No pretendo realizar un análisis técnico de la estafa acudiendo a la doctrina filosófica y jurídica. Se ha escrito mucho sobre este fenómeno criminógeno y al alcance de cualquiera que sienta inquietud por este tema se encuentra documentación suficiente para saciar su avidez. Lo que pretendo exponer son las modalidades de este tipo delictivo que con la abundancia con la que se prodiga o por el alto tecnicismo que requiera su comisión, precisan para su plena comprensión un comentario, mayoritariamente sobre el procedimiento del estafador y muy poco de la normativa que infringe.

La estafa, se puede considerar de manera genérica, como cualquier acto jurídico, civil, mercantil o privado del que se pueda obtener un beneficio, mediante el engaño, quedando este condicionado a la imaginación del autor. De ahí que los legisladores se vean impotentes en tipificar todas y cada una de las estafas.

Esto se puede comprobar no solo en el Código Penal español si no en el de cualquier país. Al tratar de estafas, se observa una gran diferencia entre unos y otros en cuanto al número de hechos perfectamente tipificados. Sin embargo, ante la imposibilidad de comprender todos los que se pudieran producir, recurren -finalmente- a la fórmula de considerar estafas, a las defraudaciones conseguidas mediante algún otro engaño aunque sea distinto a los que ya han descrito.

Lo que sí es necesario conocer, son los elementos básicos de esta modalidad delictiva que la distinguen claramente de los otros delitos contra la propiedad y que son tres: conseguirse con perjuicio del patrimonio ajeno; llevarse a cabo en beneficio del que estafa o de un tercero y por último, producirse mediante engaño.

El patrimonio ha de entenderse, no solo como el conjunto de bienes y propiedades, heredadas o adquiridas, sino también como la expectativa de una ganancia que los incremente, prestaciones que tienen un valor económico como pueden ser mejoras laborales, viajes, premios, regalos etc y demás valores, cuya posesión esté jurídicamente protegida.

La característica de la estafa consiste en que la propia víctima dispone en su perjuicio, de todo o parte de su patrimonio, a diferencia de otros delitos contra la propiedad en los cuales el autor es quién realiza la disposición o apropiación. La disposición debe de realizarse en perjuicio del patrimonio ajeno, de forma que la valoración de la estafa debe realizarse obteniendo la diferencia entre el valor del patrimonio después de producida la disposición a causa del engaño y el que tendría de no haberse producido este.

No existe estafa cuando, en lugar de disposición solo hay un desplazamiento de algún elemento del patrimonio aunque se haya obtenido con engaño. Es el caso del agente de seguros, que valiéndose del engaño, consigue de alguien que suscriba una póliza ya que en este caso, el valor del patrimonio del engaño, sigue siendo el mismo. El elemento patrimonial, debe por tanto, tener un valor económico porque de lo contrario, no sería una estafa.

No es necesario que el perjuicio patrimonial lo sufra el engañado, como tampoco que el beneficio lo obtenga el que engaña. Sin embargo, es condición indispensable la intencionalidad de estafar y que exista una relación de causalidad entre el ánimo de conseguirlo y el perjuicio, de forma que este sea consecuencia de aquel. La intencionalidad del engaño se supone en todo acto voluntario, dejando de ser punible cuando se demuestre lo contrario aunque se haya causado un perjuicio a un tercero

El engaño, ha de ser suficiente para producir error. Puede consistir en manifestaciones u omisiones, actos o hechos materiales o cualesquiera otros, siempre que dadas la ocasión y las circunstancias de los sujetos activos y pasivos del delito, incidan directamente en la buena fe, credulidad o inconsciencia de una persona para inducirla a error y mover su voluntad a desprenderse de su patrimonio.

El fraude penal puede ser confundido con el fraude civil. Para que el engaño pueda generar una responsabilidad criminal debe de ser intencionado, anterior o simultáneo a la defraudación y establecer el origen de la causa de un perjuicio patrimonial. Así por ejemplo, estafa el comerciante que compra una partida con la intención de no pagarla y posteriormente desaparece o la enajena a bajo precio. Sin embargo, si este mismo comerciante, elude después su compromiso de pago, una vez adquirida y entreteniendo al acreedor con promesas de pago que no cumple, no es autor de este delito.

El perjuicio patrimonial puede ser también consecuencia de un error, en cuyo caso, es preciso que ese desatino sea efecto de una conducta engañosa por parte del sujeto con ánimo de lucro. No delinque por ejemplo, el asesor que de buena fe aconseja a su cliente una inversión en determinada empresa que, en un breve tiempo después, es declarada en quiebra.

La Transición Política trajo a España la democracia pero al País Vasco y a Navarra no llegó hasta el año 2.011 cuando ETA dejó de matar. Hasta entonces había sido una democracia sin libertad para los que no eran independentistas. Se pasó directamente, del autoritarismo de Franco a la dictadura de ETA. Los atentados terroristas lo impregnaban todo, lo contaminaban todo. Durante años, el miedo, el recelo y el odio, se derramaron como un líquido pegajoso por todos los recovecos de la sociedad, la política, las instituciones, las amistades y hasta en la familia.

El miedo fue asimétrico. Los separatistas pusieron el victimismo y los que no lo eran, las víctimas. Ellos vivían en paz y en  libertad y los otros querían vivir como ellos. Eran tiempos en los que cuando la Policía desarticulaba un comando de ETA que había asesinado en cualquier parte de España, en su tierra, los acólitos quemaban autobuses, cortaban las calles y las carreteras con barricadas y alguien era amenazado o agredido en su barrio del pueblo.

El miedo no paraba de crecer y se empobrecía cada día la sociedad. La mancha del terror fue tan grande que hubo muchos años de desesperanza en los que llegó a calar la idea de que la victoria sobre el terrorismo era imposible y que ETA había logrado empatar con el Estado de Derecho.

Es una realidad incontestable que estos criminales causaron centenares de muertos, miles de familias rotas y sin ninguna posibilidad de reparación. Ese es el papel por el que se verá a ETA en la Historia : el oprobio y la vergüenza. La violencia política provocó el empobrecimiento moral de una convivencia marcada por el señalamiento del discrepante y la ley del más fuerte.

Le corresponde al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) como partido político que más tiempo ha gobernado en la región, el hacer una reflexión profunda sobre lo que debe de unir a los vascos porque después de todos estos años, han sido incapaces de construir una sociedad para todos, ligada por algo más que la bandera ( ikurriña ) y la lengua ( el vascuence ). Se han dedicado a hacer patria, no país.

Durante la Transición, en aquella parte de la geografía española, de política no se hablaba. La gente normal evitaba pronunciarse para que no prendiera la discordia o para no ser marcados, dependiendo de que temas o posiciones se defendieran. El terror hizo peor a la sociedad vasca porque el miedo y el odio la colonizó y debilitó moralmente.

Hoy, desaparecida ETA, la lucha no es contra las pistolas y las bombas sino con las armas de la memoria y el relato y no tolerar la mentira, ni la manipulación que pretendan imponer sus herederos políticos que encima tienen representación institucional.

Lo que estos últimos están difundiendo es que unos jóvenes muy equivocados montaron ETA porque una dictadura quería españolizar el País Vasco y que había un clima de violencia que partía de muchos ámbitos y que ahora, por fin, tenemos paz … ( y pelillos a la mar )

Por eso, los cimientos del futuro solo pueden asentarse sobre la verdad, negando que hubiera dos bandos que se mataban entre sí, sino que había una organización terrorista que mataba a los que no la seguían para imponer una dictadura basada en el terror.

Desde finales de los años 90, los subsaharianos empezaron a aparecer en las costas españolas procedentes de Marruecos, a bordo de los toys que es como ellos llaman a esas pequeñas balsas hinchables, fabricadas en China, fáciles de conseguir y más baratas que las lanchas neumáticas aunque más inestables. Normalmente, hay espacio para cuatro personas pero ellos se meten una docena para obtener el máximo beneficio del viaje. El precio por pasajero no baja de 500 euros y llega con frecuencia a triplicarlo.

Son más duros para la inmigración que los marroquíes. Al principio, llegaban a España con más facilidad pero dado su elevado número empezaron a utilizar a las mafias marroquíes y a partir de ahí se fue complicando todo.

Ahora, gran parte de estos inmigrantes están en manos de traficantes internacionales en sus países de origen que les ofrecen todas las etapas de un viaje que les puede llevar hasta Francia, que es su destino preferido por haber sido su antigua metrópoli. Seguidos de los prestamistas; los que facilitan la logística necesaria ( la vivienda donde los ocultan hasta la salida y el transporte necesario ) y por último las autoridades corruptas, especialmente los policías fronterizos de cada Estado que atraviesan y que cobran por cabeza – como si fueran ganado – para mirar hacia otro lado.

Uno de los trayectos que más utilizan es la línea de autobuses de Tánger a Nador, que va de extremo a extremo del norte de Marruecos para comprar los botes hinchables que suelen agotarse en el otro lado, en Tánger y Tetuán.

Los bosques que rodean Nador, son otro de los puntos donde se concentra la inmigración africana que sale por el mar de Alborán. Se pueden contar -a simple vista- unos 30 asentamientos pequeños donde viven centenares de ellos, aparentemente controlados por la policía marroquí y que actúa o no, según los intereses políticos del momento porque de estas playas tan cercanas a Melilla, salen pateras todas las semanas cuando el tiempo acompaña, ocupadas por cameruneses y guineanos, principalmente.

Aquí también se están utilizando lanchas neumáticas a las que instalan un viejo motor de una barca de pesca y donde el precio por pasajero se dispara hasta los 1.500 euros. Las tarifas han subido mucho por la alta demanda y los vendedores marroquíes saben para qué las quieren y también que van a pagar lo que se les pida y encima son negros.

Todos estos jòvenes subsaharianos que se lanzan al mar desde el lado marroquí del Estrecho de Gibraltar, tienen algo en común: el miedo al fracaso y tener que regresar a sus casas con las manos vacías. Hay muchos que se marchan de sus pueblos y ciudades con desconocimiento de los peligros que tienen que sortear durante todo el trayecto, impulsados por las maravillas europeas que ven en la televisión y por eso fracasan y se arrepienten pero ya no pueden volver así por vergüenza y se quedan trabajando en cualquier parte de las naciones que tienen que atravesar y aceptando cosas que en su países de origen no harían.

Todos ellos huyen de las crisis económicas, guerras, hambrunas, miseria, precariedad, dictaduras, catástrofes naturales, expoliación de recursos naturales,etc. Esto es lo que constituye un verdadero efecto expulsión hacia los países más ricos y si son de Europa mucho mejor.

Año tras año, bastantes de ellos logran atravesar el Mediterráneo, consiguiendo alcanzar lo que llaman la buena vida. Les ha costado varios intentos y algunos años de su vida. Tantos que sus familiares daban por muertos a muchos de ellos. Una vez que están en España y comunican a su familia que lo han logrado, aquellos se quedan petrificados.

Según las cifras que se han ido publicando, el año 2.018 fue el peor de todos en materia inmigratoria, contabilizándose 56.480 entradas irregulares por mar, del total 64.300 de llegadas ilegales, lo que supone un 90% de las entradas. Aquel año fue el de la mayor crisis inmigratoria conocida en España, superando la de 2.006, que fue la cris de los cayucos en Canarias, a las que llegaron 31.678 personas en 515 embarcaciones de madera. El año pasado fue de 31.219 que representa un descenso del 25,6% respecto de 2.021.

España, se ha convertido así en una de las tres rutas inmigratorias más importantes hacia Europa, junto con Italia y Grecia, según los informes que facilita la Agencia Europea de Fronteras ( FRONTEX ) habiendo salido de Marruecos muchos de sus nacionales, seguidos muy de cerca por Guinea y Malí.

Las oleadas periódicas de inmigrantes que llegan a España a través de pateras o de los asaltos a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, pueden descender o aumentar de un año a otro en función de la coyuntura pero lo que es seguro es que la tendencia a seguir despoblando África va a continuar porque proceden de Estados fallidos, con los que es muy difícil fomentar la cooperación para que sus ciudadanos logren unas condiciones mínimas de supervivencia y se frene de manera natural la emigración a otros países.

También, es muy difícil firmar acuerdos de readmisión para que acepten a sus nacionales rechazados por entrada irregular en España porque les viene muy bien que sus jóvenes se marchen y no protesten por su negro futuro. Además serviría para que las mafias tengan claro que las personas que trasladen a personas de forma irregular van a ser devueltas.

Todos estos problemas tienen un denominador común: las instituciones de los Estados originarios son muy débiles e inestables, así como sus cuerpos policiales, por lo que es muy complicado evitar que sus ciudadanos huyan en busca de mejores condiciones de vida, sin importarles mucho los peligros que vayan a correr, incluida la pérdida de la propia vida.

El año 2.018 ya ha sido considerado como el de la mayor crisis inmigratoria hacia España. Las cifras arrojadas asustan : casi 65.000 ( 62.479 exactamente ) llegados por mar, con 769 ahogados. Los desaparecidos no cuentan porque no se saben aunque hay determinadas organizaciones humanitarias que se atreven a hacer estimaciones del orden de unos 300 anuales de media en el periodo comprendido entre 2.010 y 2.022.

Una verdadera tragedia que, año tras año, se muestra más preocupante. Todas las previsiones realizadas hasta ahora indican que, el futuro de la inmigración va a peor. España recibió en 2.018 a más inmigrantes en patera que los últimos ocho años juntos. aunque haya años irregulares como el pasado 2.022, cuando un total de 28.930 inmigrantes ilegales llegaron a España por vía marítima. Esta cifra representaba una disminución del 27,9% respecto de 2.021 y acercándose a los valores registrados en 2.019, cuando llegaron a las costas españolas aproximadamente 26.103 inmigrantes. La presencia de la pandemia china fue la principal responsable de este descenso tan significativo.

La llegada de inmigrantes marroquíes a las costas españolas a bordo de esas pequeñas embarcaciones que todo el mundo conoce -erróneamente- como pateras es ya una historia antigua. Una patera es un bote de madera, pequeña, sin cubierta, con el fondo de reducido calado que se utiliza -normalmente- para el traslado de marineros desde el muelle a buques fondeados.

Los traficantes de seres humanos, han logrado agotar todos las barcas de madera para pescar en aguas litorales, que construían los carpinteros de las pequeñas localidades costeras del norte de Marruecos. A su vez, estas poblaciones se han ido vaciando con el transcurso de los años porque los primeros en embarcarse rumbo a España han sido sus propios jóvenes, de los cuales más de la mitad ya lo han conseguido, incluso fabricando ellos mismos sus propias embarcaciones.

Ahora, los adolescentes que van quedando, se compran una barca de juguete y se lanzan al mar sin pensárselo. Incluso no les importa que sea una goma hinchable. Dado que no tienen ningúna alternativa de ocio, cultural o de formación profesional que ofrecerles. Esto último, sigue siendo una de las principales razones por las que los marroquíes salen de su país. Algunos de los menores que han huido – y que siguen haciéndolo- apenas superaban los 12 años porque crecían  escuchando la exitosa vida de los que conseguían llegar y establecerse.

Si echamos un vistazo a la Historia, recorriendo por ejemplo las tres últimas décadas con el drama de la inmigración, se llega a una conclusión muy clara : salvo la altura de las vallas; los muertos ; los medios de control de inmigrantes y la logística de las mafias que trafican con ellos, nada ha cambiado.

A principios de los años 80, los botes de madera que salían de Marruecos cargados de hachís también llevaban personas para conseguir los pasaportes en sus Consulados en España. Fue en 1.991, cuando nuestro país se sumó al Acuerdo de Schengen cuando empezó a exigir Visado a los marroquíes que querían entrar.

Pero antes, las complicaciones pasaban por las dificultades para conseguir un pasaporte y su exagerado importe para su nivel de vida. En una patera habitual de aquellas fechas iban 70 kgrs. de hachís y 13 personas. Una plaza de pasajero se pagaba a 2.500.- dírhams ( unos 25 euros de ahora ).

En los últimos 30 años, más de un cuarto de millón ( 270.000, exactamente ) inmigrantes han llegado a las costas españolas. Entre los marroquíes, el control de estas pateras esta en manos de los grupos ultras de los clubes de fútbol de la región, que han cambiado el negocio de contrabando de hachís por el tráfico de personas. En 2.018, lograron cruzar a miles de personas, muchos de ellos compatriotas suyos y hasta menores de edad.

Lo más fuerte de todo esto, son los centenares de niños marroquíes que pululan las calles de Tánger, Tetuán, Ceuta y Melilla ; que tratan de dar el salto a España, a la primera oportunidad que tengan. En aquella primavera, un adolescente de entre 15 o 16 años, fue atropellado por un camionero español, de manera accidental, en el Puerto de Ceuta, cuando intentaba ocultarse en los bajos del camión. Los compañeros del fallecido le organizaron su entierro. Niños enterrando a otros niño. Jóvenes haciéndose cargo de un procedimiento de adultos como es la muerte.

También en su caso, el año 2.018 fue el de mayor número de menores (7.026) que llegaron a España por está vía. En el año 2.021 su número se incrementó respecto a 2.020 y la proporción por sexos se sigue manteniendo donde el 85% de ellos son chicos y el 15% restante son chicas.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para asumir los cambios propuestos por los socios del Gobierno, principalmente antisistemas ( Podemos ) y separatistas ( Bildu e Izquierda Republicana de Cataluña ) ha sido aplazada hasta la siguiente legislatura dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo en una de las exigencias del grupo político catalán que pedía la prohibición del uso de las pelotas de goma en la dispersión de las manifestaciones violentas en la calle, como ellos ya habían hecho con la Policía Autonómica de su Comunidad. Al final, lo que yo creo es que ha sido una excusa del grupo socialista para impedir que saliera adelante la modificación de la ley que ya reflejaba el desarme policial para contener los desórdenes públicos venideros para cuando la derecha gane el poder.

El descontento de los miembros de los cuerpos de seguridad no ha sido tenido en cuenta en ningún momento pese a las reiteradas críticas sobre los cambios ya acordados, de las principales asociaciones y sindicatos que representan sus intereses y las diversas manifestaciones públicas realizadas para dar a a conocer su malestar a la sociedad en general, la grave irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez porque en el trámite parlamentario se ha podido ver la dirección de los cambios que proponían los socios gubernamentales que nada tenían que ver con mejorar la seguridad de los españoles sino más bien con cuotas de poder político para socavar el Estado de Derecho.

De haberse llevado a cabo la modificación prevista para esta ley, los policías habrían estado desarmados -literalmente- ante los retos delincuenciales y las algaradas callejeras. Es inconcebible que se pretenda cambiar una norma y más de la importancia que esta tiene y que debería de aumentar las garantias de seguridad de todos los españoles, sin tener en cuenta a los miembros de los cuerpos policiales encargados de llevar a cabo el mantenimiento y restablecimiento del orden público infringido. A los agentes de la autoridad no se les puede pedir que asuman riesgos innecesarios que pongan en peligro su integridad física y la de sus familiares, como también al resto de los ciudadanos, en beneficio exclusivo de los alborotadores y demás delincuentes violentos.

Estos cambios legales que desde el mismo momento de la promulgación de esta ley en el año 2.015 con un Gobierno del Partido Popular ( PP), los enemigos de la democracia empezaron a denominar como ley mordaza con bastante éxito mediático era más bien con arreglo a su articulado la ley de odio a la Policía por quienes consideran a esta institución como un obstáculo a sus desmanes e iniciativas de protesta. Porque hay que recordar que esta reforma ni era necesaria, ni la demandaba la sociedad, ni mejoraba las condiciones de trabajo de los policías sino más bien al contrario.

El texto mencionado y ya consensuado, incluía despropósitos tales como la toma y difusión de imágenes -sin permiso- de los policías trabajando a discreción y entorpeciendo su actuación para crearles inseguridad jurídica en su labor profesional y facilitando con ello el trabajo de los delincuentes y violentos para acosar y amenazar la vida de los agentes y sus familias. Una medida que llegaba justo en el momento en el que las agresiones a los mismos se han disparado a una media de 30 diarias. Y ahora viene lo bueno: los agentes no podían grabar a los agresores.

Otro de ellos, sería el que las manifestaciones espontáneas no tendrían que ser comunicadas previamente. En concreto, el texto argumentaba que no habría infracción siempre que el ejercicio pacífico de tal derecho precisara de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admitiera demora, siempre que no cause violencia o alteración del orden público. Esta medida hubiera chocado con el artículo 21.2 de la Constitución que señala la obligación de la comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones en los lugares de tránsito público y manifestaciones.

Para los agentes, existía un riesgo mayor y se encontraba en el propósito de limitar la responsabilidad de los incidentes de una concentración o manifestación únicamente a los promotores u organizadores eximiendo así a los que ejercieran actos similares a ellos. Con este cambio, cualquier persona o colectivo que no convocara formalmente un acto público o lo hiciera desde el anonimato de las redes sociales -como hacen habitualmente los agitadores- pero que se dedique a impulsar incidentes o comportamientos sancionables, quedaría impune.

Esta medida, se iba a producir en el peor momento debido al aumento de los incidentes violentos relacionados con los botellones y los comportamientos incívicos vinculados a esta forma de ocio en el que se ocupa el espacio público para la ingesta de alcohol.

Otra de las barbaridades previstas era reducir los tiempos para la identificación y hacer a los policías de taxistas. Las personas que se negaran a identificarse o fueran indocumentadas podían ser retenidas hasta dos horas – 6 horas establecía la norma anterior- para trasladarlas hasta la Comisaría más próxima para realizar los trámites y procedimientos necesarios para saber de quién se trata, debiendo ser devueltas al lugar donde se produjo la intervención. Restando así recursos que van en detrimento de la seguridad del resto de ciudadanos mientras hacen de taxistas para los infractores que van -intencionadamente- indocumentados para entorpecer la labor policial y no ser sancionados por su comportamiento transgresor..

Otro cambio que daba un giro radical a lo establecido, era sembrar la duda sobre los agentes perdiendo el atestado policial la presunción de veracidad pasando así, directamente, a la presunción de culpabilidad, generando la consiguiente inseguridad para los representantes de la ley.

Otra concesión a los independentistas era que el Documento Nacional de Identidad ( DNI ), iba a ser plurilingüe, configurado en las diversas lenguas cooficiales, propias del lugar de residencia del solicitante. O lo que es lo mismo, en vasco, catalán,valenciano, gallego,etc.

También se eliminaba la intención disuasoria de las sanciones económicas para que a partir de entonces, se tendría en cuenta la capacidad económica individual de cada persona. Se contemplaban reducciones del 50% para los que cobraran 1,5 veces menos el salario mínimo interprofesional y del 25% para los que cobraran entre el 1,5 y 2,5 veces menos.

La norma actual establece que el material antidisturbios que se emplee debe de ser el menos lesivo para las personas. Dado que las pelotas de goma han provocado lesiones irreparables en muy contadas ocasiones, ha sido el principal inconveniente con el que ha tropezado la modificación prevista y que ha impedido la aprobación final. Los agentes policiales consideran que hoy por hoy, constituyen un elemento esencial disuasorio en los casos de graves alteraciones de la convivencia.

Otra de las pretensiones que se perseguían era la de evitar los cacheos supuestamente denigrantes y los desnudos integrales estableciendo que en la medida de lo posible se hiciera en lugar reservado y fuera de la vista de terceros a pesar de que es lo que se viene haciendo habitualmente.

Por último, la infracción grave por la posesión de sustancias estupefacientes ( drogas ) aunque no estuvieran destinadas al tráfico en la vía pública y en establecimientos, pasaba a infracción leve, perdiendo así cualquier efecto disuasorio.

Este proyecto de reforma se inició en diciembre de 2.019 y desde entonces se encontraba atascado en el trámite parlamentario, sin visos de avanzar -como así ha sido- porque los principales partidos que se han autodenominado bloque de investidura no se han puesto de acuerdo en los aspectos claves: rechazos en frontera ( devoluciones en caliente ), el empleo de las pelotas de goma y la presunción de veracidad de los atestados policiales.