LOS VAIVENES INMIGRATORIOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL.

El debate inmigratorio en España, ha vuelto con fuerza después de estar adormecido desde el año 2.006, con la denominada crisis de los cayucos en Canarias. En 2.018, España batió su récord de llegadas irregulares tras convertirse en la principal ruta de entrada ilegal a Europa, -de las tres que hay- , a través del itinerario mortal del Mediterráneo.

La inmigración se ha convertido en un nuevo frente político por méritos propios, a base de estadísticas. Las cifras hablan por sí solas. El año pasado, se batieron todas las marcas conocidas hasta ahora en la inmigración clandestina. A las costas españolas llegaron 57.498 sin papeles, cerca de 18.000 personas más que aquel aciago 2.006, cuando la llegada de subsaharianos a Canarias, encendió todas las alarmas.

La tendencia para este año de 2.019 no parecía que fuese a ser diferente. Las estimaciones que se hicieron era que, probablemente, 150 inmigrantes irregulares diarios pondrían un pie en nuestras costas.

2018 no nos ha dejado solo frías estadísticas sino también imágenes dramáticas que se han colado en la política, como los asaltos masivos al vallado fronterizo de las ciudades de Ceuta y Melilla, -con una violencia inusitada- , acompañada de lanzamiento de ácido y excrementos a la Guardia Civil y que provocaron un intenso debate en la opinión pública. Casi tanto como el reguero de cadáveres llegados hasta entonces a las costas españolas : 769. El equivalente a dos inmigrantes fallecidos cada día.

Esta realidad no ha podido ser obviada por ninguno de los cinco grandes partidos políticos de ámbito nacional y menos aún cuando la inmigración vuelve a escalar en  la lista de preocupaciones de los españoles, según publican todas las encuestas.

Ante esta irrupción de la inmigración en la política, el Gobierno actual está tomando distancia del problema volviendo al discurso de que se trata de una cuestión de Estado que debe de estar fuera del debate político diario y que con gran habilidad lograron sacar del pasado período electoral, realizado en plena primavera.

En poco más de un año, los hechos han dado un baño de realidad a nuestros responsables gubernativos que han desechado ya la política de gestos ( traslados a España de centenares de subsaharianos rescatados de las costas de Libia por barcos humanitarios ) que ha terminado por ser un arma arrojadiza en manos de la oposición, con argumentos más que suficientes para calificar, cuando menos, de improvisadas o erráticas las decisiones tomadas hasta ahora sobre la materia.

No se han visto directrices claras en esta política inmigratoria. Los vaivenes realizados hasta ahora han sido marca de la casa, pasando por el cabreo contra el anterior Gobierno del Partido Popular ( PP ) por su falta de previsión, a la avalancha de llegadas tras el cierre de las rutas del Mediterráneo Oriental ( Turquía y Grecia ) y Central ( Libia e Italia ) a finalmente el desánimo al ver que, -como en años anteriores había pasado en Italia-, nuestros socios europeos solo dan largas a España, a pesar de que, casi la mitad del total de llegadas a Europa ( 121.755 ) por mar, tuvieron por destino las costas españolas.

Igual que lo que ocurrió en la Cumbre de Marrakech ( Marruecos ) por la emigración, convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU ), el pasado 11 de diciembre o en las reuniones bilaterales sostenidas con Marruecos, Senegal, Mauritania o Argelia.

El Gobierno socialista prefiere ahora un perfil bajo en materia de extranjería después de haber debutado con golpes de efecto, tales como querer quitar las concertinas de las vallas fronterizas o la decisión de acoger al Aquarius lleno de inmigrantes subsaharianos, de 26 nacionalidades distintas, después de haber sido rechazados por el resto de puertos europeos mucho más próximos.

Estos gestos de buenismo con los inmigrantes irregulares que ya desataron las críticas de la oposición política contra un Gobierno que apenas había aterrizado, las intentó contrarrestar el propio Gobierno con otras medidas de dureza, como la repatriación de más de un centenar de ellos que habían asaltado la valla fronteriza de Ceuta, de forma violenta el 24 de agosto del pasado año o la negativa -ya en diciembre- a desembarcar 11 inmigrantes que un pesquero alicantino, -de Santa Pola- , había rescatado en aguas próximas a Libia y que finalmente logró transbordar a una embarcación de la Guardia Costera de Malta.

Que el Gobierno socialista no se encuentra a gusto en el debate inmigratorio -porque ha puesto de relieve sus propias contradicciones- , lo demuestra el hecho de mantener ante el Tribunal de Estrasburgo, el recurso – que presentó el Partido Popular (PP)- que defiende la legalidad de las expulsiones en caliente en las fronteras, que tanto había criticado en la oposición y que, realmente, había que introducir en la vigente Ley de Extranjería.

Pero en la actualidad, este Gobierno no quiere ni oír hablar de un nuevo frente -porque con los que ha abierto él solito ya tiene bastante- de una reforma que azuzara todavía más, el creciente debate político sobre la inmigración en el que saben que, en la actual situación, tienen todas las de perder.

Pero como una cosa son los deseos y otra la realidad, a primeros del pasado mes de agosto, aparece el barco de Open Arms cuando nadie lo esperaba y desafiando al Gobierno español en aguas libias, pidiendo un puerto seguro para más de un centenar de inmigrantes de las más variadas nacionalidades que acababa de recoger en el mar territorial de un Estado soberano que no les gusta y del que no tenían autorización para permanecer, ni de España para realizar esa labor que exige unas condiciones de embarque específicas.

Se inicia entonces una guerra mediática que el Gobierno español acaba perdiendo y por tanto, cediendo y el buque humanitario que iba a poner rumbo a Palma de Mallorca escoltado por un barco de la Armada, -tras tres semanas de desencuentros, amenazas, coacciones y desembarcos parciales de enfermos, embarazadas y menores-, es incautado en la isla de Lampedusa por la Fiscalía Italiana, obligando a desembarcar a los inmigrantes que quedaban, que era lo que quería, que el puerto seguro fuese europeo. 

Las añagazas de la onegé, habían logrado enfrentar a los Gobiernos español e italiano, colocando su problema en la cabecera de los informativos televisivos y restantes medios de comunicación europeos y ganando la partida porque han demostrado tener mejor estrategia.

Y así es como un buque que incumple las normas de su país, España, ( no reúne las condiciones para el rescate humanitario, ni tiene autorización para hacerlo ); usurpa las funciones de patrulla marítima en Libia para las que no está habilitado; realiza rescate de inmigrantes de manera exclusiva -y no otra actividad- en aguas territoriales extranjeras a las que invade impunemente y a cuyas autoridades desprecia olímpicamente porque no quieren respetar su existencia ( Libia -aunque cueste creerlo- dispone de un Gobierno reconocido internacionalmente, con representación en la ONU ; tiene firmado un convenio con la Unión Europea para combatir las pateras de inmigrantes, acordado en febrero de 2.017 en Malta, para lo que ha recibido 130,8 millones de euros para formación y recursos ) es decir, hace el trabajo de Salvamento Marítimo para el que no está preparado en aguas extranjeras en las que ni siquiera ha pedido autorización y en contra de los deseos expresos del Gobierno español que le prohibió que realizara estas tareas; va a quedar como una organización humanitaria modélica, llena de héroes que a no tardar mucho exigirán su recompensa.

El colmo de esta situación, se produjo el pasado día 20 de agosto cuando se despachó a un Buque de Acción Marítima ( BAM, El Audaz ) -distrayéndolo de sus funciones de vigilancia del Estrecho de Gibraltar- para que se dirigiera a Sicilia a recoger a los 15 inmigrantes que nuestro Gobierno aceptó -finalmente- como parte del reparto de todos los socorridos por el Open Arms y que fueron desembarcados en San Roque ( Cádiz ) el 30 de agosto.

Y la guinda se puso el 29 de agosto, cuando esta crisis dio lugar a un Pleno Extraordinario del Congreso de los Diputados -que estaba cerrado por vacaciones- que con carácter monográfico trató este asunto y donde el Gobierno fue vapuleado por toda la oposición. Utilizando el lenguaje futbolístico, la crisis abierta por una onegé ha humillado al progresista Gobierno socialista y la ha ganado por goleada.