La carencia de una necesaria política inmigratoria europea debido a las desavenencias internas, obliga a los países socios que más soportan este fenómeno a intentar resolver, a su manera y por sus medios, la llegada masiva de extranjeros que huyendo de la miseria y de las guerras, atraviesan el Mediterráneo procedentes de África en embarcaciones tan frágiles que no siempre consiguen llegar a tierra firme. Me estoy refiriendo a uno de los países más afectados como es el caso de Italia.

Uno de los corredores clandestinos que más se utilizan por las personas procedentes de Camerún, Costa de Marfil, Sudán, Togo, Guinea, etc. y que tiene como objetivo llegar a Libia, necesita atravesar, forzosamente, el desierto del Sáhara y allí no hay puesto fronterizo que cruzar por parte de ninguna de las naciones que tienen su porción correspondiente, pero sí una autoridad con la que hay que contar y que es la verdadera dueña del territorio: los tuaregs, ese pueblo musulmán de tradición nómada

Tradicionalmente, este grupo bereber ha capturado a todo aquel que ha osado entrar en el desierto y no disponía de su autorización y correspondiente pago de entrada a la arena. Se cuenta que estas cacerías son un espectáculo escalofriante. Aparece en el horizonte nebuloso, una banda subida a unas camionetas o sencillamente, todavía cabalgando a lomos de camellos, armados con su correspondientes kalashnikovs para capturar a toda la expedición de 20 o 30 personas, de origen subsahariano que tratan de atravesarlo por su cuenta. Cortando de cuajo el camino de esperanza de su hermano africano.

Hay ocasiones en las que no es necesario aparecer por sorpresa porque los tuaregs controlan las puertas del viento del Sahel y ellos deciden, quién entra o no y muchas veces, guían entre las dunas a los inmigrantes para beneficiarse de lo que pagan las mafias. Entonces ocurren momentos donde el nómada se da simplemente la vuelta, en plena marcha, e informa a sus viajeros que están apresados.

Basta cualquier excusa para romper la palabra del contrabandista. No seria apropiado decir que los tuaregs detienen a todo el mundo sino que más bien es lo contrario, pero esto no desmerece esa miserable realidad que son las remesas semanales de desafortunados de color negro. Hasta ahora, la mayoría de los prendimientos se debían a que no podían pagar el viaje, eran polizones del desierto que ofrecían una razón para quebrar la palabra dada. Otros, simplemente, tenían mala suerte.

Esto lleva ocurriendo desde hace décadas y las víctimas acaban siendo vendidas como esclavos en Libia, para trabajar en las minas hasta que el cuerpo aguante, por el módico precio de 250 dólares norteamericanos por los jóvenes sanos. También aceptan los euros europeos.

Desde principios de este año de 2.022, se está comentando en todos los círculos sociales y especialmente, los militares internacionales que están destinados en varios países del Sahel, un aumento desproporcionado de aprehendidos y el consiguiente añadido de subastas de esclavos. De este asunto se habla pero no demasiado claro y alto, pero en todas las conversaciones aparecen los italianos.

Se dice que una organización no gubernamental llamada Ara Pacis con sede en Roma, dedicada a la dimensión humana de la concordia, ha establecido -en los últimos años- conversaciones de paz entre las tribus tuaregs y los gobiernos de Malí y Libia. En Malí, han contribuido a cohesionar a diversos grupos tuaregs para defender intereses comunes. También ha servido para relacionar a Italia con los dirigentes de las tribus nómadas.

Usando esta vía, el gobierno italiano les ha encargado que frenen, en lo posible, la riada de subsaharianos y les paga al peso, sobre la marcha según van ocurriendo, como si se tratara de ganado. Y además, son libres de hacer con ellos lo que les plazca. Ante estas facilidades, los tuaregs los venden como esclavos y así cobran dos veces por la misma persona y servicio. Negocio redondo para los hombres de azul.

Los datos confirman que, esta nueva estrategia italiana para frenar la inmigración ilegal, ha comenzado a dar sus frutos. Según FRONTEX ( la Agencia Europea de Fronteras ), durante el último trimestre de 2.021, salieron de las costas libias, 812 subsaharianos, frente a los 100 que lo hicieron el primer trimestre de este año de 2.022.

También las cifras de ACNUR, ( Agencia de la ONU para los Refugiados ), en la comparativa del primer semestre entre el año pasado y el actual, se observa una reducción muy importante en la llegada del mismo tipo de inmigrantes. Los costamarfileños, han pasado del 13% de las llegadas, al 5%; los guineanos del 9% al 4% y los malienses, del 5% al 1%. Se trata de una estrategia eficaz para Italia con la política que está siguiendo.

Tuvo que llegar a la Presidencia de Brasil Javier Bolsonaro, a primeros del año 2.019, para dar a conocer de forma mundial, el abuso que el régimen cubano estaba realizando en su país a través del Programa Más Médicos, que no es más que la exportación de personal sanitario a otros países por el que el Gobierno cubano -que era el que cobraba- se quedaba con el 75% de su salario.

Este Programa, fue una propuesta cubana que la entonces Presidente, Dilma Roussef, aceptó en el año 2.013. Para llevarlo a cabo, se utilizó como intermediaria a la Organización Panamericana de la Salud ( OPS ), evitando así que la iniciativa formulada en 2.012, tuviera que pasar por el Congreso brasileño, eludiendo cualquier tipo de control.

Los médicos cubanos que trabajaban en Brasil, cobraban 550 dólares norteamericanos en mano -500 para ellos y 50 como ayuda  a su familia- y el Gobierno cubano se llevaba los 3.726 dólares restantes que faltaban, de los 4.276 que pagaba el Gobierno brasileño por sus servicios.

Para evitar su fuga y garantizar su regreso al paraíso cubano, evitando así las tentaciones del infierno capitalista, el Gobierno cubano les abonaría igual cantidad ( 550 dólares ) durante tres años, a su familia a la que no podía llevar consigo, ni tampoco abandonar la isla caribeña.

La denuncia pública de Bolsonaro, de este nuevo tipo de trata de seres humanos de carácter laboral, supuso la retirada inmediata del personal médico rumbo a su país, a través de vuelos especiales y exclusivos, preparados a toda prisa para la ocasión, para no dar lugar a que los facultativos pudieran delatar esta trata de personas. Afectaba a 8.500 médicos que trabajaban en los lugares más alejados de Brasil, en 2.824 pueblos y 34 reservas indígenas.

También ha permitido conocer que, este nuevo tipo de esclavitud no se aplicaba solo a los médicos sino también a los arquitectos, profesores, músicos, entrenadores deportivos y otro personal especializado ; que se viene practicando desde el mismo comienzo del período comunista bajo la cobertura diplomática de misiones internacionales y que no es más que la versión cubana de alquilar su fuerza laboral especializada.

Así, se pudo saber también que, 85 empresas estatales cubanas eran las que vendían estos servicios de exportación que ya en 2.016 ( año del que se dispone algo de información ) supusieron unos 8.000 millones de dólares norteamericanos ( la utilización de esta divisa para realizar los cobros es debido a la imperiosa necesidad de disponer de esta moneda fuerte y reconocida a nivel mundial y poder realizar pagos de importación de otros productos necesarios ) ; bajando un 20 % de sus precedentes 2013 -2014 y 2015, que habían llegado a los 10.000 millones de dólares. Estimando que, el 75% del Producto Interior Cubano ( PIB ) procedía de esta exportación de mano de obra cualificada.

Los países que compran estos servicios profesionales, no pertenecen todos al inframundo sino que los hay muy democráticos y muy de izquierdas, como Portugal y Uruguay. En ocasiones, la demanda ha sido tan alta que no se podía atender, teniendo que realizar el Gobierno cubano cursos acelerados de preparación, como ocurrió con unos veterinarios que, tras pasar por un itinerario de transformación de seis meses, fueron enviados como médicos a un país africano que – lógicamente- está prohibido decir.

Al gobierno cubano, no le bastan las terribles injusticias que se cometen contra los trabajadores exportados ; el sufrimientos de sus familias a las que obligan a permanecer en la isla a modo de rehén; sino que, a los que deciden no volver les llama directamente desertores.

Aquel cubano que, sin mediar la autorización necesaria y una vez acabada su misión en el exterior, no regresa a su patria, se le prohíbe la entrada a su país durante ocho años, en venganza. Así como impedir la salida de la isla- por igual tiempo- de sus esposa, hijos y demás parientes para vedar la reunificación familiar a modo de castigo. Si los allegados residentes no colaboran, se les expulsan de sus trabajos con carácter inmediato pasando directamente a la miseria. Por eso ha costado tanto y durante mucho tiempo que saliera a la luz esta información.

Como este tipo de denuncias, no afecta al comportamiento de las autoridades cubanas, continúan igual política esclavista. El pasado mes de mayo, al concluir su visita a la isla caribeña el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ), -otro defensor acérrimo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos-, manifestó, en una conferencia de prensa para dar cuenta de la visita a Cuba -su primera salida internacional- que había firmado un acuerdo de cooperación en materia de salud que, entre otras cosas, como la compra de una vacuna para niños que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, incluía la contratación de más de 600 médicos cubanos.

Este tipo de acuerdo con Cuba, está catalogado como trabajo forzoso por parte de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) y se desarrollará en las mismas condiciones laborales que ya se dieron en Brasil. Aunque no se haga público, miles de profesionales cubanos sufren cada año estas abusivas contrataciones que causan un enorme daño psicológico que alcanza no solo a los perjudicados sino también para el resto de sus familiares.

Llama mucho la atención que dos regímenes políticos republicanos, reputados defensores de los reales o imaginarios derechos humanos en cualquier parte de este planeta que ahora habitamos, -siempre que afecten a otros- no tengan ningún empacho a comportamientos como estos: el régimen cubano patrocinando la trata de personas al exportar a la fuerza a sus médicos y México, aceptando la mano de obra explotada como fuente de ingresos del régimen comunista.

Después de décadas de celebrar la exitosa revolución cubana, la vida de los ciudadanos de esta maravillosa isla que aún no han podido escaparse, depende de unos ingresos tan socialistas como son el turismo, las remesas de los que emigraron a Estados Unidos y las cuotas de los trabajos forzados que ellos llaman misiones internacionales. Así es como se vive en uno de los pocos paraísos del comunismo que permanece como un parque temático, en los que las personas pasan a ser individuos y se les roba su condición humana con el apoyo y reconocimiento de toda la izquierda internacional en la que la española compite por destacar.

Estas contrataciones, han sido rechazadas por los médicos y sus respectivos colegios profesionales mexicanos, no solo por las condiciones de opresión de sus homólogos cubanos si no que, de esta manera, se está excluyendo a los sanitarios nacionales, muchos de ellos desempleados. El Partido Comunista Mexicano, ha amenazado con atacar e impedir cualquier acto público que vaya en contra de este acuerdo. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha tachado de viles y retrógrados a los opositores a este programa.

Ahora, se han vuelto a conocer, algunos detalles del acuerdo mexicano-cubano que afectará a los 610 médicos isleños que empezaron a llegar el pasado mes de julio y que percibirán como sueldo mensual 100 dólares norteamericanos, de los 1.700 que paga México por sus servicios. La transacción financiera, se está realizando a través de una nueva empresa, a raiz del escándalo brasileño, que se llama Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos ( CSMC ) que como buenos capitalistas, han establecido una tasa de cambio fija para el dólar norteamericano de 20,70 pesos mexicanos para blindar al Gobierno cubano de las oscilaciones cambiarias.

El Gobierno socialcomunista que nos ha tocado en suerte, ha sobrepasado todos los límites de una moral pública e institucional que debe de presidir en un país como España, incardinado en lo que conocemos como mundo occidental; que no distingue entre la ética de los actos, de los intrínsecamente malvados, dañinos y ofensivos.

Me estoy refiriendo al escándalo que supone para cualquier Estado de Derecho normal, el proceso de blanqueamiento que se está haciendo a la banda terrorista ETA y a su criminal historial delictivo que, durante más de cuatro décadas de actividad, intentó poner de rodillas a España y a los españoles a través de los medios más brutales y despiadados.

Al apadrinar una política de colaboración con los sucesores de los terroristas, mercadear su respaldo, destacar sus méritos para la estabilidad gubernamental; el Gobierno de la nación ha cambiado de bando, yéndose al lado equivocado, en lugar de estar del lado de los demócratas y las víctimas de la violencia separatista como es su obligación. Tiene que estar con los más débiles, con los más vulnerables….como no para de decir para hacer lo contrario.

Desde el momento en que Bildu es considerado como un grupo político más, como una referencia democrática y hasta un ejemplo por el sanchismo que no por el socialismo, en contraste con la oposición tradicional; la adulteración de los valores fundamentales son un hecho y la deriva consiguiente de actos ejecutivos va en consonancia.

Los principios constitucionales, han estallado por un puñado de votos y unos meses más en el poder y el relato oficial ha sido convenientemente manipulado, ante una sociedad desorientada y absorta, en la que se consagra un escenario homologable a la derrota del vencedor. Ni el socialismo oficial, ni sus socios comunistas y antisistemas, esconden ya sus decisiones, convertidas en la compensación a los filoetarras por sumar sus escaños al Gobierno; como tampoco ocultan su desapego a las víctimas del terrorismo, un colectivo molesto, convertido en la conciencia de un país y un tiempo que estorban a esta izquierda extremista.

Se realizaron 547 actos de homenaje a los presos terroristas vascos durante el año pasado, en 2022, sin que autoridad alguna del Estado haya intentado -al menos- entorpecer esta felonía. Que se jalee en la calle a los asesinos de hombres, mujeres y niños, como sucede cada vez que uno de estos criminales alcanza la libertad, en demasiadas localidades vascas y navarras, dan idea de la talla de esta parte de la sociedad vascuence y también de todas las instituciones que miran para otro lado.

En las fiestas patronales de los pueblos de esta región tan históricamente española, los defensores del terrorismo, las vuelven a utilizar para incitar al odio, con programas paralelos a los oficiales, dentro de una campaña de burla y acoso a los Cuerpos Policiales del Estado, Policía y Guardia Civil, que son tratados como fuerzas opresoras de las comunidades vasca y foral. El verano pasado, la población navarra de Echarri Aranaz, se destacó por su acoso y burla a la Guardia Civil, como símbolo de ese Estado que ha permitido la dispersión de los presos de la banda y no les concede su merecida amnistía.

Pero este no es un hecho aislado sino que se enmarca dentro de una campaña que se hace cada verano en las localidades más contaminadas por el independentismo vasco, cuya finalidad no es otra que acosar y generar un ambiente de presión sobre los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado allí destinados, hasta conseguir su aislamiento social para que se marchen de aquellos territorios.

Da idea también, de la capitulación de la democracia de los que hoy la dirigen, el intenso proceso de entrega de los criminales presos a las nuevas autoridades penitenciarias vascas, que ya acogen al 100% de ellos y de los que queda uno solo por trasladar; cerca de sus casas y de sus familias. Todo ello, sin haber colaborado con la justicia, sin arrepentirse y sin pedir perdón a los familiares de sus víctimas.

Sánchez y Marlasca, han enlutado a la democracia con una mancha de infamia que costará limpiar. Será el primer deber de otro Gobierno, el de honrar a nuestros muertos, esos que en esta etapa tan progresista se han quedado tan solos.

Solo la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno socialcomunista que nos ha tocado en suerte y ya en el ocaso de la legislatura que hace tiempo que debería de haber acabado, ha motivado que se haya recurrido a la modernización de la antigua Ley de Secretos Oficiales, promulgada en abril de 1.968 en tiempos del tardofranquismo y modificada en octubre de 1.978. Ha tenido que considerar nuestro Presidente Pedro Sánchez, verdaderas dificultades políticas para mantenerse en el poder, para ofrecer la actualización de una vieja ley que ningún otro Gobierno de la democracia se ha atrevido a tocar por lo que pienso dos principales razones: comodidad para su aplicación y necesidad de la adecuada mayoría en el Parlamento.

A todos los Estados, les interesa tener secretos para protegerse y es una actividad legal. Los puristas de la democracia, esa izquierda que solo ve derechos cuando está en la oposición, deja de engañarnos cuando alcanza el poder y entonces manifiesta que la vida política no puede ser enteramente pública porque eso dejaría al Estado democrático en una clara desventaja. Y entonces, aprecia que la potestad para clasificar asuntos tiene que estar justificada y controlada, no como la derecha que lo hace todo al tuntún.

Para limitar el derecho a la información que prima en todos los sistemas democráticos, tienen que cumplirse varios requisitos: el primero de ellos, es que solo debe declararse secreto aquello que pueda suponer una amenaza para el propio Estado, debidamente motivado, es decir, la materia; el segundo es que, el secreto tiene que ser algo excepcional porque la regla principal de la actividad pública es la información; y el tercero, entre otros, la autoridad facultada para tomar la decisión, dotada de la estructura adecuada que debería de ser el Consejo de Ministros, la más alta instancia administrativa.

En el caso español, los acuerdos de clasificación de asuntos suficientemente justificados, deberían de aparecer publicados en el Boletín Oficial del Estado y en la práctica, lejos de hacerlo, se ha llegado a declarar como secreto el propio acuerdo de clasificación de materias, generando una enorme inseguridad jurídica, porque cómo saber si algo es secreto si ni siquiera se sabe que existe. Lo que da lugar a pasar de la discrecionalidad a la arbitrariedad.

Soy de la opinión de que la actual Ley de Secretos Oficiales, necesita una modernización como no paran de pedir también nuestros socios de la Unión Europea ( UE ) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ), para hacerlos homologables a los suyos, pero no así, forzada por los acontecimientos y que presagia una debilidad que hará muy difícil -en la práctica- su aplicación.

El Gobierno la quiere hacer solo para seguir contando con el apoyo de sus aliados parlamentarios, que van a actuar como grupos antisistemas que quieren destruir lo que la Ley tiene que proteger. La posición de los grupos vascos ( a la que se ha sumado Izquierda Republicana de Cataluña ) es común porque esta vez, coinciden sus intereses, acortar al máximo los plazos de desclasificación de documentos -cuando el anteproyecto de la ley, que se ha mantenido en máximo secreto, va en sentido contrario- cuya prioridad es conocer las informaciones clasificadas sobre la intentona golpista del 23- F y los GAL ( Grupos Antiterrorisras de Liberación ). De igual manera se ha pronunciado su socio gubernamental, Unidas Podemos que además, desconocía el texto básico.

Todos los países tienen sus secretos, eso es evidente, y necesitan protegerlos. El nuestro también. Nuestra democracia tiene que acometer la sustitución de esa norma legal que es, especialmente restrictiva, Hasta ahora, se ha seguido el modelo soviético de secretos eternos, ya que el principal problema de nuestro sistema es la falta de plazos para que los secretos caduquen de manera automática, como ocurre en los países de nuestro entorno ( Francia, Italia, Reino Unido ) y eso no nos deja en muy buen lugar.

Además, en el modelo español, se distingue solo entre materia reservada y materia secreta, según su grado de importancia, pero la única diferencia entre ambas son los niveles de custodia y es igual de imposible acceder, tanto a una como a otra. Sin límites temporales y con el uso caprichoso de la clasificación, como de la poca desclasificación que se hace, se arroja un manto de opacidad tremendo en cuestiones que son de muchísimo interés público.

España llegó a 2.013, siendo uno de los cuatro países europeos sin una Ley de Transparencia y eso que era el único de ellos no considerado paraíso fiscal. La nueva norma llegó de la mano del Partido Popular, entonces en el Gobierno y fue tan celebrada como insuficiente. Una de las cosas más sorprendentes de su redacción es que ni siquiera mencionaba a la Ley Secretos Oficiales, con la que estaba llamada a chocar. La realidad ha demostrado que no se confrontan. Cuando se trata de secretos oficiales, Transparencia no se aplica, así, directamente. Lo que constituye una anomalía la desconexión tan evidente.

Así ha ocurrido con la Ley del Alto Cargo que solo dos años después de que la Ley de Transparencia prometiese arrojar luz, en el patrimonio de políticos y cargos públicos, se declaró como materia reservada el registro de bienes y derechos patrimoniales. Si un Ministerio le dice al Consejo de la Transparencia que algo es secreto, no hay nada más que hablar porque ni siquiera es posible pedir que se justifique esa decisión ya que la ley no lo exige.

En septiembre de 2.012, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular ( PP ), José Manuel García-Margallo, comparecía en el Congreso de los Diputados para explicar la inseguridad en Malí y Etiopía para los cooperantes españoles ya que había dado lugar al secuestro de varios de ellos. No pudo decir nada, alegando que un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2.010, presidido por el socialista José Luis Rodriguez Zapatero, había declarado secretas las negociaciones sobre secuestros y liberación de ciudadanos españoles o extranjeros.

En el mismo acuerdo, se clasificaron 17 materias que iban desde el viaje del Rey Juan Carlos a Chile y Brasil pasando por las gestiones para la compra de Repsol en Argentina o la candidatura del ex-ministro socialista, Miguel Ángel Moratinos, como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura ( FAO ). Pero lo más llamativo es que el propio acuerdo de clasificación de esas materias, se declaró secreto y no apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ). Esta decisión, es el colmo de la arbitrariedad cuando la Constitución la prohíbe.

Para evitar situaciones como esas, es necesario el efectivo control legislativo y judicial, ya contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Respecto al primero, destaca la Comisión de Gastos Reservados, conocida como Comisión de Secretos Oficiales que nunca ha funcionado especialmente bien y ha sido protagonista de numerosos episodios de filtraciones.

Y en cuanto a los tribunales, es bastante discutible hasta qué punto los jueces pueden obligar a desclasificar asuntos porque la ley especifica nada dice al respecto. Las pocas veces que se ha utilizado esta vía, ha consistido en la correspondiente solicitud de desclasificación y entrega al Consejo de Ministros pero que no es vinculante.

La Ley de Información Clasificada, que es como se llama el borrador propuesto por los socialistas para la actualización de la norma en vigor, tiene por delante todavía un largo recorrido político, lleno de dificultades que ya veremos como acaba…