¿ ES NECESARIA UNA NUEVA LEY DE SECRETOS OFICIALES ?.

Solo la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno socialcomunista que nos ha tocado en suerte y ya, en el ocaso de la legislatura, que hace tiempo que debería de haber acabado, ha motivado que se haya recurrido a la modernización de la antigua Ley de Secretos Oficiales, promulgada en abril de 1.968, en tiempos del tardofranquismo y modificada en octubre de 1.978. Ha tenido que considerar nuestro Presidente Pedro Sánchez, verdaderas dificultades políticas para mantenerse en el poder, para ofrecer la actualización de una vieja ley que ningún otro Gobierno de la democracia se ha atrevido a tocar, por lo que pienso dos principales razones: comodidad para su aplicación y necesidad de la adecuada mayoría en el Parlamento.

A todos los Estados, les interesa tener secretos para protegerse y es una actividad legal. Los puristas de la democracia, esa izquierda que solo ve derechos cuando está en la oposición, deja de engañarnos cuando alcanza el poder y entonces manifiesta que, la vida política, no puede ser enteramente pública porque eso, dejaría al Estado democrático en una clara desventaja. Y entonces, aprecia que la potestad para clasificar asuntos tiene que estar justificada y controlada, no como la derecha que lo hace todo al tuntún…

Para limitar el derecho a la información que prima en todos los sistemas democráticos, tienen que cumplirse varios requisitos: el primero de ellos, es que solo debe declararse secreto aquello que pueda suponer una amenaza para el propio Estado, debidamente motivado, es decir, la materia; el segundo es que, el secreto tiene que ser algo excepcional porque la regla principal de la actividad pública es la información; y el tercero, entre otros, la autoridad facultada para tomar la decisión, dotada de la estructura adecuada que debería de ser el Consejo de Ministros, la más alta instancia administrativa.

En el caso español, los acuerdos de clasificación de asuntos, suficientemente justificados, deberían de aparecer publicados en el Boletín Oficial del Estado y, en la práctica, lejos de hacerlo, se ha llegado a declarar como secreto el propio acuerdo de clasificación de materias, generando una enorme inseguridad jurídica, porque cómo saber si algo es secreto si ni siquiera se sabe que existe. Lo que da lugar a pasar de la discrecionalidad a la arbitrariedad.

Soy de la opinión de que, la actual Ley de Secretos Oficiales, necesita una modernización como no paran de pedir también nuestros socios de la Unión Europea ( UE ) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ), para hacerlos homologables a los suyos, pero no así, forzada por los acontecimientos y que presagia una debilidad que hará muy difícil -en la práctica- su aplicación.

El Gobierno la quiere hacer solo para seguir contando con el apoyo de sus aliados parlamentarios, que van a actuar como grupos antisistemas que quieren destruir lo que la Ley tiene que proteger. La posición de los grupos vascos ( a la que se ha sumado Izquierda Republicana de Cataluña ) es común porque, esta vez, coinciden sus intereses, acortar al máximo los plazos de desclasificación de documentos -cuando el anteproyecto de la ley, que se ha mantenido en máximo secreto, va en sentido contrario- cuya prioridad es conocer las informaciones clasificadas sobre el 23- F y los GAL. De igual manera se ha pronunciado su socio gubernamental, Unidas Podemos que además, desconocía el texto básico.

Todos los países tienen sus secretos, eso es evidente, y necesitan protegerlos. El nuestro también. Nuestra democracia tiene que acometer la sustitución de esa norma legal que es, especialmente restrictiva, Hasta ahora, se ha seguido el modelo soviético de secretos eternos, ya que el principal problema de nuestro sistema es la falta de plazos para que los secretos caduquen de manera automática, como ocurre en los países de nuestro entorno ( Francia, Italia, Reino Unido ) y eso no nos deja en muy buen lugar.

Además, en el modelo español, se distingue solo entre materia reservada y materia secreta, según su grado de importancia, pero la única diferencia entre ambas son los niveles de custodia y es igual de imposible acceder, tanto a una como a otra. Sin límites temporales y con el uso caprichoso de la clasificación, como de la poca desclasificación que se hace, se arroja un manto de opacidad tremendo en cuestiones que son de muchísimo interés público.

España llegó a 2.013, siendo uno de los cuatro países europeos sin una Ley de Transparencia y eso que era el único de ellos no considerado paraíso fiscal. La nueva norma llegó de la mano del Partido Popular, entonces en el Gobierno y fue tan celebrada como insuficiente. Una de las cosas más sorprendentes de su redacción es que ni siquiera mencionaba a la Ley Secretos Oficiales, con la que estaba llamada a chocar. La realidad ha demostrado que no se confrontan. Cuando se trata de secretos oficiales, Transparencia no se aplica, así, directamente. Lo que constituye una anomalía la desconexión tan evidente.

Así ha ocurrido, con la Ley del Alto Cargo que solo dos años después de que la Ley de Transparencia prometiese arrojar luz, en el patrimonio de políticos y cargos públicos, se declaró como materia reservada el registro de bienes y derechos patrimoniales. Si un Ministerio le dice al Consejo de la Transparencia que algo es secreto, no hay nada más que hablar, porque ni siquiera es posible pedir que se justifique esa decisión ya que la ley no lo exige.

En septiembre de 2.012, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular ( PP ), José Manuel García-Margallo, comparecía en el Congreso de los Diputados para explicar la inseguridad en Malí y Etiopía, para los cooperantes españoles ya que había dado lugar al secuestro de varios de ellos. No pudo decir nada, alegando que un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2.010, presidido por el socialista José Luis Rodriguez Zapatero, había declarado secretas las negociaciones sobre secuestros y liberación de ciudadanos españoles o extranjeros.

En el mismo acuerdo, se clasificaron 17 materias que iban desde el viaje del Rey Juan Carlos a Chile y Brasil pasando por las gestiones para la compra de Repsol en Argentina o la candidatura del ex-ministro socialista, Miguel Ángel Moratinos, como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura ( FAO ). Pero lo más llamativo es que el propio acuerdo de clasificación de esas materias, se declaró secreto y no apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ). Esta decisión, es el colmo de la arbitrariedad cuando la Constitución la prohíbe.

Para evitar situaciones como esas, es necesario el efectivo control legislativo y judicial, ya contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Respecto al primero, destaca la Comisión de Gastos Reservados, conocida como Comisión de Secretos Oficiales que nunca ha funcionado especialmente bien y ha sido protagonista de numerosos episodios de filtraciones.

Y en cuanto a los tribunales, es bastante discutible hasta qué punto los jueces pueden obligar a desclasificar asuntos porque la ley especifica nada dice al respecto. Las pocas veces que se ha utilizado esta vía, ha consistido en la correspondiente solicitud de desclasificación y entrega al Consejo de Ministros pero que no es vinculante.

La Ley de Información Clasificada, que es como se llama el borrador propuesto por los socialistas para la actualización de la norma en vigor, tiene por delante todavía, un largo recorrido político, lleno de dificultades que ya veremos como acaba…

6 comentarios sobre “¿ ES NECESARIA UNA NUEVA LEY DE SECRETOS OFICIALES ?.

  1. Gracias por tan certero articulo, al que sumo tres comentarios:
    – Un secreto tiene, ademas de justificacion, un enorme valor estrategico y economico para el pais que lo posee, y
    por eso hay que protegerlo.
    – Para poder acceder a informacion clasificada es necesario ser investigado antes, para asegurar que el historial y las relaciones de esa persona no pondran en riesgo dicha informacion.
    – ¿ Porqué hay individuos de partidos que se declaran antiespañoles tan interesados en participar en la Comision de Secretos Oficiales? ¿Hay que permitirlo o limitarlo?.

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    1. Las dos primeras cuestiones que planteas son de carácter técnico y suelen estar recogidas en la normativa específica. Me voy a referir solo a la tercera por su carácter político. Para mí, se trata de un problema de representatividad. ¿ Cómo se le prohíbe a un partido legalmente constituido y con el suficiente número de diputados como para tener grupo parlamentario propio, su acceso a las Comisión de Gastos Reservados, a la que reglamentariamente tiene derecho ?. Si la Constitución Española permite a los partidos políticos que vayan contra ella, ¿ se puede impedir su acceso a los secretos de Estado ?. Este es un tema que se puede someter, tranquilamente, a un gran debate.
      Gracias por tu comentario, Carlos. Un abrazo.

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  2. Querido amigo Juan Francisco, un artículo muy bien documentado con aclaraciones sobre un tema muy delicado, que sólo conocía en parte.

    Como todo lo que se refiere a conocer los asuntos de interés para los ciudadanos, referente a los gastos excesivos e injustificables por los que los realizan y se benefician de ellos en modo propio, intentan mediante estos decretos de secretos oficiales, ocultar a la población sus desmanes, y lamentablemente esto beneficia tanto a unos partidos políticos como a los otros.

    Creo que los jueces deberían ser los únicos con potestad para decidir sobre estos temas, pero ya se encargan los políticos sobre todo los social-comunistas, aunque también los otros, de procurar que la Justicia no sea libre en estos temas, intentando colocar en el Tribunal Constitucional a jueces de su ideología.

    Los secretos oficiales, a mi parecer, se deberían limitar a los temas de seguridad nacional, como la lucha anti-terrorista y algunos temas de interés, más por su eficacia y sobre todo por la seguridad de los agentes que los realizan.

    A los ineptos y aprovechados políticos que tenemos en la actualidad, les da pánico que los ciudadanos descubran los desmanes que realizan, mientras están en puestos de gran responsabilidad, y procuran esconder sus acciones injustificables, por motivos exclusivamente personales, ya que se juegan el puesto en las elecciones.

    Los cambios en estos temas están a mi entender, en las presiones que realizan los socios tanto separatistas como terroristas, al nefasto Presidente del Gobierno que accede a cualquier exigencia de estos para seguir estando en la Moncloa, el tiempo que pueda aunque sea a costa de perder la poca dignidad que le queda.

    Un fuerte abrazo junto a mi agradecimiento por lo que aprendo con tus artículos.

    Fernando.

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    1. Como bien indicas, en los llamados secretos de Estado, hay de todo: cosas curiosas y otras no tanto. Pero la población necesita saber qué asuntos concretos ha hecho un Gobierno u otro y sus circunstancias, transcurrido un cierto tiempo. El derecho a la información está consagrado en nuestra Constitución y hay que aplicarlo.
      Gracias por tu comentario, Fernando. Un abrazo.

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  3. Mi felicitación a tu prestigioso, sensato y erudito articulo, que corroboró en todos sus asertos, muy completo, que no se me ocurre nada que añadir. Saludos cordiales, y enhorabuena por tu magnífico blog Asuntos policiales, Juan Bartolomé Romero.

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