La disolución de ETA en la pasada primavera -mayo de 2.018- no puede suponer que con ello han pagado todo el daño ocasionado durante casi seis décadas de actividad terrorista. Para procurar que esto no ocurra, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ( AVT ) que agrupa a una veintena de estas asociaciones, publicó el pasado mes de noviembre un informe en el que establece que todavía quedan 307  asesinatos de ETA sin resolver, cometidos en 234 atentados y que supone en 36 % de las 853 víctimas mortales de la banda terrorista, en toda su historia.

Se trata del resultado de siete años de trabajo de investigación en los sumarios de terrorismo que obran en la Audiencia Nacional para que no queden impunes los crímenes sin  resolver de la banda terrorista. Con esta actualización de datos, se ofrece a las víctimas el derecho a la justicia.

A ETA, esos asesinatos le han salido completamente gratis y ese número sería bastante mayor si se hubieran tenido en cuenta los indultos de la amnistía de 1.977. Algo más de la mitad -el 55 %- de los etarras amnistiados entonces volvieron a la actividad criminal. Aunque no se han incluido a los amnistiados de 1977, pero sí aquéllos atentados a los que, pese a contar con una sentencia firme contra cómplices, no constan los autores materiales de las muertes.

Si hacemos una clasificación por Comunidades Autónomas, el País Vasco encabeza la lista de asesinados por ETA, sin que haya sido condenado el autor material, con 252 casos. Seguido de Madrid, con 19 ; Navarra con 16 y Cataluña con 6. En total 378 asesinatos sobre un total de 1.175 ( incluido los del GRAPO y yihadismo ) lo que supone casi un tercio del total.

Como se puede apreciar, la labor ingente de la Asociación trabaja siempre contra reloj porque tienen la amenaza de la prescripción del delito. A pesar de ello, desde el 2.011, fecha en la que ETA  declaró su alto el fuego, se ha conseguido resolver 14 casos correspondientes a 11 atentados.

Respecto de la documentación entregada recientemente por Francia, ( 1 de octubre pasado año ), con su correspondiente escenificación gráfica, la Asociación manifiesta no tener muchas esperanzas puesto que, este fruto de las operaciones antiterroristas llevadas a cabo en suelo francés aparece ya -al menos la más relevante- en los sumarios de la Audiencia Nacional como parte de las Comisiones Rogatorias Judiciales, cursadas a Francia. Además, el análisis de la documentación entregada va a llevar años a los servicios policiales.

Hasta octubre del año pasado, que es la última estadística que se ha hecho pública, Francia había devuelto a España a 9.038 inmigrantes irregulares desde el mes de enero. Ello suponía a casi mil al mes y desde luego, un 26% más que en 2.017.

Tras la masacre yihadista en la Sala de Conciertos Bataclán, de París, en 2.015 ; Francia reinstauró controles fronterizos aleatorios que, en vez de capturar terroristas, sirven para detener a inmigrantes ilegales que tratan de entrar a ese país, procedentes de España.

Los datos conocidos, provienen de la Policía del Aire y Fronteras francesa, más conocida por sus siglas PAF, e indican que la devolución de inmigrantes ( llamadas no admisiones en el lenguaje oficial ) se concentra en el Departamento de Pirineos Atlánticos que es fronterizo con Irún, donde han sido expulsados 5.609 en los primeros nueve meses del año pasado de 2.018, un 59% más que en 2.017. En cambio, en el otro lado de la frontera, en el Departamento del Alto Garona, fronterizo con La Junquera, las devoluciones en el mismo período han descendido un 6%, llegando hasta las 3.463.

Francia, basa esta medida en un Acuerdo bilateral del año 2.002, que le permite devolver a las personas procedentes de  España que han entrado en su territorio, sin la documentación necesaria, en las cuatro horas siguientes al paso de la frontera. El acuerdo exige una serie de trámites como que, los inmigrantes sean entregados a la Policía Española y que se formalice por escrito su devolución.

Varias onegés han denunciado que, en un alto número de casos,  la Policía Francesa incumple los trámites legales y los deja abandonados a su suerte en el lado español de la frontera, aportando como prueba mucho material audiovisual y fotográfico de esta práctica, que ha sido emitido por la televisión regional vasca.

El Ministerio del Interior español ha reconocido que se producen devoluciones que no respetan la legalidad, pero que ha calificado como algo meramente puntual que sería corregido, cosa que no ha ocurrido hasta ahora.

Los datos comunicados por la PAF francesa, no especifican cuántos rechazos en frontera se hacen en base al Acuerdo del 2.002 y cuántos al margen del mismo, porque esto último sería reconocer una ilegalidad.

Sin embargo, en una respuesta parlamentaria del Gobierno a un senador vasco de EH-Bildu, en julio pasado, incluía una lista de menos de 2.800 inmigrantes devueltos por Francia en 2.017, al amparo del Acuerdo citado. Esta cifra contrasta con las 9.175 no admisiones reconocidas por la PAF, el año pasado.

Si esta política continúa así a medio plazo, va a afectar a la posición estratégica de España en las rutas de la inmigración, dejando de ser un lugar de paso para Alemania y otros países centroeuropeos, para convertirse en destino último y cuello de botella de la inmigración hacia la Unión Europea. Esta situación ya se está dando en la frontera franco-italiana, donde está generando fuertes tensiones entre ambos países.

A estas aturas del año, la PAF francesa continúa manteniendo fuertes controles en todos los Puestos Fronterizos con España, constituyendo un muro casi imposible de franquear para la mayoría, que siguen siendo subsaharianos que tratan de seguir su camino hacia el centro y norte de Europa.

Las onegés que asisten a los expulsados desde Irún, siguen denunciando la continuidad de las devoluciones aunque a un número menor que en el año pasado. Así en este año, durante enero se dieron 425; 320 en febrero y en lo que va de marzo, se acercan a 300.

Desde noviembre pasado, no se han vuelto a reunir las autoridades de España y Francia para tratar este asunto y dar una respuesta coordinada que respete las disposiciones legales y los Convenios y Acuerdos suscritos por ambos países.

Hasta que el pasado 21 de agosto, la Fiscal General del Estado María José Segarra, declaró públicamente, que no veía delito alguno en poner o quitar lazos amarillos en Cataluña, no se destensó el ambiente de crispación que había instaurado el Gobierno Autonómico Catalán, ejecutado por su Policía Regional, para proteger toda la simbología separatista llevada a cabo en los espacios públicos, principalmente a base de colocar banderas estrelladas y lazos amarillos.

La reacción a toda esa campaña proindependentista, de grupos espontáneos de catalanes contrarios al separatismo, bajo la denominación de Brigadas de Limpieza, fue la de dedicarse a quitar la suciedad de todos esos símbolos de las calles de las poblaciones catalanas.

Pese a la amenaza constante de la Policía Autonómica y el apoyo de algunas Policías Locales cuyos Ayuntamientos se habían posicionado -claramente- con los golpistas, no la han logrado parar, ni siquiera acobardar, -aún con denuncias de imposición de sanciones económicas que podían llegar hasta los 30.000 euros-, a todos aquéllos a los que pudieran sorprender e identificar.

Estas Brigadas, salen por las noches, en grupos de a 12 o más, sin distinción de sexos, de varias ideologías, yendo sus componentes debidamente pertrechados ( alicates, espátulas, pértigas con garfio y escaleras ) y vestidos con monos blancos de pintor, para limpiar todos los municipios que pudieran. Van en silencio a hacer su trabajo, de manera pacífica y sin  responder a las continuas provocaciones y coacciones de los vecinos separatistas, ni al acoso policial.

Los episodios de tensión que se dieron el pasado verano en Cataluña, con motivo de la colocación y retirada de cruces amarillas en diversas playas o el atropello de cruces de igual color en la Plaza Mayor, de Vic ( Barcelona ), que hacían presagiar una estación calurosa conflictiva, al final no se pudo dar al conocerse el parecer de la Fiscalía General del Estado ante estos actos, logrando frenar así los enfrentamientos que se estaban dando entre los grupos contrarios y favorables a la independencia territorial y sobre todo la actuación de la Policía Catalana, a la que se acusó de arbitraria y exagerada.

Entre esa Brigadas, han destacado dos, la de Resistencia de la Alta Tabarnia, muy activa en la provincia de Tarragona ; y la otra, concentrada en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, formada por 36 municipios ( Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Cornellá de Llobregat… ) que albergan más de tres millones de personas, llamada Segadores del Maresme.

Aunque la campaña de difamación sobre estos ciudadanos les tildaba de ladronzuelos violentos, las Brigadas de Limpieza, nunca han pensado en detenerse ante lo que consideran una apropiación abusiva del espacio público catalán que tuvo más tarde el respaldo judicial, al resolver el Tribunal de Justicia de Cataluña ( TSJ ) en diversas Sentencias de julio y agosto pasado que, la instalación de banderas independentistas en las Plazas de los municipios, suponía la privatización del espacio público, que es de uso común, mediante la ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista, con vulneración de los principios de objetividad y neutralidad. ( Condena al Ayuntamiento de San Cugat del Vallés y pago de  2.000 euros en costas , el 24 de julio de 2.018 ).

El director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, dependiente de la Vicepresidencia de la Comunidad Autonómica Catalana, Adam Majó, declaró públicamente el pasado mes de enero que : las Brigadas de Limpieza eran grupos organizados de la extrema derecha para atentar contra la libertad ideológica y de expresión de los ciudadanos, retirando el material independentista.

Majó remarcó que : en los dos últimos años ( referidos a 2.017 y 2.018 ) habían cometido 328 agresiones, intimidando a la población. Los acusaba, además : de retirar carteles reivindicativos, ataques a monumentos y placas de apoyo separatista, sedes de entidades y casas particulares.

La realidad cotidiana mostraba todo lo contrario. Los integrantes de las Brigadas habían sufrido agresiones, lanzamientos de objetos, insultos y amenazas, daños en sus vehículos… Les habían hecho vídeos y fotografías para subirlos a las redes sociales y así quedar marcados.…

Para mostrar su rechazo a la violencia y su apoyo a las personas que quieren expresarse libremente en Cataluña, pese a la oposición de los sectores separatistas, han creado una entidad, llamada El Tamborilero del Bruc, que aglutina a una veintena de Brigadas, de las treinta existentes, para disponer de apoyo jurídico y económico para seguir en la tarea de velar por la neutralidad del espacio público.

El pasado lunes, día 11 de los corrientes, la Junta Electoral Central, -a petición del partido político Ciudadanos-, hizo público un comunicado por el que se requería al Gobierno Autonómico Catalán para que, en el plazo máximo de 48 horas ( dos días ) retirara los lazos amarillos y las banderas estrelladas de todos los edificios públicos de ellos dependientes, a fin de cumplir con el deber de neutralidad de los poderes públicos, ante las próximas Elecciones Generales previstas para el 28 de abril; al tratarse de símbolos partidistas, utilizados por formaciones electorales, concurrentes a las Elecciones.De no hacerlo, se expondría a una multa comprendida entre los 300 y los 3.000 euros e incluso a una denuncia por desobediencia ante la Fiscalía.

Dentro del plazo previsto, el miércoles día 13 de los corrientes, el Gobierno Catalán respondía que se negaba al cumplimiento de lo ordenado puesto que, en lo referente a la bandera estrellada, se trataba del símbolo de un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta ; criticando que, de tener que retirarla, sería una censura a la libertad de expresión por parte del Estado español.

Mañana lunes, la Junta Electoral Central se pronunciará ante esta negativa y adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de su Resolución.

 

Cuando uno piensa en las mujeres que prestan escolta, te imaginas a gente muy masculinizada, corpulenta, con traje de pantalón y el pelo corto. Es el subconsciente el que nos presenta esta imagen por varias razones  : prototipos, películas, deseos, imaginaciones…. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Suelen ser coquetas, femeninas y hasta madres.

El aspecto físico habitual es muy normal y lo único a tener en consideración es que la indumentaria sea acorde con el escoltado -para no desentonar- y facilite la intervención policial en caso necesario. Tiene que adaptarse a la agenda de la personalidad, ir con aspecto de séquito y no perder ojo a sus movimientos.

Todas estas cosas se aprenden en el curso específico que hay que superar, en igualdad de condiciones que sus compañeros masculinos, bien sean las pruebas físicas, los test psicológicos o las medidas de autocontrol. Aunque parezca contradictorio, el riguroso entrenamiento físico no es lo más importante porque lo que se prefiere es que haya más cerebro que músculo.

La mayor parte del tiempo es un trabajo casi de oficina, en la medida que casi todo es planificar, evitar rutinas, programar itinerarios, preparar rutas de evacuación, establecer medidas de seguridad, etc. No hay que ser una «cachas « , aunque todo suma.

También hay que cultivar la mente. Una buena base cultural es imprescindible para saber estar y saber qué esperar en cualquier lugar y con cualquier tipo de persona. El dominio de idiomas se muestra cada vez más necesario, no sólo el inglés ya que el árabe cuenta cada vez más.

Por méritos propios, las mujeres se han integrado con total normalidad en equipos mayoritariamente masculinos. Llegan muy preparadas y dispuestas a demostrar que valen tanto como los demás. Pero acaba sucediendo que, normalmente, valen más porque se han esforzado el doble para que nadie lo ponga en duda.

En la Policía Española, hace mucho tiempo que se superó el tema de la igualdad, hasta el extremo que hace años que ni se plantea. La mujer se incorporó a la organización policial, en 1979, hace cuarenta años y ha habido tiempo suficiente para su asimilación y plena integración. Lo que se hace , operativamente, es sumar las habilidades de unos y otros, ya que a veces son similares y a veces complementarias.

En el Cuerpo Nacional de Policía, están adscritas a las Unidades de Escoltas, en los diversos niveles: Central, Regional, Provincial y Local y las funciones son las mismas: la protección de Autoridades Nacionales, Delegaciones Extranjeras y Testigos Protegidos.

Con estas misiones, saber mantener la calma es lo mas importante, cosa difícil porque se viven situaciones de mucha tensión. No han sufrido discriminación alguna, ni han tenido que demostrar más que el resto de los candidatos aunque en ocasiones, se les ha requerido para que se identificaran porque algunos compañeros suyos destinados en otros Servicios y Unidades no se creen que sean escoltas. Cosas de ser mujer y joven.

Aunque también tiene ventajas la denominada « condición femenina » : es mucho más fácil pasar desapercibida siendo mujer porque el resto de los mortales creemos que no hacen este tipo de trabajo.

La torpeza política de nuestros gobernantes actuales, han puesto de moda la figura de Franco y de su legado para denostarlo. Ahora, se insulta a los rivales con la expresión :  ¡ eres un franquista ! ; lo que indica el desconocimiento de unos personajes que van de superiores. Tengo que recordar aquél dicho popular y tan español, de que : la ignorancia da mucha fe.

Cualquier acercamiento a este personaje, sea militar, sea a su caudillaje, sea a su Régimen ; no puede venir de prejuicios establecidos, ni desde la óptica deseada, sino desde la perspectiva histórica, que es la lente que le da la vuelta a muchas cosas que creíamos asumidas.

La militancia franquista o republicana es muy perniciosa para la labor histórica. Por eso, critico la manera con que se ha enfocado la exhumación de los restos de Francisco Franco, del Valle de los Caídos, donde nunca debieron de estar, porque no era un caído de la Guerra Civil y el monumento era un homenaje a todos los fallecidos de uno y otro bando. Franco, hay que recordarlo, murió 36 años después de finalizar la contienda fratricida.

Para sacar sus restos de la tumba actual, hay que hacerlo con mucho cuidado porque ganar batallas contra muertos es muy mala política y aparece siempre como un acto político de revancha. Una victoria pírrica. Tratándose de una figura relevante de nuestra Historia – mal que le pese a muchos-  toda actuación contra él requiere consenso político, parlamentario e intergeneracional. A veces, es mejor no hacer nada que hacerlo rápido y mal.

La información disponible hasta ahora, indica que Franco quería ser enterrado en las cercanías de su residencia oficial de El Pardo, en la zona de Mingorrubio, en el término municipal de Madrid. El panteón se construyó en ese lugar, en 1.969, en la creencia que él fallecería antes que su esposa, a la que llevaba 8 años de edad y cuyos restos reposan allí, desde el año 1.988 en que falleció.

Fue el entonces Presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro quién, en el ultimo momento, decidió llevarlo al Valle de los Caídos, poniendo al Rey Juan Carlos I en una tesitura a la que no se podía negar y de la que no era partidario. A la familia Franco no la consultaron, fue una decisión del Gobierno.

Por eso ahora está costando tanto trabajo sacarlo de allí, sin haberlo pactado con la familia y armando tanto ruido. Es lo que ocurre cuando la política de la memoria no se hace con acuerdos transversales, pierden todos.

A nuestros radicales de la izquierda hay que recordarles que, nuestra democracia no es heredera de la Segunda República por más que se empeñen sino del agotamiento del franquismo y del proceso de negociación entre los dirigentes reformistas del Régimen y los de la oposición que forzaron, no una reforma del mismo, sino su desmantelamiento.

La Constitución Española de 1.978, que algunos todavía no han leído y otros deberían de releer porque no se han enterado, es radicalmente contraria a los principios del franquismo aunque el proceso para llegar a ella haya sido de negociación y no de ruptura como a muchos les hubiera gustado. El resultado es de un calado tan radical como si hubiera habido un desplome.

Aquello fue posible porque la correlación de fuerzas, tras las primeras elecciones generales, obligó a un proceso constituyente y por eso ahora disfrutamos de un grado mayor de democracia, tolerancia y derechos civiles que en países en los que hubo una revolución, como es el caso de Portugal.

Eso explicaría por qué hay todavía mucha gente -partidos políticos incluidos- a los que les cuesta mucho condenar el franquismo; porque nadie se traga que nos traten de imponer ese cuento de hadas de que todos eran buenos menos cuatro generales que se echaron  al monte.

Porque durante el mandato de Franco, media España era franquista y la otra media estaba callada. Los ejercicios de antifranquismo retrospectivo tienen poco alcance moral y nulo interés historiográfico.