NO, A LA ESPAÑA INSEGURA.

El pasado 24 de noviembre, hubo una serie de concentraciones, a nivel nacional, ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, respondiendo así, a la convocatoria realizada por todos los sindicatos policiales para protestar por la intención de este Gobierno social-comunista de la Nación, de reformar la actual Ley de Seguridad Ciudadana que todos los grupos políticos de la izquierda han popularizado con el nombre de ley mordaza. Esta ocasión, no fue más que el preámbulo de una gran manifestación prevista para el día 27 de ese mismo mes, en Madrid

A estas aglomeraciones, asistieron miles de personas ya que en esta ocasión, no ha habido fisuras en la oposición que se ha organizado contra una reforma que, los agentes aseguran que los desprotege a la hora de realizar su trabajo. Por eso han asistido representantes de todos los sindicatos policiales, en una unión sin precedentes. La unidad asociativa que no fue posible cuando les tocaba el bolsillo, se ha logrado ante el derrumbe de su esencia policial: el principio de autoridad.

En el Manifiesto leído, se expresaba de manera clara y contundente, como se están incrementando las agresiones a los Policías y como sus sus actuaciones, se están viendo comprometidas por la pérdida del principio de autoridad, fundamental en la protección del orden constitucional y de la paz social que quedaría aquí como una entelequia, como una reliquia. Infracciones que se verán agravadas al debilitarse su sanción con la aprobación de esta ley.

También manifestaban, los puntos que más les preocupan en el trabajo diario, como son la reducción de los plazos para la identificación de las personas que están indocumentadas que pasan de seis a dos horas; que se autoricen manifestaciones espontáneas, con la inseguridad que ello acarrea;: la eliminación de las pelotas de goma para poder controlar la violencia de las masas; la sanción con arreglo a la capacidad económica del infractor y así hasta diez propuestas más que desamparan todo el trabajo policial en la calle.

Ante la injustificada necesidad de cambiar esta ley, todos los sindicatos policiales se han unido en una plataforma porque no se les ha tenido en cuenta a la hora de cambiar esta norma que es básica para el mantenimiento de la seguridad pública. Se trata de unas modificaciones importantes que se han pactado en los despachos de moqueta y que, a la vista está, obedecen a quienes quieren desproteger a la Policía para que no pueda defender al resto de ciudadanos que además son mayoría.

El éxito de estas concentraciones no solo escenifica el rechazo, con carácter general, de unos cambios que alteran, de forma considerable, las condiciones de trabajo de los agentes, sino que representa una llamada pública de atención ante el peligro que supone para el ciudadano, la materialización del ideario antisistema y revolucionario del grupo político Podemos, asumido por el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE )

Criminalizar a los Cuerpos Policiales; desarmarlos en su función básica de control de masas con ya se ha hecho con la Policía Autonómica Catalana ; impedir que se planifiquen sus actuaciones ante supuestas manifestaciones espontáneas y restar veracidad en sus denuncias y atestados, se va a convertir en un deterioro de la convivencia y en un aumento del conflicto callejero, caldo de cultivo en el que se crece la izquierda radical. Que el PSOE apadrine esta contrarreforma, supera con creces el umbral de cesiones a Podemos porque es una agresión a la paz social que predica.

La polémica suscitada por la innecesaria reforma de esta ley, ha traspasado los límites del ámbito policial para convertirse en un elemento central del debate político. El ciudadano medio sabe que la imagen de miles de sus guardianes y garantes de sus derechos y libertades, protestando contra el Gobierno de Pedro Sánchez en las calles, es muy preocupante y la mayoría social ha decidido posicionarse a su lado como así lo recogen las encuestas. Igual ha ocurrido con los partidos políticos que forman la oposición, que han observado con preocupación la envergadura que puede tener este problema

Estas convocatorias que no se deben de menospreciar, tienen una enorme fuerza simbólica porque demuestra, por una parte, la unión de todos los sindicatos y asociaciones profesionales policiales y por otra parte, su sintonía con la oposición política una una materia tan sensible como es la seguridad ciudadana. Igual ocurre con la mayoría de la ciudadanía que aprecia de una manera clara que esta reforma debilita a los Cuerpos Policiales y por tanto, les perjudica, temiendo un probable aumento de la inseguridad en las calles.

En el Ministerio del Interior, parece que ha habido poco entusiasmo con ese proyectado cambio legislativo, en el que se ha sabido que ha sido ajeno a su negociación; también con las críticas de la Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Trabajo, Yolanda Díaz, a la actuación policial en Cádiz con motivo de la pasada huelga de los trabajadores del metal, que ha finalizado sin un solo huelguista herido y sí, en cambio, con una decena de Policías lesionados de distinta consideración. Pero Grande Marlasca, no lo ha cuestionado en público, ni ha salido en defensa de los funcionarios que integran los Cuerpos Policiales. Se esperaba su apoyo, de una manera clara y decidida, como merecen los agentes que intentan mantener el orden sin menoscabo del derecho de huelga de los trabajadores.

Y cuando llegó la prevista manifestación del día 27 de noviembre, decenas de miles de Policías de todos los Cuerpos, desafiaron al Gobierno de la Nación, con la mayo manifestación de toda la Historia, demostrando la indignación de todos los agentes con independencia de su ideología. Con la habitual discrepancia en el número de asistentes en este tipo de movilizaciones -150.000 según fuentes sindicales y 20.000 la Delegación del Gobierno- salieron a la calle con un solo objetivo: frenar la reforma de esta ley, no porque no necesite ser actualizada sino porque en los términos que ha sido planteada, especialmente por los socios radicales del Gobierno, es inaceptable para su trabajo y sobre todo, para la convivencia en los pueblos y en las calles de toda España.

La marcha que comenzó en la Puerta del Sol y terminó en la Plaza de Colón, a las puertas del Ministerio del Interior, transcurrió de forma pacífica, en medio de un ambiente festivo y reivindicativo. Ni un solo incidente ensombreció la protesta a la que asistieron funcionarios policiales de todas las categorías profesionales, jubilados y familiares. También innumerables ciudadanos anónimos que querían sumar su apoyo. Hubo decenas de cientos de banderas nacionales y de todas las Comunidades Autónomas porque de todas ellas hubo asistentes.

El Gobierno ha insistido una y otra vez, en la utilización de los Cuerpos Policiales por parte de la oposición política, pero lo cierto, es que sus principales líderes apenas tuvieron protagonismo. La estrategia gubernamental tiene escaso recorrido porque entre los sindicatos y demás organizaciones convocantes, las tendencias son muy variadas. Pero no solo por eso, todos ellos fueron especialmente cuidadosos para que nadie pudiera identificarlos con ningún partido concreto, a no ser que se haga de manera torticera y forzando los argumentos. Lo nuclear, por tanto, fue la movilización de miles de Policías como una realidad incuestionable y lo accesorio, la presencia de los dirigentes de la oposición.

La parte del Gobierno que controla Pedro Sánchez, despreocupado por los problemas de la gente, ya que ellos están en otras cosas más importantes, no ha sabido calibrar la indignación de sus trabajadores de la seguridad, ante las cesiones a sus socios de Gobierno y demás compañeros de viaje, Ezkerra, Bildu y Podemos. La consecuencia de ello es que desde ahora, tienen un problema más -de los que parece que andan sobrados- solo que esta vez, de una sensibilidad máxima. Nunca se había producido una movilización de los Cuerpos Policiales de esta magnitud, contra un Gobierno. Y lo que es más significativo: no se reivindicaba una subida salarial, sino la defensa de un modelo de seguridad ciudadana como el que ha habido desde la implantación plena de la democracia en España. Esta reforma, que no estaba en el debate ciudadano, ha abierto una vía de agua en el Gobierno de consecuencias, a día de hoy, imprevisibles.