El año 2.018 ya ha sido considerado como el de la mayor crisis inmigratoria hacia España. Las cifras arrojadas asustan : casi 65.000 ( 62.479 exactamente ) llegados por mar, con 769 ahogados. Los desaparecidos no cuentan porque no se saben aunque hay determinadas organizaciones humanitarias que se atreven a hacer estimaciones del orden de unos 300 anuales de media en el periodo comprendido entre 2.010 y 2.022.

Una verdadera tragedia que, año tras año, se muestra más preocupante. Todas las previsiones realizadas hasta ahora indican que, el futuro de la inmigración va a peor. España recibió en 2.018 a más inmigrantes en patera que los últimos ocho años juntos. aunque haya años irregulares como el pasado 2.022, cuando un total de 28.930 inmigrantes ilegales llegaron a España por vía marítima. Esta cifra representaba una disminución del 27,9% respecto de 2.021 y acercándose a los valores registrados en 2.019, cuando llegaron a las costas españolas aproximadamente 26.103 inmigrantes. La presencia de la pandemia china fue la principal responsable de este descenso tan significativo.

La llegada de inmigrantes marroquíes a las costas españolas a bordo de esas pequeñas embarcaciones que todo el mundo conoce -erróneamente- como pateras es ya una historia antigua. Una patera es un bote de madera, pequeña, sin cubierta, con el fondo de reducido calado que se utiliza -normalmente- para el traslado de marineros desde el muelle a buques fondeados.

Los traficantes de seres humanos, han logrado agotar todos las barcas de madera para pescar en aguas litorales, que construían los carpinteros de las pequeñas localidades costeras del norte de Marruecos. A su vez, estas poblaciones se han ido vaciando con el transcurso de los años porque los primeros en embarcarse rumbo a España han sido sus propios jóvenes, de los cuales más de la mitad ya lo han conseguido, incluso fabricando ellos mismos sus propias embarcaciones.

Ahora, los adolescentes que van quedando, se compran una barca de juguete y se lanzan al mar sin pensárselo. Incluso no les importa que sea una goma hinchable. Dado que no tienen ningúna alternativa de ocio, cultural o de formación profesional que ofrecerles. Esto último, sigue siendo una de las principales razones por las que los marroquíes salen de su país. Algunos de los menores que han huido – y que siguen haciéndolo- apenas superaban los 12 años porque crecían  escuchando la exitosa vida de los que conseguían llegar y establecerse.

Si echamos un vistazo a la Historia, recorriendo por ejemplo las tres últimas décadas con el drama de la inmigración, se llega a una conclusión muy clara : salvo la altura de las vallas; los muertos ; los medios de control de inmigrantes y la logística de las mafias que trafican con ellos, nada ha cambiado.

A principios de los años 80, los botes de madera que salían de Marruecos cargados de hachís también llevaban personas para conseguir los pasaportes en sus Consulados en España. Fue en 1.991, cuando nuestro país se sumó al Acuerdo de Schengen cuando empezó a exigir Visado a los marroquíes que querían entrar.

Pero antes, las complicaciones pasaban por las dificultades para conseguir un pasaporte y su exagerado importe para su nivel de vida. En una patera habitual de aquellas fechas iban 70 kgrs. de hachís y 13 personas. Una plaza de pasajero se pagaba a 2.500.- dírhams ( unos 25 euros de ahora ).

En los últimos 30 años, más de un cuarto de millón ( 270.000, exactamente ) inmigrantes han llegado a las costas españolas. Entre los marroquíes, el control de estas pateras esta en manos de los grupos ultras de los clubes de fútbol de la región, que han cambiado el negocio de contrabando de hachís por el tráfico de personas. En 2.018, lograron cruzar a miles de personas, muchos de ellos compatriotas suyos y hasta menores de edad.

Lo más fuerte de todo esto, son los centenares de niños marroquíes que pululan las calles de Tánger, Tetuán, Ceuta y Melilla ; que tratan de dar el salto a España, a la primera oportunidad que tengan. En aquella primavera, un adolescente de entre 15 o 16 años, fue atropellado por un camionero español, de manera accidental, en el Puerto de Ceuta, cuando intentaba ocultarse en los bajos del camión. Los compañeros del fallecido le organizaron su entierro. Niños enterrando a otros niño. Jóvenes haciéndose cargo de un procedimiento de adultos como es la muerte.

También en su caso, el año 2.018 fue el de mayor número de menores (7.026) que llegaron a España por está vía. En el año 2.021 su número se incrementó respecto a 2.020 y la proporción por sexos se sigue manteniendo donde el 85% de ellos son chicos y el 15% restante son chicas.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para asumir los cambios propuestos por los socios del Gobierno, principalmente antisistemas ( Podemos ) y separatistas ( Bildu e Izquierda Republicana de Cataluña ) ha sido aplazada hasta la siguiente legislatura dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo en una de las exigencias del grupo político catalán que pedía la prohibición del uso de las pelotas de goma en la dispersión de las manifestaciones violentas en la calle, como ellos ya habían hecho con la Policía Autonómica de su Comunidad. Al final, lo que yo creo es que ha sido una excusa del grupo socialista para impedir que saliera adelante la modificación de la ley que ya reflejaba el desarme policial para contener los desórdenes públicos venideros para cuando la derecha gane el poder.

El descontento de los miembros de los cuerpos de seguridad no ha sido tenido en cuenta en ningún momento pese a las reiteradas críticas sobre los cambios ya acordados, de las principales asociaciones y sindicatos que representan sus intereses y las diversas manifestaciones públicas realizadas para dar a a conocer su malestar a la sociedad en general, la grave irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez porque en el trámite parlamentario se ha podido ver la dirección de los cambios que proponían los socios gubernamentales que nada tenían que ver con mejorar la seguridad de los españoles sino más bien con cuotas de poder político para socavar el Estado de Derecho.

De haberse llevado a cabo la modificación prevista para esta ley, los policías habrían estado desarmados -literalmente- ante los retos delincuenciales y las algaradas callejeras. Es inconcebible que se pretenda cambiar una norma y más de la importancia que esta tiene y que debería de aumentar las garantias de seguridad de todos los españoles, sin tener en cuenta a los miembros de los cuerpos policiales encargados de llevar a cabo el mantenimiento y restablecimiento del orden público infringido. A los agentes de la autoridad no se les puede pedir que asuman riesgos innecesarios que pongan en peligro su integridad física y la de sus familiares, como también al resto de los ciudadanos, en beneficio exclusivo de los alborotadores y demás delincuentes violentos.

Estos cambios legales que desde el mismo momento de la promulgación de esta ley en el año 2.015 con un Gobierno del Partido Popular ( PP), los enemigos de la democracia empezaron a denominar como ley mordaza con bastante éxito mediático era más bien con arreglo a su articulado la ley de odio a la Policía por quienes consideran a esta institución como un obstáculo a sus desmanes e iniciativas de protesta. Porque hay que recordar que esta reforma ni era necesaria, ni la demandaba la sociedad, ni mejoraba las condiciones de trabajo de los policías sino más bien al contrario.

El texto mencionado y ya consensuado, incluía despropósitos tales como la toma y difusión de imágenes -sin permiso- de los policías trabajando a discreción y entorpeciendo su actuación para crearles inseguridad jurídica en su labor profesional y facilitando con ello el trabajo de los delincuentes y violentos para acosar y amenazar la vida de los agentes y sus familias. Una medida que llegaba justo en el momento en el que las agresiones a los mismos se han disparado a una media de 30 diarias. Y ahora viene lo bueno: los agentes no podían grabar a los agresores.

Otro de ellos, sería el que las manifestaciones espontáneas no tendrían que ser comunicadas previamente. En concreto, el texto argumentaba que no habría infracción siempre que el ejercicio pacífico de tal derecho precisara de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admitiera demora, siempre que no cause violencia o alteración del orden público. Esta medida hubiera chocado con el artículo 21.2 de la Constitución que señala la obligación de la comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones en los lugares de tránsito público y manifestaciones.

Para los agentes, existía un riesgo mayor y se encontraba en el propósito de limitar la responsabilidad de los incidentes de una concentración o manifestación únicamente a los promotores u organizadores eximiendo así a los que ejercieran actos similares a ellos. Con este cambio, cualquier persona o colectivo que no convocara formalmente un acto público o lo hiciera desde el anonimato de las redes sociales -como hacen habitualmente los agitadores- pero que se dedique a impulsar incidentes o comportamientos sancionables, quedaría impune.

Esta medida, se iba a producir en el peor momento debido al aumento de los incidentes violentos relacionados con los botellones y los comportamientos incívicos vinculados a esta forma de ocio en el que se ocupa el espacio público para la ingesta de alcohol.

Otra de las barbaridades previstas era reducir los tiempos para la identificación y hacer a los policías de taxistas. Las personas que se negaran a identificarse o fueran indocumentadas podían ser retenidas hasta dos horas – 6 horas establecía la norma anterior- para trasladarlas hasta la Comisaría más próxima para realizar los trámites y procedimientos necesarios para saber de quién se trata, debiendo ser devueltas al lugar donde se produjo la intervención. Restando así recursos que van en detrimento de la seguridad del resto de ciudadanos mientras hacen de taxistas para los infractores que van -intencionadamente- indocumentados para entorpecer la labor policial y no ser sancionados por su comportamiento transgresor..

Otro cambio que daba un giro radical a lo establecido, era sembrar la duda sobre los agentes perdiendo el atestado policial la presunción de veracidad pasando así, directamente, a la presunción de culpabilidad, generando la consiguiente inseguridad para los representantes de la ley.

Otra concesión a los independentistas era que el Documento Nacional de Identidad ( DNI ), iba a ser plurilingüe, configurado en las diversas lenguas cooficiales, propias del lugar de residencia del solicitante. O lo que es lo mismo, en vasco, catalán,valenciano, gallego,etc.

También se eliminaba la intención disuasoria de las sanciones económicas para que a partir de entonces, se tendría en cuenta la capacidad económica individual de cada persona. Se contemplaban reducciones del 50% para los que cobraran 1,5 veces menos el salario mínimo interprofesional y del 25% para los que cobraran entre el 1,5 y 2,5 veces menos.

La norma actual establece que el material antidisturbios que se emplee debe de ser el menos lesivo para las personas. Dado que las pelotas de goma han provocado lesiones irreparables en muy contadas ocasiones, ha sido el principal inconveniente con el que ha tropezado la modificación prevista y que ha impedido la aprobación final. Los agentes policiales consideran que hoy por hoy, constituyen un elemento esencial disuasorio en los casos de graves alteraciones de la convivencia.

Otra de las pretensiones que se perseguían era la de evitar los cacheos supuestamente denigrantes y los desnudos integrales estableciendo que en la medida de lo posible se hiciera en lugar reservado y fuera de la vista de terceros a pesar de que es lo que se viene haciendo habitualmente.

Por último, la infracción grave por la posesión de sustancias estupefacientes ( drogas ) aunque no estuvieran destinadas al tráfico en la vía pública y en establecimientos, pasaba a infracción leve, perdiendo así cualquier efecto disuasorio.

Este proyecto de reforma se inició en diciembre de 2.019 y desde entonces se encontraba atascado en el trámite parlamentario, sin visos de avanzar -como así ha sido- porque los principales partidos que se han autodenominado bloque de investidura no se han puesto de acuerdo en los aspectos claves: rechazos en frontera ( devoluciones en caliente ), el empleo de las pelotas de goma y la presunción de veracidad de los atestados policiales.

A veces, hasta ocasionaban admiración, verdaderos granujas que se pasaban la vida engañando con la palabra y la caradura. Me refiero a esos pícaros que con una habilidad pasmosa se adaptaban a los tiempos que les tocaba vivir. Ahora, el invento ese de internet y su empleo masivo por la población, les está llevando a una indeseada decadencia que les conducirá hasta la desaparición.

Este invento español que ha sorteado múltiples peligros durante siglos, la picaresca, perecerá, no por la labor policial sino por un instrumento que la modernidad ha creado para que no salgamos de casa, dejemos de relacionarnos con los familiares, vecinos y compañeros de trabajo. Así, nunca nos tropezaremos con un jeta profesional.

Ahora, esta modalidad delictiva, se hace vía electrónica, ( on line, dicen ), donde su número se ha disparado y apenas se pueden detener a sus autores porque suelen estar en el extranjero. Son los que ya conocemos como ciberdelincuentes. Utilizan las tecnologías de la información. Los fraudes más habituales son: recibir correos falsos de entidades financieras o instituciones oficiales donde se solicitan datos personales y claves y contraseñas bancarias: también pueden usar la vía telefónica con los mismos fines; crear páginas electrónicas para la venta de productos que cobran al contado y no remiten nunca; falsos alquileres, especialmente en la costa que tras cobrar la reserva desaparecen; inexistentes virus en el ordenador; falsas ofertas de empleo y así unas cuantas más.

El timo que estafa y defrauda tiene un extenso y variado recorrido entre nosotros. Si iniciáramos una clasificación desde la óptica policial, el trile la encabezaría, sin ninguna duda. Aunque sin desmerecer por supuesto, al tocomocho o la genuina estampita. Estos tres sistemas de engaño son los clásicos de la materia, verdaderas artes a los que ninguno nos gustaría ser los protagonistas, poniendo de manifiesto el peligroso poder de la palabra, base del engaño. He actuado, en alguna ocasión, como aquel mirlo blanco que sueñan que acuda y que no esperan que sea Policía y acaben malamente.

No hay que buscar mucho en la historia de la timoteca nacional para encontrarnos con casos en los que con mucha palabrería y recursos dramáticos, se vendía un imaginario país centroamericano, donde fuera menester. El del la cara del inocentón que con disfraz de julay, ( incautos ), excita la codicia de sus víctimas. Teatrillo que mostraba la maestría de mentir con mucho arte. Las historias que comparten la impunidad de la que gozan los defraudadores sobre sus víctimas ya que se repite, allá donde esté el engañabobos, la del cazador cazado.

Están también, los vendedores de La Luna y la del truhán que colocó la Torre Eiffiel, un par de veces. La confianza de los desesperados en encontrar la salvación interior en cualquier credo religioso o las apariciones de numerosos santos y vírgenes. El fraude piramidal, tan viejo pero en vigor, donde la avaricia inversora y rápidos beneficios que ciegan la voluntad, pivotan sobre el desmoronamiento de la montaña donde sacan tajada siempre los de arriba. En esta tropa de defraudadores, no faltan falsos sultanes; magos listos; robabancos y de museos, con chaqueta y corbata. También, herederos de cualquier trono europeo.

A estos ladrones de confianzas y dineros, les atraían especialmente, el poder, la aristocracia y el negocio financiero. Su conducta criminal es compulsiva y de difícil cura. Es frecuente que quienes estafan con palabras y obra, repitan sus fechorías al poco de salir de la cárcel, si es que los pillan. Tienen el mismo patrón de conducta que los delincuentes sexuales.

Habría que seguir en la lista de engaños con la ciencia, descubrir lo insólito y arrogarse patentes de inventos ajenos. Continuando con la fe, creer en lo intangible; falsos dioses; gurús de mercadillo; reliquias de saldo y los milagros que sustentan demasiadas religiones centran más relatos fascinantes.

Dicen, que el mejor negocio del mundo es pagar en rezos y cobrar en metálico. Las donaciones diezmos y testamentos son medulares en ciertas organizaciones religiosas y así mantienen el fervor espiritual, basculando sobre la muerte, el infierno-paraíso, perdón de maldades y demás sustantivos. Ese miedo es un activo muy rentable.

Todo lo relatado hasta aquí, por increíble que parezca les aseguro que es cierto. La impostura del defraudador. la debía de ensayar frente al espejo, estoy seguro de ello. En tiempos pasados, cuando no había espejos, el engaño en cuestión, realizado con labia y artes dramáticas nos servían para confirmar, una vez más, que la vida es puro teatro cuyos actores principales eran estos personajes.

Los españoles, llevamos ya más de 50 años oyendo esta cantinela y ya me dirán ustedes donde estaba el problema para tener que matar a tantos ciudadanos indefensos. Algunos jóvenes vascos, se equivocaron de época y de país, para tratar de imponer con la violencia, una ideología desfasada ( el marxismo-leninismo) y una independencia territorial ( separación de España ) que no lograba pasar de la fase de quimera.

Pero en las revoluciones del siglo pasado, nacidas en su mayor parte de procesos descolonizadores, donde los comunistas tenían unas oportunidades únicas para llevar a las masas a su redil, no eran aplicables en un sitio como España en pleno desarrollo industrial, con las necesidades básicas de la población cubiertas y con el Estado extendido hasta el último rincón de la geografía nacional. Solamente el refugio francés, permitió que estos aprendices revolucionarios de Facultad universitaria tuvieran tan larga vida.

Como tenían que justificar sus acciones terroristas, empezaron a crear un lenguaje nuevo y adecuado a sus propósitos. Aspiraciones irredentas, sometimiento autoritario, tradiciones perseguidas y así hasta llegar a las palabras adecuadas. Empezaremos por conflicto. ¿ Dónde estaba la disputa ?. Unos cachorros burgueses aburridos, irradiados por los Castro cubanos y los argelinos independentistas, que se tiran al monte y desafían a la autoridad competente, en este caso el franquismo, en todo su esplendor. Que esperaban conseguir: ¿ derrocar a Franco ?. ¿ Vengar a los abuelos derrotados en la Guerra Civil ?…

¿ Iniciaron una guerra, entonces ?. Guerra sería la segunda palabra. ¿ Quién ponía los carros de combate, la artillería, la aviación… ?. ¿ Donde estaban los del lado criminal…. en una lonja ?. No se podía hacer un ridículo mayor en todos los folletos que distribuían y con una mentalidad tan alejada de la realidad. Estos, eran los salvadores de la sacrificada clase trabajadora vasca por cuya reivindicación de derechos pisoteados, se habían alzado.

¿ Hay ahora paz cuando ya no matan a nadie ?. Paz, sería la tercera palabra. De difícil encaje, si no hubo guerra más allá de mentes calenturientas que vivían una realidad paralela, fruto de la burbuja que se habían construido. Más bien paz de error, de equivocación, de saber que estaban en un camino sin salida, en una espiral de violencia que no les llevaba a ninguna parte y lo que es peor, al rechazo de la mayor parte de la sociedad vasca, a la que decían defender sin que nadie se lo hubiera pedido.

Entonces ¿ qué es lo que hubo durante tantos años de plomo ?. Terror, mucho terror. Víctimas, muchas víctimas. Dolor, mucho dolor. Dos bandos enfrentados, en los que unos ponían los muertos y otros los asesinos. Casi un millar de Policías y Guardia Civiles; Policías Locales; Militares y ciudadanos anónimos, calificados de chivatos porque tomaban café con un Guardia Civil, con el que compartieron su adolescencia en el mismo pueblo.

Por eso, es por que será recordada ETA, como la última banda de criminales de Europa, unos aldeanos con pistolón, una cuadrilla de asesinos ensimismados que quieren cerrar página, olvidándose de que aún quedan más de 300 familias, que están esperando saber quién señaló, quién disparó o quién colocó los explosivos que le quitaron la vida a sus padres, hermanos, hijos o familiares.

El Estado, debería de reconocer que tiene una deuda con ellos, con las víctimas, y que no contribuya en nada para que los autores de verdaderas masacres, queden impunes y en el olvido. Y encima, tolera que algo que es inconcebible en cualquier mente por retorcida que parezca, como es que estos matones, sean recibidos en sus pueblos como héroes, tras su salida de prisión, con acompañamiento de incluso niños, que están siendo educados en el siniestro valor del crimen organizado.

Si no bastara con eso, el Gobierno de la Nación, formado por una coalición socialcomunista que no se cansa de repetir a la menor oportunidad que tenga, lo progresista que es, no para de hacer cambalaches con las leyes para beneficiar a los terroristas. Debería de explicar, qué clase de progreso hay en alcanzar el poder, con el apoyo de partidos separatistas e independentistas que reclaman privilegios nacidos de la tierra y del origen, contrarios a la igualdad de los españoles reconocida en nuestra Constitución.

También, cómo ha podido llegar tan lejos como es exhibir sus alianzas con los verdugos de hasta sus propios militantes, que aplaudían y celebraban los asesinatos y que han pasado de la capucha al escaño. Y ya el colmo es aceptar el apoyo a los presupuestos generales del Estado a cambio de presos. Además tiene en su agenda legislativa, incluida una reforma del Código Penal para reducir las condenas a los criminales de ETA.

Esta política, choca de manera frontal, con las conclusiones del informe de la delegación del Parlamento Europeo que visitó el País Vasco en noviembre de 2.021, en las que se califica a ETA como organización terrorista, que actuó con violencia extrema y cuyos crímenes podrían considerarse delitos de lesa humanidad.

El documento, incluye también una de las principales peticiones de las víctimas: un cambio legal para que los terroristas colaboren en la resolución de los asesinatos sin juzgar y su vinculación con los beneficios penitenciarios, de manera que solo se otorguen a quienes ayuden a esclarecer dichos casos.. Y que se persigan los recibimientos a ex-presos de glorificación pública porque solo producen dolor y suponen una humillación para los familiares de los asesinados. También pide al Gobierno español que, las investigaciones judiciales agoten las posibilidades que contempla el Derecho Penal para poder llegar así a los autores intelectuales y materiales de los atentados no resueltos.

Solamente con la verdad y la justicia, se podrá reparar a las víctimas de estos descerebrados que a través de su formación política, Bildu, sostienen al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Y para los que piensan que ETA desapareció en 2.011 y hay que ser generosos con las secuelas del terrorismo, recordarles que los criminales dejaron de matar pero ETA no ha muerto. Lo hará cuando colabore a resolver los centenares de atentados pendientes y repare a las víctimas. Cuando esto pase, entonces sí podremos decir que ETA desapareció de nuestras vidas.

En diciembre de 2.017, 25 de las antiguas guerrilleras de las hoy oficialmente extintas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas por sus siglas FARC; crearon en su país la Corporación Rosa Blanca, para destapar la verdad más cruda de lo que ocurría en el seno de la banda terrorista, para exigir justicia y ayudar a las miles de chicas que sufrieron violencia sexual durante el reclutamiento infantil que vivieron e intentan superar los horrores que padecieron.

Comenzaron iniciando una investigación, con la publicación de una lista que contenía los nombres de los 25 mayores reclutadores, violadores y abortistas de las FARC. En ella, figuraban cinco senadores de Fuerza Alternativa del Común, partido político creado por la guerrilla y que encabezaba su líder máximo, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido por su alias de Timochenko.

Dado que estos abusos no se consideran acciones relacionadas con el conflicto armado,. tanto el entonces Presidente de la Republica, Iván Duque, como la Corporación Rosa Blanca, eran partidarios de enviarlos a la justicia ordinaria y sacarlos de la Comisión Política Justicia Especial para la Paz; pero dada la posición minoritaria del bloque aliado del Gobierno, esta propuesta, no se logró aprobar en el debate de las Cámaras Legislativas.

Hay testimonios de víctimas demoledores, como el de una joven de 15 años, que perdió la cuenta de las veces que la violaron. Otro, de una niña con solo 10 años, que tras ser forzada por su comandante, llegaron unos cuantos más que no pudo contar.

Para Timochenko, allí no se cometió delito alguno, no se abusaba a nadie y no se actuaba con violencia porque era una relación carnal consentida, como ocurre en la vida ordinaria del campo, donde las niñas comienzan su vida sexual a los 10 u 11 años; que conocía casos de niñas que se fueron a la guerrilla porque su madre las iba a vender y obligar a tener relaciones íntimas con personas mayores, por lo que entrar en la organización algunas lo veían como una salvación.

Las afectadas por estas declaraciones, las consideran la manera más vil y descarada de justificar estos atropellos. A ellas, no les quedaba más remedio que someterse porque las podían matar. El comandante de turno, era siempre el primero y luego dejaba que fuesen los demás. Las denunciantes, van ahora con escolta por las amenazas que reciben porque los antiguos guerrilleros no aceptan que sean libres y no las puedan callar.

Junto a la captación infantil y las violaciones, también la Corporación Rosa Blanca, quiere visibilizar el drama de los abortos forzados. Pese al tiempo transcurrido, lo que más duele a las víctimas y siguen llorando su tragedia, son la pérdida de sus bebés. Las normas internas de las FARCS provocaron el asesinato de incontables criaturas porque negarse a hacerlo, suponía la muerte, el ser ejecutada. Muchas jóvenes ocultaban los embarazos hasta que era imposible disimularlo. Querían tener a sus hijos pero no las dejaban.

Rosa Blanca, pretende que se pueda garantizar la reparación integral de las víctimas para contar la verdad sobre los hechos ocurridos dentro del grupo criminal y que se asuman las correspondientes responsabilidades. Para el mundo feminista colombiano, esos delitos sexuales son de lesa Humanidad ante los que hay que responder por lo que hicieron.

El Informe La Guerra Inscrita en el Cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano, ha analizado 277 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. En el mismo, las FARCS aparecen como perpetradoras en 37 casos que suponen el 13% de los estudiados; una guerrilla sin especificar, en 45 que serían el 16,2% y otro actor armado sin concretar, en 35 ocasiones que sería el 12,6%.

De igual forma, según el Observatorio de Memoria y Conflicto COMC) del mismo Centro Nacional, 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron utilizados por los distintos grupos armados. El 25,89% eran chicas y el 71,27% eran chicos.

Esta es una muestra más de que la paz no enterró la violencia en Colombia. Más un lustro después del acuerdo, los desplazados se cuentan por millares, los asesinatos de líderes sociales no han terminado, muchos guerrilleros que abandonaron las armas han perdido la vida y las masacres no cesan.

Casi seis años han pasado ya desde aquel 24 de noviembre de 2.016, en el que el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos y el principal responsable de las FARCS, Timochenko; firmaron en Bogotá el Acuerdo de Paz, en medio de la alegría de muchos colombianos pero también con el rechazo de otros tantos que habían votado NO al proceso, en una consulta que tuvo una abstención del 63%. Intentaba así Colombia poner punto final a un conflicto de casi 60 años que a Santos le supuso conseguir el premio Nobel de la Paz pero la violencia no ha desaparecido del país.

Un informe de COHDES, organización que defiende los derechos humanos, dice que el delito que más ha aumentado en Colombia es el de los desplazados, personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares con 75.000 víctimas; que el año pasado se produjeron 90 masacres y que más de 200 exguerrilleros y unos 1.200 dirigentes sociales fueron asesinados.

Los defensores del Proceso quieren resaltar que hay un hecho consolidado y que a veces se olvida, como es que las FARCS dejaron las armas, estas fueron destruidas y hoy es un partido político en paz. Pero para un mejor desarrollo del conflicto, falta por afrontar tres temas esenciales: la reforma política no existe y este es un tema crucial; en segundo lugar, la jurisdicción especial de paz que, pese a las dudas planteadas, ha recibido el espaldarazo del Fiscal de la Corte Penal Internacional, al reconocer que cumple con los indicadores internacionales; y, en tercer lugar, el tema agrario que es crítico. En Colombia, el origen del conflicto se sitúa en el campo y el campo ha permitido que perdure. Lo que buscó la Reforma Rural Integral es la presencia del Estado y tierra para vivir de una forma digna a muchas familias campesinas.

Los detractores en cambio, afirman que resulta difícil señalar un solo aspecto de por qué Colombia no ha podido lograr el objetivo principal del Proceso de Paz. Dicen que hubo una especie de de autosatisfacción del Gobierno de Juan Manuel Santos con la sola firma y poco o nada hizo después para asegurar su recorrido. La firma del acuerdo y el Nobel recibido en ese sentido, fueron tomados como puntos de llegada y faltaba lo más difícil. Y en esas se está ahora, en una pelea de defensores y enemigos del acuerdo, cuando en realidad, se debería de tratar de un propósito nacional que se pueda blindar del uso político. Se trata de una tarea difícil porque en su momento, en el plebiscito ganó el NO y los votantes sienten todavía que se burló su decisión y se impuso por un camino poco democrático.

El actual Presidente de Colombia, Gustavo Petro, elegido en junio del pasado 2.022, llegó a formar parte de la dirección del grupo terrorista de su pais Guerrilla Urbana M 19 y no consta que actuara en actos de violencia y secuestro pero la organización a la que perteneció sí, usando el terror bajo el lema de que el fin justificaba los medios. Sus socios políticos de las FARC que le han ayudado a ganar las elecciones presidenciales, han sido una de las guerrillas más criminales de esa nación hermana, con alistamientos de unos 18.000 menores durante cinco décadas y hasta el año 2.016, de los cuales el 75% no llegaba a 15 años.

La Jurisdicción Especial para la Paz está ahora tratando de resolver algunas impugnaciones que la tienen paralizada y es el órgano político encargado de investigar los crímenes más atroces cometidos por las FARC, especialmente los relativos a los menores que sufrieron violaciones, secuestros y torturas. En su dia, estos delitos fueron acreditados con centenares de testigos y fueron calificados como crímenes de lesa humanidad. Ante esto el Presidente Petro calla. No dedica medios, esfuerzo o declaración pública de reconciliación y justicia. Lo que denota una desidia silenciosa de vergonzante complicidad con los sucesos más ignominiosos de la historia de Colombia.

Cuando finalizaba el pasado y frío mes de enero, conocimos el procesamiento de 45 agentes de las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional por su actuación durante el referéndum separatista ilegal ocurrido el 1 de octubre de 2.017 en Cataluña. Las acusaciones judiciales en su contra van desde posibles delitos de torturas, contra la integridad moral o lesiones, de acuerdo con la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Barcelona que ha durado cinco años, por los enfrentamientos habidos en 25 escuelas de la ciudad condal y cuyos ocupantes se negaban a retirar las urnas ilícitas allí instaladas. Otros 20 miembros de estas Unidades han quedado exonerados. Este procedimiento se inicia a raiz de las denuncias presentadas por el gobierno autonómico catalán y el Ayuntamiento de Barcelona por lo que ambas entidades entendían como desproporcionada acción policial.

Conviene recordar en este momento que los Policías trataban de que se cumpliera una resolución del Tribunal Constitucional que prohibía su celebración. Es de agradecer que el juez descartara imputar a los agentes por los daños ocasionados en las escuelas y por ese motivo, expulsa al gobierno autonómico del procedimiento donde se había personado como acusación particular, en su calidad de titular de los centros educativos afectados. Resulta llamativo también que no se haya imputado a ningún activista o votante de ese referéndum por atentado a la Policía o desobediencia grave a agentes de la autoridad ya que de haber seguido las indicaciones policiales no se habría recurrido al empleo de la fuerza y evitado así todo incidente.

Igualmente, es necesario mencionar que algunos de los responsables de aquellos actos han sido indultados y otros han visto archivadas o sobreseídas sus causas judiciales como parte de la política de este gobierno social-comunista para desactivar el violento proceso independentista catalán que está llevando a la ruina social y al enfrentamiento de los habitantes de esta región tan española. A la debacle económica no porque a pesar de la pésima gestión autonómica de esta administración regional golpista, el gobierno de la nación se encarga de inyectarle periódicamente, las suficientes partidas económicas para que no se vayan a la debacle social, enmascarándolas en los más diversos motivos. Me estoy refiriendo a miles de millones de euros. Sí, a miles.

Hasta este momento, el Ministro del Interior no se ha dignado abrir la boca en un sentido u otro, como si la feria no fuese con él. Los que sí han puesto el grito en el cielo como es su deber, es el conjunto de los sindicatos policiales que se han mostrado indignados porque no se ha salido en su defensa o por abandonarlos a su suerte. También, su estupefacción porque no se pueden enviar a agentes policiales a mantener el orden constitucional y ahora van a ser juzgados por hacer su trabajo como es el cumplimiento de la ley, mientras que el fuego de los contenedores de basura corría por las calles de Cataluña y los agentes trataban de protegerse de la lluvia de piedras que caían sobre sus cabezas. A causa de estas violentas agresiones muchos Policías resultaron heridos e incluso, alguno de ellos, tuvo que ser jubilado a causa de las lesiones sufridas.

El gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera ha tenido la decencia de agradecer estos servicios que realizaron miles de Policía y Guardias Civiles en defensa de la unidad de España y la prevalencia de la democracia. Al revés, en los debates parlamentarios se ha mofado de ellos, llamándolos piolines.

La acusación particular de este procedimiento la realiza el gobierno autonómico catalán a modo de venganza por su fracasado proyecto separatista y como manifestación de su odio a los Cuerpos Policiales Estatales, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil que sabe que siempre serán un obstáculo para el incumplimiento de la ley y del orden constitucional.

Aunque ningún comunista lo va a reconocer y bastantes socialistas radicales tampoco, en Cuba brilla la desesperación por lo que ocurre a diario en el país, donde sobrevivir es todo un reto, dada la carencia de los más elementales productos básicos tales como la leche, las medicinas… Reina el desencanto y el pesimismo después de creer en una revolución violenta que se hizo hace más de 60 años, que les iba a llevar directamente al paraíso terrenal porque lo que sí han conseguido aquellos charlatanes de feria es conducir a una joya caribeña llena de posibilidades y expectativas, a la desesperación de sus habitantes y a la ruina más absoluta.

Los procesos de depuración en Cuba, se llamaron parametración porque había una serie de parámetros establecidos por las autoridades que si no los cumplías porque eras homosexual, religioso o desafecto quedabas fuera del sistema y así fue marginada mucha gente. Se ha llamado el quinquenio gris o el decenio negro pero sus efectos fueron mucho más largos. Fue en los años setenta del siglo pasado y donde el miedo se había transformado en pavor.

En la actualidad, la situación política y económica de Cuba es la misma que hace seis décadas, cuando estalló la revolución armada y la victoria comunista estableció una dictadura que perdura gracias a la represión de su población, pero la sociedad ha cambiado. Con el acceso a internet y las plataformas digitales, hay un nivel de información que no existía con anterioridad. Antes, para poder viajar al extranjero había que pedir permiso. Si era por motivos profesionales, necesitabas algo que solamente el nombre espanta porque se llamaba carta de liberación, como si fueras un esclavo. Memos mal que esas cosas ya han desaparecido.

La gente, sigue pensando en marcharse tras tanto desencanto y frustración y hay una gran crisis migratoria. La protagonizan, sobre todo, las personas jóvenes. Ahora, se ha complicado mucho irse a España o Estados Unidos pero la gente sigue saliendo. Se está usando un canal por el que, en los últimos seis meses, alrededor de 60.000 cubanos, utilizan la vía de Nicaragua porque no les piden visado. Empiezan desde allí, la ruta terrible de atravesar toda Centroamérica para llegar a la frontera norteamericana, la famosa ruta de los coyotes.

Esto está provocando un empobrecimiento demográfico y profesional al marcharse los que están mejor preparados y que además tengan acceso a los 10.000 dólares ( equivalente a 10.320,30 euros ) que cuesta el viaje hasta llegar a su destino final. Reunir esta cantidad de dinero en la isla está lleno de dificultades porque aún vendiendo todo su patrimonio ( casa, muebles, ropa, electrodomésticos…) no lo consiguen y necesitan la ayuda de algún conocido o familiar que tengan en Estados Unidos. Los que no pueden escapar de esa isla-prisión se quedan con el dolor de ver partir a sus seres queridos.

Es un drama que ha acompañado a la historia de Cuba desde sus orígenes independentistas. Durante la civilización española llegó a a ser la joya del imperio y la última tierra americana que se perdió por la intervención de Estados Unidos, que se inventó una guerra para apropiársela. Desde la revolución, es la derrota de una generación, algo muy duro.

La carestía de los bienes indispensables para poder vivir hace que el día a día los lleve a una situación dramática. Falta de todo: alimentos, medicinas, artículos de higiene y sobran los frecuentes apagones eléctricos que complican aún más la vida tan difícil que sufren. Existe un mercado negro donde se compran las cosas que necesitas al precio que te pidan. La inflación es brutal. Hay escasez de combustible y mucha desesperación. Han perdido la esperanza en una vida mejor que el régimen comunista cubano es incapaz de dar y cuando se pierde la ilusión, la gente trata de buscarla donde sea. La tristeza se atisba grande en el estancamiento de Cuba.

La población cubana vive una vida muy ajustada y cualquier trabajo no les da para vivir. Igual ocurre con la jubilación. Nadie puede vivir con dignidad con el salario de su trabajo y debe de realizar actividades laborales complementarias. Eso da una idea de lo que allí está ocurriendo. En estos momentos, la situación económica es muy tensa y el régimen no sabe como salir de este estado porque supondría admitir su fracaso histórico, la muerte de su ideología y el cambio hacia el capitalismo para poder hacer los grandes cambios económicos necesarios.

La Cuba actual está en una situación muy crítica. El desgaste del sistema, la falta de perspectivas, la ausencia de posibilidades y la necesidad urgente de reformas profundas que se han negado durante demasiados años y que ha dejado heridas graves tapadas con tiritas. Cuba sigue sangrando sin parar y eso ha provocado esta hemorragia. Los jóvenes están buscando un sueño que en Cuba no ven porque como no hay futuro, se van.

El año 2.021, hubo grandes manifestaciones de protesta por el colapso del sistema cubano que fue reprimido con extrema violencia, con el resultado de numeroso heridos y detenidos que han sido condenados, a manera de escarmiento, a penas muy fuertes para que la gente se lo piense de nuevo a la hora de lanzarse a las calles. Los mayores están desapareciendo y se están muriendo con esa extraña consciencia de que el proceso histórico de reversión no lo van a ver. Si se diera esa posibilidad a la que inevitablemente tienen que ir los cubanos, ya no van a estar.

Nos alejamos del momento primordial de la pasada Navidad y tres familias no pudieron celebrarla porque uno de sus miembros principales había decidido evitarla. Me estoy refiriendo a esos tres servidores públicos que en el curso de unos dias del mes de diciembre, decidieron quitarse la vida porque ya no merecía la pena continuarla. Dos policías nacionales y una guardia civil, todos ellos con hijos menores, aprovechando la posibilidad de una muerte rápida, utilizaron su arma reglamentaria para acabar con el suplicio interior que ya los estaba matando poco a poco. Y ella terminó, además, con la vida de sus dos hijas.

Aquellos dias próximos a finalizar el año, además de conmocionar a toda España, hizo aflorar una lacra que azota a los Cuerpos Policiales del Estado, habitualmente en silencio y con mucha discreción. La tasa de suicidios entre la Policía y la Guardia Civil durante la última década supera en un 60% la media nacional. Esta tasa, entre 2.013 y 2.022, fue de 13,3% por cada 100.000 habitantes frente al 8,3% de la población general.

Todo el mundo sabe que trabajar en la Policía es a menudo difícil y complicado. El ritmo de trabajo suele ser fuerte, las responsabilidades muchas y el margen de error inexistente. El policía debe de mantenerse siempre en estado de vigilancia para poder reaccionar de manera instantánea a las incidencias que se le presentan. Hay turnos de trabajo que son agotadores, bien sea de día o de noche, porque la seguridad pública debe de estar garantizada las 24 horas del día.

Reconociendo que más allá de cierto límite no hay nada que hacer o muy poco para reducir las tensiones que se producen en muchos servicios policiales, se carece de formación inicial para poder combatir esta clase de problemas. Al personal policial no se le enseña a estar preparado para enfrentarse al estrés cotidiano, esté o no relacionado con su trabajo. Desconocen los diferentes métodos existente para luchar contra la ansiedad para evitar que la misma se convierta en un obstáculo en su vida diaria.

Algunas veces, el policía no puede por si mismo hacer frente al problema de agobio y necesita la ayuda psicológica especializada, tanto para ellos como para sus familiares, para poder superar cualquier situación crítica que les pueda llevar al alcoholismo o al fracaso matrimonial como ahora parece haber ocurrido. O a la inversa como en otras ocasiones pasa. Sea por una razón u otra, hay que decidir así si es capaz de continuar con su trabajo o debe darse de baja para su servicio ordinario para poder retirarle la pistola que tenga asignada.

Hace dos años, ante la intensidad de los casos de este tipo de muerte en los cuerpos policiales, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, puso en marcha el Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Conducta Suicida en la Policía y la Guardia Civil que no ha logrado reducir el número de fallecidos en ambos cuerpos. Las cifras asustan por sí mismas : cada año, casi 20 miembros de una u otra institución policial se quitan la vida. En el año 2.021, se suicidaron 34 agentes, 17 en cada cuerpo de seguridad. En el pasado año 2.022, 13 guardias civiles y 8 policías nacionales han seguido el mismo camino.

Las circunstancias personales están detrás del 95% de estos casos de fallecimiento pero el estrés laboral, el acceso fácil a las armas o las experiencias traumáticas en su trabajo empeoran o desencadenan la tragedia.

Frente a esto, los sindicatos policiales insisten en desarrollar más el Plan de Prevención ya existente porque los recursos asignados son insuficientes ( la Guardia Civil apenas dispone de 50 psicólogos para 83.000 guardias ) y también en aumentar los Puntos de Atención en la Policía Nacional. Ambas carencias motiva que los guardianes de nuestra seguridad confundan el suicidio con una salida a sus problemas.

En julio de 2.018, la Guardia Civil puso en marcha un protocolo de actuación frente a conductas anómalas y hay un grupo de trabajo con las asociaciones profesionales pàra redactar una Orden General ( Instrucción ). En 2.020, la Policía estableció el Plan de Promoción de la Salud Mental que creaba los Equipos de Intervención Psicosocial que da servicio las 24 horas todos los dias del año.

Hasta ahora, conseguir datos sobre estos suicidios era un tema tabú y solo se facilitaba la cifra genérica. Este gobierno socialcomunista que un día sí y otro también no para de presumir de transparencia, niega las demás circunstancias de estos lamentables hechos, la edad de las víctimas, su sexo y la provincia de destino de los agentes. Explica que no puede detallarlos porque a estos datos pudiera serle de aplicación, las cautelas recogidas en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre Secretos Oficiales de 11 de mayo de 2004, al encontrarse los mismos clasificados como materia reservada con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales.

Hasta el año 2.020 lo poco que se conoce, se debe -curiosamente- a una pregunta parlamentaria del diputado de EH BILDU, Jon Iñarritu, cuya respuesta se publicó en en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados y era bastante alarmante: casi 400 agentes de los cuerpos policiales del Estado, se habían quitado la vida en las dos últimas décadas. La Guardia Civil era la organización policial que más había sufrido esa lacra, con 235 casos y la Policía Nacional 160.

En el mundo policial, es muy frecuente que un agente conozca a algún compañero que se ha quitado la vida con su arma reglamentaria y se está llegando en la actualidad a una media de suicidios cada vez mayor. Y todos nos sentidos dolidos cuando el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 9 de septiembre de 2.020 lamentó en un Pleno del Senado públicamente el suicidio en prisión de un etarra, cuando no lo ha hecho por ninguno de los agentes fallecidos.