IR A LAS URNAS ES UNA FIESTA… MIEDOSA.

Autor: Juan Francisco Alcaraz Diaz. Comisario Principal ( Jubilado ) de la Policía Nacional.

El próximo 29 de noviembre, anunció el pasado día 5 de octubre el Presidente del Gobierno, se celebrarán elecciones generales en España. No sabe uno si fue una buena o mala noticia, pero sí que, en el contexto y las circunstancias en que se produjo el anuncio, el verbo ‘celebrar’ no parece el más adecuado, porque, se mire como se mire, ¿qué tienen de celebración estas elecciones, si el clima político y el ambiente social y el estado de ánimo de la población están muy lejos de reunir las condiciones que se requieren para que un acto pueda llamarse así?

Pues si ya en el momento de la convocatoria se respiraba una atmósfera de crispación, de enfado y de confrontación, qué no será cuando se vaya acercando la fecha en que se hayan de ‘celebrar’. ¿Habrá ese día algo de solemnidad, de festividad y de alegría colectiva, que son los rasgos distintivos de toda celebración? La pregunta se responde por sí misma, como todas las interrogaciones retóricas.

Y se responde por sí misma porque la decisión de adelantar las elecciones, algo que el Presidente había asegurado que no iba a hacer (“Se harán cuando toque, en 2027”, respondía siempre cuando le preguntaban), se ha tomado de forma precipitada y con vistas a aprovecharse de la reacción social ante un desahucio por muchos lamentado. Que esto sea en política una artimaña habitual no es disculpa para que se juzgue como lo que es, una maniobra tramposa, un ardid ventajista, una argucia fruto de un cálculo oportunista. Al enredo así tendido se han apresurado a colaborar también los sindicatos, que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, llamaron a una huelga general en vísperas del inicio de la campaña electoral que ha sido un rotundo fracaso.

A los estrategas políticos les encantan estas cosas, pero al pueblo llano lo que le gusta y valora es que se respeten las reglas, y que los que le gobiernan y le representan en el Parlamento actúen con la seriedad y la responsabilidad que se espera de ellos. También que se acepte como algo natural la alternancia de los partidos en el poder, que la descalificación y el revanchismo no se conviertan en norma de conducta, y que el bien común y los intereses generales estén siempre por encima de las conveniencias partidistas y personales.

Y que los candidatos que se presenten en las listas de los diferentes partidos hagan honor a la etimología del término con que se les designa, que procede del latín “candidatus”, que proviene a su vez de “candidus”, ‘blanco’. De modo que, etimológicamente, candidato equivaldría a ‘blanqueado’ o ‘el que está blanco, sin mancha’, pero no por razones arbitrarias sino porque los antiguos romanos creían –no sé si también exigían– que cualquier persona que aspirara a ocupar un cargo público debía tener la conciencia limpia, esto es, blanca y sin mancha. Y de este color, el blanco, era la túnica o toga que el candidato debía vestir al presentarse o ser propuesto como tal.

Decían los griegos que si ibas por el monte solo y te encontrabas al dios Pan, con sus cuernos y su flauta, un miedo súbito, irracional y absoluto te invadía el cuerpo con tanta violencia que era capaz de volverte loco hasta morir. Era el terror de Pan; el «pánico».

En el ámbito político, el pánico impacta de forma distinta en el espectro ideológico. Se dice que el votante de izquierdas intima más con la psicosis porque vive con muchos problemas: Trump, Ayuso, la ultraderecha, el cambio climático, Netanyahu, las cárceles salvadoreñas, Amazon, Mercadona o la Copa América de Vela. Mientras, el votante de derechas solo vive con uno: Pedro Sánchez. Un votante de izquierdas, estos días, se acuesta por las noches deseando soñar profundamente en «La bola negra» de los Javis y quedarse a vivir ahí, en la película, pero no se puede dormir porque le da miedo mirar debajo de la cama y encontrarse a Flávio Bolsonaro, excandidato brasileño a la presidencia de su país.

Pero gracias a su alta exposición al pánico en los últimos años, el votante de izquierdas ha ido transformando el miedo psicótico en una especie de neurosis sostenible, una herida hecha costra, que le pertrecha de una capacidad de avanzar por los ciclos electorales con una disfuncionalidad perimetrada.

En cambio, el votante de derechas, que navega a toda vela gracias a los vientos actuales del mundo, acaba de encontrarse a Pan tras la convocatoria electoral. Pedro Sánchez disuelve las Cortes y se metamorfosea por televisión en el dios arcádico y así, también, la imperiosa necesidad de echarle del Palacio de La Moncloa muta en el miedo atávico de que el «resistente» vuelva a ganar.

Existe la ligera sospecha de que estas elecciones no tratan de la vivienda sino del miedo. Desde 2023 flota en el inconsciente conservador un severo trauma por la insuficiente victoria. La izquierda lo explota pregonando que ahora también le salen los números. Agita el miedo en sus votantes a la ultraderecha y a los recortes, pero ha descubierto que es igual de útil asustar a los votantes de los otros: amenaza por supuesto con ganar, pero también con que, aunque pierda, Sánchez se queda.

Las encuestas dan hoy a la derecha unos 200 escaños. Sánchez invoca la épica de las remontadas del estadio Bernabéu donde, sin jugar a nada en especial, se puede aterrorizar al rival hasta su colapso. Pero el voto conservador está hoy más cerca de una mayoría cualificada (210 escaños) que permita entrar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con la artillería que de caer por debajo de los 175. ¿Y por qué no? Se puede salir al césped a defender o a atacar, aunque es probable que se necesite alguna hora de terapia.

España necesita recuperar la estabilidad política. No se trata únicamente de garantizar la continuidad de un Gobierno durante cuatro años, sino de disponer de una mayoría parlamentaria capaz de aprobar presupuestos, impulsar reformas y ofrecer certidumbre. Gobernar no consiste en negociar cada semana las condiciones de la propia supervivencia, como hemos sufrido en estos últimos ocho años.

Los grandes desafíos del país, desde la vivienda hasta la productividad, las pensiones, la inmigración o la financiación autonómica, requieren políticas sostenidas en el tiempo. No pueden quedar subordinados a las exigencias particulares de cada socio, ni a acuerdos improvisados para salvar una votación.

La experiencia de los últimos años ha evidenciado las dificultades de una mayoría heterogénea, con intereses territoriales e ideológicos diferentes. La necesidad de mantener unidos a los socios ha acabado desplazando el centro de gravedad de la acción política: de gobernar para el conjunto de los ciudadanos a administrar los equilibrios que permiten conservar el poder.

Pero sería un error pensar que este problema es exclusivo de la izquierda. Existe un riesgo evidente de que lo vivido hasta ahora se reproduzca en la derecha, aunque cambien los protagonistas. Una eventual mayoría de PP y Vox tendría que demostrar que es capaz de convertir sus coincidencias electorales en un proyecto de gobierno coherente, sin trasladar a las instituciones sus discrepancias, ni convertir cada desacuerdo en una crisis.

No tendría sentido reclamar estabilidad frente a la fragmentación de la izquierda para terminar aceptando en la derecha las mismas tensiones, los mismos vetos y la misma incertidumbre, como ya se ha visto en las Comunidades Autónomas.

España no necesita sustituir una dependencia parlamentaria por otra. Necesita acuerdos sólidos, compromisos claros y una hoja de ruta que permita afrontar reformas que trascienden los intereses partidistas. Y una mayoría suficiente para alcanzar el Palacio de la Moncloa no garantiza, por sí sola, una mayoría capaz de gobernar.

Eso no significa cuestionar la legitimidad de las coaliciones, habituales en las democracias parlamentarias europeas. Pero creo que conviene preguntarse si España puede permitirse otra legislatura en la que cada decisión dependa de una negociación, cada reforma esté sometida al veto de un socio y cada desacuerdo amenace la continuidad del Ejecutivo.

La próxima legislatura debería abrir una etapa en la que gobernar vuelva a significar decidir, asumir responsabilidades y desarrollar un proyecto reconocible. Quizá haya llegado el momento de distinguir entre las mayorías que permiten alcanzar el poder y aquellas que permiten ejercerlo sin tener que pedir permiso a cada paso.

Incluso Cándido Conde-Pumpido, que siempre ha encontrado la fórmula, por enrevesada y esquinera que fuera, para hacer coincidir las resoluciones del Tribunal Constitucional ( TC) con los intereses del Presidente del Gobierno, ha tenido que frenarse ante la «ley de nietos» y su marasmo jurídico y administrativo. La mayoría progresista del TC, tan socorrida en estos años, tan dada al aventurerismo en favor de Pedro Sánchez, ha rechazado, esta vez con los conservadores, la precipitación con la que se pretendía levantar la suspensión cautelar del voto que más codicia España.

Lo que debería ser llamativo y no lo es, tristemente, es que el Gobierno socialcomunista que disfrutamos, incapaz de resolver el marasmo administrativo que él ha contribuido a crear, haya encontrado en el Tribunal Supremo (TS) un culpable providencial al que endosarle sus insuficiencias. El Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce las dificultades para realizar las comprobaciones exigidas por los jueces, pero desde la sede presidencial gubernativa se han levantado las banderas de los nietos de los exiliados de la Guerra Civil, como si la regularidad de un procedimiento administrativo pudiera dirimirse por la genealogía de sus beneficiarios. Y así, entre la épica del exilio y las miserias de la burocracia, se ha conseguido que el Gobierno sanchista aparezca como defensor del sufragio y el TS como su enemigo.

Pero para el Gobierno de P. S,.los nietos de los exiliados, el Supremo y hasta el mismísimo Conde-Pumpido carecen de importancia real; tienen la que tiene una herramienta para el aprovechamiento político que pueda sacarse de todo este embrollo. Porque al final, de una controversia jurídica se ha obtenido, como de la chistera, un nuevo frente entre defensores y enemigos de la democracia, con el Presidente, naturalmente, a la cabeza de los primeros. Y nada importa el papel de los jueces en el asunto, porque el objetivo no es jurídico, ni mucho menos, de derechos, sino político.

Político tanto en cuanto tiene algo de ensayo general del horizonte plebiscitario, y que es el lugar, sea cual sea el resultado para el PSOE, al que la izquierda quiere llevar a España. Porque si hasta las cautelas del TS pueden presentarse como una agresión contra los derechos de los ciudadanos, otro tanto le sucederá a cualquier discrepancia con el Gobierno sanchista o con el discurso de una oposición de izquierdas.

La oposición –o el futuro Gobierno PP-Vox– dejaría de ser fruto de la democracia para ser reconstruida como una amenaza, y el ciudadano que en estas elecciones se plantee el sentido de su voto, tendrá que hacerlo en un marco en el que cambiar de papeleta o no votar la continuidad del sanchismo signifiquen, también, estar entregando sus libertades a los enemigos de la democracia. Y lo inmediato, que es la campaña, queda transmutada en una pugna falsaria en la que, como solo una parte –la izquierda– dice representar la democracia, la otra –la derecha o, por ser más exactos, todo lo que no sea la izquierda– queda descalificada política y moralmente.

Al sanchismo, le basta con administrar los miedos que contribuye a alimentar. La vivienda, los impuestos, la parálisis legislativa o los escándalos de corrupción que han acompañado a la legislatura serían naderías frente a la obligación, reformulada como histórica e incluso como patriótica, de impedir que «los otros» llegasen al poder. Y Sánchez, que tantas veces ha reclamado para sí la representación de una mayoría social cuya existencia está todavía por demostrar, podría presentarse como el último baluarte de una democracia que lleva medio siglo sobreviviendo, precisamente, a la sustitución pacífica de unos gobernantes por otros.

Y puesto que semejante pretensión necesita algún fundamento, el sanchismo recurre a esa peculiar concepción de la soberanía popular –atacada, además, por las medidas cautelares judiciales sobre el voto– según la cual una mayoría electoral favorable al Presidente podría rehabilitar retrospectivamente cuanto ha hecho. La legalidad, la legitimidad y la autoridad, tres cabezas de un mismo animal que deben permanecer separadas para que no se devoren unas a otras, terminan confundidas en una misma voluntad presidencial. De este modo, una improbable victoria electoral serviría para ratificar retrospectivamente los métodos del sanchismo, mientras que su derrota permitiría a las izquierdas presentarse como víctimas de un país que, al darles la espalda, habría terminado por darla también a la democracia.

Y quizá sea ésta la perversión porque una democracia que necesita de la alternancia para seguir siéndolo acabaría sometida al juicio moral de quienes se consideran sus únicos propietarios. Sánchez podrá continuar en su Palacio de La Moncloa o en la oposición, pero el empeño de convertir cualquier mayoría que no sea la suya en un peligro para la convivencia amenaza con sobrevivirle cuando el sanchismo parece prepararse para una democracia que solo reconocerán cuando sea una «democracia de los nuestros».

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