LOS ABUSOS SEXUALES EN LA GUERRILLA COLOMBIANA.

En diciembre de 2.017, 25 de las antiguas guerrilleras de las hoy oficialmente extintas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas por sus siglas FARC; crearon en su país la Corporación Rosa Blanca, para destapar la verdad más cruda de lo que ocurría en el seno de la banda terrorista, para exigir justicia y ayudar a las miles de chicas que sufrieron violencia sexual durante el reclutamiento infantil que vivieron e intentan superar los horrores que padecieron.

Comenzaron iniciando una investigación, con la publicación de una lista que contenía los nombres de los 25 mayores reclutadores, violadores y abortistas de las FARC. En ella, figuraban cinco senadores de Fuerza Alternativa del Común, partido político creado por la guerrilla y que encabezaba su líder máximo, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido por su alias de Timochenko.

Dado que estos abusos no se consideran acciones relacionadas con el conflicto armado,. tanto el entonces Presidente de la Republica, Iván Duque, como la Corporación Rosa Blanca, eran partidarios de enviarlos a la justicia ordinaria y sacarlos de la Comisión Política Justicia Especial para la Paz; pero dada la posición minoritaria del bloque aliado del Gobierno, esta propuesta, no se logró aprobar en el debate de las Cámaras Legislativas.

Hay testimonios de víctimas demoledores, como el de una joven de 15 años, que perdió la cuenta de las veces que la violaron. Otro, de una niña con solo 10 años, que tras ser forzada por su comandante, llegaron unos cuantos más que no pudo contar.

Para Timochenko, allí no se cometió delito alguno, no se abusaba a nadie y no se actuaba con violencia porque era una relación carnal consentida, como ocurre en la vida ordinaria del campo, donde las niñas comienzan su vida sexual a los 10 u 11 años; que conocía casos de niñas que se fueron a la guerrilla porque su madre las iba a vender y obligar a tener relaciones íntimas con personas mayores, por lo que entrar en la organización algunas lo veían como una salvación.

Las afectadas por estas declaraciones, las consideran la manera más vil y descarada de justificar estos atropellos. A ellas, no les quedaba más remedio que someterse porque las podían matar. El comandante de turno, era siempre el primero y luego dejaba que fuesen los demás. Las denunciantes, van ahora con escolta por las amenazas que reciben porque los antiguos guerrilleros no aceptan que sean libres y no las puedan callar.

Junto a la captación infantil y las violaciones, también la Corporación Rosa Blanca, quiere visibilizar el drama de los abortos forzados. Pese al tiempo transcurrido, lo que más duele a las víctimas y siguen llorando su tragedia, son la pérdida de sus bebés. Las normas internas de las FARCS provocaron el asesinato de incontables criaturas porque negarse a hacerlo, suponía la muerte, el ser ejecutada. Muchas jóvenes ocultaban los embarazos hasta que era imposible disimularlo. Querían tener a sus hijos pero no las dejaban.

Rosa Blanca, pretende que se pueda garantizar la reparación integral de las víctimas para contar la verdad sobre los hechos ocurridos dentro del grupo criminal y que se asuman las correspondientes responsabilidades. Para el mundo feminista colombiano, esos delitos sexuales son de lesa Humanidad ante los que hay que responder por lo que hicieron.

El Informe La Guerra Inscrita en el Cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano, ha analizado 277 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. En el mismo, las FARCS aparecen como perpetradoras en 37 casos que suponen el 13% de los estudiados; una guerrilla sin especificar, en 45 que serían el 16,2% y otro actor armado sin concretar, en 35 ocasiones que sería el 12,6%.

De igual forma, según el Observatorio de Memoria y Conflicto COMC) del mismo Centro Nacional, 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron utilizados por los distintos grupos armados. El 25,89% eran chicas y el 71,27% eran chicos.

Esta es una muestra más de que la paz no enterró la violencia en Colombia. Más un lustro después del acuerdo, los desplazados se cuentan por millares, los asesinatos de líderes sociales no han terminado, muchos guerrilleros que abandonaron las armas han perdido la vida y las masacres no cesan.

Casi seis años han pasado ya desde aquel 24 de noviembre de 2.016, en el que el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos y el principal responsable de las FARCS, Timochenko; firmaron en Bogotá el Acuerdo de Paz, en medio de la alegría de muchos colombianos pero también con el rechazo de otros tantos que habían votado NO al proceso, en una consulta que tuvo una abstención del 63%. Intentaba así Colombia poner punto final a un conflicto de casi 60 años que a Santos le supuso conseguir el premio Nobel de la Paz pero la violencia no ha desaparecido del país.

Un informe de COHDES, organización que defiende los derechos humanos, dice que el delito que más ha aumentado en Colombia es el de los desplazados, personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares con 75.000 víctimas; que el año pasado se produjeron 90 masacres y que más de 200 exguerrilleros y unos 1.200 dirigentes sociales fueron asesinados.

Los defensores del Proceso quieren resaltar que hay un hecho consolidado y que a veces se olvida, como es que las FARCS dejaron las armas, estas fueron destruidas y hoy es un partido político en paz. Pero para un mejor desarrollo del conflicto, falta por afrontar tres temas esenciales: la reforma política no existe y este es un tema crucial; en segundo lugar, la jurisdicción especial de paz que, pese a las dudas planteadas, ha recibido el espaldarazo del Fiscal de la Corte Penal Internacional, al reconocer que cumple con los indicadores internacionales; y, en tercer lugar, el tema agrario que es crítico. En Colombia, el origen del conflicto se sitúa en el campo y el campo ha permitido que perdure. Lo que buscó la Reforma Rural Integral es la presencia del Estado y tierra para vivir de una forma digna a muchas familias campesinas.

Los detractores en cambio, afirman que resulta difícil señalar un solo aspecto de por qué Colombia no ha podido lograr el objetivo principal del Proceso de Paz. Dicen que hubo una especie de de autosatisfacción del Gobierno de Juan Manuel Santos con la sola firma y poco o nada hizo después para asegurar su recorrido. La firma del acuerdo y el Nobel recibido en ese sentido, fueron tomados como puntos de llegada y faltaba lo más difícil. Y en esas se está ahora, en una pelea de defensores y enemigos del acuerdo, cuando en realidad, se debería de tratar de un propósito nacional que se pueda blindar del uso político. Se trata de una tarea difícil porque en su momento, en el plebiscito ganó el NO y los votantes sienten todavía que se burló su decisión y se impuso por un camino poco democrático.

El actual Presidente de Colombia, Gustavo Petro, elegido en junio del pasado 2.022, llegó a formar parte de la dirección del grupo terrorista de su pais Guerrilla Urbana M 19 y no consta que actuara en actos de violencia y secuestro pero la organización a la que perteneció sí, usando el terror bajo el lema de que el fin justificaba los medios. Sus socios políticos de las FARC que le han ayudado a ganar las elecciones presidenciales, han sido una de las guerrillas más criminales de esa nación hermana, con alistamientos de unos 18.000 menores durante cinco décadas y hasta el año 2.016, de los cuales el 75% no llegaba a 15 años.

La Jurisdicción Especial para la Paz está ahora tratando de resolver algunas impugnaciones que la tienen paralizada y es el órgano político encargado de investigar los crímenes más atroces cometidos por las FARC, especialmente los relativos a los menores que sufrieron violaciones, secuestros y torturas. En su dia, estos delitos fueron acreditados con centenares de testigos y fueron calificados como crímenes de lesa humanidad. Ante esto el Presidente Petro calla. No dedica medios, esfuerzo o declaración pública de reconciliación y justicia. Lo que denota una desidia silenciosa de vergonzante complicidad con los sucesos más ignominiosos de la historia de Colombia.