Los Cuerpos Policiales del mundo occidental llevan más de dos décadas experimentando con sistemas predictivos de la criminalidad, apoyados en el análisis de datos y la inteligencia artificial. Este tipo de herramientas están muy implantadas en los Estados Unidos y en China pero también tienen presencia en países como Reino Unido, Alemania y Suiza.

Su objetivo es establecer los puntos negros del crimen para desplegar las patrullas policiales de forma más eficaz. Uno de los efectos perversos de estos sistemas es que tienden a sobrecriminalizar los barrios más pobres. Ello es debido a que la alimentación de datos de los algoritmos se basan -principalmente- en las detenciones, luego la conclusión reclama más vigilancia en las zonas donde se producen esas intervenciones, lo que a su vez provoca más detenciones aún.

Acabar con este círculo vicioso es complicado. Algunos operadores han tratado de salirse de ese método, nutriendo el sistema con datos de denuncias. Es el caso de la herramienta Predicción Policial ( Pred Pol ), una de las más populares en Estados Unidos. Si se tiene en cuenta las denuncias de las víctimas -aseguran- se obtiene una imagen más nítida de la delincuencia y se eliminan los posibles prejuicios que puedan llevar a la Policía a realizar más actuaciones en unos barrios concretos como los habitados por negros mayormente. Esos esfuerzos se han mostrado inútiles porque se cometen los mismos errores y lleva al mismo despliegue inadecuado de las patrullas policiales.

Estos sistemas informáticos no son ninguna novedad y llevan ya muchos años operando. En 1998, el 36% de los departamentos policiales de Estados Unidos decían tener la información necesaria y la capacidad técnica de generar mapas digitales de criminalidad. Pocos años después, el 70% de ellos decía usar esa cartografía para identificar los puntos negros. Las versiones más modernas que se conocen de estas primeras herramientas de vigilancia policial se remontan al año 2008, cuando el Departamento de Policía de Los Angeles ( LAPD ) empezó sus propios planes, siguiéndole a continuación la Policía de Nueva York ( NYPD ).

Diversos estudios universitarios han acreditado los problemas que plantea la aplicación de algoritmos predictivos en la actividad policial. Uno de los primeros sistemas de este tipo en salir a la luz fue el que puso en marcha la ciudad de Chicago en el año 2013, donde un algoritmo identificaba a potenciales delincuentes analizando datos de detenciones y la agenda de relaciones tanto de autores como de víctimas.

El objetivo era poner en marcha programas de servicios sociales preventivos con quienes el sistema detectaba que podían delinquir. Fue un fracaso. No solo desde el punto de vista de la eficiencia ya que no ayudó a que cayera la criminalidad sino que además la población negra quedaba sobrerrepresentada en las estadísticas.

En el año 2010, una investigación del Departamento de Justicia concluyó que el Departamento de Policía de Nueva Orleans ( NOPD ) debía de ser reformado casi a cero tras detectar anomalías graves: se encontraron pruebas de varios incumplimientos de leyes federales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza; detenciones ilegales y discriminaciones por raza y orientación sexual.

A estas alturas, ya está demostrado que estos algoritmos usados por la Policía norteamericana producen desviaciones que llevan al racismo y perjuicios a los más pobres. Muchas de las prácticas policiales irregulares se deben a estos sesgos ya que distorsionan -gravemente- los datos que se recogen. Si el sistema no se reforma, especialmente en cuanto a su suministro informativo aumentará el riesgo de causar más daño que beneficio a la justicia y a la sociedad. De ahí que las principales empresas del sector traten de corregir estos defectos si es que quieren seguir vendiendo sus herramientas sin que la sociedad se les eche encima, tarea que probablemente no sea posible.

También se han analizado las pruebas de la instalación de este algoritmo en la capital colombiana, en Bogotá. Su elección se debe a que es una de las pocas ciudades del mundo que publica estadísticas de denuncias por barrios y que actualmente trabaja en la implantación de uno de estos sistemas predictivos. Cuando cruzaron los resultados de su modelo con los datos reales de delitos, detectaron errores de bulto. Las áreas de mayor criminalidad son las que presentaban menos denuncias y no se identificaban como puntos negros, en cambió si aparecían como tales las zonas con delincuencia media o baja pero con muchas denuncias. Algunos barrios necesitaban tener la mitad de los delitos que otros para que el sistema previera que se trataba de un punto negro.

Esta disfunción es explicable porque la estadística de los delitos cometidos no refleja exactamente la distribución real de la criminalidad puesto que la disposición a denunciar las infracciones ante la Policía, es diferente según el barrio de que se trate. Desde la mentalidad norteamericana, es común que un blanco denuncie a un negro o que un negro denuncie a otro negro pero no tanto que un negro denuncie a un blanco.

¿ Cuál sería entonces la solución ?. ¿ Hay algún modo de que los algoritmos predictivos policiales no encasillen -todavía más- a los más desfavorecidos ?. La única forma es no usarlos, sería la conclusión final.

Gracias al Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( COVITE ) la población española se enteró que 44 personas que formaban las lista de Bildu en el País Vasco y en Navarra, a las elecciones autonómicas, forales y locales del pasado 28 de mayo, estuvieron condenados en el pasado por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA y siete de ellas lo fueron por asesinato.

Esta decisión, provocó todo tipo de reacciones por parte de las diferentes organizaciones políticas fuera y dentro del Congreso de los Diputados. Bildu justificó su actitud porque estas personas tenían intactos todos sus derechos, incluidos los políticos y se extrañaba del extremado nerviosismo que mostraba la sociedad española por esta decisión, pese a que esas listas pasaron por la Junta Electoral que no puso ninguna pega.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López dijo que no iba a valorar este hecho que no le gustaba nada. El Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, no respondió cuando le preguntaron sobre este asunto, a la salida de un Pleno. Tampoco quisieron pronunciarse sobre este tema las entonces ministras socialistas, Isabel Rodriguez, Pilar Llop y Pilar Alegría al ser preguntadas por ello en los pasillos del Congreso.

Lo que ocurrió de verdad es que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez renunció a impugnar la designación de estos 44 terroristas en las candidaturas electorales de Bildu, a pesar de que la Ley de Partidos considera esta decisión – textualmente- como causa de ilegalización.

Así consta en un escrito en posesión del periódico digital El Debate, firmado por la Directora de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, fechado el pasado 22 de mayo, en el que reconoce literalmente que no existe documento o contenido en poder de ese órgano que recoja algún intento de Sánchez de frenar la intentona del partido de Arnaldo Otegui por situar a antiguos terroristas en instituciones municipales del País Vasco como cargos públicos.

En el mismo documento, los responsables jurídicos de La Moncloa reconocen también que el Gobierno no ha movido ni un dedo para activar la posibilidad de ilegalización del partido político Bildu, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3c) de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio, de Partidos Políticos por incluir en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no han rechazado públicamente los fines y medios de la organización terrorista ETA.

La legislación vigente, daba a Sánchez una opción para combatir la decisión de Bildu de premiar a terroristas con algún cargo público, activando uno de los apartados que regulan el funcionamiento, los principios y hasta los representantes de los partidos que quieran participar en la competición electoral para impulsar la ilegalización de partidos que incumplan ese precepto:

Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.

Bildu se saltaba esas obligaciones de manera ostentosa y casi en su totalidad: ha incorporado a David Pla, el último jefe de ETA a la dirección de Sortu, la formación dominante en Bildu de manera casi hegemónica; nunca ha condenado el terrorismo más allá de mensajes de condolencia a las víctimas y además promociona a etarras en sus candidaturas electorales. es decir, incumple tres de las causas descritas de ilegalización.

Pese a ello, ni el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha hecho nada por frenar ese despliegue de sintonía entre la heredera de Batasuna y los terroristas presos más allá de una queja retórica sobre la decisión de su aliado que no ha incluido el intento de evitar el numerosos desembarco de etarras -algunos de ellos con delitos de sangre- en los Ayuntamientos vascos y navarros.

Tan es así que el Gobierno de Sánchez reconoce en el mismo documento que ha conseguido El Debate que carece de copia de los informes, estudios, previsiones de actuaciones futuras y previsibles consecuencias, encargadas por el Presidente del Gobierno, referidos a la posibilidad de ilegalización del partido político Bildu.

Conviene recordar a estos efectos que en octubre de 2021, el partido que dirige Arnaldo Otegui, dejó bien claro que respaldaría a Sánchez si con ello lograba sus objetivos: Tenemos 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues los votamos. Una declaración de intenciones que amplió a la siguiente legislatura reconociendo que a cambio de facilitar la salida de los miembros de ETA, facilitaría la supervivencia de Sánchez al frente de un Gobierno de coalición.

En paridad y ya como es público y notorio, Sánchez devolvió los favores cediendo a la autonomía vasca las competencias penitenciarias para una vez finalizado este proceso, trasladar allí a los presos terroristas y facilitar su acceso al régimen de semilibertad ( tercer grado ), negado en sus cárceles de origen por no reunir las condiciones para ello.

En las pasadas elecciones municipales, Bildu obtuvo 50,000 votos más que en las locales anteriores, de 2.019; se impuso en Vitoria y logró superar al Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) en número de concejales. También logró que una docena de ex-presos de ETA fueran elegidos concejales en los municipios por los que concurrían. Dos de los siete terroristas con delitos de sangre que iban en las listas electorales, salieron elegidos.

El primero de ellos, Juan Carlos Arriaga había sido condenado a 29 años de prisión por el asesinato del empresario y antiguo comandante retirado del Ejército, Jesús Alcocer Jiménez, el 13 de abril de 1.984, en Pamplona y de los policías nacionales, Juan José Visiedo y Tomás Palacín que perdieron allí la vida tras explotar el coche bomba en que habían huido los terroristas que habían matado a Alcocer. Aquel fue el día más trágico que hasta entonces ETA había actuado en Pamplona con el asesinato de tres personas en pocos minutos.

Durante al menos 5 años, los comandos de ETA trataron de matar a Jesús Alcocer, dueño de tres supermercados y que había sido comandante del Ejército. La banda terrorista había puesto también una bomba en uno de sus negocios, otro artefacto en su coche y lo había esperado un día en el portal de su casa para matarlo a tiros. Todos estos fueron atentados frustrados hasta la madrugada 13 de abril de 1984 cuando dos terrorista de ETA fueron a buscarlo a Mercairuña ( MercaPamplona ) donde Jesús Alcocer iba por género para sus negocios y le dispararon dos tiros en la nuca que le causaron la muerte en el acto. Su cuerpo quedó tendido en soledad, durante casi dos horas, tapado por una manta, hasta que llegó el juez y ordenó el levantamiento de su cadáver. Dejaba viuda y cuatro hijas. Ahora tendrán que ver al que planeó el asesinato de su padre como concejal de la lista de Bildu en el municipio de Berrioplano ( Navarra ).

La segunda que resultó elegida concejal en Errezil ( Guipúzcoa), Begoña Uzkudun, fue condenada a 19 años de prisión como cómplice en el asesinato del exconcejal de la Unión de Centro Democrático ( UCD ) en Azcoitia ( Guipúzcoa ), José Tomás Larrañaga Arenas, el 31 de diciembre de 1.984. Tenía 58 años, estaba casado y tenía tres hijos. Trabajaba como secretario judicial aunque lo compaginaba con actividades empresariales. Fue concejal en su pueblo y Jefe Provincial del Movimiento Nacional en Guipúzcoa. Durante la Transición Política militó en la Unión de Centro Democrático ( UCD ) del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez.

José Tomás sufrió varios atentados hasta que ETA consiguió acabar con su vida. El primero tuvo lugar el 13 de abril de 1.978. Aquel día salía de un bar hacia las 10,30 horas de la noche para ir a su casa cuando miembros de un comando etarra le dispararon desde un coche robado. Fue alcanzado por tres disparos en la pierna derecha pero sobrevivió. Casi dos años después, el 11 de abril de 1980 volvieron a atentar contra él cuando salía de nuevo de un bar y tres terroristas volvieron a dispararle desde otro vehículo. Los disparos le alcanzaron el pecho y lo hirieron gravemente.

Cuando consiguió recuperarse, abandonó su localidad natal y se fue a vivir a Logroño aunque volvía a Azcoitia en las fechas señaladas para visitar a su familia. En las navidades de 1984 regresó para pasarlas con su familia hasta el fin de año. A las 9,20 de la noche salió de un bar con unos amigos cuando fue tiroteado de nuevo por los miembros de un comando de ETA. Murió en el acto a consecuencia de los seis disparos recibidos. Presentaba cuatro tiros en la cara y fue rematado ya en suelo con otros dos titos en la cabeza,

Los siete candidatos con delitos de sangre que figuraban en las listas electorales de Bildu en las pasadas elecciones municipales, se comprometieron a no tomar posesión de sus cargos si resultaban elegidos, después de que la asociación de víctimas del terrorismo COVITE denunciara su inclusión en las candidaturas de la formación vasca. El compromiso de renuncia se materializó el 17 de junio pasado cuando se constituyeron los Ayuntamientos y tanto Begoña Uzkudun como Juan Carlos Arriaga renunciaron a tomar posesión de sus actas de concejales y dejaron paso al siguiente de la lista electoral.

Las oficinas centrales del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) se encuentran en la madrileña calle De Ferraz, a la altura del número 70, donde desde el pasado día 3 de noviembre miles de personas se concentran a diario como medida de protesta por el acuerdo suscrito entre los partidos políticos PSOE y los golpista de Juntos por Cataluña que ha permitido una nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno del Reino de España. Para lograrlo se ha pagado un precio muy alto consistente en una amnistía para aquellos que se querían separar ilegalmente de España y la concesión de una serie de privilegios -principalmente económicos- que están dividiendo a los españoles.

Estas protestas iniciadas de manera espontánea y realizadas pacíficamente por ciudadanos anónimos, han ido aumentando en el número de asistentes y también en la agresividad y violencia a cargo de jóvenes a los que se les podría calificar de estética ultra.

Estos últimos dias, se están produciendo altercados con la Policía, a la que atacan con lanzamiento de botellas y envases metálicos de refrescos; adoquines de la calzada: papeleras arrancadas de sus soportes; incendian contenedores de la basura, pretendiendo así sobrepasar las vallas policiales de contención de masas. Pese a todos estos desórdenes públicos y vandalismo contra el mobiliario urbano, no parece haber unidad de acción entre los que protestan.

Parece que lo que se busca es el enfrentamiento con la Policía para descargar esa rabia contenida que se lleva acumulada durante estos meses de crisis política y como respuesta a estas agresiones no cabe más reacción que defenderse como saben hacerlo y está estipulado: cargas policiales, lanzamiento de botes de humo o gases lacrimógenos…materiales de dotación todos ellos; para obligarles a disolverse ya que desobedecen las instrucciones que se le dan por megafonía y no puedan sobrepasar la línea de Policía que supondría el asalto, saqueo y posterior incendio de la sede socialista.

El resultado de todos estos incidentes son detenciones diarias de manifestantes cada vez más jóvenes -menores incluidos- y policías heridos en el ejercicio de su labor profesional. Con coberturas informativas -sobre todo televisivas- que tratan de ser imparciales, recogiendo toda la cadena de acontecimientos desde el inicio hasta el final, desde la provocación hasta sus consecuencias aunque lamentables y sorprendentes para la audiencia televidente.

En la primera línea de la congregación multitudinaria y frenados por el vallado policial, se suelen colocar los elementos más extremistas para tratar de romper el cordón policial. En este punto se suele generar bastante tensión con otros manifestantes contrarios a las proclamas ultras que profieren esos cachorros de grupos conocidos y muy minoritarios de la extrema derecha española ( Democracia Nacional, España 2000, Bastión Frontal, Facta y otros ).

Hay que destacar que de todas estas concentraciones solo se han comunicado dos a las autoridades pertinentes -como exige la ley- para adoptar las medidas necesarias que no alteren la convivencia ciudadana y por lo tanto las restantes celebradas entraban en la ilegalidad. Mientras sean pacíficas, la Policía adopta una postura expectante y trata de salvar la situación pero cuando empiezan los ataques con lanzamiento de toda clase de objetos con el propósito de hacer daño o provocar lesiones, se debe de proceder a su disolución con el empleo de la menor fuerza posible y con arreglo al protocolo establecido para estos casos que indica la proporcionalidad requerida. A continuación, hay que identificar y detener a los elementos que más se hayan destacado junto con sus promotores.

Altos dirigentes del partido político Vox, entre ellos su Presidente Santiago Abascal, se han sumado en varias ocasiones a las concentraciones defendiendo a los participantes de las mismas entre los que se encontraba Revuelta, su organización juvenil. También su sindicato Solidaridad acabó la manifestación alli tras recorrer varias calles de Madrid, el pasado viernes día 24 como colofón a su convocatoria de huelga general.

Uno de los dirigentes de esta ideología, en algún momento se ha encarado con los policías que estaban desplegados en la calle De Ferraz a los que reprochaba una actuación desproporcionada. Varios sindicatos policiales le han pedido a Vox que deje de coaccionar a los policías que protegen la sede socialista.

La intervención policial que a diario se nos sirve en los diversos medios de comunicación social es de carácter riguroso y muy profesional, con unidades especializadas muy curtidas ante estas situaciones de control de masas y que tienen acreditada una dilatada experiencia con estricto cumplimiento de sus deberes recogidos en la normativa vigente.

No hay, ni se consentiría ninguna injerencia política en el desarrollo de su actividad por más que algunos se empeñen en lo contrario. No son robots inhumanos sino personas muy bien formadas para la misión que desempeñan y de muy difícil manipulación por no decir imposible. Podrían desobedecer una orden manifiestamente ilegal porque ese supuesto está contemplado en la legalidad vigente y los ampara. Tampoco ha habido queja sindical alguna de las propias organizaciones policiales que están muy pendientes y preocupados por las actuaciones que se llevan a cabo ante el emplazamiento socialista desde el punto de vista técnico-profesional.

La Asociación Policías por la Libertad, compuesta por miembros de los distintos Cuerpos Policiales de ámbito territorial nacional, regional y local, ha realizado una convocatoria de concentración ante la sede socialista, para el próximo día 29 de este mes para defender el Estado de Derecho y expresar su opinión en contra de la amnistía. También se pretende que sea un recordatorio de la importancia de la participación ciudadadana en la preservación de los principios fundamentales de la democracia y de la legalidad.

Tras el golpe de estado secesionista de octubre de 2.017, el separatismo catalán se ha ido introduciendo de manera terrible en todos los sectores sociales de aquel territorio tan español donde las presiones siguen siendo brutales. Lo lamentable es que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez no tenga frente al independentismo una postura clara y coherente de defensa de Estado de Derecho.

La situación en Cataluña se puede considerar que ha mejorado porque no existen las acciones radicales que se dieron en el año 2.017, ni se proclama la independencia en el Parlamento regional, ni se aprueban leyes de desconexión. Pero lo que ha hecho el secesionismo es ir entrando de una manera terrible en todas las áreas de la vida: en la escuela, en la administración pública, en las empresas, en las universidades, en los colegios profesionales… Ha establecido toda una campaña de penetración y esto hace que la vida cotidiana esté muy condicionada porque existen unas presiones tremendas dentro de estos ámbitos y en otros como la sanidad y la prensa.

Además, este secesionismo mayoritario en el Parlamento autonómico no lo ha sido nunca socialmente porque es un tercio del censo el que vota separatismo. Habrá que esperar a que se celebren las elecciones catalanas en 2025, en caso de que no haya adelanto electoral y el resultado de los socialista regionales ya que es el que puede decantar la balanza hacia un lado u otro porque nunca se sabe donde está.

La política del Gobierno central ha consistido hasta ahora en rebajar la tensión social en Cataluña impulsando los indultos y la reforma penal de la sedición y la malversación como manera de perpetuarse en el poder. Esa era su solución. Con alianzas con los golpistas catalanes, filoetarras de EH Bildu y antisistemas como Podemos ( sustituidos ahora por Sumar ) -vaya tropa- que son toda esa amalgama cuyo programa político consiste en desmontar la democracia que disfrutamos desde 1.978 cuando se aprobó la Constitución Española.

El problema es que para la sociedad catalana no lo es. Es necesario que haya un Gobierno central que entienda lo que está sucediendo en Cataluña y que para encauzar bien las cosas que no dependa de las exigencias del independentismo, ni de los herederos de ETA, ni del populismo de Podemos o de Sumar.

Por mucho que expresen los voceros del Gobierno central, con su Presidente a la cabeza, el proceso de autodeterminación catalán no ha terminado sino que ha cambiado, ha mutado.; con arreglo a lo que está sucediendo. Ellos no van a dejarlo porque es su programa político. Uno de los problemas que presentan es que se les haya dejado tener un mayor peso político del que social y políticamente tienen, gracias a un sistema electoral que se blindó con el Estatuto de 2.006 a partir del que las circunscripciones en las que el secesionismo pueda tener mayoría, su voto vale casi tres veces más que en otras donde no tienen esa representación por lo que con un tercio del censo de votantes tienen una sobrerrepresentación brutal con la que consiguen mayorías absolutas prácticamente.

Por otro lado, como tampoco existe un sistema electoral donde se mida por provincias; ocurre igual con su exceso de representación en el Congreso de los Diputados y es ahí donde pueden hacer todo el chantaje que estamos viendo y que el Gobierno de la Nación se deje hacerlo.

Respecto del uso del castellano que es perseguido en todo el territorio catalán con una saña enfermiza, está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir, al menos, el 25% de las clases en la educación en castellano. El Tribunal Supremo confirmó en su sentencia que se conoció el 23/11/2021 que el 25% de la enseñanza tenía que ser en castellano.

Aquí hay un problema muy serio porque, además, contraviene a los propios tratados internacionales de los que España es parte. La Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias avala que en la enseñanza se utilice el bilingüismo y que no se discrimine a ninguna de las lenguas cooficiales porque las personas tienen derecho a expresarse en ambas y deben de estar en un plano de igualdad.

Respecto de Carlos Puigdemont, es evidente que se han tenido dificultades con jueces de Bélgica y Alemania porque desde la propia legislación española se les han dado facilidades pero desde otro lado, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDU ) han respondido hasta el momento, defendiendo el Estado de Derecho y dictando sentencias que han perjudicado al secesionismo.´

Las facilidades referidas antes están en una ley electoral que permite que personas procesadas por ataques al orden constitucional se puedan presentar. Si resulta que el propio Estado no se toma en serio esta cuestión, eso es un problema. Por otra parte, se ha eliminado el delito de sedición del Código Penal, se han concedido indultos…lo que evidencia los tumbos de la política errática del Gobierno central. Algunas instituciones europeas han realizado pronunciamientos en lo que lamentan que se haya hecho esto y probablemente lo vuelvan a condenar en su próximo informe sobre la situación del Estado de Derecho en España.

El pasado jueves día 9 de noviembre, se dio a conocer el contenido del Pacto del PSOE con Juntos por Cataluña causando una conmoción nacional el contenido del texto de cuatro páginas que va a permitir una nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno del Reino de España. El relato está lleno de olvidos, divergencias y faltas de claridad en un tema tan importante como la amnistía para todos los encausados por el Golpe de Estado de 2017.

Además contiene una Mesa de Negociación con un verificador internacional para el cumplimiento efectivo de lo acordado; el encaje de Cataluña en España como quieren los separatistas -referéndum de autodeterminación incluido- y una financiación singular para la comunidad autónoma que incluye la cesión de todos los tributos del Estado que se pagan en Cataluña.

Las redes sociales están ardiendo por los militantes de base de Juntos por Cataluña, expresando su desacuerdo con lo pactado y donde el debate es constante. Se quejan de que hay imputados que no desean la amnistía y ni siquiera se les ha consultado. Lo firmado con los socialistas es considerado como una salida personal para Puigdemont difícil de justificar ante sus bases.

La oposición política nacional con el Partido Popular ( PP) y Vox a la cabeza, están ayudando a dirigir la ola de protestas espontáneas de la población en general para que no se den escenas de violencia, ni enfrentamientos con la Policía. Las principales sedes de los socialistas en todo el territorio nacional son objeto diario de concentraciones ciudadanas que muestran su repulsa hacia lo que denominan humillación del Estado frente a los independentistas.

Dado que se han aceptado todas las exigencias de los golpistas y teniendo en cuentas las nuevas imposiciones que previsiblemente presentarán para la continuidad y estabilidad de la legislatura, de no remediarse, España llevará camino de ser distinta al sistema que ha permitido llegar hasta hoy, en paz y convivencia, durante las últimas cuatro décadas.

Desde los comienzos de la democracia española, los socialistas han estado defendiendo que no cabrían amnistías porque sería poner en duda el Código Penal, romper la igualdad de los ciudadanos ante la ley e invalidar otros preceptos constitucionales.

Ahora, defienden lo contrario: ¡ esos cambios de opinión de Pedro Sánchez ! y abogan amnistiar a los golpistas catalanes. Lo hacen en base a dos argumentos principales que convergen en lo conveniencia de la misma para que Sánchez pueda lograr su investidura y proseguir en lo que llaman como gobierno progresista.

El primero -sobriamente- dice que la amnistía solventaría el conflicto catalán. Más coherente el otro, sostiene que el Gobierno español no actuó democráticamente al reprimir el Golpe de Estado de 2017 de los separatistas. Según esta idea, el período 2017-2023 ( otros se retrotraen a 2013 ) en España no había una verdadera democracia sino una de apariencia. Con la amnistía se restañaría esa interrupción de la democracia y se volvería al carril del que nunca se debió salir.

Añaden estos partidarios que declarar la independencia de una región nunca debe de ser delito, ni tampoco tomar aeropuertos, quemar contenedores y apedrear Policías. ¡Ah! y ni fraccionar contratos para dárselos a los amiguetes. Perseguir todo eso con la justicia por delante es cosa de fachas que no de demócratas. Lo curioso de este asunto es que buena parte de ese período pseudemocrático era el gobierno progresista el que dirigía los destinos de este país, antes llamado España. Y ese enfoque jurídico, el Código Penal lo avalaba.

Resulta muy ilustrativo repasar las cuatro décadas de doctrina socialista sobre este tema. En 1977, se concedió una amnistía en España para todos los delitos relacionados con la política cometidos hasta ese momento. Los socialistas la pidieron. Había que facilitar la transición desde el autoritarismo y el Código Penal del franquismo ya que ambos no valían para la naciente democracia.

Poco después, el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados ( repleto de grupos nacionalistas, separatistas e independentistas ) pidió incluir las amnistías en la Constitución Española y el portavoz socialista se opuso porque equivaldría a reconocer que el Código Penal de la democracia era injusto. Esta propuesta fue rechazada y en paralelo, se prohibieron los indultos generales. Según los socialistas, era exigible un veto a la arbitrariedad de los poderes públicos. O sea, el Gobierno de turno no podía indultar a capricho, ni la Constitución avalar las amnistías.

En 2021, algunos grupos parlamentarios plantearon la conveniencia de amnistiar a los separatistas perseguidos por la justicia. La Presidenta del Congreso, la socialista catalana Merichell Bater, consultó a los letrados de la cámara y por unanimidad decidieron que no se podía tramitar ninguna ley de amnistía porque era inconstitucional de raiz. En consecuencia, la petición no fue tramitada.

En su apoyo, la portavoz socialista, Adriana Lastra, declaró que una amnistía rompería la igualdad ante la ley de los justiciables y de sus víctimas. Por eso, determinadas conductas, como tirar un adoquín a un Policía no serían perseguibles si las hubiese cometido un separatista pero sí lo serían si las hubiese cometido cualquier cachorro comunista o antisistema. Como socialista, Lastra estaba a favor de la igualdad ante la ley y en contra de las amnistías.

En resumen, desde 1977 a 2022, los sucesivos portavoces socialistas fueron exponiendo argumentos sobre la incompatibilidad de las amnistías con la democracia. Como colofón, durante la campaña de las últimas elecciones generales, el Presidente Sánchez declaró que habiendo gobernado cinco años, los independentistas no habían logrado que aprobase ninguna amnistía. Y así seguirían las cosas si seguía gobernando.

Apenas unos meses después, una legión de intelectuales proclives al socialismo anda diciendo que la amnistía no es solo constitucional sino muy deseable. No es inconstitucional porque la Constitución no la menciona y es deseable porque pacificaría Cataluña. Que nadie piense que es porque Sánchez necesita los votos de los separatistas para conseguir su deseo de ser -de nuevo- Presidente del Gobierno y, por lo tanto, es también por el bien de España.

Dentro de este grupo, los más osados añaden que además de la amnistía sería necesario modificar el Código Penal para mayor seguridad de todos ( no vaya a ser que los jueces hagan lo mismo que con el abaratamiento de la malversación, que son muy suyos…) Creen que una ley de amnistía encontraría su sentido y legitimidad en la anormalidad democrática que supuso la represión jurídica de las conductas que deben de ser objeto de la misma.

Volviendo al principio: se está ante el cambio de la posición mantenida por los socialistas desde el inicio de la democracia española. Quizás han abandonado la defensa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y no creen en la continuidad del sistema desde la transición. Desde la izquierda, solo los jacobinos podrían enderezar a estos tuertos porque su lema es: amnistía, de entrada no.

La incesante llegada a Canarias de esas pateras senegalesas llamadas cayucos, repletas de personas desesperadas que huyen de la miseria y el desamparo que sufren en su país y en busca de una vida mejor, se está convirtiendo en un problema inasumible para las autoridades del archipiélago que carecen de los medios necesarios para poder atender a los miles de inmigrantes que están llegando durante los últimos meses y que por las noticias que se tienen, irán siempre en aumento.

El Gobierno socialcomunista en funciones que preside Pedro Sánchez, está ocupado en conseguir su propia subsistencia a través del correspondiente tributo a los separatistas vascos y catalanes y fuera de eso, los muchos problemas existentes que hoy preocupan a la población en general pasan a un segundo o tercer término. Como la atención mediática está en si se logra o no formar nuevo Gobierno, la invasión canaria a cargo de subsaharianos está pasando desapercibida.

En la isla de Hierro que apenas cuenta con una extensión de 268 kilómetros cuadrados y 11.000 habitantes, han llegado durante el presente mes de octubre más de 4000 de los quince mil inmigrantes que alcanzaron el archipiélago,. La presencia policial era muy pequeña como corresponde a un territorio de estas dimensiones y ante esta avalancha de llegadas ha tenido que ser reforzada a toda prisa ya que el cuartel de la Guardia Civil disponía de solo 7 efectivos. Tampoco hay Comisaría de Policía y desde la isla de Tenerife se ha enviado un destacamento policial especializado en extranjería que es el encargado de realizar los trámites de inmigración.

El simple e imprescindible control sanitario es imposible de practicar dadas las proporciones del problema y requiere medios de los que allí no se disponen. El elemental alojamiento de los recién llegados desborda por completo sus capacidades, sin olvidar que en resto de las islas la situación es parecida puesto que a finales de septiembre ya llevaban acumulados a más de 15.000 que lo habían conseguido y ahora mismo ya han sobrepasado los 30.400.

La reubicación de inmigrantes en territorio canario ha dado de sí todo lo que podía dar -disponen de 6.000 plazas que están todas ocupadas- y el realismo obliga a concluir que el flujo de subsaharianos rumbo a Canarias no cesará ya que lleva camino -de seguir este ritmo- de superar el record de 31.000 personas del África negra que llegaron en 2006. Este trasiego de inmigrantes alcanza ya el nivel de crisis migratoria.

La inestabilidad política en Senegal con la oposición sometida a persecución, los desórdenes públicos que han ocasionado una treintena de muertos y centenares de heridos y la situación similar de los países limítrofes, especialmente los del sur del Sahel, obligan a buscar alternativas para una gestión ordenada del problema. La falta de ayuda del Gobierno central y las imperiosas necesidades del Gobierno regional canario, están creando un clima político muy tenso que dificulta una solución eficaz del problema.

Trasladar una crisis humanitaria de este calado a la Unión Europea como ha hecho hasta ahora el Ministerio del Interior y el invisible Ministerio de Asuntos Exteriores. no es más que una maniobra dilatoria para esperar que escampe la situación y que sean otros los asuman la solución. El sistema de decisión de las instituciones europeas por unanimidad hace imposible cualquier acuerdo en este sentido. Polonia y Hungría se oponen al reparto de cuotas y a otras fórmulas sensatas para que no sean los países del sur de Europa los que tengan que responsabilizarse del problema y en consecuencia, no hay ninguna perspectiva de actuación a corto plazo.

Como está claro que España está sola para solventar este drama compasivo, debería de dedicarse a colaborar con el gobierno autonómico canario para el desplazamiento y realojo en la Península de los inmigrantes llegados y la devolución a sus países de origen de los que se hayan podido identificar puesto que la mayoría de ellos vienen con la lección aprendida para dificultar este extremo y carecen de cualquier tipo de documentación que les acredite como nacionales de un país en concreto.

Hasta ahora, el Gobierno progresista que disfrutamos ha sido reacio al retorno de estos inmigrantes dada la situación política, social y económica de sus respectivos países porque suponía un cargo de conciencia llevar al punto de salida a miles de personas que no son bien recibidas por sus autoridades que desean la emigración de su población como alivio de la situación caótica que padecen.

Por otro lado, la inmensa mayoría de los recién llegados solicitan asilo político en España como consecuencia de las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales, de otros inmigrantes que les precedieron y del interés del Ministerio de Asuntos Sociales ( cuya titular es Ione Belarra, por la cuota de Podemos, organización extremista de carácter comunista ) por conocer la vulnerabilidad en la que se pueda encontrar el recién llegado.

La resolución del expediente de asilo tarda entre año y medio a dos años de media, los solicitantes son libres de circular por todo el territorio nacional durante este tiempo dado que los centros de acogida están saturados a nivel nacional. Según la Comisión de Ayuda al Refugiado ( CEAR ), el año pasado pidieron asilo en España 118.482 personas y es donde más se solicita este reconocimiento en la Unión Europea, tras Francia y Alemania. Senegal no está por ahora, entre los diez primeros peticionarios de asilo en España en 2.022 pero su violenta inestabilidad política le va a hacer escalar posiciones en la estadística de 2.023.

De media, solo un 16% de los solicitantes de asilo lo obtiene. Son 22 puntos menos que la media europea. Lo que quiere decir que menos de uno de cada cuatro llegados a Canarias recibirá el asilo. Solo los que pueden acreditar que están en riesgo de muerte si vuelven a su país o son perseguidos por razones de raza o sexo, políticos o religiosos o de otra índole discriminatoria.

Por eso y desde la óptica nacional, es más probable que obtenga asilo una mujer que huye de la guerra de Sudán o un homosexual nigeriano que un campesino senegalés o marroquí. La ley de asilo no contempla al que huye de la miseria y de la precariedad que es precisamente la razón mayoritaria que mueve a cruzar el océano a la práctica totalidad de los inmigrantes llegados a Canarias aunque a los provenientes de Senegal y desde agosto de 2.022 en las que unas elecciones generales acabaron con dos ganadores, ( el opositor está ahora preso ) tengan más razones para las causas de la concesión.

Han tenido que aparecer varios casos de sarna y tuberculosis entre los desembarcados en la isla de Hierro para que por fin, el pasado día 17 ante la magnitud del problema y las protestas generalizadas, el Gobierno central empezó a responder declarando a Canarias en situación de emergencia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante este ritmo de llegada de inmigrantes ilegales, sin precedentes en la última década, que lleva camino de convertirse en la ruta más mortal del mundo. Esta medida consiste en agilizar los trámites burocráticos y aumentar la financiación de los recursos para cubrir las necesidades de atención de los recién llegados.

El Ministerio de Interior también ha anunciado alguna medida para afrontar el aumento de llegadas de cayucos a las islas a través de potenciar la vigilancia y el control de fronteras con dos aviones que patrullarán las costas de Senegal y Mauritania para evitar las salidas de embarcaciones.

Estas palabras las usaban un antiguo pueblo de la actual Panamá para referirse a su tierra pero un dirigente indigenista de finales del siglo XX, divulgó la dudosa idea de que abarcaba todo el continente americano para suplantar así el nombre español de América.

En muchos libros escolares de Hispanoamérica se ha empezado a utilizar el nombre de Abya Yala, como es el caso de Venezuela, para designar el territorio prehispánico y evitar así la palabra América que para los indigenistas radicales simboliza la imposición de un término colonialista por parte de España cuando llegó en 1492. Así los niños, aprenden hoy un nombre de escasa historicidad pero mucha política.

Abya Yala, es el nombre que parece que el pueblo guna o cuna -depende de la interpretación que se le quiera dar- originario de Panamá, daba al territorio que ellos conocían, una región concreta pero no todo un continente que ni sabían que existía.. Significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital, en lengua dulegaya. De la misma manera que para los mayas la península donde estaban asentados era Mayab o también Cem Anahauac para los habitantes de lo que hoy es parte de México y significa lo uno entre las aguas, en náhualt clásico.

Algunas tribus indígenas proponen este cambio de nombre como oposición al de América que deriva del navegante florentino Américo Vespucio que acompañó a Colón y a otros expedicionarios en varios viajes y era el encargado de hacer los mapas de las rutas que exploraban. El uso social y mercantil de aquellos documentos derivó en los mapas de Américo – que eran señal de fiabilidad- y de ahí a América con su distorsión fonética propia de la transmisión oral de su existencia en la época. ¡ Vaya manera de perder el nombre de Colombia -en lugar de América- para la gesta de Colón !.

El uso de Abya Yala se propuso durante la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas celebrado en Kiruna ( Suecia ), en 1977, junto con la declaración del 15 de noviembre como Día Internacional de los Pueblos Indios; así como demandar a España por la invasión de tierras americanas y la utilización del nombre América para denominar a todo el continente americano.

Estas tres propuestas recibieron una aceptación general que capitaneó Constantino Lima Chávez ( boliviano de la tribu de los aymara y abogado ) en base a sus investigaciones. Este primer activista indígena, había tenido dos años antes en Bolivia un esclarecedor encuentro con los representantes de un pueblo que vivía en una de las 300 islas de San Blas, en Panamá. Y lo contaba como que fue un día inolvidable porque después de 500 años de estar separados artificialmente, llegó la ocasión en la que pudo ver a sus hermanos cunas.

Fue con un sayla ( representante de la comunidad indígena o jefe de la tribu ) de 76 años, acompañado de otros miembros, quién le relató la historia contada verbalmente de generación en generación y que no podía seguir callando ante un hermano que llegaba de tierras tan lejanas. Le dijo que el término Abya Yala, no hacía referencia a su isla o a la parte del continente que podían conocer sino a toda la masa territorial imaginable. Norte, Centro y Sur América es Abya Yala porque en su idioma ABYA significa tierra y muchos añadidos y YALA, hombre en plena juventud. Luego Abya Yala quiere decir tierra en pleno auge de juventud madura.

Como se ve es una idea difícil de demostrar más allá de esta tradición oral además de que esta misma comunidad usaba otros nombres para su territorio ancestral, tales como Kualagum Yala; Tagargun Yala o Tynda Yala. Esto supone una inverosímil comprensión de su entorno geográfico para unos pueblos que apenas ocupaban alguna isla de su archipiélago comparándolo con toda la masa territorial de lo que hoy se conoce como América. No sé cómo iban a bautizar a todo un continente de la extensión de América, desconociéndolo.

Lima, que posteriormente se rebautizó como Takir Mamani, reconocería en el año 2014 que la historicidad del término era lo de menos dada la debilidad de sus argumentos ya que lo que resultaba urgente era despojarse de un nombre impuesto. Eso era lo que pasaba con el continente Abya Yala que si no sabían su nombre lo iban a inventar porque el nombre de ese criminal ( adjetivo inventado para desacreditarlo ) llamado Américo Vespucio no puede seguir en ese inmenso continente.

Como ya he mencionado con anterioridad, no fueron los españoles quienes divulgaron la palabra América. Colón murió en un tiempo en el que al Nuevo Mundo se le llamaba las Indias creyendo que se trataba de la parte más alejada de Asia. El nombre de Amèrica apareció por primera vez en un mapa del cartógrafo suizo Martin Waldseemüller en 1507 cuando tanto la reina Isabel ( 1504 ) como Colón ( 1506 ) ya habían fallecido.

Como es sabido, el nombre de América proviene del cosmógrafo y navegante Américo Vespucio que vivió de 1454 a 1512 y fue uno de los primeros en defender -de manera clara y abierta- que lo descubierto se trataba de un nuevo continente algo que a Colón le disgustaba y jamás quiso aceptar por razones de prestigio y sobre todo económicas.

Hasta la celebración de la Cumbre mencionada con anterioridad, el nombre de Abya Yala fue objeto de oposición y hasta de burla por quienes temían que podría ser motivo de confrontación étnica pero a partir de entonces el término se popularizó en textos escolares, casas editoras, fundaciones y otros.

Al principio, compartió protagonismo con otras propuestas como Continente Solar pero luego fue aceptado por instituciones públicas de Bolivia y Venezuela. Todo ello a pesar de que cómo se ha visto, ni su origen es claro, ni su uso realista para una sociedad que desde hace cinco siglos y gracias a los españoles es mestiza y no solo indígena.

En los depósitos de cadáveres de la justicia española se acumulan cuerpos de personas durante meses o años sin saber a quién corresponden. Problemas de coordinación entre la Policía y los médicos forenses y la imperiosa necesidad de disponer de un sistema informático que recoja las huellas del Documento Nacional de Identidad, dificultan evitar la zozobra que sufren las familias de muchos desaparecidos.

A Edita Emeldo, uruguaya de 80 años que llevaba décadas viviendo es España, el drama le acompañó hasta bastantes después de su muerte, 209 dias para ser exactos. Es el tiempo que transcurrió entre su desaparición y la Certificación del Instituto de Medicina Legal que permitió entregar sus restos mortales a sus familiares.

El cuerpo fue hallado en muy mal estado de conservación a los tres meses de su desaparición debido a la altas temperaturas de la zona, por unos paseantes en un descampado a escasos dos kilómetros de sus casa. En principio, parecía un caso fácil porque la ropa coincidía con la que llevaba puesta el día que denunciaron su desaparición y a su lado estaba también el cadáver de la perrita que le acompañaba, con su microchip y su placa de identificación. También se disponía de su ADN que se había extraído de un peine y de un cepillo de dientes que permitían establecer un perfil genético.

No había rastro alguno de violencia, desgarro físico o cualquier otro indicio que hiciera pensar que se tratara de un ataque a su persona por lo que no se abrió ninguna investigación judicial más allá del correspondiente expediente administrativo de defunción. Seguramente por eso, el asunto quedó paralizado durante tres meses en el Instituto Anatómico Forense sin que nadie cruzase sus datos con las bases policiales de personas desaparecidas. Fue desolador.

El de Edita no es un caso aislado aunque lo pueda parecer. Según la información recogida en el Centro Nacional de Desaparecidos, organismo integrado en el Ministerio de Interior y pionero en Europa, existen 3.260 cadáveres a falta de identificación y es por una razón muy clara, no existen plazos para la identificación de un cadáver. Lo que supone que en la práctica, es muy frecuente que muchas familias tarden hasta seis meses en recuperar los cuerpos de sus allegados. Y eso a pesar de que un contraste de ADN tarde 24 horas en realizarse o cuando hay indicios de criminalidad, el resultado se conoce en unos dias.

No es una cuestión de indiferencia pero sí de una falta endémica de medios humanos y técnicos. Se han dado casos de personas que has estado buscando a su familiares desaparecidos durante semanas y su cuerpo estaba en el cajón frigorífico desde que se les perdió la pista

Es el caso de Raúl Casero, atropellado en la M-40 ( autovía de circunvalación de la capital de España ) y denunciado como desaparecido el mismo día y que fue enterrado en una fosa común dos años más tarde, con otros cuerpos sin identificar hasta que su familia logró desentrañar la madeja burocrática. También el de la Dama del Camello, cuyo cuerpo expulsó la marea a la popular playa de Santander de El Sardinero en el año 2001y a la que todavía no se le ha podido asignar un nombre.

Hasta un terrorista de ETA, Jon Anza, se vió involucrado en una situación similar. Sufrió un infarto mientras se encontraba en un parque de Toulouse ( Francia ) y murió 13 dias más tarde. Iba indocumentado y nadie lo echó en falta. Pasó un año en el depósito de cadáveres francés hasta que un cruce de datos de distintas bases policiales francesas permitió su relación.

Los tres últimos casos tienen en común que son anteriores a 2011, el año que entró en funcionamiento la base de datos de Personas Desaparecidas y Restos humanos, un registro informático donde consta la información relativa a estos casos y al que están conectados los Cuerpos Policiales estatales y autonómicos. Un paso de gigante al decir de los policías que trabajan en esta especialidad.

En el organigrama policial esta labor pertenece a la Unidades de Policía Científica, cuyos componentes son los que acuden al lugar donde ha aparecido el cuerpo y realizan lo que en el lenguaje policial se llama inspección ocular que comprende analizar la forma y manera de como estaba colocado el cadáver, qué objetos había a su alrededor, recaba testimonios y cuantas gestiones consideran necesarias para su posible identificación. Ellos son los que dibujan el cuadro general.

Su día a día discurre entre las ya mencionadas inspecciones oculares y el cotejo de señas particulares a partir de muestras de ADN, huellas dactilares y fórmulas dentarias. Un cadáver sin identificar pertenece por lo general a alguien cuya desaparición ya ha sido denunciada y el trabajo policial es hallar un vínculo entre ambos conceptos.

La identificación se presenta como un problema cuando se carecen de datos de antes del fallecimiento, debido a la situación personal de desarraigo extremo en el que vive la víctima, como es el caso de los conocidos como sin techo o a la naturaleza clandestina de sus actos como ocurre con los cadáveres que llegan a las costas españolas a consecuencia del hundimiento de pateras y que viene a suponer un tercio de los casos pendientes.

Otro problema y no menos importante es poder utilizar la base de datos del Documento Nacional de Identidad, donde se encuentran las impresiones dactilares de todos los españoles adultos y menores a partir de los 14 años que lleva varios años en estudio para su encaje en la Ley de Protección de Datos.

También hay que destacar la necesidad de una red informática que agilice con las Policías de otros países la relación de datos entre personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, algo bastante difícil de conseguir cuando naciones supuestamente avanzadas como Francia o Alemania carecen de una aplicación informática como española.

Para los Policías especializados en esta materia es muy frustrante cuando comprueban que sus resultados aumentarían considerablemente si se pudieran eliminar las trabas administrativas obligatorias según la normativa vigente pero que son innecesarias para la resolución de los procedimientos, bastaría con una mayor simplificación administrativa.

Nació en Lorca ( Murcia). un 23 de febrero de 1995 y es el menor de dos hermanos. Además del sueño de ser Policía Nacional, otro asunto pendiente de Luis es ser productor musical, sobre todo de la de tipo electrónico. Asegura que tarde o temprano, las cuentas pendientes hay que saldarlas. Agradece el respaldo de sus padres que desde el primer momento han estado apoyándolo.

Está estudiando oposiciones para la Policía Nacional desde 2015, más casi que una carrera universitaria y lo tiene claro. Yo diría que clarísimo Cuando acabó el bachillerato se puso a trabajar en la hostelería al tiempo que empezó a estudiar las oposiciones. Ya ha pasado las pruebas físicas.

Para él ser Policía es su objetivo, su sueño y por una cosa u otra no las ha podido sacar antes. Pero no se va a rendir porque lo conseguirá. Una vez que las apruebe irá a la Escuela de la Policía Nacional instalada en Ávila. Un largo recorrido que está deseando hacer porque no tiene otra.

Luis quiere ser Policía Nacional porque es algo que le gusta desde niño y no se ve estudiando otra cosa. Si lo hubiera hecho, matricularse en una Universidad y elegir una carrera, hubiera perdido el tiempo y el dinero. Además, sus padres trabajan en un juzgado y desde pequeño se fijaba en los Policías que estaban allí presentes. Lleva seis años intentándolo, más que un grado universitario.

Los temas que más se le atragantan son los de derecho procesal y penal que dice que es donde más caña les dan. La verdad es que piensa que es donde más se puede fallar porque es un temario muy completo y no le gusta porque afirma que muy leñero. Pero lo que mas le interesa es lo referente al tráfico de drogas, los fraudes económicos y la violencia de género.

De hecho, piensa que una vez dentro de la Policía le gustaría entrar en los Grupos de Estupefacientes que se encargan de combatir la venta de drogas. También le apasiona la preparación física necesaria para superar las pruebas, como acaba de conseguir. Le encanta el deporte.

Compagina sus estudios con su trabajo como especialista de cine. Lo hace desde 2019 cuando un amigo que era actor se lo propuso. Le dijo que daba el perfil dado que le gustaba el riesgo y se estaba preparando para la Policía. Hasta que no lo consiguiese podía probar como especialista en los rodajes cinematográficos.

Durante este tiempo, ha aprendido a montar a caballo, a caerse de él, saltos a gran altura, lucha con espadas, conducción peligrosa, tiro con arco, pesca submarina…muchísimas cosas. Después de tanta práctica, debutó en una serie de televisión, sin cobrar, como una primera experiencia. Le encantó y el trato fue estupendo.

A raíz de ahí, lo llamaron para una película de Netflix que se grabó en las islas Canarias y ahora está en una serie que está ambientada en la Edad Media. Aquí lo abarca todo: caídas, cabalgar, prenderse fuego…. También se está llevando algún que otro tropezón, sobre todo problemas de espalda por las malas caídas, por no controlar bien las distancias. Y las torceduras de tobillo abundan por lo pesadas que suelen ser las ropas que les dan que si apoyas mal el tobillo, se dobla.

La labor que está haciendo ahora le gusta, le llena, conoce gente, sitios…está muy bien y es muy bonita. Es una forma de ganarse la vida mientras estudia porque las oposiciones y el coche no se pagan solos. Y si gana dinero de una forma que encima le gusta, pues mejor.

Está convencido que su actividad como especialista de cine le va a ser muy útil en la Policía Nacional en defensa personal, conducción, tiro……Y está muy tranquilo por el asunto del cine porque su cara no sale por ningún lado, solo su cuerpo, él no es un actor y lo prefiere así.

Sabe que cuando apruebe, tendrá que asumir destinos en las grandes ciudades: Madrid, Barcelona… pero cuando pueda pedirá Murcia y allí aguantará hasta que logre ir a su pueblo, donde la Comisaría de Policía es nueva y tiene buenas instalaciones.

Múltiples señales indican que el independentismo en Cataluña está en declive desde hace varios años, al menos cinco. Está muy dividido y no hay indicios que lleven a pensar en que puede recuperarse; cada vez menos movilizado en la calle y sin hoja de ruta. Más allá de esta fotografía general -muy visible a ojos de todos- se puede ahondar un poco más para conocer cual es el hundimiento real de un movimiento que inició en 2012 un desafío a España y que ahora se encuentra más debilitado que nunca tras haber fracasado estrepitosamente.

En este sentido, tomando los datos de la encuesta publicada el pasado enero por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Cataluña ( ICPS ), un ente de referencia promovido por la Diputación de Barcelona y la Universidad Autónoma también de Barcelona, hay dos indicadores que permiten medir con precisión hasta dónde ha disminuido el separatismo.

Por un lado, el apoyo a la independencia que ha caido del 46% en 2018 al 39% de ahora. Por otro, la importancia que tiene la cuestión de la separación de España para los catalanes, que se ha hundido en cuatro años, pasando de importarle mucho o bastante al 80% de la población en 2018 a apenas un 60%.. Lo que significa que la población empieza a pasar página del proceso, según este sondeo.

Este descenso del interés por la independencia también se ha traducido en que una cuarta parte de los votantes si hubieran tenido que ir entonces a las urnas, no tendrían en cuenta la posición del partido sobre esta materia. Lo que se interpreta como que un 25,5% de los catalanes podrían votar a un partido que rechaza la independencia pese a ser independentista o viceversa. Lo que refleja aún más como el proceso es una cuestión cada vez mas secundaria entre los ciudadanos, mientras las cuestiones económicas y sociales van ganado más peso en la agenda política.

Además de la indiferencia por esta situación, también está el hecho de que cada vez más catalanes creen que el separatismo acabará abandonando el proyecto de ruptura con España; en 2015 tan solo el 21,8% creía que ese sería el desenlace del proceso, ahora ya ha subido hasta el 41,6%. En paralelo, los que creían que el procedimiento podía acabar en independencia han pasado de representar un 17,1% al 4,2%. Por el medio, también se ha reducido el grupo de personas que vaticinaba que el proyecto independentista acabaría dotando a Cataluña de un mayor autogobierno: ahora está en el 41,6% cuando en el 2015 estaba en el 46,1%.

Las tres tendencias: menos apoyo a la independencia; más indiferencia hacia el proceso y ningún convencimiento de que el separatismo logrará romper con España; confirman con claridad el hundimiento del independentismo a pesar de que Juntos por Cataluña o Izquierda Republicana Catalana -esta última en menor medida- se afanen por resucitar el secesionismo. En paralelo, los catalanes tampoco aprueban la mesa de diálogo que genera cada vez más rechazo: si en 2021, un 29,7% la veían mal o muy mal, en 2022 ese porcentaje asciende a 44,6%. Prácticamente un tercio no la ven bien ni mal ( es decir, indiferencia ).

El sondeo también muestra algunas tendencias que está marcando el postproceso, caracterizadas por el desapego de los catalanes hacia sus propias instituciones, algo que nunca había ocurrido teniendo en cuenta el valor simbólico que ha tenido siempre la recuperación del autogobierno tras la llegada de la democracia. Un dato significativo en este sentido es que desde el año 2017, la valoración que hace la población de su Gobierno regional está en mínimos.

Poco más del 10% considera que la gestión autonómica está siendo buena o muy buena cuando en la etapa de Jordi Pujol, sobrepasaba el 50%. Ha caido tan bajo la valoración que se ha igualado por primera vez con la gestión del Gobierno de la Nación, algo que nunca había ocurrido en la serie histórica, iniciada en 1989. Algo parecido ha ocurrido también con la valoración del presidente de la región catalana que está por debajo del 5% desde 2017.

También cabe decir que estos dos datos de evaluación, iniciaron un descenso tras la marcha de Jordi Pujol de la Generalidat de Cataluña en 2003 y la llegada del Tripartito ( coalición de socialistas, republicanos y comunistas ), lo que también puede indicar que la población prefiere la estabilidad al caos y desgobierno que ha reinado, -con fases de mayor o menor intensidad-, en los últimos 20 años, primero con el Estatuto y ahora con la causa independentista.

La tendencia de cambio político que reflejaba esta encuesta que no era distinta a otras anteriores, se vio confirmada en las elecciones locales del pasado 28 de mayo donde Izquierda Republicana sufrió un duro revés ya que se quedó muy lejos de revalidar su condición de grupo político más votado a nivel local, perdiendo unos 300.000 votos con respecto al año 2019 y cayendo a la tercera posición regional tras la victoria de la sucursal catalana de los socialistas del PSOE que obtuvo 712.027 votos y los nacionalistas de Juntos por Cataluña que consiguieron 550.717. Los republicanos solo llegaron a 518.717.

Exactamente igual ocurrió en las elecciones generales celebradas el 23 de julio pasado, donde los socialistas catalanes ganaron con holgura, superando el millón de votos, logrando la hegemonía política -por primera vez- desde 2008 que fue su última mayoría.. Tras ganar en ambas elecciones -locales y autonómicas- los socialistas han desbancado a los separatistas y en especial a los republicanos. No han rozado el techo de 25 diputados que sumaron en el 2008 pero se acercaron a su mejor resultado histórico al lograr 1.200.000 votos, sumando más aceptación que todo el secesionismo junto ( 14 escaños y 850.000 votos ).