Se trata de un fenómeno social, que se ha disparado y que no tiene visos de una fácil y rápida solución. La ocupación ilegal de viviendas, bien sea de particulares, de entidades financieras o fondos de inversión, han crecido un 40% en España, en los tres últimos años.

Hemos pasado de las 7.739 viviendas ocupadas en el año 2.013, según las denuncias formuladas ante la Policía, a las 12.214, del año 2.018; 14.621 en 2.019; 14.792, en 2.020; que es la última estadística conocida, con una previsión de 15.000 para el pasado año de 2.021 y cuya cifra final no se ha ha hecho pública todavía. Si bien estas cifras, corresponden a las denuncias hechas, las estimaciones de los distintos organismos que siguen este problema, llegan a más de 100.000 viviendas ocupadas y a unas 200.000 familias afectadas.

Este aumento tan desproporcionado, coincide con la llegada del actual Gobierno socialcomunista, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, que fue promovida por la formación política Unidas Podemos. Su entonces dirigente, Pablo Iglesias, siempre se había mostrado como un entusiasta defensor de las plataformas contra los desahucios y de los escraches. También era partidario de despenalizar las ocupaciones, expropiar viviendas y fijar los precios de los alquileres.

Ese mismo año, en 2.018, llevó al Tribunal Constitucional, su posición contraria a que se agilizaran los desahucios, dando muestras de su deseo de intervenir la propiedad privada. Todo ello, como respuesta a la Ley de Enjuiciamiento Civil que había modificado el Partido Popular ( PP ) en julio de ese año y que había establecido, el conocido como desahucio exprés y donde las Comunidades Autónomas no tenían competencias.

En la actualidad, la pasividad del Gobierno, sigue siendo la actitud dominante. Nuestros gobernantes, proponen la creación de la vivienda social, la lucha contra el cambio climático y la instauración de la Renta Básica, pero nada de proteger, el derecho constitucional de la defensa de la propiedad privada.

El desahucio exprés, pretendía una agilidad de los trámites judiciales, sin que fuese necesario identificar a los ocupantes, que se ha visto frenado por el colapso de los juzgados, sin que nuestro Gobierno se dé por enterado.

Toda la derecha parlamentaria nacional ( PP, Vox Ciudadanos ) solicitaron al Congreso de los Diputados, el desarrollo de una ley anti-ocupación más exigente, con penas de prisión de 1 a 6 años porque ahora a la ocupación, se le castiga como un delito leve ( antigua Falta ), con pena de multa ( sanción económica ) y que los Cuerpos Policiales puedan desalojar la vivienda en un tiempo máximo de 48 horas. A las quejas permanentes de los propietarios, se han añadido las asociaciones de agentes inmobiliarios, la Policía y las Comunidades Autónomas.

La normativa más habitual, que se aplica para el desahucio de una vivienda particular, es la vía civil antes mencionada, con el fin de que las denuncias, sigan unos trámites más rápidos. Eso, significa que, es necesario, la presentación de una demanda de desahucio, en un plazo de 48 horas que, notificada al demandado, dispone de un plazo de 5 dias para desalojar la vivienda , siempre que, en ese tiempo, no haya presentado un título útil de ocupación. A continuación, si no se va voluntariamente, el juez lo echará.

Pero todo, no es tan rápido como lo explica la norma. Los juzgados en España, están colapsados y normalmente, necesitan de 3 a 5 meses para acabar la tramitación, pero el procedimiento puede durar años. Y mientras tanto, el propietario se sigue haciendo cargo de los impuestos, gastos de la comunidad, hipotecas, etc.

Al mismo tiempo, los ocupantes, van a retrasar el procedimiento todo lo que puedan. El método más habitual es la presentación de facturas falsas de todo tipo: agua, luz, gas… Y para rematar, algunos desahucios se complican, si entre los ocupantes, existen menores o personas vulnerables porque las autoridades ( los ayuntamientos, normalmente ) tienen que ofrecer una vivienda social en un período de 7 dias.

Si llega a haber condena, el invasor, además desalojar el inmueble, debes de pagas las costas ( gastos ) judiciales de todo el proceso: abogado, procurador y los daños que se hayan producido. Contra la sentencia judicial, cabe el correspondiente recurso . El problema llega cuando los infractores se declaran insolventes, que suele ser en la mayoría de los casos y no abonan nada.

Por otro lado, cuando el hecho se denuncia por la vía penal, se trata de un delito de usurpación y el procedimiento es más lento. La pena de este delito varía, si se ha empleado violencia o intimidación y puede llegar a, entre 1 o 2 años de prisión. Desde la óptica judicial, la reforma de la ley ha permitido resolver el 57% de los casos denunciados, estando en trámite de resolución los restantes.

Tanto la crisis económica del año 2.008, como a la que España se enfrenta ahora, como consecuencia de la gripe china y la invasión rusa de Ucrania, han puesto de manifiesto la falta de un parque de viviendas sociales, el aumento de los precios del alquiler y los bajos salarios. Por eso aumentan, de forman escandalosa, los casos de ocupación de viviendas, puesto que hay numerosas personas que no pueden acceder a una casa, en condiciones de mercado.

Llegados a este punto, hay que recordar que la Constitución Española, en su artículo 47, establece que, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y además, encargando a los poderes públicos, el cumplimiento de este derecho. Para disminuir los efectos de la crisis del coronavirus, el Gobierno llevó a cabo la suspensión de los desahucios, generando una tremenda inseguridad jurídica.

Durante el primer semestre del presente año de 2.022, se habían superado los 11.000 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ). El pasado 2.021, se realizaron 41.359, un 30% más que en 2.020. En el 2.019, se produjeron 54.OOO.

Vía Decreto-Ley, que es como le gusta mandar a nuestro Gobierno , desde el pasado 25 de junio del presente año, se paralizaron los lanzamientos y desahucios, hasta el 31 de diciembre, para todos aquellos afectados que, por sus bajos ingresos durante a crisis económica y la pandemia china, no pudieran hacer frente a los pagos de los alquileres de sus viviendas y demás gastos de mantenimiento. que no era más que la ampliación de la decisión que se tomó en marzo del 2.020 por la crisis sanitaria.

En la actualidad, tenemos un problema que, a mí, me parece grave y no es más que la incultura que observo en gran número de jóvenes pese a tener el mundo a sus pies con ese invento llamado internet, que ha puesto el conocimiento universal, al alcance de la mano. En este caso del teléfono móvil.

Hace unas semanas, presencié una disputa entre varias alumnas de bachillerato ( pasaba casi a diario por la puerta de un Instituto ) porque una de ellas había preguntado a su profesor qué significaba segoviana y no supo localizar en el mapa a la provincia de Segovia.

Este desconocimiento, pone de manifiesto que el problema de base está compartido entre las aulas y el entorno familiar. Se ha dejado de incentivar lo que siempre se ha llamado cultura general y los datos que no tienen una utilidad inmediata son despreciados. ¿ Se puede vivir sin saber donde esta Segovia ?. Evidentemente sí pero la persona muestra asi que cada vez es más simple. Por otro lado, la Historia sin la Geografía, no tiene sentido.

Soy de la opinión de que es importante que se sepa Historia, fundamentalmente como medio de conocerse uno a sí mismo. Analizar lo que generaciones anteriores experimentaron, nos ayudará a comprender lo que ahora nos está sucediendo y asimilar también nuestras sensaciones dentro de la experiencia humana muy por encima del tiempo en que vivimos. Saber Historia no es repetir datos o números sino relacionar entre si los hechos y compararlos con los actuales.

También debemos de reconocer que el conocimiento nos aporta riqueza. Nos invitará a leer, a interpretar, a admirar un monumento, a pasear por un pueblo y evocar lo que allí pudo suceder. Y. por supuesto, para tener un criterio propio ante las tergiversaciones que nos puedan llegar sobre hechos pasados.

Hasta el año 2.023 se estará celebrando el 500 aniversario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano y los pocos actos programados desde 2.019, están pasando desapercibidos para el gran público. Se trata de un hito histórico que para una joven que no sabe donde está Segovia poco le importa. Esto ocurre porque creo que, si un acontecimiento como este no se conmemora adecuadamente, es porque a ojos de ellas estamos recordando una historia rancia.

Las conmemoraciones, son información como lo es cualquier monumento. Ignorar una efeméride o derribar una estatua es destruir conocimiento y en el fondo, es un atentado contra el sentido común y las generaciones venideras.

Si recordamos la peste negra, nos sorprende los parecidos en muchos aspectos, con el actual coronavirus chino. Si analizamos los hechos, la respuesta humana es la misma. Hoy tenemos mucha más información científica pero la sensación de lo efímero que puede ser todo y como hemos asumido nuestra debilidad, nos iguala a aquellas gentes. Así la Historia nos introduce en el proceso humano.

Desgraciadamente, es muy común la imagen distorsionada que, desde sectores que se autodefinen progresistas, se tiene de la Iglesia. Y ocurre igual con el Tribunal de la Inquisición. Trasladar aquellos hechos a nuestros dias, no tiene ningún sentido. En la Edad Media española, sumergida en ocho siglos de Reconquista, la espiritualidad y la religión eran el verdadero flotador de las personas.

Se puede admitir que la Inquisición era un medio para forzar y vigilar un pensamiento único pero que tuvo un desarrollo mucho más extremo en otros países. Por eso digo que, manejar los hechos históricos, interpretarlos a conveniencia o querer modificar la Historia mediante leyes es -en el fondo- una Nueva Inquisición.

Con la Leyenda Negra ocurre igual. Cada 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, se acusa a los conquistadores españoles de haber sido muy crueles y genocidas en la Conquista de América. por toda la cochambre que forma nuestra ultraizquierda que mira la historia con ojos actuales. Antes de pronunciarse uno con alguna expresiones tan contundentes, es imprescindible conocer y analizar los hechos.

Creo firmemente que todas esas barbaridades se combaten con conocimiento y formación. Y en esa tarea, es fundamental lo que algunos historiadores llaman » ponerse las gafas de la época «, para comprender lo ocurrido desde las circunstancias de cuando pasaron y no con los criterios del siglo XXI. Yo disfruto con las gestas y hazañas de nuestros antepasados y me sonrojo con los enormes errores cometidos, vistos desde la distancia temporal,

En cuanto al papel de la Hispanidad en la historia mundial, no hay ninguna duda de su trascendencia a todos los niveles. El avance de la Humanidad de la mano de España, desde el siglo XV hasta el XVIII, es imborrable y es absurdo ponerlo en duda.

Sobre el debate de la Memoria Histórica, ningún Gobierno y ningún juez pueden ajustar cuentas con el pasado y reescribir la Historia. Eso hay que dejarlo para los historiadores. Creo que nuestra historiografía es muy buena y tenemos excelentes historiadores que han hecho el balance de lo que fue la Guerra Civil y el Franquismo. Lo peor de todo es la constante necesidad de los españoles de pedir perdón ante su Historia, es como si fuera una especie de fatalismo.

Como decía María Zambrano: España es un país que no acepta su propia Historia y la entiende muchas veces como sombra, como culpa. Los españoles debemos de hacer un verdadero examen de conciencia de lo mal que estamos tratando nuestra Historia, en el presente.

La Historia ha estado siempre al servicio del Poder, de su legitimación ; y por eso tiene muy buenas relaciones con él. La Historia que el Poder crea, la oficial, no sirve para conocer bien el pasado de un gran país como España. La sustitución de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodriguez Zapatero por la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez, sigue sin tener ningún sentido histórico -ambas- y si mucho de conveniencia política y eso para los historiadores es una auténtica barbaridad. Lo reconocen hasta muchos de ellos que se mueven en el ámbito político socialista.

El propio término de Memoria Histórica o Democrática es antagónico, porque la memoria está relacionada con los sentimientos y la subjetividad. En cambio, la Historia nos lleva a la ciencia y al deseo de objetividad. Y si se apela a la memoria histórica o democrática, como la memoria de una determinada generación, eso tiene mucho de lavado de cerebro.

Las personas, tenemos la memoria que pueden precipitar nuestros recuerdos personales o familiares y no podemos aceptar como memoria histórica lo que el Gobierno nos dice que tenemos que recordar. Eso lo han empleado mucho los regímenes totalitarios.

En la Transición Política Española, se llegó al acuerdo de que nunca la Historia nos volviera a enfrentar, que el pasado no pudiera perjudicar la vida política como lo está haciendo ahora. Hay que dejar la Guerra Civil y el Franquismo a los historiadores y no tiene que ser objeto de pelea de fosas, ni de guerra de esquelas.

La Guerra Civil y el Franquismo son Historia y así se entendió durante la Transición y el Gobierno socialista, en 1986, cuando celebró la conmemoración del 50 Aniversario de la contienda bélica; con un texto evacuado del Consejo de Ministros y se manifestó en contra de la devolución de papeles del Archivo de Salamanca.

La concesión de las medidas de gracia a los independentistas catalanes el pasado día 23 de junio, han causado un enorme malestar entre los Cuerpos Policiales del Estado, después del trabajo que tuvieron que realizar para frenar el golpe de Estado fallido, proclamado el 1 de octubre de 2.017. Consideran un enorme sinsentido premiar a los que promovieron la revuelta, después de la tensión que tuvieron que sufrir, las lesiones producidas a decenas de agentes, los escraches en los hoteles, el material dañado que quedó inservible y así un largo etcétera.

Observan atónitos como se premia el mal ante el bien, el delito ante quién lo combate y muestran su más profunda repulsa ante esta decisión del Gobierno central para perdonar a los impulsores de los graves desórdenes públicos a los que se tuvieron que enfrentar y que todos pudimos contemplar a través de los diversos medios de comunicación social, sin que haya habido ni el más débil indicio de arrepentimiento.

Consideran una falta de respeto de este Gobierno que active toda su maquinaria propagandística para justificar unos indultos de dudosa legalidad que, rechaza la inmensa mayoría del pueblo español, así como el Tribunal Supremo y deje en el olvido a los funcionarios policiales que, sufrieron lo indecible aquellas fechas y otras posteriores relacionadas con los violentos separatistas que causaron enormes daños al mobiliario urbano, formando barricadas y prendiéndoles fuego, ante el asombro y el miedo de la ciudadanía en general.

A estas alturas, todavía está pendiente el reconocimiento oficial de la ejecución de aquel dispositivo de seguridad que se llamaba Operación Copérnico, a través de las correspondientes distinciones y condecoraciones. El despliegue operativo de miles de Policías y Guardia Civiles en tierras catalanas, procedentes de Unidades de toda España, durante meses, se realizó con una complejidad e intensidad nunca vistas hasta ahora que solo se podría compensar con la concesión de las correspondientes medallas que reconozcan el mérito, el esfuerzo e implicación en el cumplimiento de las órdenes recibidas para impedir aquel referéndum ilegal.

Todos los sindicatos policiales han subrayado que, aún no se ha reparado esta injusticia, dejando en el olvido a los agentes policiales que sufrieron importantes lesiones en el cumplimiento de su deber de preservar el orden constitucional y que han derivado en bajas definitivas que han sido despachadas como enfermedad común, ignorando que fueron causadas en acto de servicio, con la merma económica que ello conlleva.

A la vista de todo lo anterior, hay que traer a colación las palabras que pronunció el Ministro del Interior, Grande Marlaska, en agosto de 2.019, cuando a preguntas de un periodista sobre si se iba a condecorar a los agentes que se destacaron por su trabajo ante los disturbios catalanes, respondió, literalmente: espero que no haya ninguna duda al respecto porque de otra manera sería una indignidad.