LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE QUERÍA «PODEMOS «.

En el Acuerdo Presupuestario alcanzado el pasado 10 de octubre entre el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) y la coalición de partidos Unidos-Podemos, se incluyó suavizar la vigente Ley de Seguridad Ciudadana que fue aprobada por el Partido Popular ( PP ) en el año 2.015 y que desde entonces, es conocida por sus detractores como Ley Mordaza. Además de despenalizar las injurias a la Corona y las ofensas a los sentimientos religiosos.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana y a impulso de Podemos, se trataba de aprovechar que su reforma se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados para trabajar sobre la base del texto de modificación presentado por el Partido Nacionalista Vasco ( PNV ), descartando la derogación completa que había planteado el Grupo Parlamentario Socialista.

Por un lado, pretendían revertir los artículos de la Ley que, a su juicio, tenían por objetivo desalentar la protesta social y limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión. En este sentido, se comprometían a que la ausencia de comunicación previa dejara de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollaran de forma pacífica.

Respecto a la actuación policial, subrayaban que, debería tener como guía la dignidad de la persona y los derechos humanos; que los agentes deberían llevar siempre una identificación claramente visible; que el registro corporal solo se aplicaría en caso de indicios concretos y comprobables y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto y que en la Comisaría de Policía solo se podría estar retenido un máximo de dos horas.

El Acuerdo suscrito, contemplaba también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación, al criterio de la capacidad económica del sancionado; revisar en profundidad los tipos de infracción, con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión e introducir el paradigma interpretativo en el ámbito de estas infracciones administrativas en todos los tipos de la Ley que lo permitan.

También, se quería revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran hiperregulación de algunas conductas y concretamente, citan el artículo 315 que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas.

Según se decía en el comunicado hecho público del Acuerdo, era recomendable restringir al máximo la posibilidad de que las declaraciones ofensivas pudieran ser perseguibles penalmente y se apostaba por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona.

En este Acuerdo, no se mencionaba a la Prisión Permanente Revisable que estableció el Partido Popular ( PP ) y que los socialistas han llevado ante el Tribunal Constitucional al considerarla una cadena perpetua. Ni tampoco sobre Justicia Universal, a expensas del Informe que el Ministerio de Justicia había encargado a una Comisión de Expertos.

Este convenio, anulaba en gran parte y suavizaba la ofensiva que Podemos había lanzado en marzo de 2.018, hacia la modificación de la actual Ley de Seguridad Ciudadana al presentar en el Congreso de los Diputados más de 100 enmiendas parciales para eliminar lo que consideran lo peor de las características de estas Ley: sus sanciones al ejercicio de los derechos y libertades.

El trabajo de este grupo político presentaba una gran complejidad ya que las ampliaciones del Trámite de Enmiendas provocaron que se acumularan dos textos : uno del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y otro del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), por lo que las reformas de Podemos se dividieron entre estas dos iniciativas.

Aunque estaba por ver, cuántas de estas modificaciones aceptarían los demás grupos políticos y si el actual Gobierno socialista mantenía el poder para poderlas ejecutar, a simple vista se apreciaba los problemas que originaría la ausencia de comunicación previa a la autoridad gubernativa.

Esto nos llevaría a desconocer las reuniones y manifestaciones que se celebraran, con la consiguiente generación de problemas de mantenimiento del orden público; la paralización de la circulación de vehículos y peatones ; los posibles daños en el mobiliario urbano… Y todo ello sin que la Policía pudiera reaccionar adecuadamente para prevenirlas

Además en este afán de perjudicar al Gobierno y a la Policía, habían cometido el error de que las comunicaciones de la realización de estos actos, no se regulan por la Ley que querían enmendar, sino por otra bien distinta, la Reguladora del Derecho de Reunión, ( artículo 8, de la Ley Orgánica 9/1.983, de 15 de julio ).

También querían evitar que se identificara y cacheara a los asistentes a una manifestación que acuden con el rostro cubierto ( bien con un pañuelo o un casco de moto ), al entender que este procedimiento policial es en realidad un abuso de poder.

Esta propuesta, contó con la frontal oposición de los cuatro mayores sindicatos policiales ( SUP, CEP, UFP y SPP ), que se trasladaron al Congreso de los Diputados para que los mismos fuesen conscientes del peligro de dificultar -gravemente- la labor policial y poner en riesgo a la ciudadanía, si prosperaban las intenciones de esas fuerzas políticas.

Así consta en la Comisión Parlamentaria de Interior, constituída con vistas a modificar la actual Ley de Seguridad Ciudadana y donde el pasado día 7 de noviembre compareció -previamente citado- el Portavoz único de los sindicatos policiales para expresar el malestar de la mayor parte del colectivo policial.

La decisión del Presidente del Gobierno de adelantar las Elecciones Generales, al pasado 28 de abril, supuso un final abrupto para la anterior legislatura. Se interrumpió la actividad en el Congreso de los Diputados, desde el día 5 de marzo y muchas iniciativas parlamentarias han quedado inacabadas, pese a llevar algunas de ellas, meses debatidas por los partidos políticos y que se encontraban en su fase final para su aprobación, como ha ocurrido el caso con esta Ley.

La propuesta de modificación de esta Ley de Seguridad Ciudadana, se ha quedado en fase de Ponencia, es decir, en la tarea de elaborar un texto definitivo para que se votara en un Pleno de la Cámara.

La promesa del actual Gobierno a la ciudadanía era de derogar al completo esta Ley, de hecho asi lo lleva en su Programa Electoral, aunque luego se había conformado con modificar el articulado más polémico.

LOS VAIVENES INMIGRATORIOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL.

El debate inmigratorio en España, ha vuelto con fuerza después de estar adormecido desde el año 2.006, con la denominada crisis de los cayucos en Canarias. En 2.018, España batió su récord de llegadas irregulares tras convertirse en la principal ruta de entrada ilegal a Europa, -de las tres que hay- , a través del itinerario mortal del Mediterráneo.

La inmigración se ha convertido en un nuevo frente político por méritos propios, a base de estadísticas. Las cifras hablan por sí solas. El año pasado, se batieron todas las marcas conocidas hasta ahora en la inmigración clandestina. A las costas españolas llegaron 57.498 sin papeles, cerca de 18.000 personas más que aquel aciago 2.006, cuando la llegada de subsaharianos a Canarias, encendió todas las alarmas.

La tendencia para este año de 2.019 no parecía que fuese a ser diferente. Las estimaciones que se hicieron era que, probablemente, 150 inmigrantes irregulares diarios pondrían un pie en nuestras costas.

2018 no nos ha dejado solo frías estadísticas sino también imágenes dramáticas que se han colado en la política, como los asaltos masivos al vallado fronterizo de las ciudades de Ceuta y Melilla, -con una violencia inusitada- , acompañada de lanzamiento de ácido y excrementos a la Guardia Civil y que provocaron un intenso debate en la opinión pública. Casi tanto como el reguero de cadáveres llegados hasta entonces a las costas españolas : 769. El equivalente a dos inmigrantes fallecidos cada día.

Esta realidad no ha podido ser obviada por ninguno de los cinco grandes partidos políticos de ámbito nacional y menos aún cuando la inmigración vuelve a escalar en la lista de preocupaciones de los españoles, según publican todas las encuestas.

Ante esta irrupción de la inmigración en la política, el Gobierno actual está tomando distancia del problema volviendo al discurso de que se trata de una cuestión de Estado que debe de estar fuera del debate político diario y que con gran habilidad lograron sacar del pasado período electoral, realizado en plena primavera.

En poco más de un año, los hechos han dado un baño de realidad a nuestros responsables gubernativos que han desechado ya la política de gestos ( traslados a España de centenares de subsaharianos rescatados de las costas de Libia por barcos humanitarios ) que ha terminado por ser un arma arrojadiza en manos de la oposición, con argumentos más que suficientes para calificar, cuando menos, de improvisadas o erráticas las decisiones tomadas hasta ahora sobre la materia.

No se han visto directrices claras en esta política inmigratoria. Los vaivenes realizados hasta ahora han sido marca de la casa, pasando por el cabreo contra el anterior Gobierno del Partido Popular ( PP ) por su falta de previsión, a la avalancha de llegadas tras el cierre de las rutas del Mediterráneo Oriental ( Turquía y Grecia ) y Central ( Libia e Italia ) a finalmente el desánimo al ver que, -como en años anteriores había pasado en Italia-, nuestros socios europeos solo dan largas a España, a pesar de que, casi la mitad del total de llegadas a Europa ( 121.755 ) por mar, tuvieron por destino las costas españolas.

Igual que lo que ocurrió en la Cumbre de Marrakech ( Marruecos ) por la emigración, convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU ), el pasado 11 de diciembre o en las reuniones bilaterales sostenidas con Marruecos, Senegal, Mauritania o Argelia.

El Gobierno socialista prefiere ahora un perfil bajo en materia de extranjería después de haber debutado con golpes de efecto, tales como querer quitar las concertinas de las vallas fronterizas o la decisión de acoger al Aquarius lleno de inmigrantes subsaharianos, de 26 nacionalidades distintas, después de haber sido rechazados por el resto de puertos europeos mucho más próximos.

Estos gestos de buenismo con los inmigrantes irregulares que ya desataron las críticas de la oposición política contra un Gobierno que apenas había aterrizado, las intentó contrarrestar el propio Gobierno con otras medidas de dureza, como la repatriación de más de un centenar de ellos que habían asaltado la valla fronteriza de Ceuta, de forma violenta el 24 de agosto del pasado año o la negativa -ya en diciembre- a desembarcar 11 inmigrantes que un pesquero alicantino, -de Santa Pola- , había rescatado en aguas próximas a Libia y que finalmente logró transbordar a una embarcación de la Guardia Costera de Malta.

Que el Gobierno socialista no se encuentra a gusto en el debate inmigratorio -porque ha puesto de relieve sus propias contradicciones- , lo demuestra el hecho de mantener ante el Tribunal de Estrasburgo, el recurso – que presentó el Partido Popular (PP)- que defiende la legalidad de las expulsiones en caliente en las fronteras, que tanto había criticado en la oposición y que, realmente, había que introducir en la vigente Ley de Extranjería.

Pero en la actualidad, este Gobierno no quiere ni oír hablar de un nuevo frente -porque con los que ha abierto él solito ya tiene bastante- de una reforma que azuzara todavía más, el creciente debate político sobre la inmigración en el que saben que, en la actual situación, tienen todas las de perder.

Pero como una cosa son los deseos y otra la realidad, a primeros del pasado mes de agosto, aparece el barco de Open Arms cuando nadie lo esperaba y desafiando al Gobierno español en aguas libias, pidiendo un puerto seguro para más de un centenar de inmigrantes de las más variadas nacionalidades que acababa de recoger en el mar territorial de un Estado soberano que no les gusta y del que no tenían autorización para permanecer, ni de España para realizar esa labor que exige unas condiciones de embarque específicas.

Se inicia entonces una guerra mediática que el Gobierno español acaba perdiendo y por tanto, cediendo y el buque humanitario que iba a poner rumbo a Palma de Mallorca escoltado por un barco de la Armada, -tras tres semanas de desencuentros, amenazas, coacciones y desembarcos parciales de enfermos, embarazadas y menores-, es incautado en la isla de Lampedusa por la Fiscalía Italiana, obligando a desembarcar a los inmigrantes que quedaban, que era lo que quería, que el puerto seguro fuese europeo.

Las añagazas de la onegé, habían logrado enfrentar a los Gobiernos español e italiano, colocando su problema en la cabecera de los informativos televisivos y restantes medios de comunicación europeos y ganando la partida porque han demostrado tener mejor estrategia.

Y así es como un buque que incumple las normas de su país, España, ( no reúne las condiciones para el rescate humanitario, ni tiene autorización para hacerlo ); usurpa las funciones de patrulla marítima en Libia para las que no está habilitado; realiza rescate de inmigrantes de manera exclusiva -y no otra actividad- en aguas territoriales extranjeras a las que invade impunemente y a cuyas autoridades desprecia olímpicamente porque no quieren respetar su existencia ( Libia -aunque cueste creerlo- dispone de un Gobierno reconocido internacionalmente, con representación en la ONU ; tiene firmado un convenio con la Unión Europea para combatir las pateras de inmigrantes, acordado en febrero de 2.017 en Malta, para lo que ha recibido 130,8 millones de euros para formación y recursos ) es decir, hace el trabajo de Salvamento Marítimo para el que no está preparado en aguas extranjeras en las que ni siquiera ha pedido autorización y en contra de los deseos expresos del Gobierno español que le prohibió que realizara estas tareas; va a quedar como una organización humanitaria modélica, llena de héroes que a no tardar mucho exigirán su recompensa.

El colmo de esta situación, se produjo el pasado día 20 de agosto cuando se despachó a un Buque de Acción Marítima ( BAM, El Audaz ) -distrayéndolo de sus funciones de vigilancia del Estrecho de Gibraltar- para que se dirigiera a Sicilia a recoger a los 15 inmigrantes que nuestro Gobierno aceptó -finalmente- como parte del reparto de todos los socorridos por el Open Arms y que fueron desembarcados en San Roque ( Cádiz ) el 30 de agosto.

Y la guinda se puso el 29 de agosto, cuando esta crisis dio lugar a un Pleno Extraordinario del Congreso de los Diputados -que estaba cerrado por vacaciones- que con carácter monográfico trató este asunto y donde el Gobierno fue vapuleado por toda la oposición. Utilizando el lenguaje futbolístico, la crisis abierta por una onegé ha humillado al progresista Gobierno socialista y la ha ganado por goleada.

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL ATENTADO YIHADISTA DE BARCELONA.

Ayer, 17 de agosto, se cumplieron dos años del luctuoso aniversario de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils ( Tarragona ) , donde 16 personas murieron de forma bárbara y más de un centenar resultaron heridas.

Estos ataques no iban dirigidos a nadie en concreto sino al conjunto de la sociedad española y su modelo de convivencia democrática y de Estado de Derecho, para debilitarlos.

El grupo islamista que los materializó, se dirigió contra familias que paseaban por la más céntrica y conocida de las calles de la ciudad, las populares Ramblas, en un día de verano que además compartían con centenares de turistas que visitaban la ciudad.

Con su ataque, querían enviar un mensaje de terror al mundo, resultando heridas personas de más de 30 nacionalidades. Además fracasaron en su objetivo porque este irracional atentado nos hizo más fuertes como sociedad.

La imagen que Barcelona transmitió al mundo durante aquellos días no fue la de una capital asustada, dispuesta a renunciar a su carácter pacífico, abierto y cosmopolita. Lo que encontraron los ciudadanos de este planeta fue una ciudad solidaria, volcada en el apoyo a quienes sufrían, mientras se mostraba orgullosa de su diversidad y de su energía. Al igual que Cambrils.

De aquella desgracia se obtuvieron importantes enseñanzas como la que, sin la colaboración de los distintos Cuerpos Policiales, es imposible detectar los cauces de la amenaza terrorista. No se trata de ver quién hace las detenciones sino que el esfuerzo colectivo sea capaz de desarticular a estos fanáticos e iluminados, enemigos de las sociedades libres.

Corresponde al Ministerio de Interior la firmeza necesaria para que los mecanismos establecidos para asegurar una leal colaboración interpolicial, dé los frutos necesarios en este tipo de lucha antiterrorista.

Igual ocurre con los servicios policiales de otros países que requiere también de la fluidez necesaria para combatir una exigencia global de la naturaleza del yihadismo que tiene conexiones en organizaciones de varios continentes.

En este apartado no se debe de olvidar el necesario e imprescindible consenso político, acompañado de un férreo armazón legislativo y unos tribunales especializados. Porque gracias a todos estos elementos de seguridad, se puede afirmar con rotundidad que España es un país seguro, que se vive con precaución pero sin miedo.

La respuesta del Gobierno de la Nación y la sociedad al terror, tiene que ser firme, unánime , porque la finalidad de los terroristas es dividirnos , crear odios y diferencias donde antes había paz e igualdad. Para ello buscan a jóvenes incautos, vulnerables, a los que convencen con falsas promesas sobre un futuro feliz que no van a encontrar en su día a día.

La reacción a ese fin no puede ser otra que, demostrarles a esos jóvenes que no existe mejor proyecto de vida que el basado en los valores de respeto y convivencia con todas las personas, sea cual sea su lugar de procedencia.

Un pilar de la lucha contraterrorista, unido a la eficacia policial, colaboración ciudadana y lealtad institucional debe de ser el trabajo para frenar la radicalización y detener a quienes inoculan el odio e intervenir para evitar su propagación para contribuir así a la seguridad colectiva.

Gracias a la combinación de prevención, firmeza y solidaridad, se logrará derrotar a los que intentan asustarnos. Y por encima de estos y otros valores, hay uno que los sintetiza de manera magistral : la unión de todos. Una sociedad y un Gobierno en sintonía, en perfecta comunión, es el mejor antídoto contra el terror.

EN EL PAÍS VASCO SE SIGUE ENALTECIENDO A ETA.

En el Observatorio de la Radicalización que se muestra en la página electrónica del Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( COVITE ), se registran todos los actos relacionados con el terrorismo vasco y aparece que, en el año de 2.018, se perpetraron 196 acciones de enaltecimiento de la banda terrorista ETA. Un 158 % más eventos que en el año 2.017, en el que se contabilizaron 76. En el pasado año de 2.019 fueron 108, con un descenso del 55%.

Si bien del total de hechos realizados en 2.018, 62 tuvieron lugar en la provincia de Guipúzcoa; 58 en la de Vizcaya ; 54 en la Comunidad Autónoma de Navarra ; 16 en la provincia de Álava ; 3 en otros lugares del territorio nacional y 3 también en tierra francesa. Durante 2019, lo fueron en : 48 en Guipúzcoa, 32 en Vizcaya, 13 en Navarra, 12 en Álava; 2 en Barcelona y 1 en Logroño.

Si segmentamos esas cifras resulta que, 62 episodios de enaltecimiento han sido homenajes a miembros de ETA en sus localidades de origen o residencia, tras salir de prisión una vez cumplida la condena impuesta o a etarras fallecidos. Han tenido lugar : 30 en Guipúzcoa ; 19 en Vizcaya ; 8 en Navarra y 5 en Álava, durante 2.018. Mientras que durante 2.019 fueron 12 en Guipúzcoa, 4 en Vizcaya, 3 en Álava y 1 en Barcelona.

La Presidente del Colectivo, Consuelo Ordóñez ( hermana de Gregorio, concejal del Ayuntamiento de San Sebastián por el Partido Popular, asesinado por ETA en 1.995 ) ha hecho hincapié en que España es el único país de la Unión Europea ( UE ) que se permite que se homenajee en las calles a terroristas asesinos que se enorgullecen de su pasado criminal, con el riesgo que supone de ser tomado por las nuevas generaciones de jóvenes como ejemplo a seguir.

También ha recordado que, la Unión Europea ( UE ) ha instado a los países miembros a que refuercen sus sistemas para garantizar el apoyo a las víctimas del terrorismo, siendo una de las medidas recomendadas que se prohíban por ley los homenajes a los terroristas, al considerarlos humillantes para los perjudicados.

Un tipo de acto de ensalzamiento de la barbarie que ha aumentado de forma considerable tras la disolución de la banda armada, ha sido la aparición de pintadas y pancartas, dando las gracias a ETA o alabándola. De esta clase, ha habido 53 actos, produciéndose, la mayoría de ellos, los dos meses siguientes a la disolución de la organización criminal el pasado 3 de mayo de 2.018. En Guipúzcoa, hubo 14 ; en Vizcaya, 9 ; en Álava, 5 ; y en Navarra, 2. Durante 2.019 fueron 63 de estos actos.

Lo que indica que, la desactivación de las siglas ETA no significa que desaparezca su proyecto político totalitario y excluyente, que ahora reside en las instituciones autonómicas vascas a través de Reunificar La Tierra de los Vascos ( EH-BILDU ), más vivo que nunca.

Así como también son una muestra de que los herederos políticos e ideológicos de esta organización separatista y violenta, no están en los organismos oficiales solo por haber sido terroristas sino que, además, gracias a la banda asesina. Y desde ellos, están intentando imponer los deseos independentistas que esta cuadrilla de desalmados quería.

COVITE reclama de manera urgente que se aplique una política de prevención de la radicalización de las provincias vascas y en Navarra para que los jóvenes no tomen como ejemplo a seguir a terroristas sanguinarios, orgullosos de su pasado. Y añade que, el culto al terrorista es sistemático en aquellas latitudes debido a la inacción de los organismos estatales y la pasividad de la justicia.

En lo que va de año 2.020, hasta el 9 de noviembre, se han celebrado 16 homenajes a presos de la organización criminal con ocasión de su puesta en libertad, tras el cumplimiento de las penas impuestas, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la de Navarra. También se han organizado 28 manifestaciones para que los presos etarras sean acercados al País Vasco y se han realizado 76 pintadas y pancartas para reclamar estas liberaciones de condenados por terrorismo.

El partido político VOX ha sido el último en denunciar tales bienvenidas y la misma ha sido aceptada por la Audiencia Nacional, que es la instancia judicial competente para los delitos de terrorismo y sus derivados.

LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.

Este largo título es por el que se conoce en el lenguaje policial a ese tipo de prostitución que desde hace décadas, llena de esclavas sexuales rotondas, cruces de carretera y locales de alterne que, con sus rótulos iluminan autovías y polígonos industriales.

Se trata de un negocio que ha llegado a alcanzar dimensiones de fábrica y que ahora se encuentra en declive, dados los estragos que causó la pasada crisis económica y que en los años de bonanza impulsó de manera desorbitada. Era un mundo que atraía a las hienas mercantiles que lo mismo traficaban con jovencitas que con cabras. Afortunadamente, a muchos de ellos su codicia los llevó a la cárcel.

El tradicional paisaje de la prostitución española empezó a cambiar a primeros de la década de los 80 del siglo pasado. Fueron las Olimpiadas celebradas en Barcelona en 1.992, las que pusieron de manifiesto la necesidad de carne fresca, especialmente de Sudamérica. Había poco material para tanta demanda y estaban muy castigadas.

De esta manera, el proxeneta habitual pasó a traficante con el propósito de abaratar el precio de la compra de la mercancía. Aprendieron como las trataban con las que ellos tenían en los clubes y con los traficantes que les traían el género. Así, consiguieron que pasaran la frontera : colombianas, venezolanas, brasileñas y uruguayas.

El negocio permitía multiplicar la inversión fácilmente. El precio de salida era de unos 1.000.- euros por cada una, repartidos entre los 300.- euros para el captador y los 700.- euros restantes para el viaje. Una vez en España, se las recogía en el aeropuerto, -principalmente en el de Madrid- , si era vuelo directo ; y las llevaban a los clubes donde empezaban una carrera contrarreloj de la que nunca iban a salir bien paradas. Durante el trayecto hasta su destino eran aleccionadas sobre lo que les esperaba.

Una vez en el lugar de trabajo, su deuda era ya de 6.000.-euros y no paraba de crecer. De la parte que obtenían por sus servicios, 3.000.- euros era para costear su plaza en el club ; 50.- euros diarios por su manutención ; otros 50.- euros como sanción por llegar tarde y así un largo etcétera.

La deuda también se incrementaba por las gestiones para arreglar la documentación como residente extranjera ; los periódicos análisis clínicos ; los abortos; la ropa…… Cualquier excusa era válida para obligarlas a seguir trabajando entre 12 y 14 horas diarias.

En este mundo es muy difícil diferenciar entre prostitución y víctima de trata de seres humanos porque ambas son explotadas. Es muy raro encontrarse con alguien que trabaje allí de manera libre. Son las circunstancias personales de cada una de ellas ( miseria, madres solteras… ) las que les obligan.

Pero cuando quieren salir es casi imposible. Las mujeres dejan de ser personas para convertirse en mercancías y a nadie le parece importar el sufrimiento que hay detrás. Para el empresario es un negocio y para el cliente una satisfacción. El delito de trata de seres humanos tiene dos vertientes claramente diferenciadas, según el fin que persigan : la explotación laboral o la sexual. En la prostitución es corriente que aparezcan ambas, a veces juntas, a veces separadas. Esta forma de delincuencia no apareció prevista y penada en nuestro Código Penal, hasta el año 2.010.

Antes, solo se perseguía la inmigración ilegal porque se pensaba que, hasta entonces las mujeres entraban en España libremente. No había denuncias y solamente cuando alguna de ellas se escapaba del club o del piso, estaban dispuestas a decir las amenazas, coacciones, malos tratos y violaciones de las que eran objeto. En esa situación, ellas abrían las cortinas de su intimidad y dejaban ver la trastienda de la realidad.

El tiempo transcurrido desde entonces y el apoyo normativo ha puesto de manifiesto que, 8 de cada 10 mujeres prostituidas, lo son contra su voluntad y que en esta criminalidad, España ocupa el primer puesto en la Unión Europea y el tercero a nivel mundial.

La mayoría de las víctimas son chicas muy jóvenes, proceden de familias desestructuradas, sin recursos de ninguna clase y necesitan salir de ese entorno para ayudar al sustento de la familia. Además, son extranjeras y llegan a un país del que no conocen nada pero que les ha animado el idioma y la cultura en general.

La mayoría no se rebelan porque romperían el sueño por el que han venido a cumplir. Por eso sus explotadores aprovechan al máximo el tiempo en que son productivas y que no suele pasar de tres años. El primer año, la mujer genera mucho dinero,; el segundo ya está harta y baja su rendimiento por lo que empieza a recibir amenazas ; y el tercero ya están destrozadas física y psíquicamente. Muchas de ellas ya son adictas a las drogas y al alcohol y es el momento de ser traspasadas a clubes de tercera clase.

Esto ocurre, frecuentemente, con las chicas originarias del mundo hispano. Las subsaharianas lo tienen peor porque, además de sufrir lo mismo que las anteriores, hay que añadir su sometimiento al vudú, ese rito de brujería que las amenaza, a ellas y a sus familiares, si no cumplen con lo prometido y pagan sus deuda.

Es curioso como los proxenetas de estas chicas, que son auténticos verdugos, apenas aparecen en el debate de la prostitución, parece que no existen o que son invisibles. Igual ocurre con el entramado financiero de este fenómeno delictivo internacional.

Este negocio floreciente, con sus épocas buenas y malas, cuenta con la anuencia y complicidad de muchos ayuntamientos ; de los abogados que llevan la documentación del comercio carnal y de las chicas; de los médicos que las atienden ; de la laxitud de las leyes; del entramado de las empresas para camuflar el dinero de los beneficios ; los numerosos testaferros que utilizan y también el mirar para otro lado de toda la sociedad que lleva permitiéndolo un montón de años.

Ahora, solo nos queda educar a nuestros jóvenes en relaciones sexuales y afectivas sanas. Ellos son los grandes demandantes de la pornografía en internet y cada vez a más temprana edad. Para ellos, el porno, la prostitución y la trata forman parte de lo mismo : el ocio. Porque cada vez, llegan más jóvenes al sexo de pago y cada vez son más machistas.

El pasado martes, 30 de julio, se celebró el Día Mundial contra la Trata, según dispuso la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2.013, para concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos.

EL PROYECTO DEL GOBIERNO SOCIALISTA DE NACIONALIZAR A LOS INMIGRANTES ANALFABETOS.

El Ministerio de Justicia que dirige la Fiscal, Dolores Delgado, tiene preparado un Real – Decreto para nacionalizar a los inmigrantes analfabetos en cuanto se pueda formalizar nuevo Gobierno y las circunstancias políticas lo permitan.

Ahora, Justicia se inclina por reformar el Real Decreto que estableció en 2.015, el nuevo Reglamento para obtener la nacionalidad española por residencia y la necesidad de superar dos exámenes : el de español como lengua extranjera con un nivel A2 ( que le permita resolver por sí mismo sus necesidades inmediatas ) que controla el Instituto Cervantes. Y otra prueba de conocimientos constitucionales y socio-culturales sobre España.

La posibilidad de solicitar una dispensa de esas pruebas al Ministerio, se estableció ya en una Orden publicada en 2.016 pero faltaba el procedimiento específico y los requisitos para pedirla. El Ministerio basa su reforma en que, la integración de un extranjero en España no puede ser idéntica para todas las personas ya que quedarían fuera del acceso a la nacionalidad quienes por su escaso nivel cultural o limitaciones personales, no pudieran alcanzar el conocimiento necesario para aprobar los exámenes anteriores.

Por este motivo, Justicia apuesta porque las personas que no sepan ni leer, ni escribir o tengan dificultades de aprendizaje, disfruten de los apoyos y de los ajustes razonables que les permitan acceder, en condiciones de igualdad efectiva, a la nacionalidad por residencia.

También aboga por dispensar de las pruebas a los solicitantes que hayan estado escolarizados en España y superado la obligada educación secundaria.

Por regla general, además de demostrar su integración en la sociedad española y acreditar buena conducta cívica, para solicitar la nacionalidad por residencia, es necesario haber vivido en territorio español 10 años de manera continuada.

Este plazo se rebaja a 5 años para los refugiados; a 2 años para los nacionales de países iberoamericanos, más los originarios de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal; igualmente si se trata de personas de origen sefardí ( judíos expulsados de España por los Reyes Católicos en 1.492 ) ; y a 1 año, para los que hayan nacido en España, se hayan casado con una persona española o se tiene algún padre o abuelo español.

Según las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, en 2.015 se concedieron 78.000 nacionalidades por residencia; en 2.016 fueron 93.760 ; en 2.017 hubo 26.000 y el pasado año de 2.018, llegaron a 90.828. La mayor parte de las mismas durante todos estos años, se han concedido a nacionales de países hispanoamericanos.

LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL QUE QUERÍA » PODEMOS «.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de octubre la toma en consideración de una Reforma del Código Penal que librara del castigo penal los delitos de ultraje a España y sus símbolos; el enaltecimiento del terrorismo ; las injurias a la Corona, al Gobierno, los Tribunales de Justicia o a los Cuerpos de Seguridad; y las ofensas contra los sentimientos religiosos.

La iniciativa había llegado al hemiciclo de la mano de Podemos, en forma de proposición de ley contando con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), de acuerdo con el compromiso del Gobierno durante la negociación de los entonces Presupuestos Generales del Estado que, posteriormente, resultaron fallidos. También la apoyaban el resto de socios del Gobierno : Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) ; Izquierda Republicana Catalana ( ERC ) Partido Demócrata Europeo Catalán ( PDECat ) y Reunir el País Vasco ( EH – Bildu ).

El principal argumento de Podemos para impulsar la Reforma era que el castigo penal de los citados delitos chocaban frontalmente con el derecho de la libertad de expresión, al que amordazaba y reprimía. Y ello por dos motivos : de un lado, la introducción de tipos totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución e impropios de una democracia desarrollada. Y de otro, la aplicación de un tipo, nada definido, como el enaltecimiento del terrorismo, junto con conceptos abiertos e indeterminados, en torno a los llamados delitos de odio.

La exposición de motivos de la citada ley continuaba : que la ambigüedad de su definición, había permitido su aplicación de forma errática y con variadas tendencias doctrinales, sin que los propios órganos de justicia se hubieran puesto de acuerdo para unificar criterios.

Tenia un difícil encaje en un sistema democrático la criminalización de conductas, como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar » rap «, utilizar la imagen de Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante un espectáculo -a modo de procesión- reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol, en presencia de los Reyes de España.

Resultado de imagen de ultrajes a la Corona y los Reyes de España

En el caso de injurias contra la Corona, Podemos defendía que en un sistema democrático, cuánto más poder tiene una institución, mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. Y recordaba que, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ( ONU ), defiende que todas las figuras públicas , incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto de legítima críticas y oposición política y que las leyes no deben de establecer penas más severas, según sea la persona criticada.

Esta Propuesta de Ley, subrayaba también, la posición del Tribunal de Derechos Humanos en el mismo sentido y aseguraba que, la despenalización de las injurias a la Corona, no solo asentaría el derecho a la libertad de expresión en España, sino también, la seguridad jurídica y la respetabilidad de nuestro país en lo concerniente a los indicadores europeos sobre la libertad de expresión.

Respecto al castigo penal del delito de ultraje a España o sus símbolos, el texto de Podemos, aseguraba que ataca a la libertad de expresión, al reprimir la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional. Ponerse de acuerdo cientos de personas en un estadio, previo reparto de silbatos a la entrada de un partido de fútbol de la Copa del Rey y en el marco de una protesta ciudadana, no es delito. Silenciar el himno nacional, no entraña ataque contra la Patria, sino una legítima expresión de la libertad de expresión, recalcaba.

La Propuesta de Ley continuaba defendiendo la despenalización del delito de enaltecimiento del terrorismo, argumentando que surgió en un momento de extrema violencia perpetrada por la banda terrorista ETA pero que no ha sido hasta el 2.011 cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando comenzaron a perseguirse estos delitos.

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Defendía en esta línea que el ordenamiento jurídico español dispone de otras figuras como la apología del delito del terrorismo, que castiga la provocación directa para la comisión de delitos terroristas o el castigo ante la amenaza pública de acciones violentas que permiten encauzar los casos excepcionales de apología de terrorismo yihadista.

Esta iniciativa que empezó así su trámite parlamentario que como mínimo requería entre seis o nueve meses de debate, -suponiendo que no se atascara en el proceso de enmiendas-, pero dado que la legislatura llegó a su fin de manera anticipada con la disolución de las Cortes el pasado cinco de marzo y la convocatoria de elecciones generales para el mes de abril, la Reforma citada no ha podido completar su tramitación, decayendo y quedando sin efecto todo lo propuesto.

Con la actual composición de las Cámaras representativas, si se mantiene el interés y los números de diputados y senadores lo permiten, se deberá de comenzar de nuevo, empezando su recorrido desde el principio.

LA FRUSTRADA POLÍTICA INMIGRATORIA EUROPEA.

En materia inmigratoria, siguiendo el Informe realizado por la Agencia de Fronteras Europea ( FRONTEX ) para 2.O18, España se ha convertido ya en la principal ruta de llegada de inmigrantes ilegales al paraíso europeo. Este cambio se debe, principalmente, al descenso en el número de llegadas a Italia, a través de la ruta del Mediterráneo Central. En cifras, fueron 23.000 personas, un 80% menos que en 2.017 y un 87 % menos en el número de salidas desde Libia con dirección a Italia. Desde Argelia, las salidas en la misma dirección, se redujeron casi a la mitad.

En el último Informe también relativo a 2.018 de la Organización Internacional de Migraciones ( OIM ) asociada a la Organización de Naciones Unidas ( ONU ) desde 2.011 ; se indica que las entradas de inmigrantes irregulares por mar llegadas a las costas españolas, han sido de 52.922, lo que supone un crecimiento del 158% con respecto a las 22.414 entradas de ilegales de 2.017. De esta manera, se bate el récord de la crisis de los cayucos de Canarias, en 2006, que acabo en 39.180 entradas irregulares.

Aunque España aparece como país más afectado por la nueva tendencia de las rutas inmigratorias, el Informe de FRONTEX se deja llevar por el optimismo. A nivel europeo, la Agencia señala que el número total de llegadas en 2.018, fue un 92% más bajo que el registrado en 2.015, cuando la crisis de refugiados -mayormente sirios- alcanzó su nivel más alto. Por eso, el año pasado supone el nivel más bajo de los flujos migratorios en los últimos cinco años.

A pesar de que estas cifras son menos inquietantes que los años anteriores, los países miembros de la Unión Europea ( UE ), comenzaron 2.019 de igual forma que terminaron 2.018 : sin acuerdo sobre el modo de encauzar el debate inmigratorio y con los ánimos en pie de guerra.

La herida abierta en 2.015 por la crisis de los refugiados sirios, sigue abierta y la Comisión Europea ( CE ) se ha encontrado atada de pies y manos, a la hora de lidiar con una situación que parece un callejón sin salida. En pleno año electoral – con las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en mayo pasado- y con el aliento de los populismos en la nuca, los países socios comunitarios extremaron la prudencia para no ocasionar más división entre ellos.

Pero el coste de tanta cautela parece también claro : no hay soluciones a la vista, al menos, de forma duradera . La UE no ha sido capaz de hacer propuestas aceptables para todos sus miembros y hasta el Comisario de Inmigración tuvo que reconocer el pasado mes de diciembre que, la posibilidad de establecer un mecanismo permanente de reparto de cuotas obligatorias de refugiados, entre los socios de la UE, ha dejado de estar en la agenda europea.

Ahora, lo que hay es lo que quiera hacer cualquier país, de manera voluntaria, como ha hecho España con los barcos que transportaban a inmigrantes ilegales, Aquarius y Open Arms ; tras ser rechazados ambos, tanto en Malta como en Italia, para que pudiesen atracar en sus puertos.

En la Comisión Europea, nadie confiaba ya en que se pudiera llegar a un acuerdo sobre la reforma sobre el Protocolo de Dublín. que recogía que, los países de llegada eran los responsables de la gestión de las solicitudes de asilo ; antes de las elecciones europeas, como así ha sido. Una de las principales promesas de la anterior Comisión Europea que ha quedado rota.

La nueva Ejecutiva europea entrante que se ha estado gestando durante esta semana en Bruselas, tiene ante sí uno de los mayores retos a los que se va a tener que enfrentar como es la inmigración ilegal. De la respuesta a este importante problema, de manera única y coordinada, va a depender que se pueda cerrar, una de las principales grietas que hereda la nueva Comisión.

RECURRIDA LA LEY VASCA DE ABUSOS POLICIALES.

El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros socialista acordó la retirada del Recurso contra la Ley de Víctimas de Abusos Policiales que había aprobado el Gobierno Autonómico Vasco. El Gobierno del Partido Popular ( PP ) lo había interpuesto ante el Tribunal Constitucional ( TC ), al considerar que la misma reconocía la existencia de supuestas víctimas de abusos policiales sin necesidad de que haya habido sentencias condenatorias para los Cuerpos de Seguridad del Estado, Jueces y Magistrados y funcionarios de Prisiones. Es decir, quería evitar que se ultrajara desde la administración vasca a todo aquél que hubiera participado en la lucha contra el terrorismo etarra.

La retirada del Recurso se acordó después de ambos Gobiernos, el Central y el Regional, hubieran pactado unas modificaciones sobre los preceptos que había dudas sobre su constitucionalidad. Modificaciones que no se hicieron públicas entonces.

La ley vasca, pretende indemnizar con hasta 300.000 euros, a aquellas personas que se consideren que sufrieron una vulneración de derechos humanos » en el contexto de la violencia de motivación política » que se dió en el territorio vasco, entre los años 1978 y 1999. Esta ley fue aprobada en julio del 2016 en el Parlamento Autonómico Vasco con los votos a favor del Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) y Partido Socialista de Euskadi ( PSE ) ; la abstención de Reunificar Euskal Herria ( EH Bildu ) y el rechazo del Partido Popular (PP ) y la Unión del Pueblo y la Democracia (UPyD ).

El PP centró su Recurso ante esta ley regional, en el hecho de que la Comisión de Valoración que reconocería la condición de víctima de abusos policiales, pretendía sustituir por vía administrativa ( de cuyos once miembros, ocho nombraría el PNV ) a los tribunales de justicia. Ahora, el logrado acuerdo político entre ambos Gobiernos trataba de evitar y no seguir el camino trazado por el Tribunal Constitucional, al anular los artículos esenciales de la similar ley navarra de abusos policiales, por invadir competencias exclusivas del Poder Judicial, puesto que su objetivo era indagar y esclarecer casos que suponían infracciones penales.

La decisión de retirar el Recurso acarreó las naturales reacciones de condena, tanto de los partidos políticos, PP y Ciudadanos ; como de las asociaciones víctimas del terrorismo y sindicatos policiales. Además, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ( TSJPV ) había admitido a trámite, el Recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía ( SUP ) contra la creación de la Comisión de Valoración que contempla la ley vasca.

El pasado día 15 de noviembre y con la aportación de las alegaciones que cada partido político estimó conveniente ( y que siguieron sin hacerse públicas ) – incluida su retirada definitiva – se reanudó su tramitación en el Parlamento Vasco.

Con la constitución de la Ponencia correspondiente el 6 de febrero, se iniciaba su recorrido parlamentario para aprobarla lo más rápidamente posible. La portavoz de Podemos en la Ponencia, Pili Zabala, ( un hermano suyo murió en un atentado de los Grupos de Liberación Antiterroristas – GAL- ), propuso que se incluyera en el texto la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se celebra cada 26 de junio.

Los de EH Bildu ya habían manifestado que no iban a permitir que el Gobierno Español y un Poder Judicial totalmente politizado, limitaran las competencias del Parlamento Vasco.

Por último, el pasado 4 de abril la cámara vasca aprobó la referida Ley, con el apoyo del PNV y PSE, la abstención de Podemos y Bildu y el voto en contra del PP. En el debate de la misma, el diputado de Bildu Julen Arzuaga ( condenado por sus actividades en ETA ) llamó a los representantes de los sindicatos policiales que asistían como público : nazis y franquistas con un comportamiento indignante, inaceptable y asqueroso.

Unas palabras que motivaron el abandono del Pleno del Parlamento de los diputados del PP, grupo político que ya ha anunciado a través de su representante nacional, Pablo Casado, la interposición del correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional que, de ser admitido paralizaría la entrada en vigor de esta Ley, que además cuenta con el rechazo de todos los Cuerpos Policiales que operan en el País Vasco: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Regional ( Ertzaina ). El Presidente de Ciudadanos anunció también que, su formación acudiría a denunciar el caso ante el Defensor del Pueblo.

El pasado 24 de mayo, el Sindicato Unificado de la Policía ( SUP ), uno de los de mayor afiliación policial, anunció a través de una nota de prensa que, el Tribunal Supremo había admitido a trámite el Recurso presentado contra esta Ley Regional. En un primer momento, el Recurso fue presentado ante el TSJPV que acabó desestimándolo con una argucia legal : que el Sindicato no estaba capacitado jurídicamente para personarse como defensa.

Poco después, Ciudadanos presentó el correspondiente Recurso ante el Tribunal Constitucional ante esta ley aberrante, cuya admisión paralizaría los deseos de venganza de la clase política vasca sobre el reciente pasado que además de querer revisar mediante el correspondiente relato que va a llevar a la enseñanza secundaria el próximo curso, quiere comparar -vía indemnizaciones- a los verdugos con las víctimas del terrorismo.

LOS VIOLADORES GRUPALES.

El Ministerio de Interior publicó a finales de enero del presente año, un informe sobre los violadores grupales que había encargado a varias Universidades españolas, en base al análisis de los atestados policiales elaborados por los Cuerpos Policiales Estatales. Las conclusiones del mismo, establecían perfiles que podían ayudar a los investigadores de todo tipo de violaciones ya que del examen de las pautas generales se pretende conocer como suele actuar este tipo de delincuente.

Este modo de agresiones sexuales empiezan a ser cada vez más frecuentes y causan mayor alarma social cuando se conocen, sobre todo desde el inicio del juicio a los miembros de la manada en Pamplona. Me refiero a aquel grupo de jóvenes andaluces que abusaron de una chica de 18 años, durante las Fiestas de San Fermín de 2.016, en Pamplona.

A este caso, se le sumaba otro , también a principios de este año, ocurrido en la localidad alicantina de Callosa de Ensarriá, cuando se detuvo a cuatro chicos españoles -de origen ecuatoriano- como presuntos autores de la violación en grupo de una joven de 19 años, durante la fiesta de Nochevieja y a la que previamente habían drogado.

También, el 22 de marzo de 2.018, diez mozos argelinos -dos de los cuales eran menores- fueron detenidos en Alicante, tras agredir sexualmente a tres menores de edad fugadas de un Centro de Menores, a las que ofrecían drogas y dinero para llevarlas a un domicilio. Una de las chicas, de solo 14 años, estuvo encerrada 24 horas en un piso donde los miembros de esta manada la violaron en repetidas ocasiones. Igual hicieron con las otras dos chicas, de 15 y 17 años, utilizando el mismo procedimiento. Todos estos detenidos se dedicaban a los hurtos en la vía pública y a los robos en domicilios y establecimientos.

El 13 de noviembre de 2.018, fueron detenidos en Santa Coloma de Gramanet ( Barcelona ) 15 jóvenes marroquíes, por tocamientos a una joven, tras apuñalar a su pareja a la salida de una Estación de Metro.

En el citado estudio, se afirma que los violadores grupales se suelen concentrar en entornos rurales y son personas jóvenes, de unos 25 años de edad. En estos delitos, la mayoría los cometen extranjeros, preferentemente magrebíes ( 22 % ) y rumanos ( 15 % ) siendo la participación española del orden del 31 % .

Los implicados en estas infracciones no suelen tener antecedentes policiales y, cuando los tienen, no son por agresiones sexuales. Suelen actuar durante los fines de semana y días festivos en zonas públicas cercanas a los lugares de ocio. En un 22 % usan el engaño para acercarse a sus víctimas y es frecuente que empleen la violencia para consumar la violación. También es habitual que utilicen sus vehículos para acercarse a sus víctimas.

En el caso de los violadores en serie, su perfil es muy distinto y los abusos sexuales suelen quedarse -generalmente- en tocamientos o, incluso, en tentativas. En su mayor parte, se trata de personas de nacionalidad española, con una media de 30 años de edad, que suelen contar con antecedentes por delitos de carácter sexual.

A la hora de actuar, lo hacen en días laborables, durante la mañana o la tarde, en espacios públicos o áreas comunes de edificios, lo que permite que las agresiones se queden en tentativas. De hecho, los ataques en la vía pública se corresponden con los más frecuentes entre los violadores que agreden a personas desconocidas.

La media de edad de este tipo de gente es de 35 años aunque la horquilla empieza a los 18 años. A menor edad, se consuman más las violaciones cuyo resultado disminuye al subir la edad.

En cuanto a las víctimas, la edad media es de 28 años, aunque estos delitos lo sufren personas de todas las edades ( se han dado casos de hasta 87 años ). En más de la mitad de los asuntos investigados, fueron abordadas a menos de un kilómetro de su domicilio. Los hechos se producen por la tarde o por la noche, en zonas de escasa iluminación y en los meses veraniegos.

A raíz del despliegue mediático que se les da a estas agresiones, el conocimiento de las garantías médicas y la confianza en los investigadores policiales, hacen que las víctimas denuncien más. Así, en el primer trimestre de este año, se han producido 14 violaciones de chicas muy jóvenes, la mayoría menores de edad y alguna de solo 12 años. Y las que no lo son, tienen apenas 19 o 20 años.

Esta cifra que a mí me parece tan escandalosa, abarca -únicamente- aquellos casos que se han publicado en los medios de comunicación social. Habría que sumar las manadas que han sido denunciadas pero que no han trascendido y aquellas otras que ni siquiera han sido denunciadas porque las mujeres no están preparadas -psicológicamente- para ello o no quieren enfrentarse al estigma personal y al enjuiciamiento posterior. La realidad es que se trata de un fenómeno del que se desconoce su verdadera dimensión.