La cuestión migratoria es uno de los asuntos claves en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. El Gobierno español es plenamente consciente de que la implicación marroquí en el control del fenómeno migratorio, tanto en la vigilancia de las fronteras con otros países de origen como en las de las propias costas de Marruecos, está directamente vinculada a la situación diplomática del momento entre ambas naciones y a las cesiones que España esté dispuesta a hacer sobre algunas de las reclamaciones del régimen africano.
Muchas de las partidas para colaborar a controlar el fenómeno migratorio se han aprobado en momentos claves de esas relaciones y siempre coincidiendo con episodios en los que Marruecos ha lanzado señales en las que dejaba claro que el nivel de la ayuda policial por su parte era el que determinaba la presión migratoria hacia cualquiera de los puntos habituales de las costas españolas, tanto de Andalucía como de Baleares y Canarias.
Uno de los hitos que está marcando esta evolución quedó patente en la reunión que mantuvieron en Rabat el 7 de abril del pasado año, entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, de la que surge la declaración conjunta en la que España formaliza su cambio de posición respecto al conflicto del Sáhara Occidental, asumiendo la opción autonomista para la antigua provincia española para la resolución del contencioso.

Desde entonces, lo que estaba siendo un incremento en la llegada de inmigrantes en los primeros meses del año pasado, con respecto al año anterior y que llevaba camino de conseguir cifras récords en este sentido, sufrió un cambio notable de dirección hasta alcanzar un descenso importante al acabar el 2.022. Las cifras así lo atestigüan: las pateras descendieron un 25,3% en la Península y Baleares y un 29,7% en Canarias. Los datos del primer trimestre de 2.023 van también en esa línea, con un descenso del 50% en comparación con 2.022. En los tres primeros meses de este año han llegado 4.287 personas de manera irregular por los 8.727 que lo hicieron en igual tiempo de 2.022
España ha aprobado desde 2.019, 123,3 millones de euros para entregar a Marruecos en concepto de ayuda para el control de los flujos migratorios desde el país vecino hacia las costas españolas. La mayoría de las veces, han sido decisiones del Gobierno español en períodos en los que la llegada de inmigrantes estaba siendo más intensa y se percibía una menor implicación marroquí en el control de fronteras y de vigilancia de las costas africanas.
La primera de las cantidades aprobadas por la coalición socialcomunista que gobierna España con esta finalidad, ascendió a 23,3 millones en 2.019, cuando se reactivó la ruta canaria con pateras. La segunda, se consignó en 2.020 en plena pandemia china y fue entonces de 30 millones. Cantidad que se repitió al año siguiente, en 2.021, esta vez coincidiendo con la crisis diplomática desatada por la llegada a España del dirigente del Frente Polisario, Brahim Galli en abril, para ser atendido en un hospital de Logroño de una grave afección respiratoria. Esta tercera entrega se aprobó al mes siguiente de este suceso, en mayo, dias después de la fracasada invasión pacifica de Ceuta de más de 10.000 marroquíes, alentada por las autoridades de ese país y que incluía a numerosas familias completas, a menores y a adolescentes.

La cuarta de las ayudas, también de 30 millones, se aprobó en octubre de 2.022 ya en plena normalización de las relaciones diplomáticas y como paso previo a la reunión ahora celebrada los dias 1 y 2 de febrero. El dinero iba destinado a contribuir a sufragar los gastos de los despliegues operativos de patrullaje y vigilancia de fronteras marítimas. También incluía el coste del mantenimiento de los materiales empleados por los agentes marroquíes y las dietas ocasionadas durante el desarrollo de las operaciones de lucha contra el tráfico ilegal de personas.
Para combatir la inmigración procedente de los demás países africanos existen otros programas de colaboración con los países originarios a lo que se dedican entre 12 y 15 millones anuales.
Por otro lado, Marruecos tiene asignado un paquete de 500 millones de euros por parte de la Unión Europea para tratar de frenar la inmigración ilegal entre 2.021 y 2.027 y que supone un aumento del 50% respecto de lo que venía recibiendo anualmente hasta entonces. Esta cantidad es considerada como totalmente insuficiente por las autoridades marroquíes, cifrando en 425 millones anuales los que necesitarían para hacer frente a la presión migratoria de sus propias fronteras y que se traslada a Europa, tanto por el Mediterráneo como por Atlántico. Fuentes españolas saben que la valoración marroquí dobla el gasto real de los efectivos policiales destinados a estos menesteres.

Con arreglo a lo ocurrido hasta ahora, las relaciones con Marruecos hay que verlas siempre con prudencia y con recelo debido a las reacciones arbitrarias y caprichosas de su Gobierno con respecto a España y a la Unión Europea en cuanto que no consigue sus propósitos en los principales asuntos con los que mantiene divergencias, sean asuntos inmigratorios, delimitación de aguas fronterizas, el fururo del pueblo saharaui o los acuerdos agrícolas o pesqueros.
Lo razonable que se intente mantener unas buenas relaciones con un país vecino de todo tipo: políticas, sociales y económicas pero tienen que ser mutuas y respetuosas. Sin embargo, lo que se ha conocido hasta ahora son prácticas indeseables, impropias de dos Estados y claramente chantajistas.




































