LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO HA CONSEGUIDO PODEMOS.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para asumir los cambios propuestos por los socios del Gobierno, principalmente antisistemas ( Podemos ) y separatistas ( Bildu e Izquierda Republicana de Cataluña ) ha sido aplazada hasta la siguiente legislatura dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo en una de las exigencias del grupo político catalán que pedía la prohibición del uso de las pelotas de goma en la dispersión de las manifestaciones violentas en la calle, como ellos ya habían hecho con la Policía Autonómica de su Comunidad. Al final, lo que yo creo es que ha sido una excusa del grupo socialista para impedir que saliera adelante la modificación de la ley que ya reflejaba el desarme policial para contener los desórdenes públicos venideros para cuando la derecha gane el poder.

El descontento de los miembros de los cuerpos de seguridad no ha sido tenido en cuenta en ningún momento pese a las reiteradas críticas sobre los cambios ya acordados, de las principales asociaciones y sindicatos que representan sus intereses y las diversas manifestaciones públicas realizadas para dar a a conocer su malestar a la sociedad en general, la grave irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez porque en el trámite parlamentario se ha podido ver la dirección de los cambios que proponían los socios gubernamentales que nada tenían que ver con mejorar la seguridad de los españoles sino más bien con cuotas de poder político para socavar el Estado de Derecho.

De haberse llevado a cabo la modificación prevista para esta ley, los policías habrían estado desarmados -literalmente- ante los retos delincuenciales y las algaradas callejeras. Es inconcebible que se pretenda cambiar una norma y más de la importancia que esta tiene y que debería de aumentar las garantias de seguridad de todos los españoles, sin tener en cuenta a los miembros de los cuerpos policiales encargados de llevar a cabo el mantenimiento y restablecimiento del orden público infringido. A los agentes de la autoridad no se les puede pedir que asuman riesgos innecesarios que pongan en peligro su integridad física y la de sus familiares, como también al resto de los ciudadanos, en beneficio exclusivo de los alborotadores y demás delincuentes violentos.

Estos cambios legales que desde el mismo momento de la promulgación de esta ley en el año 2.015 con un Gobierno del Partido Popular ( PP), los enemigos de la democracia empezaron a denominar como ley mordaza con bastante éxito mediático era más bien con arreglo a su articulado la ley de odio a la Policía por quienes consideran a esta institución como un obstáculo a sus desmanes e iniciativas de protesta. Porque hay que recordar que esta reforma ni era necesaria, ni la demandaba la sociedad, ni mejoraba las condiciones de trabajo de los policías sino más bien al contrario.

El texto mencionado y ya consensuado, incluía despropósitos tales como la toma y difusión de imágenes -sin permiso- de los policías trabajando a discreción y entorpeciendo su actuación para crearles inseguridad jurídica en su labor profesional y facilitando con ello el trabajo de los delincuentes y violentos para acosar y amenazar la vida de los agentes y sus familias. Una medida que llegaba justo en el momento en el que las agresiones a los mismos se han disparado a una media de 30 diarias. Y ahora viene lo bueno: los agentes no podían grabar a los agresores.

Otro de ellos, sería el que las manifestaciones espontáneas no tendrían que ser comunicadas previamente. En concreto, el texto argumentaba que no habría infracción siempre que el ejercicio pacífico de tal derecho precisara de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admitiera demora, siempre que no cause violencia o alteración del orden público. Esta medida hubiera chocado con el artículo 21.2 de la Constitución que señala la obligación de la comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones en los lugares de tránsito público y manifestaciones.

Para los agentes, existía un riesgo mayor y se encontraba en el propósito de limitar la responsabilidad de los incidentes de una concentración o manifestación únicamente a los promotores u organizadores eximiendo así a los que ejercieran actos similares a ellos. Con este cambio, cualquier persona o colectivo que no convocara formalmente un acto público o lo hiciera desde el anonimato de las redes sociales -como hacen habitualmente los agitadores- pero que se dedique a impulsar incidentes o comportamientos sancionables, quedaría impune.

Esta medida, se iba a producir en el peor momento debido al aumento de los incidentes violentos relacionados con los botellones y los comportamientos incívicos vinculados a esta forma de ocio en el que se ocupa el espacio público para la ingesta de alcohol.

Otra de las barbaridades previstas era reducir los tiempos para la identificación y hacer a los policías de taxistas. Las personas que se negaran a identificarse o fueran indocumentadas podían ser retenidas hasta dos horas – 6 horas establecía la norma anterior- para trasladarlas hasta la Comisaría más próxima para realizar los trámites y procedimientos necesarios para saber de quién se trata, debiendo ser devueltas al lugar donde se produjo la intervención. Restando así recursos que van en detrimento de la seguridad del resto de ciudadanos mientras hacen de taxistas para los infractores que van -intencionadamente- indocumentados para entorpecer la labor policial y no ser sancionados por su comportamiento transgresor..

Otro cambio que daba un giro radical a lo establecido, era sembrar la duda sobre los agentes perdiendo el atestado policial la presunción de veracidad pasando así, directamente, a la presunción de culpabilidad, generando la consiguiente inseguridad para los representantes de la ley.

Otra concesión a los independentistas era que el Documento Nacional de Identidad ( DNI ), iba a ser plurilingüe, configurado en las diversas lenguas cooficiales, propias del lugar de residencia del solicitante. O lo que es lo mismo, en vasco, catalán,valenciano, gallego,etc.

También se eliminaba la intención disuasoria de las sanciones económicas para que a partir de entonces, se tendría en cuenta la capacidad económica individual de cada persona. Se contemplaban reducciones del 50% para los que cobraran 1,5 veces menos el salario mínimo interprofesional y del 25% para los que cobraran entre el 1,5 y 2,5 veces menos.

La norma actual establece que el material antidisturbios que se emplee debe de ser el menos lesivo para las personas. Dado que las pelotas de goma han provocado lesiones irreparables en muy contadas ocasiones, ha sido el principal inconveniente con el que ha tropezado la modificación prevista y que ha impedido la aprobación final. Los agentes policiales consideran que hoy por hoy, constituyen un elemento esencial disuasorio en los casos de graves alteraciones de la convivencia.

Otra de las pretensiones que se perseguían era la de evitar los cacheos supuestamente denigrantes y los desnudos integrales estableciendo que en la medida de lo posible se hiciera en lugar reservado y fuera de la vista de terceros a pesar de que es lo que se viene haciendo habitualmente.

Por último, la infracción grave por la posesión de sustancias estupefacientes ( drogas ) aunque no estuvieran destinadas al tráfico en la vía pública y en establecimientos, pasaba a infracción leve, perdiendo así cualquier efecto disuasorio.

Este proyecto de reforma se inició en diciembre de 2.019 y desde entonces se encontraba atascado en el trámite parlamentario, sin visos de avanzar -como así ha sido- porque los principales partidos que se han autodenominado bloque de investidura no se han puesto de acuerdo en los aspectos claves: rechazos en frontera ( devoluciones en caliente ), el empleo de las pelotas de goma y la presunción de veracidad de los atestados policiales.