EL PSOE ESTÁ MUERTO.

Impresionaba ver la cara desencajada de Pedro Sánchez cuando abandonaba su escaño del Congreso de los Diputados, tras ver como era nuevamente humillado por la derrota de la ley de amnistía en la votación del Pleno, tumbada precisamente por sus beneficiarios. No era para menos. No entendía que después de desdecirse de todo lo que había dicho durante años; salte por encima de todas las líneas rojas que personalmente se había trazado; enfrentándose a jueces y magistrados por asumir el relato de los delincuentes; cargándose el principio constitucional de la igualdad de los españoles ante la ley; sean los propios amnistiables de una norma que rechaza la mayoría de los españoles los que la saboteen. En efecto, resulta desconcertante tanta ingratitud.

¿ Cuál ha sido la respuesta del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) ante este enorme batacazo político ?. Ninguna, nada, cero porque el PSOE está muerto. Pedro Sánchez lo ha ido matando poco poco hasta transformarlo en sanchismo, el partido que defiende sus ideas y solo eso. Sus vestigios son una herramienta en sus manos a imagen y semejanza del populismo sudamericano. Al igual que aquellos, el sanchismo no necesita militantes porque solo admite vasallaje incondicional de los que le rodean.

Cuenta con las ministras del podemismo-plus, como es Sumar, cuya gestión transcurre entre declaraciones antisemitas o el apoyo entusiasta al nacionalismo reaccionario. Son coherentes con sus ideas a la vez que le hacen los recados como perfecto apéndice político. Otras pertenecen al sanchismo tranquilo de Emiliano García Page, Presidente de Castilla La Mancha. Su representante principal es una antigua magistrada del Tribunal Supremo que contando con la formación adecuada para comprender la gravedad de todo lo que se está haciendo y no hace nada para remediarlo.

Y es que el sanchismo nos arrastra a una autocracia en la que ni siquiera está garantizada la continuidad de España como ahora la conocemos. Su Gobierno, corre como pollo sin cabeza tratando de contentar a sus socios que al fin y al cabo lo mantienen en el poder. Una estampa que por lo reaccionario de sus objetivos y protagonistas, nos recuerda a unos caprichos en pleno siglo XXI pero sin un Goya que los pinte. Frente a la igualdad y a la justicia, privilegio y caridad.

Para contentar a los golpistas y terroristas sin arrepentir, Pedro Sánchez ha adaptado -apresuradamente- España a la imagen deformada que el separatismo ha propagado por el mundo con nuestro dinero: Un Estado sin separación de poderes, lleno de instituciones deterioradas y con una justicia politizada, como Turquía su ejemplo favorito. La erosión del Tribunal Constitucional, la disminución de controles, el asalto a la Fiscalía o incluso la inspección de Hacienda. Nada es ajeno a esta descomposición institucional que perpetra el sanchismo y que ha llegado hasta el Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ).

Y es que el PSOE albergó sombras pero mantuvo ciertos límites que ha superado con la convicción que le aporta el haber asumido tanto el populismo de Podemos como los argumentos que asisten a los enemigos de España, rematados con la certeza de que la mentira es una herramienta cargada de investidura.

Este propósito destructivo cuenta con dos declaraciones claves. La primera fue cuando Sánchez aceptó sin matices en Nueva York, donde se encontraba por su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado, la perversa e irreal idea de que el golpe de Estado catalán fue un conflicto político que se ha judicializado. La segunda tuvo lugar en la Cumbre de Granada con ocasión de la reunión informal de Jefes de Estado o de Gobierno en octubre pasado y en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea ( UE ) donde hizo suyas las razones separatistas para una amnistía delante de sus homólogos europeos, humillando en ese momento a cuantos sirvieron a España por defender todo lo contrario.

Lo siguiente parece que consistirá en reconocer al separatismo la ansiada categoría de minoría nacional para facilitar su autodeterminación, algo tan fantasioso como letal para España. Con razón los independentistas proclaman reiteradamente que la amnistía es solo un punto de partida. Pactar una consulta se hace innecesario si el Estado de Derecho hace aguas, a la vez que se generan estructuras paraestatales fuertemente financiadas que a la espera del primer reconocimiento internacional mantengan el control sobre su territorio y en detrimento de las necesidades de los restantes españoles. Solo le quedaría al Gobierno central las fuerzas armadas como garantes del orden constitucional y de la integridad territorial.

Para la mayoría de los españoles, Sánchez solo piensa en permanecer en el poder. Incluso él cree que le favorecería la probable demolición del régimen del 78. El PSOE, como todo difunto ilustre cuenta ya en su esquela con foto y leyenda. Junto con una fotografía con Bildu se puede leer que con ese partido ha mejorado la vida de los españoles. Seguro que la amnistía y la desintegración de España, la hará extraordinaria. Los alimentos han subido en 26% en dos años. Calma, solo es el principio.

Lo que se vio en el Congreso ha sido un punto de inflexión que muchos militantes socialistas sufren como una humillación gratuita que les deja a los pies de los caballos. Cargos autonómicos y provinciales del partido están padeciendo el peso de esta afrenta que añade más urgencia a la necesidad de dejar de frecuentar la calle y de disminuir su actividad social. No por miedo a altercados violentos, ni a los grupos de extrema derecha sino porque les da vergüenza defender entre sus conocidos y votantes lo que se está haciendo en Madrid.

Puigdemont ha conseguido hundir las siglas socialistas y que quienes tienen que defenderlas territorialmente se quiten de en medio -ahora que han perdido el coche oficial- porque no tienen un argumentario sólido con el que explicar lo que están viendo en la política nacional. Y eso que la sede central del partido no falla a la hora de hacer llegar diariamente su doctrina a la organización periférica y a los periodistas afines. Pero lo llamativo del caso es que en muchas ocasiones son los representantes de los medios próximos los que repiten con más convicción lo que se les dicta que los cuadros orgánicos del partido y los escasos cargos públicos que les quedan.

LA AMNISTÍA QUE LEGALIZA LOS GOLPES DE ESTADO.

Por mucho que la justifique el conjunto de la izquierda parlamentaria, la amnistía que promueve el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) no refuerza la democracia, ni asegura el acatamiento de la Constitución Española por los independentistas, ni supone un reencuentro de estos con los demás españoles. Todo lo contrario. Es la pasarela a una democracia popular y el cuestionamiento de nuestro sistema político a través de un proceso que nos acerca demasiado a las repúblicas sudamericanas gobernadas por socialistas o comunistas.

Esta deriva popular consiste en tergiversar las normas constitucionales y anular los contrapesos al Gobierno en beneficio del partido político gobernante para su continuidad eterna en el poder. Se suele acompañar de la deslegitimación de la oposición política a la que se coloca en un trágala y de la supresión de la independencia judicial. Para esto se promueve una polarización extrema porque el proceso hacia una democracia popular necesita el conflicto para justificarse. Así, el partido político gobernante y sus aliados se atribuyen el derecho en exclusiva a gobernar en ese ambiente social.

Por supuesto que el ejercicio de los derechos no es en igualdad de condiciones como tampoco lo son las elecciones. La oposición política necesita un esfuerzo épico para llegar al poder más allá del lógico y necesario como ha ocurrido recientemente en Polonia, donde se encontraba un Estado colonizado por el partido político que gobernaba y un orden político diferente al inicial. Exactamente igual que el camino iniciado en España por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La amnistía de inexistentes delitos políticos a los que se acaba de unir el terrorismo es el comienzo de este proceso. Lejos de constituir una simple modalidad de clemencia, las amnistías han venido ligadas a momentos fundacionales y en contextos constitucionales como mecanismo de legitimación de alternativas opositoras. Tampoco podía ser de otra manera si se atiene a que la amnistía significa no un perdón como sería el indulto sino una legalización. En este caso, legalizar en España la sedición contra el Estado de Derecho y otros delitos comunes como se pretende con esta norma, es inasumible para una democracia que se basa en el principio básico del imperio de la ley.

Así ha sido siempre en nuestra Historia. Nada menos que 25 de las 27 amnistías generales que se aprobaron en España en los dos últimos siglos fueron medidas de un partido político que solo sirvieron para atizar las luchas civiles. Justo porque la amnistía significa el punto y final de lo existente y el inicio de algo nuevo como ha ocurrido en dos ocasiones, en 1832 ( ampliada en 1834 ) para lograr el apoyo de los liberales más moderados a la sucesión de Fernando VII en la persona de su hija Isabel y en 1976 ( ampliada en 1977 ) para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos durante el franquismo; que sirvieron al propósito de establecer un régimen constitucional.

Ambas se aprobaron antes de instaurarlo y se optó por amnistiar ante la imposibilidad de deslindar las responsabilidades de los bandos de una guerra civil y de separar con nitidez a las víctimas de sus verdugos. No había otra vía de restablecer una concordia que hiciera posible el cambio y el consenso. Y aún así, al legalizar la violencia pasada, se alentó su uso por parte de minorías subversivas de 1934 en adelante en la primera de ellas y de 1977 hasta la actualidad en la segunda. De ahí que una amnistía necesite para paliar su rechazo general de un consenso tan amplio o más como el de una Constitución.

La amnistía de Sánchez no parece responder al tipo de las mencionadas de 1832-34 y 1976-77 sino al de las amnistías de partido donde se suspende el imperio de la ley en beneficio de quien gobierna y de sus aliados con objeto de patrimonializar la democracia. Si sale adelante, legalizará y sublimará el uso de la violencia que se vivió en Cataluña en 2017. Y será peor que entonces porque Pedro Sánchez habrá desactivado la confianza general en la Constitución Española, deslegitimando la aplicación de la ley y desarmando a la fuerza pública y a los tribunales. También desprotege a los ministros, policías y jueces; lo que le acerca al ajuste de cuentas de las amnistía de 1931 y sobre todo, de 1936, la del Frente Popular.

Es escandaloso que se tergiverse la Constitución Española para suspender el Estado de Derecho y negar el ejercicio del poder judicial por un interés personal y partidista. La actual Constitución no recoge ningún tipo de amnistía para privar a las Cortes de un derecho de gracia que se atribuyó exclusivamente al Rey y solo a través del indulto particular como establecen los artículos 62.i y 102.3. Las Cortes solo legislan el procedimiento del indulto y que es estrictamente la materia a la que se refiere el artículo 87.3.

El sanchismo utiliza la mayoría parlamentaria para atribuirse el poder supremo, la soberanía popular de hecho que liquida el orden constitucional e inicia un proceso constituyente para destruir el verdadero sujeto soberano que no es ni más ni menos que la nación española. Una vez desautorizados tanto el artículo 2 de la Constitución que es el pilar de la democracia como el poder judicial que es el freno de la arbitrariedad del Gobierno socialcomunista y que asegura el Estado de Derecho, la pendiente autoritaria se agudiza.

La nación española y su Constitución actual, nos pertenecen a todos y es nuestro deber sostener y estimular a los altos poderes del Estado encargados de preservarlos. La Historia enseña que usar las instituciones de la democracia contra la democracia misma tiene siempre un triste final.

AQUELLA SEMANA NEGRA DE ENERO DEL 77.

De los muchos momentos graves que tuvo que superar la Transición Política Española, probablemente los hechos ocurridos en aquella semana de finales de enero de 1977 fueron los peores ya que amenazaron muy seriamente la continuidad de aquel camino hacia la democracia, iniciado el año anterior con la aprobación de la Ley de Reforma Política de 1976.

Durante esos siete dias, se produjo una ofensiva criminal que colocó a la incipiente democracia al borde del precipicio. A esa situación se llegó por la concatenación de una serie de episodios ocurridos todos ellos en Madrid, de la envergadura del secuestro de Antonio María de Oriol y del general Emilio Villaescusa; el asesinato de los abogados laboralistas de la Calle de Atocha; la muerte del estudiante Arturo Ruiz por los disparos de un ultraderechista y el fallecimiento de la joven universitaria, María Luz Nájera, alcanzada por un bote de humo de la Policía. Como se puede apreciar, España iba de sobresalto en sobresalto tras los cuarenta años de paz de la propaganda del régimen franquista.

En el primer gobierno de Adolfo Suárez, se hicieron las grandes transformaciones que luego consagraría la Constitución Española. En aquel entonces, el Ministerio de la Gobernación era un macrodepartamento del que dependían la seguridad pública, la política de la Administración Local y la gestión de las libertades ciudadanas ( asociaciones, reuniones y manifestaciones ).

Ese ejecutivo, encabezado sorpresivamente por Suárez, estaba formado por personas que excepto los cuatro ministros militares, no habían participado en la Guerra Civil Española aunque muchos de ellos habían tenido puestos destacados en los distintos gobiernos del general Francisco Franco.

Este gabinete de Suárez, constituido en julio de 1976, disfrutó de una muy relativa calma hasta el 4 de octubre siguiente, en que ese día ETA asesinó a tiros en San Sebastián, al Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluce Villar, junto con su chófer y los tres Policías de escolta. Al funeral de las víctimas asistieron miles de personas, entre ellas el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa que tuvo que salir por una de las puertas laterales del templo religioso, mientras un grupo de exaltados cantaba el Cara al Sol entre gritos de ¡ Ejército al poder !.

Sería la primera vez que el ministro tuviera que afrontar una situación cargada de tensión. Por aquel entonces, no era todavía un gobierno democrático sino salido de la legalidad franquista. Y seguramente, también eran sospechosos de ser incapaces de garantizar el orden y la seguridad pública.

Tuvo como precedente de lo anterior que el 8 de septiembre, el Presidente Suárez se reunió con la cúpula militar para, entre otras cosas, sondear su posición ante una posible legalización del Partido Comunista de España ( PCE ). Esa fecha clave, puso a España al borde del abismo.

El 12 de noviembre de 1976, hubo una huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, que entre otras, agrupaba a Comisiones Obreras ( CC. OO ); Unión General de Trabajadores ( UGT ) y Unión Sindical Obrera ( USO ). Era claramente un huelga política y como tal, el gobierno fue beligerante e hizo cuanto pudo para que España no se paralizara ese día. La administración pública funcionó y la huelga fue un fracaso. Eso era muy importante porque vino a demostrar que el gobierno era capaz de mantener el orden público y hacer que el país trabajara con normalidad. Esa imagen de firmeza y eficacia era muy significativa para convencer a la población de que Suárez tenía la situación bajo control y era merecedor de la confianza popular.

Aunque ningún gobierno tiene por qué hacer frente a una huelga general, en aquel caso era valioso hacerlo para evitar que las personas de mayor edad asociaran esa situación con el recuerdo histórico de cosas que ocurrieron en la Segunda República porque algunos de sus gobiernos no supieron mantener el orden público.

El 11 de diciembre, un comando del Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre ( GRAPO ) hizo prisionero ( secuestró ) a Antonio María de Oriol y Urquijo, Presidente del Consejo de Estado. Un auténtico torpedo en la línea de flotación lanzado por un nuevo y minúsculo grupo terrorista de ultraizquierda que nuevamente puso en jaque al gobierno. Este secuestro produjo una reacción sorda pero dura del mundo político que puso una vez más contra las cuerdas a Adolfo Suárez.

El 15 de diciembre, se celebró el referéndum para la Reforma Política proyectada por Suárez y obtiene el respaldo mayoritario del pueblo, señal inequívoca de que se quería avanzar hacia la democracia a pesar de todas las dificultades.

Pero España vivía al borde del infarto. Para mayor inri, cientos de policías y guardias civiles se echaron a las calles de Madrid el 17 de diciembre en demanda de un salario digno y mejoras laborales. Ante este nuevo pulso, el gobierno respondió con un gesto de dureza destituyendo a toda la cúpula policial el día 22 de diciembre, horas antes de la detención de Santiago Carrillo, secretario general de PCE en Madrid cuando iba disfrazado con una peluca.

Las tensiones no disminuían desde el asesinato de Araluce y sus escoltas. Cuando la nueva dirección policial analizó el estado de las investigaciones sobre el secuestro de Oriol, concluyó que estaban llevándose de manera desorganizada y que hacía falta alguien que la encauzara. Se designó al comisario Roberto Conesa, entonces Jefe Superior de Policía de Valencia que durante muchos años había sido jefe de la Brigada Político Social y conocido cazarrojos. Conesa recondujo las pesquisas y pronto empezó a haber pistas sobre un piso donde Oriol había estado secuestrado.

Dicen los pesimistas que si hay algo susceptible de empeorar, lo más probable es que empeore de acuerdo con la ley de Murphy. Y esta máxima se cumplió para agravar aún más la situación que padecía la aún débil e incipiente democracia española. El 23 de enero de 1977, mientras Oriol seguía en poder de los GRAPOS, un ultraderechista mató a sangre fría al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, cuando participaba en una manifestación pro-amnistía en la Gran Vía madrileña.

Al día siguiente, María Luz Nájera, una veinteañera universitaria, falleció tras recibir en la cara un impacto de un bote de humo lanzado por la Policía para disolver la manifestación convocada en la misma Gran Vía en protesta por la muerte de Arturo Ruiz. Un nuevo quebradero de cabeza para el gobierno de Suárez que parecía acorralado por los acontecimientos como si una mano negra moviese los hilo para desestabilizarlo.

Solo 24 horas después, otro terremoto sacudía a la sociedad española desconcertada: el teniente general, Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado a las puertas de su domicilio madrileño. Los GRAPOS, que mantenían aún en su poder a Oriol, se hacían con un segundo rehén. El golpe hizo crujir las cuadernas del frágil barco -la balbuceante democracia- que pilotaba Suárez. El secuestro de Villaescusa tensó mucho la cuerda. Eso afectaba no solo al mundo político sino también al militar que era lo que se buscaba.

Pero aquel día no acabaría ahí porque unas horas más tarde la sangre volvió a correr en Madrid. Un grupo de ultraderechistas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid y abrió fuego a discreción. En aquel ataque indiscriminado murieron cuatro abogados y un administrativo, resultando heridos de gravedad otros cuatro letrados más. Fue una semana negra. La investigación de este execrable hecho fue encomendada al comisario Francisco de Asís Pastor, no al comisario Conesa que bastante tenía con los GRAPOS.

Al entierro de los juristas, asistieron cientos de miles de personas. Fue un acto ejemplar, un clamor silencioso en pro de la libertad y la democracia. Hasta el entonces Rey Juan Carlos I estuvo presente en aquel evento sobrevolando a la multitud en un helicóptero según se reveló años después.

El 11 de febrero de 1977, festividad de la Virgen de Lourdes, empezó a verse la luz al final del túnel en el que había entrado la Transición Política. El equipo policial investigador que había formado el comisario Conesa, dirigido por el inspector Antonio González Pacheco, más conocido por el rojerío de la época como Willy El Niño, lograron liberar a Oriol en un piso de Vallecas y al general Villaescusa en otro de Alcorcón, donde estaban siendo custodiados por los GRAPOS.

Un mes después, el otro equipo investigador que había formado el comisario Pastor, detuvieron a los asesinos del caso Atocha. Todos ellos pertenecían a la derecha política de ideología extremista y eran muy significados. Esta desarticulación hizo que los grupos de la extrema derecha se vinieran abajo.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 -más de 40 años después de las últimas celebradas en España- suponían que los españoles volvían a decidir su destino en las urnas. Entre el fuego cruzado de los grupos de ultraderecha y los de ultraizquierda, la población apostó por la moderación al primar a los partidos políticos de centroderecha y de centroizquierda.

Adolfo Suárez, al frente de la Unión de Centro Democrático, se convirtió en Presidente de Gobierno con 166 diputados, mientras que Felipe González dirigiría la oposición con sus 118 escaños. Martín Villa siguió en el gobierno, ahora con el bautizado Ministerio de Interior.

Todos los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional promovidos por este nuevo gobierno -hubo tres amnistías- fueron para que España navegara hacia la normalización pero la travesía aún tendría muchas turbulencias, como la furibunda actividad de ETA y los GRAPOS; la oleada criminal de grupos neofascistas en 1980 y finalmente, el intento de golpe de estado el 23 de febrero de 1981. Pese a todos esos seísmos, la democracia triunfó.

LOS BARCOS NARANJAS EN EL ESTRECHO.

El Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa ( Cádiz ), tiene asignada como zona de operaciones todo el sur de España, desde Ayamonte ( Huelva ) a Almuñécar ( Granada), gestionando el tráfico de barcos y todas las labores de rescate en un área de 30.000 kilómetros cuadrados y 500 kilómetros de longitud de costa. Algunos puntos geográficos quedan tan al sur que están muy cerca de la costa marroquí y las pateras los llaman para avisarles de que están a la deriva, hallándose todavía muy cerca de Marruecos.

Desde el Centro de Control de este organismo se ve la costa marroquí como una extensión de mar que parece pequeña y fácil de atravesar incluso a remo. Nada que ver con la realidad. El tráfico marítimo del Estrecho de Gibraltar es muy intenso con miles de buques de todo tipo que lo cruzan al año en ambas direcciones y a todas horas. La profusión de los vientos es de tal magnitud que logra suspender – con bastante frecuencia- las líneas regulares marítimas que cruzan las dos orillas del Estrecho.

En lo que afecta a la zona de operaciones del angosto mar, lo normal es encontrarse de madrugada con las pateras que esa misma noche han salido de las distintas playas de la provincia de Tánger ( Achankkar, Malabata, Sid Kankouche, Ksar y Dalia ). El recorrido por el agua les suele llevar varias horas remando y achicando el líquido elemento al mismo tiempo, a lo que hay que sumar los vómitos hacia dentro de la barca porque si lo hacen hacia fuera corren el riesgo de volcar dado el exceso de pasajeros que suele ser cuatro veces mayor al de su capacidad.

No es fácil encontrarlos porque el conocido y habitual viento del Estrecho provoca un fuerte oleaje que no hace más que subir y bajar las pateras y hay que tener mucha agudeza visual para verlos. Por eso los viajeros de la patera no paran de buscar el buque naranja ( color de las embarcaciones de Salvamento Marítimo ) porque saben que si los encuentran su pesadilla ha terminado.

Los barcos naranjas son un símbolo de esperanza para los miles de inmigrantes magrebíes y subsaharianos que cada año cruzan el Estrecho. Su rescate supone ser arropados con mantas, recibir café, barritas energéticas y hasta un « paquete de náufrago » formado por ropa seca, chanclas y productos de aseo que buen número de ellos no sabe que es, ni utilizar.

Cuando estos inmigrantes llegan al Puerto de Tarifa, los servicios sanitarios de la Cruz Roja les hacen un examen médico superficial para comprobar su estado de salud, derivando a los que presentan alguna dificultad al hospital de referencia. Después pasan a las dependencias policiales para tratar de identificarlos al ir desprovistos -intencionadamente- de documentación alguna. Nunca dicen ni su verdadero nombre ni su país de origen para obstaculizar la ejecución de las órdenes de expulsión que se les aplica en virtud del ordenamiento jurídico vigente. Como no lo revelan, terminan con una orden de salida obligatoria a ninguna parte, lo que les aboca a una irregularidad permanente.

En el pasado 2023, ha sido notable el aumento de llegadas ilegales por vía marítima a la Península a través del Estrecho de Gibraltar de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio del Interior, 15.435 inmigrantes alcanzaron territorio español, por los 12.955 que lo hicieron en 2.022. Lo que significa un 19,1% más pese al acuerdo de colaboración con Marruecos y los centenares de millones de euros que recibe el país africano, tanto desde la Unión Europea (UE) como del Gobierno español, para controlar sus propias costas.

EL EJÉRCITO VENEZOLANO COMO SOSTÉN DE MADURO.

Como se recordará, el pasado 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela por un nuevo período de seis años -era su segundo mandato- al que no habría llegado nunca sin su principal sostén : los militares. A cambio de tanta lealtad y disciplina, los premió con un gran poder en su nuevo Gobierno y en la economía del país.

En tiempos del fallecido Hugo Chávez ( 1.999 – 2.013 ), la cuota militar en el Gobierno era del orden del 25%. Con el primer mandato de Maduro, llegó al 43,7% y ahora, en esta nueva etapa baja al 26,4% ; según cifras facilitadas por la onegé venezolana, Control Ciudadano.

De los 32 nuevos Ministros, 9 eran militares y dirigirán departamentos como Defensa, Interior, Agricultura y Alimentación. Además del Servicio de Inteligencia ( SEBIN ) y la petrolera PDVSA, que es quién aporta el 96 % de los ingresos del país.

La explicación a esta aparente disminución de poder es porque algunos Ministerios ya no representan las fuentes de riqueza como antes. Ahora, los militares prefieren manejar la importación y venta de alimentos subsidiados.

A medida que Maduro se hacía impopular, más reforzaba la influencia militar con la dirección de una cadena de televisión, un banco, una ensambladora de vehículos, una constructora, una petrolera…. No en vano, Maduro considera al Ejército como la columna vertebral del país que ha pasado de ser uno de los más prósperos de Hispanoamérica a padecer la peor crisis económica de su historia moderna.

Además del respaldo militar formado por 365.315 efectivos y una Milicia Urbana de 1,6 millones de civiles, Nicolás Maduro cuenta con un amplio control político de las instituciones y para que este último no se desvirtúe, responde a la gratitud presidencial con frecuentes declaraciones de lealtad, manifestándose pomposamente como chavista, nacionalista y antiimperialista.

En la víspera de esta última investidura, ignorando cualquier sentido de la neutralidad política que le sería exigible, los altos mandos militares expresaron su irrestricto ( ilimitado ) apoyo al Presidente que es considerado ilegítimo no solo por los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, sino también por la mayoría de los países hermanos de su continente.

Algún observador independiente llama la atención en el sentido de que este trato de favor a los uniformados opera como un chantaje para hacerlos corresponsables de la crisis y vulnerables a juicios por corrupción y a la falta de respeto por los derechos humanos.

Pese al empeño de mostrar unas Fuerzas Armadas monolíticas, ha habido señales de que se han agrietado en distintos momentos. Dos generales figuraban entre los 25 detenidos por el atentado contra el mandatario, el pasado cuatro de agosto de 2018, cuando dos drones cargados de explosivos estallaron en las inmediaciones de una tarima donde presidía un desfile militar.

En los ambientes de la oposición política, circulan informaciones de que unos 180 militares de distintos grados fueron detenidos ese año de 2.018, acusados de conspirar contra el Gobierno, entre ellos, comandantes de operaciones especiales, grandes especialistas en acciones armadas. Y que unos 4.000 – de diferente rango- han abandonado los cuarteles en dirección a la emigración.

Admitiendo estas fracturas, en lo que todo el mundo está de acuerdo es que el Ejército es el último bastión para lograr la caída de Maduro. Mientras estos lo apoyen, durará.

Pero si no fuera bastante lo anterior, el pasado 24 de enero de 2018, un día después de que el Presidente del Parlamento Venezolano, Juan Guaidó, se autoproclamara Presidente Interino del país ; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijo en un comunicado público leído por el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino que no aceptarían a ningún Presidente que no fuera Maduro, ni se subordinarían a los deseos de ninguna potencia extranjera.

Con esta manifestación de apoyo a Maduro, la cúpula militar había decidido resistir hasta el final poniendo al descubierto que no es que fueran aliados del chavismo sino que forman parte de él. Se trata del brazo más poderoso del país para que el hijo político de Hugo Chávez se mantenga en el Palacio Presidencial de Miraflores, en la capital venezolana, Caracas ; pese al escaso apoyo popular, la debacle socioeconómica y la elevada presión internacional.

Mucho más abajo, entre la tropa y los mandos intermedios, alejados del gigantesco negocio de importación y distribución de alimentos y productos básicos que están en poder de los generales, las cosas son muy distintas. Crece el desánimo, la incertidumbre y la deserción.

EL GOBIERNO SOCIALCOMUNISTA ESPAÑOL ES EL MÁS CARO EN LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA.

Estamos en un período difícil debido a una nueva crisis económica que está dañando mucho a nuestro sistema de bienestar. Desde el Gobierno socialcomunista que disfrutamos no paran de hacer llamamientos a la prudencia en el gasto, a las dificultades que tenemos que pasar y a sus desvelos para que el trago pase lo antes posible. Nos anuncia las privaciones que tenemos que asumir y lo hace desde la responsabilidad de que es por nuestro bien. Que hay que aguantar como sea y ya escampará. Todo el mundo tiene que aceptar sus inmejorables medidas y así esperar un futuro nuevo y mejor.

Y ellos…que ponen. ¿ Cómo ayudan a que esta situación sea entendible y aceptada por toda la sociedad y que vean que no hay otro solución mejor ?. La respuesta es silencio absoluto. ¿ Por qué no dicen nada ?. Porque no hay nada que decir, porque no hacen nada. Bueno sí, pedir, pedir y pedir a otros que se aprietan el cinturón y darle las gracias por sus noches en vela pensando en nosotros y en nuestros hijos.

Si uno se molesta un poco y rasca por aquí y por allá para saber lo que está ocurriendo, te puedes encontrar con numerosas noticias que indican que gozamos de un Gobierno derrochador, lleno de gastos innecesarios. Y cuando esto ocurre, nuestros mentores tiran de manual y arremeten contra los ricos para que paguen más impuestos porque ganan mucho dinero. Es decir, que paguen los otros, ricos y demás pero nosotros no, ni amigos y asociados.

A finales del primer trimestre del año pasado, se conoció un informe del Instituto de Estudios Económicos ( IEE ) -entidad privada- que había calculado que España podría reducir su gasto público en un 14% ( que equivale a 60.000 millones de euros ) sin rebajar la calidad de los servicios que presta con la sola mejora de la eficiencia. El mencionado Instituto, elaboró también un índice de eficiencia del gasto público que situaba a España el año pasado en el puesto 29 de la OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que tiene 38 Estados ) con una puntuación de 74,4, muy por debajo de la media europea que era de 98,6 puntos y bastante peor que la del año 2.019 que fue de 84,6 puntos.

También desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ( AIREF, organismo independiente de control fiscal) llamaba la atención sobre el despilfarro gubernamental con datos contrastados, indicando que se estaba gastando ya 14.000 millones de euros en subvenciones de carácter específico y 122.000 millones con carácter general como son centros de estudios catalanes y vascos, minería, gastronomía, ópera…

Por otro lado, se hablaba de unos 800 asesores que ya pusieron de relieve diversos medios de comunicación, mientras que los progubernamentales y demás terminales mediáticas, callaban. Por lo que se puede afirmar que, sin ninguna duda, estábamos ante el Gobierno más caro de la Historia de España.

Si a eso le añadimos la existencia de 22 Ministerios, con sus estructuras central y periférica, empresas públicas, participaciones industriales varias y otras componendas, el Gobierno nos cuesta al día la bonita cantidad de 470 millones de euros, de acuerdo con los datos publicados por la Intervención General del Estado. General de Estado, organismo oficial nada sospechoso.

Este maravilloso y progresista Gobierno socialcomunista, ya sabía en el año 2.020 que para sustentar la administración prevista por los socialistas y entonces podemitas en la nueva formación de Gobierno solo en las cuatro vicepresidencias establecidas, se iba a los dos millones de euros, más casi otros dos más para crear el bloque ministerial comunista.

El gasto público en su conjunto alcanzaba ya el 120% del Producto Interior bruto o lo que es lo mismo, de nuestra riqueza. Traducido al lenguaje de la calle, gastamos todo lo que tenemos y todavía debemos un 20% más Si encima hay que tener en cuenta que también se anticipó la campaña electoral para las tres citas pendientes -locales, autonómicas y generales- y las encuestas daban favoritas a la oposición que ejerce el Partido Popular, los socialistas gastaron a mansalva con la esperanza que su correspondiente siembra de euros se convirtiera -como así ha sido- en el granero de votos esperados, eso sí, todo iba acompañado del calificativo de progresista para que no olvide nadie su procedencia.

Soy de la opinión que mientras el Gobierno que padecemos no sea capaz de de barrer su propia casa que también es la de todos, que se vaya olvidando de nosotros que no tenemos que pagar unos inquilinos tan amigos de dispendios, fanfarrias e incluso lujos.

Si bien lo relatado hasta ahora afectaba a la anterior legislatura y todas las críticas a su sobredimensionamiento han pasado al baúl de los recuerdos donde se guardan todas las esperanzas frustradas de este populismo socialista que gozamos, Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Primero sus intereses personales y después…si queda algo para los demás.

La esperada, deseada y necesaria reducción del tamaño del nuevo Gobierno socialcomunista en la recién iniciada legislatura al frente de Pedro Sánchez finalmente quedó en nada o mejor dicho, ha vuelto a crecer en tamaño y gasto al tener que hacer hueco a las exigencias de su socio de Gobierno los comunistas de Sumar. Aunque el número de Ministerios se ha mantenido igual en 22, la mayoría de ellos se ha agrandado al crecer en su estructura por lo que el presupuesto necesario se acercará a los 70.000 millones de euros para su gasto ordinario en unas cuentas públicas que han sido prorrogas ante la imposibilidad de cumplir con el calendario oficial por el retraso en la formación del nuevo Gobierno central.

Por lo tanto, si ya en 2.023 hubo un incremento de 13.510 millones de euros con respecto a 2.022 en gasto corriente de los Ministerios al pasar de 16 a 22, los departamentos en el presente año de 2.024 también tendrán un aumento presupuestario además de las actualizaciones salariales puesto que se mantienen las cuatro vicepresidencias que además todas ellas pertenecen al ámbito económico lo que da una idea de su inoperatividad y mayor carga burocrática.

También y de momento, se ha batido el récord de mayor número de Secretarías de Estado en las dos últimas décadas y 10 legislaturas, al alcanzar el número histórico de 36,. ocho más que en el Ejecutivo anterior, más una más con la que finalmente acabó la legislatura pasada que tenía 35. El lío se va a notar de manera amplia en la parte económica al tener 10 Ministerios vinculados que contarán con 18 Secretarías de Estado.. Por su parte, el ala comunista del Gobierno quiere seguir ganando peso y por eso cuenta con dos Secretarías de Estado, una más que en el anterior mandato.

En el Real Decreto aprobado en la primera semana de diciembre pasado sobre la estructura orgánica básica del nuevo Gobierno central se aprecia que aumentará aún más su tamaño tras incluir 13 comisionados, 23 Secretarías Generales y 149 Direcciones Generales con el pretexto de desarrollar el Programa Político del Gobierno y lograr la máxima eficacia en el funcionamiento de la Administración General del Estado por lo que el número de cargos de confianza se verán incrementados ante el aumento de los nuevos puestos. Esto supone que el nuevo Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez volverá a batir su propia marca histórica que superará el récord de 800 cargos de confianza que alcanzó la anterior legislatura.

Y todo apunta a que la superestructura gubernamental seguirá creciendo ya que el citado Real Decreto de desarrollo ministerial abre la posibilidad de que cada Ministerio pueda aumentar su estructura orgánica básica con el fin de completar su organización por lo que estaría justificada cualquier nueva ampliación bien de puestos o estructuras internas que tendrían que ser presupuestadas en las próximas cuentas públicas previstas para el primer trimestre de 2.024.

CRÓNICA SESENTERA DE LA MÚSICA POP ESPAÑOLA.

Los abuelos que sobrevivimos y que en los sesenta éramos jóvenes esplendorosos que estando estudiando para lograr un futuro mejor tuvimos una herramienta a nuestro alcance que nos dio dias de gloria y avances muy importantes en la vida social: la música. Pero no cualquier música o toda la música sino una música nueva, de nuestra tiempo, internacional con la que te sentías identificado y cuyas canciones más populares te pasabas el día canturreando.

Los adolescentes de la España de los 60 del siglo pasado tuvimos la fortuna de crecer con una banda sonora escrita a nuestra medida y rompedora para su tiempo. Se trata de decenas de canciones que han perdurado en la memoria colectiva. En cualquier rincón de España surgía un grupo músico-vocal. Era lo nunca visto. Iniciándose así un legado musical incuestionable visto desde diferentes maneras.

Es indudable que la música pop desde comienzos de los sesenta entró a formar parte del paisaje musical español con enorme proyección popular en muchos casos pero que al gestarse en el tardofranquismo no fue en su arranque demasiado transgresora. Se le llamaba el ye-yé y era un mero vehículo para traducir éxitos foráneos o con el que componer canciones más o menos sentimentales que eran las que menos problemas ocasionaban.

Así y pese a existir formaciones tan solventes como Los Pekeniques, Los Relámpagos, Micky y los Tonys, Los Brincos, Los Mustang, Los Sirex, Los Bravos, Los Canarios o Los Módulos y cantantes solistas como Bruno Lomas, Miguel Rios, Nino Bravo o Camilo Sesto, el de aquellos años es un pop fruto de las circunstancias en el que cuesta descubrir himnos generacionales ( aunque los hay como Soy así y Es la edad de Los Salvajes ), la crítica social escasea ( La escoba de los Sirex es lo más aproximado ) y en el que hay que esperar hasta 1.968 para encontrar la primera muestra de pop netamente urbano con Mi calle de Lone Star. Detalle a tener en cuenta, los tres grupos mencionados son barceloneses.

Aquella década dejó sublimes melodías, enormes instrumentistas, inspirados vocalistas pero canciones con poca fuerza poética y escasa intencionalidad, simplemente porque no hubo otra opción. La cultura joven creció vigilada y amordazada.

Si de lo que se trata es de buscar textos de altos vuelos en aquellos años, hay que mirar hacia la canción de autor, especialmente a la nova cancó catalana, Aunque sus integrantes se hacían acompañar por una guitarra española y no una eléctrica. Temas como Al vent o Air ( diguem no ) de Raimon, quizá habrían sido pop de haberse compuesto en otra latitud geográfica. Las producciones de Lluis Llach y de Serrat, muy afrancesados ambos, se deberían de adscribir -aunque a ellos no les guste demasiado- al pop en cuanto a concepto musical. En cualquier caso, la canción de autor, fenómeno netamente español e hijo de su época, marcó la diferencia pese a que en sus inicios solo llegara a universitarios, intelectuales u obreros concienciados e inquietos.

También hubo intentos para que a finales de los 60, lo cantautoril alcanzara al gran público. No se trata de María Ostiz y similares productos de club juvenil cristiano sino de nombres como Manolo Díaz, vocalista de Los Pasos, compositor de éxito para grupos como Los Bravos, posterior cantautor comprometido y finalmente alto ejecutivo discográfico. También Luis Eduardo Aute o Mari Trini, cada uno con sus influencias a la espalda, ofrecen su particular visión del pop de autor aunque arreglos y producciones tienden a dejarse querer por fórmulas demasiado sobrias.

Pero en ellos hay que buscar la semilla de uno de los fenómenos más interesantes surgidos ya en la década de los 70: la tercera vía. Una suerte de folk-rock a la española que une textos cuidados con intuitivas soluciones musicales que pueden pasar por la psicodelia, la escuela beatle o las formas del soft-rock californiano. Se trata de una propuesta apta para llegar al gran público pese a que pocas veces se consigue. Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán ( antes Solera ) son el mayor exponente de este movimiento, uno de los muchos que dibujan el riquísimo paisaje del pop español en los setenta. Un tiempo en el que el pop toma carta de identidad aunque en muchas ocasiones con el inglés como vehículo de expresión.

Surgen grupos progresivos como Máquina o Smash pero también cantautores hippies electrificados como Hilario Camacho o Cecilia; deliciosas anomalías como Vainica Doble o iluminados como Sisa o Pau Riba. Hasta Miguel Ríos bebe en el progresismo y a mitad de década adelanta el rock urbano, Aparecen las formas flamencas en la órbita soul con aparatosas producciones para Las Grecas y Los Chorbos. Mientras Los Chichos y Los Chunguitos le dan a la rumba suburbial.

La del pop español es una historia a reivindicar, escrita en ocasiones con más voluntad que medios sobre renglones torcidos. Casi siempre oculta pero que ha dejado un legado discográfico valiosísimo poco apreciado por un público desmemoriado, unos medios de comunicación con tendencia a jalear los sonidos anglosajones como exclusivos garantes de la modernidad y una industria discográfica que en el mejor de los casos, ignora el inmenso tesoro que duerme en sus sótanos y al que solo recurre para nutrir de contenidos recopilatorios circunstanciales en cuidadas ediciones de lujo -siguiendo el modelo anglosajón o las fastuosas integrales francesas- de las piezas maestras del pop español.

Más de sesenta años después de que El Dúo Dinámico entrara en un estudio de grabación en 1.959 y cuando el soporte discográfico está casi extinguido, el legado del pop español sigue resultando misterioso, poco estudiado, admirado y respetado por unos pocos aunque auténticos melómanos.

EL SUEÑO IMPOSIBLE DE LA POLICÍA PREDICTIVA.

Los Cuerpos Policiales del mundo occidental llevan más de dos décadas experimentando con sistemas predictivos de la criminalidad, apoyados en el análisis de datos y la inteligencia artificial. Este tipo de herramientas están muy implantadas en los Estados Unidos y en China pero también tienen presencia en países como Reino Unido, Alemania y Suiza.

Su objetivo es establecer los puntos negros del crimen para desplegar las patrullas policiales de forma más eficaz. Uno de los efectos perversos de estos sistemas es que tienden a sobrecriminalizar los barrios más pobres. Ello es debido a que la alimentación de datos de los algoritmos se basan -principalmente- en las detenciones, luego la conclusión reclama más vigilancia en las zonas donde se producen esas intervenciones, lo que a su vez provoca más detenciones aún.

Acabar con este círculo vicioso es complicado. Algunos operadores han tratado de salirse de ese método, nutriendo el sistema con datos de denuncias. Es el caso de la herramienta Predicción Policial ( Pred Pol ), una de las más populares en Estados Unidos. Si se tiene en cuenta las denuncias de las víctimas -aseguran- se obtiene una imagen más nítida de la delincuencia y se eliminan los posibles prejuicios que puedan llevar a la Policía a realizar más actuaciones en unos barrios concretos como los habitados por negros mayormente. Esos esfuerzos se han mostrado inútiles porque se cometen los mismos errores y lleva al mismo despliegue inadecuado de las patrullas policiales.

Estos sistemas informáticos no son ninguna novedad y llevan ya muchos años operando. En 1998, el 36% de los departamentos policiales de Estados Unidos decían tener la información necesaria y la capacidad técnica de generar mapas digitales de criminalidad. Pocos años después, el 70% de ellos decía usar esa cartografía para identificar los puntos negros. Las versiones más modernas que se conocen de estas primeras herramientas de vigilancia policial se remontan al año 2008, cuando el Departamento de Policía de Los Angeles ( LAPD ) empezó sus propios planes, siguiéndole a continuación la Policía de Nueva York ( NYPD ).

Diversos estudios universitarios han acreditado los problemas que plantea la aplicación de algoritmos predictivos en la actividad policial. Uno de los primeros sistemas de este tipo en salir a la luz fue el que puso en marcha la ciudad de Chicago en el año 2013, donde un algoritmo identificaba a potenciales delincuentes analizando datos de detenciones y la agenda de relaciones tanto de autores como de víctimas.

El objetivo era poner en marcha programas de servicios sociales preventivos con quienes el sistema detectaba que podían delinquir. Fue un fracaso. No solo desde el punto de vista de la eficiencia ya que no ayudó a que cayera la criminalidad sino que además la población negra quedaba sobrerrepresentada en las estadísticas.

En el año 2010, una investigación del Departamento de Justicia concluyó que el Departamento de Policía de Nueva Orleans ( NOPD ) debía de ser reformado casi a cero tras detectar anomalías graves: se encontraron pruebas de varios incumplimientos de leyes federales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza; detenciones ilegales y discriminaciones por raza y orientación sexual.

A estas alturas, ya está demostrado que estos algoritmos usados por la Policía norteamericana producen desviaciones que llevan al racismo y perjuicios a los más pobres. Muchas de las prácticas policiales irregulares se deben a estos sesgos ya que distorsionan -gravemente- los datos que se recogen. Si el sistema no se reforma, especialmente en cuanto a su suministro informativo aumentará el riesgo de causar más daño que beneficio a la justicia y a la sociedad. De ahí que las principales empresas del sector traten de corregir estos defectos si es que quieren seguir vendiendo sus herramientas sin que la sociedad se les eche encima, tarea que probablemente no sea posible.

También se han analizado las pruebas de la instalación de este algoritmo en la capital colombiana, en Bogotá. Su elección se debe a que es una de las pocas ciudades del mundo que publica estadísticas de denuncias por barrios y que actualmente trabaja en la implantación de uno de estos sistemas predictivos. Cuando cruzaron los resultados de su modelo con los datos reales de delitos, detectaron errores de bulto. Las áreas de mayor criminalidad son las que presentaban menos denuncias y no se identificaban como puntos negros, en cambió si aparecían como tales las zonas con delincuencia media o baja pero con muchas denuncias. Algunos barrios necesitaban tener la mitad de los delitos que otros para que el sistema previera que se trataba de un punto negro.

Esta disfunción es explicable porque la estadística de los delitos cometidos no refleja exactamente la distribución real de la criminalidad puesto que la disposición a denunciar las infracciones ante la Policía, es diferente según el barrio de que se trate. Desde la mentalidad norteamericana, es común que un blanco denuncie a un negro o que un negro denuncie a otro negro pero no tanto que un negro denuncie a un blanco.

¿ Cuál sería entonces la solución ?. ¿ Hay algún modo de que los algoritmos predictivos policiales no encasillen -todavía más- a los más desfavorecidos ?. La única forma es no usarlos, sería la conclusión final.

EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL CONSINTIÓ QUE LAS CANDIDATURAS DE BILDU LA FORMARAN EX-PRESOS DE ETA.

Gracias al Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( COVITE ) la población española se enteró que 44 personas que formaban las lista de Bildu en el País Vasco y en Navarra, a las elecciones autonómicas, forales y locales del pasado 28 de mayo, estuvieron condenados en el pasado por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA y siete de ellas lo fueron por asesinato.

Esta decisión, provocó todo tipo de reacciones por parte de las diferentes organizaciones políticas fuera y dentro del Congreso de los Diputados. Bildu justificó su actitud porque estas personas tenían intactos todos sus derechos, incluidos los políticos y se extrañaba del extremado nerviosismo que mostraba la sociedad española por esta decisión, pese a que esas listas pasaron por la Junta Electoral que no puso ninguna pega.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López dijo que no iba a valorar este hecho que no le gustaba nada. El Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, no respondió cuando le preguntaron sobre este asunto, a la salida de un Pleno. Tampoco quisieron pronunciarse sobre este tema las entonces ministras socialistas, Isabel Rodriguez, Pilar Llop y Pilar Alegría al ser preguntadas por ello en los pasillos del Congreso.

Lo que ocurrió de verdad es que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez renunció a impugnar la designación de estos 44 terroristas en las candidaturas electorales de Bildu, a pesar de que la Ley de Partidos considera esta decisión – textualmente- como causa de ilegalización.

Así consta en un escrito en posesión del periódico digital El Debate, firmado por la Directora de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, fechado el pasado 22 de mayo, en el que reconoce literalmente que no existe documento o contenido en poder de ese órgano que recoja algún intento de Sánchez de frenar la intentona del partido de Arnaldo Otegui por situar a antiguos terroristas en instituciones municipales del País Vasco como cargos públicos.

En el mismo documento, los responsables jurídicos de La Moncloa reconocen también que el Gobierno no ha movido ni un dedo para activar la posibilidad de ilegalización del partido político Bildu, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3c) de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio, de Partidos Políticos por incluir en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no han rechazado públicamente los fines y medios de la organización terrorista ETA.

La legislación vigente, daba a Sánchez una opción para combatir la decisión de Bildu de premiar a terroristas con algún cargo público, activando uno de los apartados que regulan el funcionamiento, los principios y hasta los representantes de los partidos que quieran participar en la competición electoral para impulsar la ilegalización de partidos que incumplan ese precepto:

Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.

Bildu se saltaba esas obligaciones de manera ostentosa y casi en su totalidad: ha incorporado a David Pla, el último jefe de ETA a la dirección de Sortu, la formación dominante en Bildu de manera casi hegemónica; nunca ha condenado el terrorismo más allá de mensajes de condolencia a las víctimas y además promociona a etarras en sus candidaturas electorales. es decir, incumple tres de las causas descritas de ilegalización.

Pese a ello, ni el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha hecho nada por frenar ese despliegue de sintonía entre la heredera de Batasuna y los terroristas presos más allá de una queja retórica sobre la decisión de su aliado que no ha incluido el intento de evitar el numerosos desembarco de etarras -algunos de ellos con delitos de sangre- en los Ayuntamientos vascos y navarros.

Tan es así que el Gobierno de Sánchez reconoce en el mismo documento que ha conseguido El Debate que carece de copia de los informes, estudios, previsiones de actuaciones futuras y previsibles consecuencias, encargadas por el Presidente del Gobierno, referidos a la posibilidad de ilegalización del partido político Bildu.

Conviene recordar a estos efectos que en octubre de 2021, el partido que dirige Arnaldo Otegui, dejó bien claro que respaldaría a Sánchez si con ello lograba sus objetivos: Tenemos 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues los votamos. Una declaración de intenciones que amplió a la siguiente legislatura reconociendo que a cambio de facilitar la salida de los miembros de ETA, facilitaría la supervivencia de Sánchez al frente de un Gobierno de coalición.

En paridad y ya como es público y notorio, Sánchez devolvió los favores cediendo a la autonomía vasca las competencias penitenciarias para una vez finalizado este proceso, trasladar allí a los presos terroristas y facilitar su acceso al régimen de semilibertad ( tercer grado ), negado en sus cárceles de origen por no reunir las condiciones para ello.

En las pasadas elecciones municipales, Bildu obtuvo 50,000 votos más que en las locales anteriores, de 2.019; se impuso en Vitoria y logró superar al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) en número de concejales. También logró que una docena de ex-presos de ETA fueran elegidos concejales en los municipios por los que concurrían. Dos de los siete terroristas con delitos de sangre que iban en las listas electorales, salieron elegidos.

El primero de ellos, Juan Carlos Arriaga había sido condenado a 29 años de prisión por el asesinato del empresario y antiguo comandante retirado del Ejército, Jesús Alcocer Jiménez, el 13 de abril de 1.984, en Pamplona y de los policías nacionales, Juan José Visiedo y Tomás Palacín que perdieron allí la vida tras explotar el coche bomba en que habían huido los terroristas que habían matado a Alcocer. Aquel fue el día más trágico que hasta entonces ETA había actuado en Pamplona con el asesinato de tres personas en pocos minutos.

Durante al menos 5 años, los comandos de ETA trataron de matar a Jesús Alcocer, dueño de tres supermercados y que había sido comandante del Ejército. La banda terrorista había puesto también una bomba en uno de sus negocios, otro artefacto en su coche y lo había esperado un día en el portal de su casa para matarlo a tiros. Todos estos fueron atentados frustrados hasta la madrugada 13 de abril de 1984 cuando dos terrorista de ETA fueron a buscarlo a Mercairuña ( MercaPamplona ) donde Jesús Alcocer iba por género para sus negocios y le dispararon dos tiros en la nuca que le causaron la muerte en el acto. Su cuerpo quedó tendido en soledad, durante casi dos horas, tapado por una manta, hasta que llegó el juez y ordenó el levantamiento de su cadáver. Dejaba viuda y cuatro hijas. Ahora tendrán que ver al que planeó el asesinato de su padre como concejal de la lista de Bildu en el municipio de Berrioplano ( Navarra ).

La segunda que resultó elegida concejal en Errezil ( Guipúzcoa), Begoña Uzkudun, fue condenada a 19 años de prisión como cómplice en el asesinato del exconcejal de la Unión de Centro Democrático ( UCD ) en Azcoitia ( Guipúzcoa ), José Tomás Larrañaga Arenas, el 31 de diciembre de 1.984. Tenía 58 años, estaba casado y tenía tres hijos. Trabajaba como secretario judicial aunque lo compaginaba con actividades empresariales. Fue concejal en su pueblo y Jefe Provincial del Movimiento Nacional en Guipúzcoa. Durante la Transición Política militó en la Unión de Centro Democrático ( UCD ) del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez.

José Tomás sufrió varios atentados hasta que ETA consiguió acabar con su vida. El primero tuvo lugar el 13 de abril de 1.978. Aquel día salía de un bar hacia las 10,30 horas de la noche para ir a su casa cuando miembros de un comando etarra le dispararon desde un coche robado. Fue alcanzado por tres disparos en la pierna derecha pero sobrevivió. Casi dos años después, el 11 de abril de 1980 volvieron a atentar contra él cuando salía de nuevo de un bar y tres terroristas volvieron a dispararle desde otro vehículo. Los disparos le alcanzaron el pecho y lo hirieron gravemente.

Cuando consiguió recuperarse, abandonó su localidad natal y se fue a vivir a Logroño aunque volvía a Azcoitia en las fechas señaladas para visitar a su familia. En las navidades de 1984 regresó para pasarlas con su familia hasta el fin de año. A las 9,20 de la noche salió de un bar con unos amigos cuando fue tiroteado de nuevo por los miembros de un comando de ETA. Murió en el acto a consecuencia de los seis disparos recibidos. Presentaba cuatro tiros en la cara y fue rematado ya en suelo con otros dos titos en la cabeza,

Los siete candidatos con delitos de sangre que figuraban en las listas electorales de Bildu en las pasadas elecciones municipales, se comprometieron a no tomar posesión de sus cargos si resultaban elegidos, después de que la asociación de víctimas del terrorismo COVITE denunciara su inclusión en las candidaturas de la formación vasca. El compromiso de renuncia se materializó el 17 de junio pasado cuando se constituyeron los Ayuntamientos y tanto Begoña Uzkudun como Juan Carlos Arriaga renunciaron a tomar posesión de sus actas de concejales y dejaron paso al siguiente de la lista electoral.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN MANOS DE LA NADA.

Cuando se celebró el referéndum que aprobó la Constitución Española el 6 de diciembre de 1.978, muchos militantes de la izquierda acudieron a votar para dar su papeleta positiva de acuerdo con las instrucciones que habían recibido de sus respectivos partidos que entonces eran multitud en aquellos tiempos tan convulsos. Bastantes de ellos lo hicieron a su pesar como por ejemplo los comunistas. Y eso que el texto presentado había sido fruto de lo que entonces se denominaba como las dos Españas.

Entre sus padres estaban por un lado: la derecha liberal, la conservadora, la demócrata cristiana y la franquista más inteligente. Por el otro: la izquierda socialista y la comunista, disgregada en múltiples grupúsculos algunos de ellos bastantes extremistas. Pero no todos cedieron por igual, los comunistas tuvieron que aceptar la Monarquía, la bandera y hasta el himno. Todo ello a cambio de su legalización, amnistía para sus militantes presos, regreso de los que estaban en el exilio y amnesia general.

El resultado fue un acuerdo costoso en el que todos tuvieron que ceder para adaptarse al pragmatismo que la geopolítica de su tiempo mandaba. Había un interés generalizado y muy serio por entrar en lo que hoy es la Unión Europea y en la OTAN ( Organización del Tratado del Atlántico Norte ). El sucesor de Franco hasta la instauración de la Monarquía y vicepresidente del Gobierno Almirante Carrero Blanco, había sido asesinado por la banda terrorista ETA, el 20 de noviembre de 1.973 y el franquismo no podía continuar sin Franco, ni su delfín porque íbamos hacia un mundo global, sin fronteras y dejar el proteccionismo autárquico del autoritarismo

Dos de las potencias extranjeras más influyentes de entonces y cuyo poder se mantiene hoy en día, Alemania y Estados Unidos, decidieron que el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) fuese la izquierda referente y socialdemócrata. El Partido Comunista de España ( PCE ) fue legalizado en la Semana Santa de 1.977 para que se pudiera presentar a las elecciones de junio de ese año y el PSOE tomó la hegemonía de la izquierda. Todo en orden. El PCE no iba a ser tan influyente como sus hermanos italianos ( PCI ), franceses (PCF) o portugueses ( PCP).

Ahí empezaron a morir los comunistas españoles. Se aproximaron tanto a los socialistas que los llenaron de cuadros y conversos comunistas. Algunos todavía están dando tumbos por ahí. El PSOE trazó una estructura mediática de la mano del Grupo Prisa, editor del periódico El País y fue copando el mundo de la cultura y de la ideología. Todavía nadie le hace sombra en eso.

A los comunistas, se les dijo que había un artículo de la Constitución, el 128 con el que se podía construir el socialismo de verdad, no el de Felipe González, ni siquiera el de Pedro Sánchez, sino el auténtico. Y eso que otro artículo, el 33, reconocía el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Pero el 128 era la tabla de la salvación, el cuerno de la abundancia porque aportaba en sus dos apartados ( 1 y 2 ) la posibilidad de intervención de empresas y de la economía en favor del Estado cuando así lo exigiere el interés general. Ya está. Con eso les bastó para votar en favor de la Constitución. Disciplina de partido leninista.

Entre el año 2.022 y lo que llevamos de 2.023, la vida política cotidiana se ha degradado tanto que los verdaderos comunistas y socialistas están hartos de esta izquierda de postureo, falaz, ignorante y vengativa que no acepta su derrota mundial y lo que es más grave, no se detiene a explicársela con tal de que este personal disperso, reaccionario, puritano, confundido, tigres de papel, jaula de grillos, no monopolice el contenido constitucional y lo traicione. Prefieren aferrarse a ella, a la Constitución antes de dejarla en manos de la nada.

Las dos Españas están aquí de nuevo. Ambas dicen defender la Constitución. Ambas han politizado el Tribunal Constitucional. Pero hay hechos clarísimos: se ve a un bando -que no es uno sino varios- que ha pactado con quienes desean destruir la norma que votaron los comunistas y los socialistas auténticos que nos ha permitido vivir tranquilos hasta ahora. Pueden reformarla pero no destrozarla y que procedan como indica el propio texto constitucional.

Los dos bandos incumplen la Constitución, desde nombrar a los miembros de su Tribunal en tiempo y forma, hasta ignorar los derechos de los ciudadanos. Pero uno de ellos, el de la izquierda, pacta con quienes pueden precipitar a España a otra guerra o a graves conflictos. El otro bando, el de la derecha, resulta que prefiere una senda más acorde con la Constitución misma.

El 23 de febrero de 1981, cuando Tejero, ocupó por la fuerza de las armas el Congreso de los Diputados para dar un golpe de Estado, el periódico El País publicó en su portada una fotografía histórica, con los guardias civiles dentro del hemiciclo, donde en letras bien visibles se leía ¡ Viva la Constitución !. Lo mismo habría que decir ahora. Para que la Carta Magna no caiga en manos de un Presidente del Gobierno tan ambiguo y camaleón como este que tenemos y que apoya El País, los verdaderos izquierdistas, sean socialistas o comunistas, prefieren a la derecha para que se dejen de hipocresías y hagan una seria autocrítica de adónde ha llegado el capitalismo arrasador que tanto defienden.