El pasado 25 de septiembre, el Parlamento de Cataluña acordó -entre otros aspectos- realizar una respuesta institucional contra la Sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los principales dirigentes del proceso separatista. Hacía también un llamamiento a la desobediencia civil y a favor de la autodeterminación, como manera de acceder a la soberanía del pueblo catalán.
Y también solicitaba la salida de la Guardia Civil de Cataluña por mostrarse -abiertamente- como una Policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales ; y completamente redundante ( innecesaria ) a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
La andanada contra este Cuerpo Policial se producía porque dos dias antes, el día 23 de septiembre, la Guardia Civil había detenido a un comando de los Comités de Defensa de la República ( CDR ), formado por nueve personas, a los que la justicia envió a prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos con fines terroristas.
El Consejo de Ministros del Gobierno socialista en funciones, celebrado este 4 de octubre, decidió llevar ante el Tribunal Constitucional los dos primeros Acuerdos del Parlamento Catalán, citados al comienzo de este artículo, pero no iba a denunciar la Resolución que defendía la expulsión de la Guardia Civil porque : es un deseo político aberrante pero que no tiene fundamento jurídico recurrible, ( textual ), según explicó la Vicepresidente del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al mismo.
En su explicación justificativa, añadía que : aunque la posición política de ese Parlamento era inaceptable e inasumible ; es un deseo político aberrante teniendo en cuenta todo lo que representa la Guardia Civil pero que no tiene fundamento jurídico alguno. Y continuaba que : no estaba al alcance del Parlamento Catalán y ni del Gobierno de la Comunidad Autónoma que, un Cuerpo de Seguridad del Estado salga de Cataluña. Puede estar en su deseo pero no a su alcance.
En todo este proceso, si hay algo que no se puede permitir un Ministro del Interior es perder la confianza de los Cuerpos Policiales del Estado. En este sentido, la trayectoria de su titular, Fernando Grande-Marlasca, se está revelando como una profunda decepción, especialmente en lo relativo a Cataluña.
Los medios de comunicación social dieron cuenta de la bronca que el Ministro le dio a la cúpula de la Guardia Civil por no haberle informado de lo que él creía adecuadamente, en lo referente a la desarticulación del comando terrorista catalán, trasladándoles la que él había recibido del Presidente de Gobierno.
Por si no bastaba lo anterior, el pasado 11 de octubre, consideró inoportunas y poco idóneas, las palabras del Jefe de la Guardia Civil de Cataluña, en el discurso que pronunció en la celebración de la patrona del Cuerpo y que censuró : la mentira de la Revolución de la Sonrisa que enmascara odio y mezquindad capaces de generar destrucción y sufrimiento, al tiempo que reafirmaba su firme compromiso de trabajar por la libertad y seguridad de todos los ciudadanos.
Ya es patético que unas palabras tan sensatas y razonables generaran malestar en la representación del Departamento de Interior Catalán y la Policía Autonómica hasta el extremo de abandonar el acto en señal de protesta.
Que el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se encuentre inmerso en plena campaña electoral con el lema Ahora España y su Ministro del Interior se escandalice ante el compromiso ineludible de la Guardia Civil con su misión principal, resulta bochornoso para los propios Agentes del Cuerpo que viven en Cataluña sometidos a una presión social y política que pretende su expulsión de esta región de España.
Los servidores del orden público que se exponen por la seguridad de todos los españoles no se merecen ser mandados por alguien que se avergüenza de su firmeza. El compromiso con la ley nunca es inoportuno, si acaso se hace más pertinente cuando la amenaza del desorden ya se ha transformado en realidad. A través de este comportamiento, el Ministro está demostrando que le importa más la conveniencia política y el calendario electoralista para no enfadar a quienes van a necesitar para que haya un hipotético Gobierno socialista.
Todo lo anterior ha transcurrido con un nivel de agresividad por parte de la población catalana de caràcter separatista que ha ido a más desde la celebración del referéndum ilegal, el 1 de octubre de 2.017 ; con asedios a las Casas Cuartel y acoso a sus familiares e hijos, tanto en la calle como en los colegios, después de la Sentencia del Tribunal Supremo que condena a los sediciosos.
Y por si lo expuesto fuera poco, la tensión del Ministro de Interior con la Guardia Civil, en general, ha crecido tras ser ignorada en los disturbios de la semana pasada en Cataluña. Las críticas se centran en la falta de decisión política para que la Guardia Civil participara en el control de las movilizaciones anunciadas, pese a que se habían desplazado 800 agentes especializados en esa materia.
Habiéndolos utilizado -exclusivamente- solo a lo que inicialmente estaba planificado : la propia protección de su Cuarteles e instalaciones y la vigilancia de las infraestructuras críticas ( nombre con el que se denomina a los servicios básicos de la población : depósitos de agua y combustible; gas y electricidad; puertos y aeropuertos; etc ).
Si bien todo lo relatado podía interpretarse como problemas coyunturales parece que se ha cronificado. Las relaciones con el Ministerio se han enfriado mucho y habrá que esperar al próximo resultado electoral para ver en que queda todo esto.