En el mes de octubre del pasado año, el Gobierno de la Nación a través de la Secretaria de Estado de Seguridad, incardinada en el Ministerio de Interior, difundió una Instrucción para los Cuerpos de Seguridad ( Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales ) en la que modificaba y dejaba sin efecto algunos de los artículos más restrictivos de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno del Partido Popular ( PP ) en el año 2.015 y que toda la izquierda nacional bautizó como la Ley Mordaza, calificativo con éxito que aún perdura.
De este modo, quedaba despojada de muchas de las disposiciones más significativas, coincidiendo además, con el inicio de la Ponencia en el Congreso de los Diputados, que conduciría -previsiblemente- a su reforma.
Esta Instrucción, en contra de lo establecido en la Ley, ( artículo 36, apartado 23 ) establecía que a partir de entonces, la toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes, no constituye infracción porque para ello será necesario que el uso de ese material ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias. Es decir, que hay que esperar a que las personas que han tomado esas imágenes hagan un ulterior uso irregular del mismo.
Las directrices subrayaban que, el riesgo o peligro para los agentes debía de reflejarse en la denuncia y, en su caso, en los informes anexos oportunos, donde se pormenorizaría con el mayor detalle posible, el peligro o riesgo generado y los medios que lo hayan provocado. En todo caso, los Policías podrán identificar a la persona que haya grabado las imágenes, para salvaguardar sus derechos, si las utiliza para ponerlos en peligro.
Íntimamente ligado con este apartado de la toma de imágenes, cabe destacar un párrafo, en el que el texto dice : conviene incidir en que además de los documentos formalizados por los agentes,( actas, denuncias o atestados ), que gozan de la presunción de veracidad con determinadas condiciones, los hechos de los que podría derivarse responsabilidad administrativa pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Lo que significaba que, las grabaciones callejeras a los agentes, una vez permitidas, se podrían utilizar como prueba contra ellos. Además se citaban las declaraciones testificales.
El documento abordaba también la regulación de los cacheos corporales externos, ( artículo 20 de la Ley ), muy criticados por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y Unidos-Podemos, para obligar a dejar en todo caso, constancia escrita de su motivación, de la identidad del agente que adoptó la decisión y de las incidencias acaecidas. Todo ello, a fin de permitir un control posterior de las causas y el modo en el que se ha practicado.
La Instrucción iba más allá y en el marco del artículo 36.6 de la Ley, que considera una infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad, suaviza la exigencia hasta el punto de determinar que una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes, no puede constituir una infracción si no se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción u omisión ordenada por el agente.
Se procedía a algo similar con respecto del artículo 37.4 de la Ley, que tipifica como infracciones leves, las faltas de respeto y consideración a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en tanto que el documento indicaba que para que una expresión sea considerada así, debe no solo atentar contra el derecho a un trato digno que tienen todas las personas sino constituir un acto humillante, despectivo o degradante, para ellos y también para la Institución que representan.
En las líneas finales del texto que se comenta, se incluía una salvaguarda importante según la que solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa, las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, a título de dolo o culpa, lo que descarta las actuaciones negligentes.
Por último, la Instrucción nada decía de una de las regulaciones más perseguidas por el PSOE y Podemos de la actual Ley de Seguridad Ciudadana como son : las devoluciones en caliente de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Al parecer, el Ministerio de Interior ha dejado pendiente su posible modificación hasta conocer el pronunciamiento al respecto de la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, solicitado por el anterior Gobierno del Partido Popular. Y en su caso, la reforma se practicaría en el marco de la vigente Ley de Extranjería, que es donde le corresponde estar.
Así de esta manera, el actual Gobierno socialista comenzó a desmontar la parte de la Ley de Seguridad Ciudadana que más protegía a los Policías, cediendo a las pretensiones de su socio parlamentario, el grupo Unidos-Podemos. Aunque la Ponencia en el Congreso de los Diputados había comenzado sus deliberaciones para su reforma, el Gobierno no quiso esperar a su tramitación final y prefirió adelantarse para agilizar el proceso.
A juicio de los sindicatos policiales, estas modificaciones a la Ley, iban a perjudicar gravemente la seguridad pública y a generar problemas en este campo, como así ha sido. Y afirmaban que se trataba de una medida populista que lo que buscaba en realidad era recabar votos aunque perjudicara la labor policial.
Una semana después de emitir esta Instrucción y ante el profundo malestar expresado tanto por los propios Policías -que eran los encargados de la aplicación de estas modificaciones- como de los Sindicatos que los representan, la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, expresó públicamente, que : si los mandos y sindicatos policiales, por beneficiar a los ciudadanos sienten que los Cuerpos de Seguridad se encuentran desprotegidos, no lo vamos a permitir. Si hay que rebobinar y hacer algunas correcciones, las haremos.
En una nota de prensa conjunta, los principales sindicatos policiales habían asegurado que la nueva Instrucción, sometía el trabajo de todos los Cuerpos Policiales españoles – Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales- a un entorno de mayor riesgo en situaciones de intentos de señalamiento, amenazas, acoso y persecución, por el ejercicio de sus funciones.
Después del lío y desencanto formado, la Secretaria de Estado, mostró su disposición al diálogo con los colectivos policiales, a los que había ignorado, para mejorar lo que se pudiera. Pero -hasta ahora-no ha corregido en nada la Instrucción difundida.
En su comparecencia el 7 de noviembre de 2.018, del portavoz unificado de los sindicatos policiales mayoritarios -SUP, CEP, UFP y SPP- ante la Comisión Parlamentaria de Interior, constituida para modificar la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, manifestó el rechazo absoluto a esta Instrucción para rebajar el grado de protección de los Policías, contra la resistencia, la desobediencia o la toma de imágenes en acto de servicio; calificándola de surrealista y de ser un atajo para abolir la Ley por la vía de los hechos.
La propuesta de modificación de esta Ley de Seguridad Ciudadana, se quedó en fase de Ponencia, es decir, en la tarea de elaborar un texto definitivo para que se votara en un Pleno de la Cámara ; debido a la decisión de adelantar las Elecciones Generales el pasado 28 de abril y cuyo resultado no ha permitido ningún avance de la situación anterior.
El Gobierno que se forme con arreglo a los resultados de las próximas Elecciones Generales del 10 de noviembre, tendrá que enfrentarse con la decisión de mantener o cesar esta Instrucción que no ha hecho nada más que complicar y dificultar el trabajo policial, como se acaba de ver en los recientes disturbios ocurridos en Cataluña. Y si va a modificar la Ley que la sustenta, que tanto rechazo produce en la izquierda desde su promulgación.
Asuntos Policiales 
Volvemos a las concesiones a la izquierda en detrimento de la seguridad de los ciudadanos que realmente son cumplidores de la ley y también en detrimento de la integridad física y la seguridad jurídica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
Se constata que cuanta mayor debilidad tiene el gobierno menos protección ofrece a su fuerzas de seguridad.
En España existe un hecho perfectamente constatado cuál es la proporcionalidad de la que la fuerzas y cuerpos de seguridad hacen gala secularmente en sus actuaciones ; por lo tanto está bien que se preserve el legítimo derecho de los ciudadanos a la manifestación ,a las concentraciones etc.
Pero coartar con leyes que actúan a modo de intimidación sobre los agentes ,creo que no es una buena política , pero como siempre es la izquierda sectaria la que imponen su criterio.
Absolutamente vomitivo el panorama que se ha vivido recientemente en los disturbios de Cataluña y la actuación miserable de los políticos para con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Es una situación absolutamente alarmante que se debe revertir poniendo en valor la legitimidad Y la excelencia de nuestra fuerzas de orden público sin que ello esté reñido con los debidos controles legales establecidos al efecto.
Redundando en lo anterior ,considero bochornoso que ante los graves disturbios acarcidos y por venir , en Cataluña, los mandatarios políticos pongan el acento en los excesos puntuales que se pudieran haber cometido y no destaquen la encomiable actuación de nuestros agentes que heroicamente y sin medios suficientes ,han arrostrado con determinación y arrojo las embestidas de auténticos profesionales de la guerrilla urbana
Un abrazo y felicidades por tu la oportunidad de tu articulo que aborda un tema de absoluta vigencia e interés
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Acertadísima reflexión que comparto plenamente. Y bastante rápida además, síntoma de que el concepto lo tienes bien claro. Muchas gracias por tu comentario, Antonio. Un abrazo.
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En primer lugar, y no es nuevo, dejar clara mi adhesión y máximo respeto al trabajo diario que hacen y han hecho las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España.
Que la Ley a la que haces referencia fuese aprobada por el gobierno del Partido Popular no es patente de corso para que otro gobierno, legalmente constituido no pueda modificarla.
Por no mencionar al Ministro del Interior impulsor de la misma, D. Jorge Fernández Diaz, que tampoco creo que pase a la historia como un ministro del interior ejemplar.
En España, por desgracia, se han vivido años bastante convulsos y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido capaces de actuar SIEMPRE dentro del ordenamiento jurídico vigente, y no estaba vigente esta ley.
Para evitarnos problemas posteriores, me refiero a cualquier recurso judicial ante Tribunales internacionales, no está de más que seamos lo más escrupulosos posible y capaces de aceptar que en un Estado de Derecho el derecho y la obligación es siempre en las dos direcciones.
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Claro que cualquier Gobierno puede modificar las Leyes que haya hecho el anterior… faltaría más; pero se entiende para su mejora no para su empeoramiento como en este caso ya lo han manifestado los profesionales de la Policía y sus sindicatos representativos. Aquí la frustración es colectiva y total y por lo tanto yo tengo que pensar que el Gobierno socialista la ha desmontado. Mira que es difícil que la media docena de Sindicatos se pongan de acuerdo, pues bien, aquí lo están.
Gracias por tu comentario, José Antonio. Un abrazo.
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PD.
Como somos mayores, y tenemos memoria, no se nos debe de olvidar que cuando el referéndum ilegal de Cataluña, y todo cuanto aconteció, estaba vigente esa Ley, y el inquilino de la Moncloa era otro, para mí, igual de inútil políticamente.
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Efectivamente estaba en vigor en el referéndum de Cataluña y se pudo aplicar en su integridad, favoreciendo el trabajo policial. En los pasados disturbios de Barcelona, la Ley ya estaba desmontada y entorpeciendo su aplicación. Esa diferencia es sustancial y es lo que denuncian los agentes policiales y lo sindicatos que los representan.
Gracias de nuevo José Antonio por tu comentario. Un abrazo.
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Subscribo el comentario del usuario Antonio, con la salvedad de que lo que se conoce como » izquierda » podría centrarse en los comunistas ( hoy ya no hay diferencia consustancial con los socialistas, lo hemos visto desde hace años ).
El artículo está perfectamente desarrollado, es claro, aunque hay algunos aspectos que no recordaba.
Aún recuerdo cuando apareció la ley de Seg. Ciudadana donde los comunistas se oponían a esta y otras más, también que los vigilantes de seguridad tuvieren reconocida la categoría de agente de la autoridad en el C. Penal. Mínimas protecciones, naturales y de sentido común que han sido objeto de polémica siempre centrada en el posible » abuso de autoridad » en una actuación o intervención de seg. directamente efectuada por los agentes y no de tal manera cuando está de por medio una orden judicial, directa, valga decirlo así.
Las nuevas tecnologías son de forma general beneficiosas para el común de los mortales y tratan de venderse como herramientas que facilitan, entre otras cosas, la seguridad personal de las personas. Pero un agente no es un ciudadano común, no es una persona normal y corriente, representa a la ley o a su auxilio, por tanto la seguridad del agente está por encima de particulares o interesados, pues el agente representa a un TODO ( a la comunidad, al pueblo, al conjunto de ciudadanos que habitan una nación ). Es aquí la clave.
Además, me gustaría aprovechar este tema, debido principalmente al desconocimiento que hay en la ciudadanía con respecto a las labores de las Fuerzas de Seguridad en una nación como España, acaso al encontrarse el ciudadano inmerso en una situación de máxima seguridad o dispositivo exclusivo de esta, p. ej. una manifestación o quizá un lugar con disturbios. Jamás en la vida debe de alterarse la seguridad de los efectivos que controlan estos eventos o situaciones, así un agente ya va identificado por su vesta, en los últimos tiempos se innovó ubicando un número o cifra de ref. en el equipo personal, además de la placa de identificación que como es lógico queda oculta bajo una prenda y por motivos especiales. Es decir, un agente de una Fuerza no debe nunca en estas situaciones especiales identificarse convencionalmente ; porque esto puede ser aprovechado por delincuentes, elementos subversivos o indeseables para eso mismo : alterar la seguridad o el dispositivo de seg. ya referido. Esto fue el principal motivo para esa ley » mordaza » que trata de más asuntos o supuestos.
La Policía más » garantista » en el mundo, desde hace años, es la de España, evidentemente las leyes algo tienen que ver en todo este asunto y, ese exceso de sobreprotección, al ciudadano, algunas veces invade el campo de la seguridad de los profesionales de la seguridad. Habría también otros aspectos interrelacionados con la grabación de imágenes o datos de personas, con lo que se conoce como Ley de Protección de Datos, para un uso posterior de estos materiales, que ya estaba regulado de una forma bastante precisa, así hemos visto como un famoso político ( estos que hacen las leyes y normas ) en un establecimiento parecía que había hurtado y al difundirse estas imágenes, al cabo de., se movieron hilos para denunciar a los que facilitaron esas mismas imágenes donde aparecía el supuesto infractor con los » botes de crema » no abonados o escondidos.
Pero, para este asunto que nos ocupa, aparece una gran pregunta, aunque se da por sabido y se cree así, y sería preguntar a sus señorías los políticos si tienen en cuenta, para estas y otras interrelacionadas normas, a los profesionales de La Policía y/o las Fuerzas de Seguridad en España. Hay profesionales dentro de estos gremios especialmente cualificados que nos podrían ayudar en estos temas, donde el artículo deja ya entreveer algo de lo mencionado.
Muy bien. Fenomenal artículo. Gracias.
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Excelente reflexión que comparto plenamente. No te olvides que la razón básica de estas modificaciones en la Ley eran concesiones a los comunistas de Unidos-Podemos, como compensación a su apoyo al Gobierno socialista. Se trataba que la zorra cuidara a las gallinas.
Gracias por tu comentario. Un saludo.
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La sociedad debiera ser más exigente con su nefasta clase política. Esto no funciona bien, se sabe pero nada cambia. Empezó mal con una mala Constitución, y va a peor. Cada día más populismo barato y más problemas–algunos graves–de todos conocido.
A España le pasa como al Mar Menor….
El pueblo español…ese pueblo ignorante e indolente en lo político….sería un buen vasallo si tuviese buen señor (en este caso, señores, en plural). Pero ese » milagro» ni está ni se le espera.
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Ya sabes lo que se dice por ahí…: tenemos los dirigentes políticos que nos merecemos, así que a fastidiarse. Si un Gobierno es capaz de obstaculizar la labor policial como precio a su permanencia en el poder, lo que venga después no nos debe de extrañar nada. Si vendemos nuestra alma al diablo… que esperas.
Gracias José Manuel por tu comentario. Un abrazo.
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