¿ ES NECESARIA UNA NUEVA LEY DE SECRETOS OFICIALES ?.

Solo la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno socialcomunista que nos ha tocado en suerte y ya en el ocaso de la legislatura que hace tiempo que debería de haber acabado, ha motivado que se haya recurrido a la modernización de la antigua Ley de Secretos Oficiales, promulgada en abril de 1.968 en tiempos del tardofranquismo y modificada en octubre de 1.978. Ha tenido que considerar nuestro Presidente Pedro Sánchez, verdaderas dificultades políticas para mantenerse en el poder, para ofrecer la actualización de una vieja ley que ningún otro Gobierno de la democracia se ha atrevido a tocar por lo que pienso dos principales razones: comodidad para su aplicación y necesidad de la adecuada mayoría en el Parlamento.

A todos los Estados, les interesa tener secretos para protegerse y es una actividad legal. Los puristas de la democracia, esa izquierda que solo ve derechos cuando está en la oposición, deja de engañarnos cuando alcanza el poder y entonces manifiesta que la vida política no puede ser enteramente pública porque eso dejaría al Estado democrático en una clara desventaja. Y entonces, aprecia que la potestad para clasificar asuntos tiene que estar justificada y controlada, no como la derecha que lo hace todo al tuntún.

Para limitar el derecho a la información que prima en todos los sistemas democráticos, tienen que cumplirse varios requisitos: el primero de ellos, es que solo debe declararse secreto aquello que pueda suponer una amenaza para el propio Estado, debidamente motivado, es decir, la materia; el segundo es que, el secreto tiene que ser algo excepcional porque la regla principal de la actividad pública es la información; y el tercero, entre otros, la autoridad facultada para tomar la decisión, dotada de la estructura adecuada que debería de ser el Consejo de Ministros, la más alta instancia administrativa.

En el caso español, los acuerdos de clasificación de asuntos suficientemente justificados, deberían de aparecer publicados en el Boletín Oficial del Estado y en la práctica, lejos de hacerlo, se ha llegado a declarar como secreto el propio acuerdo de clasificación de materias, generando una enorme inseguridad jurídica, porque cómo saber si algo es secreto si ni siquiera se sabe que existe. Lo que da lugar a pasar de la discrecionalidad a la arbitrariedad.

Soy de la opinión de que la actual Ley de Secretos Oficiales, necesita una modernización como no paran de pedir también nuestros socios de la Unión Europea ( UE ) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ), para hacerlos homologables a los suyos, pero no así, forzada por los acontecimientos y que presagia una debilidad que hará muy difícil -en la práctica- su aplicación.

El Gobierno la quiere hacer solo para seguir contando con el apoyo de sus aliados parlamentarios, que van a actuar como grupos antisistemas que quieren destruir lo que la Ley tiene que proteger. La posición de los grupos vascos ( a la que se ha sumado Izquierda Republicana de Cataluña ) es común porque esta vez, coinciden sus intereses, acortar al máximo los plazos de desclasificación de documentos -cuando el anteproyecto de la ley, que se ha mantenido en máximo secreto, va en sentido contrario- cuya prioridad es conocer las informaciones clasificadas sobre la intentona golpista del 23- F y los GAL ( Grupos Antiterrorisras de Liberación ). De igual manera se ha pronunciado su socio gubernamental, Unidas Podemos que además, desconocía el texto básico.

Todos los países tienen sus secretos, eso es evidente, y necesitan protegerlos. El nuestro también. Nuestra democracia tiene que acometer la sustitución de esa norma legal que es, especialmente restrictiva, Hasta ahora, se ha seguido el modelo soviético de secretos eternos, ya que el principal problema de nuestro sistema es la falta de plazos para que los secretos caduquen de manera automática, como ocurre en los países de nuestro entorno ( Francia, Italia, Reino Unido ) y eso no nos deja en muy buen lugar.

Además, en el modelo español, se distingue solo entre materia reservada y materia secreta, según su grado de importancia, pero la única diferencia entre ambas son los niveles de custodia y es igual de imposible acceder, tanto a una como a otra. Sin límites temporales y con el uso caprichoso de la clasificación, como de la poca desclasificación que se hace, se arroja un manto de opacidad tremendo en cuestiones que son de muchísimo interés público.

España llegó a 2.013, siendo uno de los cuatro países europeos sin una Ley de Transparencia y eso que era el único de ellos no considerado paraíso fiscal. La nueva norma llegó de la mano del Partido Popular, entonces en el Gobierno y fue tan celebrada como insuficiente. Una de las cosas más sorprendentes de su redacción es que ni siquiera mencionaba a la Ley Secretos Oficiales, con la que estaba llamada a chocar. La realidad ha demostrado que no se confrontan. Cuando se trata de secretos oficiales, Transparencia no se aplica, así, directamente. Lo que constituye una anomalía la desconexión tan evidente.

Así ha ocurrido con la Ley del Alto Cargo que solo dos años después de que la Ley de Transparencia prometiese arrojar luz, en el patrimonio de políticos y cargos públicos, se declaró como materia reservada el registro de bienes y derechos patrimoniales. Si un Ministerio le dice al Consejo de la Transparencia que algo es secreto, no hay nada más que hablar porque ni siquiera es posible pedir que se justifique esa decisión ya que la ley no lo exige.

En septiembre de 2.012, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular ( PP ), José Manuel García-Margallo, comparecía en el Congreso de los Diputados para explicar la inseguridad en Malí y Etiopía para los cooperantes españoles ya que había dado lugar al secuestro de varios de ellos. No pudo decir nada, alegando que un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2.010, presidido por el socialista José Luis Rodriguez Zapatero, había declarado secretas las negociaciones sobre secuestros y liberación de ciudadanos españoles o extranjeros.

En el mismo acuerdo, se clasificaron 17 materias que iban desde el viaje del Rey Juan Carlos a Chile y Brasil pasando por las gestiones para la compra de Repsol en Argentina o la candidatura del ex-ministro socialista, Miguel Ángel Moratinos, como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura ( FAO ). Pero lo más llamativo es que el propio acuerdo de clasificación de esas materias, se declaró secreto y no apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ). Esta decisión, es el colmo de la arbitrariedad cuando la Constitución la prohíbe.

Para evitar situaciones como esas, es necesario el efectivo control legislativo y judicial, ya contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Respecto al primero, destaca la Comisión de Gastos Reservados, conocida como Comisión de Secretos Oficiales que nunca ha funcionado especialmente bien y ha sido protagonista de numerosos episodios de filtraciones.

Y en cuanto a los tribunales, es bastante discutible hasta qué punto los jueces pueden obligar a desclasificar asuntos porque la ley especifica nada dice al respecto. Las pocas veces que se ha utilizado esta vía, ha consistido en la correspondiente solicitud de desclasificación y entrega al Consejo de Ministros pero que no es vinculante.

La Ley de Información Clasificada, que es como se llama el borrador propuesto por los socialistas para la actualización de la norma en vigor, tiene por delante todavía un largo recorrido político, lleno de dificultades que ya veremos como acaba…