Impresionaba ver la cara desencajada de Pedro Sánchez cuando abandonaba su escaño del Congreso de los Diputados, tras ver como era nuevamente humillado por la derrota de la ley de amnistía en la votación del Pleno, tumbada precisamente por sus beneficiarios. No era para menos. No entendía que después de desdecirse de todo lo que había dicho durante años; salte por encima de todas las líneas rojas que personalmente se había trazado; enfrentándose a jueces y magistrados por asumir el relato de los delincuentes; cargándose el principio constitucional de la igualdad de los españoles ante la ley; sean los propios amnistiables de una norma que rechaza la mayoría de los españoles los que la saboteen. En efecto, resulta desconcertante tanta ingratitud.

¿ Cuál ha sido la respuesta del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) ante este enorme batacazo político ?. Ninguna, nada, cero porque el PSOE está muerto. Pedro Sánchez lo ha ido matando poco poco hasta transformarlo en sanchismo, el partido que defiende sus ideas y solo eso. Sus vestigios son una herramienta en sus manos a imagen y semejanza del populismo sudamericano. Al igual que aquellos, el sanchismo no necesita militantes porque solo admite vasallaje incondicional de los que le rodean.

Cuenta con las ministras del podemismo-plus, como es Sumar, cuya gestión transcurre entre declaraciones antisemitas o el apoyo entusiasta al nacionalismo reaccionario. Son coherentes con sus ideas a la vez que le hacen los recados como perfecto apéndice político. Otras pertenecen al sanchismo tranquilo de Emiliano García Page, Presidente de Castilla La Mancha. Su representante principal es una antigua magistrada del Tribunal Supremo que contando con la formación adecuada para comprender la gravedad de todo lo que se está haciendo y no hace nada para remediarlo.

Y es que el sanchismo nos arrastra a una autocracia en la que ni siquiera está garantizada la continuidad de España como ahora la conocemos. Su Gobierno, corre como pollo sin cabeza tratando de contentar a sus socios que al fin y al cabo lo mantienen en el poder. Una estampa que por lo reaccionario de sus objetivos y protagonistas, nos recuerda a unos caprichos en pleno siglo XXI pero sin un Goya que los pinte. Frente a la igualdad y a la justicia, privilegio y caridad.

Para contentar a los golpistas y terroristas sin arrepentir, Pedro Sánchez ha adaptado -apresuradamente- España a la imagen deformada que el separatismo ha propagado por el mundo con nuestro dinero: Un Estado sin separación de poderes, lleno de instituciones deterioradas y con una justicia politizada, como Turquía su ejemplo favorito. La erosión del Tribunal Constitucional, la disminución de controles, el asalto a la Fiscalía o incluso la inspección de Hacienda. Nada es ajeno a esta descomposición institucional que perpetra el sanchismo y que ha llegado hasta el Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ).

Y es que el PSOE albergó sombras pero mantuvo ciertos límites que ha superado con la convicción que le aporta el haber asumido tanto el populismo de Podemos como los argumentos que asisten a los enemigos de España, rematados con la certeza de que la mentira es una herramienta cargada de investidura.

Este propósito destructivo cuenta con dos declaraciones claves. La primera fue cuando Sánchez aceptó sin matices en Nueva York, donde se encontraba por su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado, la perversa e irreal idea de que el golpe de Estado catalán fue un conflicto político que se ha judicializado. La segunda tuvo lugar en la Cumbre de Granada con ocasión de la reunión informal de Jefes de Estado o de Gobierno en octubre pasado y en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea ( UE ) donde hizo suyas las razones separatistas para una amnistía delante de sus homólogos europeos, humillando en ese momento a cuantos sirvieron a España por defender todo lo contrario.

Lo siguiente parece que consistirá en reconocer al separatismo la ansiada categoría de minoría nacional para facilitar su autodeterminación, algo tan fantasioso como letal para España. Con razón los independentistas proclaman reiteradamente que la amnistía es solo un punto de partida. Pactar una consulta se hace innecesario si el Estado de Derecho hace aguas, a la vez que se generan estructuras paraestatales fuertemente financiadas que a la espera del primer reconocimiento internacional mantengan el control sobre su territorio y en detrimento de las necesidades de los restantes españoles. Solo le quedaría al Gobierno central las fuerzas armadas como garantes del orden constitucional y de la integridad territorial.

Para la mayoría de los españoles, Sánchez solo piensa en permanecer en el poder. Incluso él cree que le favorecería la probable demolición del régimen del 78. El PSOE, como todo difunto ilustre cuenta ya en su esquela con foto y leyenda. Junto con una fotografía con Bildu se puede leer que con ese partido ha mejorado la vida de los españoles. Seguro que la amnistía y la desintegración de España, la hará extraordinaria. Los alimentos han subido en 26% en dos años. Calma, solo es el principio.

Lo que se vio en el Congreso ha sido un punto de inflexión que muchos militantes socialistas sufren como una humillación gratuita que les deja a los pies de los caballos. Cargos autonómicos y provinciales del partido están padeciendo el peso de esta afrenta que añade más urgencia a la necesidad de dejar de frecuentar la calle y de disminuir su actividad social. No por miedo a altercados violentos, ni a los grupos de extrema derecha sino porque les da vergüenza defender entre sus conocidos y votantes lo que se está haciendo en Madrid.

Puigdemont ha conseguido hundir las siglas socialistas y que quienes tienen que defenderlas territorialmente se quiten de en medio -ahora que han perdido el coche oficial- porque no tienen un argumentario sólido con el que explicar lo que están viendo en la política nacional. Y eso que la sede central del partido no falla a la hora de hacer llegar diariamente su doctrina a la organización periférica y a los periodistas afines. Pero lo llamativo del caso es que en muchas ocasiones son los representantes de los medios próximos los que repiten con más convicción lo que se les dicta que los cuadros orgánicos del partido y los escasos cargos públicos que les quedan.

Como se recordará, el pasado 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela por un nuevo período de seis años -era su segundo mandato- al que no habría llegado nunca sin su principal sostén : los militares. A cambio de tanta lealtad y disciplina, los premió con un gran poder en su nuevo Gobierno y en la economía del país.

En tiempos del fallecido Hugo Chávez ( 1.999 – 2.013 ), la cuota militar en el Gobierno era del orden del 25%. Con el primer mandato de Maduro, llegó al 43,7% y ahora, en esta nueva etapa baja al 26,4% ; según cifras  facilitadas por la onegé venezolana, Control Ciudadano.

De los 32 nuevos Ministros, 9 eran militares y dirigirán departamentos como Defensa, Interior, Agricultura y Alimentación. Además del Servicio de Inteligencia ( SEBIN ) y la petrolera PDVSA, que es quién aporta el 96 % de los ingresos del país.

La explicación a esta aparente disminución de poder es porque algunos Ministerios ya no representan las fuentes de riqueza como antes. Ahora, los militares prefieren manejar la importación y venta de alimentos subsidiados.

A medida que Maduro se hacía impopular, más reforzaba la influencia militar con la dirección de una cadena de televisión, un banco, una ensambladora de vehículos, una constructora, una petrolera…. No en vano, Maduro considera al Ejército como la columna vertebral del país que ha pasado de ser uno de los más prósperos de Hispanoamérica a padecer la peor crisis económica de su historia moderna.

Además del respaldo militar formado por 365.315 efectivos y una Milicia Urbana de 1,6 millones de civiles, Nicolás Maduro cuenta con un amplio control político de las instituciones y para que este último no se desvirtúe, responde a la gratitud presidencial con frecuentes declaraciones de lealtad, manifestándose pomposamente como chavista, nacionalista y antiimperialista.

En la víspera de esta última investidura, ignorando cualquier sentido de la neutralidad política que le sería exigible, los altos mandos militares expresaron su irrestricto ( ilimitado ) apoyo al Presidente que es considerado ilegítimo no solo por los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, sino también por la mayoría de los países hermanos de su continente.

Algún observador independiente llama la atención en el sentido de que este trato de favor a los uniformados opera como un chantaje para hacerlos corresponsables de la crisis y vulnerables a juicios por corrupción y a la falta de respeto por los derechos humanos.

Pese al empeño de mostrar unas Fuerzas Armadas monolíticas, ha habido señales de que se han agrietado en distintos momentos. Dos generales figuraban entre los 25 detenidos por el atentado contra el mandatario, el pasado cuatro de agosto de 2018, cuando dos drones cargados de explosivos estallaron en las inmediaciones de una tarima donde presidía un desfile militar.

En los ambientes de la oposición política, circulan informaciones de que unos 180 militares de distintos grados fueron detenidos ese año de 2.018, acusados de conspirar contra el Gobierno, entre ellos, comandantes de operaciones especiales, grandes especialistas en acciones armadas. Y que unos 4.000 – de diferente rango- han abandonado los cuarteles en dirección a la emigración.

Admitiendo estas fracturas, en lo que todo el mundo está de acuerdo es que el Ejército es el último bastión para lograr la caída de Maduro. Mientras estos lo apoyen, durará.

Pero si no fuera bastante lo anterior, el pasado 24 de enero de 2018, un día después de que el Presidente del Parlamento Venezolano, Juan Guaidó, se autoproclamara Presidente Interino del país ; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijo en un comunicado público leído por el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino que no aceptarían a ningún  Presidente que no fuera Maduro, ni se subordinarían a los deseos de ninguna potencia extranjera.

Con esta manifestación de apoyo a Maduro, la cúpula militar había decidido resistir hasta el final poniendo al descubierto que no es que fueran aliados del chavismo sino que forman parte de él. Se trata del brazo más poderoso del país para que el hijo político de Hugo Chávez se mantenga en el Palacio Presidencial de Miraflores, en la capital venezolana, Caracas ; pese al escaso apoyo popular, la debacle socioeconómica y la elevada presión internacional.

Mucho más abajo, entre la tropa y los mandos intermedios, alejados del gigantesco negocio de importación y distribución de alimentos y productos básicos que están en poder de los generales, las cosas son muy distintas. Crece el desánimo, la incertidumbre y la deserción.

Estamos en un período difícil debido a una nueva crisis económica que está dañando mucho a nuestro sistema de bienestar. Desde el Gobierno socialcomunista que disfrutamos no paran de hacer llamamientos a la prudencia en el gasto, a las dificultades que tenemos que pasar y a sus desvelos para que el trago pase lo antes posible. Nos anuncia las privaciones que tenemos que asumir y lo hace desde la responsabilidad de que es por nuestro bien. Que hay que aguantar como sea y ya escampará. Todo el mundo tiene que aceptar sus inmejorables medidas y así esperar un futuro nuevo y mejor.

Y ellos…que ponen. ¿ Cómo ayudan a que esta situación sea entendible y aceptada por toda la sociedad y que vean que no hay otro solución mejor ?. La respuesta es silencio absoluto. ¿ Por qué no dicen nada ?. Porque no hay nada que decir, porque no hacen nada. Bueno sí, pedir, pedir y pedir a otros que se aprietan el cinturón y darle las gracias por sus noches en vela pensando en nosotros y en nuestros hijos.

Si uno se molesta un poco y rasca por aquí y por allá para saber lo que está ocurriendo, te puedes encontrar con numerosas noticias que indican que gozamos de un Gobierno derrochador, lleno de gastos innecesarios. Y cuando esto ocurre, nuestros mentores tiran de manual y arremeten contra los ricos para que paguen más impuestos porque ganan mucho dinero. Es decir, que paguen los otros, ricos y demás pero nosotros no, ni amigos y asociados.

A finales del primer trimestre del año pasado, se conoció un informe del Instituto de Estudios Económicos ( IEE ) -entidad privada- que había calculado que España podría reducir su gasto público en un 14% ( que equivale a 60.000 millones de euros ) sin rebajar la calidad de los servicios que presta con la sola mejora de la eficiencia. El mencionado Instituto, elaboró también un índice de eficiencia del gasto público que situaba a España el año pasado en el puesto 29 de la OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que tiene 38 Estados ) con una puntuación de 74,4, muy por debajo de la media europea que era de 98,6 puntos y bastante peor que la del año 2.019 que fue de 84,6 puntos.

También desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ( AIREF, organismo independiente de control fiscal) llamaba la atención sobre el despilfarro gubernamental con datos contrastados, indicando que se estaba gastando ya 14.000 millones de euros en subvenciones de carácter específico y 122.000 millones con carácter general como son centros de estudios catalanes y vascos, minería, gastronomía, ópera…

Por otro lado, se hablaba de unos 800 asesores que ya pusieron de relieve diversos medios de comunicación, mientras que los progubernamentales y demás terminales mediáticas, callaban. Por lo que se puede afirmar que, sin ninguna duda, estábamos ante el Gobierno más caro de la Historia de España.

Si a eso le añadimos la existencia de 22 Ministerios, con sus estructuras central y periférica, empresas públicas, participaciones industriales varias y otras componendas, el Gobierno nos cuesta al día la bonita cantidad de 470 millones de euros, de acuerdo con los datos publicados por la Intervención General del Estado. General de Estado, organismo oficial nada sospechoso.

Este maravilloso y progresista Gobierno socialcomunista, ya sabía en el año 2.020 que para sustentar la administración prevista por los socialistas y entonces podemitas en la nueva formación de Gobierno solo en las cuatro vicepresidencias establecidas, se iba a los dos millones de euros, más casi otros dos más para crear el bloque ministerial comunista.

El gasto público en su conjunto alcanzaba ya el 120% del Producto Interior bruto o lo que es lo mismo, de nuestra riqueza. Traducido al lenguaje de la calle, gastamos todo lo que tenemos y todavía debemos un 20% más Si encima hay que tener en cuenta que también se anticipó la campaña electoral para las tres citas pendientes -locales, autonómicas y generales- y las encuestas daban favoritas a la oposición que ejerce el Partido Popular, los socialistas gastaron a mansalva con la esperanza que su correspondiente siembra de euros se convirtiera -como así ha sido- en el granero de votos esperados, eso sí, todo iba acompañado del calificativo de progresista para que no olvide nadie su procedencia.

Soy de la opinión que mientras el Gobierno que padecemos no sea capaz de de barrer su propia casa que también es la de todos, que se vaya olvidando de nosotros que no tenemos que pagar unos inquilinos tan amigos de dispendios, fanfarrias e incluso lujos.

Si bien lo relatado hasta ahora afectaba a la anterior legislatura y todas las críticas a su sobredimensionamiento han pasado al baúl de los recuerdos donde se guardan todas las esperanzas frustradas de este populismo socialista que gozamos, Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Primero sus intereses personales y después…si queda algo para los demás.

La esperada, deseada y necesaria reducción del tamaño del nuevo Gobierno socialcomunista en la recién iniciada legislatura al frente de Pedro Sánchez finalmente quedó en nada o mejor dicho, ha vuelto a crecer en tamaño y gasto al tener que hacer hueco a las exigencias de su socio de Gobierno los comunistas de Sumar. Aunque el número de Ministerios se ha mantenido igual en 22, la mayoría de ellos se ha agrandado al crecer en su estructura por lo que el presupuesto necesario se acercará a los 70.000 millones de euros para su gasto ordinario en unas cuentas públicas que han sido prorrogas ante la imposibilidad de cumplir con el calendario oficial por el retraso en la formación del nuevo Gobierno central.

Por lo tanto, si ya en 2.023 hubo un incremento de 13.510 millones de euros con respecto a 2.022 en gasto corriente de los Ministerios al pasar de 16 a 22, los departamentos en el presente año de 2.024 también tendrán un aumento presupuestario además de las actualizaciones salariales puesto que se mantienen las cuatro vicepresidencias que además todas ellas pertenecen al ámbito económico lo que da una idea de su inoperatividad y mayor carga burocrática.

También y de momento, se ha batido el récord de mayor número de Secretarías de Estado en las dos últimas décadas y 10 legislaturas, al alcanzar el número histórico de 36,. ocho más que en el Ejecutivo anterior, más una más con la que finalmente acabó la legislatura pasada que tenía 35. El lío se va a notar de manera amplia en la parte económica al tener 10 Ministerios vinculados que contarán con 18 Secretarías de Estado.. Por su parte, el ala comunista del Gobierno quiere seguir ganando peso y por eso cuenta con dos Secretarías de Estado, una más que en el anterior mandato.

En el Real Decreto aprobado en la primera semana de diciembre pasado sobre la estructura orgánica básica del nuevo Gobierno central se aprecia que aumentará aún más su tamaño tras incluir 13 comisionados, 23 Secretarías Generales y 149 Direcciones Generales con el pretexto de desarrollar el Programa Político del Gobierno y lograr la máxima eficacia en el funcionamiento de la Administración General del Estado por lo que el número de cargos de confianza se verán incrementados ante el aumento de los nuevos puestos. Esto supone que el nuevo Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez volverá a batir su propia marca histórica que superará el récord de 800 cargos de confianza que alcanzó la anterior legislatura.

Y todo apunta a que la superestructura gubernamental seguirá creciendo ya que el citado Real Decreto de desarrollo ministerial abre la posibilidad de que cada Ministerio pueda aumentar su estructura orgánica básica con el fin de completar su organización por lo que estaría justificada cualquier nueva ampliación bien de puestos o estructuras internas que tendrían que ser presupuestadas en las próximas cuentas públicas previstas para el primer trimestre de 2.024.

Los abuelos que sobrevivimos y que en los sesenta éramos jóvenes esplendorosos que estando estudiando para lograr un futuro mejor tuvimos una herramienta a nuestro alcance que nos dio dias de gloria y avances muy importantes en la vida social: la música. Pero no cualquier música o toda la música sino una música nueva, de nuestra tiempo, internacional con la que te sentías identificado y cuyas canciones más populares te pasabas el día canturreando.

Los adolescentes de la España de los 60 del siglo pasado tuvimos la fortuna de crecer con una banda sonora escrita a nuestra medida y rompedora para su tiempo. Se trata de decenas de canciones que han perdurado en la memoria colectiva. En cualquier rincón de España surgía un grupo músico-vocal. Era lo nunca visto. Iniciándose así un legado musical incuestionable visto desde diferentes maneras.

Es indudable que la música pop desde comienzos de los sesenta entró a formar parte del paisaje musical español con enorme proyección popular en muchos casos pero que al gestarse en el tardofranquismo no fue en su arranque demasiado transgresora. Se le llamaba el ye-yé y era un mero vehículo para traducir éxitos foráneos o con el que componer canciones más o menos sentimentales que eran las que menos problemas ocasionaban.

Así y pese a existir formaciones tan solventes como Los Pekeniques, Los Relámpagos, Micky y los Tonys, Los Brincos, Los Mustang, Los Sirex, Los Bravos, Los Canarios o Los Módulos y cantantes solistas como Bruno Lomas, Miguel Rios, Nino Bravo o Camilo Sesto, el de aquellos años es un pop fruto de las circunstancias en el que cuesta descubrir himnos generacionales ( aunque los hay como Soy así y Es la edad de Los Salvajes ), la crítica social escasea ( La escoba de los Sirex es lo más aproximado ) y en el que hay que esperar hasta 1.968 para encontrar la primera muestra de pop netamente urbano con Mi calle de Lone Star. Detalle a tener en cuenta, los tres grupos mencionados son barceloneses.

Aquella década dejó sublimes melodías, enormes instrumentistas, inspirados vocalistas pero canciones con poca fuerza poética y escasa intencionalidad, simplemente porque no hubo otra opción. La cultura joven creció vigilada y amordazada.

Si de lo que se trata es de buscar textos de altos vuelos en aquellos años, hay que mirar hacia la canción de autor, especialmente a la nova cancó catalana, Aunque sus integrantes se hacían acompañar por una guitarra española y no una eléctrica. Temas como Al vent o Air ( diguem no ) de Raimon, quizá habrían sido pop de haberse compuesto en otra latitud geográfica. Las producciones de Lluis Llach y de Serrat, muy afrancesados ambos, se deberían de adscribir -aunque a ellos no les guste demasiado- al pop en cuanto a concepto musical. En cualquier caso, la canción de autor, fenómeno netamente español e hijo de su época, marcó la diferencia pese a que en sus inicios solo llegara a universitarios, intelectuales u obreros concienciados e inquietos.

También hubo intentos para que a finales de los 60, lo cantautoril alcanzara al gran público. No se trata de María Ostiz y similares productos de club juvenil cristiano sino de nombres como Manolo Díaz, vocalista de Los Pasos, compositor de éxito para grupos como Los Bravos, posterior cantautor comprometido y finalmente alto ejecutivo discográfico. También Luis Eduardo Aute o Mari Trini, cada uno con sus influencias a la espalda, ofrecen su particular visión del pop de autor aunque arreglos y producciones tienden a dejarse querer por fórmulas demasiado sobrias.

Pero en ellos hay que buscar la semilla de uno de los fenómenos más interesantes surgidos ya en la década de los 70: la tercera vía. Una suerte de folk-rock a la española que une textos cuidados con intuitivas soluciones musicales que pueden pasar por la psicodelia, la escuela beatle o las formas del soft-rock californiano. Se trata de una propuesta apta para llegar al gran público pese a que pocas veces se consigue. Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán ( antes Solera ) son el mayor exponente de este movimiento, uno de los muchos que dibujan el riquísimo paisaje del pop español en los setenta. Un tiempo en el que el pop toma carta de identidad aunque en muchas ocasiones con el inglés como vehículo de expresión.

Surgen grupos progresivos como Máquina o Smash pero también cantautores hippies electrificados como Hilario Camacho o Cecilia; deliciosas anomalías como Vainica Doble o iluminados como Sisa o Pau Riba. Hasta Miguel Ríos bebe en el progresismo y a mitad de década adelanta el rock urbano, Aparecen las formas flamencas en la órbita soul con aparatosas producciones para Las Grecas y Los Chorbos. Mientras Los Chichos y Los Chunguitos le dan a la rumba suburbial.

La del pop español es una historia a reivindicar, escrita en ocasiones con más voluntad que medios sobre renglones torcidos. Casi siempre oculta pero que ha dejado un legado discográfico valiosísimo poco apreciado por un público desmemoriado, unos medios de comunicación con tendencia a jalear los sonidos anglosajones como exclusivos garantes de la modernidad y una industria discográfica que en el mejor de los casos, ignora el inmenso tesoro que duerme en sus sótanos y al que solo recurre para nutrir de contenidos recopilatorios circunstanciales en cuidadas ediciones de lujo -siguiendo el modelo anglosajón o las fastuosas integrales francesas- de las piezas maestras del pop español.

Más de sesenta años después de que El Dúo Dinámico entrara en un estudio de grabación en 1.959 y cuando el soporte discográfico está casi extinguido, el legado del pop español sigue resultando misterioso, poco estudiado, admirado y respetado por unos pocos aunque auténticos melómanos.

Cuando se celebró el referéndum que aprobó la Constitución Española el 6 de diciembre de 1.978, muchos militantes de la izquierda acudieron a votar para dar su papeleta positiva de acuerdo con las instrucciones que habían recibido de sus respectivos partidos que entonces eran multitud en aquellos tiempos tan convulsos. Bastantes de ellos lo hicieron a su pesar como por ejemplo los comunistas. Y eso que el texto presentado había sido fruto de lo que entonces se denominaba como las dos Españas.

Entre sus padres estaban por un lado: la derecha liberal, la conservadora, la demócrata cristiana y la franquista más inteligente. Por el otro: la izquierda socialista y la comunista, disgregada en múltiples grupúsculos algunos de ellos bastantes extremistas. Pero no todos cedieron por igual, los comunistas tuvieron que aceptar la Monarquía, la bandera y hasta el himno. Todo ello a cambio de su legalización, amnistía para sus militantes presos, regreso de los que estaban en el exilio y amnesia general.

El resultado fue un acuerdo costoso en el que todos tuvieron que ceder para adaptarse al pragmatismo que la geopolítica de su tiempo mandaba. Había un interés generalizado y muy serio por entrar en lo que hoy es la Unión Europea y en la OTAN ( Organización del Tratado del Atlántico Norte ). El sucesor de Franco hasta la instauración de la Monarquía y vicepresidente del Gobierno Almirante Carrero Blanco, había sido asesinado por la banda terrorista ETA, el 20 de noviembre de 1.973 y el franquismo no podía continuar sin Franco, ni su delfín porque íbamos hacia un mundo global, sin fronteras y dejar el proteccionismo autárquico del autoritarismo

Dos de las potencias extranjeras más influyentes de entonces y cuyo poder se mantiene hoy en día, Alemania y Estados Unidos, decidieron que el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) fuese la izquierda referente y socialdemócrata. El Partido Comunista de España ( PCE ) fue legalizado en la Semana Santa de 1.977 para que se pudiera presentar a las elecciones de junio de ese año y el PSOE tomó la hegemonía de la izquierda. Todo en orden. El PCE no iba a ser tan influyente como sus hermanos italianos ( PCI ), franceses (PCF) o portugueses ( PCP).

Ahí empezaron a morir los comunistas españoles. Se aproximaron tanto a los socialistas que los llenaron de cuadros y conversos comunistas. Algunos todavía están dando tumbos por ahí. El PSOE trazó una estructura mediática de la mano del Grupo Prisa, editor del periódico El País y fue copando el mundo de la cultura y de la ideología. Todavía nadie le hace sombra en eso.

A los comunistas, se les dijo que había un artículo de la Constitución, el 128 con el que se podía construir el socialismo de verdad, no el de Felipe González, ni siquiera el de Pedro Sánchez, sino el auténtico. Y eso que otro artículo, el 33, reconocía el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Pero el 128 era la tabla de la salvación, el cuerno de la abundancia porque aportaba en sus dos apartados ( 1 y 2 ) la posibilidad de intervención de empresas y de la economía en favor del Estado cuando así lo exigiere el interés general. Ya está. Con eso les bastó para votar en favor de la Constitución. Disciplina de partido leninista.

Entre el año 2.022 y lo que llevamos de 2.023, la vida política cotidiana se ha degradado tanto que los verdaderos comunistas y socialistas están hartos de esta izquierda de postureo, falaz, ignorante y vengativa que no acepta su derrota mundial y lo que es más grave, no se detiene a explicársela con tal de que este personal disperso, reaccionario, puritano, confundido, tigres de papel, jaula de grillos, no monopolice el contenido constitucional y lo traicione. Prefieren aferrarse a ella, a la Constitución antes de dejarla en manos de la nada.

Las dos Españas están aquí de nuevo. Ambas dicen defender la Constitución. Ambas han politizado el Tribunal Constitucional. Pero hay hechos clarísimos: se ve a un bando -que no es uno sino varios- que ha pactado con quienes desean destruir la norma que votaron los comunistas y los socialistas auténticos que nos ha permitido vivir tranquilos hasta ahora. Pueden reformarla pero no destrozarla y que procedan como indica el propio texto constitucional.

Los dos bandos incumplen la Constitución, desde nombrar a los miembros de su Tribunal en tiempo y forma, hasta ignorar los derechos de los ciudadanos. Pero uno de ellos, el de la izquierda, pacta con quienes pueden precipitar a España a otra guerra o a graves conflictos. El otro bando, el de la derecha, resulta que prefiere una senda más acorde con la Constitución misma.

El 23 de febrero de 1981, cuando Tejero, ocupó por la fuerza de las armas el Congreso de los Diputados para dar un golpe de Estado, el periódico El País publicó en su portada una fotografía histórica, con los guardias civiles dentro del hemiciclo, donde en letras bien visibles se leía ¡ Viva la Constitución !. Lo mismo habría que decir ahora. Para que la Carta Magna no caiga en manos de un Presidente del Gobierno tan ambiguo y camaleón como este que tenemos y que apoya El País, los verdaderos izquierdistas, sean socialistas o comunistas, prefieren a la derecha para que se dejen de hipocresías y hagan una seria autocrítica de adónde ha llegado el capitalismo arrasador que tanto defienden.

La Monarquía parlamentaria es un hallazgo de la Transición Política Española para nuestra Constitución de 1978 que se construyó desde la evolución histórica de las monarquías más representativas existentes en ese tiempo como la británica o las del norte de Europa, teniendo en cuenta nuestra propia experiencia monárquica y republicana y además, desde una reflexión teórica quizás todavía más intuitiva que racional. Se desconocía por entonces las dimensiones y las consecuencias de ese modelo de Monarquía diferente a las anteriores.

Sus autores eran plenamente conscientes que desde los orígenes del Estado liberal, la Monarquía española había ido dando tumbos desde Fernando VII y Alfonso XIII. Vino después la fracasada Segunda República, víctima de sus errores y del alzamiento militar; la horrible Guerra Civil que la siguió y dio lugar a 40 años de autoritarismo franquista; y se encontraron de bruces -muerto Franco- con la necesidad imperiosa de reinventar la convivencia de los españoles.

La recuperación de la soberanía popular y el impulso para el regreso de la democracia los dio el Rey Padre, Juan Carlos I, que heredó los poderes del Generalísimo con el apoyo de un gran pacto social entre los sectores políticos abiertos procedentes del régimen que deseaban de verdad el restablecimiento de un sistema constitucional europeo de libertades y sectores de la oposición acabados de salir de la clandestinidad y de la persecución.

Fue un contrato social singular con un papel decisivo de don Juan Carlos que culminó bien en una constitución y que después de más de cuarenta años de vida democrática con varias alternancias en el poder y un sistema consolidado donde la figura del Rey mantiene incólume su popularidad, ahora con su hijo Felipe VI y próximamente con la Princesa de Asturias que reinará como Leonor I, como acabamos de ver recientemente en su jura de la Constitución Española al cumplir la mayoría de edad.

Al cabo de más de cuatro décadas es tiempo ya de construir esas líneas teóricas de esta Monarquía parlamentaria porque existe el peligro y quizás también la tentación de situarla -en continuidad de la anterior etapa de su evolución- como Monarquía constitucional. Un signo que confirma esos augurios es que las viejas críticas republicanas se siguen aplicando a nuestra Monarquía parlamentaria.

Así se acusa de su carácter no elegido -y siguiendo esas críticas- no democrático y que la sucesión se produzca en el interior de una familia, en este caso la Familia Real, sin ninguna intervención popular. También se afirma que es una institución cara y poco transparente. Incluso esos sectores en el mejor de los casos, conceden que el Rey Padre ya cumplió un papel decisivo en la instauración de la democracia y en la elaboración de la vigente Constitución para sostener a continuación que quizás sea bueno ya restablecer la República. Incluso hemos oído muchas veces a defensores sinceros de la Constitución Española decir que han sido juancarlistas pero no monárquicos.

Aunque se trata de sectores muy minoritarios que no se pueden identificar con otros peor intencionados que hacen la crítica desde el populismo y la extrema izquierda; que no pueden soportar el constante y sincero apoyo de nuestros actuales Reyes -padre e hijo- a la Constitución Española y a la democracia; habiendo abortado dos golpes de estado -uno cada uno- intentados, respectivamente, por los militares nostálgicos de Franco y los separatistas catalanes ultrarradicales.

También son reprochables y muy minoritarias las críticas consistentes en quemar fotos del Rey, amparándose en una particular y torticera interpretación en el ámbito de la libertad de expresión aunque más bien entran de lleno en el límite del claro y presente peligro de provocar violencia. La crítica a la monarquía es lícita siempre que se haga desde la racionalidad y no desde la violencia real o posible.

Si se parte de una realidad sociológica donde el Rey y la Monarquía ocupan los primeros lugares en la aceptación pública procede preguntarse si existen unos rasgos de esta institución que la hacen diferente de las anteriores. ¿ Es posible mantener una crítica republicana contra esta nueva forma de monarquía ?.

La Monarquía parlamentaria tiene diferencias esenciales con la Monarquía constitucional y mucho más con las monarquías preliberales de carácter absoluto. En este caso, el Rey no es poder del Estado, ni titular de la soberanía popular sino solo el supremo órgano de representación que expresa en su figura la unidad y la permanencia del Estado. Por eso no le son de aplicación las críticas tradicionales republicanas que están fuera de lugar al referirse siempre a una monarquía que compartía soberanía y prerrogativas con los poderes democráticos.

Concluir de esta situación que entonces la monarquía es inútil es igualmente incierto porque cumple un papel moderador y de consejo decisivo y que con su prestigio incrementa la repercusión de España en las relaciones internacionales y con los países de Hispanoamérica.

El valor de la Monarquía parlamentaria, se apoya en tres grandes pilares racionales y efectivos de la Corona española, en sus titulares y en sus sucesores. En primer lugar, hay que señalar su origen democrático que establece su legitimidad de comienzo y que se complementa con la histórica figura de don Juan Carlos y en su continuidad con su hijo el actual Rey Felipe VI y su nieta la Princesa de Asturias y futura Reina, Leonor I.

El referéndum constitucional de 6 de diciembre de 1978 produjo esa aprobación democrática de la forma política del Estado español. Además, la legitimidad fáctica se expresa también por su contribución decisiva para que fuera posible la vuelta a la legalidad democrática, renunciando a ser un poder del Estado; favoreciendo la realización de unas elecciones libres y contribuyendo a las deliberaciones libres en las Cortes Generales hasta alcanzar la aprobación de la Constitución actual.

También, su papel decisivo en la recuperación de las prerrogativas que los poderes del Estado -secuestrados en el Congreso de los Diputados- no podían ejercer en el frustrado golpe de Estado de 28 de febrero de 1981; evitando la catástrofe que hubiera supuesto su triunfo aunque solo hubiera sido coyuntural. E igualmente su hijo, Felipe VI defendiendo el orden constitucional ante la insurrección del gobierno regional catalán de septiembre y octubre de 2017, declarando unilateralmente la República Catalana y obligando al Gobierno de la Nación a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

En segundo lugar, la legitimidad de ejercicio se afirma y se consolida con la vieja idea del filósofo francés Montesquieu, del principio del honor que caracterizaba a la monarquía, expresado en su Espíritu de las Leyes. Naturalmente, tiene un sentido distinto al que estableció el barón de la Bréde. Hoy el honor de la monarquía supone la lealtad y el respeto a la Constitución y a los principios democráticos que la inspiran. Esa es la virtud central de un Rey en una Monarquía parlamentaria. No es necesario elecciones periódicas para ratificar el ejercicio legítimo de su elección. Basta con la lealtad y el desarrollo de sus funciones de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico después del respaldo popular inicial.

Finalmente y en tercer lugar, el ejercicio normal de sus competencias favorece la continuidad de las instituciones y esa función de expresar la unidad y la permanencia del Estado. La neutralidad de su magistratura por encima de los sectores políticos y de los Gobiernos que puedan llegar sucesivamente es garantía de estabilidad y respeto a esa parte de la ética de la cosa pública basada en valores, principios y derechos e instituciones y procedimientos que configuran las reglas del juego.

La Corona Española está por encima y es garantía del pluralismo político, creando un espacio libre por donde todos pueden circular con la fuerza legítima que otorga en cada momento el principio de las mayorías. Al carecer de prerrogativa no compite, no puede crear conflictos con otros poderes como ocurre en las repúblicas cuando concurren una Jefatura del Estado elegida por sufragio universal y un Presidente del Gobierno elegido desde una mayoría parlamentaria sobre todo cuando las dos figuras pertenecen a diferentes partidos políticos.

La Monarquía parlamentaria española es una institución tranquila donde se practica el respeto a la soberanía popular y al principio de las mayorías que expresan formalmente las decisiones tomadas en el Parlamento, en el Gobierno y en el Poder Judicial. Lo que le permite moderar y arbitrar desde su posición de preeminencia el funcionamiento normal de las instituciones. Es una institución que deberemos de mantener, apoyar y respetar porque impulsa y profundiza la tranquilidad ordinaria que es condición esencial de una sociedad política bien ordenada.

A nadie se le escapa que el sistema electoral español es hijo de la Transición Política; que sus autores pretendieron un bipartidismo de las dos corrientes centrales -derecha e izquierda moderadas- favoreciendo tanto la formación de Gobiernos estables como la integración de los nacionalistas en el sistema político y que consiguieron sus objetivos. El bipartidismo nunca había sido inferior al 80% del Congreso de los Diputados en la anteriores décadas -en las pasadas elecciones generales del 23 de julio llegó al 64,75%- y en alguna legislatura alcanzó la marca del 92% de los escaños en manos de los dos grupos políticos más votados.

Nada de esto resultaría extraño si en España rigiera un sistema electoral mayoritario pero poco común en la parte de Europa que se atiene a la representación proporcional. Si se mira a Alemania los electores tienen dos votos para el Bundestag con los que eligen a un candidato de su distrito y a una lista de partido: a la hora de distribuir los escaños se tiene en cuenta el resultado nacional obtenido por estos y no solo -como en España- el de cada provincia. Este sistema desfavorece la mayoría absoluta de un solo partido incitando así a la cultura de la coalición.

La pregunta que surge a continuación de todo lo expuesto es: ¿ Por qué los partidos políticos más beneficiados por el sistema electoral actual español -PP y PSOE- iban a aceptar cambios en unas reglas del juego tan favorables para ellos ?. La reforma electoral se ha planteado en alguna ocasión en el Congreso pero los dos grupos más importantes demostraron que no tenían intención alguna de mejorar la proporción entre votos y escaños como siempre piden las formaciones pequeñas que son las más perjudicadas.

El rechazo se produce pese al criterio del Consejo de Estado que apuntaba algunos cambios ya que estaban en juego tanto el principio de igualdad, tanto desde la perspectiva de los electores ( igualdad del sufragio del artículo 68,1 de la Constitución ) como de los partidos políticos o candidatos que estos presentan ( igualdad de oportunidades del artículo 23.2 de la Constitución ) .

Por eso y desde el inicio de la democracia, -elección general tras elección general y ya llevamos unas cuántas- se vota esencialmente con las mismas reglas que en la primera. Es decir, con un sistema ventajoso para los más votados y que ha permitido la formación de mayorías absolutas de un solo partido sin que ninguno de ellos hubiera alcanzado el 50% der los votos.

El responsable de todo esto no es la ley D`Hondt como piensa una amplia corriente política sino que la desproporcionalidad comienza por el bajo número de diputados del Congreso: 350 frente a los 650 de la Cámara de los Comunes británica; 577 de la Asamblea Nacional francesa; 630 de la cámara baja italiana o 349 la sueca...

Siguiendo por la exigencia de atribuir los escaños provincia a provincia, más la asignación de un mínimo de dos escaños por cada una de ellas, incluso en las más despobladas, excepto uno en Ceuta y otro en Melilla. Esto deja menos representantes para las más densamente pobladas. Al final -solo al final- la fórmula D`Hondt ayuda otro poco en escaños a los partidos más votados. El resultado de todo ello es que, por ejemplo, en Madrid para conseguir un diputado hace falta el triple de votos que en Soria.

A todo esto, la férrea conservación de candidaturas cerradas y bloqueadas resta poder al elector que solo puede respaldar o no en bloque lo que haya decidido la dirección del partido de su preferencia.

Las candidaturas extraparlamentarias no se cansan de repetir la cantidad de barreras que tienen que sortear para poder concurrir a las elecciones generales. Estos obstáculos legales liquidan numerosas listas sobre todo de los más extremistas que se pasan el tiempo estableciendo múltiples luchas recurriendo a los criterios de las Juntas Electorales Provinciales y del Tribunal Constitucional.

A falta de electores suficientes pretenden abrir las vías de la iniciativa popular, entre ellas, la puesta en marcha de una reforma electoral o de un referéndum; la revocación de un cargo electo; la presentación de un recurso de inconstitucionalidad; el control popular de las acciones de guerra iniciadas por el Estado; la participación directa en asambleas municipales; el voto descalificatorio…

El PP apunta en otra dirección y es partidario de rebajar el número de diputados en el Congreso dejándolo en 300 con el argumento de que sobran políticos ahí y en otras instituciones. Esta postura que ha mantenido en diversos actos públicos nunca la ha llevado en su programa electoral. El PSOE, por el contario, es partidario del modelo alemán, con listas desbloqueadas y con paridad total entre sexos.

Obviamente, los pequeños grupos políticos de ámbito estatal no dan por perdida la batalla de la proporcionalidad ya que de ella depende su propia existencia teniendo en cuenta que el respaldo ciudadano a las minorías de espacio nacional ha ido descendiendo paulatinamente y aunque por votos totales uno de estos grupos pueda ser la tercera o cuarta fuerza electoral, parlamentariamente queda relegada en beneficio de los grupos nacionalistas.

Ello es debido a que el sistema electoral prima a los partidos políticos con fuerte implantación localista sobre aquellos con una implantación más moderada pero también más homogénea por todo el territorio nacional. La concentración de los separatistas en pocos distritos ( provincias a efectos electorales generales ) les permite aprovechar bien sus votos para obtener diputados. Así lo han hecho siempre los independentistas vascos y catalanes, a los que gustosamente se han unido los defensores de los terroristas de ETA.

Se puede concluir que en el sistema electoral español existe una clara desproporción entre votos y escaños. Que la causa principal de ello es la pequeña magnitud de las circunscripciones en España. Que la barrera legal como impedimento para acceder al Congreso es un mito y que es mucho más efectiva la barrera natural que aparece al tener España un número muy elevado de circunscripciones de pequeño tamaño. Que se puede hacer una reforma electoral y hay varias maneras de hacerla, encaminadas a aumentar su proporcionalidad aunque también hay dificultades para ello siendo la mayor de ellas que muchas de las propuestas exigen un cambio constitucional.

En este tipo de modificaciones se corre el riego que conlleva una proporcionalidad muy elevada ya que daría origen a un Congreso permanentemente fragmentado y puede generar una gran inestabilidad en los Gobiernos.

El resultado electoral del pasado 23 de julio que va a dar lugar a la formación de un nuevo Gobierno Frankenstein, indica que el debate sobre las reglas del juego continúa tan abierto como inconcreto. Por eso los vientos no soplan a favor de la reforma electoral pendiente.

El pasado 17 de agosto, José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, escribió una carta a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea informándole de la decisión del Gobierno español de solicitar la inclusión de las lenguas regionales españolas: catalán, eusquera y gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea. Para ello, se proponía modificar el Reglamento que regula esta materia, de conformidad con el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El 3 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores distribuyó una nota con una propuesta de modificación en la que resaltaba el reconocimiento constitucional español de las tres lenguas citadas; el hecho de que los Tratados de la Unión Europea ya estuvieran traducidos al catalán, eusquera y gallego y los acuerdos administrativos de 2005 que permitían a la población española utilizarlas en todas las instituciones de la Unión Europea a excepción del Parlamento Europeo.

En la reunión del 19 de septiembre en la que se debatió este asunto en el seno de la Unión Europea, varios países mostraron sus desacuerdo con la rapidez con la que el Gobierno español estaba tratando su petición que podría tener efectos secundarios para otros países de la Unión en los que conviven otras lenguas además de la oficial. Aunque muchos Estados de la Unión -de los 27 que ahora la integran- son multilingües, en ninguno se ellos se ha planteado hasta ahora, una fórmula como la solicitada por el Gobierno español.

También expresaron su asombro porque en un país miembro se improvisen medidas de este alcance para sacar adelante una investidura y que los partidos separatistas e independentistas tengan capacidad de marcar con tanta fuerza agenda política nacional.

Como conclusión de esta reunión se difundió que el Ministro español no consiguió cambiar la opinión de la mayoría de los países socios, partidarios de que la cuestión ni siquiera se admitiera a trámite y se pidiera antes un informe jurídico. Esto, en realidad, era una negativa a la toma de consideración de una propuesta que es solo consecuencia de una promesa socialista al partido político nacionalista Juntos por Cataluña, dentro de la las negociaciones para sacar adelante el nombramiento de Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno español.

La lectura diplomática de todo lo acontecido indica que el Gobierno socialcomunista hispano en funciones, ha recibido un rechazo en toda regla -patada en el culo, en la jerga política- después de semanas de gestiones y presiones a muy alto nivel condenadas al fracaso pero que buscaban -al menos- hacer ver al fugitivo de la justicia española Puigdemónt, que en lo que afecta a nuestra diplomacia se ha hecho todo lo posible para cumplir su exigencia. Gesto que ha reconocido públicamente el buscado interlocutor político catalán pero que ha calificado como insuficiente.

Como se puede apreciar de manera clara, España ha hecho el ridículo y se ha utilizado de manera torticera la Presidencia rotatoria española de la Unión Europea para conseguir un fin que no estaba previsto en la agenda semestral, lo que afecta a nuestro crédito internacional y es motivo de queja de nuestros representantes allí destinados.

Pero lo que más preocupa a nivel diplomático es que este movimiento del Gobierno en funciones supone tanto como una declaración de renuncia a que el idioma español sea utilizado como lengua de Trabajo en la Unión Europea, al mismo nivel que el francés, alemán o inglés.

Esta es una vieja batalla de la diplomacia española que ha consumido mucho esfuerzo, gestiones y negociaciones que siguen en marcha pero que se dan por perdidas después del brusco giro de posición como Estado miembro en lo que afecta al reconocimiento de nuestras lenguas cooficiales en Europa.

Así, aunque la propuesta española no vaya a prosperar tiene un coste político porque el Gobierno hispano ha trasladado a la Unión Europea el mensaje de que el español que solo se habla en España de todos los países miembros de la Unión Europea, tiene otros competidores internos nacionales a los que ahora se quiere elevar en rango de tratamiento. Esto quita peso al español a la hora de avanzar en su reconocimiento como lengua oficial de trabajo, algo en lo que la diplomacia española lleva luchando desde la adhesión en 1985.

El discurso de que el español no es el único idioma de España arruina todas las posibilidades de que el único idioma común de España se reconozca como lengua de trabajo europea. Si el español no es el único idioma que representa a España. ¿ Por qué va a tener la consideración de lengua de trabajo en el ámbito comunitario ?.

Existen además otros costes diplomáticos porque la energía con la que el Ministerio de Asuntos Exteriores hispano ha intentado cambiar la voluntad de la Unión Europea sobre esta cuestión, afecta al relato oficial en la que también tuvo que emplearse y sigue haciéndolo la diplomacia española para combatir la propaganda independentista sobre la nación catalana.

Fue relevante, como señal de la nula capacidad de influencia que dentro de la última reunión citada, el ministro Albares llegó incluso a pedir que se votase sin discusión aunque lo que finalmente se hizo fue debatido para decidir un aplazamiento de la decisión a la espera del necesario informe jurídico que contemple con detalle el coste económico y el impacto administrativo, logístico y político de la medida.

En el colmo de las prisas y para cumplir la hoja de ruta de los separatistas de Juntos por Cataluña para que apoyen a Pedro Sánchez en su nueva investidura, el Gobierno español – si se trata de dinero- se ha ofrecido a pagar los gastos de traducción, impresión y distribución de estos tres nuevos idiomas para los restantes miembros de la Unión Europea. Dado nuestro poderío económico, un coste de este nivel no tiene la menor importancia.

En la España actual y al abrigo de la libertad que proporciona el orden constitucional crecen sus enemigos, como el separatismo vasco o catalán o el comunismo rampante. Luego, esa generación lleva a cabo sus golpes de Estado, como el ocurrido en Cataluña en octubre de 2017; llama a cercar el Congreso de los Diputados en septiembre de 2012 ( que acabó con 21 detenidos por causar desórdenes públicos y enfrentarse a la Policía ) y rodearlo en septiembre de 2016 para impedir la investidura como Presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, cuestionando el sistema democrático y Pablo Iglesias emocionado cuando la turba agredía a la Policía y aplaudía a los que incendiaban las calles.

España es una nación que parece que existe de milagro. Tiene el mecanismo de autodestrucción en funcionamiento constante. Cuando cree que ha llegado la estabilidad y la concordia surge una generación que considera que todo es destruible y que de la escombrera saldrá el paraíso. Tiene lugar, como señalaba Tocqueville, tras un período de aburrimiento. Es en esa tranquilidad en la que se fraguan conspiraciones de visionarios y golpistas de opereta.

Así interviene una clase dirigente que olvida su responsabilidad hacia la población y se cree con la misión histórica de alcanzar el poder como sea para organizar la nación a su gusto. Después llega la sangre y la dictadura.

Esta sensación de país suicida no es nueva, ya se vivió en 1917 que fue el año más terrible de la llamada Restauración Española. Ese tiempo nos ha llegado de forma fragmentaria como un conjunto de desórdenes típicos de la época: una huelga revolucionaria, unas juntas militares y el catalanismo con su ambición de unidad de destino en lo universal.

Al lado, un rey débil y anticuado, un Alfonso XIII, sin inteligencia ni visión de Estado que hasta prefirió la posterior dictadura de Primo de Rivera a la democratización de España. Frente a este panorama, la historiografía nos presentaba la modernidad de socialistas y republicanos; el romanticismo sacrificado con el que lucharon y la oportunidad que se perdió. Pero resulta que no fue así.

Si se consulta la enorme documentación disponible sobre la época para conocer en detalle los acontecimientos ocurridos y obtener una conclusión clara, 1917 fue un año trascendental en la historia contemporánea española porque rompió las convicciones de la monarquía constitucional, impidió la transición política hacia la democracia e inoculó la tentación autoritaria que marcó la vida estatal hasta 1.975.

Ese año, se dieron cita tres proyectos para destruir el marco de convivencia que convergieron inspirados por la Revolución Rusa de febrero. Todo empezó en Cataluña, Francisco Cambó fue uno de los políticos catalanes más importantes del comienzos del siglo XX. Nacionalista, con poder y partido propio ( Liga Regionalista ), se enriqueció de forma turbia con una empresa de electricidad y acabó recaudando dinero de la burguesía catalana para Franco.

Cambó fue el cerebro de la revolución de 1917. El objetivo era la proclamación del Estado Catalán para una España confederal, unida por una Corona común y un Parlamento de mandatarios regionales. Ese fue el programa de la Asamblea de Parlamentarios, una cámara ilegal que reunió a representantes catalanes. Esto suponía el fin de la nación española de ciudadanos libres e iguales a cambio de un conjunto de territorios soberanos. Hay que recordar que el Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) estaba ya muy implantado y que en 1919 apareció Blas de Infante, -hoy citado como padre de la patria andaluza- hablando de una Andalucía independiente.

Este proyecto, precisaba crear un ambiente de agitación social con la colaboración de los sindicatos y tener de parte al Ejército. En esa situación de desorden, se obligaría al Rey a formar un gobierno ajeno al turno de partidos para convocar unas Cortes Constituyentes. Esos revolucionarios tenían la obsesión del proceso fundador para construir pueblo como hoy socialistas ultraprogresistas, comunistas e independentistas.

La realidad fue que se formaron Juntas de Defensa militares que eran auténticos soviets ( organización comunista de carácter asambleario ), en grupos ordenados por Cuerpos que despreciaban la jerarquía y aspiraban a derribar al Régimen. Los sindicatos anarquistas como la Confederación Nacional del Trabajo ( CNT ) y socialistas como la Unión General de Trabajadores ( UGT ) llegaron a un acuerdo para crear también su propia red de soviets que asumiera el poder en cada localidad, formando así una estructura de poder contra el Estado. Esto pasaba por sublevar a los trabajadores y tomar fábricas con la necesaria dosis de violencia revolucionaria contra la clase explotadora.

Así transcurrió la insurrección de agosto de 1917, el episodio más sangriento ( 127 muertos y 349 heridos graves ) hasta la Revolución de Octubre de 1934. Julián Besteiro y Largo Caballero acabaron encarcelados por alentar los desórdenes como dirigentes del PSOE y UGT. El fallo de los sindicalistas estuvo en no esperar la confluencia con la Asamblea de Parlamentario y juntas militares.

El fracaso no debilitó la revolución. El golpe militar de las Juntas de Defensa se produjo en octubre de 1917 con el apoyo de socialistas, republicanos y catalanistas. El Gobierno no podía contar con el ejército y el Rey, Alfonso XIII pensó en la abdicación para salvar la monarquía y la situación; dejando el poder en un gobierno formado por los mismos grupos políticos que habían apoyado el golpe, combinación que en esos momentos hubiese sido el caos.

La intervención de la Reina madre, María Cristina de Habsburgo fue crucial para la impedir la renuncia del Rey. La solución para salvar la crisis fue el cese de Eduardo Dato y el nombramiento de García Prieto. Ambos políticos, uno conservador y otro liberal, fueron los que asumieron la responsabilidad para mantener el sistema.

El paralelismo entre aquel estado de cosas y la situación actual puede asustar. Entonces la revolución no pudo triunfar por las ambiciones particulares de los conspiradores. Cambó dijo que quería un Estado catalán, pactando con el Rey si era necesario. Esta continuidad de la monarquía no entraba en los planes de socialistas, republicanos y reformistas. Fueron los españoles con su voto los que frustraron la revolución con unas elecciones ejemplares en 1918. con el 91% de los electores que obligaron al republicano Marcelino Domingo a decir que fue cuando más pudo evidenciarse el espíritu civil del país.

Desde la irrupción del grupo político Podemos en el panorama nacional desde el denominado 15M, allá por el lejano 2.011, las convulsiones sociales han sido muy fuertes, usando los partidos políticos los símbolos para provocar adhesiones sentimentales en la población para sus causas ideológicas. Dado el éxito inicial, los socialistas no tardaron en engancharse a ese tren y desde entonces hasta los más recalcitrantes reconocen que el partido se ha podemizado.

Desde ese momento, se puede decir que estamos en una llamada democracia sentimental, donde nos hemos vuelto muy emocionales, tal y como se refleja en todos los debates públicos y en las redes sociales. Está demostrado que los símbolos son cuestiones pasionales que sirven para enganchar a la población en proyectos políticos que pueden considerarse partidistas.

Ahora que acabamos de salir de unas elecciones locales y autonómicas, la tentación de aprovechamiento de lo público en beneficio de lo privado, crece exponencialmente. Las cuestiones que están vinculadas a políticas e informaciones públicas no plantean problemas legales desde el punto de vista de la publicidad, otra cosa es el uso que se hace de los medios institucionales o de las cuentas oficiales, como pasa con las redes sociales para asuntos particulares de un partido. Por eso, hay que reivindicar la neutralidad institucional en vez del uso político de las cuentas digitales para mayor gloria de un representante determinado.

Los partidos políticos, saben que les resulta muy rentable aprovecharse de los ayuntamientos porque comprenden que esas instituciones siguen teniendo prestigio, a pesar de que está claro que se ha producido un descrédito por la mayor desconfianza de la gente en el uso que hacen del mismo sus regidores. Entonces, buscan que hagan suyas sus causas particulares, otorgándose esa autoridad gracias a la legitimidad que atesoran el haber sido elegidos democráticamente. De ese modo, desnivelan el proceso democrático de opiniones puesto que su posición vale más que la del resto de los ciudadanos. Por eso hay que tener cierta cautela, más todavía, ante la mayor prevención con respecto a la credibilidad institucional.

Los nacionalismos, son los que más hacen uso partidista de los símbolos. Hay un contexto donde existe un cuestionamiento de la nación española por parte de los separatismos periféricos, vasco y catalán, que lleva décadas produciéndose y obviamente, utilizan sus símbolos propios y quieren desplazar los comunes del Estado de sus territorios. Lo que provoca tensiones desde ese punto de vista en cuanto a banderas y otros símbolos asociados a la comunidad.

Aunque muchas veces se generaliza el uso de emblemas que no son comunes, así como se producen declaraciones en los ayuntamientos o en las Comunidades que pueden ser consideradas de parte y que no forman parte del juego político democrático y constitucional por decirlo así. Las instituciones tienen que hablar a través de las normas, leyes, reglamentos…y no para expresar un determinado programa político como ocurre en tantas ocasiones y por ello se produce un contexto conflictivo. Es lo que ocurre en Cataluña con las banderas no reconocidas y su imposición produce situaciones de tensión que entonces tienen que resolver los tribunales de justicia.

Si echamos un vistazo a lo que pasa en los países de nuestro entorno sobre este mismo problema, observamos que nuestro caso es particular. No todos los países tienen el mismo problema nacional que el nuestro y al menos en el ámbito de la Unión Europea, el respeto por los órganos constitucionales y de la administración, es mayor que en España en lo que se refiere a la neutralidad política y al respeto a la pluralidad. Es muy difícil contemplar en los balcones de los ayuntamientos de Portugal, Francia. Italia o el Reino Unido, exclamaciones o propuestas políticas de un sector de la población.

Es muy frecuente que en muchas localidades españolas se vean distintivos en los balcones del ayuntamiento que pueden ir desde la exhibición de una bandera de Ucrania como señal de apoyo hasta una pancarta del llamado orgullo gay. Cosa muy difícil de ver fuera de España, con esta carga simbólica tan fuerte porque si lo pensamos bien, los mástiles y los balcones son de todos.

No es que las instituciones tengan que ser asépticas pero sí autocontenidas, tener claro el papel que representan y no ir a la división y al conflicto. Hay que asegurar el equilibrio manteniendo la neutralidad política porque cuando una institución pública se manifiesta lo hace en nombre de todos y cuando opine lo tiene que hacer desde una perspectiva común y de integración que permita el reconocimiento y la adhesión de sus ciudadanos. Los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas no tienen derechos fundamentales, ni libertad de expresión o de conciencia por lo que no deberían -aunque medien los acuerdos o plenos correspondientes- usar sus balcones para una causa concreta.

Puede haber cuestiones que sean unánimes o que no generan conflicto. Pensemos en la bandera de un equipo de fútbol o el logro de una cuestión muy deseada pero nunca nada que pueda generar odio o violencia. Las instituciones son una cosa distinta a los deseos particulares porque pertenecen a todos y nuca deberían expresar causas simbólicas partidistas.