vistas a modificar la actual Ley de Seguridad Ciudadana y donde el pasado día 7 de noviembre compareció -previamente citado- el Portavoz único de los sindicatos policiales para expresar el malestar de la mayor parte del colectivo policial.

La decisión del Presidente del Gobierno de adelantar las Elecciones Generales, al pasado 28 de abril, supuso un final abrupto para la anterior legislatura. Se interrumpió la actividad en el Congreso de los Diputados, desde el día 5 de marzo y muchas iniciativas parlamentarias han quedado inacabadas, pese a llevar algunas de ellas, meses debatidas por los partidos políticos y que se encontraban en su fase final para su aprobación, como ha ocurrido el caso con esta Ley.

La propuesta de modificación de esta Ley de Seguridad Ciudadana, se ha quedado en fase de Ponencia, es decir, en la tarea de elaborar un texto definitivo para que se votara en un Pleno de la Cámara.

La promesa del actual Gobierno a la ciudadanía era de derogar al completo esta Ley, de hecho asi lo lleva en su Programa Electoral, aunque luego se había conformado con modificar el articulado más polémico.