CLIMA DE HOSTILIDAD POLICIAL EN LAS REDES SOCIALES.

Los insultos contra los agentes, las descalificaciones a los sindicatos policiales y los mensajes que llaman directamente a agredir a los funcionarios se han convertido en una constante en determinados canales digitales. Una situación que preocupa a las asociaciones policiales, especialmente después de los últimos episodios de violencia registrados en La Coruña, Avilés ( Asturias ), Barcelona y la reciente huelga general donde decenas de agentes resultaron heridos durante los disturbios.

Uno de los ejemplos más recientes es el de la Unión Federal de Policía (UFP), que ha recibido cientos de respuestas en sus publicaciones de X, muchas de ellas con insultos y expresiones de carácter violento. La polémica se ha intensificado a raíz del encierro protagonizado por representantes sindicales en la Secretaría de Estado de Seguridad el pasado 27 de octubre para reclamar el reconocimiento de la Policía Nacional como profesión de riesgo y una jubilación digna.

Una de las publicaciones relacionadas con esta protesta, difundida el mismo día, acumuló 438 respuestas y un centenar de citas, además de superar las 100.000 visualizaciones. En los comentarios aparecen de forma recurrente calificativos como «vendidos, «fascistas», «cerdos», «escoria», «traidores». También se repiten expresiones como «iros a la mierda» y descalificaciones personales mucho más graves. «Al menos no os muelen a palos como haríais vosotros. Cerdos», escribió uno de los usuarios. «Ojalá os saquen a palos», apuntaba otro comentario que acompañaba el mensaje de varios insultos dirigidos a los policías.

Los muestreos realizados sobre las respuestas de esta publicación y otras menciones recientes permiten situar entre el 20% y el 40% la proporción de opiniones especialmente ofensivos o insultantes. No existe, sin embargo, un recuento completo que permita establecer una cifra definitiva. Las herramientas de consulta disponibles no ofrecen acceso a la totalidad de las respuestas, ni permiten realizar un análisis estadístico exhaustivo. En cualquier caso, el volumen de mensajes agresivos resulta significativo y refleja el grado de polarización que rodea actualmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las descalificaciones no se limitan a los sindicatos policiales. En buena parte de estos mensajes se reprocha a los agentes su actuación durante los dispositivos antidisturbios y se les atribuyen comportamientos autoritarios. Los términos «fascistas» o «gorilas» aparecen asociados a críticas por el uso de la fuerza en manifestaciones, mientras que otros usuarios acusan a las organizaciones sindicales de defender posiciones políticas de extrema derecha. Se trata de un debate especialmente enconado en el que las reivindicaciones laborales de los policías terminan mezclándose con las discrepancias ideológicas sobre el papel de la autoridad y el orden público.

Pero la preocupación de las organizaciones policiales va más allá de los insultos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha advertido de la circulación de orientaciones en grupos de mensajería en los que se plantean agresiones directas contra agentes y daños intencionados a vehículos policiales. Según la información recogida por el sindicato, algunos participantes estarían intercambiando propuestas para atacar a funcionarios y dejar inutilizados los coches patrulla.

El SUP considera que estos avisos deben analizarse con especial atención porque podrían apuntar a algo distinto de los episodios habituales de vandalismo que se producen durante determinados altercados. La organización sostiene que es necesario investigar si detrás de esas conversaciones existen preparativos para cometer agresiones deliberadas y coordinadas. En cualquier caso, advierte de que la difusión de estas amenazas no permite asegurar que los ataques vayan a producirse aunque sí justifica una evaluación rigurosa del riesgo y la adopción de medidas preventivas.

La preocupación se ha visto incrementada por los últimos incidentes registrados en Barcelona. Durante los desórdenes públicos, varios policías resultaron heridos y fueron detenidas 130 personas, de las que 76 eran menores de edad, según los datos recogidos por el sindicato. Una participación juvenil que ha llevado al SUP a reclamar una revisión de la respuesta penal ante los delitos violentos cometidos por menores, especialmente cuando existen indicios de planificación previa o actuación coordinada.

Otro tanto ocurrió en la fracasada huelga del pasado miércoles día 11 que se vivió más activamente en las manifestaciones que en los centros de trabajo. La interrupción de la circulación en las grandes ciudades, la utilización de barricadas con los contenedores de basura a los que prendían fuego, el lanzamiento de objetos peligrosos como piedras y cohetes pirotécnicos, obligaron a realizar las correspondientes intervenciones policiales para restituir la libre circulación de personas y garantizar la seguridad ciudadana.

Según el Ministerio del Interior, se registraron 1.144 incidentes hasta la 5 de la tarde y el día se cerró con más de 100 detenidos por desórdenes públicos, atentados a agentes de la autoridad, daños intencionados en el mobiliario urbano y saqueos y vandalismo en los comercios. Hubos decenas de heridos por ambos lados.

La organización sindical plantea evaluar la eficacia de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y estudiar posibles modificaciones que permitan ofrecer una respuesta proporcionada ante los atentados contra los agentes de la autoridad. El sindicato sostiene que la minoría de edad no debe generar una percepción de impunidad y recuerda que las agresiones contra los policías constituyen conductas delictivas, con independencia de quién las cometa. Al mismo tiempo, defiende que cualquier reforma debe mantener los objetivos de reeducación y prevención de la reincidencia.

Otro de los aspectos que reclama investigar es la posible responsabilidad de quienes promueven o facilitan los ataques, más allá de las personas que finalmente los ejecutan. El SUP considera que las investigaciones deben alcanzar también a quienes induzcan o contribuyan a preparar la violencia, siempre que existan pruebas suficientes para acreditar su participación.

La asociación sindical reclama, además, reforzar los servicios de Información, mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y garantizar que los dispositivos de seguridad cuenten con los medios humanos y materiales necesarios. Su argumento es que la protección de los agentes no puede depender exclusivamente de su propia capacidad para responder cuando el enfrentamiento ya se ha producido.

El escenario que describen los sindicatos combina así dos fenómenos distintos, aunque relacionados por el clima de hostilidad que rodea a la actividad policial: por un lado, la descalificación sistemática de los agentes en las redes sociales y, por otro, la aparición de mensajes que plantean directamente la posibilidad de agredirlos. Los insultos, por sí solos, no permiten establecer que exista una amenaza real ni que sus autores vayan a trasladar sus mensajes a la calle. Pero la circulación de convocatorias que contemplan ataques físicos introduce un elemento adicional de preocupación para los responsables de seguridad.

El SUP insiste en que el principio de autoridad constituye una garantía para el conjunto de los ciudadanos y que las amenazas contra quienes tienen encomendada su protección no pueden asumirse como una consecuencia ordinaria del trabajo policial. La cuestión, sostienen, no es impedir la crítica a las actuaciones de los agentes sino evitar que la confrontación política y social termine convirtiendo las agresiones contra ellos en una conducta normalizada.

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